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Una lectura de la realidad venezolana
desde los
derechos humanos |
Servicio
informativo No. 128
Del 10 al 23 de octubre de 2003 |
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1988/2003:
Provea, 15 años por
los derechos sociales y contra la impunidad
CONTEXTO
* 1988/2003: Provea cumple 15 años luchando por los derechos
sociales y contra la impunidad
* Premio
Nóbel de la Paz 2003 reconoce trabajo de los/as defensores/as de
derechos humanos
* Preparados para Celebración por la Vida 2003
DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y
CULTURALES
*
Provea
solicitó al TSJ que ordene al Ministro de Finanzas informar
sobre presunto uso indebido de fondos de pensionados y
jubilados
* Comienza edición 2003 del Foro Social Metropolitano
* La Unesco ofrece nuevo instrumento de protección al
patrimonio cultural
* Relator
especial de la
ONU sugiere supervisar actividades de transnacionales
que atenten contra derecho
a la alimentación
* El gasto social en el presupuesto nacional de 2004
* Proyecto de Ley de Régimen Prestacional de
Vivienda y Hábitat a plenaria
* Día de la resistencia indígena: eventos y
promesas políticas
* Pueblo Kariña, la resistencia
indígena continua
*
Día Mundial de la Alimentación: Cifras
oficiales desactualizadas e insuficientes
*
Abiertas inscripciones para diplomados en
derechos humanos en Maracaibo
* Estado indiferente ante desabastecimiento de
medicamentos
*
Derechos laborales de los/as niños/as
trabajadores/as
* Indicadores socioeconómicos del INE
* Situación epidemiológica
nacional
*
Propuestas
y exigencias a los poderes públicos sobre
los
derechos de los pueblos indios
DERECHOS CIVILES Y
POLÍTICOS
*
Provea:
violación del derecho a la libertad de Ramírez Olaya
evidencia ausencia de una política integral de seguridad en
casos de secuestro
* Sistema interamericano de protección de los derechos
humanos, escenario de debate sobre la situación venezolana
* Renuncia del
Agente del Estado ante sistema interamericano de protección de
los DDHH desafía al Gobierno Nacional a evaluar sus
prioridades
* Red Venezolana de Medios Comunitarios y RSF condenaron
violencia contra emisora comunitaria de radio en Zulia
*
Organizaciones sociales a favor de los derechos de las
reclusas
*
ACUA por el derecho a la igualdad ante la institución
matrimonial
*
Propuestas y exigencias
a los poderes públicos sobre el
derecho de
la seguridad ciudadana
ARTÍCULOS
*
Son Derechos: “Respeto por las medidas de la CIDH”
DOCUMENTOS
*
Amigransa:
"La reserva forestal de Imataca:
Un bosque insustituible en peligro de desaparecer"
* Carta de la Comisión Internacional
de Juristas al Presidente Hugo Chávez
* Asamblea
Permanente de Derechos Humanos de Bolivia: Carta a la CIDH
* La CIDH condena hechos de violencia en
Bolivia y llama a respetar la institucionalidad democrática
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de este servicio informativo utilice:
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Ediciones anteriores disponibles en nuestro
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cuando el contenido sea citado o difundido |
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CONTEXTO
1988/2003: Provea cumple 15 años luchando por los derechos
sociales y contra la impunidad |
Este 15.10.03, Provea celebró su decimoquinto aniversario. En
1988, Ligia Bolívar y Dianorah Contramaestre fundaron esta
asociación civil sin fines de lucro con el objeto de ofrecer
apoyo jurídico gratuito a colectivos de personas cuyos
derechos hayan sido atropellados, brindándoles educación en el
campo de los derechos humanos y promoviendo la documentación,
investigación, monitoreo y divulgación de la situación de los
derechos humanos en el país.
A lo largo de 15 años, el catálogo de actividades de Provea se
ha hecho extenso. Desde haber logrado la primera condena de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos al Estado venezolano
por el caso de El Amparo, hasta participar en la redacción del
Título de Derechos Humanos de la Constitución y en la
redacción de la Ley de Refugiados/as y Asilados/as. De igual
forma hay que recordar la defensa jurídica de los estudiantes
de la Universidad Simón Bolívar a favor de la gratuidad de la
educación superior y la de los niños cardiópatas del Hospital
J. M. de los Ríos por su derecho a la salud. Asimismo, en
abril de 2002, Provea fue una de las primeras
organizaciones que alzó la voz contra el golpe de Estado.
Actualmente, hay que destacar su participación, en el
reconocimiento del estatuto jurídico de los ciudadanos
colombianos solicitantes de asilo en Venezuela, en el caso de
los pensionados y jubilados de Viasa, y en el caso que los
habitantes de Lagunillas (Edo. Zulia) y de Nueva Tacagua
siguen por su derecho a la vivienda, entre otros.
