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Una lectura de la realidad venezolana
desde los
derechos humanos |
Servicio
informativo No. 127
Del 26 de septiembre al 09 de octubre de 2003 |
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1988/2003:
Provea, 15 años por
los derechos sociales y contra la impunidad
CONTEXTO
*
Organizaciones de derechos humanos rechazan declaraciones del
Presidente sobre la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos
* Terrorismo: nuevas explosiones se suman a la violencia política
* Abierto Diplomado en Derechos Humanos y Procesos de
Democratización en la Universidad de Chile
DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y
CULTURALES
* Reunión del ALCA en Trinidad: Intransigencia de los países
industrializados sigue cosechando fracasos
* Cumbre de la Deuda Social presenta Carta de Derechos Sociales
Fundamentales
* OEA promueve iniciativas contra la pobreza y a favor de la
equidad y la inclusión social
* El BM publica informe sobre desigualdad
en América Latina
* Coalición Internacional para el Hábitat: ¡Derecho a la
vivienda hoy!
¡Un mundo habitable para todos/as es posible!
*
Demarcación de hábitat indígena: deuda con la Constitución
y las comunidades
*
Unión Afirmativa: En manos del TSJ reconocimiento jurídico
de efectos patrimoniales de las parejas homosexuales,
bisexuales y transgéneros
*
A la AN
no parece importarle los derechos
sexuales y reproductivos de la mujer
*
FNUAP presenta indicadores de salud y educación de la
infancia y adolescencia venezolana
*
Versiones encontradas
acerca de los pasivos laborales de los/as empleados/as públicos/as
acumulados desde 1997
* Culmina proceso de aumento del salario mínimo de este año
con los/as trabajadores/as domésticos/as excluidos del
beneficio
* Indicadores socioeconómicos y derecho a la alimentación
* Situación de los indicadores laborales
* Situación epidemiológica
nacional
*
Propuestas
y exigencias a los poderes públicos sobre
el derecho
a un ambiente sano
DERECHOS CIVILES Y
POLÍTICOS
*
Libertad de expresión en Venezuela: CIDH y caso Globovisión
* Cuestionada la CIDH por parcialidad
* Corte IDH da
prórroga al Estado venezolano para cumplir sentencia de El
Caracazo
* CNE al día con el
derecho a elegir
*
Defensoría del Pueblo insta a MIJ
y a MP a luchar contra el sicariato en zonas fronterizas
*
Indicadores del derecho a la seguridad ciudadana
*
Propuestas y exigencias
a los poderes públicos sobre el derecho de
las personas
detenidas y encarceladas
ARTÍCULOS
*
Son Derechos: “Día de la resistencia indígena”
DOCUMENTOS
*
Centro de Derechos
Humanos de la UCAB: "Aplicación de Ley Orgánica de
Telecomunicaciones viola derechos"
* Posición de las organizaciones de derechos humanos frente
a los derechos de los niños, niñas y adolescentes hijos de los
trabajadores y trabajadoras cesantes de Pdvsa
* Unicef llama al país a respetar
los derechos de los/as niños/as
* Declaración del Centro Carter como respuesta a peticiones de
los medios de comunicación sobre la reciente sanción del
Gobierno a Globovisión y el bombardeo a Globovisión
* Proyecto
de Declaración de Margarita
* Carta de Guanabara sobre los
derechos sexuales y reproductivos de las mujeres
A efectos
de este servicio informativo utilice:
coyuntura@derechos.org.ve
Ediciones anteriores disponibles en nuestro
sitio web:
http://www.derechos.org.ve
Agradecemos mencionar la fuente
cuando el contenido sea citado o difundido |
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CONTEXTO
Organizaciones de derechos humanos rechazan declaraciones del
Presidente sobre la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos |
Las organizaciones de derechos humanos abajo firmantes
rechazan las declaraciones formuladas el 08.10.03 por el
Presidente de la República Hugo Chávez Frías, en la
inauguración de la “Conferencia de Alto Nivel sobre Pobreza,
Equidad e Inclusión Social”, en las cuales manifestó que su
Gobierno no acatará la medida cautelar dictada el pasado
viernes por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH),
y descalificó al organismo hemisférico.
Refiriéndose a la CIDH, el Presidente señaló lo siguiente:
"viene un organismo de derechos humanos [...], sin comunicarse
antes con el Gobierno, a ordenar una medida cautelar a
beneficio de la delincuencia [...] esa Corte [sic] lo menos
que sabe es de derechos humanos”. Estas declaraciones se suman
a las pronunciadas por el Ministro de Comunicación e
Información, Jesse Chacón, quien luego de un consejo de
Ministros, realizado el 08.10.03, señaló que “esta medida
de la CIDH no es de obligatorio cumplimiento”.
Al respecto, estas organizaciones de derechos humanos señalan
que:
a) Las decisiones de los organismos internacionales,
convencionales, de protección de los derechos humanos, tales
como la CIDH, son de obligatorio cumplimiento por parte del
Estado venezolano, tal como lo señala el artículo 31 de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela: “Toda
persona tiene derecho, en los términos establecidos por los
tratados, pactos y convenciones sobre derechos humanos
ratificados por la República, a dirigir peticiones o quejas
ante los órganos internacionales creados para tales fines, con
el objeto de solicitar el amparo a sus derechos humanos. El
Estado adoptará, conforme a procedimientos establecidos en
esta Constitución y la ley, las medidas que sean necesarias
para dar cumplimiento a las decisiones emanadas de los órganos
internacionales previstos en este artículo”;
b) La descalificación gubernamental a la CIDH, como lo hemos
señalado en el pasado, contribuye a debilitar el sistema
interamericano de protección de los derechos humanos, que ha
jugado un papel relevante en los procesos de democratización
en el continente y ha servido a múltiples víctimas de
violación a sus derechos como un mecanismo de lucha contra la
impunidad. Con ello, el gobierno debilita la garantía,
establecida en la Convención Americana de Derechos Humanos y
en la Constitución, que permite acceder al sistema
internacional para hacer valer un derecho. Facilita,
igualmente, que en la comunidad interamericana prive la
arbitrariedad por encima de la legalidad;
c) El Estado venezolano tiene la posibilidad de disentir de
una medida emanada de la CIDH. Lo adecuado, en esos casos, es
cumplir con la medida, al tiempo que iniciar las diligencias
para mostrar sus puntos de vista. Siempre sometiéndose a los
procedimientos establecidos en la Convención Americana de
Derechos Humanos y al Reglamento de la CIDH. Cualquier otra
actuación, coloca al Estado al margen del sistema;
d) Sobre la base de estas consideraciones, solicitamos a todas
las instancias del Estado venezolano, el respeto a las
instituciones internacionales que velan por las garantías y
disfrute pleno de los derechos humanos de todas y todos los
ciudadanos, tal como está establecido en las disposiciones
legales nacionales y en los acuerdos suscritos por el Estado
venezolano.
Suscriben el siguiente comunicado:
Acción Ciudadana Contra el Sida (Accsi);
Asociación de Mujeres por el Bienestar y la Asistencia
Recíproca (Ambar);
Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés
Bello (Cddhh/UCAB); Centros Comunitarios de Aprendizaje
(Cecodap);
Centro para la Paz y los Derechos Humanos de la Universidad
Central de Venezuela;
Comisión de Justicia y Paz de Secorve; Fundación de Derechos
Humanos del Estado Anzoátegui;
Oficina de Acción Social del Vicariato Apostólico de Machiques;
Oficina Diocesana de Derechos Humanos de la Diócesis de Ciudad
Guayana "Humana Dignitas";
Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos
(Provea);
Red de Apoyo por la Justicia y la Paz;
Red de Monitores de Derechos Humanos del Estado Táchira.
(Provea, 10.10.03,
http://www.derechos.org.ve)
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CONTEXTO
Terrorismo: nuevas explosiones se suman a la violencia política |
Entre las 10:00 PM y 11:00 PM del 05.10.03, explotaron 2 camiones
cisternas usados para transportar combustible para aviones,
los cuales permanecían estacionados y vacíos en la Base Aérea
Generalísimo Francisco de Miranda, sede de la Fuerza Aérea
Venezolana (FAV) (Aporrea, 06.10.03,
http://www.aporrea.org/dameverbo.php?docid=10451).
Alrededor de esa misma hora, estallaron otros 2 artefactos
explosivos en las instalaciones del cuartel militar Fuerte Tiuna
(El Universal, 08.10.03, pág. 2/26). La otra explosión ocurrió
2 días antes, cerca de la medianoche del 03.10.03, al ser
lanzado un artefacto contra la puerta principal de la sede de
la Comisión Nacional de Comunicaciones (Conatel) (El Nacional,
04.10.03,
http://www.el-nacional.com/Articulos/Articulo.asp?Plantilla=3&Id=33632&IdSeccion=63).
Ninguno de los incidentes provocó víctimas ni heridos, sólo
daños materiales.
Las investigaciones de estos hechos son seguidas por el Cuerpo
de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc)
y la Dirección de Inteligencia Militar (DIM) (El Universal,
06.10.03,
http://www.eud.com/#avance). El 07.10.03, fue presentado
por Henry Zerpa, coordinador Nacional de Investigaciones
Penales de la Cicpc, un retrato hablado de un sospechoso en
los hechos de la Base Aérea (El Universal, 08.10.03, Op.
cit.). El Ministerio Público (MP) designó al fiscal 50 del
área metropolitana, Américo Gloria, para las investigaciones
de los atentados contra Conatel y el Fuerte Tiuna, según la
fuente.
Por su parte, el
Ministerio de la Defensa emitió un comunicado el 07.10.03 en
el que consideró que los hechos
ocurridos en Fuerte Tiuna y la Base Aérea Generalísimo Francisco de Miranda
"obedecen a una
planificación cuya intelectualidad recae sobre personas
proclives a la
utilización de métodos terroristas para el logro de fines
específicos [...] La similitud con los hechos terroristas a instalaciones
diplomáticas, militares y medios de comunicación detona la
existencia, por
parte de sus autores intelectuales, de una estrategia desestabilizadora
inoportuna en momentos en que el país transita por la vía que
determina el
sistema democrático venezolano, la cual ha sido
ratificada por los
diferentes sectores de la vida pública nacional" (Gobierno
en Línea, 07.10.03,
http://www.gobiernoenlinea.ve/).
Con respecto a la explosión en Conatel, los investigadores de la División
Contra el Terrorismo del Cicpc revisan un video para
esclarecer el atentado (El Mundo, 06.10.03, pág. 16). Zerpa aseguró
que el caso "está bastante adelantado y que esperan tener
buenos resultados pronto [...] los sospechosos siguen siendo una pareja de motorizados y
se podría identificar la moto de alto cilindraje que fue
vista por los funcionarios que realizaban la vigilancia en
Conatel" (Ídem.).
Con estos últimos sucesos, suman 6 los que
recientemente involucran explosiones. Se recuerda el que estalló el 17.09.03
en la Casa Militar, adyacente al palacio de Gobierno; el que
detonó en la sede de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) de Chuao,
Caracas, el 16.07.03 ; la bomba que estalló en el edificio
Caracas Teleport, sede de la Mesa de Negociación y Acuerdos,
el 12.04.03; y, los que explotaron el 25.02.03 en
las sedes diplomáticas de España y Colombia (sobre explosivo lanzado contra la sede de
Casa Militar ver edición N° 126 y sobre los atentados contra
las sedes diplomáticas de España y Colombia, ver edición N°
112 de este servicio informativo en
http://www.derechos.org).
Sobre los hechos de violencia más recientes, el
Centro Carter emitió un comunicado en el que advierte sobre el
inicio de una "nueva etapa de violencia en
Venezuela" (El Nacional, 06.10.03,
http://www.el-nacional.com/Articulos/DetalleArticulo.asp?idSeccion=64&id=33694).
El pronunciamiento del organismo recordó que ese Centro mantiene
presencia permanente en Venezuela desde hace más de un año
para actuar como facilitador en la crisis política local
(Ídem.).
Este comunicado puede ser leído en la sección DOCUMENTOS.
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CONTEXTO
Abierto Diplomado en Derechos Humanos y Procesos de
Democratización en la Universidad de Chile |
El Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Chile, en conjunto con el International Center
for Transitional Justice (ICTJ) de Nueva York, invitan a
los/as interesados/as a inscribirse en el Diplomado en
Derechos Humanos y Procesos de Democratización, que se
realizará entre el 29.03.04 y el 10.09.04. El curso "ofrece la
oportunidad de estudiar temas relacionados con procesos de
transición a la democracia y derechos humanos en sociedades
afectadas, en el pasado reciente, por regímenes represivos o
conflictos armados, así como temas vinculados con el desafío
más general de construir sistemas democráticos viables"
(Universidad de Chile, 09.10.03,
http://www.derecho.uchile.cl/cdh/diplomados/ddhh/presentacion.htm).
El programa ofrece becas completas hasta para 20 profesionales
de diversas disciplinas (derecho, periodismo, educación,
trabajo social, entre otras), cuyo trabajo o actividades
actuales demuestren su capacidad de defender y promover los
derechos humanos o de influir en la construcción de sociedades
democráticas más justas, abiertas y pacíficas en sus países de
origen. Se dará prioridad a postulantes provenientes de países
de América Latina y El Caribe (sean nacionales o residentes
permanentes).
El programa consistirá en actividades docentes y académicas en
Santiago de Chile (2 semanas al comienzo y 1 semana al final
del curso) y clases online (21 semanas). Otorgará Diploma en
Derechos Humanos y Procesos de Democratización de la Facultad
de Derecho de la Universidad de Chile a quienes cumplan
satisfactoriamente con el programa de estudios.
Los/as postulantes al programa de Diplomado deberán poseer una
licenciatura, grado o título de enseñanza universitaria; un
excelente dominio del castellano (las clases y la gran mayoría
del material de lectura serán en castellano). Si bien un buen
dominio de comprensión de lectura del inglés será una ventaja,
no es requisito para poder postular. Deberá enviar el
formulario de postulación que se encuentra en la dirección
web:
http://www.derecho.uchile.cl/cdh/diplomados/ddhh/formulario_postulacion.htm
y acompañarla con los siguientes documentos: curriculum vitae;
una exposición en que describa sus motivaciones para postular
al programa en no más de 750 palabras, indicando aspiraciones
profesionales y académicas así como la manera en que el
Diplomado en Derechos Humanos y Procesos de Democratización
las apoyaría, y cómo piensa usar estos nuevos conocimientos
para promover los derechos humanos y los procesos de
democratización en su país. Indique, en particular (si es
aplicable) de qué modo espera que su capacitación contribuya
al trabajo de la organización o redes a las cuales usted está
vinculado/a; fotocopia simple del certificado de título o
grado académico. (A los/as postulantes finalmente aceptados/as
se les pedirá oportunamente fotocopias debidamente legalizadas
de estos certificados. La legalización deberá ser hecha ante
el Cónsul de Chile en sus respectivos países.); 3 cartas de
referencia (para garantizar la confidencialidad, cada carta
deberá venir en un sobre cerrado, con la firma de la persona
que la otorgue, al reverso del sobre).
Es necesario que tenga dominio de internet, correo-e y programas computacionales básicos (Windows, Word).
Para poder participar en el programa de Diplomado, los
postulantes seleccionados deberán tener acceso a un equipo
computacional con las siguientes capacidades tecnológicas,
como mínimo: una conexión a Internet de 33 Kbps, e Internet
Explorer 5 o Netscape 5.
Los documentos solicitados deberán ser enviados por correo
certificado (DHL, Federal Express, TNT o similares) a la
Coordinadora del Diplomado, como se indica en el Formulario de
Postulación.
Se dará prioridad a postulantes provenientes de países de
América Latina o el Caribe (sean nacionales o residentes
permanentes).
Los/as postulantes deberán poseer pasaportes u otros
documentos de viaje válidos y al día que les permitan viajar a
Chile, previa obtención de visa, de ser necesario.
Finalmente, se recibirán postulaciones hasta las 5:00 PM del 20.11.03.
Para mayor información solicítela por el correo-e:
dipdem@derecho.uchile.cl.
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DERECHOS
ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Reunión del ALCA en Trinidad: Intransigencia de los países
industrializados sigue cosechando fracasos |
Según lo reseña una fuente informativa (Agencia Venpres,
04.10.03,
http://www.venpres.gov.ve/econ/), la XV Reunión del Comité
de Negociaciones Comerciales (CNC) para el Acuerdo de Libre
Comercio de Las Américas (ALCA) que se efectuó en Puerto
España, capital de Trinidad y Tobago, entre el 30.09.03 y el
03.10.03, repitió el fracaso de la recientemente celebrada V
Conferencia Ministerial Oficial de la Organización Mundial del
Comercio (OMC) (ver edición N° 126 de este servicio
informativo en
http://www.derechos.org.ve).
