Una lectura de la realidad venezolana
  desde los derechos humanos

Servicio informativo No. 127
Del 26 de septiembre al  09 de octubre de 2003


1988/2003: Provea, 15 años por los derechos sociales y contra la impunidad

CONTEXTO
*
Organizaciones de derechos humanos rechazan declaraciones del Presidente sobre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
* Terrorismo: nuevas explosiones se suman a la violencia política
* Abierto Diplomado en Derechos Humanos y Procesos de Democratización en la Universidad de Chile

DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
* Reunión del ALCA en Trinidad: Intransigencia de los países industrializados sigue cosechando fracasos
* Cumbre de la Deuda Social presenta Carta de Derechos Sociales Fundamentales
* OEA promueve iniciativas contra la pobreza y a favor de la equidad y la inclusión social
* El BM publica informe sobre desigualdad en América Latina
* Coalición Internacional para el Hábitat: ¡Derecho a la vivienda hoy! ¡Un mundo habitable para todos/as es posible!
*
Demarcación de hábitat indígena: deuda con la Constitución y las comunidades
* Unión Afirmativa: En manos del TSJ reconocimiento jurídico de efectos patrimoniales de las parejas homosexuales, bisexuales y transgéneros
*
A la AN no parece importarle los derechos sexuales y reproductivos de la mujer
*
FNUAP presenta indicadores de salud y educación de la infancia y adolescencia venezolana
*
Versiones encontradas acerca de los pasivos laborales de los/as empleados/as públicos/as acumulados desde 1997
* Culmina proceso de aumento del salario mínimo de este año con los/as trabajadores/as domésticos/as excluidos del beneficio
* Indicadores socioeconómicos y derecho a la alimentación
*
Situación de los indicadores laborales
* Situación epidemiológica nacional
*
Propuestas y exigencias a los poderes públicos sobre el derecho a un ambiente sano

DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
*
Libertad de expresión en Venezuela: CIDH y caso Globovisión
* Cuestionada la CIDH por parcialidad
* Corte IDH da prórroga al Estado venezolano para cumplir sentencia de El Caracazo
* CNE al día con el derecho a elegir

*
Defensoría del Pueblo insta a MIJ y a MP a luchar contra el sicariato en zonas fronterizas
*
Indicadores del derecho a la seguridad ciudadana
*
Propuestas y exigencias a los poderes públicos sobre el derecho de las personas detenidas y encarceladas

ARTÍCULOS
*
Son Derechos: “Día de la resistencia indígena 

DOCUMENTOS
*
Centro de Derechos Humanos de la UCAB: "Aplicación de Ley Orgánica de Telecomunicaciones viola derechos"
* Posición de las organizaciones de derechos humanos frente a los derechos de los niños, niñas y adolescentes hijos de los trabajadores y trabajadoras cesantes de Pdvsa
* Unicef llama al país a respetar los derechos de los/as niños/as
* Declaración del Centro Carter como respuesta a peticiones de los medios de comunicación sobre la reciente sanción del Gobierno a Globovisión y el bombardeo a Globovisión
* Proyecto de Declaración de Margarita
* Carta de Guanabara sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres

 

A efectos de este servicio informativo utilice: coyuntura@derechos.org.ve
Ediciones anteriores disponibles en nuestro sitio web: http://www.derechos.org.ve
Agradecemos mencionar la fuente cuando el contenido sea citado o difundido


CONTEXTO
Organizaciones de derechos humanos rechazan declaraciones del Presidente sobre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Las organizaciones de derechos humanos abajo firmantes rechazan las declaraciones formuladas el 08.10.03 por el Presidente de la República Hugo Chávez Frías, en la inauguración de la “Conferencia de Alto Nivel sobre Pobreza, Equidad e Inclusión Social”, en las cuales manifestó que su Gobierno no acatará la medida cautelar dictada el pasado viernes por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y descalificó al organismo hemisférico.
Refiriéndose a la CIDH, el Presidente señaló lo siguiente: "viene un organismo de derechos humanos [...], sin comunicarse antes con el Gobierno, a ordenar una medida cautelar a beneficio de la delincuencia [...] esa Corte [sic] lo menos que sabe es de derechos humanos”. Estas declaraciones se suman a las pronunciadas por el Ministro de Comunicación e Información, Jesse Chacón, quien luego de un consejo de Ministros, realizado el 08.10.03, señaló que “esta medida de la CIDH no es de obligatorio cumplimiento”.
Al respecto, estas organizaciones de derechos humanos señalan que:
a) Las decisiones de los organismos internacionales, convencionales, de protección de los derechos humanos, tales como la CIDH, son de obligatorio cumplimiento por parte del Estado venezolano, tal como lo señala el artículo 31 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela: “Toda persona tiene derecho, en los términos establecidos por los tratados, pactos y convenciones sobre derechos humanos ratificados por la República, a dirigir peticiones o quejas ante los órganos internacionales creados para tales fines, con el objeto de solicitar el amparo a sus derechos humanos. El Estado adoptará, conforme a procedimientos establecidos en esta Constitución y la ley, las medidas que sean necesarias para dar cumplimiento a las decisiones emanadas de los órganos internacionales previstos en este artículo”;
b) La descalificación gubernamental a la CIDH, como lo hemos señalado en el pasado, contribuye a debilitar el sistema interamericano de protección de los derechos humanos, que ha jugado un papel relevante en los procesos de democratización en el continente y ha servido a múltiples víctimas de violación a sus derechos como un mecanismo de lucha contra la impunidad. Con ello, el gobierno debilita la garantía, establecida en la Convención Americana de Derechos Humanos y en la Constitución, que permite acceder al sistema internacional para hacer valer un derecho. Facilita, igualmente, que en la comunidad interamericana prive la arbitrariedad por encima de la legalidad;
c) El Estado venezolano tiene la posibilidad de disentir de una medida emanada de la CIDH. Lo adecuado, en esos casos, es cumplir con la medida, al tiempo que iniciar las diligencias para mostrar sus puntos de vista. Siempre sometiéndose a los procedimientos establecidos en la Convención Americana de Derechos Humanos y al Reglamento de la CIDH. Cualquier otra actuación, coloca al Estado al margen del sistema;
d) Sobre la base de estas consideraciones, solicitamos a todas las instancias del Estado venezolano, el respeto a las instituciones internacionales que velan por las garantías y disfrute pleno de los derechos humanos de todas y todos los ciudadanos, tal como está establecido en las disposiciones legales nacionales y en los acuerdos suscritos por el Estado venezolano.
Suscriben el siguiente comunicado:
Acción Ciudadana Contra el Sida (Accsi); Asociación de Mujeres por el Bienestar y la Asistencia Recíproca (Ambar); Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (Cddhh/UCAB); Centros Comunitarios de Aprendizaje (Cecodap); Centro para la Paz y los Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela; Comisión de Justicia y Paz de Secorve; Fundación de Derechos Humanos del Estado Anzoátegui; Oficina de Acción Social del Vicariato Apostólico de Machiques; Oficina Diocesana de Derechos Humanos de la Diócesis de Ciudad Guayana "Humana Dignitas"; Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea); Red de Apoyo por la Justicia y la Paz; Red de Monitores de Derechos Humanos del Estado Táchira.
(Provea, 10.10.03, http://www.derechos.org.ve)

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CONTEXTO
Terrorismo: nuevas explosiones se suman a la violencia política

