Una lectura de la realidad venezolana
  desde los derechos humanos

Servicio informativo No. 124
Del 15 al 28 de agosto de 2003


1988/2003: Provea, 15 años por los derechos sociales y contra la impunidad

EFEMÉRIDES DE SEPTIEMBRE

CONTEXTO

* Excusas por fallas de primera edición con nueva presentación
*
Vocería del Foro por la Vida repudia atentado en Irak contra sede de la ONU
 
DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
* Admitido recurso de nulidad contra discriminación de trabajadores(as) domésticos(as)
* Haximú: una década de impunidad
*
Algunos elementos para encarar el debate internacional sobre el tema de las patentes de los medicamentos
* Revisando la tasa de escolaridad de 5 años
*
Indicadores de derechos laborales
* I
ndicadores socioeconómicos del INE y derecho a la alimentación
*
Situación epidemiológica nacional
*
Propuestas y  exigencias a poderes públicos sobre el derecho a la salud


DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
* Foro por la Vida condena asesinato de defensor de derechos humanos
* Red de Apoyo por la Justicia y la Paz presenta recomendaciones en materia de derechos humanos tras cumplirse primera mitad del período constitucional del Presidente Chávez
*
Ministerio Público acusó a oficiales del Ejército por sucesos de “El Caracazo”
*
Absueltos 10 ex funcionarios policiales en primer juicio por desaparición forzosa
*
Provea: No a la suspensión de garantías en zonas fronterizas
*
Designada nueva directiva del CNE
*
Rectificación: Secuestro de ex gobernador del Táchira no tuvo motivaciones políticas
*
Propuestas y exigencias a los poderes públicos sobre el derecho al asilo y al refugio

ARTÍCULOS
*
Son Derechos: “Historia y derechos humanos
*
Son Derechos: “¿Qué puede pasar si se aprueba el ALCA?

DOCUMENTOS

*
CIDH REPUDIA ASESINATO DEL DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS VENEZOLANO JOE CASTILLO
*
Equipo Pastoral del Alto Apure: "Ya basta de impunidad"
*
"Declaración del Seminario Latinoamericano de Acceso a Medicamentos Esenciales y Propiedad Intelectual"

A efectos de este servicio informativo utilice: coyuntura@derechos.org.ve
Ediciones anteriores disponibles en nuestro sitio web: http://www.derechos.org.ve
Autorizada la reproducción total o parcial en tanto se mencione la fuente


EFEMÉRIDES DE SEPTIEMBRE

08 Día Internacional de la Alfabetización
09 Día de la Agricultura
16 Día Internacional de Protección de la Capa de Ozono
18 Día Mundial de las Playas
19 Día Internacional de la Paz

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CONTEXTO
Excusas por fallas en primera edición con nueva presentación

Solicitamos excusas
a nuestros lectores por las fallas aparecidas en la primera edición con nuevo formato de "Derechos humanos y coyuntura". Como pudieron percatarse, los hipervínculos que permiten conectar los títulos que están en el índice con su respectivo contenido no funcionaron. Estos problemas ya fueron superados en la presente edición.
También queremos aprovechar la ocasión para agradecer los comentarios recibidos como reacción a la nueva presentación. Tales expresiones de agrado nos comprometen a continuar las mejoras.

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CONTEXTO
Vocería del Foro por la Vida repudia atentado en Irak contra sede de la ONU

La vocería de la coalición venezolana de organizaciones de derechos humanos Foro por la Vida lamenta la muerte de Sergio Vieira de Mello, Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, ocurrida por el atentado terrorista perpetrado contra la sede de la ONU, en Irak, este 19 de agosto, ocasionando un centenar de heridos y 17 fallecidos.
La vocería del Foro por la Vida repudia el terrorismo como medio político y recuerda su condición de crimen contra la humanidad. Este ataque, dirigido contra una misión diplomática cuyo objetivo era combatir los efectos que la intervención militar estadounidense tiene en el pueblo iraquí, demuestra la irracionalidad de todas las formas de terrorismo.
Además del daño personal e institucional ocasionado, este atentado va en contra del trabajo por los derechos humanos incluyendo el derecho a la autodeterminación. En este sentido, vale recordar que a su llegada a Bagdad como enviado especial de Naciones Unidas, Viera de Mello señaló que "ningún extranjero puede gobernar este país. Sólo los iraquíes pueden hacerlo. Sólo ellos tienen la capacidad y el derecho de administrar Irak. Cuanto más sea la demora más grande será la frustración y la impaciencia".
La vocería del Foro por la Vida manifiesta su solidaridad con los familiares y amigos de las personas fallecidas. Igualmente, desea manifestar su solidaridad al secretario general de la ONU, Kofi Annan, a quien instamos a reforzar su decisión de continuar trabajando por la paz y el respeto de los derechos del pueblo iraquí (Foro por la vida, 20.08.03, foroporlavida@derechos.org.ve).

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DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Admitido recurso de nulidad contra discriminación de trabajadores(as) domésticos(as)

Este 18.08.03, el Juzgado de Sustanciación de la Sala Político Administrativa del TSJ, informó sobre la admisión del recurso interpuesto el pasado 02.07.03 por Provea, en el que se solicitaba la nulidad del artículo 10 del Decreto Nº 2.387, del 29.04.03, publicado en la Gaceta Oficial Nº 37.681 (Tribunal Supremo de Justicia, 18.08.03, http://www.tsj.gov.ve/informacion/notasprensa/notasdeprensa.asp?codigo=687). El decreto impugnado excluye a las/os trabajadoras/es domésticas/os (choferes particulares, camareras/os, cocineras/os, jardineras/os, niñeras/os, lavanderas/os y oficios afines) de la aplicación de un aumento del salario mínimo obligatorio general, vigente desde el 01.07.03. De este modo, el decreto contraría lo consagrado en los artículos 2, 19, 21, 88 y 91 de la Constitución, referidos al derecho a la igualdad, a la no discriminación y protección del trabajo y a un salario justo, así como a los convenios  N° 111, 122 y 131 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), relativos a la igualdad de la remuneración, política de empleo y fijación de salarios mínimos (ver edición N° 120 de este servicio informativo en http://www.derechos.org.ve).
De acuerdo con esta admisión, el Juzgado de Sustanciación de la Sala Político Administrativa remitirá al Fiscal General de la República, a la Procuradora General de la República y a la Dirección General del Despacho de la Presidencia, copias certificadas de la solicitud, su documentación y del presente auto (Tribunal Supremo de Justicia, Op. cit.).

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DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Haximú: una década de impunidad

El pasado 10.08.03, en la sede del Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos (Celarg), ubicada en Caracas, fue inaugurada la exposición "Haximú: la constante impunidad", de Aníbal Ortizpozo, artista chileno residenciado en Venezuela.
Con pinturas, esculturas, dibujos, fotografías y textos, esta muestra plástica denuncia el desinterés del Estado a lo largo de una década de la masacre de Haximú en la que fallecieron 12 indígenass a manos de un grupo de mineros ilegales brasileños (garimpeiros), en un sector del Edo. Amazonas conocido como Haximú.
Debe recordarse que en diciembre de 1996, la Oficina de Derechos Humanos del Vicariato Apostólico de Puerto Ayacucho, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) y Provea, elevaron el caso ante el sistema interamericano al no conseguir justicia en la jurisdicción nacional. En 1999, los representantes del Estado venezolano y estas organizaciones suscribieron un acuerdo de solución amistosa que, entre otros aspectos, incluía la adopción de un plan de salud para beneficiar al pueblo Yanomami y medidas para garantizar el control y la vigilancia del área territorial de esta comunidad. Desde que se firmó este acuerdo el Estado no ha materializado la mayoría de los compromisos.
Las organizaciones de derechos humanos denunciaron este incumplimiento ante la CIDH y más recientemente, el pasado 27.02.03, se celebró en la sede de dicha instancia continental la audiencia sobre el caso Haximú, en donde las organizaciones accionantes presentaron su última denuncia de incumplimiento. En la misma audiencia, una vez más el gobierno expresó su disposición a corregir sus faltas y en tal sentido aceptó la propuesta de organizar para el pasado mes de marzo dos reuniones de carácter operativo donde se establecerían lapsos para el cumplimiento de los compromisos, pero hasta ahora siguen sin concretarse (ver edición N° 115 de este servicio informativo en http://www.derechos.org.ve).
En una rueda de prensa celebrada por la apertura de esta exposición, Carlos Correa, coordinador de Provea se refirió a estos incumplimientos y advirtió que los mismos "podrían llevar a la ruptura de la solución amistosa" (El Nacional, 22.08.03, pág. A/8) . Denunció, además, que las circunstancias que originaron la masacre de Haximú no han variado. Por ejemplo, se tiene conocimiento del funcionamiento de dragas manejadas por garimpeiros en ecosistemas protegidos del Amazonas venezolano, habitados por 4 comunidades Yanomami. Correa informó que, por esta razón un equipo de la organización realizará próximamente una inspección en la zona (Ídem.).
"Haximú, la constante impunidad" estará abierta al público hasta el próximo 05.10.08. Complementando la exhibición de las piezas de Ortizpozo, se efectuarán distintas actividades dirigidas a generar conciencia sobre los sucesos de Haximú, la situación indígena y otros temas vinculados.