A la convocatoria de Puerto España asistieron representantes
de 34 países del continente, con el objetivo de definir las
bases para el VIII Encuentro Ministerial que se
efectuará en Miami, Estados Unidos (EEUU), entre el 20 y 21.11.03.
Última cita que supone el establecimiento de las directrices
para la conclusión de las negociaciones del ALCA en enero de
2005 (Sistema Económico Latinoamericano, 26.09.03,
difusion-sela@sela.org).
Tal como lo reseña la fuente, el CNC del ALCA concluyó sin
resultados debido a la intransigencia de Estados Unidos y Canadá
de mantener los subsidios a su sector agrícola en perjuicio de la
entrada de productos de ese sector provenientes de
Latinoamérica, rechazando la inclusión de este tema en el
debate interno al CNC y proponiendo su análisis al interior de la OMC.
En respuesta a esta actitud, los negociadores de los países
integrantes del Mercado Común del Sur (Mercosur) reaccionaron
proponiendo introducir en la OMC, también, la
discusión sobre la liberación de los servicios y las reglas de
protección a las inversiones extranjeras, aspectos de sumo
interés para EEUU y Canadá (Agencia Venpres, Op. cit.).
La postura del Mercosur fue expuesta en una declaración
respaldada por los representantes de los países de la
Comunidad de El Caribe (Caricom), la cual advierte que en las
actuales discusiones "están presentes los mismos temas que
bloquearon la reciente reunión de la OMC [...] El ALCA solamente será posible si EEUU y Canadá
acceden a avanzar en la eliminación de los subsidios y
barreras arancelarias, que obstaculizan la exportación de
productos, especialmente de origen agrícola [...] No es posible hablar de un
ALCA comprensivo, sin incluir el
tratamiento de los temas relacionados con los subsidios a las
exportaciones y a las medidas de apoyo interno en la
agricultura. Tampoco existe un ALCA con alto grado de ambición
sin la inclusión de normas relacionadas con las medidas
antidumping [En este sentido, hay que destacar] el papel del
llamado Grupo de los 22 (G-22), integrado por países
subdesarrollados, en el foro de Cancún que enfrentó la
posición cerrada de EEUU y la Unión Europea frente a los
reclamos de los países emergentes".
En ese mismo orden de ideas, se destacan las acusaciones
hechas por Celso Amorim, ministro de Relaciones Exteriores de
Brasil, contra EEUU de hacer "amenazas" y ejercer una presión "muy destructiva" para
sacar adelante su proyecto en las negociaciones del ALCA (Sistema
Económico Latinoamericano, 05.10.03,
difusion-sela@sela.org).
Amorim defiende la idea de un ALCA "sin camisa de fuerza,
ni positiva, ni negativa [...] O sea, quien quiera adoptar
reglas para inversiones, por más amplias que sean, que lo
haga, pero quien no lo quiera debe tener libertad para no
adoptarlas" (Ídem.).
Brasil apuesta por un ALCA que excluya los servicios, las
inversiones y las compras gubernamentales, y su prioridad es
la negociación de un acceso más libre a los mercados. Sin
embargo, EEUU insiste, en un acuerdo que incluya esos temas y elimine de la discusión los subsidios
concedidos a los productores rurales y la legislación contra
la competencia desleal. Cabe resaltar que Brasil y EEUU
comparten la presidencia de la fase final de las
conversaciones para el ALCA (Ídem.).
En cuanto a la delegación venezolana, encabezada por
Víctor Álvarez, Presidente del Banco de Comercio Exterior de
Venezuela (Bancoex), la fuente reseña el apoyo que los representantes
de 4 países del Mercosur, 14 del Caricom, 5 de la
Comunidad Andina de Naciones (CAN), Panamá y Republica
Dominicana, ofrecieron a la propuesta
venezolana de crear, en el marco del ALCA, un Fondo de Convergencia Estructural, que tenga como
objetivo compensar las diferencias en los niveles de
desarrollo y tamaño de las economías del hemisferio. En su
propuesta, la delegación nacional plantea lo siguiente:
"reconocemos las diferencias en los niveles de desarrollo y
tamaño de las economías del hemisferio y la importancia de que
todos los países que participan en el ALCA alcancen el
crecimiento económico, mejoren la calidad de vida de sus
pueblos, y logren un desarrollo social y económico equilibrado
y sostenido de todos los participantes. Para lograr este
objetivo, debe haber mecanismos que faciliten la aplicación
del Acuerdo y aprovechen al máximo los beneficios que pueden
derivarse del ALCA. Dichos mecanismos complementan y mejoran
las medidas que abordan las diferencias en el nivel de
desarrollo y tamaño de las economías.
Por lo tanto, instruimos al Grupo Consultivo sobre Economías
más Pequeñas a que, con el apoyo del Comité Tripartito y a más
tardar en la Decimoséptima reunión del CNC, presente
propuestas para el establecimiento de un Fondo de Convergencia
Estructural / Fondo de Compensación/ Fondo de Integración
Regional, cuyas funciones son: (1) consolidar la capacidad
institucional, (2) mejorar la competitividad en materia de
producción (3) responder a las necesidades en materia de
ajuste que surgen como resultado de la liberalización
comercial, y (4) apoyar la aplicación de los compromisos del
ALCA" (Venpres, 06.10.03,
http://www.venpres.gov.ve/econ/eco1.htm#suman).
Finalmente, es importante destacar que los procesos de
liberalización del comercio ejecutados sobre algunos países de
la región tuvieron un impacto directo en el goce de los
derechos humanos por parte de sus ciudadanos/as, en particular
en lo que respecta a los derechos económicos, sociales y
culturales. De ahí la relevancia de un seguimiento de las
discusiones acerca de los modelos de liberalización comercial
que, como el ALCA, se están implementando en la región. A este
fin, se sugiere consultar el informe especial "Derechos
humanos y comercio y en Las Américas", contenido en el "Informe
anual sobre
la situación de los derechos humanos en Venezuela", octubre
2001-septiembre 2002, realizado por Provea, en
http://www.derechos.org.ve.
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DERECHOS
ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Cumbre de la Deuda Social presenta Carta de Derechos Sociales
Fundamentales |
El Parlamento Latinoamericano
(Parlatino) celebró, en Barquisimeto, Edo. Lara, entre el 17 y 19.09.03, la
II Cumbre de la Deuda Social. El fin de este evento fue debatir sobre
la deuda externa, sus mediciones y soluciones; el ALCA, la integración
regional; los programas de inclusión social; las
economías solidarias y otras soluciones contra la exclusión
social (Ministerio de Salud y Desarrollo Social, 06.10.03,
http://www.msds.gov.ve/reunion/boletin4.htm).
La cumbre tuvo como corolario
la aprobación de una Carta de los Derechos
Sociales Fundamentales de América Latina y El Caribe, documento suscrito
por los representantes legislativos de 22 países de la región,
reunidos en este evento (Ministerio de Relaciones Exteriores,
09.10.03,
http://www.mre.gov.ve/IIcumbresocial/index.html).
El documento fue redactado por la Comisión de
Deuda Social del grupo venezolano del Parlatino, a cargo del
diputado Filinto Durán. En su elaboración participaron,
además, el Observatorio Latinoamericano de Desarrollo Humano y
la Universidad Latinoamericana y del Caribe (ULAC). La carta,
de 77 artículos, será presentada el próximo mes en la Reunión
de Alto Nivel sobre Pobreza, Equidad e Inclusión Social de la
Organización de Estados Americanos (OEA), prevista en la isla
de Margarita, confirmó Durán, coordinador del proyecto de
Carta (Ministerio de Relaciones Exteriores, Op. cit.). Puede ser consultada en el sitio web:
http://www.mre.gov.ve/IIcumbresocial/documentos/Carta%20Social%20definitiva.doc.
Al evento legislativo estuvieron invitados, entre otros, Eric Toussaint,
investigador belga, quien plantea llevar una petición conjunta
por parte de los países deudores al Consejo de la ONU y a la
Corte Internacional de Justicia de la Haya, y Ubiratán De Souza, economista y miembro del Partido
de los Trabajadores (PT) de Brasil, quien sugirió
volver a negociar la deuda externa con los organismos
multilaterales en conjunto y con una visión
política y no financiera. Dentro de esta discusión, los
conferencistas coincidieron en la necesidad de diseñar un
modelo integracionista alternativo al ALCA para el continente,
que surja de un amplio debate en los distintos países de la
región (Ministerio de Salud y Desarrollo Social, Op. cit.).
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DERECHOS
ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
OEA promueve iniciativas contra la pobreza y a favor de la
equidad y la inclusión social |
Entre el 08 y 10.10,03 se realizó en la isla de Margarita,
Edo. Nueva Esparta, la
I Reunión de Alto Nivel sobre Pobreza, Equidad e Inclusión
Social, con el apoyo de la Organización de Estados Americanos
(OEA), a través de la Comisión Ejecutiva Permanente del
Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral (CEPCIDI) y
en
respuesta al mandato de Asamblea General de esta organización (Ministerio de Salud y Desarrollo
Social, 06.10.03,
http://www.msds.gov.ve/reunion/marco.htm).
Este encuentro se enmarcó dentro de las disposiciones contenidas en la
Carta de la OEA, así como en las declaraciones emanadas de las
Cumbres de Las Américas, en el Capítulo III de la
Carta Democrática Interamericana sobre la relación entre
democracia, desarrollo integral y combate a la pobreza y la
Declaración de Santiago de Chile sobre Democracia y Confianza
Ciudadana del año 2002.
En estos documentos se coincidía en la importancia de encarar
el desarrollo económico y social de los países en desarrollo
de la región en apoyo de su gobernabilidad democrática: "el
fortalecimiento de la gobernabilidad democrática requiere la
superación de la pobreza, la exclusión social y la promoción
del crecimiento económico con equidad que fomenten la igualdad
de oportunidades, la educación, la salud y el pleno empleo"
(Ídem.).
La cita internacional contó con la participación de César
Gaviria, Secretario General de la OEA, Enrique Iglesias,
presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID),
autoridades de la Organización Panamericana de la Salud (OPS),
la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), el Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Banco
Mundial (BM), además de los representantes estatales de los 34
países miembros de la OEA (Ídem.).
Este encuentro intergubernamental de alto nivel pretende aportar un marco de
referencia global y regional para analizar el papel del
sistema interamericano bajo una visión diagnóstica de los
desafíos de la pobreza y la crisis económica; conocer los avances e implicaciones de las metodologías
para medir la pobreza y la inequidad; hacer un balance de los resultados de las estrategias para
reducir la pobreza y la exclusión, especialmente las dirigidas
a las mujeres, niños y niñas, indígenas y adultos mayores; brindar un espacio para el intercambio de información y
lecciones aprendidas, a fin de facilitar la coordinación y el
apoyo mutuo en la consecución de los objetivos de desarrollo y
justicia social de la región; generar estrategias para
fortalecer la Comisión Interamericana de Desarrollo Social y
el Programa Interamericano de Combate a la Pobreza y la
Discriminación; y, facilitar la realización periódica de las
Conferencias Interamericanas de Ministros y Altas Autoridades
de Desarrollo Social, así como preparar un conjunto de
recomendaciones para orientar el papel específico de la OEA en
el desarrollo social hemisférico.
Asimismo en la reunión, se pretende aprobar el proyecto de
Declaración de Margarita que fue presentada por la Misión
Permanente de Venezuela ante la OEA y que aún no ha sido
aprobada por el Cepcidi, presidido por Jorge Valero, embajador de Venezuela ante la OEA (Gobierno en Línea, 06.10.03,
http://www.gobiernoenlinea.ve).
Valero ha señalado en ocasiones previas a la apertura del
evento que aspira lograr que dicha Declaración
de Margarita se convierta en la Carta Social de América: "el embajador venezolano ante la OEA espera que el proyecto de
Declaración final sea aprobado por unanimidad, para tener la
posibilidad de contar con una carta social que se discuta en
el seno de la OEA durante su próxima reunión de cancilleres en
julio de 2004. 'Se espera que su aprobación sea el preámbulo para una acción
muy enérgica compartida en el ámbito hemisférico para librar
esa batalla en contra de la pobreza que constituye uno de los
factores que desestabiliza la democracia y hace que la
democracia no tenga el contenido y el alcance que debería
tener', manifestó Valero" (Aporrea, 08.10.03,
http://www.aporrea.org/dameverbo.php?docid=10529).
Valero explicó que de ser aprobado este proyecto de Declaración
Final "la OEA contará con un instrumento jurídico para darla
a la agenda social la prioridad que está demandando en la
actual circunstancia" (Ídem.).
Provea celebra la constitución de una Carta Social, un
instrumento que el movimiento de derechos humanos
latinoamericano viene impulsando en distintas redes e
instancias políticas y sociales, pero lamenta que esta
iniciativa del Gobierno Nacional no haya incluido una consulta más amplia y plural. El esfuerzo desarrollado
al interior del sistema intergubernamental, podría nutrirse de las experiencias
maduradas desde hace mucho tiempo de las organizaciones
sociales integrantes de movimientos, redes y coaliciones
regionales, plasmadas en diversas declaraciones y
pronunciamientos. Provea insta a los entes guber e
intergubernamentales asistentes a la cita hemisférica a ampliar
el debate sobre esta Carta Social de Las Américas. Una
declaración de la naturaleza que supone dicha Carta, debe,
necesariamente, contar con el aval de la sociedad organizada
de los pueblos de la región.
Invitamos a los lectores a revisar el proyecto presentado por la
Misión Permanente de Venezuela en la OEA en la sección
DOCUMENTOS.
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DERECHOS
ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
El BM publica informe sobre desigualdad en América Latina |
Este 07.10.03, en Ciudad de México, la Oficina del economista
en Jefe para América Latina y El Caribe del Banco Mundial (BM)
presentó el estudio de investigación anual del Banco Mundial
sobre América Latina y el Caribe titulado “Desigualdad en
América Latina y El Caribe: ¿ruptura con la historia?”
(Banco Mundial, 09.10.03,
http://wbln0018.worldbank.org/). “Este documento analiza
los motivos de la persistente desigualdad que aflige a la
región, identifica de qué manera ésta obstaculiza el
desarrollo y propone formas para lograr más equidad en cuanto
a la distribución de la riqueza, el ingreso y las
oportunidades” (Ibíd..).
Según David de Ferranti, vicepresidente para América Latina y
El Caribe del BM, quien junto con Guillermo Perry, Francisco
Ferreira y Michael Walton, dirigieron al equipo que elaboró el
informe señaló que "América Latina es altamente desigual en
cuanto a ingresos y también en el acceso a servicios como
educación, salud, agua y electricidad; persisten además
enormes disparidades en términos de participación, bienes y
oportunidades. Esta situación frena el ritmo de la reducción
de la pobreza y mina el proceso de desarrollo en sí" (Ibíd..).
El equipo de investigadores del Banco Mundial recabó datos de
20 países utilizando encuestas domiciliarias con una cobertura
de 3,6 millones de personas y revisó además una vasta cantidad
de estudios económicos, sociológicos y políticos sobre
desigualdad en América Latina. Los investigadores descubrieron
que la desigual distribución de los recursos que hoy
caracteriza a la zona sigue un patrón determinado según los
diferentes rasgos que tomó la colonización europea de la
región. Según el informe, tal como en el antiguo período
colonial, hoy también son los grupos de élite los que dan
forma a las instituciones y las políticas públicas para
favorecer en primer lugar sus propios intereses. Un ejemplo de
ello es que los países de la zona no lograron niveles altos de
alfabetismo si no hasta bien entrado el siglo XX. El bajo
nivel de apoyo prestado a la educación primaria contrasta con
el generoso financiamiento que recibieron las universidades,
donde se educaban los hijos de los grupos dominantes. Por otra
parte, un rasgo característico es la debilidad de las
instituciones políticas de la región y, si bien la transición
a regímenes democráticos vivida por muchos países ha impulsado
importantes avances, los patrones de influencia siguen siendo
altamente desiguales y aún existe una tradición de
clientelismo y patronazgo, a pesar de las prácticas
electorales a nivel nacional y local.
Los investigadores también usaron el "índice de Gini" y
descubrieron que, desde la década de los 70 hasta la de los
90, la desigualdad en la región fue superior en 10 puntos
respecto de Asia; en 17,5 puntos respecto de los 30 países de
la OCDE y en 20,4 puntos respecto de Europa oriental.
En promedio, la desigualdad del ingreso ha tendido a empeorar
en la región, Venezuela es un ejemplo representativo de los
países que han experimentado aumentos en la desigualdad.
El informe destaca que en la región el origen étnico es factor
determinante en la conformación de oportunidades: “tanto los
indígenas como los afrolatinos viven en considerable
desventaja respecto de los blancos [lo que se pone en
evidencia en el hecho de que] son éstos últimos los que
reciben los ingresos más altos de la región” (Ibíd.).