Para Provea es igualmente fundamental conocer los aspectos
teóricos y metodológicos de los derechos humanos, esto
facilita el proceso de investigación que permite entender
ampliamente los aspectos jurídicos, políticos y sociales
involucrados en estos. En este sentido, uno de los trabajos
por los que más se conoce a esta organización es la
publicación de su Informe Anual sobre la Situación de los
Derechos Humanos en Venezuela, en el cual se expone la labor
de monitoreo e investigación que sobre 18 derechos siguen sus
investigadores. En el seguimiento de la situación de los
derechos humanos, acompaña al informe anual el servicio
informativo Derechos Humanos y Coyuntura, el cual se publica
quincenalmente por vía electrónica y llegándole a más de cinco
mil suscriptores de toda índole. El sitio web de la
organización (http://www.derechos.org.ve)
también es otro producto ofrecido a personas interesadas y
público en general, con materiales educativos, información
especializada sobre las distintas instancias de exigibilidad
de los derechos humanos y la mayor parte de los documentos
publicados por la organización, incluyendo los informes
anuales, comunicados, notas de prensa, artículos de opinión y
los servicios informativos, los cuales pueden ser consultados
gratuitamente.
La organización también se ha destacado en organizar
importantes eventos para la promoción y formación de los
derechos humanos: variados foros en los que se abordaron
diversas temas de actualidad, talleres para formación de
monitores de derechos humanos y cuatro seminarios sobre
derechos económicos, sociales y culturales, con participación
nacional e internacional.
Provea, además, ha estimulado la constitución de espacios de
articulación de organizaciones de derechos humanos, como el
Foro por la Vida, la Red de Educación en y para los Derechos
Humanos y el Capítulo Venezuela de la Plataforma
Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo.
A propósito de este aniversario, Carlos Correa, Coordinador
General comenta que “Provea está cada vez más convencida de
que la defensa y promoción de los derechos económicos,
sociales y culturales constituye un componente estratégico y
necesario de la democracia. La única manera de profundizarla
es logrando una verdadera justicia social. La exclusión y las
múltiples formas de discriminación estructural que existen en
Venezuela constituyen una amenaza clara a cualquier
posibilidad de orden legítimo fundado en el respeto a la
soberanía popular” (La Voz, 14.10.03, pág. 7).
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CONTEXTO
Premio
Nóbel de la Paz 2003 reconoce trabajo de los/as defensores/as de
derechos humanos |
El 10.10.03, el Comité Nobel otorgó el Premio de la Paz 2003 a Shirin Ebadi,
abogada iraní y activista de derechos humanos. Para la toma de
decisión del Nobel de la Paz 2003, el Comité destacó, sobre
todo, el trabajo de Ebadi en la lucha por los derechos de las
mujeres y los niños en su país:
“Como abogada, jueza, profesora, escritora y activista, se ha
pronunciado claramente y con decisión en su país, Irán, y
mucho más allá de sus fronteras”, resaltó el Comité
(Organización de Naciones Unidas, 16.10.03
http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=1111&criteria1=Irán&criteria2=).
Kofi Annan, Secretario General de la Organización de Naciones
Unidas (ONU), consideró
que este reconocimiento subraya "la
importancia de extender los derechos humanos en todo el mundo
y alienta a las mujeres a hablar y a reclamar sus
derechos” (Ídem.).
Bertrand Ramcharan, titular interino del Alto Comisionado de
las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, espera que el
Nobel de Ebadi “inspire e incentive a todas las personas del mundo que luchan
por la protección de los derechos humanos” (Ídem.).
Carol Bellamy, directora ejecutiva del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
(UNICEF), también se mostró complacida por la decisión del
Comité Nobel y comentó que el premio “'es un regalo para los
niños de todo el mundo'
La lucha de Ebadi por los derechos humanos, especialmente de
los niños y las mujeres, 'ha sido una inspiración para todos
los que se preocupan por los pequeños. Estamos en deuda con
ella por sus convicciones y su valor'” (Ídem.).
Amnistía Internacional (AI) también mostró su satisfacción por
la concesión del Premio Nóbel de la Paz a Ebadi:
“Premiando a Shirin, el Comité noruego reconoce la importancia
crucial de los derechos humanos y de los individuos que los
defienden en todo el mundo.
