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Una lectura de la realidad venezolana
desde los
derechos humanos |
Servicio
informativo No. 127
Del 26 de septiembre al 09 de octubre de 2003 |
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1988/2003:
Provea, 15 años por
los derechos sociales y contra la impunidad
CONTEXTO
*
Organizaciones de derechos humanos rechazan declaraciones del
Presidente sobre la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos
* Terrorismo: nuevas explosiones se suman a la violencia política
* Abierto Diplomado en Derechos Humanos y Procesos de
Democratización en la Universidad de Chile
DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y
CULTURALES
* Reunión del ALCA en Trinidad: Intransigencia de los países
industrializados sigue cosechando fracasos
* Cumbre de la Deuda Social presenta Carta de Derechos Sociales
Fundamentales
* OEA promueve iniciativas contra la pobreza y a favor de la
equidad y la inclusión social
* El BM publica informe sobre desigualdad
en América Latina
* Coalición Internacional para el Hábitat: ¡Derecho a la
vivienda hoy!
¡Un mundo habitable para todos/as es posible!
*
Demarcación de hábitat indígena: deuda con la Constitución
y las comunidades
*
Unión Afirmativa: En manos del TSJ reconocimiento jurídico
de efectos patrimoniales de las parejas homosexuales,
bisexuales y transgéneros
*
A la AN
no parece importarle los derechos
sexuales y reproductivos de la mujer
*
FNUAP presenta indicadores de salud y educación de la
infancia y adolescencia venezolana
*
Versiones encontradas
acerca de los pasivos laborales de los/as empleados/as públicos/as
acumulados desde 1997
* Culmina proceso de aumento del salario mínimo de este año
con los/as trabajadores/as domésticos/as excluidos del
beneficio
* Indicadores socioeconómicos y derecho a la alimentación
* Situación de los indicadores laborales
* Situación epidemiológica
nacional
*
Propuestas
y exigencias a los poderes públicos sobre
el derecho
a un ambiente sano
DERECHOS CIVILES Y
POLÍTICOS
*
Libertad de expresión en Venezuela: CIDH y caso Globovisión
* Cuestionada la CIDH por parcialidad
* Corte IDH da
prórroga al Estado venezolano para cumplir sentencia de El
Caracazo
* CNE al día con el
derecho a elegir
*
Defensoría del Pueblo insta a MIJ
y a MP a luchar contra el sicariato en zonas fronterizas
*
Indicadores del derecho a la seguridad ciudadana
*
Propuestas y exigencias
a los poderes públicos sobre el derecho de
las personas
detenidas y encarceladas
ARTÍCULOS
*
Son Derechos: “Día de la resistencia indígena”
DOCUMENTOS
*
Centro de Derechos
Humanos de la UCAB: "Aplicación de Ley Orgánica de
Telecomunicaciones viola derechos"
* Posición de las organizaciones de derechos humanos frente
a los derechos de los niños, niñas y adolescentes hijos de los
trabajadores y trabajadoras cesantes de Pdvsa
* Unicef llama al país a respetar
los derechos de los/as niños/as
* Declaración del Centro Carter como respuesta a peticiones de
los medios de comunicación sobre la reciente sanción del
Gobierno a Globovisión y el bombardeo a Globovisión
* Proyecto
de Declaración de Margarita
* Carta de Guanabara sobre los
derechos sexuales y reproductivos de las mujeres
A efectos
de este servicio informativo utilice:
coyuntura@derechos.org.ve
Ediciones anteriores disponibles en nuestro
sitio web:
http://www.derechos.org.ve
Agradecemos mencionar la fuente
cuando el contenido sea citado o difundido |
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CONTEXTO
Organizaciones de derechos humanos rechazan declaraciones del
Presidente sobre la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos |
Las organizaciones de derechos humanos abajo firmantes
rechazan las declaraciones formuladas el 08.10.03 por el
Presidente de la República Hugo Chávez Frías, en la
inauguración de la “Conferencia de Alto Nivel sobre Pobreza,
Equidad e Inclusión Social”, en las cuales manifestó que su
Gobierno no acatará la medida cautelar dictada el pasado
viernes por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH),
y descalificó al organismo hemisférico.
Refiriéndose a la CIDH, el Presidente señaló lo siguiente:
"viene un organismo de derechos humanos [...], sin comunicarse
antes con el Gobierno, a ordenar una medida cautelar a
beneficio de la delincuencia [...] esa Corte [sic] lo menos
que sabe es de derechos humanos”. Estas declaraciones se suman
a las pronunciadas por el Ministro de Comunicación e
Información, Jesse Chacón, quien luego de un consejo de
Ministros, realizado el 08.10.03, señaló que “esta medida
de la CIDH no es de obligatorio cumplimiento”.
Al respecto, estas organizaciones de derechos humanos señalan
que:
a) Las decisiones de los organismos internacionales,
convencionales, de protección de los derechos humanos, tales
como la CIDH, son de obligatorio cumplimiento por parte del
Estado venezolano, tal como lo señala el artículo 31 de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela: “Toda
persona tiene derecho, en los términos establecidos por los
tratados, pactos y convenciones sobre derechos humanos
ratificados por la República, a dirigir peticiones o quejas
ante los órganos internacionales creados para tales fines, con
el objeto de solicitar el amparo a sus derechos humanos. El
Estado adoptará, conforme a procedimientos establecidos en
esta Constitución y la ley, las medidas que sean necesarias
para dar cumplimiento a las decisiones emanadas de los órganos
internacionales previstos en este artículo”;
b) La descalificación gubernamental a la CIDH, como lo hemos
señalado en el pasado, contribuye a debilitar el sistema
interamericano de protección de los derechos humanos, que ha
jugado un papel relevante en los procesos de democratización
en el continente y ha servido a múltiples víctimas de
violación a sus derechos como un mecanismo de lucha contra la
impunidad. Con ello, el gobierno debilita la garantía,
establecida en la Convención Americana de Derechos Humanos y
en la Constitución, que permite acceder al sistema
internacional para hacer valer un derecho. Facilita,
igualmente, que en la comunidad interamericana prive la
arbitrariedad por encima de la legalidad;
c) El Estado venezolano tiene la posibilidad de disentir de
una medida emanada de la CIDH. Lo adecuado, en esos casos, es
cumplir con la medida, al tiempo que iniciar las diligencias
para mostrar sus puntos de vista. Siempre sometiéndose a los
procedimientos establecidos en la Convención Americana de
Derechos Humanos y al Reglamento de la CIDH. Cualquier otra
actuación, coloca al Estado al margen del sistema;
d) Sobre la base de estas consideraciones, solicitamos a todas
las instancias del Estado venezolano, el respeto a las
instituciones internacionales que velan por las garantías y
disfrute pleno de los derechos humanos de todas y todos los
ciudadanos, tal como está establecido en las disposiciones
legales nacionales y en los acuerdos suscritos por el Estado
venezolano.
Suscriben el siguiente comunicado:
Acción Ciudadana Contra el Sida (Accsi);
Asociación de Mujeres por el Bienestar y la Asistencia
Recíproca (Ambar);
Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés
Bello (Cddhh/UCAB); Centros Comunitarios de Aprendizaje
(Cecodap);
Centro para la Paz y los Derechos Humanos de la Universidad
Central de Venezuela;
Comisión de Justicia y Paz de Secorve; Fundación de Derechos
Humanos del Estado Anzoátegui;
Oficina de Acción Social del Vicariato Apostólico de Machiques;
Oficina Diocesana de Derechos Humanos de la Diócesis de Ciudad
Guayana "Humana Dignitas";
Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos
(Provea);
Red de Apoyo por la Justicia y la Paz;
Red de Monitores de Derechos Humanos del Estado Táchira.
(Provea, 10.10.03,
http://www.derechos.org.ve)
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CONTEXTO
Terrorismo: nuevas explosiones se suman a la violencia política |
Entre las 10:00 PM y 11:00 PM del 05.10.03, explotaron 2 camiones
cisternas usados para transportar combustible para aviones,
los cuales permanecían estacionados y vacíos en la Base Aérea
Generalísimo Francisco de Miranda, sede de la Fuerza Aérea
Venezolana (FAV) (Aporrea, 06.10.03,
http://www.aporrea.org/dameverbo.php?docid=10451).
Alrededor de esa misma hora, estallaron otros 2 artefactos
explosivos en las instalaciones del cuartel militar Fuerte Tiuna
(El Universal, 08.10.03, pág. 2/26). La otra explosión ocurrió
2 días antes, cerca de la medianoche del 03.10.03, al ser
lanzado un artefacto contra la puerta principal de la sede de
la Comisión Nacional de Comunicaciones (Conatel) (El Nacional,
04.10.03,
http://www.el-nacional.com/Articulos/Articulo.asp?Plantilla=3&Id=33632&IdSeccion=63).
Ninguno de los incidentes provocó víctimas ni heridos, sólo
daños materiales.
Las investigaciones de estos hechos son seguidas por el Cuerpo
de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc)
y la Dirección de Inteligencia Militar (DIM) (El Universal,
06.10.03,
http://www.eud.com/#avance). El 07.10.03, fue presentado
por Henry Zerpa, coordinador Nacional de Investigaciones
Penales de la Cicpc, un retrato hablado de un sospechoso en
los hechos de la Base Aérea (El Universal, 08.10.03, Op.
cit.). El Ministerio Público (MP) designó al fiscal 50 del
área metropolitana, Américo Gloria, para las investigaciones
de los atentados contra Conatel y el Fuerte Tiuna, según la
fuente.