En contraste con la brecha permanente relacionada con las
diferencias raciales y étnicas, el informe observa que América
Latina sí ha experimentando avances en cuanto a acortar la
disparidad de género en relación con el ingreso y la
educación. En gran parte de la región, las niñas y las jóvenes
están en realidad superando a los niños y jóvenes en términos
de logros educacionales.
“Para hacer frente a las raíces históricas de la desigualdad
en América Latina, además de los poderosos intereses
económicos, políticos y sociales que la sustentan y que
persisten hasta hoy” (Ibíd..), el informe del BM destaca las
siguientes 4 áreas de trabajo en torno a las cuales se deben
unir gobierno y sociedad civil:
- La construcción de instituciones políticas y sociales más
abiertas para permitir, tanto a los grupos pobres como a los
subordinados, lograr mayores niveles de protagonismo,
participación y poder en la sociedad; - Políticas económicas
que procuren mayor equidad, a través de una sólida gestión
macroeconómica e instituciones equitativas y eficaces para
resolver los conflictos, que eviten las enormes
redistribuciones regresivas “que se producen en situaciones de
crisis y que permitan ahorrar en los ‘tiempos buenos’ para
mejorar el acceso de los pobres a las redes de protección
social durante los ‘tiempos malos’" (Ibíd.);
- Aumento del acceso de los pobres a los servicios públicos,
especialmente educación, salud, agua, electricidad, a tierras
cultivables y servicios rurales;
- Reforma de los programas de transferencia de ingresos a
través de medidas que condicionen la asistencia de los niños y
niñas a la escuela y a los consultorios de salud.
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DERECHOS
ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Coalición Internacional para el Hábitat: ¡Derecho a la
vivienda hoy!
¡Un mundo habitable para todos/as es posible! |
La Coalición Internacional para el Hábitat (HIC), red
internacional independiente conformada por más de 300
organizaciones populares y no gubernamentales que trabajan en el campo del hábitat y la
vivienda alrededor de 80 países de todo el mundo, convoca a
la Campaña Mundial por el Derecho a la Vivienda, a realizarse
entre el el 01 y el 31.10.03 (Comunidad Web de Movimientos
Sociales, 06.10.03,
http://www.movimientos.org/show_text.php3?key=2075).
La finalidad de esta campaña es sensibilizar a la población
mundial con relación al impacto de las políticas neoliberales
y la globalización económica en el Derecho a la Vivienda en
diferentes regiones y localidades del planeta.
Recuerda la HIC que "en 1996, a 20 años de la Primera Conferencia de la ONU
sobre el tema realizada en Vancouver (Canadá), durante la
Cumbre de Hábitat II celebrada en Estambul (Turquía) la
presión de activistas de todo el mundo y las miles de
manifestaciones realizadas a lo largo y ancho del planeta
permitieron ratificar la
definición de la vivienda como un derecho humano y como parte
fundamental del derecho de todos/as a una vida digna.
Sin embargo, entonces como ahora, algunos de los Estados más
poderosos del planeta (EEUU, Japón) se niegan a reconocerlo y
en la mayor parte de los países no se destinan los recursos
públicos necesarios para concretarlo. Es por eso que el lema
que hoy nos aglutina retoma y rinde homenaje al que se utilizó
en esa gran marcha en Estambul que fue reprimida por la
policía turca:
¡Derecho a la vivienda hoy!
¡Un mundo habitable para todos/as es posible! (Ibíd.).
Para mayor información puede comunicarse por la siguiente
dirección electrónica: chm@laneta.apc.org.
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DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Demarcación de hábitat indígena: deuda con la Constitución
y las comunidades |
En diciembre de 2003 se cumplirán 4 años del mandato contenido
en la disposición transitoria decimosegunda de la
Constitución, que ordena la realización de la
demarcación del territorio indígena en un lapso de 2 años
contados a partir de la fecha de entrada en vigencia de la
carta magna (30.12.99).
Recientemente el diputado de la
Asamblea Nacional (AN) por el Edo. Amazonas Guillermo Guevara,
presidente de la Subcomisión parlamentaria de Legislación
Indígena, destacó que la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas,
publicada en Gaceta Oficial N° 37.118 del 12.01.01, garantiza a
las comunidades indígenas su derecho a la propiedad colectiva
de las tierras ancestrales y la administración, utilización,
disfrute y conservación de los recursos naturales en su
hábitat. El procedimiento de demarcación contemplado en este
instrumento abarca los territorios multiétnicos así como los
pueblos que hayan sido desplazados de sus hábitat ocupando
otras. "Igualmente - afirmó Guevara -, las tierras
indígenas que tengan documentos de propiedad, posesión
colonial, títulos provisionales o definitivos, otorgados por
diferentes dispositivos de la legislación agraria, se
incluirán en el proceso de demarcación y titulación de
conformidad con el presente instrumento jurídico. Asimismo, se
incluirán aquellas tierras donde los pueblos ancestrales han
tenido acceso tradicionalmente, aunque no posean títulos sobre
ellas y deseen desarrollarlas para garantizar su
sustentabilidad" (Asamblea Nacional, 30.09.03,
http://www.asambleanacional.gov.ve/ns2/noticia.asp?numn=4426).
Añadió el parlamentario que "esos hábitat, además, comprenden
áreas de caza, pesca, recolección, paisajísticas y lugares
sagrados que en ningún caso pueden ser calificadas de baldías,
ociosas o incultas para efectos de su afectación y
adjudicación a terceros en el marco de la Ley de Tierras y de
Desarrollo Agrario" (Ibíd.).
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DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Unión Afirmativa: En manos del TSJ reconocimiento jurídico
de efectos patrimoniales de las parejas homosexuales,
bisexuales y transgéneros |
"En vista de la intolerable situación de desigualdad en
que la sociedad y el Estado venezolano han mantenido a la
población homosexual, bisexual y transgénero, negándole
derechos que le son espontáneamente reconocidos a la población
heterosexual" (Unión Afirmativa de
Venezuela, 06.10.03,
unionafirmativa@hotmail.com), la Asociación Civil Unión
Afirmativa, dedicada a la promoción y defensa de los derechos
humanos de personas homosexuales, bisexuales y transgénero en
Venezuela, introdujo el 07.10.03 un Recurso de Interpretación
de los artículos 19, 20, 21, 22 y 23 de la Constitución ante
la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
El objeto de esta acción es lograr el reconocimiento jurídico de los efectos patrimoniales y no patrimoniales (deberes
y obligaciones mutuas) de las uniones domésticas entre
personas del mismo sexo.
José Ramón Merentes, Coordinador General de la organización,
explicó que se solicitó la interpretación del artículo 21,
ordinal primero, en conjunto con los artículos 19, 20 y 22 de
la Constitución, para reconocer que el principio de la no
discriminación abarca la orientación sexual, con lo que se
resolvería el conflicto existente entre este principio y el
artículo 77 de la Carta Magna, que excluye a las parejas
homosexuales de los efectos patrimoniales que benefician a las
relaciones de hecho (concubinato).
Agrega Merentes que "con respecto al artículo 23, se pretende conocer la
opinión del TSJ sobre los efectos en Venezuela de las decisiones tomadas por el Comité de Derechos Humanos de Naciones
Unidas en los casos Toonen C., de Australia (interpretación de los artículos 2 y 26 del Pacto de
Derechos Civiles y Políticos en la que se incluye a la
orientación sexual en el concepto de sexo), y Young C.,
también de Australia, en el que se reconoció el derecho a pensión de
viudez al compañero de un militar australiano fallecido; así
como de los exámenes periódicos hechos por los demás Comités del
sistema universal a ciertos países sobre la discriminación
por orientación sexual (Comité de Derechos del Niño, sobre
las edades de consentimiento para iniciar relaciones hetero y
homosexuales, y el Consejo Económico y Social de Naciones
Unidas (Ecosoc), sobre el registro de parejas
homosexuales)" (Ibíd.).
"Finalmente, de aceptar este criterio - continúa
Merentes -, solicitamos a la Sala Constitucional que aclare el conflicto
existente entre el
artículo 77, párrafo 2, de la Constitución con el principio superior de no
discriminación por orientación sexual" (Ibíd.).
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DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
A la AN
no parece importarle los derechos
sexuales y reproductivos de la mujer |
El 28.09.03 se celebró el Día por la Despenalización del
Aborto en América Latina y El Caribe, iniciativa gestada en el
V Encuentro Feminista de Latinoamérica y El Caribe (Argentina,
1990) y que, desde 1993, se efectúa en diferentes países de la
región. El objetivo de la Campaña 28 de Septiembre,
responsable de la conmemoración de esta fecha, es la
humanización de los servicios de atención a la salud; la
disminución de la morbi-mortalidad materna; el cumplimiento de
las leyes que permiten el aborto; la liberalización de las
leyes que lo penalizan
(Campaña Día por la
Despenalización del Aborto en América Latina y El Caribe,
07.10.03,
http://www.campanha28set.org/esp).
Estos principios rectores se encuentran expuestos en la
llamada Carta de Guanabara, surgida en el marco de la "Reunión
Ampliada sobre Aborto en la América Latina y el Caribe: Los
Derechos de las Mujeres Frente a la Coyuntura Mundial",
organizada por esta Campaña en el año 2001, en Río de Janeiro,
Brasil.
Esta declaración puede ser consultada en la sección
DOCUMENTOS. Si está interesado/a en suscribirla puede enviar
un correo-e a la dirección:
campanha28set@uol.com.br con el texto: “mi institución
firma la Carta de Guanabara”, informando el nombre de la
institución, ciudad y país donde está ubicada (Ídem.).
En Venezuela, la efeméride pasó inadvertida por la AN que
luego de la primera discusión del proyecto de Ley Orgánica de
los Derechos de la Mujer para la Equidad e Igualdad de
Géneros, ocurrida el 06.03.03, mantiene engavetado el tema del
uso lícito del aborto terapéutico, contemplado en el artículo
26 de este proyecto (ver edición edición N° 113 de este
servicio informativo en
http://www.derechos.org.ve).
La norma en cuestión estipula que “cuando se compruebe a
través de los exámenes médicos y científicos correspondientes,
embarazos que pongan en grave riesgo la salud física y/o
mental de la mujer, o que presenten malformaciones físicas del
feto o embarazos producto de violación o incesto, se
consideran casos prioritarios para aplicar las medidas
terapéuticas a que hubiere lugar, previo informe por
especialistas en la materia” (Ídem.).
Acerca de esta situación Elsa Castro, diputada por el
Movimiento Quinta República (MVR), contó que "cuando se
reanudaron las actividades en el Parlamento, la Comisión de la
Mujer, Familia y Juventud quedó presidida por el diputado Juan
José Caldera (Convergencia) y otros parlamentarios que no
tienen mucha noción de los derechos de las mujeres [...] Por
eso lo único que logramos aprobar es su carácter orgánico. No
entró ni en primera discusión y en la Comisión, los diputados
rechazan pedir a la directiva de la AN que se incluya en
la agenda" (El Nacional, 27.09.03, pág. B/15).
Actualmente el capítulo IV del Código Penal trata el tema del
aborto provocado, penalizando de su práctica a la mujer que se
lo aplica como a quien se lo hubiera practicado.
Según este articulado se castigará a la mujer con prisión de 6
a 24 meses y a quien se lo efectúe con 12 a 30 meses de
prisión, excepto cuando este procedimiento fuera necesario
para salvaguardar la vida de la mujer.
En contraste, el proyecto de Ley retoma la
inacabada discusión abierta en la Asamblea Constituyente de
1999 y que recoge el espíritu de varios instrumentos
internacionales. Merece la pena recordar que las Observaciones finales del Comité de
Derechos Humanos al Estado venezolano (CCPR/CO/71/VEN 19),
presentadas el 26.04.01 señalan que “la penalización de todo
aborto no terapéutico plantea graves problemas, sobre todo a
la luz de informes incontestados según los cuales muchas
mujeres se someten a abortos ilegales poniendo en peligro sus
vidas. El deber jurídico impuesto al personal de salud de
informar de los casos de mujeres que se hayan sometido a
abortos, puede inhibir a las mujeres que quieran obtener
tratamiento médico, poniendo así en peligro sus vidas”
(Edición N° 113 de este servicio informativo, Op. cit.). El
Estado Parte tiene el deber de adoptar las medidas necesarias
para garantizar el derecho a la vida
de las mujeres embarazadas que deciden interrumpir su
embarazo (artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos), entre otras medidas enmendando la ley para
establecer excepciones a la prohibición general de todo aborto
no terapéutico. El Estado Parte debe proteger el carácter
confidencial de la información médica” (Ídem.).
La despenalización del aborto representa, además, una
alternativa para las mujeres víctimas de asaltos sexuales.
Daysa Urrea, de la Asociación Civil de Planificación Familiar
(Plafam): "Hasta diciembre del año 2002, nosotros atendíamos 4
mujeres a la semana víctimas de violencia sexual [...] Para
ellas, de acuerdo con las normas vigentes, no existe solución
inmediata. 'Lo que les queda es buscar ayuda por
sus propios medios, provocarse un aborto con riesgo de morir; o, en el
mejor de los casos, recurrir a la anticoncepción de emergencia
[...] Además, como están cometiendo un delito tienen miedo y y
culpa'" (El Nacional, Op. cit.).
Por otra parte, en la Maternidad Concepción Palacios, "todos
los días llegan 10 mujeres con síntomas de aborto (espontáneo
o inducido): 'Un 80% de los casos tienen entre 18 y 25 años de
edad'. Mientras que en el Materno de Caricuao 'recibimos 8
abortos diarios que requieren curetaje'" (Ídem.).
Según la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y de El
Caribe, cada año ocurren en el mundo 75.000.000 de embarazos
indeseados o inoportunos, se realizan entre 40 y 60.000.000 de
abortos inducidos y de ellos, al menos 20.000.000 son
procedimientos inseguros en países donde está prohibido o
restringido el aborto. Un 95% de ellos ocurren en países en
desarrollo. Cerca de 6.000 mujeres mueren al año por
complicaciones relacionadas con estos abortos inseguros"
(Ídem.).
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DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
FNUAP presenta indicadores de salud y educación de la
infancia y adolescencia venezolana |
Según el informe Estado de la Población Mundial 2003 del Fondo de Población de las Naciones Unidas (FNUAP),
presentado el 08.10.03 (Organización de Naciones Unidas,
09.10.03,
http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=1094&criteria1=jóvenes&criteria2=),
en Venezuela viven en situación de pobreza un 34,5% de los
niños/as menores de 11 años de edad y el 14,46% de los/as
jóvenes entre 12 y 17 años de edad; la tasa de fecundidad es
de 14,9 %, una cifra correspondiente a los adolescentes entre
15 y 19 años de edad; la fecundidad temprana es 51 % mayor en
las zonas menos urbanizadas y rurales del país; 21% de los
nacimientos vivos registrados en 2001 fueron de madres menores
de 18 años; 17 % de jóvenes entre 15 y 19
años de edad se casa temprano; y, los casamientos en menores
de 15 años alcanzan el 1 % (Últimas Noticias, 09.10.03, pág.
2).
El último censo elaborado por el Instituto Nacional de
Estadísticas (INE), señala que el país cuenta con una
población joven de aproximadamente siete millones 348 mil
personas, entre 10 y 24 años de edad, lo que representa el
30,6% del total de habitantes (Ídem.).
Con respecto a la educación, sólo 26 % está en bachillerato,
esto significa que 26 de cada 100 jóvenes, entre 13 y 18 años
de edad, han logrado matricularse en el ciclo diversificado.
Moni Pizani, oficial nacional del FNUAP, añadió que "la
permanencia en la educación secundaria es de apenas 34,8%, en
el caso de las mujeres y de 26,1%, en el caso de los hombres.
La tasa de alfabetización es de 95%, esto significa que 5% de
los jóvenes no sabe leer ni escribir. En cuanto al índice de
desocupación femenina es de 34,5% y el masculino de 24,4%,
factores estos que contribuyen al empobrecimiento de este
sector de la población" (Ídem.).
El informe destaca, además, que Venezuela tiene el más alto
índice de prevalencia de VIH/Sida en toda la región andina,
siendo la media 0,43% contra 0,45% de toda la región: "se
calcula que en el país existen 60 mil personas con el virus,
habiendo contraído la enfermedad el 50% ellas, entre los 15 y
24 años de edad" (Ídem.).
Pizani señaló que el FNUAP está apoyando "técnica y
financieramente al país en el desarrollo de diversos
proyectos" (Ídem.). Finalmente, recomienda al Estado
venezolano "aumentar la inversión, especialmente en las áreas
de educación, salud y trabajo, para que los jóvenes puedan
tener una vida digna y productiva" (Ídem.).