Shirin ha luchado a favor de muchos defensores de los derechos
humanos, incluidos los Presos de Conciencia de Amnistía
Internacional, y este premio rinde homenaje también a todas
esas otras personas que luchan contra la injusticia. En un
momento en el que los principios de derechos humanos están
cada vez más amenazados, este premio traerá nueva esperanza a
todos aquellos comprometidos con la lucha diaria a favor de
los derechos humanos”
(Amnistía Internacional, 13.10.03,
http://www.a-i.es/com/2003/com_10oct03.shtm).
Recuerda AI que en el año 2000, Ebadi
defendió a Mehrangiz Kar y a Shahla Lahiji, ambas presas de
conciencia por su trabajo en la defensa de los derechos de las
mujeres en Irán. Ebadi también investigó los asesinatos de
escritores e intelectuales perpetrados en 1998 y 1999. Ella misma fue
arrestada el 27.06.00, acusada de producir y distribuir un
video que supuestamente “alteraba la opinión pública” (Ídem.).
Human Rights Watch (HRW) manifestó su aprobación por la
decisión del Nobel de la Paz de este año: "El Comité Nobel
envió al Gobierno iraní un fuerte mensaje que indica que
las graves violaciones a los derechos humanos deben cesar" (El
Nacional, 11.10.03, pág. A/13).
En declaraciones pronunciadas a su regreso a Teherán (capital
iraní) proveniente de París, Ebadi reclamó la liberación de
todos los prisioneros políticos de su país y destacó que con
su distinción "el mundo quiso reconocer el combate de las
mujeres musulmanas" (El Nacional, 14.10.03,
http://www.el-nacional.com/#) .
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CONTEXTO
Preparados para Celebración por la Vida 2003 |
La Red de Apoyo por la Justicia y la Paz invita a
organizaciones, vecinos y particulares a la Celebración por la
Vida 2003, que se efectuará el 25.10.03, a la 1:30 PM, en la
Plaza Juan Pedro López del Banco Central de Venezuela (BCV)
(Parroquia Altagracia de Caracas).
Explica la organización que "como todos los años, el próximo
sábado 25 de octubre el equipo que labora en la Red de Apoyo
por la Justicia y la Paz, conjuntamente con familiares de
víctimas de abusos policiales y militares, distintas
comunidades cristianas agrupadas en el Centro Coordinador de
Servicios de las Comunidades de Base de Caracas (CECOSE),
organizaciones comunitarias y de derechos humanos, se reunirán
en la Plaza del Banco Central de Venezuela y de allí marcharán
hasta el Colegio La Salle de Tienda Honda, lugar en donde se
llevará a cabo la Celebración por la Vida 2003. La Celebración
por la Vida 2003 forma parte de la iniciativa 'Paz en
Movimiento' y su lema inspirador es 'Comprometernos para
lograr justicia, reconocernos para que haya paz'. El logro de
la paz por la vía política y democrática sólo será posible
gracias a nuevas formas de diálogo y de consenso social. En
este sentido, la Celebración por la Vida continuará siendo no
sólo un ejemplo, sino también un aporte para la construcción
de espacios de encuentro, en los cuales nos podamos
comprometer con el logro de la justicia y el reconocimiento de
la paz (Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, 21.10.03,
redapoyo@cantv.net).
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DERECHOS
ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Provea
solicitó al TSJ que ordene al Ministro de Finanzas informar
sobre presunto uso indebido de fondos de pensionados y
jubilados |
Desde que Provea le solicitó al ministro Nóbrega información
sobre la supuesta utilización de los fondos de pensionados y
jubilados para fines distintos a los legalmente previstos,
transcurrieron más de los 20 días que la Ley Orgánica de
Procedimientos Administrativos otorga a los funcionarios
públicos para dar respuesta a una petición. De este modo, el
titular de Finanzas vulneró el derecho de petición invocado
por Provea el pasado mes de junio y obligó a la organización a
recurrir ante la Sala Constitucional del TSJ con una acción de
amparo.
Esta sería la cuarta vez en este año que Provea
recurre ante la máxima instancia judicial por la violación del
derecho de petición establecido en el Artículo 51 de la
Constitución.
En la acción de amparo constitucional introducida
este 14.10.03 por Provea, se le solicitó al Tribunal Supremo
de Justicia (TSJ) que ordenara a Tobías Nóbrega, titular del
Ministerio de Finanzas (MF) dar una respuesta sobre dicha petición.
”El pasado 04.06.03, explicó Marino Alvarado, coordinador
del Área de Defensa de Provea, le enviamos una comunicación al
Ministro en la cual se le solicitaba información sobre el
supuesto uso de recursos monetarios pertenecientes a los
fondos de pensiones y jubilaciones de los empleados de la
administración pública y del fondo de pensiones del Instituto
Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS). También le pedíamos
que diera a conocer los montos de tales recursos y los
organismos beneficiarios de los mismos” (Provea, 14.10.03,
http://www.derechos.org.ve).