Por su parte, el
Ministerio de la Defensa emitió un comunicado el 07.10.03 en
el que consideró que los hechos
ocurridos en Fuerte Tiuna y la Base Aérea Generalísimo Francisco de Miranda
"obedecen a una
planificación cuya intelectualidad recae sobre personas
proclives a la
utilización de métodos terroristas para el logro de fines
específicos [...] La similitud con los hechos terroristas a instalaciones
diplomáticas, militares y medios de comunicación detona la
existencia, por
parte de sus autores intelectuales, de una estrategia desestabilizadora
inoportuna en momentos en que el país transita por la vía que
determina el
sistema democrático venezolano, la cual ha sido
ratificada por los
diferentes sectores de la vida pública nacional" (Gobierno
en Línea, 07.10.03,
http://www.gobiernoenlinea.ve/).
Con respecto a la explosión en Conatel, los investigadores de la División
Contra el Terrorismo del Cicpc revisan un video para
esclarecer el atentado (El Mundo, 06.10.03, pág. 16). Zerpa aseguró
que el caso "está bastante adelantado y que esperan tener
buenos resultados pronto [...] los sospechosos siguen siendo una pareja de motorizados y
se podría identificar la moto de alto cilindraje que fue
vista por los funcionarios que realizaban la vigilancia en
Conatel" (Ídem.).
Con estos últimos sucesos, suman 6 los que
recientemente involucran explosiones. Se recuerda el que estalló el 17.09.03
en la Casa Militar, adyacente al palacio de Gobierno; el que
detonó en la sede de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) de Chuao,
Caracas, el 16.07.03 ; la bomba que estalló en el edificio
Caracas Teleport, sede de la Mesa de Negociación y Acuerdos,
el 12.04.03; y, los que explotaron el 25.02.03 en
las sedes diplomáticas de España y Colombia (sobre explosivo lanzado contra la sede de
Casa Militar ver edición N° 126 y sobre los atentados contra
las sedes diplomáticas de España y Colombia, ver edición N°
112 de este servicio informativo en
http://www.derechos.org).
Sobre los hechos de violencia más recientes, el
Centro Carter emitió un comunicado en el que advierte sobre el
inicio de una "nueva etapa de violencia en
Venezuela" (El Nacional, 06.10.03,
http://www.el-nacional.com/Articulos/DetalleArticulo.asp?idSeccion=64&id=33694).
El pronunciamiento del organismo recordó que ese Centro mantiene
presencia permanente en Venezuela desde hace más de un año
para actuar como facilitador en la crisis política local
(Ídem.).
Este comunicado puede ser leído en la sección DOCUMENTOS.
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CONTEXTO
Abierto Diplomado en Derechos Humanos y Procesos de
Democratización en la Universidad de Chile |
El Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Chile, en conjunto con el International Center
for Transitional Justice (ICTJ) de Nueva York, invitan a
los/as interesados/as a inscribirse en el Diplomado en
Derechos Humanos y Procesos de Democratización, que se
realizará entre el 29.03.04 y el 10.09.04. El curso "ofrece la
oportunidad de estudiar temas relacionados con procesos de
transición a la democracia y derechos humanos en sociedades
afectadas, en el pasado reciente, por regímenes represivos o
conflictos armados, así como temas vinculados con el desafío
más general de construir sistemas democráticos viables"
(Universidad de Chile, 09.10.03,
http://www.derecho.uchile.cl/cdh/diplomados/ddhh/presentacion.htm).
El programa ofrece becas completas hasta para 20 profesionales
de diversas disciplinas (derecho, periodismo, educación,
trabajo social, entre otras), cuyo trabajo o actividades
actuales demuestren su capacidad de defender y promover los
derechos humanos o de influir en la construcción de sociedades
democráticas más justas, abiertas y pacíficas en sus países de
origen. Se dará prioridad a postulantes provenientes de países
de América Latina y El Caribe (sean nacionales o residentes
permanentes).
El programa consistirá en actividades docentes y académicas en
Santiago de Chile (2 semanas al comienzo y 1 semana al final
del curso) y clases online (21 semanas). Otorgará Diploma en
Derechos Humanos y Procesos de Democratización de la Facultad
de Derecho de la Universidad de Chile a quienes cumplan
satisfactoriamente con el programa de estudios.
Los/as postulantes al programa de Diplomado deberán poseer una
licenciatura, grado o título de enseñanza universitaria; un
excelente dominio del castellano (las clases y la gran mayoría
del material de lectura serán en castellano). Si bien un buen
dominio de comprensión de lectura del inglés será una ventaja,
no es requisito para poder postular. Deberá enviar el
formulario de postulación que se encuentra en la dirección
web:
http://www.derecho.uchile.cl/cdh/diplomados/ddhh/formulario_postulacion.htm
y acompañarla con los siguientes documentos: curriculum vitae;
una exposición en que describa sus motivaciones para postular
al programa en no más de 750 palabras, indicando aspiraciones
profesionales y académicas así como la manera en que el
Diplomado en Derechos Humanos y Procesos de Democratización
las apoyaría, y cómo piensa usar estos nuevos conocimientos
para promover los derechos humanos y los procesos de
democratización en su país. Indique, en particular (si es
aplicable) de qué modo espera que su capacitación contribuya
al trabajo de la organización o redes a las cuales usted está
vinculado/a; fotocopia simple del certificado de título o
grado académico. (A los/as postulantes finalmente aceptados/as
se les pedirá oportunamente fotocopias debidamente legalizadas
de estos certificados. La legalización deberá ser hecha ante
el Cónsul de Chile en sus respectivos países.); 3 cartas de
referencia (para garantizar la confidencialidad, cada carta
deberá venir en un sobre cerrado, con la firma de la persona
que la otorgue, al reverso del sobre).
Es necesario que tenga dominio de internet, correo-e y programas computacionales básicos (Windows, Word).
Para poder participar en el programa de Diplomado, los
postulantes seleccionados deberán tener acceso a un equipo
computacional con las siguientes capacidades tecnológicas,
como mínimo: una conexión a Internet de 33 Kbps, e Internet
Explorer 5 o Netscape 5.
Los documentos solicitados deberán ser enviados por correo
certificado (DHL, Federal Express, TNT o similares) a la
Coordinadora del Diplomado, como se indica en el Formulario de
Postulación.
Se dará prioridad a postulantes provenientes de países de
América Latina o el Caribe (sean nacionales o residentes
permanentes).
Los/as postulantes deberán poseer pasaportes u otros
documentos de viaje válidos y al día que les permitan viajar a
Chile, previa obtención de visa, de ser necesario.
Finalmente, se recibirán postulaciones hasta las 5:00 PM del 20.11.03.
Para mayor información solicítela por el correo-e:
dipdem@derecho.uchile.cl.
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DERECHOS
ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Reunión del ALCA en Trinidad: Intransigencia de los países
industrializados sigue cosechando fracasos |
Según lo reseña una fuente informativa (Agencia Venpres,
04.10.03,
http://www.venpres.gov.ve/econ/), la XV Reunión del Comité
de Negociaciones Comerciales (CNC) para el Acuerdo de Libre
Comercio de Las Américas (ALCA) que se efectuó en Puerto
España, capital de Trinidad y Tobago, entre el 30.09.03 y el
03.10.03, repitió el fracaso de la recientemente celebrada V
Conferencia Ministerial Oficial de la Organización Mundial del
Comercio (OMC) (ver edición N° 126 de este servicio
informativo en
http://www.derechos.org.ve).
A la convocatoria de Puerto España asistieron representantes
de 34 países del continente, con el objetivo de definir las
bases para el VIII Encuentro Ministerial que se
efectuará en Miami, Estados Unidos (EEUU), entre el 20 y 21.11.03.
Última cita que supone el establecimiento de las directrices
para la conclusión de las negociaciones del ALCA en enero de
2005 (Sistema Económico Latinoamericano, 26.09.03,
difusion-sela@sela.org).
Tal como lo reseña la fuente, el CNC del ALCA concluyó sin
resultados debido a la intransigencia de Estados Unidos y Canadá
de mantener los subsidios a su sector agrícola en perjuicio de la
entrada de productos de ese sector provenientes de
Latinoamérica, rechazando la inclusión de este tema en el
debate interno al CNC y proponiendo su análisis al interior de la OMC.
En respuesta a esta actitud, los negociadores de los países
integrantes del Mercado Común del Sur (Mercosur) reaccionaron
proponiendo introducir en la OMC, también, la
discusión sobre la liberación de los servicios y las reglas de
protección a las inversiones extranjeras, aspectos de sumo
interés para EEUU y Canadá (Agencia Venpres, Op. cit.).
La postura del Mercosur fue expuesta en una declaración
respaldada por los representantes de los países de la
Comunidad de El Caribe (Caricom), la cual advierte que en las
actuales discusiones "están presentes los mismos temas que
bloquearon la reciente reunión de la OMC [...] El ALCA solamente será posible si EEUU y Canadá
acceden a avanzar en la eliminación de los subsidios y
barreras arancelarias, que obstaculizan la exportación de
productos, especialmente de origen agrícola [...] No es posible hablar de un
ALCA comprensivo, sin incluir el
tratamiento de los temas relacionados con los subsidios a las
exportaciones y a las medidas de apoyo interno en la
agricultura. Tampoco existe un ALCA con alto grado de ambición
sin la inclusión de normas relacionadas con las medidas
antidumping [En este sentido, hay que destacar] el papel del
llamado Grupo de los 22 (G-22), integrado por países
subdesarrollados, en el foro de Cancún que enfrentó la
posición cerrada de EEUU y la Unión Europea frente a los
reclamos de los países emergentes".