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DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Versiones encontradas
acerca de los pasivos laborales de los/as empleados/as públicos/as
acumulados desde 1997 |
Sobre el tema de los compromisos laborales adeudados a los/as
empleados de la administración pública acumulados desde 1997,
luego de la entrada en vigencia de la Reforma de la Ley del
Trabajo, últimamente aparecieron 2 informaciones que se
contradicen.
Según Esteban Luna, director adjunto al despacho del
Ministerio del Trabajo (Mintra),
una comisión presidencial, integrada por representantes de la
Vicepresidencia de la República, ministerios del Trabajo,
Finanzas, Planificación y Desarrollo, Producción y Comercio,
así como personal de la Procuraduría, el Fondo de Garantía de
Depósitos y Protección Bancaria (Fogade) y un grupo de
técnicos a cargo de la parte operativa, cuantificará la deuda del Estado con sus trabajadores
(Globovisión, 01.10.03,
http://www.globovision.com/economia/2003.10/01/pasivoslaborales/index.shtml)
.
Explicó el funcionario que será a mediados de octubre cuando
se podría
tener una respuesta de la cuantificación y gestión de activos
para la cancelación de las prestaciones: "solo falta que el
presidente de la República, Hugo Chávez, haga la revisión
final del proyecto" (Ídem.).
No obstante, el diputado por el MVR, Luis Francheschi,
presidente de la subcomisión de asuntos laborales del
parlamento se adelantó en afirmar que ya fueron calculados por
"una Comisión Presidencial creada y estos arrojaron una cifra
de 21 billones de bolívares" (Venpres, 01.10.03,
http://www.gobiernoenlinea.ve/) . Además, aseguró
Francheschi que "en reuniones que hemos sostenido con
representantes de los ministerios y de los organismos de
planificación, pudimos constatar que se vienen cancelando
[...] en fideicomisos, además los intereses de prestaciones
también se han venido cancelando." (Ídem.).
Por su parte, Luna señaló que se están manejando algunas alternativas
de cancelación de la deuda laboral con los empleados de la
administración pública, como "los planes de
viviendas generados por canje de activos entre el sector
público y el privado, también se pueden crear nuevas empresas,
iniciar pagos en efectivos por la venta de activos y acciones
de compañías en marcha [...] igualmente se tiene previsto
elaborar propuestas comerciales atractivas, en las cuales, el
trabajador vea reflejado sus pasivos laborales con el menor
riesgo posible" (Globovisión, Op. cit.).
Hasta la fecha de cierre de esta edición, no se ha podido
corroborar alguna de las 2 versiones que permitan dilucidar
efectivamente lo que sucederá con el restablecimiento de los
derechos laborales violentados por el retraso en la
cancelación del pago de esta deuda.
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DERECHOS ECONÓMICOS,
SOCIALES Y CULTURALES
Culmina proceso de aumento del salario mínimo de este año
con los/as trabajadores/as domésticos/as excluidos del
beneficio |
Tal como lo consagró el artículo 1° del Decreto N°
2.387, publicado en Gaceta Oficial N° 37.681 el 02.05.03,
desde el 01.10.03 entró en vigencia la segunda etapa del
aumento del del salario mínimo mensual obligatorio, que
comprende un aumento de 20% para los trabajadores
urbanos y rurales. Para los primeros, el salario es de 247.104
bolívares, siempre y cuando sean parte de una empresa con más
de 20 trabajadores, mientras que para empresas con menos de
20 el salario es de 226.000 bolívares; para los
segundos, el salario de 222.393,60 bolívares. En los casos de
aprendices y adolescentes, el salario es de 185.000 bolívares.
Para los conserjes el incremento ubica
su salario en 247.000 bolívares (ver edición N° 116, de este
servicio informativo en
http://www.derechos.org.ve).
Ricardo Dorado, viceministro del Trabajo “recalcó que el 50% de
la población económicamente activa del sector formal se
beneficia con la medida”
(Últimas Noticias,01.10.03, pág. 10). Igualmente informó Dorado que
será en la segunda quincena de
octubre cuando se pagará la primera parte del bono de los
trabajadores y funcionarios del sector público acordado con la
Federación Nacional de Trabajadores del Sector Público (Fentrasep),
que involucra a ministerios e institutos autónomos nacionales:
"en esta primera etapa se pagará Bs. 1.000.000 a los
trabajadores activos y Bs. 500.000 al personal jubilado [...]
la segunda parte se honrará en abril de 2004” (Ídem.).
Es oportuno recordar el reclamo que Provea ha realizado
reiteradas veces en relación con el carácter discriminatorio
de las políticas salariales aplicadas por el Ejecutivo
Nacional en los últimos 4 años, que excluyen del beneficio del
aumento del salario mínimo laboral mensual a los/as
trabajadores/as domésticos/as (edición N° 116 y 120 de este
servicio informativo, Op. cit.). Esta situación motivó a
Provea a introducir, el 02.07.03, un recurso de nulidad por
inconstitucionalidad del artículo 10 del Decreto 2.387, en el
cual se explicita tal exclusión de este amplio sector de la
sociedad. Dicho recurso fue admitido por el Juzgado de
Sustanciación de la Sala Político Administrativa del TSJ el
18.08.03 (ver edición N° 124 de este servicio informativo en
http://www.derechos.org.ve).
En otro orden de ideas, cabe destacar que la culminación de las
políticas de aumento salarial de este año, cristalizada en esta
segunda etapa, no está exenta del debate acerca de su limitada
cobertura ante los costos de los rubros de primera necesidad.
Por ejemplo,
Froilán Barrios, directivo de la Confederación de Trabajadores
de Venezuela (CTV) asegura que con el nuevo aumento salarial,
el/la trabajador/a "apenas puede comprar 60% de la canasta
alimentaria [...] si se compara la capacidad de compra del
salario mínimo con el costo de la canasta básica (integrada
por alimentos, servicios y bienes de primera necesidad), que
tiene un costo de 1.000.000 de bolívares, el déficit es aún
mayor" (El Nacional, 01.10.03, pág. A/16).
Barrios también resaltó que "en la mayoría de los países -
América Latina incluida -, el salario mínimo es una
referencia, un punto de partida para calcular los sueldos, por
lo que entre 10% y 15% de la población laboral percibe
este ingreso. Pero en Venezuela se ha convertido en el techo
de remuneración de una buena parte de los 3,3 millones de
trabajadores que laboran en el sector formal. De los 900.000
obreros y empleados de la administración pública, cerca de
315.000 (35%) ganan el salario mínimo, mientras que en las
empresas privadas la tasa es de 50%, equivalente a 1,1
millones de personas. Los restantes 1,3 millones de
trabajadores devengan sueldos y salarios superiores al
mínimo. Al referirse a la distribución de los indicadores de
remuneración y capital en el ingreso nacional de Venezuela, en
1998 los índices eran de 48% y 52% respectivamente. 'En 2002,
la remuneración fue de 38% y el capital de 62%, lo cual
refleja la caída de nuestro poder adquisitivo'" (Ídem.).
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DERECHOS ECONÓMICOS,
SOCIALES Y CULTURALES
Indicadores socioeconómicos y derecho a la alimentación |
En su más reciente informe sobre el Índice
de Precios al
Consumidor (IPC) del Área Metropolitana de Caracas, el Banco
Central de Venezuela (BCV) muestra que el aumento de los
precios de los rubros de primera necesidad mantiene el ritmo
desacelerado de los meses anteriores. El IPC registró en el
mes de septiembre un aumento de este indicador del 1,4%,
apenas 0,1% más al observado en el mes de agosto (1,3%) y 4,4%
menor al reportado en septiembre del año pasado (4,5%). Con
este resultado, el incremento acumulado del IPC del tercer
trimestre de 2003 cerró en 20,6%, un 4,4% menos del alcanzado
en el año 2002 (25%). Con el IPC de septiembre, el crecimiento
anualizado del indicador para el período septiembre
2003/septiembre 2002, se ubicó en 26,6%, un 1,6% menor al
observado en el mismo lapso 2002/2001 (28,2%) (Banco Central de Venezuela, 02.10.03,
http://www.bcv.org.ve/c4/notasprensa.asp?Codigo=2676&Operacion=2&Sec=False).
Explica el BCV que "la evolución registrada por el indicador en el mes de
septiembre, fue resultado de la aceleración de precios que
mostraron los productos sujetos a regulación y control de
precios (de 0,5% a 1,3%), mientras que en esta oportunidad en
los restantes bienes y servicios, hubo un comportamiento
desacelerado (de 2,2 % a 1,6%)" (Ídem.).
Los aumentos de precios con mayor intensidad se presentaron en
las agrupaciones de alimentos y bebidas no alcohólicas (de
1,1% a 2,5%), servicios de la vivienda (de –0,6% a 1,1%) y
servicios de educación (de 0,0% a 4,8%). Esto debido al movimiento de los
precios sometidos a control.
En cuanto a las demás agrupaciones de bienes y servicios, se observaron variaciones relativamente
similares a las registradas en el mes anterior en
comunicaciones (de 1,3% a 1,5%), alquiler de vivienda (de 0,5%
a 0,7%) y salud (de 0,7% a 0,9%) (Ídem.).
Otro indicador
oficial, la Canasta Alimentaria Normativa (CAN), manejado por
el INE confirma esta
dinámica al ubicarse en
261.145,20 bolívares para el mes de agosto, lo que representó
un incremento de 1,6% (4.301 bolívares) con respecto a julio.
Esta variación porcentual de agosto-julio muestra una
desaceleración del incremento del valor, en comparación con la
variación porcentual verificada en los meses de junio y julio
(2,75%). Con relación al poder adquisitivo del salario mínimo
vigente en agosto (209.088 bolívares), el INE explica que éste
se encuentra limitado al 80% del valor de la CAN (261.145
bolívares) (Instituto Nacional de Estadística, 02.10.03,
http://www.ine.gov.ve/ine/noticias/noticias.asp).
Por su lado, el Centro de Documentación y Análisis
Social de la Federación Venezolana de Maestros (CENDA),
reportó para el mes de septiembre un incremento de la Canasta
Básica Familiar (CBF) de 2,7% con respecto al valor de este
mismo indicador en agosto, alcanzando un costo de 1.224.036
bolívares (Ídem.). Tomando en cuenta que este indicador se
calcula sobre la base del consumo de una familia de 5
miembros, en la que 2 de ellos devengan el salario mínimo
vigente para ese entonces (209.088 bolívares), el déficit del
poder adquisitivo con respecto a la CBF es de 34,2% (805.860
bolívares).
En cuanto a la Canasta Alimentaria Familiar (CAF), el CENDA
registra para septiembre un aumento de 0,8% con respecto al
valor del mes de agosto (410.480 bolívares), alcanzado un
precio de 414.044 bolívares. La CAF, para ese mes, ocupa el
99% del poder adquisitivo de una familia de 5 personas en la
que 2 devengan el salario mínimo vigente hasta esa fecha
(209.088 bolívares) (Instituto Nacional de Estadística, Op.
cit.).
Acerca del comportamiento del consumo, vale la pena citar el
más reciente reporte realizado por la Cámara
Venezolano-Americana (Venamcham) en el que afirma que, en lo
que va de año, se ha observado un 40% en la caída de las
ventas de productos como leche, aceite comestible, bebidas
carbonatadas, agua mineral y jugos; así como un 30% de
reducción en la venta de cremas de arroz y guisantes.
Paralelamente, también se reporta el repunte de ventas de
desodorantes y sardinas en un 30% y de atún en 10% (El
Universal, 07.10.03, pág. 2/10).
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DERECHOS ECONÓMICOS,
SOCIALES Y CULTURALES
Situación de los indicadores laborales |
Según el Informe Mensual de la Situación de la Fuerza de
Trabajo en Venezuela correspondiente al mes de agosto de 2003
publicado por el INE el 29.09.03, la tasa de actividad de ese
mes llegó a 69,9%, es decir 12.051.454 personas de 15
años y más con disposición y disponibilidad para trabajar. Con
respecto a la tasa de actividad de julio (69,6%, 11.982.432
personas activas), se muestra un aumento de 0,3% y con
relación a agosto de 2002, registró un incremento de 0,8%
(436.422 nuevos activos). En el lapso comprendido entre agosto
2002/2003, todas las categorías de la población activa experimentaron
incrementos: ocupados, 1,6% (166.776 personas);
desocupados, 1,6% (269.646 personas); cesantes, 1,3% (216.731
personas); cesantes que buscaban trabajo por primera vez
0,4% (52.915 personas). La población económicamente inactiva
no evidenció variaciones significativas en ese lapso: 30,1%
(5.178.291 inactivos)
(Instituto Nacional de Estadística, 02.10.03,
http://www.ine.gov.ve/ine/hogares/menuhogares.asp).
En cuanto a la tasa de ocupación, es decir, el porcentaje de
personas activas que estaban trabajando en agosto de
2003, el INE reporta un 82,2% (9.901.776 personas), un 0,5%
más del registrado en julio del mismo año.
Frente a la tasa de agosto 2002 (83,8%: 9.735.000 personas),
el informe del INE reporta una variación del 1,6%. Se subraya
el hecho de que en el lapso de agosto 2002/2003, hubo un aumento de 96.371 mujeres ocupadas
así como también se reflejó un incremento de 94.244 ocupados
en el grupo etario comprendido entre los 45 a 64 años. El INE
complementa la exposición de estos indicadores destacando que
su comportamiento en el mes estudiado muestra una tendencia a la recuperación
iniciada en febrero, cuando había alcanzado el valor más
bajo de los últimos años (79,3%) (Ibíd.).
El porcentaje de ocupados en el sector formal para agosto 2003
se ubicó en 47% (4.653.747 trabajadores/as), Explica el INE que, tanto
en el sector público como en el privado este indicador mostró
una situación estable en comparación con julio 2003 y agosto
2002: en julio
laboraban en el sector formal 47% de los ocupados (4.606.901
trabajadores/as) y en agosto del año pasado el 48% (4.669.754
ocupados). Cabe recordar que el sector formal lo constituyen
las empresas con 5 o más personas (Ibíd.).
En el sector informal se observó que se sigue manteniendo el
porcentaje de julio (53%: 5.248.029 trabajadores/as). Con relación
a agosto 2002, hubo un aumento de 1%
(186.462 ocupados/as). Un 1,2% (134.570) de este sector
pertenecen a la categoría de empleados/as y obreros/as (Ibíd.).
Respecto a la tasa de desocupación, para agosto ésta se situó en
17,8% (2.149.678 desocupados), un 0,5% menos que la de julio (18,3%)
y 1,6% más que la reportada en agosto de 2002. Destaca el
informe que en el lapso de agosto 2002/2003, el grupo etario de 25 a 44 años de edad experimentó el
mayor crecimiento en el volumen de desocupados (2,4%) (Ibíd.).
Según otra fuente informativa, las cifras del INE contrastan con las
suministradas por la CTV, que colocan en el mes de agosto 2003 en 23%
al desempleo, un 5,2% más que el indicado por la fuente
oficial. La organización sindical ubica, también, el sector informal en 55%,
un 2% más que el ofrecido por el INE. Y a la tasa de ocupación
del sector formal en 22%, es decir, un 25% menos que los
reportados por el INE.
(El Nacional, 27.09.03,pág. A/16).
Por su parte, Alberto Macía, presidente de la Federación
Campesina, organización afiliada a la CTV, informó que el
desempleo en el sector agroindustrial supera el 85%, es decir,
que 170.000 de los 200.000 trabajadores de este sector están
desocupados (El Nacional, 26.09.03, pág. A/18).
Causas de esta situación son identificadas por Macía en "la
contracción de la economía que afecta al sector privado, en el
caso de los empresarios del campo la situación es más grave
pues muchos de ellos han tenido que cerrar o suspender la
siembra, ante la imposibilidad de acceder al crédito nacional
con tasas de interés muy altas. Por otra parte, la compra de
insumos importados -alimentos para animales, fertilizantes,
repuestos de maquinaria, etcétera-, está muy restringida con
el control de cambio" (Ídem.)
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DERECHOS ECONÓMICOS,
SOCIALES Y CULTURALES
Situación epidemiológica
nacional |
El
reporte epidemiológico semanal del Ministerio de Salud y
Desarrollo Social (MSDS), Alerta
Epidemiológica, en su edición N° 38 (MSDS, 06.10.03,
http://www.msds.gov.ve/msdsweb/Index.html),
correspondiente a la semana comprendida entre el 14 y el
20.09.03, notifica que la malaria disminuyó un 27% (637 casos
reportados) con respecto a la cifra de la semana 37 (873
casos). De esta misma enfermedad se registró un acumulado de
21.024 casos hasta la semana 38, es decir, un 10,5% menos que
los registrados en el año 2002 en ese mismo lapso (23.491
casos).