A la organización, que entre sus propósitos tiene el monitoreo
y la vigilancia del cumplimiento de la Constitución y las
leyes, le interesaba corroborar la noticia publicada por el
diario El Universal, el 23.05.03, según la cual Nóbrega
reconocía que algunos fondos de pensiones y jubilaciones
fueron usados para el pago de sueldos y salarios de los
empleados de la administración pública.
Señaló Alvarado que “en caso de ser cierta la noticia, se
habría incurrido en una flagrante violación del artículo 86 de
la Constitución, el artículo 108 de la Ley Orgánica del
Sistema de Seguridad Social (Losss), el artículo 75 de la Ley
del Seguro Social (LSS) y el artículo 23 de la Ley del
Estatuto de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios o
Empleados de la Administración Pública Nacional, instrumentos
todos que son claros en la prohibición de utilizar los
recursos financieros de los fondos de pensiones y jubilaciones
para otros fines que los previstos en la Ley” (Ibíd.).
“Además de constituir un delito que debe ser sancionado, este
hecho pudiera generar graves consecuencias en la estabilidad
financiera del sistema de seguridad social, en momentos cuando
se realiza un proceso de transición entre el viejo y el nuevo
modelo pautado por la Constitución y la Losss. De ser cierta
la denuncia, se estaría ante un precedente negativo de
desprotección y vulneración de los derechos de los
beneficiarios afiliados al sistema de seguridad social”, acotó
el vocero de Provea (Ibíd.).
En este sentido, la Comisión Permanente de Desarrollo Social
Integral de la Asamblea Nacional (AN) giró una invitación,
este 22.10.03, a Provea para
que expusiera las razones por las cuales interpuso esta acción de
amparo. Una vez escuchados los argumentos de Provea, los
diputados consideraron conveniente invitar al Ministro para
que explique si efectivamente hizo uso de recursos de la seguridad
social y el procedimiento utilizado para esta acción.
De la misma manera, los diputados decidieron hacer una evaluación más global
sobre el modo en que se vienen administrando los fondos
destinados a la seguridad social.
Provea califica como positiva esta reunión y el interés
mostrado en aclarar los hechos. Como lo expresó Marino Alvarado,
asistente a la cita en la AN por Provea: "el único interés que tiene la organización
en llevar este caso, es velar por
el uso adecuado de los recursos financieros destinados al
sistema de seguridad social y evitar que se generen
distorsiones que puedan afectar el funcionamiento del nuevo
sistema de seguridad social que está en proceso de
implantación" (Provea, 22.10.03).
Finalmente, debe destacarse que Eudomar Tovar, Viceministro de Finanzas,
hizo llegar el 16.10.03 una comunicación a Provea que
pretendía responder al derecho de petición hecho al Ministro
hace más de 4 meses. Sin embargo, la información
suministrada no fue adecuada, puesto que no respondió las
preguntas formuladas por Provea.
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DERECHOS
ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Comienza edición 2003 del Foro Social Metropolitano |
Desde este 24.10.03, el Capítulo Venezuela de la Plataforma
Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo
(Pidhdd) y las organizaciones que participan en el Foro Social
Nacional están desarrollando el Foro Social Metropolitano
2003. El mismo es definido por sus organizadores como un
espacio para el fortalecimiento de los movimientos sociales y
el tejido social, un proceso de construcción social articulada
, (Aporrea, 23.10,03,
http://www.aporrea.org/dameverbo.php?docid=10986).
Erick Gutiérrez, secretario Técnico del Capítulo Venezuela de
la Pidhdd, explica que "al igual que el Foro Social Mundial de
Porto Alegre (Brasil) 2003, el Foro Social Metropolitano
contempla varias actividades que son expresión del trabajo de
las organizaciones populares y de base, orientadas a la
construcción de "otro mundo posible". Entre las actividades
comprendidas en el Foro Social Metropolitano, están:
- Inauguración del Foro Social Metropolitano, en la sede
de la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV), el 24.10.03,
a las 5:00 PM;
- Primer Encuentro Metropolitano por la Salud y la Vida, en el
liceo "Andrés Bello" (Parque Carabobo), el 25.10.03, a las
8:00 AM;
- Celebración por la Vida 2003, en conjunto con la Red de
Apoyo por la Justicia y la Paz, en la Plaza Juan Pedro López
del BVC (Parroquia Altagracia), el 25.10.03, a la 1:30 PM;
- Seminario sobre Residuos Sólidos Urbanos, Capacitación y
Empleo en una Economía Alternativa, el 08.11.03, en el Teatro
Municipal.