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DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Algunos elementos para encarar el debate internacional sobre el tema de las patentes de los medicamentos

Entre el 20 y 21.08.03, se realizó en Brasilia el Seminario Latinoamericano sobre Acceso a Medicamentos Esenciales y Propiedad Intelectual, un evento organizado por la Asociación Brasileña Interdisciplinaria para el SIDA (ABIA), el Instituto Brasileño de Defensa del Consumidor (IDEC) y Oxfam Internacional. El evento reunió a casi 70 representantes de organizaciones de la sociedad civil, redes comunitarias y  gobiernos de 9 países, para analizar estrategias de combate contra los problemas generados por los altos costos de medicamentos y el efecto de los acuerdos internacionales de propiedad intelectual (Asociación Brasileña Interdisciplinaria para el SIDA, 22.08.03, abia@abiaids.org.br).
La próxima Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC), a celebrarse en Cancún, México, del 10 al 14.09.03, fue uno de los principales temas tocados a causa del retroceso observado en el cuadro de asistencia farmacéutica en algunos países, debido a que los acuerdos sobre patentes de los países desarrollados encarecen los productos médicos: "la propiedad intelectual sobre medicamentos impide la protección a la salud pública y el acceso a medicamentos para todos, debido a los altos precios", afirmó Sezifredo Paz, consultor técnico del Instituto Brasileño de Defensa del Consumidor" (SELA, 25.08.03, difusion-sela@sela.org).
En este sentido, acordaron elevar algunas propuestas a las autoridades de la OMC. La declaración que las comprende será entregada por cada delegado a sus respectivos gobiernos para que la propuesta sea debatida (Ídem.). Cabe destacar que no hubo representantes venezolanos en este encuentro.
Una nota informativa de la organización Médicos Sin Fronteras (MSF) (Médicos Sin Fronteras, 25.08.03, http://www.accessmed-msf.org/documents/Pre-CancunS.pdf), que asistió a la cita de Brasilia, recuerda que fue en la Conferencia Ministerial de Doha, Qatar, del año 2001, "cuando los miembros de la OMC adoptaron la revolucionaria 'Declaración sobre el Acuerdo ADPIC y la Salud Pública', que claramente reconocía la primacía de la salud pública sobre los intereses comerciales. La Declaración confirmaba algunas de las salvaguardas clave contempladas por el Acuerdo sobre Aspectos Comerciales de los Derechos de Propiedad Intelectual (ADPIC) y obligaba a los países a interpretar el tratado de forma que la salud pública quedara protegida y se fomentase el acceso a medicamentos para todos".
Sin embargo, como lo reconoce MSF, después de su adopción, el “'carácter optimista' de Doha se evaporó y ha habido repetidos intentos por parte de las naciones ricas – particularmente aquellas donde se encuentran las principales compañías farmacéuticas – de erosionar el alcance y la fuerza de la Declaración" (Ídem.).
Por su parte, Silvia Ribeiro, de Tercer Mundo Económico, asegura que "los países sede de las transnacionales farmacéuticas -Estados Unidos y la Unión Europea, con leves variaciones- han tratado de reducir los ámbitos de aplicación de las excepciones. Primero, reduciendo el número de enfermedades aplicables, por ejemplo, sólo malaria, tuberculosis y sida. Hace poco aclararon que el SARS, o neumonía atípica, no podría entrar en esas 'excepciones'. Luego, manipulando el término 'razones de salud pública' para que sólo fuera válido en situaciones de 'extrema urgencia', evaluación subjetiva que siempre puede ser discutida. Y ahora Estados Unidos declaró que el grupo de países que podrían aplicar las excepciones serían sólo el de los 'menos adelantados': los 48 extremadamente pobres, según la Organización de las Naciones Unidas" (Tercer Mundo Económico, 25.08.03, http://www.tercermundoeconomico.org.uy/TME-171/actualidades06.htm).
Ante este panorama, Provea considera que es necesario abrir el debate sobre la posición nacional sobre este asunto que afecta la salvaguarda del derecho a la salud y exigir a las instancias estatales consistencia con lo consagrado en los artículos 83 y 84 de la Constitución.
En la sección DOCUMENTOS puede consultar la declaración elaborada en este seminario.

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DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Revisando la tasa de escolaridad de 5 años

La magnitud del aumento de la matrícula escolar en relación con otros períodos gubernamentales ha sido objeto de declaraciones de diversas autoridades del Ministerio de Educación y también del presidente de la República casi desde el inicio de este período constitucional.
Sin desconocer que la política de ratificación de la gratuidad de la educación y la implantación de escuelas de doble turno (llamadas escuelas bolivarianas) son políticas públicas acordes con la garantía de este derecho y saludadas como positivas desde Provea, hemos sido prudentes al evaluar el monto de este incremento.
Para ello, Provea utiliza la misma metodología a lo largo de los años y los mismos indicadores, tomados de las Estadísticas Educacionales que se publican como anexo de la Memoria y Cuenta que el MECD publica cada año y las proyecciones de poblaciones del Instituto Nacional de Estadística (INE).
El ministro Aristóbulo Istúriz declaró recientemente : “En el año 1998 encontramos una tasa de escolaridad del 55%, eso significa que de cada 100 niños en edad escolar 55 estaban dentro y 45 fuera del sistema educativo. El año pasado cerramos con una escolaridad promedio de 75%, lo que quiere decir que subimos esa tasa en 10 puntos” (Últimas Noticias, 19.08.03).
Las cifras de Provea coinciden parcialmente con las del Ministro. Según nuestros cálculos, la tasa general de escolaridad (total de niños inscritos en el sistema escolar comparados con la población en edad escolar) para el año 2001-2002 es de 77,4% (algo más elevada que la mostrada por Istúriz). Pero si la comparamos con la de 5 años atrás que era de 71,1%, esto representa un incremento de alrededor de 6%, el cual no es desestimable, pero es unos puntos menos que el crecimiento anunciado.
En nuestro próximo informe anual ofreceremos un estudio de la evolución de estas tasas a lo largo de la última década discriminando estas cifras por niveles, porque las cifras globales ocultan en qué niveles la exclusión es mayor (preescolar y media).
Asimismo, la comparación debiera hacerse diferenciando el crecimiento en las escuelas públicas y en las privadas.
De todas formas, Provea ratifica que la política de gratuidad en el acceso y las escuelas de doble turno trajeron sin lugar a dudas crecimiento en la matrícula, que es uno de los indicadores (pero no el único) que permite monitorear la universalidad de este derecho.