Con respecto al dengue, en la semana 38, Alerta documenta 721
casos, un 10% menos que los reportados en la semana N° 37
(802). El acumulado hasta la semana 38 es de 14.951 casos de
dengue en el territorio nacional, es decir, un 50,4% menos que
los casos acumulados en el año 2002 para ese lapso (30.170).
En cuanto al indicador Mortandad
Infantil, Alerta reseña un número de 132 defunciones
registradas en la semana 38, es decir, un 38,9% más que las
defunciones reportadas en la semana 37 (95). El total de
defunciones infantiles acumuladas este año hasta la semana 38
es de 4.125, un 11,3% más que el reseñado en ese mismo lapso
del año 2002 (3.705).
La Mortalidad Materna, para esta edición de
Alerta, reportó 7 defunciones en el ámbito nacional, un 16,6%
más que las de la semana 37 (6). Para la semana 37 el
acumulado reporta 196 defunciones, un 4,3% más que el número registrado en ese mismo
lapso del año 2002.
Con respecto a la situación epidemiológica relativa a la
fiebre amarilla, Alerta señala que hasta la semana 38 hay 31 casos confirmados,
de los que 2 casos y 1 muerte corresponden a la semana 33.
Entraron al sistema de vigilancia icterohemorrágica 4 casos
del Edo. Zulia y 9 casos del Edo. Táchira, los cuales esperan los resultados de descarte del Instituto Nacional
de Higiene. En este sentido, Alerta informa que para la semana
38 se descartaron 122 casos, se han recuperado 13 personas y
fallecieron 18 personas.
Alerta reseña que, hasta la semana 38, se han vacunado 469.032
personas en los municipios de alto riesgo con casos de
los Edos. Táchira y Zulia; 620.015 en los municipios de alto
riesgo sin casos; 672.843 en los municipios de bajo riesgo; y,
684.807 personas en los municipios de mediano riesgo.
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DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y
CULTURALES
Propuestas
y exigencias a los poderes públicos sobre
el derecho
a un ambiente sano |
- Establecer una política de desarrollo, sustentada en la
variable ambiental y la participación ciudadana;
- Revisar las concesiones y contratos o convenios petroleros
concedidos en el marco de la apertura petrolera, anulando
aquellos que se encuentren en áreas de alta fragilidad
ambiental y social;
- Dar efectiva vigencia a la Ley Penal del Ambiente;
- Revisar todas las concesiones mineras, permitiendo esta
actividad sólo en aquellas zonas que no estén en áreas
protegidas (Abrae) y territorios indígenas, y donde la
consecuente depredación no conlleve a daños en zonas de alta
diversidad biológica, en bosques nativos y cuencas;
monitoreando efectivamente el cumplimiento por parte de las
empresas mineras de todos los requerimientos y normativas
ambientales;
- Revisar y reformular la política de concesiones y manejo
forestal. Establecer un nuevo Plan Nacional Forestal dentro de
cuyos objetivos estará el congelamiento y eliminación de las
plantaciones forestales industriales que se estén
desarrollando a expensas del bosque nativo natural y de otras
formaciones vegetales de gran valor biológico. Sustituir los
objetivos de explotación económica por objetivos de
aprovechamiento sustentable de los recursos;
- Derogar por inconstitucional el Decreto 1.850 sobre la
Reserva Forestal de Imataca;
- Desarrollar planes efectivos de recuperación de cuencas y
embalses y el establecimiento y ejecución coordinada de un
Programa Nacional de Descontaminación de los Litorales
Marinos;
- Garantizar el cumplimiento de la normativa ambiental por
parte de todas las empresas e industrias que operan en el
país;
- Reformar las normas reglamentarias sobre Estudios de Impacto
Ambiental (EIA);
- Reformar las Normas Reglamentarias sobre parámetros de
calidad de agua y aire;
- Formular una política para la incorporación de todos los
municipios del país a la clasificación de Residuos Sólidos in
situ (orgánicos, plásticos, vidrios, cartones y papel), con
graduales y selectivos métodos de recolección y transporte de
basuras, asumiendo el reciclaje integral como nuevo medio de
descontaminación y producción de nuevas y sanas fuentes de
trabajo. Confección de un plan nacional para la reubicación y
construcción de rellenos sanitarios, con apoyo de las
gobernaciones estadales y municipios, que impida la
improvisación y establezca criterios unificados al respecto;
- Impulsar el reforzamiento o implementación por parte de las
municipalidades o las empresas privadas, de los sistemas de
recolección, disposición y tratamiento de aguas servidas
domésticas e industriales;
- Lanzamiento vigoroso de un Plan de Educación Ambiental que
incluya la educación al consumidor y a los productores sobre
los riesgos para la salud y el ambiente del uso de organismos
genéticamente modificados (OGM) y de miles de sustancias
químicas sintéticas empleadas por la industria moderna, todo
con miras a un mayor control o incluso sustitución por
productos naturales no dañinos;
- Desarrollar una política de desconcentración de plantas
industriales y negociación de plazos cortos para la adecuación
de empresas generadoras de desechos y contaminantes, al
tratamiento adecuado de sus efluentes y residuos, así como la
instalación de correctos dispositivos que eviten la inadecuada
disposición de los mismos;
- Declaratoria de una moratoria a la exploración y explotación
de petróleo y gas en el Delta del Orinoco y el Golfo de Paria;
- Declarar la moratoria a la explotación del carbón en la
Sierra de Perijá;
- Establecer una línea de emergencia telefónica ambiental,
para que Ministerio del Ambiente reciba y tramite denuncias (Provea,
http://www.derechos.org.ve).
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DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
Libertad de expresión en Venezuela: CIDH y caso Globovisión |
El pasado 03.10.03, Conatel
procedió a incautar algunos equipos de microondas
pertenecientes a Corpomedios GV Inversiones C. A., propietaria
de la emisora de televisión Globovisión, los cuales, según
explicó Jesse Chacón, ministro de Comunicación e Información,
no poseían la autorización de funcionamiento otorgada por la
Conatel, requerida por la Ley Orgánica de Telecomunicaciones
(Conatel, 06.10.03,
http://www.conatel.gov.ve/ns/index.htm).
Por su parte, Alvin Lezama, director general de Conatel,
aclaró que el pasado 19.08.03, se hizo una inspección a
esta televisora que determinó la existencia de unas
frecuencias de enlaces de microondas que no estaban
autorizadas en la base de datos del ente: "por lo que se le hizo
firmar un acta a los técnicos y representantes de la
televisora, un mes después se hace nuevamente la inspección y
se constata la misma irregularidad, por lo que se decidió
tomar esta medida perfectamente sustentada"
(Venpres, 06.10.03,
http://www.aporrea.org/dameverbo.php?docid=10415).
Aún cuando el procedimiento afectó la posibilidad de
transmisión vivo y directo exterior/estudio, la señal no salió
del aire, tal como inicialmente se presumió. A este respecto,
Chacón explicó que “la medida no es contra su sistema de transmisores
[de Globovisión] que
están debidamente permisados” (Aporrea, 04.10.03,
http://www.aporrea.org/dameverbo.php?docid=10398).
En la misma fecha de ejecución por parte de Conatel del
procedimiento sobre Globovisión, la emisora de televisión
informaba que José Zalaquett, presidente de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) decidía otorgar
medidas cautelares a favor de Globovisión para que Conatel
"suspenda de forma inmediata la incautación de los equipos y
restituir lo incautado lo antes posible [...] para garantizar
el derecho a la información de todos los ciudadanos
venezolanos" (Globovisión, 03.10.03,
http://www.globovision.com/nacionales/2003.10/03/ciddhh/index.shtml).
Santiago Cantón, secretario Ejecutivo de la CIDH, señaló en
esa oportunidad, que "el presidente de la Comisión consideró
que es importante tomar estas medidas para continuar, a través
de los distintos mecanismos que tiene la Comisión, inclusive
llamar a una reunión inmediata aquí en Washington entre el
gobierno y la Comisión para tratar de evaluar la situación y
ver de qué manera podemos seguir colaborando para mejorar la
situación" (Ídem.).
Poco antes, Eduardo Bertoni, Relator Especial para la Libertad
de Expresión de la CIDH, había emitido un comunicado
manifestando su "profunda preocupación por una medida
administrativa tomada por la Comisión Nacional de
Telecomunicaciones (Conatel), de Venezuela, contra el canal de
televisión Globovisión"
(Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, 04.10.03,
http://www.cidh.oas.org/Relatoria/).
César Gaviria, Secretario General de la OEA, también se
pronunció ese mismo día: "esperamos que esta
situación se pueda aclarar lo mas pronto posible, para que de
ninguna manera estos hechos sean interpretados como una
obstrucción o menoscabo a la libertad de expresión. Estamos
confiados que, en cumplimiento de tales procedimientos, se
respetará la ley y también el principio de la libertad de
expresión que tiene vigencia a todo lo ancho de nuestro
hemisferio y que todos en Venezuela acatan” (Organización de
Estados Americanos, 06.10.03,
http://www.oas.org/OASpage/press_releases/press_release.asp?sCodigo=C-188/03).
Finalmente, acerca de la aplicación del procedimiento
sancionatorio a Globovisión por parte de Conatel, sugerimos la
lectura del comunicado emitido por el Centro de Derechos
Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (Cddhh-UCAB)
en la sección DOCUMENTOS y de la edición N° 111 de este
servicio informativo (en
http://www.derechos.org.ve), en el que se aborda el tema
de los procedimientos contra las televisoras y su efecto sobre
el derecho a la libertad de expresión.
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DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
Cuestionada la CIDH por parcialidad |
La reacción de la
CIDH ante el caso Globovisión fue cuestionada por algunos
sectores de la sociedad venezolana, quienes reclamaron la
falta de una acción similar del órgano interamericano en el
caso de la emisora de televisión comunitaria Catia TVe
(Aporrea, 03.10.03,
http://www.aporrea.org/dameverbo.php?docid=10395).
Vale recordar que la emisora fue afectada por la medida ejecutada por la
Alcaldía Metropolitana de Caracas de cerrar un local donde se
hallaban equipos imprescindibles para su transmisión. Esta acción fue efectuada sin previo aviso y sin la autorización
de Conatel (ente estatal a cargo de los asuntos telecomunicacionales), violando los Artículos 57 y 58 de la
Constitución relativos a la libertad de expresión, tanto del
colectivo que constituye a la emisora como de los residentes
del sector al cual esta presta sus servicios (ver edición N°
121 de este servicio informativo en
http://www.derechos.org.ve). La emisora permanece fuera
del aire desde el 10.07.03, fecha en que la Alcaldía realizó
la medida.
Sobre este tenor, fue efectuado otro pronunciamiento por parte
de los representantes de la Comisión. Ante la pregunta de por
qué no se le otorgó medidas cautelares a Catia TVe con la
misma celeridad, Zalaquett respondió "no tener para ese momento información necesaria que le
permitiese actuar" (Radio Nacional de Venezuela, 06.10.03,
http://www.rnv.gov.ve/noticias/?act=ST&f=2&t=445).
Por su parte, Bertoni manifestó que había solicitado "información al Gobierno venezolano sobre el caso de Catia TVe
para investigar si los hechos ocurridos podrían ser de
competencia de una jurisdicción local, obteniendo de esta
manera información que le permitiera actuar ante el cierre de
este medio alternativo el cual mantenía informado a más de un
millón de ciudadanos.
Dicha solicitud de información no fue realizada por la CIDH
ante el Gobierno venezolano en el caso de Globovisión, por
'tenerse suficiente información para actuar' y de esta manera
aplicar el artículo 25 del reglamento de la Comisión" (Ídem.).
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DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
Corte IDH da
prórroga al Estado venezolano
para cumplir sentencia de El
Caracazo
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Según lo señala una fuente informativa (El Nacional, 30.09.03,
pág. A/6), la Corte IDH "concedió a Venezuela una prórroga
para informar sobre el cumplimiento de la sentencia que dictó
ese tribunal a favor de las víctimas de El Caracazo" (Ibíd.).
Jorge Dugarte, agente del Estado venezolano ante el sistema
interamericano, explicó que la máxima instancia jurídica
continental otorgó al Estado plazo hasta finales de noviembre.
Agregó Dugarte que "el proceso va lentamente, pero avanza"
(Ibíd.).
Debe recordarse que el pasado 18.09.03 venció el plazo puesto
por la instancia hemisférica para que el Estado cumpliera en
su totalidad la sentencia dictada el 29.08.02 acerca del caso
de El Caracazo, elevado ante el sistema interamericano de
protección de los derechos humanos por el Comité de Familiares
de las Víctimas de los Sucesos del 27 de Febrero y Marzo de
1989 (Cofavic) y el Centro por la Justicia y el Derecho
Internacional (CEJIL).
Este sería el primer desacato total de una sentencia de la
Corte IDH en el que incurre el Estado venezolano (ver edición
N° 126 de este servicio informativo en
http://www.derechos.org.ve).
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DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
CNE al día con el
derecho a elegir
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Este 25.09.03, la Junta Directiva del Consejo Nacional
Electoral (CNE) presentó públicamente la Resolución N°
030925-465 contentiva de las Normas para Regular los Procesos
de Referendos Revocatorios de Mandatos de Cargos de Elección
Popular (Consejo Nacional Electoral, 08.10.03,
http://www.cne.gov.ve/).
La normativa decidida obtuvo la aprobación unánime de los 5
directivos del ente comicial (El Nacional, 26.09.03, pág.
A/2). Francisco Carrasquero, presidente del CNE, informó que,
una vez verificadas las firmas solicitantes de procesos
revocatorios (proceso que deberá durar 30 días no
prorrogables), el organismo tomará 2 días para elaborar el
informe y la celebración del revocatorio se haría en los
siguientes 97 días de la aprobación de dicho informe (Ídem.).
Carrasquero agregó que los solicitantes podrán sugerir los
centros de recolección de firmas (2.700 en total, sin añadir
los itinerantes) y que cada centro contará con 2 observadores
nombrados por el CNE, más los respectivos suplentes (Ídem.).
Por su parte, Tibisay Lucena, directora suplente del CNE,
presentó el 08.10.03, los 4 instrumentos aprobados para la
recolección de rúbricas de la solicitud de referendos
revocatorios:
- La planilla de recolección de rúbricas, en la que se
solicita a los electores los datos establecidos en la
normativa (cédula de identidad, nombre y apellido del
firmante, fecha de nacimiento, firma y la huella dactilar),
tiene un encabezado en el que se indica el nombre del
funcionario a revocar y el tiempo en que se vence su período
en el cargo. Cada planilla permite el registro de 10 rúbricas.
En la parte posterior de la planilla se registran los datos de
identidad de los observadores y los recolectores, así como la
fecha en que se recogieron, la hora en que se inicia el
proceso y la hora del cierre;
- La planilla que portarán los recolectores itinerantes es
igual, pero contiene la palabra itinerante;
- El acta de proceso de recolección de firmas', en el que al
final de cada día observadores y recolectores de firmas deben
asentar la información que se solicita, de acuerdo a las
normas; y,
- El acta de proceso de la entrega de las planillas
itinerantes, que se llenará al momento de solicitarlas al CNE.
''Se le entregan un número determinado y aquí se recogen los
seriales de las planillas que se están llevando y el número de
recolectores itinerantes'', añadió Lucena (El Universal,
08.10.03,
http://www.eluniversal.com/).
Finalmente, el CNE anunció este 09.10.03, el inicio de una
jornada extraordinaria del Registro Electoral Permanente (REP)
a partir del 15.10.03 y hasta el 15.12.03. Para este fin, el
ente comicial tiene previsto habilitar 435 centros de
inscripción en todo el país (Globovisión, 09.10.03,
http://www.globovision.com/index3.php).
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DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
Defensoría del Pueblo insta a MIJ
y a MP a luchar contra el sicariato en zonas fronterizas |
La Defensoría del Pueblo dirigió, este 26.09.03, al Ministerio
de Interior y Justicia (MIJ) y al MP un comunicado en el que
manifiesta su preocupación por "el incremento de las
violaciones del derecho a la vida en estas zonas [fronterizas]" (El
Universal, 27.09.03, pág. 1/8) y solicita "la urgente
designación de fiscales especiales y la asignación de recursos
al Cicpc, para que investiguen de inmediato la muerte en
extrañas circunstancias de defensores de derechos humanos,
activistas políticos y dirigentes agrarios" (Ibíd.)
En la misiva dirigida a Lucas Rincón, titular del MIJ,
solicitó "que se efectúe la presta coordinación de los órganos
de seguridad ciudadana, municipales y estadales, de
conformidad con lo establecido en el artículo 332 de la
Constitución".