- Mesas de trabajo en el liceo Andrés Bello (Parque Carabobo),
el 15 y 16 de noviembre;
- Primer Congreso Nacional por la Salud y la Vida, en Enero
del 2004.
Para mayor información, puede contactarse por el correo-e:
plataforma@derechos.org.ve. (Capítulo Venezuela, 23.10.03,
plataforma@derechos.org.ve).
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DERECHOS
ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
La Unesco ofrece nuevo instrumento de protección al
patrimonio cultural |
En la 32a. Conferencia General de la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco),
celebrada entre el 29.09.03 y el 17.10.03 en París, Francia,
se aprobó el Convenio Internacional para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural
Inmaterial, instrumento jurídico que tendrá la misión de
salvaguardar "los usos sociales, los rituales y actos
festivos, los conocimientos y usos relacionados con la
naturaleza y el universo y las técnicas artesanales
tradicionales" (El Nacional, 17.10.03,
http://www.el-nacional.com/#). Con este Convenio se
brindará protección a la tradición y la expresión oral,
incluido el idioma como vehículo del patrimonio inmaterial,
así como las artes del espectáculo (Ídem.).
El Consejo Ejecutivo de la Unesco adoptó igualmente una
Declaración sobre la Destrucción Intencional del Patrimonio
Cultural, destinada a evitar agresiones deliberadas con el
patrimonio universal, como las ejecutadas por el Talibán
contra las esculturas gigantes de Buda, en Bamiyán,
Afganistán, en el año 2001 y la destrucción de gran parte de
los monumentos y museos de la ciudad de Bagdad causada por las
acciones bélicas y saqueos ocurridos en la reciente
intervención militar a Irak. La Conferencia acordó, asimismo,
encargar a Koichiro
Matsuura, director General de la Unesco, la preparación de un
proyecto de Convenio Internacional sobre Diversidad Cultural,
que complete jurídicamente esta
Declaración (Ídem.).
El Consejo Ejecutivo de la Unesco también aprovechó la ocasión
para efectuar la elección de sus nuevos miembros para el
período 2003-2007, en cuya votación resultó electo el Estado
venezolano que, con el endoso del Grupo Latinoamericano y
Caribeño, fue la candidatura que contó con más votos (un total
de 167) después de la de Canadá (169)
(Argenpress, 17.10.03,
http://www.argenpress.info/nota.asp?num=005607) .
De este modo, Venezuela formará parte de los 58
Estados miembros que representan a los 5 grupos
electorales del organismo. Es de hacer notar que Venezuela
tenía 12 años sin ser parte de este órgano de la Unesco
(Agencia Venpres, 17.10.03,
http://www.venpres.gov.ve/infgen/infgen1.htm#ingresa).
El Consejo Ejecutivo tiene, entre otras responsabilidades,
controlar el programa y el presupuesto aprobados por la
conferencia general y estudiar las propuestas que haga el
director general de la Unesco (Ídem.).
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DERECHOS
ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Relator
especial de la
ONU sugiere supervisar actividades de transnacionales
que atenten contra derecho
a la alimentación |
Según un
informe realizado por Jean Ziegler, relator de la Comisión de
Derechos Humanos de la ONU especializado en el derecho a la
alimentación: "los Estados miembros de la ONU deben vigilar
cuidadosamente a las empresas transnacionales para proteger el
abastecimiento de alimentos a los pobres" (Organización de
Naciones Unidas, 16.10.03,
http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=1123&criteria1=&criteria2=).
La afirmación la realizó el 13.10.03, en la presentación a los
representantes de los Estados miembros asistentes a la 58a
edición de la Asamblea General del organismo.
El informe destaca que "el creciente poder de las corporaciones
transnacionales –sumado a las privatizaciones, la
desregulación y la menor participación del Estado- hacen
necesaria la creación de un marco legal que mantenga a las
corporaciones dentro del respeto a los derechos humanos y
evite el abuso de poder" (Ibíd.).
Ziegler acotó que el poder de las empresas transnacionales "a menudo
es más grande que los países en los que operan y que muy pocas
veces están bajo escrutinio para que cumplan con los derechos
humanos [por esta razón] es vital que se fortalezcan
los mecanismos de observación” (Ibíd.).
En su informe, el relator especial del derecho a la
alimentación sugiere a los gobiernos "regular las actividades de las
transnacionales en el sistema alimentario con la intención de
obligarlas a proteger a sus ciudadanos y a los de otros
países" (Ibíd.).
En este sentido, añadió que "las organizaciones no gubernamentales
tendrán un papel importante en la promoción y
vigilancia del cumplimiento de los derechos humanos,
incluyendo el derecho a la alimentación, por parte de todos
los sectores de las sociedades" (Ibíd.).