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DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Indicadores de derechos laborales

Según lo reseña un diario capitalino (Tal Cual, 21.08.03, pág. 8), la OIT presentó un informe que revela la existencia en Venezuela de un 31,6% de desempleo juvenil, dentro de la tasa de desempleo que, según el organismo internacional cerrará el 2003 en 18%. Los datos recabados por la OIT subrayan la afirmación recogida en la edición N° 120 de este servicio informativo (ver en http://www.derechos.org.ve), sobre el alto componente juvenil que se haya en la tasa de desempleo general, observada tanto por fuentes oficiales como privadas: "a finales de mayo, la tasa de desempleo en ese grupo de edad [15 a 24 años] llegó a 38,9% del total de desocupados" (Ídem.). 
Otra fuente periodística recoge la estimación del Consejo Nacional de Venezuela del Comercio y los Servicios (Consecomercio) relativa a la pérdida de 1 millón de empleos en el sector privado en los últimos 3 años (El Nacional, 20.08.03, pág. B/2). Por su parte, la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria) destaca que en el sector manufacturero, el desempleo alcanzó, para ese mismo lapso, el 20% (Ídem.).
En otro orden de ideas, deben mencionarse las proyecciones sobre accidentes laborales realizadas por el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laboral (Inpsasel): 150.000 anuales. Francisco González presidente de este órgano del Ministerio del Trabajo, detalla esta cifra: 10 de cada 100 accidentados quedarán discapacitados en grado leve o severamente, 1.500 trabajadores mueren anualmente (El Nacional, 26.08.03, pág. A/10).
Denuncia González que, pese a que la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo cumplió 17 años de vigencia y que el texto constitucional establece el derecho a disfrutar del mejor entorno laboral, la mayoría de los centros empleadores carecen de los órganos de protección a la salud laboral estipulados en las leyes: "no hay comités de seguridad laboral, ni los servicios de seguridad en el trabajo [...] Tampoco ha sido tema que inquiete a la dirigencia sindical [...] con la excepción de la Central Unitaria de Trabajadores de Venezuela (CUTV) y ahora la Unión de Trabajadores de Venezuela (UNT)" (Ídem.).

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DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Indicadores socioeconómicos del INE y derecho a la alimentación

Según reporta el Instituto Nacional de Estadística (INE), la Canasta Alimentaria Normativa (CAN) del mes de  junio alcanzó los 249.868,32 bolívares, aumentando un 4,5% con respecto a la cifra de mayo (238.927,37 bolívares). Este indicador comprende el consumo de cereales, carnes, pescados, frutas, leguminosas, café, té, leche, queso, huevos y productos derivados de la grasa y aceites como mayonesa y margarina, para una familia de 5 personas (Instituto Nacional de Estadística, 19.08.03, http://www.ine.gov.ve/ine/noticias/noticias.asp). Es necesario recordar que, a partir de junio, el salario mínimo mensual general vigente es de 209.088,00 bolívares.
El reporte del INE detalla la composición del consumo que tuvo una familia de 5 personas para este mes: en cereales y derivados (arroz, granos partidos, avena, harina de maíz, de trigo y pastas alimenticias), un total de 51.195 bolívares. En carnes (molida, falda, largarto, hígado de res, carne de cochino y mortadela) y pescados (atún fresco, enlatado, corocoro, cazón, sardinas frescas y enlatadas), un promedio de 49.000 bolívares. En el renglón de lácteos (leche en polvo o pasteurizada, queso blanco duro) y huevos, 43.963 bolívares. En aceite vegetal, margarina y mayonesa, 23.364,05 bolívares. Entre frutas y hortalizas, 42.460 bolívares. En tubérculos (apio, ocumo, papas, yuca), 19.886,80 bolívares. En oleaginosas y leguminosas (arvejas, lentejas, caraotas negras, frijoles y lentejas) 10.033,49 bolívares. En azúcar y sal, 8.155,67 bolívares. En café molido y té, 2.782,70 bolívares (Ibíd.).

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DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Situación epidemiológica nacional

El reporte epidemiológico semanal del MSDS, Alerta Epidemiológica, en su edición N° 33 (MSDS, 26.08.03, http://www.msds.gov.ve/msdsweb/Index.html), correspondiente a la semana comprendida entre el 10 y el 16.08.03, notifica que la malaria aumentó un 18,2% (596 casos reportados) con respecto a la cifra de la semana 32 (504 casos). De esta misma enfermedad se registró un acumulado de 16.080 casos hasta la semana 33, es decir, un 21,3% menos que los registrados en el año 2002 en ese mismo lapso (20.437 casos).
Con respecto al dengue, en la semana 33, Alerta documenta 415 casos, un 22,4% más que los reportados en la semana N° 32 (339). El acumulado hasta la semana 33 es de 11.640 casos de dengue en el territorio nacional, es decir, un 57% menos que los casos acumulados en el año 2002 para ese lapso (27.098). Sin embargo, los casos de mortandad por dengue hemorrágico sumaron otro caso en la semana 33, por lo que legan a 2 el total de muertes a nivel nacional. Cabe recordar que para el año pasado no hubo un sólo deceso por esta epidemia.
Alerta Epidemiológico también registra en su última edición nuevos casos de contagio y muerte de fiebre amarilla, después de 4 años de ausencia en el país (Tal Cual, 08.08.03, pág. 5). La fuente oficial confirma 3 nuevas muertes (2 en el municipio Machiques del Edo. Zulia y 1 en el municipio Fernández Feo del Edo. Táchira) y comenta que se investigan más de 22 casos sospechosos. Siguen sin reportarse casos de sarampión en el reporte epidemiológico realizado por este organismo (Ibíd.).

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DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Propuestas y  exigencias a poderes públicos sobre el derecho a la salud

- Dar prioridad a la lucha contra la exclusión social a través de medidas de promoción social y de combate a la pobreza;
- Cumplir con el compromiso de la eliminación progresiva del cobro directo a los usuarios en la prestación de los servicios de salud;
- Fortalecer la Red Primaria de Salud y garantizar recursos para su funcionamiento, dotación y mantenimiento de equipos, insumos medico quirúrgicos y básicos de atención al paciente;
- Fortalecer el Programa Ampliado de Inmunizaciones del Ministerio de Salud y Desarrollo Social (MSDS), con la incorporación progresiva de vacunas combinadas;
- Fortalecer los sistemas nacional y regional de registro de datos en salud, además de fortalecer los procesos de evaluación institucional;
- Aprobar y promulgar una nueva ley de salud acorde con los nuevos parámetros establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela;
- Aumentar la inversión pública en salud para llegar progresivamente a no menos del 10% del PIB;
- Garantizar un presupuesto adecuado para el MSDS, tanto en el campo social como en salud, que permita mantener un enfoque integral de la salud;
- Garantizar un presupuesto adecuado para los estados, cumpliendo con criterios de distribución en materia poblacional. En las redes Hospitalarias y Ambulatorias, realizar una mayor y mejor inversión con control de la gestión;
- Recuperar el rol prioritario de los servicios de epidemiología en el combate contra las enfermedades prevenibles y garantizar una mayor inversión en los mecanismos de control;
- Dar relevancia a la salud mental dentro de las prioridades de las políticas públicas de salud;
- Fortalecer la capacidad institucional de las Direcciones Regionales de Salud;
- Monitorear y apoyar el proceso de descentralización hacia los municipios;
- Actualizar el registro nacional de personas con VIH/Sida en el país;
- Instrumentar los mecanismos de participación de las comunidades en el diseño, control y resguardo de las medidas y servicios de salud;
- Asegurar que la Memoria y Cuenta del MSDS contemple un balance entre las políticas adoptadas y la situación de salud y con especial énfasis en el seguimiento regular de los indicadores
(Provea, http://www.derechos.org.ve).

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DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
Foro por la Vida condena asesinato de defensor de derechos humanos


El Foro por la Vida, coalición venezolana de organizaciones de derechos humanos, condena el asesinato del abogado Joe Luis Castillo González, ex coordinador de la Oficina de Derechos Humanos del Vicariato de Machiques. Así lo hicieron saber los voceros del Foro, José Gregorio Guarenas, Carlos Correa y Fernando Pereira.
Joe Castillo fue asesinado el miércoles 27.08.03 en la urbanización Tinaquillo de Machiques en el Edo. Zulia. El hecho se enmarca claramente dentro de los patrones de actuación del sicariato. “Venía en su auto en compañía de su esposa y su hijo. Cuando se encontraba muy cerca de su vivienda, dos sujetos a bordo de una moto efectuaron 13 disparos. Joe murió por el impacto de 9 balas y su esposa e hijo (de 1 año y medio) fueron heridos”, señaló Guarenas, coordinador de la Vicaría Episcopal de Derechos Humanos de la Arquidiócesis de Caracas.
El Foro por la Vida exige la pronta y adecuada investigación de este hecho y la sanción de las personas que resulten responsables. Correa, coordinador general de Provea, señala que el Foro le solicitó este jueves al Ministerio Público la designación de un fiscal especial para el caso, “también nos comunicamos con el Defensor del Pueblo para que esa institución vigile el adecuado cumplimiento de la investigación y con la Vicepresidencia de la República para que garantice una adecuada actuación de los organismos de seguridad”.
Castillo, de 30 años, trabajó durante más de 5 en la Oficina de Derechos Humanos del Vicariato Apóstolico de Machiques. Esta oficina es parte del Foro por la Vida y desarrolla tareas de promoción y defensa de los Derechos Humanos, especialmente entre las poblaciones indígenas de la región y los refugiados de nacionalidad colombiana.
La muerte de Castillo se suma a las que semanalmente ocurren en la frontera con Colombia a manos del sicariato u otros actores armados. “La ausencia de una institucionalidad estatal que responda a las múltiples necesidades de la población es lo que explica la impunidad y la inseguridad de la región. El Foro por la Vida no propone soluciones militaristas ni suspensión de garantías. No es con más armas o con menos derechos que se fortalece la presencia del Estado venezolano. Es acercando, fortaleciendo y haciendo efectivas las instituciones responsables de los derechos a la salud, la educación, la justicia y el empleo digno, que la frontera va a dejar de ser una zona vulnerable a la violencia”, comentó Pereira, coordinador general de Cecodap.
La coalición se mantendrá vigilante del los avances de esta investigación y de la consistencia con los derechos humanos de las políticas públicas que el Estado adopta en la frontera (Foro por la Vida, 28.08.03, foroporlavida@derechos.org.ve).
El 28.08.03, la CIDH emitió un comunicado de prensa sobre este hecho, el cual trascribimos en la sección DOCUMENTOS.