La carta de la Defensoría describe la situación de indefensión
que mantiene atemorizada a la ciudadanía de los estados
fronterizos y otros, a causa de los asesinatos y amenazas de
muerte efectuados por grupos violentos. Señala, además, una
cifra de 98 asesinatos atribuibles al sicariato. "Las muertes
tienen lugar en la frontera y se calculan 69 en el Estado
Táchira (en lo que va de año), 19 en Apure, 5 en Zulia, 2 en
Barinas y 1 en Mérida, Portuguesa y Yaracuy, respectivamente"
(Ibíd.).
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DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
Indicadores del derecho a la seguridad ciudadana |
La Academia Nacional de Medicina realizó, el pasado 03.10.03,
una jornada de discusión acerca del tema de la inseguridad
ciudadana y la violencia (El Nacional, 03.10.03, pág. B/14).
José Avilán Rovira, miembro de número de la organización,
señaló que "los homicidios y suicidios son la quinta causa de
muerte de los venezolanos y están en el primer lugar en cuanto
a la causa que determina mayor pérdida de años de vida útil"
(Ibíd.). Rovira agregó que la proporción de homicidios es de
45 por cada 100.000 habitantes, más del doble del promedio
mundial; esta proporción aumenta a 139 por cada 100.000 en el
sector masculino comprendido entre los 15 y 29 años (Ibíd.).
Roberto Briceño-León, director del Laboratorio de Ciencias
Sociales de la Universidad Central de Venezuela, resaltó que
"las tasas de asesinatos en los países pobres son de 28,8
personas por 100.000 habitantes, mientras que en los países
ricos el número desciende a 14,4 personas por 100.000 [...] En
10 años se había triplicado el número de crímenes de 3.000 que
había en 1992 a más de 9.000 en 2002. Había 5 homicidios
diarios en 1990 y en 2002 se produjeron 25 homicidios al día"
(Ibíd.).
Por su parte, Marcos Tarre Briceño, experto en temas de
seguridad ciudadana, indicó que "desde 1998 evolucionaron casi
todos los delitos en Venezuela [...] Hasta julio de 2003, se
produjeron 6.507 homicidios, 30% más que en 2002 para la misma
fecha. Además, hasta julio de 2003 han ocurrido143 secuestros,
43% más que en 2002. Informó que el año pasado se registró la
más alta cifra de atracos de la historia, 38.641 reportados en
la policía científica. El robo y el hurto de vehículos también
ha sido el mayor, 52.000 en 2002. En 10 años, 7,64 de la
población ha sido víctima de un delito grave [...] cada año se
han sumado nuevas formas de la violencia: en 1994 comenzaron
los piratas de carretera; en 1995, los linchamientos; en 1996,
los secuestros expres; en 2000, las redes de pedofilia y la
producción de cocaína; en 2001, los grupos exterminio; en
2002, la violencia política y la industria local del
secuestro; y, en 2003, el terrorismo" (Ibíd.).
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DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
Propuestas y exigencias
a los poderes públicos sobre el
derecho de
las personas
detenidas y encarceladas |
- Llevar adelante las acciones requeridas para concretar el
modelo penitenciario plasmado en la Constitución, en su artículo 272.
Principalmente, en lo relativo a la descentralización de los
centros de reclusión, la creación de un ente penitenciario con
carácter autónomo y el fomento de políticas de rehabilitación;
- Garantizar que el control interno de los reclusos esté a
cargo de personal civil debidamente capacitado y que el número
de custodios asignado en cada centro guarde correspondencia
con el total de reclusos;
- Normar los procedimientos de inspección a los visitantes de
los centros de reclusión, garantizando un trato digno y
respetuoso, y prohibir la práctica de inspecciones contrarias
a la integridad personal;
- Asegurar el acceso a los medios de comunicación, abogados
litigantes y las ONG de derechos humanos a los recintos
penitenciarios, sin más restricciones que las derivadas de
normas de seguridad;
- Garantizar un mayor número de Jueces de ejecución y una
actuación efectiva de los mismos, incrementando el número de
visitas a los establecimientos penales y de entrevistas con
los detenidos;
- Lograr el establecimiento de criterios y prácticas comunes
entre el Ejecutivo Nacional y el Poder Judicial para la debida
aplicación de los beneficios que corresponde otorgar a la
población reclusa, que califique para ellos. Sin más
exigencias y limitaciones que las establecidas legalmente;
- Garantizar el traslado seguro de los internos a los
tribunales, impidiendo la comercialización de este derecho y
las situaciones que suponen riesgo para la vida e integridad
física de los detenidos;
- Separar a los internos en cada establecimiento
penitenciario, según categorías de edad, sexo, motivos de
detención, estado del proceso y medidas a ser aplicadas;
- Asegurar el pleno disfrute del derecho a la visita intima de
la población penal femenina, sin más restricciones que las de
seguridad general del recinto penitenciario;
- Garantizar el acceso de la población reclusa a los servicios
de salud, asegurando el debido seguimiento y tratamiento a los
casos específicos de alteraciones de salud que así lo
ameriten;
- Suministrar a los internos una dieta alimentaria que
garantice niveles óptimos de salud. La dieta debe contemplar
los requerimientos especiales de las reclusas embarazadas, así
como de las madres en período de lactancia, y los menores de
edad que permanecen en centros de reclusión junto a sus
madres;
- Implementar programas educativos y laborales para la
población penal, así como las instancias requeridas para el
seguimiento y mantenimiento de los mismos;
- Garantizar equipos técnicos de profesionales que funcionen
en los centros de reclusión a objeto de dar seguimiento al
comportamiento del recluso y certificar que éstos son aptos
para el otorgamiento de los beneficios contemplados en las
leyes vigentes;
- Procurar las condiciones óptimas de infraestructura y
atención especializada para aquellos reclusos y reclusas
beneficiados con medidas de pre libertad;
- Alcanzar una infraestructura y una asignación presupuestaria
óptima que posibilite el cumplimiento a cabalidad de los
programas de tratamiento y sanciones contemplados en la Ley
Orgánica de Protección del Niño y el Adolescente (Lopna);
- Garantizar a la población reclusa un sistema de recepción y
trámite de denuncias de violaciones a los derechos humanos
cometidas al interior de los penales con miras a que se
investiguen, sancionen y reparen. Este sistema debe contemplar
la salvaguarda de la integridad y la vida de los denunciantes.
Así mismo, debe producir informes, de carácter público, sobre
la cantidad de denuncias presentadas y los resultados
obtenidos;
- Eliminar la práctica de los traslados de reclusos entre
diferentes centros de reclusión como medida de castigo, dado
que aumentan su vulnerabilidad frente a amenazas a su vida e
integridad física
(Provea,
http://www.derechos.org.ve).
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ARTÍCULOS
Son Derechos: “Día de la resistencia indígena” |
"Hace un año fue decretado el 12 de Octubre como 'Día de la
Resistencia Indígena', en reconocimiento a la constancia de
estos pueblos en la lucha por su dignidad.
Hoy consagrados constitucionalmente, los derechos indígenas
representan un importante paso en el reconocimiento de un
sector de la población históricamente excluida.
Sin embargo, este significativo avance en materia legal o el
justo reconocimiento de su resistencia no son suficientes. Es
necesario que el Estado diseñe y ejecute políticas sociales
que permitan el acceso equitativo a bienes y servicios, y
garanticen el desarrollo digno que estos pueblos justamente
merecen.
En todo esto se aprecian enormes debilidades. Por ejemplo, la
demarcación de sus territorios, proceso que los protegería de
abusos y garantizaría su derecho a la propiedad colectiva de
las tierras, según lo establece el artículo 119 de la
Constitución, está notablemente atrasado, pese a que una
disposición transitoria en la misma, estableció un lapso de 2
años para realizarla, un plazo que venció en diciembre de
2001.
Este atraso, sumado a otras violaciones de sus derechos,
explican la migración de ciudadanos/as de estas comunidades
hacia los centros urbanos en situación de mendicidad y sin que
ninguna autoridad estatal solucione esta situación de manera
estructural" (Provea, 09.09.03,
son@derechos.org.ve).
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DOCUMENTOS
Centro de Derechos
Humanos de la UCAB: "Aplicación de Ley Orgánica de
Telecomunicaciones viola derechos" |
"El Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica
Andrés Bello (Cddhh-UCAB) considera oportuno pronunciarse ante
el procedimiento seguido por la Comisión Nacional de
Telecomunicaciones (Conatel) contra el canal de televisión
Globovisión, el viernes 3 de octubre de 2003. Este hecho puede
considerarse como una restricción al libre flujo informativo
en Venezuela y por tanto afecta al derecho a la libertad de
expresión e información.
Conatel inició este procedimiento de carácter
“provisionalísimo” basándose en la Ley Orgánica de
Telecomunicaciones, la cual entró en vigencia en el año 2000.
De acuerdo con la versión de las autoridades, Globovisión está
en una situación ilegal al usar un espacio del espectro
radioeléctrico sin el debido permiso del ente para las
transmisiones en directo desde lugares distintos a sus
estudios. En el acto se le incautaron siete equipos de
microondas y una antena. Este mecanismo de actuación
inmediata, si bien está establecido en la ley, es un
procedimiento a todas luces contrario al principio de
presunción de inocencia y debilita seriamente el derecho a la
defensa, pues se aplica la sanción de inmediato y con
posterioridad el afectado es que puede demostrar o no su
responsabilidad.
Esta norma de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones ha sido
impugnada ante el TSJ y aún cuando éste no se ha pronunciado,
resulta contraproducente su aplicación.
La aplicación del procedimiento, en la forma que fue
ejecutado, limitará –según las autoridades- durante un lapso
de entre 60 y 90 días la transmisión vía microondas de la
estación televisiva. Esto repercute negativamente en el flujo
informativo del país, debido a que Globovisión es un canal
dedicado exclusivamente a la transmisión de noticias. En este
contexto es válido reafirmar el principio 13 de la Declaración
de Principios sobre la Libertad de Expresión de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, que señala muy claramente
que “las presiones directas o indirectas dirigidas a silenciar
la labor informativa de los comunicadores sociales son
incompatibles con la libertad de expresión”.
Del mismo modo, de acuerdo con diversos especialistas del
sector de telecomunicaciones, a la fecha no se conocía de
procedimientos similares contra otras estaciones de radio o
televisión. Preocupa que el caso de Globovisión pueda
convertirse en la primera de una serie de actuaciones de
Conatel que, apelando al carácter “provisionalísimo” de las
medidas, tenga como resultado la incautación de equipos sin la
posibilidad de una defensa ajustada a derecho por parte de los
afectados.
El Centro de Derechos Humanos de la UCAB reconoce la potestad
de Conatel para manejar la administración del espectro
radioeléctrico del país, pero del mismo modo le solicita a
esta entidad estatal no repetir actuaciones como la ocurrida
este 3 de octubre en Globovisión, utilizando los recursos ya
descritos anteriormente. Nuevos procedimientos similares
evidenciarían una política deliberada, restrictiva del libre
flujo informativo, que terminaría afectando no sólo a un grupo
de medios privados del país, sino al conjunto de la sociedad
que se vería privada del acceso a hechos noticiosos de su
interés, y en cuya cobertura resulta indispensable este
equipamiento técnico. Debemos recodar que el derecho humano a
la libertad de expresión e información cobra mayor relevancia
en situaciones políticas conflictivas como la que atraviesa
actualmente Venezuela" (Centro de Derechos Humanos de la UCAB,
05.10.03, cddhh@ucab.edu.ve).
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DOCUMENTOS
Posición de las organizaciones de derechos humanos frente
a los derechos de los niños, niñas y adolescentes hijos de los
trabajadores y trabajadoras cesantes de Pdvsa |
Cecodap, Provea y la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz,
manifestamos públicamente nuestra preocupación por el estado
emocional y psicológico, la integridad física, y la
interrupción de la prosecución escolar de los niños, niñas y
adolescentes, hijos de los trabajadores cesantes de Pdvsa.
Lamentamos los hechos de violencia que se han presentado y
expresamos nuestra solidaridad a las niñas, niños y
adolescentes afectados, víctimas inocentes de esta situación.
Nuestra posición es que todos los actores involucrados en el
conflicto deben cumplir con los principios del interés
superior de los niños, niñas y adolescentes como sujetos de
derecho, sin discriminación alguna.
Desde el mes de agosto organizaciones de derechos humanos
hemos venido recabando información, realizando gestiones,
reuniéndonos con parte de los actores involucrados, albergando
la esperanza de la disminución del conflicto.
Entendemos que la naturaleza del conflicto laboral es compleja
y como tal su solución no está a la vuelta de la esquina. Es
por ello que alertamos sobre la posibilidad de la amenaza o
violación de los derechos de las niñas, niños y adolescentes,
por las partes en conflicto con el fin de hacer prevalecer
intereses evidentemente contrapuestos.
Cualquier acuerdo que beneficie a las niñas, niños y
adolescentes no puede ser interpretado como una victoria de
ninguna de las partes y, obviamente, no interfiere en los
procedimientos y acciones legales que las partes, ejerciendo
sus legítimos derechos, tienen incoadas y que deben seguir su
curso ante las instancias pertinentes encargadas de tomar las
decisiones correspondientes.
Reiteramos nuestro enérgico llamado al Estado venezolano a
respetar y promover los derechos humanos de todas las personas
y especialmente de todas las niñas, niños y adolescentes. A
establecer rápidas y efectivas medidas de protección asumiendo
su papel de garante de todos los derechos de todas las
personas, así como investigar todos los hechos que vulneren o
pongan en peligro los derechos humanos y sancionar a las
personas responsables de violaciones o amenazas de tales
derechos.
A todos los actores hacemos el siguiente llamado:
A LAS AUTORIDADES JUDICIALES Y POLICIALES:
Exigimos garantizar los derechos humanos de los niños, niñas y
adolescentes y sus familias durante los procedimientos de
desalojo. Observar el cumplimiento de las normas nacionales e
internacionales vigentes, entre otras la Observación General
Nº 7 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
de Naciones Unidas, la cual considera que los desalojos
forzosos son, en principio, incompatibles con el derecho a la
vivienda reconocido en el Pacto de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales de las Naciones Unidas. Para el Comité,
de ser necesario llevarlos a cabo, es preciso que se adopten
medidas de reubicación, a fin de que las personas no queden
desamparadas, y que se garantice una justa indemnización por
los bienes personales que pudieran ser afectados.
Los cuerpos de policía deben ser los encargados de apoyar los
procedimientos de desalojo; si los mismos son desbordados,
deben contar con el apoyo de la Guardia Nacional. La actuación
del Ejército es inconveniente.
El Estado debe ofrecer a las personas afectadas los recursos
jurídicos adecuados y deberá evitar o minimizar el uso de la
fuerza, respetando los principios generales de la razón y la
proporcionalidad. El Comité también recomienda practicar los
desalojos con el debido respeto a la integridad física y moral
de las personas y el resguardo de sus bienes. Lo que implica,
entre otras obligaciones, la de abstenerse de utilizar o
disparar bombas lacrimógenas u otro artefacto o sustancia
química o tóxica dentro de las casas o recintos cerrados.
De la misma manera, el Comité exhorta a no realizar desalojos
en horas nocturnas, y que haya presencia de funcionarios del
gobierno durante los procedimientos, a fin de garantizar el
debido proceso y los derechos humanos de los ocupantes de las
viviendas.
PDVSA:
Acatar sin dilaciones las decisiones de los Tribunales de
Protección y Consejos de Protección del Niño y del Adolescente
a favor del derecho a la educación de los hijos de
trabajadores cesantes de Pdvsa. Suministrar información al
Ministerio de Educación Cultura y Deportes y a los
representantes de los trabajadores cesantes sobre la cantidad
de estudiantes que permanecen en las instituciones educativas
y aquellos que no fueron inscritos.
Mantener un clima de paz y respeto en todos los centros
educativos que dependen de la Empresa y velar porque no exista
discriminación de ningún tipo hacia los estudiantes, por las
acciones o posiciones gremiales o políticas de sus
representantes.
Inscribir a los hijos de los trabajadores cesantes en las
instituciones educativas de la empresa, en aquellos lugares en
que no existan planteles educativos oficiales nacionales,
estatales, o municipales cercanos a las viviendas, a fin de
evitarle dificultades en el cambio de ambiente escolar a los
estudiantes. Estableciendo las normativas y requisitos para
que esto sea posible sin discriminación por clase social,
posición política o de otra índole.
GOBERNADORES Y ALCALDES DE LOS ESTADOS ZULIA, FALCÓN,
ANZOÁTEGUI Y MONAGAS:
Garantizar la inscripción de los hijos de los trabajadores
cesantes de Pdvsa en planteles Estadales y Municipales
aledaños a los campos petroleros o donde actualmente residan.