Entre las 10:00 PM y 11:00 PM del 05.10.03, explotaron 2 camiones cisternas usados para transportar combustible para aviones, los cuales permanecían estacionados y vacíos en la Base Aérea Generalísimo Francisco de Miranda, sede de la Fuerza Aérea Venezolana (FAV) (Aporrea, 06.10.03, http://www.aporrea.org/dameverbo.php?docid=10451). Alrededor de esa misma hora, estallaron otros 2 artefactos explosivos en las instalaciones del cuartel militar Fuerte Tiuna (El Universal, 08.10.03, pág. 2/26). La otra explosión ocurrió 2 días antes, cerca de la medianoche del 03.10.03, al ser lanzado un artefacto contra la puerta principal de la sede de la Comisión Nacional de Comunicaciones (Conatel) (El Nacional, 04.10.03, http://www.el-nacional.com/Articulos/Articulo.asp?Plantilla=3&Id=33632&IdSeccion=63). Ninguno de los incidentes provocó víctimas ni heridos, sólo daños materiales. 
Las investigaciones de estos hechos son seguidas por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y la Dirección de Inteligencia Militar (DIM) (El Universal, 06.10.03, http://www.eud.com/#avance). El 07.10.03, fue presentado por Henry Zerpa, coordinador Nacional de Investigaciones Penales de la Cicpc, un retrato hablado de un sospechoso en los hechos de la Base Aérea (El Universal, 08.10.03, Op. cit.). El Ministerio Público (MP) designó al fiscal 50 del área metropolitana, Américo Gloria, para las investigaciones de los atentados contra Conatel y el Fuerte Tiuna, según la fuente.
Por su parte, el Ministerio de la Defensa emitió un comunicado el 07.10.03 en el que consideró que los hechos ocurridos en Fuerte Tiuna y la Base Aérea Generalísimo Francisco de Miranda "obedecen a una planificación cuya intelectualidad recae sobre personas proclives a la utilización de métodos terroristas para el logro de fines específicos [...] La similitud con los hechos terroristas a instalaciones diplomáticas, militares y medios de comunicación detona la existencia, por parte de sus autores intelectuales, de una estrategia desestabilizadora inoportuna en momentos en que el país transita por la vía que determina el sistema democrático venezolano, la cual ha sido ratificada por los diferentes sectores de la vida pública nacional" (Gobierno en Línea, 07.10.03, http://www.gobiernoenlinea.ve/).
Con respecto a la explosión en Conatel, los investigadores de la División Contra el Terrorismo del Cicpc revisan un video para esclarecer el atentado (El Mundo, 06.10.03, pág. 16). Zerpa aseguró que el caso "está bastante adelantado y que esperan tener buenos resultados pronto [...] los sospechosos siguen siendo una pareja de motorizados y se podría identificar la moto de alto cilindraje que fue vista por los funcionarios que realizaban la vigilancia en Conatel" (Ídem.).
Con estos últimos sucesos, suman 6 los que recientemente involucran explosiones. Se recuerda el que estalló el 17.09.03 en la Casa Militar, adyacente al palacio de Gobierno; el que detonó en la sede de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) de Chuao, Caracas, el 16.07.03 ; la bomba que estalló en el edificio Caracas Teleport, sede de la Mesa de Negociación y Acuerdos, el 12.04.03; y, los que explotaron el 25.02.03 en las sedes diplomáticas de España y Colombia (sobre explosivo lanzado contra la sede de Casa Militar ver edición N° 126 y sobre los atentados contra las sedes diplomáticas de España y Colombia, ver edición N° 112 de este servicio informativo en http://www.derechos.org). 
Sobre los hechos de violencia más recientes, el Centro Carter emitió un comunicado en el que advierte sobre el inicio de una "nueva etapa de violencia en Venezuela" (El Nacional, 06.10.03, http://www.el-nacional.com/Articulos/DetalleArticulo.asp?idSeccion=64&id=33694).
El pronunciamiento del organismo recordó que ese Centro mantiene presencia permanente en Venezuela desde hace más de un año para actuar como facilitador en la crisis política local (Ídem.).
Este comunicado puede ser leído en la sección DOCUMENTOS.

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CONTEXTO
Abierto Diplomado en Derechos Humanos y Procesos de Democratización en la Universidad de Chile

El Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, en conjunto con el International Center for Transitional Justice (ICTJ) de Nueva York, invitan a los/as interesados/as a inscribirse en el Diplomado en Derechos Humanos y Procesos de Democratización, que se realizará entre el 29.03.04 y el 10.09.04. El curso "ofrece la oportunidad de estudiar temas relacionados con procesos de transición a la democracia y derechos humanos en sociedades afectadas, en el pasado reciente, por regímenes represivos o conflictos armados, así como temas vinculados con el desafío más general de construir sistemas democráticos viables" (Universidad de Chile, 09.10.03, http://www.derecho.uchile.cl/cdh/diplomados/ddhh/presentacion.htm).
El programa ofrece becas completas hasta para 20 profesionales de diversas disciplinas (derecho, periodismo, educación, trabajo social, entre otras), cuyo trabajo o actividades actuales demuestren su capacidad de defender y promover los derechos humanos o de influir en la construcción de sociedades democráticas más justas, abiertas y pacíficas en sus países de origen. Se dará prioridad a postulantes provenientes de países de América Latina y El Caribe (sean nacionales o residentes permanentes).
El programa consistirá en actividades docentes y académicas en Santiago de Chile (2 semanas al comienzo y 1 semana al final del curso) y clases online (21 semanas). Otorgará Diploma en Derechos Humanos y Procesos de Democratización de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile a quienes cumplan satisfactoriamente con el programa de estudios.
Los/as postulantes al programa de Diplomado deberán poseer una licenciatura, grado o título de enseñanza universitaria; un excelente dominio del castellano (las clases y la gran mayoría del material de lectura serán en castellano). Si bien un buen dominio de comprensión de lectura del inglés será una ventaja, no es requisito para poder postular. Deberá enviar el formulario de postulación que se encuentra en la dirección web: http://www.derecho.uchile.cl/cdh/diplomados/ddhh/formulario_postulacion.htm y acompañarla con los siguientes documentos: curriculum vitae; una exposición en que describa sus motivaciones para postular al programa en no más de 750 palabras, indicando aspiraciones profesionales y académicas así como la manera en que el Diplomado en Derechos Humanos y Procesos de Democratización las apoyaría, y cómo piensa usar estos nuevos conocimientos para promover los derechos humanos y los procesos de democratización en su país. Indique, en particular (si es aplicable) de qué modo espera que su capacitación contribuya al trabajo de la organización o redes a las cuales usted está vinculado/a; fotocopia simple del certificado de título o grado académico. (A los/as postulantes finalmente aceptados/as se les pedirá oportunamente fotocopias debidamente legalizadas de estos certificados. La legalización deberá ser hecha ante el Cónsul de Chile en sus respectivos países.); 3 cartas de referencia (para garantizar la confidencialidad, cada carta deberá venir en un sobre cerrado, con la firma de la persona que la otorgue, al reverso del sobre).
Es necesario que tenga dominio de internet, correo-e y programas computacionales básicos (Windows, Word). Para poder participar en el programa de Diplomado, los postulantes seleccionados deberán tener acceso a un equipo computacional con las siguientes capacidades tecnológicas, como mínimo: una conexión a Internet de 33 Kbps, e Internet Explorer 5 o Netscape 5.
Los documentos solicitados deberán ser enviados por correo certificado (DHL, Federal Express, TNT o similares) a la Coordinadora del Diplomado, como se indica en el Formulario de Postulación.
Se dará prioridad a postulantes provenientes de países de América Latina o el Caribe (sean nacionales o residentes permanentes).
Los/as postulantes deberán poseer pasaportes u otros documentos de viaje válidos y al día que les permitan viajar a Chile, previa obtención de visa, de ser necesario.
Finalmente, se recibirán postulaciones hasta las 5:00 PM del 20.11.03. Para mayor información solicítela por el correo-e: dipdem@derecho.uchile.cl.

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DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Reunión del ALCA en Trinidad: Intransigencia de los países industrializados sigue cosechando fracasos