En ese mismo orden de ideas, se destacan las acusaciones
hechas por Celso Amorim, ministro de Relaciones Exteriores de
Brasil, contra EEUU de hacer "amenazas" y ejercer una presión "muy destructiva" para
sacar adelante su proyecto en las negociaciones del ALCA (Sistema
Económico Latinoamericano, 05.10.03,
difusion-sela@sela.org).
Amorim defiende la idea de un ALCA "sin camisa de fuerza,
ni positiva, ni negativa [...] O sea, quien quiera adoptar
reglas para inversiones, por más amplias que sean, que lo
haga, pero quien no lo quiera debe tener libertad para no
adoptarlas" (Ídem.).
Brasil apuesta por un ALCA que excluya los servicios, las
inversiones y las compras gubernamentales, y su prioridad es
la negociación de un acceso más libre a los mercados. Sin
embargo, EEUU insiste, en un acuerdo que incluya esos temas y elimine de la discusión los subsidios
concedidos a los productores rurales y la legislación contra
la competencia desleal. Cabe resaltar que Brasil y EEUU
comparten la presidencia de la fase final de las
conversaciones para el ALCA (Ídem.).
En cuanto a la delegación venezolana, encabezada por
Víctor Álvarez, Presidente del Banco de Comercio Exterior de
Venezuela (Bancoex), la fuente reseña el apoyo que los representantes
de 4 países del Mercosur, 14 del Caricom, 5 de la
Comunidad Andina de Naciones (CAN), Panamá y Republica
Dominicana, ofrecieron a la propuesta
venezolana de crear, en el marco del ALCA, un Fondo de Convergencia Estructural, que tenga como
objetivo compensar las diferencias en los niveles de
desarrollo y tamaño de las economías del hemisferio. En su
propuesta, la delegación nacional plantea lo siguiente:
"reconocemos las diferencias en los niveles de desarrollo y
tamaño de las economías del hemisferio y la importancia de que
todos los países que participan en el ALCA alcancen el
crecimiento económico, mejoren la calidad de vida de sus
pueblos, y logren un desarrollo social y económico equilibrado
y sostenido de todos los participantes. Para lograr este
objetivo, debe haber mecanismos que faciliten la aplicación
del Acuerdo y aprovechen al máximo los beneficios que pueden
derivarse del ALCA. Dichos mecanismos complementan y mejoran
las medidas que abordan las diferencias en el nivel de
desarrollo y tamaño de las economías.
Por lo tanto, instruimos al Grupo Consultivo sobre Economías
más Pequeñas a que, con el apoyo del Comité Tripartito y a más
tardar en la Decimoséptima reunión del CNC, presente
propuestas para el establecimiento de un Fondo de Convergencia
Estructural / Fondo de Compensación/ Fondo de Integración
Regional, cuyas funciones son: (1) consolidar la capacidad
institucional, (2) mejorar la competitividad en materia de
producción (3) responder a las necesidades en materia de
ajuste que surgen como resultado de la liberalización
comercial, y (4) apoyar la aplicación de los compromisos del
ALCA" (Venpres, 06.10.03,
http://www.venpres.gov.ve/econ/eco1.htm#suman).
Finalmente, es importante destacar que los procesos de
liberalización del comercio ejecutados sobre algunos países de
la región tuvieron un impacto directo en el goce de los
derechos humanos por parte de sus ciudadanos/as, en particular
en lo que respecta a los derechos económicos, sociales y
culturales. De ahí la relevancia de un seguimiento de las
discusiones acerca de los modelos de liberalización comercial
que, como el ALCA, se están implementando en la región. A este
fin, se sugiere consultar el informe especial "Derechos
humanos y comercio y en Las Américas", contenido en el "Informe
anual sobre
la situación de los derechos humanos en Venezuela", octubre
2001-septiembre 2002, realizado por Provea, en
http://www.derechos.org.ve.
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DERECHOS
ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Cumbre de la Deuda Social presenta Carta de Derechos Sociales
Fundamentales |
El Parlamento Latinoamericano
(Parlatino) celebró, en Barquisimeto, Edo. Lara, entre el 17 y 19.09.03, la
II Cumbre de la Deuda Social. El fin de este evento fue debatir sobre
la deuda externa, sus mediciones y soluciones; el ALCA, la integración
regional; los programas de inclusión social; las
economías solidarias y otras soluciones contra la exclusión
social (Ministerio de Salud y Desarrollo Social, 06.10.03,
http://www.msds.gov.ve/reunion/boletin4.htm).
La cumbre tuvo como corolario
la aprobación de una Carta de los Derechos
Sociales Fundamentales de América Latina y El Caribe, documento suscrito
por los representantes legislativos de 22 países de la región,
reunidos en este evento (Ministerio de Relaciones Exteriores,
09.10.03,
http://www.mre.gov.ve/IIcumbresocial/index.html).
El documento fue redactado por la Comisión de
Deuda Social del grupo venezolano del Parlatino, a cargo del
diputado Filinto Durán. En su elaboración participaron,
además, el Observatorio Latinoamericano de Desarrollo Humano y
la Universidad Latinoamericana y del Caribe (ULAC). La carta,
de 77 artículos, será presentada el próximo mes en la Reunión
de Alto Nivel sobre Pobreza, Equidad e Inclusión Social de la
Organización de Estados Americanos (OEA), prevista en la isla
de Margarita, confirmó Durán, coordinador del proyecto de
Carta (Ministerio de Relaciones Exteriores, Op. cit.). Puede ser consultada en el sitio web:
http://www.mre.gov.ve/IIcumbresocial/documentos/Carta%20Social%20definitiva.doc.
Al evento legislativo estuvieron invitados, entre otros, Eric Toussaint,
investigador belga, quien plantea llevar una petición conjunta
por parte de los países deudores al Consejo de la ONU y a la
Corte Internacional de Justicia de la Haya, y Ubiratán De Souza, economista y miembro del Partido
de los Trabajadores (PT) de Brasil, quien sugirió
volver a negociar la deuda externa con los organismos
multilaterales en conjunto y con una visión
política y no financiera. Dentro de esta discusión, los
conferencistas coincidieron en la necesidad de diseñar un
modelo integracionista alternativo al ALCA para el continente,
que surja de un amplio debate en los distintos países de la
región (Ministerio de Salud y Desarrollo Social, Op. cit.).
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DERECHOS
ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
OEA promueve iniciativas contra la pobreza y a favor de la
equidad y la inclusión social |
Entre el 08 y 10.10,03 se realizó en la isla de Margarita,
Edo. Nueva Esparta, la
I Reunión de Alto Nivel sobre Pobreza, Equidad e Inclusión
Social, con el apoyo de la Organización de Estados Americanos
(OEA), a través de la Comisión Ejecutiva Permanente del
Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral (CEPCIDI) y
en
respuesta al mandato de Asamblea General de esta organización (Ministerio de Salud y Desarrollo
Social, 06.10.03,
http://www.msds.gov.ve/reunion/marco.htm).
Este encuentro se enmarcó dentro de las disposiciones contenidas en la
Carta de la OEA, así como en las declaraciones emanadas de las
Cumbres de Las Américas, en el Capítulo III de la
Carta Democrática Interamericana sobre la relación entre
democracia, desarrollo integral y combate a la pobreza y la
Declaración de Santiago de Chile sobre Democracia y Confianza
Ciudadana del año 2002.
En estos documentos se coincidía en la importancia de encarar
el desarrollo económico y social de los países en desarrollo
de la región en apoyo de su gobernabilidad democrática: "el
fortalecimiento de la gobernabilidad democrática requiere la
superación de la pobreza, la exclusión social y la promoción
del crecimiento económico con equidad que fomenten la igualdad
de oportunidades, la educación, la salud y el pleno empleo"
(Ídem.).
La cita internacional contó con la participación de César
Gaviria, Secretario General de la OEA, Enrique Iglesias,
presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID),
autoridades de la Organización Panamericana de la Salud (OPS),
la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), el Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Banco
Mundial (BM), además de los representantes estatales de los 34
países miembros de la OEA (Ídem.).
Este encuentro intergubernamental de alto nivel pretende aportar un marco de
referencia global y regional para analizar el papel del
sistema interamericano bajo una visión diagnóstica de los
desafíos de la pobreza y la crisis económica; conocer los avances e implicaciones de las metodologías
para medir la pobreza y la inequidad; hacer un balance de los resultados de las estrategias para
reducir la pobreza y la exclusión, especialmente las dirigidas
a las mujeres, niños y niñas, indígenas y adultos mayores; brindar un espacio para el intercambio de información y
lecciones aprendidas, a fin de facilitar la coordinación y el
apoyo mutuo en la consecución de los objetivos de desarrollo y
justicia social de la región; generar estrategias para
fortalecer la Comisión Interamericana de Desarrollo Social y
el Programa Interamericano de Combate a la Pobreza y la
Discriminación; y, facilitar la realización periódica de las
Conferencias Interamericanas de Ministros y Altas Autoridades
de Desarrollo Social, así como preparar un conjunto de
recomendaciones para orientar el papel específico de la OEA en
el desarrollo social hemisférico.
