PROVEA

Gabriela Ramírez: “La vida no puede ser un negocio”

Viernes, 22 de octubre de 2010
Frente a la reciente muerte de un niño de 3 años de edad por la presunta negativa de atenderlo en distintos centros de salud privados y públicos de Caracas, al no confirmarse la clave de emergencia, la Defensoría del Pueblo reforzará las acciones de vigilancia orientadas a velar por el derecho a la salud y, en consecuencia, el derecho a la vida de todos los venezolanos.

Al respecto, la Defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez, fue enfática al señalar que “la vida no puede ser un negocio”: “Si  en el país la educación dejo de ser un negocio, máxime en este momento la vida tiene que dejar de seguir siendo un negocio; en este sentido, debemos señalar que están activados todos los mecanismos de las defensorías en todo el país para engrosar las denuncias que se correspondan por la negativa de atender a los pacientes en clínicas privadas con emergencias”, añadió.

“Vamos a extremar nuestra vigilancia en los centros de salud que tienen la obligación y que eligieron el camino de resguardar la vida y de garantizarla de manera rápida”, agregó.

Durante el programa radial La Voz de la Defensoría, Ramírez recordó que, según el artículo 40 de la Ley de la Actividad Aseguradora, está prohibido el uso de claves de emergencia para acceder a la atención médica.

Ante las exigencias de los gremios de salud de mejoras para el sector, Ramírez advirtió que las luchas por reivindicaciones gremiales no pueden tampoco estar por encima del derecho a la salud.”Tiene que desterrarse la cultura de que los gremios que tienen bajo su funcionamiento el acceso a los derechos fundamentales pueden parar; si fuera necesario, como ya lo hicimos en el pasado, introduciríamos un amparo por el derecho a la vida”, señaló.

Por otra lado, Ramírez saludó la iniciativa de la Vicepresidencia de la República de constituir una sala situacional que reciba, estudie y ofrezca respuestas a todas las denuncias que la colectividad presente en relación con la negativa de atención médica por parte de los centros de salud y empresas aseguradoras.

En este sentido, Larry Devoe, Director General de Servicios Jurídicos de la Defensoría del Pueblo de Venezuela, informó que la sala situacional funcionará en la Superintendencia de la Actividad Aseguradora y estará conformada por representantes de dicha institución, el Ministerio del Poder Popular para la Salud y  la Defensoría del Pueblo.

Devoe, quien asistió el pasado martes en representación de la Defensoría del Pueblo a la Comisión de Finazas de la Asamblea Nacional para tratar el tema de la actividad aseguradora, defendió la necesidad de que la AN avance en la aprobación de una legislación que regule la actividad privada de la medicina.

Sobre las acciones de vigilancia que viene realizando la Defensoría del Pueblo en los centros de salud de Caracas, Nahomí Figuera, Defensora Delegada del Área Metropolitana de Caracas, informó que los usuarios pueden contar con dos defensores que velarán por el derecho a la salud de forma permanente en el Hospital Dr. José Gregorio Hernández de Los Magallanes de Catia y la Maternidad Concepción Palacios.

Figuera recordó que la Defensoría del Pueblo dispone de un servicio de enlace directo con los hospitales pertenecientes al Sistema Público Nacional de Salud para dar respuestas a los ciudadanos y ciudadanas de manera oportuna, brindando asistencia de traslado en ambulancias y cupos de cama en centros de asistencia médica, a través del Centro Integrado de Atención y Soporte en Emergencias, CIASE. Para acceder a este servicio, la colectividad puede comunicarse por el 0212-5077063 y  5077013. Así mismo, la Defensoría del Pueblo pone a disposición del público la línea gratuita 08000- pueblo (08000-783256). (Defensoría del Pueblo, 22.10.10)

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