Según lo reseña una fuente informativa (Agencia Venpres, 04.10.03, http://www.venpres.gov.ve/econ/), la XV Reunión del Comité de Negociaciones Comerciales (CNC) para el Acuerdo de Libre Comercio de Las Américas (ALCA) que se efectuó en Puerto España, capital de Trinidad y Tobago, entre el 30.09.03 y el 03.10.03, repitió el fracaso de la recientemente celebrada V Conferencia Ministerial Oficial de la Organización Mundial del Comercio (OMC) (ver edición N° 126 de este servicio informativo en http://www.derechos.org.ve).
A la convocatoria de Puerto España asistieron representantes de 34 países del continente, con el objetivo de definir las bases para el VIII Encuentro Ministerial que se efectuará en Miami, Estados Unidos (EEUU), entre el 20 y 21.11.03. Última cita que supone el establecimiento de las directrices para la conclusión de las negociaciones del ALCA en enero de 2005 (Sistema Económico Latinoamericano, 26.09.03, difusion-sela@sela.org).
Tal como lo reseña la fuente, el CNC del ALCA concluyó sin resultados debido a la intransigencia de Estados Unidos y Canadá de mantener los subsidios a su sector agrícola en perjuicio de la entrada de productos de ese sector provenientes de Latinoamérica, rechazando la inclusión de este tema en el debate interno al CNC y proponiendo su análisis al interior de la OMC. En respuesta a esta actitud, los negociadores de los países integrantes del Mercado Común del Sur (Mercosur) reaccionaron proponiendo introducir en la OMC, también, la discusión sobre la liberación de los servicios y las reglas de protección a las inversiones extranjeras, aspectos de sumo interés para EEUU y Canadá (Agencia Venpres, Op. cit.).
La postura del Mercosur fue expuesta en una declaración respaldada por los representantes de los países de la Comunidad de El Caribe (Caricom), la cual advierte que en las actuales discusiones "están presentes los mismos temas que bloquearon la reciente reunión de la OMC [...] El ALCA solamente será posible si EEUU y Canadá acceden a avanzar en la eliminación de los subsidios y barreras arancelarias, que obstaculizan la exportación de productos, especialmente de origen agrícola [...] No es posible hablar de un ALCA comprensivo, sin incluir el tratamiento de los temas relacionados con los subsidios a las exportaciones y a las medidas de apoyo interno en la agricultura. Tampoco existe un ALCA con alto grado de ambición sin la inclusión de normas relacionadas con las medidas antidumping [En este sentido, hay que destacar] el papel del llamado Grupo de los 22 (G-22), integrado por países subdesarrollados, en el foro de Cancún que enfrentó la posición cerrada de EEUU y la Unión Europea frente a los reclamos de los países emergentes".
En ese mismo orden de ideas, se destacan las acusaciones hechas por Celso Amorim, ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, contra EEUU de hacer "amenazas" y ejercer una presión "muy destructiva" para sacar adelante su proyecto en las negociaciones del ALCA (Sistema Económico Latinoamericano, 05.10.03, difusion-sela@sela.org). Amorim defiende la idea de un ALCA "sin camisa de fuerza, ni positiva, ni negativa [...] O sea, quien quiera adoptar reglas para inversiones, por más amplias que sean, que lo haga, pero quien no lo quiera debe tener libertad para no adoptarlas" (Ídem.). Brasil apuesta por un ALCA que excluya los servicios, las inversiones y las compras gubernamentales, y su prioridad es la negociación de un acceso más libre a los mercados. Sin embargo, EEUU insiste, en un acuerdo que incluya esos temas y elimine de la discusión los subsidios concedidos a los productores rurales y la legislación contra la competencia desleal. Cabe resaltar que Brasil y EEUU comparten la presidencia de la fase final de las conversaciones para el ALCA (Ídem.).
En cuanto a la delegación venezolana, encabezada por Víctor Álvarez, Presidente del Banco de Comercio Exterior de Venezuela (Bancoex), la fuente reseña el apoyo que los representantes de 4 países del Mercosur, 14 del Caricom, 5 de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), Panamá y Republica Dominicana, ofrecieron a la propuesta venezolana de crear, en el marco del ALCA, un Fondo de Convergencia Estructural, que tenga como objetivo compensar las diferencias en los niveles de desarrollo y tamaño de las economías del hemisferio. En su propuesta, la delegación nacional plantea lo siguiente: "reconocemos las diferencias en los niveles de desarrollo y tamaño de las economías del hemisferio y la importancia de que todos los países que participan en el ALCA alcancen el crecimiento económico, mejoren la calidad de vida de sus pueblos, y logren un desarrollo social y económico equilibrado y sostenido de todos los participantes. Para lograr este objetivo, debe haber mecanismos que faciliten la aplicación del Acuerdo y aprovechen al máximo los beneficios que pueden derivarse del ALCA. Dichos mecanismos complementan y mejoran las medidas que abordan las diferencias en el nivel de desarrollo y tamaño de las economías.
Por lo tanto, instruimos al Grupo Consultivo sobre Economías más Pequeñas a que, con el apoyo del Comité Tripartito y a más tardar en la Decimoséptima reunión del CNC, presente propuestas para el establecimiento de un Fondo de Convergencia Estructural / Fondo de Compensación/ Fondo de Integración Regional, cuyas funciones son: (1) consolidar la capacidad institucional, (2) mejorar la competitividad en materia de producción (3) responder a las necesidades en materia de ajuste que surgen como resultado de la liberalización comercial, y (4) apoyar la aplicación de los compromisos del ALCA" (Venpres, 06.10.03, http://www.venpres.gov.ve/econ/eco1.htm#suman).
Finalmente, es importante destacar que los procesos de liberalización del comercio ejecutados sobre algunos países de la región tuvieron un impacto directo en el goce de los derechos humanos por parte de sus ciudadanos/as, en particular en lo que respecta a los derechos económicos, sociales y culturales. De ahí la relevancia de un seguimiento de las discusiones acerca de los modelos de liberalización comercial que, como el ALCA, se están implementando en la región. A este fin, se sugiere consultar el informe especial "Derechos humanos y comercio y en Las Américas", contenido en el "Informe anual sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela", octubre 2001-septiembre 2002, realizado por Provea, en http://www.derechos.org.ve.
 
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DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Cumbre de la Deuda Social presenta Carta de Derechos Sociales Fundamentales

El Parlamento Latinoamericano (Parlatino) celebró, en Barquisimeto, Edo. Lara, entre el 17 y 19.09.03, la II Cumbre de la Deuda Social. El fin de este evento fue debatir sobre la deuda externa, sus mediciones y soluciones; el ALCA, la integración regional; los programas de inclusión social; las economías solidarias y otras soluciones contra la exclusión social (Ministerio de Salud y Desarrollo Social, 06.10.03, http://www.msds.gov.ve/reunion/boletin4.htm).
La cumbre tuvo como corolario la aprobación de una Carta de los Derechos Sociales Fundamentales de América Latina y El Caribe, documento suscrito por los representantes legislativos de 22 países de la región, reunidos en este evento (Ministerio de Relaciones Exteriores, 09.10.03, http://www.mre.gov.ve/IIcumbresocial/index.html).
El documento fue redactado por la Comisión de Deuda Social del grupo venezolano del Parlatino, a cargo del diputado Filinto Durán. En su elaboración participaron, además, el Observatorio Latinoamericano de Desarrollo Humano y la Universidad Latinoamericana y del Caribe (ULAC). La carta, de 77 artículos, será presentada el próximo mes en la Reunión de Alto Nivel sobre Pobreza, Equidad e Inclusión Social de la Organización de Estados Americanos (OEA), prevista en la isla de Margarita, confirmó Durán, coordinador del proyecto de Carta (Ministerio de Relaciones Exteriores, Op. cit.). Puede ser consultada en el sitio web: http://www.mre.gov.ve/IIcumbresocial/documentos/Carta%20Social%20definitiva.doc.
Al evento legislativo estuvieron invitados, entre otros, Eric Toussaint, investigador belga, quien plantea llevar una petición conjunta por parte de los países deudores al Consejo de la ONU y a la Corte Internacional de Justicia de la Haya, y Ubiratán De Souza, economista y miembro del Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil, quien sugirió volver a negociar la deuda externa con los organismos multilaterales en conjunto y con una visión política y no financiera. Dentro de esta discusión, los conferencistas coincidieron en la necesidad de diseñar un modelo integracionista alternativo al ALCA para el continente, que surja de un amplio debate en los distintos países de la región (Ministerio de Salud y Desarrollo Social, Op. cit.).


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DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
OEA promueve iniciativas contra la pobreza y a favor de la equidad y la inclusión social

Entre el 08 y 10.10,03 se realizó en la isla de Margarita, Edo. Nueva Esparta, la I Reunión de Alto Nivel sobre Pobreza, Equidad e Inclusión Social, con el apoyo de la Organización de Estados Americanos (OEA), a través de la Comisión Ejecutiva Permanente del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral (CEPCIDI) y en respuesta al mandato de Asamblea General de esta organización (Ministerio de Salud y Desarrollo Social, 06.10.03, http://www.msds.gov.ve/reunion/marco.htm).
Este encuentro se enmarcó dentro de las disposiciones contenidas en la Carta de la OEA, así como en las declaraciones emanadas de las Cumbres de Las Américas, en el Capítulo III de la Carta Democrática Interamericana sobre la relación entre democracia, desarrollo integral y combate a la pobreza y la Declaración de Santiago de Chile sobre Democracia y Confianza Ciudadana del año 2002. En estos documentos se coincidía en la importancia de encarar el desarrollo económico y social de los países en desarrollo de la región en apoyo de su gobernabilidad democrática: "el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática requiere la superación de la pobreza, la exclusión social y la promoción del crecimiento económico con equidad que fomenten la igualdad de oportunidades, la educación, la salud y el pleno empleo" (Ídem.).
La cita internacional contó con la participación de César Gaviria, Secretario General de la OEA, Enrique Iglesias, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), autoridades de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Banco Mundial (BM), además de los representantes estatales de los 34 países miembros de la OEA (Ídem.).
Este encuentro intergubernamental de alto nivel pretende aportar un marco de referencia global y regional para analizar el papel del sistema interamericano bajo una visión diagnóstica de los desafíos de la pobreza y la crisis económica; conocer los avances e implicaciones de las metodologías para medir la pobreza y la inequidad; hacer un balance de los resultados de las estrategias para reducir la pobreza y la exclusión, especialmente las dirigidas a las mujeres, niños y niñas, indígenas y adultos mayores; brindar un espacio para el intercambio de información y lecciones aprendidas, a fin de facilitar la coordinación y el apoyo mutuo en la consecución de los objetivos de desarrollo y justicia social de la región; generar estrategias para fortalecer la Comisión Interamericana de Desarrollo Social y el Programa Interamericano de Combate a la Pobreza y la Discriminación; y, facilitar la realización periódica de las Conferencias Interamericanas de Ministros y Altas Autoridades de Desarrollo Social, así como preparar un conjunto de recomendaciones para orientar el papel específico de la OEA en el desarrollo social hemisférico.
Asimismo en la reunión, se pretende aprobar el proyecto de Declaración de Margarita que fue presentada por la Misión Permanente de Venezuela ante la OEA y que aún no ha sido aprobada por el Cepcidi, presidido por Jorge Valero, embajador de Venezuela ante la OEA (Gobierno en Línea, 06.10.03,  http://www.gobiernoenlinea.ve).
Valero ha señalado en ocasiones previas a la apertura del evento que aspira lograr que dicha Declaración de Margarita se convierta en la Carta Social de América: "el embajador venezolano ante la OEA espera que el proyecto de Declaración final sea aprobado por unanimidad, para tener la posibilidad de contar con una carta social que se discuta en el seno de la OEA durante su próxima reunión de cancilleres en julio de 2004. 'Se espera que su aprobación sea el preámbulo para una acción muy enérgica compartida en el ámbito hemisférico para librar esa batalla en contra de la pobreza que constituye uno de los factores que desestabiliza la democracia y hace que la democracia no tenga el contenido y el alcance que debería tener', manifestó Valero" (Aporrea, 08.10.03, http://www.aporrea.org/dameverbo.php?docid=10529).
Valero explicó que de ser aprobado este proyecto de Declaración Final "la OEA contará con un instrumento jurídico para darla a la agenda social la prioridad que está demandando en la actual circunstancia" (Ídem.).
Provea celebra la constitución de una Carta Social, un instrumento que el movimiento de derechos humanos latinoamericano viene impulsando en distintas redes e instancias políticas y sociales, pero lamenta que esta iniciativa del Gobierno Nacional no haya incluido una consulta más amplia y plural. El esfuerzo desarrollado al interior del sistema intergubernamental, podría nutrirse de las experiencias maduradas desde hace mucho tiempo de las organizaciones sociales integrantes de movimientos, redes y coaliciones regionales, plasmadas en diversas declaraciones y pronunciamientos. Provea insta a los entes guber e intergubernamentales asistentes a la cita hemisférica a ampliar el debate sobre esta Carta Social de Las Américas. Una declaración de la naturaleza que supone dicha Carta, debe, necesariamente, contar con el aval de la sociedad organizada de los pueblos de la región. 
Invitamos a los lectores a revisar el proyecto presentado por la Misión Permanente de Venezuela en la OEA en la sección DOCUMENTOS.    