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DERECHOS
ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
El gasto social en el presupuesto nacional de 2004 |
Tobías Nóbrega, titular del MF, presentó el pasado 16.10.03
ante la Asamblea Nacional (AN), el presupuesto correspondiente
al ejercicio fiscal del año 2004. En su exposición, el
ministro informa que el presupuesto total de la nación,
incluyendo ingresos ordinarios (petroleros, no petroleros) y
extraordinarios se estimó en 49,951 billones
(Gobierno en Línea, 16.10.03,
http://www.gobiernoenlinea.ve/).
En el mismo se contempla un gasto social por el orden del 13%
del Producto Interno Bruto (PIB)
(Agencia Venpres, 15.10.03,
http://www.venpres.gov.ve/econ/eco1.htm#Gasto) que, según
fuentes oficiales beneficia a los ministerios de Salud y
Desarrollo Social (MSDS) y al de Educación, Cultura y Deportes
(MECD), como despachos con mayor número de asignaciones
recibidas: "la asignación total para Salud aumenta en más de
700 millardos, pues de 2,313 billones que se le otorgó en
2003, para 2004 subió a 3,058 billones [...]
El MECD recibirá
5,668 billones de bolívares"
(Gobierno en Línea, Op. cit.). La mima fuente asegura que al MF
se le asignaron 750,2 millardos de bolívares para
financiamiento de programas y proyectos. Al Ministerio de Infraestructura
(Minfra) se destinaron 1,098
billones de bolívares (un 69% más con respecto al presupuesto
2003), para ejecución y conclusión de obras. Mientras que el aumento más notorio
fue para el despacho de Planificación y
Desarrollo (MPD) (un 125% más del asignado en 2003), con una asignación de 110.810,3 millardos
de bolívares. Para cancelar los compromisos contractuales a
los obreros de la administración pública se previeron 236,2 millardos
de bolívares (Ídem.). Sobre este aspecto, otra fuente observa
que el presupuesto incluye recursos para aumentar el salario
mínimo en por lo menos 30% (El Mundo, Op. cit.). No obstante,
añade la fuente, que el monto destinado para este fin no
fue detallado porque el cálculo del incremento de sueldos está incluido en la
distribución de recursos de cada ministerio y organismo gubernamental,
y todavía se deben hacer los ajustes acordes con la medida, "en todo caso, la base del aumento está a tono con las mejoras
salariales logradas con el Convenio Marco de los empleados de
la administración pública nacional, firmado recientemente, del
cual destaca un aumento en toda la escala salarial de 30% para
los trabajadores gubernamentales, a excepción de los obreros"
(Ídem.).
Como dato adicional, una de las fuentes oficiales citadas
agrega que en el presupuesto 2004 expuesto por Nóbrega, "el servicio (pago de intereses) de la deuda pública ascenderá
a 13,807 billones de bolívares, equivalente a 7,7% del
Producto Interno Bruto (PIB), estimado en 179,706
billones de bolívares [...]
El ingreso petrolero -tomando como referencia 20 dólares por
barril-, será de 14,408 billones (8,0% del PIB), es decir,
levemente superior a lo previsto para servicio de la deuda.
Sin embargo, el pago por servicio de la deuda baja 2,3 puntos
en comparación con el presupuesto 2003" (Gobierno en Línea,
Op. cit.).
Por otro lado, los gastos presupuestarios legales para gobernaciones y
alcaldías se estimaron en 9,088 billones (5,1% del PIB)
(Ídem.).
Comentó el titular de Finanzas, que "estos recursos están
dirigidos a reestablecer el año que viene el terreno que se
perdió en 2003 en materia de programas sociales sobretodo por
los efectos devastadores del paro o sabotaje petrolero de
diciembre del 2002 y cuyos efectos se prolongaron hasta marzo
del 2003"
(Agencia Venpres, Op. cit.).
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DERECHOS
ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Proyecto de Ley de Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat
a plenaria |
Este
15.10.03, fue aprobado por la Comisión Permanente
de Desarrollo Social Integral de la AN para su segunda
discusión el Proyecto de Ley de Régimen Prestacional de
Vivienda y Hábitat, a objeto de ser sancionado por el plenario de
la Asamblea antes de finalizar el año parlamentario (Asamblea
Nacional, 16.10.03,
http://www.asambleanacional.gov.ve/ns2/noticia.asp?numn=4531).
El Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat, que se
encuentra enmarcado en el Sistema de Seguridad Social, es un mandato
constitucional, que obliga al Estado a crear un
sistema que
garantice a los ciudadanos el derecho a una vivienda digna.