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DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
Red de Apoyo por la Justicia y la Paz presenta recomendaciones en materia de derechos humanos tras cumplirse primera mitad del período constitucional del Presidente Chávez

El pasado 15.08.03, la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz  presentó un pliego de recomendaciones, propuestas y exigencias al Estado venezolano en materia de derechos humanos, ante la ausencia de un Plan Nacional de Derechos Humanos, tras cumplirse la primera mitad del período constitucional del Presidente Hugo Chávez.
En una rueda de prensa con motivo de la presentación de este documento, Alfredo Ruiz, coordinador general de la organización, señaló que “el hecho de no contar con un plan de acción explícito y coherente en materia de derechos humanos, pone en evidencia las dificultades del gobierno para concretar en la práctica los postulados constitucionales y dar respuestas efectivas a la situación que vive el país, especialmente en los sectores de escasos recursos” (Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, 15.08.03, redapoyo@cantv.net).
Para que exista una efectiva garantía de respeto de los derechos humanos, es necesario un fuerte y efectivo trabajo en todos los niveles del Estado y el compromiso de toda la sociedad, añadió. En este sentido, a través de este documento, la Red de Apoyo "exhorta a cada ministerio a elaborar planes específicos que desarrollen sus compromisos en materia de derechos humanos y hace un llamado a los poderes públicos en sus diferentes ámbitos (municipal, estatal y nacional) a diseñar y poner en práctica un Plan Nacional de Derechos Humanos que establezca mecanismos concretos y efectivos de implementación y supervisión de políticas públicas en derechos humanos, favoreciendo la participación de las organizaciones no gubernamentales en la formulación, supervisión y evaluación del mismo" (Ibíd.).
Ruiz agregó que, “actuando desde una actitud constructiva y propositiva, coherente con el principio de participación y democracia protagónica expresado en la Constitución, la Red de Apoyo ha formulado una serie de planes operativos o propuestas de acciones que se corresponden con las áreas conexas a los derechos vinculados al mandato de la organización: prevención y sanción de la tortura; seguridad ciudadana; formación de funcionarias y funcionarios encargados y encargadas de hacer cumplir la ley; objeción de conciencia; fronteras; educación en derechos humanos; lucha contra la impunidad y acceso a la justicia. Asimismo, incluye el necesario respeto e implementación de los compromisos internacionales en materia de derechos humanos y el fortalecimiento del Poder Judicial, la Fiscalía General de la República y la Defensoría del Pueblo, instituciones fundamentales para garantizar el respeto a los derechos humanos [...] las propuestas tienen como punto de partida las experiencias de la organización en los procesos de defensa y promoción de derechos humanos que ha acompañado desde su fundación en el año 1985, en interacción con diversos actores sociales, así como con las funcionarias y funcionarios del Estado. En este sentido, pretende ser una propuesta para retomar el diálogo entre el Estado y la sociedad a los fines de buscar soluciones conjuntas a la problemática de los derechos humanos” (Ibíd.).
El documento plantea áreas temáticas que muestran, de manera diferenciada, los plazos probables para la ejecución de las metas y objetivos y el ente del poder público al cual va dirigido. Las propuestas se fundamentan en los marcos normativos nacionales e internacionales y se orientan en los principios de integralidad y progresividad de los derechos humanos, así como en el enfoque de género y constituyen un papel de trabajo para iniciar el diálogo con autoridades y otras organizaciones en aras a construir caminos viables para el respeto y la garantía a los derechos humanos en Venezuela" (Ibíd.).
Este documento de la Red puede consultarse en nuestro sitio web: http://www.derechos.org.ve.    


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DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
Ministerio Público acusó a oficiales del Ejército por sucesos de “El Caracazo”

Este 18.08.03, el Ministerio Público (MP) consignó ante la oficina de distribución de los tribunales de Caracas la acusación formal contra 3 oficiales del Ejército, por la presunta comisión del delito de homicidio calificado en grado de complicidad correspectiva, en perjuicio de Crisanto Mederos, hecho ocurrido el 03.03.89, durante los sucesos de “El Caracazo” (Ministerio Público, 21.08.03, http://www.fiscalia.gov.ve/Prensa/A2003/prensaagosto2003.asp) .
Los acusados en cuestión son Pedro Colmenares, Carlos Yánez y Jesús Blanco. Los 2 últimos, capitán y subteniente del Ejército, respectivamente, fueron imputados el 04.02.02, mientras que Colmenares, con rango de teniente coronel para ese entonces, fue imputado el 02.03.02, por la Fiscalía 21 Nacional, a cargo de Alis Fariñas.
Recuerda la fuente que un grupo de efectivos militares entró en la residencia de la familia Mederos "a fin de realizar presuntamente un procedimiento para la búsqueda de objetos provenientes de los saqueos ocurridos en días anteriores. Según los testigos, Mederos fue asesinado en el interior de la vivienda y su cuerpo fue sacado del lugar sobre una tabla cubierto con una sábana" (Ibíd.).
Este es el segundo proceso judicial abierto hasta ahora, luego de 14 años de ocurridos los hechos. El primero fue abierto contra dos agentes de la Policía Metropolitana (PM) presuntamente involucrados en el homicidio de Luis Manuel Colmenares (El Nacional, 19.08.03, pág. A/8).
Hay que recordar que la Corte IDH condenó en agosto de 2002 al Estado venezolano por los daños causados a las  víctimas y a sus  familiares por la represión ocurrida en febrero y marzo de 1989 (ver edición N° 101 de este servicio informativo en http://www.derechos.org.ve). El Comité de Familiares de las Víctimas de los Sucesos del 27 de Febrero y Marzo de 1989 (Cofavic) destacó que el pasado 22.08.03 se venció el lapso para que el Estado cumpliera con el dictamen del máximo tribunal continental. Cofavic responsabiliza al MP de la "impunidad que reina en relación con las aproximadamente 500 causas penales que 'se mantienen en el limbo' y cuyos expedientes se han ido deteriorando y extraviando con los años" (El Nacional, Op. cit.). 