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DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
El BM publica informe sobre desigualdad en América Latina 

Este 07.10.03, en Ciudad de México, la Oficina del economista en Jefe para América Latina y El Caribe del Banco Mundial (BM) presentó el estudio de investigación anual del Banco Mundial sobre América Latina y el Caribe titulado “Desigualdad en América Latina y El Caribe: ¿ruptura con la historia?”  (Banco Mundial, 09.10.03, http://wbln0018.worldbank.org/). “Este documento analiza los motivos de la persistente desigualdad que aflige a la región, identifica de qué manera ésta obstaculiza el desarrollo y propone formas para lograr más equidad en cuanto a la distribución de la riqueza, el ingreso y las oportunidades” (Ibíd..).
Según David de Ferranti, vicepresidente para América Latina y El Caribe del BM, quien junto con Guillermo Perry, Francisco Ferreira y Michael Walton, dirigieron al equipo que elaboró el informe señaló que "América Latina es altamente desigual en cuanto a ingresos y también en el acceso a servicios como educación, salud, agua y electricidad; persisten además enormes disparidades en términos de participación, bienes y oportunidades. Esta situación frena el ritmo de la reducción de la pobreza y mina el proceso de desarrollo en sí" (Ibíd..).
El equipo de investigadores del Banco Mundial recabó datos de 20 países utilizando encuestas domiciliarias con una cobertura de 3,6 millones de personas y revisó además una vasta cantidad de estudios económicos, sociológicos y políticos sobre desigualdad en América Latina. Los investigadores descubrieron que la desigual distribución de los recursos que hoy caracteriza a la zona sigue un patrón determinado según los diferentes rasgos que tomó la colonización europea de la región. Según el informe, tal como en el antiguo período colonial, hoy también son los grupos de élite los que dan forma a las instituciones y las políticas públicas para favorecer en primer lugar sus propios intereses. Un ejemplo de ello es que los países de la zona no lograron niveles altos de alfabetismo si no hasta bien entrado el siglo XX. El bajo nivel de apoyo prestado a la educación primaria contrasta con el generoso financiamiento que recibieron las universidades, donde se educaban los hijos de los grupos dominantes. Por otra parte, un rasgo característico es la debilidad de las instituciones políticas de la región y, si bien la transición a regímenes democráticos vivida por muchos países ha impulsado importantes avances, los patrones de influencia siguen siendo altamente desiguales y aún existe una tradición de clientelismo y patronazgo, a pesar de las prácticas electorales a nivel nacional y local.
Los investigadores también usaron el "índice de Gini" y descubrieron que, desde la década de los 70 hasta la de los 90, la desigualdad en la región fue superior en 10 puntos respecto de Asia; en 17,5 puntos respecto de los 30 países de la OCDE y en 20,4 puntos respecto de Europa oriental.
En promedio, la desigualdad del ingreso ha tendido a empeorar en la región, Venezuela es un ejemplo representativo de los países que han experimentado aumentos en la desigualdad.
El informe destaca que en la región el origen étnico es factor determinante en la conformación de oportunidades: “tanto los indígenas como los afrolatinos viven en considerable desventaja respecto de los blancos [lo que se pone en evidencia en el hecho de que] son éstos últimos los que reciben los ingresos más altos de la región” (Ibíd.).
En contraste con la brecha permanente relacionada con las diferencias raciales y étnicas, el informe observa que América Latina sí ha experimentando avances en cuanto a acortar la disparidad de género en relación con el ingreso y la educación. En gran parte de la región, las niñas y las jóvenes están en realidad superando a los niños y jóvenes en términos de logros educacionales.
“Para hacer frente a las raíces históricas de la desigualdad en América Latina, además de los poderosos intereses económicos, políticos y sociales que la sustentan y que persisten hasta hoy” (Ibíd..), el informe del BM destaca las siguientes 4 áreas de trabajo en torno a las cuales se deben unir gobierno y sociedad civil:
- La construcción de instituciones políticas y sociales más abiertas para permitir, tanto a los grupos pobres como a los subordinados, lograr mayores niveles de protagonismo, participación y poder en la sociedad; - Políticas económicas que procuren mayor equidad, a través de una sólida gestión macroeconómica e instituciones equitativas y eficaces para resolver los conflictos, que eviten las enormes redistribuciones regresivas “que se producen en situaciones de crisis y que permitan ahorrar en los ‘tiempos buenos’ para mejorar el acceso de los pobres a las redes de protección social durante los ‘tiempos malos’" (Ibíd.);
- Aumento del acceso de los pobres a los servicios públicos, especialmente educación, salud, agua, electricidad, a tierras cultivables y servicios rurales;
- Reforma de los programas de transferencia de ingresos a través de medidas que condicionen la asistencia de los niños y niñas a la escuela y a los consultorios de salud.


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Coalición Internacional para el Hábitat: ¡Derecho a la vivienda hoy! ¡Un mundo habitable para todos/as es posible!

La Coalición Internacional para el Hábitat (HIC), red internacional independiente conformada por más de 300 organizaciones populares y no gubernamentales que trabajan en el campo del hábitat y la vivienda alrededor de 80 países de todo el mundo, convoca a la Campaña Mundial por el Derecho a la Vivienda, a realizarse entre el el 01 y el 31.10.03 (Comunidad Web de Movimientos Sociales, 06.10.03, http://www.movimientos.org/show_text.php3?key=2075).
La finalidad de esta campaña es sensibilizar a la población mundial con relación al impacto de las políticas neoliberales y la globalización económica en el Derecho a la Vivienda en diferentes regiones y localidades del planeta.
Recuerda la HIC que "en 1996, a 20 años de la Primera Conferencia de la ONU sobre el tema realizada en Vancouver (Canadá), durante la Cumbre de Hábitat II celebrada en Estambul (Turquía) la presión de activistas de todo el mundo y las miles de manifestaciones realizadas a lo largo y ancho del planeta permitieron ratificar la definición de la vivienda como un derecho humano y como parte fundamental del derecho de todos/as a una vida digna. Sin embargo, entonces como ahora, algunos de los Estados más poderosos del planeta (EEUU, Japón) se niegan a reconocerlo y en la mayor parte de los países no se destinan los recursos públicos necesarios para concretarlo. Es por eso que el lema que hoy nos aglutina retoma y rinde homenaje al que se utilizó en esa gran marcha en Estambul que fue reprimida por la policía turca: ¡Derecho a la vivienda hoy! ¡Un mundo habitable para todos/as es posible! (Ibíd.).
Para mayor información puede comunicarse por la siguiente dirección electrónica: chm@laneta.apc.org.

