Caracas 26.07.06.- A propósito del asesinato de 8 personas, en su mayoría vinculados a las labores agrarias, ocurrido el pasado 20.07.06 en la finca Rancho Grande , ubicada entre las poblaciones fronterizas de La Victor ia y El Nula, en el Alto Apure, en el que fueron hallados siete cuerpos quemados y maniatados, entre ellos el de un niño, el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), solicita a las autoridades nacionales realizar de manera transparente las investigaciones para determinar las responsabilidades materiales e intelectuales de este abominable hecho.
Las informaciones conocidas hasta el momento, presuntamente implican a un distinguido de la Fuerza Armada Nacional , miembro del Teatro de Operaciones 01 (T01), en el crimen. Asimismo, de acuerdo a informaciones del Cuerpo de Investigaciones Científicas y Criminalísticas (CICPC), en la finca Rancho Grande se han recolectado diversas pruebas que evidenciarían el uso de armas del Ejército en los acontecimientos. De acuerdo a las hipótesis del CICPC, se presume la participación de otras personas en la masacre. Esa misma versión es manejada por pobladores de la Victor ia quienes se han movilizado exigiendo se investigue a otros miembros del Ejército que presuntamente participaron en la masacre.
Provea llama la atención sobre el hecho de que no es primera vez que efectivos del T01, con sede en el Alto Apure, están involucrados en presuntas violaciones de Derechos Humanos a los campesinos y campesinas de la región. En abril del 2005, el Frente Nacional Campesino Ezequiel Zamora (FNCEZ) denunció que 5 campesinos habían sido detenidos por agentes del T01, dando muerte a uno de ellos e hiriendo a otros dos. Además, dichos funcionarios detuvieron y acusaron por el delito de rebelión militar a 5 campesinos, miembros de una Cooperativa agrícola, que no tenían relación con grupos irregulares. La inseguridad de la frontera venezolana se incrementa con las actuaciones al margen de la ley por parte de funcionarios de la Fuerza Armada Nacional , lo que hace recordar a nuestra organización la tragedia de El Amparo , en la que estuvieron involucrados funcionarios del Comando Específico José Antonio Páez (CEJAP). Las víctimas de estas violaciones de Derechos Humanos han sido sufridas, mayoritariamente, por los sectores rurales más desfavorecidos.
Provea recuerda que, a pesar de la presunta participación de miembros del Ejército en este suceso, la investigación debe mantenerse en la jurisdicción ordinaria y bajo ninguna circunstancia trasladarse a la jurisdicción militar, pues ello sería contrario al Artículo 261 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El mismo establece que “La comisión de delitos comunes, violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad , serán juzgados por los tribunales ordinarios. La competencia de los tribunales militares se limita a delitos de naturaleza militar”.
Asimismo, nos preocupa que la situación suscitada en el Alto Apure se sume a la difícil situación de violencia e impunidad en el campo, la cual ha dejado desde 1999 la cifra de 54 víctimas según estimaciones de la Defensoría del Pueblo. Provea solicita para todos los casos la investigación y sanción de los responsables de asesinatos de campesinos y campesinas, así como la adopción de las medidas adecuadas para brindar seguridad a los productores y trabajadores del campo.