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DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
Absueltos 10 ex funcionarios policiales en primer juicio
por
desaparición forzosa

Este 26.08.03 fueron absueltos de culpa 10 ex funcionarios de la Policía del Edo. Yaracuy, acusados por la desaparición de Orlando Castillo, el 21.01.01 en el sector Barrio Nuevo del Municipio Bruzual del Edo. Yaracuy (El Nacional, 27.08.03, pág. B/9). La decisión fue tomada por Isidra Salazar Petit, presidenta del Tribunal Mixto de Juicio N° 2 de la circunscripción judicial del Edo. Monagas y los 2 escabinos que participaron en el juicio. Este era considerado por el Ministerio Público como el primer juicio realizado en Venezuela por desaparición forzosa de personas (Ministerio Público,19.08.03,  http://www.fiscalia.gov.ve/Prensa/A2003/prensaagosto2003.asp).
Los acusados por la presunta comisión de este delito, tipificado en el artículo 181-A del Código Penal, eran el comisario Abel Rodríguez y los efectivos Fabio Pérez, Oscar Pérez, Juan Villegas, José Mata y Esry Rivero, los funcionarios Arelys Ochoa, Roxy García Vallés, Luis Azuaje y José Manuel Peralta, quienes permanecían detenidos desde el mes de diciembre de 2001 (Ídem.).
Según las investigaciones del MP, Castillo fue detenido por efectivos policiales de Yaracuy y permaneció recluido en la comisaría policial de Chivacoa, "donde recibiría una paliza después de lo cual se desconoce su paradero" (El Nacional, Op. cit.).
El fiscal 30 Nacional, Oswaldo Domínguez y el 4º de Yaracuy, Omar González, acusaron en octubre del 2001 a los 10 funcionarios por la presunta comisión del delito de desaparición forzosa. El 13.12.01, la juez 4° en funciones de control de Yaracuy, Norma Delgado, acogió en su totalidad la acusación y las pruebas presentadas por el MP y remitió la causa a la etapa de juicio. El 23.04.02, el MP solicitó ante el TSJ la radicación del caso en Monagas, alegando que los funcionarios policiales podrían obstaculizar la justicia o intimidar a los testigos. La solicitud fue acordada el 18.06.02, remitiendo el proceso a la jurisdicción penal del Edo. Monagas (Ídem.).
El veredicto del tribunal regional "se basó en que no se comprobó la responsabilidad penal de los policías en el caso, de acuerdo con los detalles aportados por el defensor de los agentes de seguridad" (El Nacional, Op. cit.)

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DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
Provea: No a la suspensión de garantías en zonas fronterizas

Según la prensa nacional (El Nacional, 29.08.03, pág. A/5), Ronald Blanco La Cruz, gobernador del Edo. Táchira anunció que el Ejecutivo Nacional restringirá los derechos al libre tránsito, a la inviolabilidad del hogar y a la reunión en los estados fronterizos con Colombia (Mérida, Zulia, Apure y Táchira). Blanco La Cruz hizo tales declaraciones el 28.08.03, en la transmisión de mando del Teatro de Operaciones N° 2, a cargo del resguardo de la seguridad en Táchira Mérida y Zulia).
Este anuncio estuvo precedido por la propuesta del general (Ej.) Carlos Acosta, comandante de la Segunda División de Infantería y de la Guarnición Militar de San Cristóbal, Edo. Táchira, quien informaba 8 días antes del anuncio del gobernador de Táchira que presentaría a la AN un plan de suspensión de algunas garantías constitucionales en las poblaciones adyacentes a la frontera colombo-venezolana (El Nacional, 20.08.03, http://www.el-nacional.com/Articulos/Articulo.asp?Plantilla=3&Id=31596&IdSeccion=135). 
Blanco La Cruz aseguró que tal medida se tomaba "debido a las constantes incursiones de grupos subversivos y al aumento del índice de secuestros, extorsiones y robos en lo que va del año 2003" (El Nacional, Op. cit.).
En este sentido vale la pena recordar que en la edición N° 3 de este servicio informativo se celebraba la medida de restitución de las garantías en 16 municipios fronterizos suspendidas desde el 27.06.94 (ver en http://www.derechos.org.ve). Eso ocurría el 21.02.99, mediante un decreto presidencial refrendado por el Gabinete. Para ese entonces decíamos que la restitución de las garantías constitucionales en los municipios fronterizos debía acompañarse con la eliminación de los Teatros de Operaciones (TO) con el objeto de desmilitarizar la Política de Seguridad Fronteriza, y con el diseño y ejecución de un plan de desarrollo en la frontera, guiado por el respeto a los derechos humanos (edición N° 2 de este servicio informativo). 
Con relación a la rehabilitación de este tipo de medida, Provea reivindica lo dicho en su Informe Especial "Estado de derecho sin fronteras" (que puede consultarse en el Informe Anual sobre la Situación de los Derechos Humanos en Venezuela, octubre 1997-septiembre 1998, http://www.derechos.org.ve): "La medida de suspensión de garantías en la frontera ha traído como correlato una práctica sistemática de violación a los derechos humanos de esa población y, en este sentido, puede afirmarse que ha sido contraria a la seguridad del Estado. Ha lesionado, además, la legitimidad de la acción del gobierno en aquella localidad, lo que podría convertirse en una amenaza a la seguridad de las instituciones gubernamentales" (Ídem.). También se señalaba que, para ese momento, la medida de suspensión de garantías parecía "no estar resultando efectiva para el control de uno de los delitos más importantes cometidos en la frontera: el secuestro [...] y por el contrario se ha convertido en una clave de violación sistemática a los derechos humanos de la población fronteriza" (Ídem.).
Ante estas conclusiones, hay que considerar la vuelta a estas medidas como un desconocimiento de los hechos históricos y un retroceso en materia de derechos humanos. Por estas razones, instamos a las autoridades responsables de los asuntos fronterizos a examinar las experiencias y reconsiderar medidas más ajustadas a los criterios consagrados en el marco constitucional.
Debe considerarse, además, que en una situación hipotética de suspensión de garantías en la zona fronteriza con Colombia, se acrecentará el estado de vulnerabilidad en el que se encuentran las familias solicitantes de condición legal de refugiado en Venezuela. Actualmente, este grupo de personas no cuentan con una documentación que los acredite en términos formales y un contexto de restricción de garantías propiciaría situaciones de devoluciones involuntarias a territorio colombiano, colocándolos en riesgo de violación de sus derechos a la vida y a la integridad física.

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DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
D
esignada nueva directiva del CNE

Este 27.08.03, fueron juramentados los 5 nuevos rectores y 10 suplentes integrantes de la nueva directiva del Consejo Nacional Electoral (CNE), seleccionados este 25.08.03 por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) (Tribunal Supremo de Justicia, 25.08.03, http://www.tsj.gov.ve/informacion/notasprensa/notasdeprensa.asp?codigo=697).
En la ponencia del magistrado Jesús Eduardo Cabrera se expresa que, en consonancia con el artículo 13 de la Ley Orgánica del Poder Electoral, se escogió a Francisco Carrasquero como presidente, a Ezequiel Zamora como vicepresidente, a Oscar Battaglini como primer rector principal, a Jorge Rodríguez como segundo rector principal y a Sobella Mejías como cuarta rectora principal. Los suplentes de Battaglini son Germán Yépez y Orietta Caponi; de Rodríguez serán Estefanía de Talavera y Esther Gauthier; de Mejías serán Carlos Aguilar y Carlos Castillo. Los suplentes de Carrasquero, en su condición de tercer rector principal son Tibisay Lucena y Manuel Rachadel, mientras que los de Zamora, en su condición de quinto rector principal, son Miriam Kornblith y Carolina Jaimes. Además, fueron designados William Pacheco, como secretario del CNE y Andrés Brito, como Consultor Jurídico. Con respecto a los integrantes de los órganos subordinados, quedaron conformados de la siguiente forma: en la Junta Nacional Electoral: Rodríguez, Lucena y Zamora; la Comisión de Registro Civil y Electoral: Mejías, Aguilar y Battaglini; Comisión de Participación Política y Financiamiento: Carrasquero, Castillo y Battaglini. Como miembros del Consejo de Participación Política fueron designados Carlos Delgado Chapellín, Teodoro Petkof, Hernando Grisanti y Guillermo García Ponce (Ídem.).  
La decisión del TSJ fue recibida con beneplácito por representantes del sector gubernamental y de la oposición. César Gaviria, Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA) emitió este 26.08.03, un comunicado en el que catalogó la conformación del nuevo CNE como un paso importante para "asegurar que la salida a la conflictividad que ha vivido Venezuela durante los últimos meses sea pacífica, democrática, constitucional y electoral, en cumplimiento con el acuerdo suscrito el pasado 29 de mayo por los representantes del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y los factores políticos y sociales que lo apoyan, así como la Coordinadora Democrática y las organizaciones políticas y de la sociedad civil que la conforman". (Globovisión, 28.08.03, http://www.globovision.com/documentos/cartas.comunicados/2003.08/25/oea/index.shtml) .
Mediante un comunicado, el Centro Carter también celebró el anuncio de la designación del nuevo CNE y exhortó "a los partidos políticos a que acepten el nombramiento del CNE y a que trabajen con él para asegurar que todos los procesos electorales respeten la voluntad del pueblo venezolano, con transparencia e integridad". Además, anunció que Jennifer McCoy, directora del Programa para Las Américas del Centro Carter, viajaría a Caracas para ofrecer asistencia al órgano comicial y para evaluar el progreso del acuerdo firmado en la Mesa de Negociación y Acuerdos (Centro Carter, 28.08.03, http://www.cartercenter.org/viewdoc.asp?docID=1436&submenu=news#spanish).
 