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Demarcación de hábitat indígena: deuda con la Constitución y las comunidades

En diciembre de 2003 se cumplirán 4 años del mandato contenido en la disposición transitoria decimosegunda de la Constitución, que ordena la realización de la demarcación del territorio indígena en un lapso de 2 años contados a partir de la fecha de entrada en vigencia de la carta magna (30.12.99).
Recientemente el diputado de la Asamblea Nacional (AN) por el Edo. Amazonas Guillermo Guevara, presidente de la Subcomisión parlamentaria de Legislación Indígena, destacó que la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas, publicada en Gaceta Oficial N° 37.118 del 12.01.01, garantiza a las comunidades indígenas su derecho a la propiedad colectiva de las tierras ancestrales y la administración, utilización, disfrute y conservación de los recursos naturales en su hábitat. El procedimiento de demarcación contemplado en este instrumento abarca los territorios multiétnicos así como los pueblos que hayan sido desplazados de sus hábitat ocupando otras.  "Igualmente - afirmó Guevara -, las tierras indígenas que tengan documentos de propiedad, posesión colonial, títulos provisionales o definitivos, otorgados por diferentes dispositivos de la legislación agraria, se incluirán en el proceso de demarcación y titulación de conformidad con el presente instrumento jurídico. Asimismo, se incluirán aquellas tierras donde los pueblos ancestrales han tenido acceso tradicionalmente, aunque no posean títulos sobre ellas y deseen desarrollarlas para garantizar su sustentabilidad" (Asamblea Nacional, 30.09.03, http://www.asambleanacional.gov.ve/ns2/noticia.asp?numn=4426).
Añadió el parlamentario que "esos hábitat, además, comprenden áreas de caza, pesca, recolección, paisajísticas y lugares sagrados que en ningún caso pueden ser calificadas de baldías, ociosas o incultas para efectos de su afectación y adjudicación a terceros en el marco de la Ley de Tierras y de Desarrollo Agrario" (Ibíd.).

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Unión Afirmativa: En manos del TSJ reconocimiento jurídico de efectos patrimoniales de las parejas homosexuales, bisexuales y transgéneros

"En vista de la intolerable situación de desigualdad en que la sociedad y el Estado venezolano han mantenido a la población homosexual, bisexual y transgénero, negándole derechos que le son espontáneamente reconocidos a la población heterosexual" (Unión Afirmativa de Venezuela, 06.10.03, unionafirmativa@hotmail.com), la Asociación Civil Unión Afirmativa, dedicada a la promoción y defensa de los derechos humanos de personas homosexuales, bisexuales y transgénero en Venezuela, introdujo el 07.10.03 un Recurso de Interpretación de los artículos 19, 20, 21, 22 y 23 de la Constitución ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). El objeto de esta acción es lograr el reconocimiento jurídico de los efectos patrimoniales y no patrimoniales (deberes y obligaciones mutuas) de las uniones domésticas entre  personas del mismo sexo.
José Ramón Merentes, Coordinador General de la organización, explicó que se solicitó la interpretación del artículo 21, ordinal primero, en conjunto con los artículos 19, 20 y 22 de la Constitución, para reconocer que el principio de la no discriminación abarca la orientación sexual, con lo que se resolvería el conflicto existente entre este principio y el artículo 77 de la Carta Magna, que excluye a las parejas homosexuales de los efectos patrimoniales que benefician a las relaciones de hecho (concubinato).
Agrega Merentes que "con respecto al artículo 23, se pretende conocer la opinión del TSJ sobre los efectos en Venezuela de las decisiones tomadas por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en los casos Toonen C., de Australia (interpretación de los artículos 2 y 26 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos en la que se incluye a la orientación sexual en el concepto de sexo), y Young C., también de Australia, en el que se reconoció el derecho a pensión de viudez al compañero de un militar australiano fallecido; así como de los exámenes periódicos hechos por los demás Comités del sistema universal a ciertos países sobre la discriminación por orientación sexual (Comité de Derechos del Niño, sobre las edades de consentimiento para iniciar relaciones hetero y homosexuales, y el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas (Ecosoc), sobre el registro de parejas homosexuales)" (Ibíd.).
"Finalmente,  de aceptar este criterio - continúa Merentes -, solicitamos a la Sala Constitucional que aclare el conflicto existente entre el artículo 77, párrafo 2, de la Constitución con el principio superior de no discriminación por orientación sexual" (Ibíd.).

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A la AN no parece importarle los derechos sexuales y reproductivos de la mujer

El 28.09.03 se celebró el Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y El Caribe, iniciativa gestada en el V Encuentro Feminista de Latinoamérica y El Caribe (Argentina, 1990) y que, desde 1993, se efectúa en diferentes países de la región. El objetivo de la Campaña 28 de Septiembre, responsable de la conmemoración de esta fecha, es la humanización de los servicios de atención a la salud; la disminución de la morbi-mortalidad materna; el cumplimiento de las leyes que permiten el aborto; la liberalización de las leyes que lo penalizan
(Campaña Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y El Caribe, 07.10.03, http://www.campanha28set.org/esp).
Estos principios rectores se encuentran expuestos en la llamada Carta de Guanabara, surgida en el marco de la "Reunión Ampliada sobre Aborto en la América Latina y el Caribe: Los Derechos de las Mujeres Frente a la Coyuntura Mundial", organizada por esta Campaña en el año 2001, en Río de Janeiro, Brasil.

Esta declaración puede ser consultada en la sección DOCUMENTOS. Si está interesado/a en suscribirla puede enviar un correo-e a la dirección: campanha28set@uol.com.br con el texto: “mi institución firma la Carta de Guanabara”, informando el nombre de la institución, ciudad y país donde está ubicada (Ídem.).

En Venezuela, la efeméride pasó inadvertida por la AN que luego de la primera discusión del proyecto de Ley Orgánica de los Derechos de la Mujer para la Equidad e Igualdad de Géneros, ocurrida el 06.03.03, mantiene engavetado el tema del uso lícito del aborto terapéutico, contemplado en el artículo 26 de este proyecto (ver edición edición N° 113 de este servicio informativo en http://www.derechos.org.ve).
La norma en cuestión estipula que “cuando se compruebe a través de los exámenes médicos y científicos correspondientes, embarazos que pongan en grave riesgo la salud física y/o mental de la mujer, o que presenten malformaciones físicas del feto o embarazos producto de violación o incesto, se consideran casos prioritarios para aplicar las medidas terapéuticas a que hubiere lugar, previo informe por especialistas en la materia” (Ídem.).
Acerca de esta situación Elsa Castro, diputada por el Movimiento Quinta República (MVR), contó que "cuando se reanudaron las actividades en el Parlamento, la Comisión de la Mujer, Familia y Juventud quedó presidida por el diputado Juan José Caldera (Convergencia) y otros parlamentarios que no tienen mucha noción de los derechos de las mujeres [...] Por eso lo único que logramos aprobar es su carácter orgánico. No entró ni en primera discusión y en la Comisión, los diputados rechazan pedir a la directiva de la AN que se incluya en la agenda" (El Nacional, 27.09.03, pág. B/15).
Actualmente el capítulo IV del Código Penal trata el tema del aborto provocado, penalizando de su práctica a la mujer que se lo aplica como a quien se lo hubiera practicado. Según este articulado se castigará a la mujer con prisión de 6 a 24 meses y a quien se lo efectúe con 12 a 30 meses de prisión, excepto cuando este procedimiento fuera necesario para salvaguardar la vida de la mujer.
En contraste, el proyecto de Ley retoma la inacabada discusión abierta en la Asamblea Constituyente de 1999 y que recoge el espíritu de varios instrumentos internacionales. Merece la pena recordar que las Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos al Estado venezolano (CCPR/CO/71/VEN 19), presentadas el 26.04.01 señalan que “la penalización de todo aborto no terapéutico plantea graves problemas, sobre todo a la luz de informes incontestados según los cuales muchas mujeres se someten a abortos ilegales poniendo en peligro sus vidas. El deber jurídico impuesto al personal de salud de informar de los casos de mujeres que se hayan sometido a abortos, puede inhibir a las mujeres que quieran obtener tratamiento médico, poniendo así en peligro sus vidas” (Edición N° 113 de este servicio informativo, Op. cit.). El Estado Parte tiene el deber de adoptar las medidas necesarias para garantizar el derecho a la vida  de las mujeres embarazadas que deciden interrumpir su embarazo (artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos), entre otras medidas enmendando la ley para establecer excepciones a la prohibición general de todo aborto no terapéutico. El Estado Parte debe proteger el carácter confidencial de la información médica” (Ídem.).
La despenalización del aborto representa, además, una alternativa para las mujeres víctimas de asaltos sexuales. Daysa Urrea, de la Asociación Civil de Planificación Familiar (Plafam): "Hasta diciembre del año 2002, nosotros atendíamos 4 mujeres a la semana víctimas de violencia sexual [...] Para ellas, de acuerdo con las normas vigentes, no existe solución inmediata. 'Lo que les queda es buscar ayuda por    
 sus propios medios, provocarse un aborto con riesgo de morir; o, en el mejor de los casos, recurrir a la anticoncepción de emergencia [...] Además, como están cometiendo un delito tienen miedo y y culpa'" (El Nacional, Op. cit.).
Por otra parte, en la Maternidad Concepción Palacios, "todos los días llegan 10 mujeres con síntomas de aborto (espontáneo o inducido): 'Un 80% de los casos tienen entre 18 y 25 años de edad'. Mientras que en el Materno de Caricuao 'recibimos 8 abortos diarios que requieren curetaje'" (Ídem.).
Según la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y de El Caribe, cada año ocurren en el mundo 75.000.000 de embarazos indeseados o inoportunos, se realizan entre 40 y 60.000.000 de abortos inducidos y de ellos, al menos 20.000.000 son procedimientos inseguros en países donde está prohibido o restringido el aborto. Un 95% de ellos ocurren en países en desarrollo. Cerca de 6.000 mujeres  mueren al año por complicaciones relacionadas con estos abortos inseguros" (Ídem.). 