Emprender estrategias que faciliten la solución del conflicto
que amenaza la prosecución escolar de la población mencionada.
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES:
Garantizar la inscripción en los planteles oficiales a todos
los estudiantes, hijos de trabajadores cesantes de Pdvsa que
así lo soliciten, cualquiera sea el lugar de Venezuela donde
se hayan trasladado, en los términos que establece el Art. 53
de la Lopna:
“Todos los niños y adolescentes tienen derecho a la educación.
Asimismo, tienen derecho a ser inscritos y recibir educación
en una escuela, plantel o instituto oficial de carácter
gratuito y cercano a su residencia”.
A los fines de facilitar la inscripción en los planteles
oficiales, instamos al Ministro de Educación, Cultura y
Deportes, así como a los Jefes de las Zonas Educativas,
Direcciones de Educación Estadales y Municipales, a designar
los funcionarios necesarios que atiendan las solicitudes de
inscripción, sin demoras. Así mismo, coordinar un plan de
contingencia en articulación con alcaldías y gobernaciones, a
fin de garantizar la prosecución escolar de los niños, niñas y
adolescentes que venían cursando estudios en la instituciones
educativas de Pdvsa.
CONSEJOS DE PROTECCIÓN, CONSEJOS MUNICIPALES, ESTADALES Y
NACIONAL DE DERECHOS, FISCALÍA Y TRIBUNALES DE PROTECCIÓN DE
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES:
Activar el Sistema de Protección para garantizar el interés
superior en las medidas y acciones de protección a favor de
los niños, niñas y adolescentes afectados por el conflicto
laboral de sus padres, sin discriminación alguna.
Aplicar los procedimientos correspondientes para proteger la
integridad física, la salud mental, el derecho a la educación,
a la seguridad personal de los niños, niñas y adolescentes y
sus familias que viven en los campos petroleros.
MINISTERIO PÚBLICO
Investigar la actuación de las fuerzas de seguridad y orden
público (Guardia Nacional, policías estadales y municipales)
para determinar si ha habido un uso excesivo de la fuerza en
sus actuaciones y establecer las responsabilidades del caso si
fuere necesario.
Ser garante en los procesos de desalojo para que estén
ajustados al debido proceso y se respeten los derechos
humanos.
DEFENSORÍA DEL PUEBLO:
Activar sus mecanismos de mediación y conciliación con el
propósito de facilitar la resolución del conflicto que afecta
a los niños, niñas y adolescentes. Velar por el respeto de los
derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes y sus
familias durante los procedimientos de desalojo.
PADRES, REPRESENTANTES Y FAMILIARES:
Garantizar el interés superior al proteger la integridad
física, la salud mental, emocional de los niños, niñas y
adolescentes. Excluirlos del conflicto político y de acciones
que puedan generar hechos violentos que los afecten.
Cumplir con la responsabilidad de inscribirlos en una
institución educativa sin más demoras, en los términos que les
impone el Art. 54 de la LOPNA:
“Los padres, representantes o responsables tienen la
obligación inmediata de garantizar la educación de los niños y
adolescentes. En consecuencia, deben inscribirlos
oportunamente en una escuela, plantel o instituto de
educación, de conformidad con la ley…”
Igualmente les pedimos cumplir con las decisiones de los
Tribunales de Protección de Niños y Adolescentes.
GENTE DE PETRÓLEO, FEDEPETROL Y UNAPETROL:
Les exhortamos a buscar acuerdos y compromisos por la vía del
diálogo con las autoridades competentes, que conduzcan a
proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Asimismo, les instamos a no involucrar a los niños, niñas y
adolescentes en conflictos donde peligre su integridad física,
psicológica y emocional, así como el disfrute (pleno y
efectivo) del derecho a la educación.
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES:
Ante la situación que los afecta, los instamos a desarrollar
mecanismos de convivencia, tolerancia y respeto mutuo; a
coordinar con sus familiares, organismos, y organizaciones,
estrategias para la conciliación y la paz.
POR ÚLTIMO:
Las organizaciones ratificamos nuestra voluntad de facilitar
el proceso de diálogo y negociación. Para ello solicitamos,
que cada una de las partes deje de lado sus intereses
particulares o sectoriales teniendo como único norte el
interés superior del niño, su paz y tranquilidad Yolanda de
Prince, Cecodap; Carlos Correa, Provea; Alfredo Ruíz, Red de Apoyo por la Justicia y la Paz" (Cecodap, 02.10.03,
derechamos@cecodap.org.ve).
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DOCUMENTOS
Unicef llama al país a respetar
los derechos de los/as niños/as |
"Ante los últimos acontecimientos en los campos petroleros de
los estados Zulia, Monagas, Anzoátegui y Falcón, en donde se
han visto envueltos niñas, niños y adolescentes, el Fondo de
las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) reitera que, de
acuerdo a la Convención sobre los Derechos del Niño y la
legislación nacional, el interés superior del niño debe
prevalecer en cualquiera circunstancia. En situaciones de
conflicto, la sociedad en su conjunto debe velar para que la
niñez no sufra las consecuencias de las acciones tomadas por
los adultos y para que se respete su integridad física y
emocional.
Frente al problema que se está viviendo en estas zonas
petroleras del país, Unicef ha venido brindando sus buenos
oficios y en este sentido ha actuado, conjuntamente con
instituciones del poder público y
organizaciones de Derechos Humanos, para facilitar las
condiciones que aseguren la matrícula escolar a los hijos de
los trabajadores despedidos.
Unicef ratifica su compromiso con los derechos de todos los
niños y su voluntad de seguir prestando sus buenos oficios
para que ningún niño hijo de los trabajadores despedidos de
Pdvsa quede sin matricular. En este sentido, solicita a todas
las partes prestar información precisa y detallada que permita
resolver los obstáculos que aún se presentan.
Unicef recuerda que, en el marco de la Convención sobre los
Derechos del Niño y de la legislación nacional, el Estado está
obligado a garantizar la educación a todos los niños, niñas y
adolescentes y su integridad física aun en situaciones de
ejecución de órdenes judiciales. Por otra parte, los padres y
representantes están obligados a matricular a sus niños sin
condicionar esta obligación a la resolución de otros tipos de
conflictos y a no exponerlos a riesgos.
Unicef hace un llamado a los mismos niños, niñas y
adolescentes para que sean constructores de un mundo mejor y
más apropiado para ellos y recuerda que un amigo puede seguir
siendo amigo independientemente de las condiciones laborales o
posición política de sus respectivos padres. Anna Lucia D'
Emilio, Representante Delegada Unicef Venezuela.
Caracas, 8 de Octubre de 2003" (Bernardo Pisani, 08.10.03,
bpisani@unicef.org).
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DOCUMENTOS
Declaración del Centro Carter como respuesta a peticiones de
los medios de comunicación sobre la reciente sanción del
Gobierno a Globovisión y el bombardeo a Globovisión |
"Observamos con preocupación que el enfrentamiento político
está entrando en una nueva fase de escalada y que esto, sin
duda, alienta la violencia. Nosotros condenamos la violencia,
bajo cualquiera de sus manifestaciones, y trabajamos por el
diálogo, la defensa de la coexistencia, la búsqueda de
consensos y la construcción pacífica de una Venezuela para
todos.
En el Centro Carter hemos mantenido una presencia permanente
en Caracas desde hace mas de un año, con el propósito de
servir como facilitadores del diálogo y la negociación entre
el Gobierno y los factores de oposición, con un estricto
respeto a la soberanía nacional. Específicamente, hemos
intentado y seguiremos intentando trabajar en mejorar la
relación medios-gobierno, mientras así lo deseen sus
protagonistas.
En cualquier proceso conflictivo, cada parte espera que los
facilitadores se expresen a favor de sus intereses y condenen
al adversario. Eso es lo que hacen los árbitros, no los
facilitadores. Nosotros no somos árbitros, como sí lo son el
Consejo Nacional Electoral y el Poder Judicial en Venezuela.
Pero sí defendemos valores y sostenemos principios,
relacionados con la paz, la justicia, el sistema democrático y
el estado de derecho" (Centro Carter, 90.10.03,
http://www.cartercenter.org/viewdoc.asp?docID=1504&submenu=news).
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DOCUMENTOS
Proyecto
de Declaración de Margarita |
"Presentada por la Misión Permanente de Venezuela ante la OEA
-No ha sido aprobada por el Cepcidi
REUNIÓN DE ALTO NIVEL SOBRE POBREZA, EQUIDAD E INCLUSIÓN
SOCIAL
Isla de Margarita, Venezuela, Octubre 8, 9 y 10 de 2003
Los Ministros de Desarrollo Social y las Máximas Autoridades
Gubernamentales responsables de combatir la pobreza, los Jefes
de Delegación, así como los Embajadores - Representantes
Permanentes de los países miembros de la Organización de los
Estados Americanos, reunidos en la Isla de Margarita,
Venezuela, los días 8, 9 y 10 de octubre de 2003, para buscar
estrategias y garantizar la promoción y observancia de los
derechos económicos, sociales y culturales para promover la
equidad, la inclusión social y superar la pobreza.
CONSIDERANDO QUE:
La Carta de la Organización de los Estados Americanos
establece en su Artículo 2. (g) que uno de los propósitos
esenciales de la Organización consiste en la erradicación de
la pobreza crítica, que constituye un obstáculo al pleno
desarrollo democrático de los pueblos del Hemisferio;
La Carta Democrática Interamericana reafirma “que la lucha
contra la pobreza, especialmente la eliminación de la pobreza
crítica, es esencial para la promoción y consolidación de la
democracia y constituye una responsabilidad común y compartida
de los Estados Americanos”;
El Programa Interamericano de Combate a la Pobreza y la
Discriminación declara que la superación de la pobreza y la
discriminación requiere de la aplicación de políticas
integrales definidas y aplicadas por el Estado con la plena
participación de todos los sectores de la sociedad, y que el
crecimiento económico es una condición fundamental pero no
suficiente para promover una mejor calidad de vida, superar la
pobreza y eliminar la discriminación y la exclusión social;
El Plan Estratégico de Cooperación Solidaria 2002-2005 destaca
que la lucha contra la pobreza y la desigualdad, y
especialmente la eliminación de la pobreza extrema, constituye
una responsabilidad común y compartida de los Estados Miembros
y son factores esenciales para la promoción y consolidación de
la democracia. Asimismo, que la necesidad de alcanzar el
desarrollo social y económico de forma integral, equitativa y
sostenible, continua siendo un gran reto para el hemisferio;
La Declaración de Bávaro para el Mejoramiento de la
Agricultura y la Vida Rural en las Américas reconoce que la
agricultura es el medio de vida de millones de familias
rurales del hemisferio y destaca su importancia para alcanzar
la seguridad alimentaria y el fortalecimiento del sistema
socio económico de las naciones.
La Declaración de la Tercera Cumbre de las Américas señala que
“no escatimaremos esfuerzos para liberar a los ciudadanos de
las condiciones inhumanas de la pobreza extrema”;
La Declaración de Santiago sobre Democracia y Confianza
Ciudadana señala que el fortalecimiento de la gobernabilidad
democrática requiere la superación de la pobreza, la exclusión
social y la promoción del crecimiento económico con equidad;
La Resolución AG/RES. (XXXIII-O/03) 1962, sobre Pobreza,
Equidad e Inclusión Social, reitera "que el combate a la
pobreza es una prioridad y preocupación constante de los
Estados Miembros y que la organización debe apoyar sus
esfuerzos para disminuir los niveles de pobreza en el
Hemisferio";
La Declaración de la Cumbre sobre Desarrollo Social de
Copenhague incluye compromisos relativos al desarrollo social,
erradicación de la pobreza, a la promoción del pleno empleo,
de la integración social, igualdad y equidad entre mujeres y
hombres, acceso universal a la educación y a la seguridad
social, entre otros.
La Declaración de la Cumbre sobre la Alimentación: Cinco Años
Después reitera los compromisos asumidos en la Declaración de
Roma sobre la Seguridad Alimentaria donde se reconoce el
derecho fundamental de toda persona a no padecer hambre y la
necesidad de adoptar medidas para cumplir con el objetivo de
alcanzar la seguridad alimentaria.
La Declaración del Milenio por intermedio de la cual los Jefes
de Estado y de Gobierno del mundo declararon que no
escatimarán esfuerzos para liberar a los hombres, mujeres y
niños, “de las condiciones abyectas y deshumanizadoras de la
pobreza extrema, a la que en la actualidad están sometidos más
de 1.000 millones de seres humanos” y que al mismo tiempo
están empeñados “en hacer realidad para todos el derecho al
desarrollo y a poner a toda la especie humana al abrigo de la
necesidad.”
El Consenso de Monterrey asume el compromiso de “promover
sistemas económicos nacionales y mundiales basados en los
principios de justicia, equidad, democracia, participación,
transparencia, responsabilidad e inclusión";
La Declaración de Johannesburgo sobre Desarrollo Sustentable
señala que "la línea profunda que divide la sociedad humana
entre los ricos y pobres y la siempre creciente brecha entre
los mundos desarrollados y en desarrollo presenta una amenaza
importante a la prosperidad, seguridad y estabilidad global";
La Cumbre Extraordinaria de las Américas dará pie para un rico
diálogo sobre una agenda hemisférica dirigida al crecimiento
económico con equidad, al desarrollo social y a la
gobernabilidad democrática, los cuales son elementos vitales
para impulsar el desarrollo en forma armónica y lograr que
nuestros países alcancen las metas convenidas
internacionalmente.
La Declaración de Cartagena de Indias de los Ministros y las
Máximas Autoridades Gubernamentales responsables de políticas
culturales del hemisferio, reconoce a las políticas culturales
gubernamentales que preservan y promueven la diversidad
cultural, como un factor fundamental del desarrollo social y
económico de nuestros países y un mecanismo clave en la lucha
contra la pobreza y el mejoramiento de la calidad de vida. .
El compromiso de los Ministros de Trabajo del continente,
reunidos en la XIII Conferencia Interamericana de Ministros de
Trabajo de la OEA reafirmó su disposición de unir esfuerzos
para lograr el desarrollo integral, de todos los Estados
miembros, en los campos económico, social, educativo,
cultural, científico y tecnológico. En este sentido, acordaron
dedicar mayores esfuerzos a la consecución, entre otras metas,
de la distribución equitativa de la renta nacional, del pago
de salarios justos, de la generación de oportunidades de
empleo y de condiciones de trabajo que son consistentes con
estándares internacionalmente aceptadas.
Tanto el desarrollo, la justicia y la economía social, son
elementos fundamentales e indispensables para la consecución y
el mantenimiento de la democracia política, la paz y la
seguridad en nuestras naciones y entre ellas.
No obstante los esfuerzos desplegados y los progresos
alcanzados en algunas áreas del desarrollo económico y social,
nuestro Hemisferio sufre las mayores inequidades mundiales en
la distribución de los ingresos, en el acceso al crédito, a la
educación, a la salud de calidad y a la nutrición; y carece de
efectivas redes de protección social como mecanismos para la
superación de las situaciones de pobreza, en particular a
aquellas de pobreza extrema, en la que todavía permanecen
amplios sectores de nuestras sociedades.
DECLARAN:
1. Reconocemos que el desafío de alcanzar un desarrollo social
justo y sostenible continúa siendo una de las tareas más
urgentes en nuestro Hemisferio. Tanto la consolidación de la
democracia, la plena vigencia de los derechos fundamentales de
nuestros ciudadanos, así como la plena integración de nuestras
economías en beneficio de las mayorías, requieren una sociedad
en la cual sus miembros cuenten con oportunidades que les
permitan desarrollar sus capacidades personales y participar
plenamente en la sociedad. Ello requiere la garantía de los
derechos con universalidad y equidad, lograr una distribución
equitativa de las oportunidades y de los ingresos y de los
activos productivos, asegurar el acceso a la educación,
trabajo y la promoción de la salud y la calidad de vida,
adecuados a las características de cada nación.
2. Afirmamos que la democracia, un gobierno participativo y
responsable con las necesidades de sus pueblos, y una
administración transparente y responsable en todos los
sectores de la sociedad, son bases indispensables para la
consecución de un desarrollo sustentable centrado en los
aspectos sociales y en el ser humano. Entendemos asimismo que
la lucha contra la pobreza exige corresponsabilidad por cuanto
no se puede lograr un desarrollo social y económico
sostenible, sin la plena participación de todos los
ciudadanos. La igualdad, la inclusión social y la equidad en
la diversidad de género y etnias, son componentes esenciales
para la democracia y deben constituir prioridades para la
comunidad internacional y, como tales, deben ser elementos
fundamentales del desarrollo económico y social.