Asimismo en la reunión, se pretende aprobar el proyecto de
Declaración de Margarita que fue presentada por la Misión
Permanente de Venezuela ante la OEA y que aún no ha sido
aprobada por el Cepcidi, presidido por Jorge Valero, embajador de Venezuela ante la OEA (Gobierno en Línea, 06.10.03,
http://www.gobiernoenlinea.ve).
Valero ha señalado en ocasiones previas a la apertura del
evento que aspira lograr que dicha Declaración
de Margarita se convierta en la Carta Social de América: "el embajador venezolano ante la OEA espera que el proyecto de
Declaración final sea aprobado por unanimidad, para tener la
posibilidad de contar con una carta social que se discuta en
el seno de la OEA durante su próxima reunión de cancilleres en
julio de 2004. 'Se espera que su aprobación sea el preámbulo para una acción
muy enérgica compartida en el ámbito hemisférico para librar
esa batalla en contra de la pobreza que constituye uno de los
factores que desestabiliza la democracia y hace que la
democracia no tenga el contenido y el alcance que debería
tener', manifestó Valero" (Aporrea, 08.10.03,
http://www.aporrea.org/dameverbo.php?docid=10529).
Valero explicó que de ser aprobado este proyecto de Declaración
Final "la OEA contará con un instrumento jurídico para darla
a la agenda social la prioridad que está demandando en la
actual circunstancia" (Ídem.).
Provea celebra la constitución de una Carta Social, un
instrumento que el movimiento de derechos humanos
latinoamericano viene impulsando en distintas redes e
instancias políticas y sociales, pero lamenta que esta
iniciativa del Gobierno Nacional no haya incluido una consulta más amplia y plural. El esfuerzo desarrollado
al interior del sistema intergubernamental, podría nutrirse de las experiencias
maduradas desde hace mucho tiempo de las organizaciones
sociales integrantes de movimientos, redes y coaliciones
regionales, plasmadas en diversas declaraciones y
pronunciamientos. Provea insta a los entes guber e
intergubernamentales asistentes a la cita hemisférica a ampliar
el debate sobre esta Carta Social de Las Américas. Una
declaración de la naturaleza que supone dicha Carta, debe,
necesariamente, contar con el aval de la sociedad organizada
de los pueblos de la región.
Invitamos a los lectores a revisar el proyecto presentado por la
Misión Permanente de Venezuela en la OEA en la sección
DOCUMENTOS.
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DERECHOS
ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
El BM publica informe sobre desigualdad en América Latina |
Este 07.10.03, en Ciudad de México, la Oficina del economista
en Jefe para América Latina y El Caribe del Banco Mundial (BM)
presentó el estudio de investigación anual del Banco Mundial
sobre América Latina y el Caribe titulado “Desigualdad en
América Latina y El Caribe: ¿ruptura con la historia?”
(Banco Mundial, 09.10.03,
http://wbln0018.worldbank.org/). “Este documento analiza
los motivos de la persistente desigualdad que aflige a la
región, identifica de qué manera ésta obstaculiza el
desarrollo y propone formas para lograr más equidad en cuanto
a la distribución de la riqueza, el ingreso y las
oportunidades” (Ibíd..).
Según David de Ferranti, vicepresidente para América Latina y
El Caribe del BM, quien junto con Guillermo Perry, Francisco
Ferreira y Michael Walton, dirigieron al equipo que elaboró el
informe señaló que "América Latina es altamente desigual en
cuanto a ingresos y también en el acceso a servicios como
educación, salud, agua y electricidad; persisten además
enormes disparidades en términos de participación, bienes y
oportunidades. Esta situación frena el ritmo de la reducción
de la pobreza y mina el proceso de desarrollo en sí" (Ibíd..).
El equipo de investigadores del Banco Mundial recabó datos de
20 países utilizando encuestas domiciliarias con una cobertura
de 3,6 millones de personas y revisó además una vasta cantidad
de estudios económicos, sociológicos y políticos sobre
desigualdad en América Latina. Los investigadores descubrieron
que la desigual distribución de los recursos que hoy
caracteriza a la zona sigue un patrón determinado según los
diferentes rasgos que tomó la colonización europea de la
región. Según el informe, tal como en el antiguo período
colonial, hoy también son los grupos de élite los que dan
forma a las instituciones y las políticas públicas para
favorecer en primer lugar sus propios intereses. Un ejemplo de
ello es que los países de la zona no lograron niveles altos de
alfabetismo si no hasta bien entrado el siglo XX. El bajo
nivel de apoyo prestado a la educación primaria contrasta con
el generoso financiamiento que recibieron las universidades,
donde se educaban los hijos de los grupos dominantes. Por otra
parte, un rasgo característico es la debilidad de las
instituciones políticas de la región y, si bien la transición
a regímenes democráticos vivida por muchos países ha impulsado
importantes avances, los patrones de influencia siguen siendo
altamente desiguales y aún existe una tradición de
clientelismo y patronazgo, a pesar de las prácticas
electorales a nivel nacional y local.
Los investigadores también usaron el "índice de Gini" y
descubrieron que, desde la década de los 70 hasta la de los
90, la desigualdad en la región fue superior en 10 puntos
respecto de Asia; en 17,5 puntos respecto de los 30 países de
la OCDE y en 20,4 puntos respecto de Europa oriental.
En promedio, la desigualdad del ingreso ha tendido a empeorar
en la región, Venezuela es un ejemplo representativo de los
países que han experimentado aumentos en la desigualdad.
El informe destaca que en la región el origen étnico es factor
determinante en la conformación de oportunidades: “tanto los
indígenas como los afrolatinos viven en considerable
desventaja respecto de los blancos [lo que se pone en
evidencia en el hecho de que] son éstos últimos los que
reciben los ingresos más altos de la región” (Ibíd.).
En contraste con la brecha permanente relacionada con las
diferencias raciales y étnicas, el informe observa que América
Latina sí ha experimentando avances en cuanto a acortar la
disparidad de género en relación con el ingreso y la
educación. En gran parte de la región, las niñas y las jóvenes
están en realidad superando a los niños y jóvenes en términos
de logros educacionales.
“Para hacer frente a las raíces históricas de la desigualdad
en América Latina, además de los poderosos intereses
económicos, políticos y sociales que la sustentan y que
persisten hasta hoy” (Ibíd..), el informe del BM destaca las
siguientes 4 áreas de trabajo en torno a las cuales se deben
unir gobierno y sociedad civil:
- La construcción de instituciones políticas y sociales más
abiertas para permitir, tanto a los grupos pobres como a los
subordinados, lograr mayores niveles de protagonismo,
participación y poder en la sociedad; - Políticas económicas
que procuren mayor equidad, a través de una sólida gestión
macroeconómica e instituciones equitativas y eficaces para
resolver los conflictos, que eviten las enormes
redistribuciones regresivas “que se producen en situaciones de
crisis y que permitan ahorrar en los ‘tiempos buenos’ para
mejorar el acceso de los pobres a las redes de protección
social durante los ‘tiempos malos’" (Ibíd.);
- Aumento del acceso de los pobres a los servicios públicos,
especialmente educación, salud, agua, electricidad, a tierras
cultivables y servicios rurales;
- Reforma de los programas de transferencia de ingresos a
través de medidas que condicionen la asistencia de los niños y
niñas a la escuela y a los consultorios de salud.
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DERECHOS
ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Coalición Internacional para el Hábitat: ¡Derecho a la
vivienda hoy!
¡Un mundo habitable para todos/as es posible! |
La Coalición Internacional para el Hábitat (HIC), red
internacional independiente conformada por más de 300
organizaciones populares y no gubernamentales que trabajan en el campo del hábitat y la
vivienda alrededor de 80 países de todo el mundo, convoca a
la Campaña Mundial por el Derecho a la Vivienda, a realizarse
entre el el 01 y el 31.10.03 (Comunidad Web de Movimientos
Sociales, 06.10.03,
http://www.movimientos.org/show_text.php3?key=2075).
La finalidad de esta campaña es sensibilizar a la población
mundial con relación al impacto de las políticas neoliberales
y la globalización económica en el Derecho a la Vivienda en
diferentes regiones y localidades del planeta.
Recuerda la HIC que "en 1996, a 20 años de la Primera Conferencia de la ONU
sobre el tema realizada en Vancouver (Canadá), durante la
Cumbre de Hábitat II celebrada en Estambul (Turquía) la
presión de activistas de todo el mundo y las miles de
manifestaciones realizadas a lo largo y ancho del planeta
permitieron ratificar la
definición de la vivienda como un derecho humano y como parte
fundamental del derecho de todos/as a una vida digna.
Sin embargo, entonces como ahora, algunos de los Estados más
poderosos del planeta (EEUU, Japón) se niegan a reconocerlo y
en la mayor parte de los países no se destinan los recursos
públicos necesarios para concretarlo. Es por eso que el lema
que hoy nos aglutina retoma y rinde homenaje al que se utilizó
en esa gran marcha en Estambul que fue reprimida por la
policía turca:
¡Derecho a la vivienda hoy!
¡Un mundo habitable para todos/as es posible! (Ibíd.).
Para mayor información puede comunicarse por la siguiente
dirección electrónica: chm@laneta.apc.org.