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FNUAP presenta indicadores de salud y educación de la infancia y adolescencia venezolana

Según el informe Estado de la Población Mundial 2003 del Fondo de Población de las Naciones Unidas (FNUAP), presentado el 08.10.03 (Organización de Naciones Unidas, 09.10.03, http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=1094&criteria1=jóvenes&criteria2=), en  Venezuela viven en situación de pobreza un 34,5% de los niños/as menores de 11 años de edad y el 14,46% de los/as jóvenes entre 12 y 17 años de edad; la tasa de fecundidad es de 14,9 %, una cifra correspondiente a los adolescentes entre 15 y 19 años de edad; la fecundidad temprana es 51 % mayor en las zonas menos urbanizadas y rurales del país; 21% de los nacimientos vivos registrados en 2001 fueron de madres menores de 18 años; 17 % de jóvenes entre 15 y 19 años de edad se casa temprano; y, los casamientos en menores de 15 años alcanzan el 1 % (Últimas Noticias, 09.10.03, pág. 2).
El último censo elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), señala que el país cuenta con una población joven de aproximadamente siete millones 348 mil personas, entre 10 y 24 años de edad, lo que representa el 30,6% del total de habitantes (Ídem.).
Con respecto a la educación, sólo 26 % está en bachillerato, esto significa que 26 de cada 100 jóvenes, entre 13 y 18 años de edad, han logrado matricularse en el ciclo diversificado. Moni Pizani, oficial nacional del FNUAP, añadió que "la permanencia en la educación secundaria es de apenas 34,8%, en el caso de las mujeres y de 26,1%, en el caso de los hombres. La tasa de alfabetización es de 95%, esto significa que 5% de los jóvenes no sabe leer ni escribir. En cuanto al índice de desocupación femenina es de 34,5% y el masculino de 24,4%, factores estos que contribuyen al empobrecimiento de este sector de la población" (Ídem.).
El informe destaca, además, que Venezuela tiene el más alto índice de prevalencia de VIH/Sida en toda la región andina, siendo la media 0,43% contra 0,45% de toda la región: "se calcula que en el país existen 60 mil personas con el virus, habiendo contraído la enfermedad el 50% ellas, entre los 15 y 24 años de edad" (Ídem.).
Pizani señaló que el FNUAP está apoyando "técnica y financieramente al país en el desarrollo de diversos proyectos" (Ídem.). Finalmente, recomienda al Estado venezolano "aumentar la inversión, especialmente en las áreas de educación, salud y trabajo, para que los jóvenes puedan tener una vida digna y productiva" (Ídem.).

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Versiones encontradas acerca de los pasivos laborales de los/as empleados/as públicos/as acumulados desde 1997

Sobre el tema de los compromisos laborales adeudados a los/as empleados de la administración pública acumulados desde 1997, luego de la entrada en vigencia de la Reforma de la Ley del Trabajo, últimamente aparecieron  2 informaciones que se contradicen.
Según Esteban Luna, director adjunto al despacho del Ministerio del Trabajo (Mintra), una comisión presidencial, integrada por representantes de la Vicepresidencia de la República, ministerios del Trabajo, Finanzas, Planificación y Desarrollo, Producción y Comercio, así como personal de la Procuraduría, el Fondo de Garantía de Depósitos y Protección Bancaria (Fogade) y un grupo de técnicos a cargo de la parte operativa, cuantificará la deuda del Estado con sus trabajadores (Globovisión, 01.10.03, http://www.globovision.com/economia/2003.10/01/pasivoslaborales/index.shtml) .
Explicó el funcionario que será a mediados de octubre cuando se podría tener una respuesta de la cuantificación y gestión de activos para la cancelación de las prestaciones: "solo falta que el presidente de la República, Hugo Chávez, haga la revisión final del proyecto" (Ídem.).
No obstante, el diputado por el MVR, Luis Francheschi, presidente de la subcomisión de asuntos laborales del parlamento se adelantó en afirmar que ya fueron calculados por "una Comisión Presidencial creada y estos arrojaron una cifra de 21 billones de bolívares" (Venpres, 01.10.03, http://www.gobiernoenlinea.ve/) . Además, aseguró Francheschi que "en reuniones que hemos sostenido con representantes de los ministerios y de los organismos de planificación, pudimos constatar que se vienen cancelando [...] en fideicomisos, además los intereses de prestaciones también se han venido cancelando." (Ídem.).
Por su parte, Luna señaló que se están manejando algunas alternativas de cancelación de la deuda laboral con los empleados de la administración pública, como "los planes de viviendas generados por canje de activos entre el sector público y el privado, también se pueden crear nuevas empresas, iniciar pagos en efectivos por la venta de activos y acciones de compañías en marcha [...] igualmente se tiene previsto elaborar propuestas comerciales atractivas, en las cuales, el trabajador vea reflejado sus pasivos laborales con el menor riesgo posible" (Globovisión, Op. cit.).
Hasta la fecha de cierre de esta edición, no se ha podido corroborar alguna de las 2 versiones que permitan dilucidar efectivamente lo que sucederá con el restablecimiento de los derechos laborales violentados por el retraso en la cancelación del pago de esta deuda. 

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Culmina proceso de aumento del salario mínimo de este año con los/as trabajadores/as domésticos/as excluidos del beneficio

Tal como lo consagró el artículo 1° del  Decreto N° 2.387, publicado en Gaceta Oficial N° 37.681 el 02.05.03, desde el 01.10.03 entró en vigencia la segunda etapa del aumento del del salario mínimo mensual obligatorio, que comprende un aumento de 20% para los trabajadores urbanos y rurales. Para los primeros, el salario es de 247.104 bolívares, siempre y cuando sean parte de una empresa con más de 20 trabajadores, mientras que para empresas con menos de 20 el salario es de 226.000 bolívares; para los segundos, el salario de 222.393,60 bolívares. En los casos de aprendices y adolescentes, el salario es de 185.000 bolívares. Para los conserjes el incremento ubica su salario en 247.000 bolívares (ver edición N° 116, de este servicio informativo en http://www.derechos.org.ve).
Ricardo Dorado, viceministro del Trabajo “recalcó que el 50% de la población económicamente activa del sector formal se beneficia con la medida” (Últimas Noticias,01.10.03, pág. 10). Igualmente informó Dorado que será en la segunda quincena de octubre cuando se pagará la primera parte del bono de los trabajadores y funcionarios del sector público acordado con la Federación Nacional de Trabajadores del Sector Público (Fentrasep), que involucra a ministerios e institutos autónomos nacionales: "en esta primera etapa se pagará Bs. 1.000.000 a los trabajadores activos y Bs. 500.000 al personal jubilado [...] la segunda parte se honrará en abril de 2004” (Ídem.). 
Es oportuno recordar el reclamo que Provea ha realizado reiteradas veces en relación con el carácter discriminatorio de las políticas salariales aplicadas por el Ejecutivo Nacional en los últimos 4 años, que excluyen del beneficio del aumento del salario mínimo laboral mensual a los/as trabajadores/as domésticos/as (edición N° 116 y 120 de este servicio informativo, Op. cit.). Esta situación motivó a Provea a introducir, el 02.07.03, un recurso de nulidad por inconstitucionalidad del artículo 10 del Decreto 2.387, en el cual se explicita tal exclusión de este amplio sector de la sociedad. Dicho recurso fue admitido por el Juzgado de Sustanciación de la Sala Político Administrativa del TSJ el 18.08.03 (ver edición N° 124 de este servicio informativo en http://www.derechos.org.ve).
En otro orden de ideas, cabe destacar que la culminación de las políticas de aumento salarial de este año, cristalizada en esta segunda etapa, no está exenta del debate acerca de su limitada cobertura ante los costos de los rubros de primera necesidad.
Por ejemplo, Froilán Barrios, directivo de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) asegura que con el nuevo aumento salarial, el/la trabajador/a "apenas puede comprar 60% de la canasta alimentaria [...] si se compara la capacidad de compra del salario mínimo con el costo de la canasta básica (integrada por alimentos, servicios y bienes de primera necesidad), que tiene un costo de 1.000.000 de bolívares, el déficit es aún mayor" (El Nacional, 01.10.03, pág. A/16).
Barrios también resaltó que "en la mayoría de los países - América Latina incluida -, el salario mínimo es una referencia, un punto de partida para calcular los sueldos, por lo que entre 10% y 15%  de la población laboral percibe este ingreso. Pero en Venezuela se ha convertido en el techo de remuneración de una buena parte de los 3,3 millones de trabajadores que laboran en el sector formal. De los 900.000 obreros y empleados de la administración pública, cerca de 315.000 (35%) ganan el salario mínimo, mientras que en las empresas privadas la tasa es de 50%, equivalente a 1,1 millones de personas. Los restantes 1,3 millones de trabajadores  devengan sueldos y salarios superiores al mínimo. Al referirse a la distribución de los indicadores de remuneración y capital en el ingreso nacional de Venezuela, en 1998 los índices eran de 48% y 52% respectivamente. 'En 2002, la remuneración fue de 38% y el capital de 62%, lo cual refleja la caída de nuestro poder adquisitivo'" (Ídem.).