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DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
Rectificación: Secuestro de ex gobernador del Táchira no tuvo motivaciones políticas

En la edición N° 122 de este servicio informativo, bajo el título "Violencia política: Nuevo saldo trágico" reseñamos, entre otros hechos, el secuestro del que fue víctima Sergio Omar Calderón, ex gobernador del Edo. Táchira y líder regional de la oposición. El devenir de los hechos nos demostró que el plagio no tuvo motivación política y con esta reseña de la conclusión de los sucesos esperamos rectificar.
Calderón fue rescatado el 22.08.07 a casi un mes de su plagio por una misión del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) y el Departamento Administrativo de Seguridad de Colombia (DAS). Para ese entonces, las autoridades policiales no descartaban ningún móvil del hecho  y el Vicepresidente Ejecutivo de la República, José Vicente Rangel informaba que desde el principio del hecho el Gobierno se había abocado a las investigaciones (ver edición N° 122 de este servicio informativo en http://www.derechos.org.ve). 
Entre las primeras declaraciones efectuadas por Calderón, él mismo descartó la motivación política de su rapto, imputado desde un principio al hecho (El Nacional, 22.08.03,
http://www.el-nacional.com/Articulos/Articulo.asp?idSeccion=63&Plantilla=3&id=31692).  "Así dejó de lado la hipótesis que se manejó sobre la vinculación de las llamadas Fuerzas Bolivarianas de Liberación, supuestamente simpatizantes del gobierno del presidente Hugo Chávez, con el hecho. Calderón estima que la mayoría de sus captores eran 'gente joven que no llegaba a los 30 años'  y detalló que todos tenían acento colombiano, por lo que podría tratarse de guerrilleros del vecino país" (Ídem.).
Por su parte, Lucas Rincón, ministro del Interior y Justicia, junto con Ramón Chávez, director del CICPC, descartó la tesis de autosecuestro o de secuestro político que manejaban algunos sectores y aseguró que el secuestro de Calderón fue ejecutado por el hampa común (El Universal, 22.08.03, http://www.eluniversal.com/home/avances.html).

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DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
Propuestas y exigencias a los poderes públicos sobre el derecho al asilo y al refugio

- Garantizar la instalación inmediata de la Comisión Nacional sobre Refugiados y resolver las cerca de 1000 solicitudes de refugio represadas;
- Dictar el reglamento de la Ley Orgánica sobre Refugiados o Refugiadas y Asilados y Asiladas,
- Garantizar que el TSJ se pronuncie sobre el amparo que un grupo de refugiados interpuso por el derecho al refugio el 30.07.02;
- Garantizar una coordinación estadal más eficiente con ACNUR en la definición de políticas para atender a los refugiados;
- Respetar el principio de no devolución y sancionar a todo funcionario que realice una deportación inmediata, sin respetar el derecho a la defensa y el debido proceso;
- Garantizar en caso de solicitudes de extradición de solicitantes de refugio o asilo, el principio de la doble instancia acatando las recomendaciones que hiciera el Comité de Naciones Unidas Contra la Tortura en el año 1998,
- Implementar una campaña de difusión, capacitación y sensibilización sobre contenidos y procedimientos que establece la ley sobre asilo y refugio, dirigida a funcionarios civiles y militares llamados a implementarla, y de manera especial a aquellos ubicados en las fronteras nacionales;
- Diseñar y ejecutar, sobre la base de las disposiciones y principios de la ley sobre refugio y asilo, una política nacional integral en materia de refugiados, garantizando el respeto a los derechos humanos de las personas que ingresen a territorio venezolano, atención oportuna y respuesta adecuada en los lapsos que la ley establece sobre las solicitudes de refugio;
- Acatar las recomendaciones y medidas cautelares adoptadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (Provea, http://www.derechos.org.ve).

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ARTÍCULOS
Son Derechos: “Historia y derechos humanos
 
Hay varias formas de entender la historia. Una de ellas plantea que la historia de una persona, de un pueblo, de un país o de la humanidad entera, sirve para
explicar por qué somos lo que somos y no de otro modo. Otra es entenderla como una suma de hechos extraordinarios protagonizados por hombres o mujeres excepcionales o, más bien, como un proceso dinámico y constante en la que todos y todas colaboramos en su construcción diaria con nuestro trabajo y nuestras luchas. Además, la historia es dinámica y cambiante. Por ello, muchas de las conquistas alcanzadas en un momento determinado pueden tropezarse con obstáculos o experimentar retrocesos. Lo importante es saber a qué se deben, por qué ocurren y qué debemos hacer para superarlos.
En este sentido, Provea presenta un nuevo folleto de su serie “Tener derechos nos basta”, titulado “Historia de los derechos humanos”. En este folleto se abordaron los aspectos más importantes del acontecer histórico ligados a la lucha por los derechos humanos. Con este folleto, Provea aspira desentrañar el papel histórico que hechos y comunidades han jugado en las conquistas y en las luchas cotidianas que definen actualmente la doctrina de los derechos humanos. Esta publicación puede adquirirse en nuestra sede por 3.500 bolívares" (Provea, 22.08.03, son@derechos.org.ve).

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ARTÍCULOS
Son Derechos: “¿Qué puede pasar si se aprueba el ALCA?

"Desde la aplicación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TCLAN) en 1994, entre Canadá, Estados Unidos y México, la población de éste último país ha podido conocer las siguientes consecuencias:
1.- Estancamiento de la producción de maíz. La importación a gran escala de productos agrícolas norteamericanos subsidiados causó la contracción de la cosecha, al extremo de que muchos pequeños agricultores perdieron sus fuentes de trabajo convirtiéndose en peones migrantes o simplemente en desocupados. Por otra parte para muchos campesinos indígenas, que tienen cultivos de subsistencia, representó la pérdida de una forma de vida que incluía formas de trabajo colectivo;
2.- 158.000 niños menores de 5 años mueren cada año a raíz de enfermedades ligadas a la malnutrición;
3.- En el sector manufacturero hubo una pérdida de 3,4% de los empleos existentes a la entrada en vigor del TLCAN. En cuanto a los empleos nuevos, estos son precarios, ya que los trabajadores no gozan de las prestaciones de la ley (seguridad social, vacaciones, aguinaldos.);
4.- Más de un millón de nuevos trabajadores mexicanos que trabajan en las maquiladoras reciben menos que el sueldo mínimo de 5 dólares al día;
5.- El incremento de la industria fronteriza ha empeorado los problemas medio-ambientales y de salud pública en la región;
6.- En el ámbito cultural, la producción cinematográfica se ha reducido al 25%.
Estos son algunas de las consecuencias de la aplicación de un tratado como el ALCA en un país hermano" (Provea, 29.08.03, son@derechos.org.ve).

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DOCUMENTOS
CIDH REPUDIA ASESINATO DEL DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS VENEZOLANO JOE CASTILLO

"La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) repudia el asesinato de Joe Castillo, defensor de derechos humanos del Vicariato Apostólico de Machiques, quien trabajaba y vivía en Machiques, Estado Zulia, Venezuela. Joe Castillo se dedicaba a trabajar principalmente con personas que buscan refugio en esta zona fronteriza con Colombia.
Según la información recibida por la Unidad de Defensores de Derechos Humanos, el señor Joe Castillo, quien en el pasado había recibido amenazas con motivo de su trabajo, recibió 9 impactos de bala el día miércoles 27 de agosto de 2003, cuando se dirigía a su casa, en compañía de su esposa y de su pequeño hijo. Este acto habría sido perpetrado por dos hombres que se desplazaban en una motocicleta, quienes abrieron fuego contra el vehículo del defensor provocando su muerte, hiriendo a su esposa y dejando a su hijo de un año y medio en estado de gravedad.
La CIDH recuerda que durante la última Asamblea General de la OEA realizada en Chile, los Estados adoptaron la Resolución AG/RES. 1920 de 10 de junio de 2003, condenando una vez más los actos que atentan contra la actividad de los defensores y “decidió reiterar su recomendación a los gobiernos de los Estados miembros para que intensifiquen los esfuerzos para la adopción de las medidas necesarias para garantizar la vida, la integridad personal y la libertad de expresión de los mismos”.
La CIDH solicita al Estado de Venezuela que garantice las condiciones para el trabajo de los defensores de derechos humanos, y que efectúe una exhaustiva investigación para establecer las responsabilidades correspondientes. (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 28.08.03,
CIDH-EXPRESION@oas.org).