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DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Demarcación de hábitat indígena: deuda con la Constitución
y las comunidades |
En diciembre de 2003 se cumplirán 4 años del mandato contenido
en la disposición transitoria decimosegunda de la
Constitución, que ordena la realización de la
demarcación del territorio indígena en un lapso de 2 años
contados a partir de la fecha de entrada en vigencia de la
carta magna (30.12.99).
Recientemente el diputado de la
Asamblea Nacional (AN) por el Edo. Amazonas Guillermo Guevara,
presidente de la Subcomisión parlamentaria de Legislación
Indígena, destacó que la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas,
publicada en Gaceta Oficial N° 37.118 del 12.01.01, garantiza a
las comunidades indígenas su derecho a la propiedad colectiva
de las tierras ancestrales y la administración, utilización,
disfrute y conservación de los recursos naturales en su
hábitat. El procedimiento de demarcación contemplado en este
instrumento abarca los territorios multiétnicos así como los
pueblos que hayan sido desplazados de sus hábitat ocupando
otras. "Igualmente - afirmó Guevara -, las tierras
indígenas que tengan documentos de propiedad, posesión
colonial, títulos provisionales o definitivos, otorgados por
diferentes dispositivos de la legislación agraria, se
incluirán en el proceso de demarcación y titulación de
conformidad con el presente instrumento jurídico. Asimismo, se
incluirán aquellas tierras donde los pueblos ancestrales han
tenido acceso tradicionalmente, aunque no posean títulos sobre
ellas y deseen desarrollarlas para garantizar su
sustentabilidad" (Asamblea Nacional, 30.09.03,
http://www.asambleanacional.gov.ve/ns2/noticia.asp?numn=4426).
Añadió el parlamentario que "esos hábitat, además, comprenden
áreas de caza, pesca, recolección, paisajísticas y lugares
sagrados que en ningún caso pueden ser calificadas de baldías,
ociosas o incultas para efectos de su afectación y
adjudicación a terceros en el marco de la Ley de Tierras y de
Desarrollo Agrario" (Ibíd.).
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DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Unión Afirmativa: En manos del TSJ reconocimiento jurídico
de efectos patrimoniales de las parejas homosexuales,
bisexuales y transgéneros |
"En vista de la intolerable situación de desigualdad en
que la sociedad y el Estado venezolano han mantenido a la
población homosexual, bisexual y transgénero, negándole
derechos que le son espontáneamente reconocidos a la población
heterosexual" (Unión Afirmativa de
Venezuela, 06.10.03,
unionafirmativa@hotmail.com), la Asociación Civil Unión
Afirmativa, dedicada a la promoción y defensa de los derechos
humanos de personas homosexuales, bisexuales y transgénero en
Venezuela, introdujo el 07.10.03 un Recurso de Interpretación
de los artículos 19, 20, 21, 22 y 23 de la Constitución ante
la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
El objeto de esta acción es lograr el reconocimiento jurídico de los efectos patrimoniales y no patrimoniales (deberes
y obligaciones mutuas) de las uniones domésticas entre
personas del mismo sexo.
José Ramón Merentes, Coordinador General de la organización,
explicó que se solicitó la interpretación del artículo 21,
ordinal primero, en conjunto con los artículos 19, 20 y 22 de
la Constitución, para reconocer que el principio de la no
discriminación abarca la orientación sexual, con lo que se
resolvería el conflicto existente entre este principio y el
artículo 77 de la Carta Magna, que excluye a las parejas
homosexuales de los efectos patrimoniales que benefician a las
relaciones de hecho (concubinato).
Agrega Merentes que "con respecto al artículo 23, se pretende conocer la
opinión del TSJ sobre los efectos en Venezuela de las decisiones tomadas por el Comité de Derechos Humanos de Naciones
Unidas en los casos Toonen C., de Australia (interpretación de los artículos 2 y 26 del Pacto de
Derechos Civiles y Políticos en la que se incluye a la
orientación sexual en el concepto de sexo), y Young C.,
también de Australia, en el que se reconoció el derecho a pensión de
viudez al compañero de un militar australiano fallecido; así
como de los exámenes periódicos hechos por los demás Comités del
sistema universal a ciertos países sobre la discriminación
por orientación sexual (Comité de Derechos del Niño, sobre
las edades de consentimiento para iniciar relaciones hetero y
homosexuales, y el Consejo Económico y Social de Naciones
Unidas (Ecosoc), sobre el registro de parejas
homosexuales)" (Ibíd.).
"Finalmente, de aceptar este criterio - continúa
Merentes -, solicitamos a la Sala Constitucional que aclare el conflicto
existente entre el
artículo 77, párrafo 2, de la Constitución con el principio superior de no
discriminación por orientación sexual" (Ibíd.).
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DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
A la AN
no parece importarle los derechos
sexuales y reproductivos de la mujer |
El 28.09.03 se celebró el Día por la Despenalización del
Aborto en América Latina y El Caribe, iniciativa gestada en el
V Encuentro Feminista de Latinoamérica y El Caribe (Argentina,
1990) y que, desde 1993, se efectúa en diferentes países de la
región. El objetivo de la Campaña 28 de Septiembre,
responsable de la conmemoración de esta fecha, es la
humanización de los servicios de atención a la salud; la
disminución de la morbi-mortalidad materna; el cumplimiento de
las leyes que permiten el aborto; la liberalización de las
leyes que lo penalizan
(Campaña Día por la
Despenalización del Aborto en América Latina y El Caribe,
07.10.03,
http://www.campanha28set.org/esp).
Estos principios rectores se encuentran expuestos en la
llamada Carta de Guanabara, surgida en el marco de la "Reunión
Ampliada sobre Aborto en la América Latina y el Caribe: Los
Derechos de las Mujeres Frente a la Coyuntura Mundial",
organizada por esta Campaña en el año 2001, en Río de Janeiro,
Brasil.
Esta declaración puede ser consultada en la sección
DOCUMENTOS. Si está interesado/a en suscribirla puede enviar
un correo-e a la dirección:
campanha28set@uol.com.br con el texto: “mi institución
firma la Carta de Guanabara”, informando el nombre de la
institución, ciudad y país donde está ubicada (Ídem.).
En Venezuela, la efeméride pasó inadvertida por la AN que
luego de la primera discusión del proyecto de Ley Orgánica de
los Derechos de la Mujer para la Equidad e Igualdad de
Géneros, ocurrida el 06.03.03, mantiene engavetado el tema del
uso lícito del aborto terapéutico, contemplado en el artículo
26 de este proyecto (ver edición edición N° 113 de este
servicio informativo en
http://www.derechos.org.ve).
La norma en cuestión estipula que “cuando se compruebe a
través de los exámenes médicos y científicos correspondientes,
embarazos que pongan en grave riesgo la salud física y/o
mental de la mujer, o que presenten malformaciones físicas del
feto o embarazos producto de violación o incesto, se
consideran casos prioritarios para aplicar las medidas
terapéuticas a que hubiere lugar, previo informe por
especialistas en la materia” (Ídem.).
Acerca de esta situación Elsa Castro, diputada por el
Movimiento Quinta República (MVR), contó que "cuando se
reanudaron las actividades en el Parlamento, la Comisión de la
Mujer, Familia y Juventud quedó presidida por el diputado Juan
José Caldera (Convergencia) y otros parlamentarios que no
tienen mucha noción de los derechos de las mujeres [...] Por
eso lo único que logramos aprobar es su carácter orgánico. No
entró ni en primera discusión y en la Comisión, los diputados
rechazan pedir a la directiva de la AN que se incluya en
la agenda" (El Nacional, 27.09.03, pág. B/15).
Actualmente el capítulo IV del Código Penal trata el tema del
aborto provocado, penalizando de su práctica a la mujer que se
lo aplica como a quien se lo hubiera practicado.
Según este articulado se castigará a la mujer con prisión de 6
a 24 meses y a quien se lo efectúe con 12 a 30 meses de
prisión, excepto cuando este procedimiento fuera necesario
para salvaguardar la vida de la mujer.
En contraste, el proyecto de Ley retoma la
inacabada discusión abierta en la Asamblea Constituyente de
1999 y que recoge el espíritu de varios instrumentos
internacionales. Merece la pena recordar que las Observaciones finales del Comité de
Derechos Humanos al Estado venezolano (CCPR/CO/71/VEN 19),
presentadas el 26.04.01 señalan que “la penalización de todo
aborto no terapéutico plantea graves problemas, sobre todo a
la luz de informes incontestados según los cuales muchas
mujeres se someten a abortos ilegales poniendo en peligro sus
vidas. El deber jurídico impuesto al personal de salud de
informar de los casos de mujeres que se hayan sometido a
abortos, puede inhibir a las mujeres que quieran obtener
tratamiento médico, poniendo así en peligro sus vidas”
(Edición N° 113 de este servicio informativo, Op. cit.). El
Estado Parte tiene el deber de adoptar las medidas necesarias
para garantizar el derecho a la vida
de las mujeres embarazadas que deciden interrumpir su
embarazo (artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos), entre otras medidas enmendando la ley para
establecer excepciones a la prohibición general de todo aborto
no terapéutico. El Estado Parte debe proteger el carácter
confidencial de la información médica” (Ídem.).
La despenalización del aborto representa, además, una
alternativa para las mujeres víctimas de asaltos sexuales.