3. Comprendemos que la globalización continúa acentuando
diversos problemas en particular el aumento de la pobreza,
exclusión social y la desigualdad en el seno de las sociedades
y entre éstas. Los países en desarrollo continúan enfrentando
dificultades para lograr una mayor integración y participación
plena en la economía mundial, por lo que se hace necesario
incorporar la dimensión social e intensificar la cooperación
internacional para encarar los problemas que se derivan de la
globalización.
4. Ratificamos la importancia de acelerar el proceso de
integración de los países en desarrollo del continente para
alcanzar un mercado común latinoamericano y caribeño que
coadyuve a la formación de un sistema comercial internacional,
equitativo, estable, no discriminatorio, transparente, con
base en los acuerdos multilaterales y que garantice la
justicia y el desarrollo social.
5. Reconocemos que la excesiva carga del servicio de la deuda
externa ha restringido la capacidad de muchos de nuestros
países para promover un desarrollo integral. Por ello la
necesidad de comprometernos en la búsqueda de soluciones
eficaces y equitativas que estén orientadas al fomento de un
desarrollo integral en favor del ser humano.
6. Afirmamos que el desarrollo social y la justicia social, no
pueden alcanzarse si no hay igualdad de oportunidades
participación social, paz y seguridad en un marco de respeto a
los derechos humanos, las libertades fundamentales y a las
instituciones y gobiernos democráticamente establecidos.
7. Manifestamos que el desarrollo social es fundamental para
dar respuesta a las necesidades y aspiraciones de las
personas, lo cual demanda el cumplimiento de las
responsabilidades por parte de los gobiernos y de todos los
sectores de la sociedad.
8. Entendemos que el desarrollo económico, el desarrollo
social equitativo y la protección y conservación del medio
ambiente son componentes del desarrollo sustentable y que se
fortalecen mutuamente, por ello enmarcamos nuestros esfuerzos
hacia el logro de una redistribución equitativa de la riqueza
y de los ingresos, así como hacia la utilización sustentable
de los recursos ambientales.
9. Reconocemos que existe la necesidad urgente de resolver
graves problemas sociales, especialmente la pobreza, el
desempleo, el subempleo la exclusión social, la inequidad y la
creciente brecha social, que afectan a todos los países.
Nuestra tarea consiste en atacar las causas estructurales y
sus consecuencias, a fin de reducir la incertidumbre y la
inseguridad en la vida de los seres humanos. De allí nuestra
determinación y nuestro deber de erradicar la pobreza,
promover la equidad y fomentar la integración social como
entornos favorables y necesarios para el pleno desarrollo de
nuestros pueblos.
10. Reiteramos que, en términos económicos y sociales, las
políticas y las inversiones más productivas son las que
facultan a las personas para aprovechar al máximo sus
capacidades, sus recursos y sus oportunidades.
11. Reafirmamos nuestra obligación con las personas que viven
en la pobreza: mujeres, hombres, niñas, niños, jóvenes,
personas adultas mayores, personas con discapacidad, grupos
étnicos, especialmente aquellos que se encuentran en una
situación de vulnerabilidad, desventaja y marginación; y nos
comprometemos a fortalecer las políticas y los programas
tendientes a facilitar procesos de inclusión social que
permitan crear sociedades integradas.
12. Siendo los niños, niñas y adolescentes uno de los sectores
susceptibles a ser excluidos y afectados por las inequidades
sociales, cuyas carencias de atención por los diversos
servicios educativos, de salud, servicios básicos, los
conllevan a disminuir sus capacidades y potencialidades como
sujetos de derecho y de desarrollo en nuestras sociedades.
Reconocemos la deuda que tenemos con la población infantil y
reiteramos el compromiso de mantener el interés superior del
niño como principio rector, de garantizar el cumplimiento de
sus derechos, de erradicar el trabajo infantil, la
participación de niños en conflictos armados, la venta de
niños, prostitución infantil, abuso sexual y la utilización de
niños en pornografía, y procurar soluciones que aseguren su
plena inserción y participación en aquellos asuntos que les
conciernen.
13. Afirmamos que la potenciación de la mujer, el
fortalecimiento y fomento de su plena e igual participación en
el desarrollo de nuestras sociedades tanto en las zonas
urbanas como rurales, en la vida política y económica, en la
toma de decisiones a todos los niveles, son fundamentales para
la reducción de la pobreza, la equidad, la promoción de la
prosperidad económica y social, y para el desarrollo
sostenible centrado en el ser humano.
14. Entendemos que en el contexto de las medidas generales
para la erradicación de la pobreza, debe prestarse especial
atención al carácter multidimensional de la pobreza y a las
condiciones y políticas nacionales e internacionales que
favorecen su erradicación. Por lo tanto, necesitamos
fortalecer nuestras políticas sociales y económicas
garantizando, entre otros, el acceso universal a la seguridad
social, el acceso equitativo al crédito, la democratización de
los procesos económicos, y coordinar mejor nuestros esfuerzos
multilaterales.
15. Reiteramos nuestro compromiso con la promoción y
protección de la salud, como derecho y como bien público,
sobre la base de garantizar la universalización en el acceso a
los servicios de salud de calidad profundizando la
participación y contraloría social en la gestión de la
política pública y de los servicios.
16. Nos comprometemos a promover el acceso equitativo y
mejorado a servicios de atención a la salud asequibles y
eficientes, incluidos servicios preventivos y de inmunización
a todos los niveles del sistema de salud, a medicamentos y
vacunas esenciales, fiables y a precios asequibles, y a la
tecnología médica.
17. Estamos convencidos de que para superar la pobreza y la
exclusión social, son fundamentales el acceso universal a una
educación de calidad, como quedó establecido en el Foro de
Dakar, mediante la reducción del analfabetismo, la extensión y
mejora de la protección y educación integral de la primera
infancia, la plena participación e incorporación de los grupos
más vulnerables (pueblos indígenas, niños y niñas con
necesidades educativas especiales), la introducción de
reformas educativas para mejorar la calidad de la educación a
lo largo de toda la vida, incluidas las posibilidades de
adquirir la capacidad técnica y tecnológica necesaria en una
sociedad basada en los conocimientos y en la información, así
como a la salud y servicios sociales básicos con igualdad de
oportunidades para participar activamente en el proceso de
desarrollo.
18. Alentamos a la Organización de los Estados Americanos a
que continúe fomentando el uso de la ciencia, la tecnología y
la innovación como elementos claves para el mejoramiento del
nivel de vida, la reducción de la pobreza y promover como
premisa fundamental la gestión social del conocimiento para
resolver problemas desde la perspectiva del desarrollo
sustentable, mejorar el desarrollo humano integral de nuestra
población y potenciar la productividad y competitividad de las
naciones. Debemos procurar que los productos de la ciencia, la
tecnología y la innovación se articulen y orienten para
agregar valor a los componentes reales del desarrollo. En este
sentido, reafirmamos los compromisos asumidos por la Comisión
Interamericana de Ciencia y Tecnología realizada en Lima,
Perú, en mayo de 2003, para impulsar los trabajos en pro del
desarrollo social y el combate a la pobreza.
19. Reafirmamos el reconocimiento hecho por nuestros Jefes de
Estado y de Gobierno en la III Cumbre de las Américas, al
enfatizar que el progreso hacia sociedades más democráticas,
economías en crecimiento y la equidad social, depende de una
ciudadanía educada y de una fuerza laboral capacitada. En este
sentido, apoyamos también el pronunciamiento de los Ministros
de Educación, reunidos en México con motivo de la III Reunión
de Ministros de Educación de la OEA en agosto de 2003, quienes
reconocen a la educación como una de las herramientas
fundamentales del desarrollo para lograr una mayor equidad
social y para superar la pobreza; y que es imperioso asegurar
que las políticas de desarrollo económico adoptadas por los
países del hemisferio apoyen las políticas de educación
pública e iniciativas innovadoras como explorar la posibilidad
de canje de deuda por educación.
20. Reafirmamos la necesidad de darle mayor preeminencia a las
políticas culturales en las agendas de política nacional de
los países del Hemisferio, como elemento catalizador de la
lucha contra la pobreza, la integración social y el
mejoramiento de la calidad de vida.
21. Reconocemos la importancia de incrementar en nuestra
región, las acciones coordinadas, a nivel nacional,
intergubernamental e interinstitucional, en función de cumplir
con las metas establecidas en la Declaración de Roma aprobada
en la Cumbre Mundial sobre Alimentación, entre cuyas
principales estrategias identifica iniciativas para el
fortalecimiento de la cooperación; combatir el hambre, y
reforzar el papel fundamental de la agricultura y el
desarrollo rural sostenible en la seguridad alimentaria.
22. Reconocemos como punto esencial para la generación de
riqueza, la promoción del desarrollo y el elevamiento de la
dignidad y estima humanas, el respeto a los Principios y
Derechos Fundamentales en el Trabajo internacionalmente
reconocidos, y su seguimiento, y la aplicación de estándares
de trabajo, adoptada por la OIT; la promoción del trabajo
digno y decente; el mejoramiento de las condiciones laborales;
la creación de oportunidades de empleo; la elevación de la
calificación de los trabajadores.
23. Reconocemos la necesidad de elaborar un instrumento que
profundice el compromiso asumido en la Carta Democrática en lo
que se refiere a la promoción y observancia de los derechos
económicos, sociales y culturales, el cual permitirá contar
con una nueva agenda social, fundamentada en la satisfacción
de las necesidades sociales y la optimización de la calidad de
vida, sin discriminación de género, etnia, credo, edad,
territorio, clase social y capacidades, con miras a alcanzar
la equidad y la justicia social como objetivo y guía del
ejercicio pleno de la democracia y del desarrollo
socioeconómico de nuestras naciones.
24. Encomendamos a la Organización de los Estados Americanos
que otorgue prioridad a la articulación de una Agenda Social
para los Estados miembros, con la participación de los
organismos y agencias especializadas correspondientes, que
transversalice la agenda hemisférica en consonancia con los
compromisos que se derivan de los resultados de la Cumbre de
las Américas..
25. Reconocemos que las crisis económicas y financieras
internacionales han mostrado de forma dramática la
vulnerabilidad de los países en desarrollo. Compartimos el
interés de apoyar la creación del Fondo Humanitario
Internacional, como mecanismo innovador de financiación de
programas de desarrollo social, por tratarse de un proyecto
que responde a una necesidad de la comunidad internacional.
26. Exhortamos a los Estados Miembros de la OEA a promover,
fortalecer y acelerar iniciativas de cooperación en temas
vinculados a la erradicación de la pobreza, de la exclusión y
de la inequidad.
27. Reiteramos la importancia de la Ayuda Oficial para el
Desarrollo, como elemento primordial para atender los
objetivos de erradicación de la pobreza y consecución de la
equidad.
28. Destacamos la importancia de la Comisión Interamericana de
Desarrollo Social, cuyo propósito fundamental es el
fortalecimiento del diálogo interamericano para apoyar la
formulación de políticas y el desarrollo de acciones de
cooperación en materia social, en particular, para combatir la
pobreza y la discriminación en el Hemisferio;
29. Reconocemos la pertinencia de un Programa Interamericano
de Combate a la Pobreza y la Discriminación, y solicitamos a
la Comisión Interamericana de Desarrollo Social que cuando
analice su vigencia y considere su actualización, tome en
consideración las conclusiones y recomendaciones de esta
Reunión de Alto Nivel sobre Pobreza, Equidad e Inclusión
Social.
30. Expresamos nuestro compromiso de que el CIDI, como foro
político hemisférico para el diálogo en el combate a la
pobreza, contribuya al seguimiento, evaluación y supervisión
de los Ocho Objetivos de desarrollo establecidos en la
Declaración del Milenio para el año 2015.
31. Exhortamos a que esta Declaración, así como las
conclusiones y recomendaciones que emanaron de esta reunión,
sean consideradas por los Jefes de Estado y de Gobierno
durante la Cumbre Extraordinaria de las Américas, de modo que
puedan contribuir al diálogo sobre una agenda hemisférica
dirigida al crecimiento económico con equidad, al desarrollo
social y a la gobernabilidad democrática" (Ministerio de Salud
y Desarrollo Social, 09.10.03,
http://www.msds.gov.ve/reunion/acuerdos.htm).
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DOCUMENTOS
Carta de Guanabara sobre los
derechos sexuales y reproductivos de las mujeres |
"A los Estados, a los Organismos Internacionales y a la
Sociedad,
Nosotras mujeres del mundo, desde la diversidad que
representamos y en el ejercicio de nuestra ciudadanía,
exigimos el derecho a decidir como expresión de libertad.
Hablamos desde una región donde la conquista de las
democracias está marcada por procesos en los que las mujeres
fuimos y somos protagonistas.
Históricamente, las ideologías y las instituciones
restringieron los derechos de las mujeres.
Las políticas neoliberales sólo produjeron y siguen
produciendo más pobreza y exclusión.
Hay que erradicarlas para promover justicia social y
solidaridad.
Frente al avance de las diferentes formas de fundamentalismo
que atentan contra los derechos civiles y políticos,
económicos, sociales y culturales de todas las personas, en
cualquier parte del mundo, es que unimos una vez más nuestras
fuerzas para denunciar y enfrentar esta situación.
Los señores de la guerra, y todos aquellos que los apoyan,
nunca se preocuparon por los derechos de las mujeres.
Son señores de la guerra aquellos que impusieron la Ley
Mordaza – una regla de restricción financiera adoptada por el
gobierno norteamericano – que afecta directamente a nuestros
países, lesiona los derechos sexuales y los derechos
reproductivos prohibiendo cualquier acción o mención referente
al aborto.
Los derechos sexuales y reproductivos fueron creados y
propuestos por el movimiento de mujeres para hacer más justa y
democrática la vida social y extender la idea de igualdad y
libertad de la esfera pública a la privada. Deben ser
ejercidos sin ningún tipo de coerción o discriminación, porque
son parte del ejercicio de la ciudadanía.
El derecho al aborto es parte de los derechos humanos.
Penalizarlo constituye una discriminación y es un acto de
violencia contra las mujeres;
Los abortos practicados en la clandestinidad y en la
ilegalidad afectan a todas las mujeres y, de manera especial,
a las mujeres pobres, poniendo en riesgo su salud y su propia
vida por no tener acceso a servicios seguros.
Para que se consolide una vida social democrática es preciso
que mujeres de todas las clases, razas y etnias, de todas las
edades, de todas las culturas, con distintas religiones y
diversas orientaciones sexuales, puedan controlar sus cuerpos
y tomar decisiones que deben ser respaldadas por un Estado
laico.
- Exigimos el respeto a la capacidad intelectual y ética de
las mujeres de decidir autónomamente y de forma responsable,
sobre su sexualidad y reproducción;
- Exigimos la legitimidad de las distintas razones por las
que, nosotras mujeres, recurrimos a un aborto;
- Exigimos que los Estados cumplan los compromisos asumidos en
las Conferencias y Convenciones de Naciones Unidas y de la OEA
(Organización de Estados Americanos) porque son herramientas
que contribuyen a eliminar las desigualdades sociales;
- Exigimos la despenalización del aborto como cuestión de
ciudadanía y justicia social;
- Exigimos el derecho a interrumpir una gestación no deseada
sin ser acusadas ni señaladas como delincuentes o pecadoras;
- Y, finalmente, convocamos a todas las personas y movimientos
comprometidos con la promoción y protección de la vida digna y
de los derechos humanos; la lucha contra la globalización
neoliberal; la sustentabilidad ambiental; la defensa de la
justicia social; y la defensa de la igualdad entre hombres y
mujeres, para que se sumen a esta lucha por la despenalización
del aborto y por el ejercicio libre de los derechos sexuales y
de los derechos reproductivos.
Queremos dejar aquí nuestras huellas en el camino que va hacia
la profundización y la defensa de las democracias y al
fortalecimiento de las mujeres latinoamericanas, caribeñas y
del mundo entero. Río de Janeiro, 05 de Diciembre del 2001"
(Campaña Día por la Despenalización del Aborto en América
Latina y El Caribe, 07.10.03,
http://www.campanha28set.org/esp).
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El Programa
Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) es
una organización no gubernamental especializada en la defensa
y promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales
(DESC), que tiene como fin la plena realización de los
derechos humanos y el respeto al Estado de Derecho, en el
marco de una sociedad democrática y participativa. Toda acción
que Provea lleva a cabo busca beneficiar a las víctimas o
potenciales víctimas a las que el Estado no les garantiza o
les viola sus derechos humanos, propiciando su protagonismo y
la concientización de sus derechos.
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Tienda Honda a Puente Trinidad, edificio Centro Plaza Las
Mercedes, local 6, planta baja, Parroquia Altagracia
Apartado Postal 5156, Carmelitas 1010-A, Caracas, Venezuela
Teléfonos / fax: (0058) (0212) 862-10-11 / 862-53-33 /
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Correo electrónico:
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