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Indicadores socioeconómicos y derecho a la alimentación

En su más reciente informe sobre el Índice
de Precios al Consumidor (IPC) del Área Metropolitana de Caracas, el Banco Central de Venezuela (BCV) muestra que el aumento de los precios de los rubros de primera necesidad mantiene el ritmo desacelerado de los meses anteriores. El IPC registró en el mes de septiembre un aumento de este indicador del 1,4%, apenas 0,1% más al observado en el mes de agosto (1,3%) y 4,4% menor al reportado en septiembre del año pasado (4,5%). Con este resultado, el incremento acumulado del IPC del tercer trimestre de 2003 cerró en 20,6%, un 4,4% menos del alcanzado en el año 2002 (25%). Con el IPC de septiembre, el crecimiento anualizado del indicador para el período septiembre 2003/septiembre 2002, se ubicó en 26,6%, un 1,6% menor al observado en el mismo lapso 2002/2001 (28,2%) (Banco Central de Venezuela, 02.10.03, http://www.bcv.org.ve/c4/notasprensa.asp?Codigo=2676&Operacion=2&Sec=False).
Explica el BCV que "la evolución registrada por el indicador en el mes de septiembre, fue resultado de la aceleración de precios que mostraron los productos sujetos a regulación y control de precios (de 0,5% a 1,3%), mientras que en esta oportunidad en los restantes bienes y servicios, hubo un comportamiento desacelerado (de 2,2 % a 1,6%)" (Ídem.).
Los aumentos de precios con mayor intensidad se presentaron en las agrupaciones de alimentos y bebidas no alcohólicas (de 1,1% a 2,5%), servicios de la vivienda (de –0,6% a 1,1%) y servicios de educación (de 0,0% a 4,8%). Esto debido al movimiento de los precios sometidos a control. En cuanto a las demás agrupaciones de bienes y servicios, se observaron variaciones relativamente similares a las registradas en el mes anterior en comunicaciones (de 1,3% a 1,5%), alquiler de vivienda (de 0,5% a 0,7%) y salud (de 0,7% a 0,9%) (Ídem.).
Otro indicador oficial, la Canasta Alimentaria Normativa (CAN), manejado por el INE confirma esta dinámica al ubicarse en 261.145,20 bolívares para el mes de agosto, lo que representó un incremento de 1,6% (4.301 bolívares) con respecto a julio. Esta variación porcentual de agosto-julio muestra una desaceleración del incremento del valor, en comparación con la variación porcentual verificada en los meses de junio y julio (2,75%). Con relación al poder adquisitivo del salario mínimo vigente en agosto (209.088 bolívares), el INE explica que éste se encuentra limitado al 80% del valor de la CAN (261.145 bolívares) (Instituto Nacional de Estadística, 02.10.03, http://www.ine.gov.ve/ine/noticias/noticias.asp). 
Por su lado, el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (CENDA), reportó para el mes de septiembre un incremento de la Canasta Básica Familiar (CBF) de 2,7% con respecto al valor de este mismo indicador en agosto, alcanzando un costo de 1.224.036 bolívares (Ídem.). Tomando en cuenta que este indicador se calcula sobre la base del consumo de una familia de 5 miembros, en la que 2 de ellos devengan el salario mínimo vigente para ese entonces (209.088 bolívares), el déficit del poder adquisitivo con respecto a la CBF es de 34,2% (805.860 bolívares).  
En cuanto a la Canasta Alimentaria Familiar (CAF), el CENDA registra para septiembre un aumento de 0,8% con respecto al valor del mes de agosto (410.480 bolívares), alcanzado un precio de 414.044 bolívares. La CAF, para ese mes, ocupa el 99% del poder adquisitivo de una familia de 5 personas en la que 2 devengan el salario mínimo vigente hasta esa fecha (209.088 bolívares) (Instituto Nacional de Estadística, Op. cit.). 
Acerca del comportamiento del consumo, vale la pena citar el más reciente reporte realizado por la Cámara Venezolano-Americana (Venamcham) en el que afirma que, en lo que va de año, se ha observado un 40% en la caída de las ventas de productos como leche, aceite comestible, bebidas carbonatadas, agua mineral y jugos; así como un 30% de reducción en la venta de cremas de arroz y guisantes. Paralelamente, también se reporta el repunte de ventas de desodorantes y sardinas en un 30% y de atún en 10% (El Universal, 07.10.03, pág. 2/10).

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Situación de los indicadores laborales

Según el Informe Mensual de la Situación de la Fuerza de Trabajo en Venezuela correspondiente al mes de agosto de 2003 publicado por el INE el 29.09.03, la tasa de actividad de ese mes llegó a  69,9%, es decir 12.051.454 personas de 15 años y más con disposición y disponibilidad para trabajar. Con respecto a la tasa de actividad de julio (69,6%, 11.982.432 personas activas), se muestra un aumento de 0,3%  y con relación a agosto de 2002, registró un incremento de 0,8% (436.422 nuevos activos). En el lapso comprendido entre agosto 2002/2003, todas las categorías de la población activa experimentaron incrementos: ocupados, 1,6% (166.776 personas); desocupados, 1,6% (269.646 personas); cesantes, 1,3% (216.731 personas); cesantes que buscaban trabajo por primera vez 0,4% (52.915 personas). La población económicamente inactiva no evidenció variaciones significativas en ese lapso: 30,1% (5.178.291 inactivos) (Instituto Nacional de Estadística, 02.10.03, http://www.ine.gov.ve/ine/hogares/menuhogares.asp).
En cuanto a la tasa de ocupación, es decir, el porcentaje de personas activas que estaban trabajando en agosto de 2003, el INE reporta un 82,2% (9.901.776 personas), un 0,5% más del registrado en julio del mismo año. Frente a la tasa de agosto 2002 (83,8%: 9.735.000 personas), el informe del INE reporta una variación del 1,6%. Se subraya el hecho de que en el lapso de agosto 2002/2003, hubo un aumento de 96.371 mujeres ocupadas así como también se reflejó un incremento de 94.244 ocupados en el grupo etario comprendido entre los 45 a 64 años. El INE complementa la exposición de estos indicadores destacando que su comportamiento en el mes estudiado muestra una tendencia a la recuperación iniciada en febrero, cuando había alcanzado el valor más bajo de los últimos años (79,3%) (Ibíd.).
El porcentaje de ocupados en el sector formal para agosto 2003 se ubicó en 47% (4.653.747 trabajadores/as), Explica el INE que, tanto en el sector público como en el privado este indicador mostró una situación estable en comparación con julio 2003 y agosto 2002: en julio laboraban en el sector formal 47% de los ocupados (4.606.901 trabajadores/as) y en agosto del año pasado el 48% (4.669.754 ocupados). Cabe recordar que el sector formal lo constituyen las empresas con 5 o más personas (Ibíd.).
En el sector informal se observó que se sigue manteniendo el porcentaje de julio (53%: 5.248.029 trabajadores/as). Con relación a agosto 2002, hubo un aumento de 1% (186.462 ocupados/as). Un 1,2% (134.570) de este sector pertenecen a la categoría de empleados/as y obreros/as (Ibíd.).
Respecto a la tasa de desocupación, para agosto ésta se situó en 17,8% (2.149.678 desocupados), un 0,5% menos que la de julio (18,3%) y 1,6% más que la reportada en agosto de 2002. Destaca el informe que en el lapso de agosto 2002/2003, el grupo etario de 25 a 44 años de edad experimentó el mayor crecimiento en el volumen de desocupados (2,4%) (Ibíd.).
Según otra fuente informativa, las cifras del INE contrastan con las suministradas por la CTV, que colocan en el mes de agosto 2003 en 23% al desempleo, un 5,2% más que el indicado por la fuente oficial. La organización sindical ubica, también, el sector informal en 55%, un 2% más que el ofrecido por el INE. Y a la tasa de ocupación del sector formal en 22%, es decir, un 25% menos que los reportados por el INE.
(El Nacional, 27.09.03,pág. A/16).   
Por su parte, Alberto Macía, presidente de la Federación Campesina, organización afiliada a la CTV, informó que el desempleo en el sector agroindustrial supera el 85%, es decir, que 170.000 de los 200.000 trabajadores de este sector están desocupados (El Nacional, 26.09.03, pág. A/18).
Causas de esta situación son identificadas por Macía en "la contracción de la economía que afecta al sector privado, en el caso de los empresarios del campo la situación es más grave pues muchos de ellos han tenido que cerrar o suspender la siembra, ante la imposibilidad de acceder al crédito nacional con tasas de interés muy altas. Por otra parte, la compra de insumos importados -alimentos para animales, fertilizantes, repuestos de maquinaria, etcétera-, está muy restringida con el control de cambio" (Ídem.)