Daysa Urrea, de la Asociación Civil de Planificación Familiar
(Plafam): "Hasta diciembre del año 2002, nosotros atendíamos 4
mujeres a la semana víctimas de violencia sexual [...] Para
ellas, de acuerdo con las normas vigentes, no existe solución
inmediata. 'Lo que les queda es buscar ayuda por
sus propios medios, provocarse un aborto con riesgo de morir; o, en el
mejor de los casos, recurrir a la anticoncepción de emergencia
[...] Además, como están cometiendo un delito tienen miedo y y
culpa'" (El Nacional, Op. cit.).
Por otra parte, en la Maternidad Concepción Palacios, "todos
los días llegan 10 mujeres con síntomas de aborto (espontáneo
o inducido): 'Un 80% de los casos tienen entre 18 y 25 años de
edad'. Mientras que en el Materno de Caricuao 'recibimos 8
abortos diarios que requieren curetaje'" (Ídem.).
Según la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y de El
Caribe, cada año ocurren en el mundo 75.000.000 de embarazos
indeseados o inoportunos, se realizan entre 40 y 60.000.000 de
abortos inducidos y de ellos, al menos 20.000.000 son
procedimientos inseguros en países donde está prohibido o
restringido el aborto. Un 95% de ellos ocurren en países en
desarrollo. Cerca de 6.000 mujeres mueren al año por
complicaciones relacionadas con estos abortos inseguros"
(Ídem.).
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DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
FNUAP presenta indicadores de salud y educación de la
infancia y adolescencia venezolana |
Según el informe Estado de la Población Mundial 2003 del Fondo de Población de las Naciones Unidas (FNUAP),
presentado el 08.10.03 (Organización de Naciones Unidas,
09.10.03,
http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=1094&criteria1=jóvenes&criteria2=),
en Venezuela viven en situación de pobreza un 34,5% de los
niños/as menores de 11 años de edad y el 14,46% de los/as
jóvenes entre 12 y 17 años de edad; la tasa de fecundidad es
de 14,9 %, una cifra correspondiente a los adolescentes entre
15 y 19 años de edad; la fecundidad temprana es 51 % mayor en
las zonas menos urbanizadas y rurales del país; 21% de los
nacimientos vivos registrados en 2001 fueron de madres menores
de 18 años; 17 % de jóvenes entre 15 y 19
años de edad se casa temprano; y, los casamientos en menores
de 15 años alcanzan el 1 % (Últimas Noticias, 09.10.03, pág.
2).
El último censo elaborado por el Instituto Nacional de
Estadísticas (INE), señala que el país cuenta con una
población joven de aproximadamente siete millones 348 mil
personas, entre 10 y 24 años de edad, lo que representa el
30,6% del total de habitantes (Ídem.).
Con respecto a la educación, sólo 26 % está en bachillerato,
esto significa que 26 de cada 100 jóvenes, entre 13 y 18 años
de edad, han logrado matricularse en el ciclo diversificado.
Moni Pizani, oficial nacional del FNUAP, añadió que "la
permanencia en la educación secundaria es de apenas 34,8%, en
el caso de las mujeres y de 26,1%, en el caso de los hombres.
La tasa de alfabetización es de 95%, esto significa que 5% de
los jóvenes no sabe leer ni escribir. En cuanto al índice de
desocupación femenina es de 34,5% y el masculino de 24,4%,
factores estos que contribuyen al empobrecimiento de este
sector de la población" (Ídem.).
El informe destaca, además, que Venezuela tiene el más alto
índice de prevalencia de VIH/Sida en toda la región andina,
siendo la media 0,43% contra 0,45% de toda la región: "se
calcula que en el país existen 60 mil personas con el virus,
habiendo contraído la enfermedad el 50% ellas, entre los 15 y
24 años de edad" (Ídem.).
Pizani señaló que el FNUAP está apoyando "técnica y
financieramente al país en el desarrollo de diversos
proyectos" (Ídem.). Finalmente, recomienda al Estado
venezolano "aumentar la inversión, especialmente en las áreas
de educación, salud y trabajo, para que los jóvenes puedan
tener una vida digna y productiva" (Ídem.).
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DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Versiones encontradas
acerca de los pasivos laborales de los/as empleados/as públicos/as
acumulados desde 1997 |
Sobre el tema de los compromisos laborales adeudados a los/as
empleados de la administración pública acumulados desde 1997,
luego de la entrada en vigencia de la Reforma de la Ley del
Trabajo, últimamente aparecieron 2 informaciones que se
contradicen.
Según Esteban Luna, director adjunto al despacho del
Ministerio del Trabajo (Mintra),
una comisión presidencial, integrada por representantes de la
Vicepresidencia de la República, ministerios del Trabajo,
Finanzas, Planificación y Desarrollo, Producción y Comercio,
así como personal de la Procuraduría, el Fondo de Garantía de
Depósitos y Protección Bancaria (Fogade) y un grupo de
técnicos a cargo de la parte operativa, cuantificará la deuda del Estado con sus trabajadores
(Globovisión, 01.10.03,
http://www.globovision.com/economia/2003.10/01/pasivoslaborales/index.shtml)
.
Explicó el funcionario que será a mediados de octubre cuando
se podría
tener una respuesta de la cuantificación y gestión de activos
para la cancelación de las prestaciones: "solo falta que el
presidente de la República, Hugo Chávez, haga la revisión
final del proyecto" (Ídem.).
No obstante, el diputado por el MVR, Luis Francheschi,
presidente de la subcomisión de asuntos laborales del
parlamento se adelantó en afirmar que ya fueron calculados por
"una Comisión Presidencial creada y estos arrojaron una cifra
de 21 billones de bolívares" (Venpres, 01.10.03,
http://www.gobiernoenlinea.ve/) . Además, aseguró
Francheschi que "en reuniones que hemos sostenido con
representantes de los ministerios y de los organismos de
planificación, pudimos constatar que se vienen cancelando
[...] en fideicomisos, además los intereses de prestaciones
también se han venido cancelando." (Ídem.).
Por su parte, Luna señaló que se están manejando algunas alternativas
de cancelación de la deuda laboral con los empleados de la
administración pública, como "los planes de
viviendas generados por canje de activos entre el sector
público y el privado, también se pueden crear nuevas empresas,
iniciar pagos en efectivos por la venta de activos y acciones
de compañías en marcha [...] igualmente se tiene previsto
elaborar propuestas comerciales atractivas, en las cuales, el
trabajador vea reflejado sus pasivos laborales con el menor
riesgo posible" (Globovisión, Op. cit.).
Hasta la fecha de cierre de esta edición, no se ha podido
corroborar alguna de las 2 versiones que permitan dilucidar
efectivamente lo que sucederá con el restablecimiento de los
derechos laborales violentados por el retraso en la
cancelación del pago de esta deuda.
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DERECHOS ECONÓMICOS,
SOCIALES Y CULTURALES
Culmina proceso de aumento del salario mínimo de este año
con los/as trabajadores/as domésticos/as excluidos del
beneficio |
Tal como lo consagró el artículo 1° del Decreto N°
2.387, publicado en Gaceta Oficial N° 37.681 el 02.05.03,
desde el 01.10.03 entró en vigencia la segunda etapa del
aumento del del salario mínimo mensual obligatorio, que
comprende un aumento de 20% para los trabajadores
urbanos y rurales. Para los primeros, el salario es de 247.104
bolívares, siempre y cuando sean parte de una empresa con más
de 20 trabajadores, mientras que para empresas con menos de
20 el salario es de 226.000 bolívares; para los
segundos, el salario de 222.393,60 bolívares. En los casos de
aprendices y adolescentes, el salario es de 185.000 bolívares.
Para los conserjes el incremento ubica
su salario en 247.000 bolívares (ver edición N° 116, de este
servicio informativo en
http://www.derechos.org.ve).
Ricardo Dorado, viceministro del Trabajo “recalcó que el 50% de
la población económicamente activa del sector formal se
beneficia con la medida”
(Últimas Noticias,01.10.03, pág. 10). Igualmente informó Dorado que
será en la segunda quincena de
octubre cuando se pagará la primera parte del bono de los
trabajadores y funcionarios del sector público acordado con la
Federación Nacional de Trabajadores del Sector Público (Fentrasep),
que involucra a ministerios e institutos autónomos nacionales:
"en esta primera etapa se pagará Bs. 1.000.000 a los
trabajadores activos y Bs. 500.000 al personal jubilado [...]
la segunda parte se honrará en abril de 2004” (Ídem.).
Es oportuno recordar el reclamo que Provea ha realizado
reiteradas veces en relación con el carácter discriminatorio
de las políticas salariales aplicadas por el Ejecutivo
Nacional en los últimos 4 años, que excluyen del beneficio del
aumento del salario mínimo laboral mensual a los/as
trabajadores/as domésticos/as (edición N° 116 y 120 de este
servicio informativo, Op. cit.). Esta situación motivó a
Provea a introducir, el 02.07.03, un recurso de nulidad por
inconstitucionalidad del artículo 10 del Decreto 2.387, en el
cual se explicita tal exclusión de este amplio sector de la
sociedad. Dicho recurso fue admitido por el Juzgado de
Sustanciación de la Sala Político Administrativa del TSJ el
18.08.03 (ver edición N° 124 de este servicio informativo en
http://www.derechos.org.ve).
En otro orden de ideas, cabe destacar que la culminación de las
políticas de aumento salarial de este año, cristalizada en esta
segunda etapa, no está exenta del debate acerca de su limitada
cobertura ante los costos de los rubros de primera necesidad.