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DOCUMENTOS
Equipo Pastoral del Alto Apure: "Ya basta de impunidad"

"Nosotros, el equipo pastoral del Alto Apure, presentamos el 13 de mayo del año 2002, un documento acerca de la realidad socio política y eclesial de esta región fronteriza. Su titulo era “Ya no podemos callar más”. Hoy, al cabo de un año largo, volvemos a presentar nuestras preocupaciones. Titulamos este documento “YA BASTA DE IMPUNIDAD”. Estamos claros que nuestra misión como Iglesia es la misma de Jesús: “Dar buenas noticias a los pobres”, anunciar a los cautivos la libertad, dar la vista a los ciegos y despedir libres a los oprimidos (Luc. 4,18).
Tres son los temas nucleares que en el ejercicio de nuestra misión nos vemos obligados a enfrentar: El Sicariato, Los Secuestros y La Impunidad. Reconocemos que estos problemas no son nuevos. Se viven desde hace muchos años . Su tratamiento nos lo reclaman tanto los habitantes de los centros urbanos, como los caseríos más lejanos de esta región fronteriza. Quisiéramos dar un poco de luz en medio de esta grave confusión. Deseamos seguir la recomendación de Jesús de Nazaret: “Ustedes son la luz del mundo”.
EL SICARIATO
Son demasiadas las muertes violentas acaecidas en la región desde el mes de enero del 2003 hasta la fecha. Se aducen razones muy diversas: filtraciones de la guerrilla colombiana, ajustes de cuentas, rencillas personales, crímenes pasionales, eliminación de opositores políticos e ideológicos, etc. En medio de esta dramática realidad lo que nos preocupa de manera especial es el sistema de ejecución de estas acciones: El sicariato. Este método perverso es relativamente nuevo en la región.
Según cifras que lleva la emisora Fe y Alegría en este lapso de tiempo han sido asesinadas, sólo en el Municipio Páez, 43 personas, bien sea por acciones del sicariato o por enfrentamientos con “organismos de seguridad”. Es bien difícil precisar su autoría… Estas acciones suceden a plena luz del día, ante numeroso público presente, sin que los autores sientan algún obstáculo para ello.
Como consecuencia el ciudadano común y comunidades enteras viven invadidos por el miedo.
Los primeros que pagan las consecuencias de esta situación son los jóvenes. Están obligados a crecer y formarse en un ambiente distorsionado, donde la vida no vale nada. Al convertirse este ambiente en algo normal, caen en la tentación de ser contratados para matar o de inscribirse en grupos armados irregulares donde se les ofrece el pago en armas, dólares y mujeres.
Este seria un momento propicio para una actuación decidida del Sistema Judicial. Sin embargo, la sociedad Alto Apureña está decepcionada por la ausencia de sentencias ejemplares. Observamos que sus condiciones de funcionamiento son tan precarias que prácticamente no actúa.
La existencia en la región de una sola fiscal con apenas un auxiliar para una zona tan conflictiva, no es suficiente en las actuales circunstancias.
A ello habría que agregar las amenazas de muerte a ese personal para que se abstenga de realizar las investigaciones adecuadas y dar sentencias.
El principal cuerpo represivo para la defensa del ciudadano, como es “el cuerpo de investigaciones científicas, penales y criminalísticas”, está lleno de limitaciones, tanto, para investigar los casos como para aclararlos totalmente. Las investigaciones no pasan de su etapa inicial y da la impresión de que los sicarios están mejor dotados de recursos que estos garantes de la seguridad.
LOS SECUESTROS
Otro de los focos de inseguridad son los secuestros. No pocas veces terminan en trágicos asesinatos en frío.
Según el diario La Nación de San Cristóbal, el día 28 de julio del 2003 seguían secuestradas 28 personas en el vecino estado del Táchira. Mientras que en el Alto Apure han ocurrido nueve secuestros desde abril hasta la fecha.
El secuestro se vive como una pesadilla. Se convierte en una tortura no sólo para el secuestrado, sino también para sus familiares y los más allegados. Obliga a la venta de unidades productivas y al desplazamiento forzoso. Éticamente es un hecho repugnante el reducir a una persona a mera moneda de cambio.
El sistema de secuestro es una vuelta a la época de la esclavitud. Entonces se vendían personas en el mercado público. Cada una tenía su precio. Hoy el secuestrado también es vendido y comprado, tiene su precio.
LA IMPUNIDAD
La aplicación de la ley es, por definición, una de las principales funciones del Estado. La acciones de bandas de sicarios y toda clase de victimarios, sean organizadas por nacionales o extranjeros, sea cual sea su ideología, ponen en entredicho la legitimidad del Estado en el uso de la ley y de la fuerza.
La impunidad significa la violación de la obligación del Estado de investigar, juzgar y sentenciar a los culpables. La existencia de impunidad se convierte en aprobación implícita de los crímenes. Estimula la repetición de esos mismos actos que quedaron impunes.
La impunidad afecta no sólo al sistema jurídico. Afecta también a la sociedad entera, a la forma de ejercicio del poder, a la construcción de una cultura política. El Estado, al no desactivar o neutralizar estos factores delictivos, propicia la consolidación del patrón de la impunidad y pierde autoridad frente a toda la ciudadanía. Con ello no es posible la construcción de una sociedad democrática y participativa, ni un Estado de derecho.
La impunidad en el Alto Apure es consecuencia del poder que tienen grupos e intereses particulares por encima de los organismos oficiales; sean éstos judiciales, gubernamentales y hasta fuerzas de seguridad. Tienen capacidad de amenazar fiscales, jueces, concejales, dirigentes políticos, etc. Y lo ejercitan al parecer con total seguridad. El Estado parece no tener capacidad o voluntad para contrarrestarlos. Está muy lejos de obligar a los asesinos a abandonar sus propósitos, mucho menos de despojarlos de sus armamentos y desmontar sus mecanismos de violencia. Como consecuencia aparecen las represalias fatales. Y se impone el criterio de que cada quien se haga justicia por su propia mano. Es la crueldad del dicho: “Ojo por ojo y diente por diente”.
Esta impunidad obliga al silencio. En el Alto Apure nadie ve nada, nadie ha escuchado nada, nadie habla… Este silencio conduce a la imposibilidad de relaciones sociales pacificas y a la no resolución negociada de los conflictos. La impunidad es un tumor social que va fraguando miedo, frustración, resignación, odio y venganza.
Tampoco abogamos por el extremo contrario. De ningún modo defendemos ni estamos de acuerdo en que se asesine a meros sospechosos de sicariato o de cualquier otra acusación en “operativos” de enfrentamiento con la policía. Mucho menos propiciamos la formación de “escuadrones de la muerte” encargados de acciones de “limpieza social”.
Es indispensable la investigación previa y sólo serán sancionados los culpables, cumpliendo a cabalidad los requisitos del ordenamiento legal vigente.
FALLAS ESTRUCTURALES
El Estado mismo ha ido propiciando la impunidad. Entre las muchas acciones omisivas del Estado que facilitan la impunidad, podemos mencionar las siguientes en el Alto Apure.
- La fuerte debilidad institucional de los organismos encargados del gobierno civil: Gobernación y Alcaldía. Se puede decir sin exagerar que el gobierno lo ejerce “El Teatro de Operaciones”, una Institución Militar.
- Como consecuencia la incapacidad de la gestión estatal y municipal en materia de seguridad ciudadana. Hasta ahora no hemos conocido planes concretos en el Municipio para brindar seguridad. Solamente “Operativos Militares”.
- El bajo número de fiscales y jueces, y la poca seguridad con la que cuentan.
- La falta de recursos materiales y técnicos para que los órganos auxiliares de la justicia puedan ejercer eficazmente su trabajo.
- La supuesta presencia de cómplices, de sicarios y de autores intelectuales de delitos, dentro de las filas de los Cuerpos de Seguridad del Estado.
QUE HACER
Es obligante para el Estado y la Sociedad deslegitimar los crímenes y los mecanismos que los facilitan. Esto sólo es posible si hay SANCIÓN PENAL. Sabemos que la sanción sola no es suficiente, pero es un elemento fundamental. Nuestra demanda no la anima la venganza sino la justicia. Paralelamente a la sanción es necesario desmontar los mecanismos y valores que propician los delitos. Como dijimos anteriormente, esta lucha contra el crimen y la impunidad supera lo estrictamente jurídico y debe abarcar lo político y lo social.
En esta medida recomendamos:
A NIVEL DEL ESTADO
- Un fortalecimiento de las instituciones del “Gobierno civil” en la región, superando la subordinación al sector Militar.
- Compromiso financiero y político del Estado para fortalecer su presencia judicial en la zona.
- Garantías de seguridad a los jueces y fiscales para que puedan desempeñar sus funciones.
- Dotación suficiente para que los órganos auxiliares de la justicia, sean efectivamente una ayuda en las investigaciones de muertes violentas, sobre todo por sicariato.
- Afinar los mecanismos de inteligencia gubernamentales, para que actúen con precisión sobre todo lo que involucra el sicariato.
- Iniciar la depuración de los Cuerpos de Seguridad del Estado.
- Se hace imperativa la ejecución del proyecto, ya aprobado, de la creación del “Distrito Especial del Alto Apure”. Hay confianza de que con esta estructura jurídico territorial mejorará la calidad de vida de los habitantes de la región.
NIVEL ORGANIZATIVO POPULAR.
- La sociedad civil no puede constituirse como instancia de justicia alternativa, pero sí debe mejorar sus niveles organizativos. Debe tener fuerza para demandar la responsabilidad del Estado para que actué contra la impunidad.
- Afinar la conciencia crítica para detectar los mecanismos que posibilitan y alimentan la impunidad.
- Fortalecer la agrupación para superar el miedo y denunciar con valentía los casos violentos que haya presenciado o conocido.
- Denunciar todos los atentados contra la vida. Difundir una cultura que exprese valores de respeto a la vida, la dignidad del ser humano, la convivencia pacifica y la resolución de los conflictos por la vía de la conciliación.
Nos encontramos ante un imperativo ético. ¡O erradicamos la impunidad, o tendremos un futuro a la medida de los victimarios!
VISIÓN CRISTIANA
La defensa de la vida es uno de los pilares fundamentales de nuestra Fe Cristiana. Desde el principio de la Biblia se nos interpela: con Caín: ¿Dónde está tu hermano? (Gen. 4,8-9).
La vida es un don de Dios; por lo tanto sagrada. Nadie puede secuestrarla, torturarla, mucho menos asesinarla. Como ciudadanos y como cristianos nuestra exigencia fundamental es la defensa de la vida.
Equipo de Pastoral del Alto Apure: Acacio Belandria s. j, Vicario Episcopal; Matías Calderón, Fe y Alegría de El Nula; Alberto Micheo s.j., Parroquia Guasdualito; Hna. Godelieva Vandenplas, Hermanas de Vorselaar; Armindo González s.j, Parroquia Guasdualito; Jesús Machado s.j., Servicio Jesuita a Refugiados; Raiza Cepeda, IRFA Los Llanos. Guasdualito, agosto 2003" (Servicio Jesuita a los Refugiados, 25.08.03, jrs@gumilla.org.ve).