El diputado Rafael Ríos (MVR/Bolívar), presidente de la
Subcomisión de Vivienda y Hábitat, destacó que el articulado
dedicado a los créditos hipotecarios, incorpora un “diferencial
de tasa de interés del préstamo hipotecario que incrementa la
cuota de amortización a cargo del o los prestatarios, por un
monto que supera el límite de su ingreso y los de su grupo
familiar establecidos en el contrato de préstamo. El Banco
Nacional de Vivienda y Hábitat definirá los límites de la
banda de interés en que operará la garantía” (Ibíd.).
En cuanto al articulado referido a las disposiciones
transitorias, el proyecto establece que “los créditos vigentes
individuales a largo plazo, otorgados en el marco de la Ley
del Subsistema de Vivienda y Política Habitacional, publicada
en la Gaceta Oficial No. 37006, de fecha 30.10.00, y las anteriores
referidas a esta materia, continuarán amparados por los
recursos del Fondo de Rescate hasta la fecha de entrada en
vigencia de la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social”
(Ibíd.).
Asimismo, señala Ríos que, según este proyecto, los activos del Fondo de Rescate serán
transferidos, previo estudio actuarial, dispuesto por el Banco
Nacional de Vivienda y Hábitat, al Fondo de Garantía.
Precisa que el Banco Nacional de Vivienda y Hábitat
administrará estos recursos de acuerdo con las previsiones
sociales de esta ley, a fin de corregir las graves
distorsiones generadas por desviaciones en perjuicio del
usuario, tales como el doble crédito indexado (Ibíd.).
Señala la fuente que una vez elaborado el informe
correspondiente para la segunda discusión en plenaria, el Proyecto de Ley de Vivienda y Hábitat será considerado
en cada uno de los artículos en un plazo de
10 días hábiles (Ibíd.).
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DERECHOS
ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Día de la resistencia indígena: eventos y promesas
políticas |
El primer Encuentro Mundial de Indígenas y Campesinos se
celebró
entre el 11 y
14.10.03,
conmemorando
por primera vez el 12 de octubre como Día Nacional de la
Resistencia Indígena.
El evento, patrocinado por el Gobierno Nacional, contó con la
participación de representantes del Consejo Nacional Indio de
Venezuela (Conive), la Coordinadora Agraria Nacional Ezequiel
Zamora, el Foro Bolivariano de América, la Coordinadora de la Cuenca
Amazónica, el Consejo Indígena de Centroamérica, la Confederación de
Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Alianza Amazónica y
el Consejo Nacional de Marcas y Quoyasuyo (Asamblea Nacional,
15.10.03,
http://www.asambleanacional.gov.ve/ns2/noticia.asp?numn=4516).
La diputada indígena Noelí Pocaterra (Conive/Zulia), segunda vicepresidenta de la AN, explicó que el
evento permitió a los participantes deliberar sobre la problemática de las etnias,
el desarrollo del cooperativismo en
los sectores campesinos e indígenas, las contradicciones de los
derechos indígenas en el seno de la ONU y las luchas de las
mujeres indígenas y campesinas, el papel de la juventud indígena y campesina, y
la búsqueda de un Estado plurinacional (Ídem.).
Por su parte, el diputado Guillermo Guevara (Conive/Amazonas)
presidente de la Comisión de Pueblos Indígenas, informó que la
Subcomisión de Legislación Indígena, adscrita a su despacho,
comenzará a elaborar el Anteproyecto de Ley para Elección de
Representantes Indígenas Ante los Cuerpos Deliberantes
(Asamblea Nacional, 20.10.03,
http://www.asambleanacional.gov.ve/ns2/noticia.asp?numn=4555).
El parlamentario indígena explicó que este era un mandato constitucional
establecido en la disposición VII y en los artículos 125 y
126, que tenía como objeto diseñar una ley para que los
pueblos indígenas elijan sus representantes a la AN, Consejo
Legislativo y Concejo Municipal. "La disposición VII de la Constitución,
recuerda Guevara, indica que en
un lapso de 2 años la AN legislaría sobre todas las materias y
daría prioridad a las leyes orgánicas sobre los pueblos
indígenas, educación y fronteras [...]
Al garantizarse la participación política de las etnias
venezolanas con una representación en la AN y en los cuerpos
deliberantes de las entidades federales y locales, se consagra
una de las principales aspiraciones de los pueblos autóctonos"
(Ídem.).
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DERECHOS
ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Pueblo Kariña, la resistencia
indígena continua |
Ante la situación de indefensión que afecta a las comunidades
indígenas de Palital Kariña-Campesina y
Kariña Macapaima y pueblos cercanos, por la acción de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), Autoridad
Única de
Área para el sur de los Edos. Anzoátegui y Monagas (AUA),
José Luis León, Cacique de la comunidad indígena Kariña Palital
dirige al Estado venezolano un llamado para exigir la
restitución de los derechos consagrados en la constitución de
los pueblos indios
(Unidad en la Diversidad , 13.10.03,
http://www.movimientos.org/show_text.php3?key=2106).