Por ejemplo,
Froilán Barrios, directivo de la Confederación de Trabajadores
de Venezuela (CTV) asegura que con el nuevo aumento salarial,
el/la trabajador/a "apenas puede comprar 60% de la canasta
alimentaria [...] si se compara la capacidad de compra del
salario mínimo con el costo de la canasta básica (integrada
por alimentos, servicios y bienes de primera necesidad), que
tiene un costo de 1.000.000 de bolívares, el déficit es aún
mayor" (El Nacional, 01.10.03, pág. A/16).
Barrios también resaltó que "en la mayoría de los países -
América Latina incluida -, el salario mínimo es una
referencia, un punto de partida para calcular los sueldos, por
lo que entre 10% y 15% de la población laboral percibe
este ingreso. Pero en Venezuela se ha convertido en el techo
de remuneración de una buena parte de los 3,3 millones de
trabajadores que laboran en el sector formal. De los 900.000
obreros y empleados de la administración pública, cerca de
315.000 (35%) ganan el salario mínimo, mientras que en las
empresas privadas la tasa es de 50%, equivalente a 1,1
millones de personas. Los restantes 1,3 millones de
trabajadores devengan sueldos y salarios superiores al
mínimo. Al referirse a la distribución de los indicadores de
remuneración y capital en el ingreso nacional de Venezuela, en
1998 los índices eran de 48% y 52% respectivamente. 'En 2002,
la remuneración fue de 38% y el capital de 62%, lo cual
refleja la caída de nuestro poder adquisitivo'" (Ídem.).
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DERECHOS ECONÓMICOS,
SOCIALES Y CULTURALES
Indicadores socioeconómicos y derecho a la alimentación |
En su más reciente informe sobre el Índice
de Precios al
Consumidor (IPC) del Área Metropolitana de Caracas, el Banco
Central de Venezuela (BCV) muestra que el aumento de los
precios de los rubros de primera necesidad mantiene el ritmo
desacelerado de los meses anteriores. El IPC registró en el
mes de septiembre un aumento de este indicador del 1,4%,
apenas 0,1% más al observado en el mes de agosto (1,3%) y 4,4%
menor al reportado en septiembre del año pasado (4,5%). Con
este resultado, el incremento acumulado del IPC del tercer
trimestre de 2003 cerró en 20,6%, un 4,4% menos del alcanzado
en el año 2002 (25%). Con el IPC de septiembre, el crecimiento
anualizado del indicador para el período septiembre
2003/septiembre 2002, se ubicó en 26,6%, un 1,6% menor al
observado en el mismo lapso 2002/2001 (28,2%) (Banco Central de Venezuela, 02.10.03,
http://www.bcv.org.ve/c4/notasprensa.asp?Codigo=2676&Operacion=2&Sec=False).
Explica el BCV que "la evolución registrada por el indicador en el mes de
septiembre, fue resultado de la aceleración de precios que
mostraron los productos sujetos a regulación y control de
precios (de 0,5% a 1,3%), mientras que en esta oportunidad en
los restantes bienes y servicios, hubo un comportamiento
desacelerado (de 2,2 % a 1,6%)" (Ídem.).
Los aumentos de precios con mayor intensidad se presentaron en
las agrupaciones de alimentos y bebidas no alcohólicas (de
1,1% a 2,5%), servicios de la vivienda (de –0,6% a 1,1%) y
servicios de educación (de 0,0% a 4,8%). Esto debido al movimiento de los
precios sometidos a control.
En cuanto a las demás agrupaciones de bienes y servicios, se observaron variaciones relativamente
similares a las registradas en el mes anterior en
comunicaciones (de 1,3% a 1,5%), alquiler de vivienda (de 0,5%
a 0,7%) y salud (de 0,7% a 0,9%) (Ídem.).
Otro indicador
oficial, la Canasta Alimentaria Normativa (CAN), manejado por
el INE confirma esta
dinámica al ubicarse en
261.145,20 bolívares para el mes de agosto, lo que representó
un incremento de 1,6% (4.301 bolívares) con respecto a julio.
Esta variación porcentual de agosto-julio muestra una
desaceleración del incremento del valor, en comparación con la
variación porcentual verificada en los meses de junio y julio
(2,75%). Con relación al poder adquisitivo del salario mínimo
vigente en agosto (209.088 bolívares), el INE explica que éste
se encuentra limitado al 80% del valor de la CAN (261.145
bolívares) (Instituto Nacional de Estadística, 02.10.03,
http://www.ine.gov.ve/ine/noticias/noticias.asp).
Por su lado, el Centro de Documentación y Análisis
Social de la Federación Venezolana de Maestros (CENDA),
reportó para el mes de septiembre un incremento de la Canasta
Básica Familiar (CBF) de 2,7% con respecto al valor de este
mismo indicador en agosto, alcanzando un costo de 1.224.036
bolívares (Ídem.). Tomando en cuenta que este indicador se
calcula sobre la base del consumo de una familia de 5
miembros, en la que 2 de ellos devengan el salario mínimo
vigente para ese entonces (209.088 bolívares), el déficit del
poder adquisitivo con respecto a la CBF es de 34,2% (805.860
bolívares).
En cuanto a la Canasta Alimentaria Familiar (CAF), el CENDA
registra para septiembre un aumento de 0,8% con respecto al
valor del mes de agosto (410.480 bolívares), alcanzado un
precio de 414.044 bolívares. La CAF, para ese mes, ocupa el
99% del poder adquisitivo de una familia de 5 personas en la
que 2 devengan el salario mínimo vigente hasta esa fecha
(209.088 bolívares) (Instituto Nacional de Estadística, Op.
cit.).
Acerca del comportamiento del consumo, vale la pena citar el
más reciente reporte realizado por la Cámara
Venezolano-Americana (Venamcham) en el que afirma que, en lo
que va de año, se ha observado un 40% en la caída de las
ventas de productos como leche, aceite comestible, bebidas
carbonatadas, agua mineral y jugos; así como un 30% de
reducción en la venta de cremas de arroz y guisantes.
Paralelamente, también se reporta el repunte de ventas de
desodorantes y sardinas en un 30% y de atún en 10% (El
Universal, 07.10.03, pág. 2/10).
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DERECHOS ECONÓMICOS,
SOCIALES Y CULTURALES
Situación de los indicadores laborales |
Según el Informe Mensual de la Situación de la Fuerza de
Trabajo en Venezuela correspondiente al mes de agosto de 2003
publicado por el INE el 29.09.03, la tasa de actividad de ese
mes llegó a 69,9%, es decir 12.051.454 personas de 15
años y más con disposición y disponibilidad para trabajar. Con
respecto a la tasa de actividad de julio (69,6%, 11.982.432
personas activas), se muestra un aumento de 0,3% y con
relación a agosto de 2002, registró un incremento de 0,8%
(436.422 nuevos activos). En el lapso comprendido entre agosto
2002/2003, todas las categorías de la población activa experimentaron
incrementos: ocupados, 1,6% (166.776 personas);
desocupados, 1,6% (269.646 personas); cesantes, 1,3% (216.731
personas); cesantes que buscaban trabajo por primera vez
0,4% (52.915 personas). La población económicamente inactiva
no evidenció variaciones significativas en ese lapso: 30,1%
(5.178.291 inactivos)
(Instituto Nacional de Estadística, 02.10.03,
http://www.ine.gov.ve/ine/hogares/menuhogares.asp).
En cuanto a la tasa de ocupación, es decir, el porcentaje de
personas activas que estaban trabajando en agosto de
2003, el INE reporta un 82,2% (9.901.776 personas), un 0,5%
más del registrado en julio del mismo año.
Frente a la tasa de agosto 2002 (83,8%: 9.735.000 personas),
el informe del INE reporta una variación del 1,6%. Se subraya
el hecho de que en el lapso de agosto 2002/2003, hubo un aumento de 96.371 mujeres ocupadas
así como también se reflejó un incremento de 94.244 ocupados
en el grupo etario comprendido entre los 45 a 64 años. El INE
complementa la exposición de estos indicadores destacando que
su comportamiento en el mes estudiado muestra una tendencia a la recuperación
iniciada en febrero, cuando había alcanzado el valor más
bajo de los últimos años (79,3%) (Ibíd.).
El porcentaje de ocupados en el sector formal para agosto 2003
se ubicó en 47% (4.653.747 trabajadores/as), Explica el INE que, tanto
en el sector público como en el privado este indicador mostró
una situación estable en comparación con julio 2003 y agosto
2002: en julio
laboraban en el sector formal 47% de los ocupados (4.606.901
trabajadores/as) y en agosto del año pasado el 48% (4.669.754
ocupados). Cabe recordar que el sector formal lo constituyen
las empresas con 5 o más personas (Ibíd.).
En el sector informal se observó que se sigue manteniendo el
porcentaje de julio (53%: 5.248.029 trabajadores/as). Con relación
a agosto 2002, hubo un aumento de 1%
(186.462 ocupados/as). Un 1,2% (134.570) de este sector
pertenecen a la categoría de empleados/as y obreros/as (Ibíd.).
Respecto a la tasa de desocupación, para agosto ésta se situó en
17,8% (2.149.678 desocupados), un 0,5% menos que la de julio (18,3%)
y 1,6% más que la reportada en agosto de 2002. Destaca el
informe que en el lapso de agosto 2002/2003, el grupo etario de 25 a 44 años de edad experimentó el
mayor crecimiento en el volumen de desocupados (2,4%) (Ibíd.).