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DOCUMENTOS
"Declaración del Seminario Latinoamericano de Acceso a Medicamentos Esenciales y Propiedad Intelectual"

"En noviembre de 2001 los 142 países miembros de la Organización Mundial de Comercio (OMC), reunidos en Doha, Qatar, aprobaron la Declaración sobre el Acuerdo ADPIC (Acuerdos de Derecho de Propiedad Intelectual en Comercio) y Salud Pública. En ella se ratificó el derecho que tienen los países a proteger la salud pública y promover el acceso universal y equitativo a los medicamentos esenciales. Esta Declaración reconoce la supremacía de la salud pública sobre cualquier interés comercial por lo que los medicamentos deben ser tratados de forma preferencial respecto a otros bienes.
Dos aňos después de su firma, los planteamientos contenidos en esa Declaración aún no han sido implementados, básicamente por la presión ejercida principalmente por Estados Unidos sobre los contenidos del capítulo relativo a Propiedad Intelectual, lo que evidencia la posición de ese país de priorizar los intereses comerciales por encima de la salud pública, lo que ha significado un retroceso en la aplicación de los términos de esa Declaración.
Paralelamente, Estados Unidos ha iniciado negociaciones para establecer acuerdos regionales y bilaterales con países de América Latina y del Caribe que conllevan un aumento de las exigencias establecidas en el ADPIC y, por lo tanto, desvirtúan la Declaración de Doha, e inevitablemente representan restricciones al acceso a los medicamentos para estos países. Esta estrategia se acompaña de una serie de presiones en el ámbito interno de los Estados, como demuestran los casos de Chile, Colombia y Guatemala.
Las organizaciones firmantes de este documento planteamos a los gobiernos que se reunirán próximamente en Cancún, México, que en el proceso de implementación de Doha no se apruebe ninguna medida que pueda significar un retroceso en el acceso a los medicamentos.
Por lo anterior:
A. Rechazamos cualquier condicionamiento para la aplicación de la Declaración de Doha, reconociendo el derecho de todos los países a definir sus prioridades de salud pública y establecer los mecanismos necesarios para poderla asegurar, como lo señala la misma Declaración.
B. Demandamos que en los acuerdos bilaterales y regionales se excluya cualquier negociación sobre Derechos de Propiedad Intelectual al estar ya contenidos en el acuerdo ADPIC que actualmente administra la OMC.
C. Proponemos una revisión del ADPIC para flexibilizar algunas de sus disposiciones, específicamente excluyendo a los medicamentos de su régimen de propiedad intelectual.
Firman:
• ABIA – Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS, Brasil
• AIS - Acción Internacional para la Salud (HAI – Health Action International)
• AMEDC - Asociación Mexicana de Estudios para la Defensa del Consumidor, México
• Articulação de Mulheres Brasileiras, Brasil
• Asociación Agua Buena, Costa Rica
• Associação Brasileira de Economistas Domésticos – Seção Ceará, Brasil
• CEBRIM- Centro Brasileiro de Informação sobre Medicamentos, Brasil
• Centro de Defesa do Consumidor do Rio Grande do Norte, Brasil
• Centro para la Defensa del Consumidor y Acción para la Salud en El Salvador
• Conselho Federal de Farmácias, Brasil
• Conselho Regional de Farmácia da Bahia, Brasil
• Dirección de Medicamentos/Ministerio de Salud de Bolivia
• Fórum Nacional das Entidades Civis de Defesa do Consumidor, Brasil
• GAPA-RS – Grupo de Apoio e Prevenção à AIDS do Rio Grande do Sul, Brasil
• IDEC - Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, Brasil
• IFARMA, Colômbia
• INESC – Instituto de Estudos Sócio-Econômicos, Brasil
• IPADECU - Instituto Panameño de Derecho de Consumidores y Usuarios, Panamá
• Médicos Sin Frontera
• Misión Salud, Colombia
• Movimento das Donas de Casa e Consumidores da Bahia, Brasil
• Movimento das Donas de Casa e Consumidores do Rio Grande do Sul, Brasil
• Movimento de Defesa do Consumidor de Rondônia, Brasil
• Núcleo de Assistência Farmacêutica – Escola Nacional de Saúde Pública, Brasil
• Oxfam Internacional
• REBRIP – Rede Brasileira pela Integração dos Povos, Brasil
• SOBRAVIME – Sociedade Brasileira de Vigilância e Medicamentos, Brasil. 21de agosto de 2003. Brasilia, Brasil" (Consumers International, 27.08.03, http://www.consumidoresint.cl/portada/medicamentos-omc.doc).

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El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) es una organización no gubernamental especializada en la defensa y promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC), que tiene como fin la plena realización de los derechos humanos y el respeto al Estado de Derecho, en el marco de una sociedad democrática y participativa. Toda acción que Provea lleva a cabo busca beneficiar a las víctimas o potenciales víctimas a las que el Estado no les garantiza o les viola sus derechos humanos, propiciando su protagonismo y la concientización de sus derechos.
 

 
Tienda Honda a Puente Trinidad, edificio Centro Plaza Las Mercedes, local 6, planta baja, Parroquia Altagracia
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