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DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Situación epidemiológica nacional

El reporte epidemiológico semanal del Ministerio de Salud y Desarrollo Social (MSDS), Alerta Epidemiológica, en su edición N° 38 (MSDS, 06.10.03, http://www.msds.gov.ve/msdsweb/Index.html), correspondiente a la semana comprendida entre el 14 y el 20.09.03, notifica que la malaria disminuyó un 27% (637 casos reportados) con respecto a la cifra de la semana 37 (873 casos). De esta misma enfermedad se registró un acumulado de 21.024 casos hasta la semana 38, es decir, un 10,5% menos que los registrados en el año 2002 en ese mismo lapso (23.491 casos).
Con respecto al dengue, en la semana 38, Alerta documenta 721 casos, un 10% menos que los reportados en la semana N° 37 (802). El acumulado hasta la semana 38 es de 14.951 casos de dengue en el territorio nacional, es decir, un 50,4% menos que los casos acumulados en el año 2002 para ese lapso (30.170). 
En cuanto al indicador Mortandad Infantil, Alerta reseña un número de 132 defunciones registradas en la semana 38, es decir, un 38,9% más que las defunciones reportadas en la semana 37 (95). El total de defunciones infantiles acumuladas este año hasta la semana 38 es de 4.125, un 11,3% más que el reseñado en ese mismo lapso del año 2002 (3.705).
La Mortalidad Materna, para esta edición de Alerta, reportó 7 defunciones en el ámbito nacional, un 16,6% más que las de la semana 37 (6). Para la semana 37 el acumulado reporta 196 defunciones, un 4,3% más que el número registrado en ese mismo lapso del año 2002.
Con respecto a la situación epidemiológica relativa a la fiebre amarilla, Alerta señala que hasta la semana 38 hay 31 casos confirmados, de los que 2 casos y 1 muerte corresponden a la semana 33. Entraron al sistema de vigilancia icterohemorrágica 4 casos del Edo. Zulia y 9 casos del Edo. Táchira, los cuales esperan los resultados de descarte del Instituto Nacional de Higiene. En este sentido, Alerta informa que para la semana 38 se descartaron 122 casos, se han recuperado 13 personas y fallecieron 18 personas.
Alerta reseña que, hasta la semana 38, se han vacunado 469.032 personas en los municipios de alto riesgo  con casos de los Edos. Táchira y Zulia; 620.015 en los municipios de alto riesgo sin casos; 672.843 en los municipios de bajo riesgo; y, 684.807 personas en los municipios de mediano riesgo.

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DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Propuestas y exigencias a los poderes públicos sobre
el derecho a un ambiente sano

- Establecer una política de desarrollo, sustentada en la variable ambiental y la participación ciudadana;
- Revisar las concesiones y contratos o convenios petroleros concedidos en el marco de la apertura petrolera, anulando aquellos que se encuentren en áreas de alta fragilidad ambiental y social;
- Dar efectiva vigencia a la Ley Penal del Ambiente;
- Revisar todas las concesiones mineras, permitiendo esta actividad sólo en aquellas zonas que no estén en áreas protegidas (Abrae) y territorios indígenas, y donde la consecuente depredación no conlleve a daños en zonas de alta diversidad biológica, en bosques nativos y cuencas; monitoreando efectivamente el cumplimiento por parte de las empresas mineras de todos los requerimientos y normativas ambientales;
- Revisar y reformular la política de concesiones y manejo forestal. Establecer un nuevo Plan Nacional Forestal dentro de cuyos objetivos estará el congelamiento y eliminación de las plantaciones forestales industriales que se estén desarrollando a expensas del bosque nativo natural y de otras formaciones vegetales de gran valor biológico. Sustituir los objetivos de explotación económica por objetivos de aprovechamiento sustentable de los recursos;
- Derogar por inconstitucional el Decreto 1.850 sobre la Reserva Forestal de Imataca;
- Desarrollar planes efectivos de recuperación de cuencas y embalses y el establecimiento y ejecución coordinada de un Programa Nacional de Descontaminación de los Litorales Marinos;
- Garantizar el cumplimiento de la normativa ambiental por parte de todas las empresas e industrias que operan en el país;
- Reformar las normas reglamentarias sobre Estudios de Impacto Ambiental (EIA);
- Reformar las Normas Reglamentarias sobre parámetros de calidad de agua y aire;
- Formular una política para la incorporación de todos los municipios del país a la clasificación de Residuos Sólidos in situ (orgánicos, plásticos, vidrios, cartones y papel), con graduales y selectivos métodos de recolección y transporte de basuras, asumiendo el reciclaje integral como nuevo medio de descontaminación y producción de nuevas y sanas fuentes de trabajo. Confección de un plan nacional para la reubicación y construcción de rellenos sanitarios, con apoyo de las gobernaciones estadales y municipios, que impida la improvisación y establezca criterios unificados al respecto;
- Impulsar el reforzamiento o implementación por parte de las municipalidades o las empresas privadas, de los sistemas de recolección, disposición y tratamiento de aguas servidas domésticas e industriales;
- Lanzamiento vigoroso de un Plan de Educación Ambiental que incluya la educación al consumidor y a los productores sobre los riesgos para la salud y el ambiente del uso de organismos genéticamente modificados (OGM) y de miles de sustancias químicas sintéticas empleadas por la industria moderna, todo con miras a un mayor control o incluso sustitución por productos naturales no dañinos;
- Desarrollar una política de desconcentración de plantas industriales y negociación de plazos cortos para la adecuación de empresas generadoras de desechos y contaminantes, al tratamiento adecuado de sus efluentes y residuos, así como la instalación de correctos dispositivos que eviten la inadecuada disposición de los mismos;
- Declaratoria de una moratoria a la exploración y explotación de petróleo y gas en el Delta del Orinoco y el Golfo de Paria;
- Declarar la moratoria a la explotación del carbón en la Sierra de Perijá;
- Establecer una línea de emergencia telefónica ambiental, para que Ministerio del Ambiente reciba y tramite denuncias
(Provea, http://www.derechos.org.ve).

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DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
Libertad de expresión en Venezuela: CIDH y caso Globovisión

El pasado 03.10.03, Conatel procedió a incautar algunos equipos de microondas pertenecientes a Corpomedios GV Inversiones C. A., propietaria de la emisora de televisión Globovisión, los cuales, según explicó Jesse Chacón, ministro de Comunicación e Información, no poseían la autorización de funcionamiento otorgada por la Conatel, requerida por la Ley Orgánica de Telecomunicaciones (Conatel, 06.10.03, http://www.conatel.gov.ve/ns/index.htm).
Por su parte, Alvin Lezama, director general de Conatel, aclaró que el pasado 19.08.03, se hizo una inspección a esta televisora que determinó la existencia de unas frecuencias de enlaces de microondas que no estaban autorizadas en la base de datos del ente: "por lo que se le hizo firmar un acta a los técnicos y representantes de la televisora, un mes después se hace nuevamente la inspección y se constata la misma irregularidad, por lo que se decidió tomar esta medida perfectamente sustentada" (Venpres, 06.10.03, http://www.aporrea.org/dameverbo.php?docid=10415).
Aún cuando el procedimiento afectó la posibilidad de transmisión vivo y directo exterior/estudio, la señal no salió del aire, tal como inicialmente se presumió. A este respecto, Chacón explicó que “la medida no es contra su sistema de transmisores [de Globovisión] que están debidamente permisados” (Aporrea, 04.10.03, http://www.aporrea.org/dameverbo.php?docid=10398).
En la misma fecha de ejecución por parte de Conatel del procedimiento sob