Según otra fuente informativa, las cifras del INE contrastan con las
suministradas por la CTV, que colocan en el mes de agosto 2003 en 23%
al desempleo, un 5,2% más que el indicado por la fuente
oficial. La organización sindical ubica, también, el sector informal en 55%,
un 2% más que el ofrecido por el INE. Y a la tasa de ocupación
del sector formal en 22%, es decir, un 25% menos que los
reportados por el INE.
(El Nacional, 27.09.03,pág. A/16).
Por su parte, Alberto Macía, presidente de la Federación
Campesina, organización afiliada a la CTV, informó que el
desempleo en el sector agroindustrial supera el 85%, es decir,
que 170.000 de los 200.000 trabajadores de este sector están
desocupados (El Nacional, 26.09.03, pág. A/18).
Causas de esta situación son identificadas por Macía en "la
contracción de la economía que afecta al sector privado, en el
caso de los empresarios del campo la situación es más grave
pues muchos de ellos han tenido que cerrar o suspender la
siembra, ante la imposibilidad de acceder al crédito nacional
con tasas de interés muy altas. Por otra parte, la compra de
insumos importados -alimentos para animales, fertilizantes,
repuestos de maquinaria, etcétera-, está muy restringida con
el control de cambio" (Ídem.)
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DERECHOS ECONÓMICOS,
SOCIALES Y CULTURALES
Situación epidemiológica
nacional |
El
reporte epidemiológico semanal del Ministerio de Salud y
Desarrollo Social (MSDS), Alerta
Epidemiológica, en su edición N° 38 (MSDS, 06.10.03,
http://www.msds.gov.ve/msdsweb/Index.html),
correspondiente a la semana comprendida entre el 14 y el
20.09.03, notifica que la malaria disminuyó un 27% (637 casos
reportados) con respecto a la cifra de la semana 37 (873
casos). De esta misma enfermedad se registró un acumulado de
21.024 casos hasta la semana 38, es decir, un 10,5% menos que
los registrados en el año 2002 en ese mismo lapso (23.491
casos).
Con respecto al dengue, en la semana 38, Alerta documenta 721
casos, un 10% menos que los reportados en la semana N° 37
(802). El acumulado hasta la semana 38 es de 14.951 casos de
dengue en el territorio nacional, es decir, un 50,4% menos que
los casos acumulados en el año 2002 para ese lapso (30.170).
En cuanto al indicador Mortandad
Infantil, Alerta reseña un número de 132 defunciones
registradas en la semana 38, es decir, un 38,9% más que las
defunciones reportadas en la semana 37 (95). El total de
defunciones infantiles acumuladas este año hasta la semana 38
es de 4.125, un 11,3% más que el reseñado en ese mismo lapso
del año 2002 (3.705).
La Mortalidad Materna, para esta edición de
Alerta, reportó 7 defunciones en el ámbito nacional, un 16,6%
más que las de la semana 37 (6). Para la semana 37 el
acumulado reporta 196 defunciones, un 4,3% más que el número registrado en ese mismo
lapso del año 2002.
Con respecto a la situación epidemiológica relativa a la
fiebre amarilla, Alerta señala que hasta la semana 38 hay 31 casos confirmados,
de los que 2 casos y 1 muerte corresponden a la semana 33.
Entraron al sistema de vigilancia icterohemorrágica 4 casos
del Edo. Zulia y 9 casos del Edo. Táchira, los cuales esperan los resultados de descarte del Instituto Nacional
de Higiene. En este sentido, Alerta informa que para la semana
38 se descartaron 122 casos, se han recuperado 13 personas y
fallecieron 18 personas.
Alerta reseña que, hasta la semana 38, se han vacunado 469.032
personas en los municipios de alto riesgo con casos de
los Edos. Táchira y Zulia; 620.015 en los municipios de alto
riesgo sin casos; 672.843 en los municipios de bajo riesgo; y,
684.807 personas en los municipios de mediano riesgo.
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DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y
CULTURALES
Propuestas
y exigencias a los poderes públicos sobre
el derecho
a un ambiente sano |
- Establecer una política de desarrollo, sustentada en la
variable ambiental y la participación ciudadana;
- Revisar las concesiones y contratos o convenios petroleros
concedidos en el marco de la apertura petrolera, anulando
aquellos que se encuentren en áreas de alta fragilidad
ambiental y social;
- Dar efectiva vigencia a la Ley Penal del Ambiente;
- Revisar todas las concesiones mineras, permitiendo esta
actividad sólo en aquellas zonas que no estén en áreas
protegidas (Abrae) y territorios indígenas, y donde la
consecuente depredación no conlleve a daños en zonas de alta
diversidad biológica, en bosques nativos y cuencas;
monitoreando efectivamente el cumplimiento por parte de las
empresas mineras de todos los requerimientos y normativas
ambientales;
- Revisar y reformular la política de concesiones y manejo
forestal. Establecer un nuevo Plan Nacional Forestal dentro de
cuyos objetivos estará el congelamiento y eliminación de las
plantaciones forestales industriales que se estén
desarrollando a expensas del bosque nativo natural y de otras
formaciones vegetales de gran valor biológico. Sustituir los
objetivos de explotación económica por objetivos de
aprovechamiento sustentable de los recursos;
- Derogar por inconstitucional el Decreto 1.850 sobre la
Reserva Forestal de Imataca;
- Desarrollar planes efectivos de recuperación de cuencas y
embalses y el establecimiento y ejecución coordinada de un
Programa Nacional de Descontaminación de los Litorales
Marinos;
- Garantizar el cumplimiento de la normativa ambiental por
parte de todas las empresas e industrias que operan en el
país;
- Reformar las normas reglamentarias sobre Estudios de Impacto
Ambiental (EIA);
- Reformar las Normas Reglamentarias sobre parámetros de
calidad de agua y aire;
- Formular una política para la incorporación de todos los
municipios del país a la clasificación de Residuos Sólidos in
situ (orgánicos, plásticos, vidrios, cartones y papel), con
graduales y selectivos métodos de recolección y transporte de
basuras, asumiendo el reciclaje integral como nuevo medio de
descontaminación y producción de nuevas y sanas fuentes de
trabajo. Confección de un plan nacional para la reubicación y
construcción de rellenos sanitarios, con apoyo de las
gobernaciones estadales y municipios, que impida la
improvisación y establezca criterios unificados al respecto;
- Impulsar el reforzamiento o implementación por parte de las
municipalidades o las empresas privadas, de los sistemas de
recolección, disposición y tratamiento de aguas servidas
domésticas e industriales;
- Lanzamiento vigoroso de un Plan de Educación Ambiental que
incluya la educación al consumidor y a los productores sobre
los riesgos para la salud y el ambiente del uso de organismos
genéticamente modificados (OGM) y de miles de sustancias
químicas sintéticas empleadas por la industria moderna, todo
con miras a un mayor control o incluso sustitución por
productos naturales no dañinos;
- Desarrollar una política de desconcentración de plantas
industriales y negociación de plazos cortos para la adecuación
de empresas generadoras de desechos y contaminantes, al
tratamiento adecuado de sus efluentes y residuos, así como la
instalación de correctos dispositivos que eviten la inadecuada
disposición de los mismos;
- Declaratoria de una moratoria a la exploración y explotación
de petróleo y gas en el Delta del Orinoco y el Golfo de Paria;
- Declarar la moratoria a la explotación del carbón en la
Sierra de Perijá;
- Establecer una línea de emergencia telefónica ambiental,
para que Ministerio del Ambiente reciba y tramite denuncias (Provea,
http://www.derechos.org.ve).
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DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
Libertad de expresión en Venezuela: CIDH y caso Globovisión |
El pasado 03.10.03, Conatel
procedió a incautar algunos equipos de microondas
pertenecientes a Corpomedios GV Inversiones C. A., propietaria
de la emisora de televisión Globovisión, los cuales, según
explicó Jesse Chacón, ministro de Comunicación e Información,
no poseían la autorización de funcionamiento otorgada por la
Conatel, requerida por la Ley Orgánica de Telecomunicaciones
(Conatel, 06.10.03,
http://www.conatel.gov.ve/ns/index.htm).
Por su parte, Alvin Lezama, director general de Conatel,
aclaró que el pasado 19.08.03, se hizo una inspección a
esta televisora que determinó la existencia de unas
frecuencias de enlaces de microondas que no estaban
autorizadas en la base de datos del ente: "por lo que se le hizo
firmar un acta a los técnicos y representantes de la
televisora, un mes después se hace nuevamente la inspección y
se constata la misma irregularidad, por lo que se decidió
tomar esta medida perfectamente sustentada"
(Venpres, 06.10.03,
http://www.aporrea.org/dameverbo.php?docid=10415).
Aún cuando el procedimiento afectó la posibilidad de
transmisión vivo y directo exterior/estudio, la señal no salió
del aire, tal como inicialmente se presumió. A este respecto,
Chacón explicó que “la medida no es contra su sistema de transmisores
[de Globovisión] que
están debidamente permisados” (Aporrea, 04.10.03,
http://www.aporrea.org/dameverbo.php?docid=10398).
En la misma fecha de ejecución por parte de Conatel del
procedimiento sob | | | |