Acusa León a la CVG de incumplir las promesas realizadas a la
comunidad que representa, tales como la de permitir la
participación de los trabajadores de estas comunidades en la
construcción del Complejo Maderero Macapaima, la cual
aportaría casi 1.000 empleos directos. Sin embargo, señala
León que "ni uno de los habitantes de Palital y Macapaima trabajan
en esa industria" (Ibíd.). En cambio, el efecto causado por
esta compañía empeoró las condiciones del hábitat
ocupado por estas comunidades ha causa de la contaminación ambiental.
Además, según la denuncia, los habitantes del sector son afectados por la "arremetida de la dirigencia de la CVG"
(Ibíd.) hacia los
indígenas Kariñas Palital.
León advierte la necesidad de aplicar la prometida Ley de Demarcación
del Hábitat Indígena "y que los
presupuestos en este sentido, más los que se orientan hacia
los beneficios sociales, de asistencia técnica, de
financiamiento e infraestructura, sirvan para consolidar el
crecimiento endógeno, el sistema de economías y producción,
conforme a los derechos positivos vigentes constitucionales. Necesitamos nuestras tierras ancestrales con vocación
agropecuaria" (Ibíd.).
Además, el cacique kariña exige al Estado revisar el endeudamiento para la
construcción de las represas en Guayana; revisar las
inversiones del Segundo y Tercer Puente sobre el Río Orinoco,
como las plantas procesadoras del pino Caribe en el extremo
sur de Anzoátegui; revisar las políticas y programas del
Gobierno en materia tecnológica "las cuales se están
implementando en las selvas y montañas donde hay población
indígena, poniendo en peligro la identidad cultural" (Ibíd.);
y, observar que las partidas que están en el presupuesto nacional para
los pueblos indígenas sean respetadas por los organismos
encargados de su ejecución.
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DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Día Mundial de la Alimentación: Cifras
oficiales desactualizadas e insuficientes |
Según Zaida Carrillo, presidenta del Instituto Nacional de
Nutrición (INN), desde 1999 los índices de
desnutrición han disminuido un 3%, pasando de 20% a 17%
(Últimas Noticias, 16.10.03, pág. 2).
Por su parte, Elisa Panadés, representante en Venezuela de la
Organización para la Agricultura y Alimentación de las Naciones Unidas (FAO),
explicó que la desnutrición se determina cuando “no hay
disponibilidad de alimentos o porque la dieta diaria no logra
alcanzar las dos mil 300 calorías requeridas por el cuerpo
humano para mantenerse sano”(Ídem.). Indicó que en esta
condición se encuentra entre un 15% y un 20% de los
venezolanos, de acuerdo a estudios realizados por la FAO en
1998 (Ibíd.).
Siloyde Rivas, asesora del Consejo Nacional de la
Alimentación (CNA), complementa estos números explicando que "la crisis económica impide bajar
drásticamente los índices de desnutrición en niños menores de
5 años. Según las estadísticas nacionales, al comienzo de los
años 90, un 13% de la población infantil sufría desnutrición
crónica; para el año 2000 este porcentaje bajó sólo un punto.
De acuerdo a los parámetros usados por la Organización Mundial
de la Salud, este porcentaje se considera bajo" (Ibíd.).
Ribas admite que la inexistencia de estadísticas nacionales más amplias
acerca de este tema constituye un obstáculo para dar un diagnóstico más confiable
y certero de la situación, que permita planificar acciones y
programas. Es posible que estas cifras oculten un subregistro
dado que las investigaciones realizadas en el país sólo dan
cuenta de la desnutrición entre los infantes, pero no
contemplan un sistema de estudio de adultos y embarazadas
(Ibíd.).
Por su parte, Rafael Alfonzo, presidente de la Cámara
Venezolana de la Industria de Alimentos (Cavidea), señaló que,
desde 2002, cerca de 66% de la población (15,8 millones de
personas) ingiere menos de 2.300 calorías diarias y 8 millones
logran apenas alcanzar el promedio estimado por la FAO de
2.400 calorías diarias (El Nacional, 10.10.03, pág. A/16).
Otro indicador que ilustra el consumo de alimentos en el
ámbito nacional es, a juicio de Alfonzo, el volumen de
alimentos procesados vendido, el cual disminuyó un 18% en el
primer semestre de 2003 (Ibíd.).
En este sentido, debe recordarse que, a petición del Estado
venezolano, la FAO inició el pasado mes de julio, el Programa
Especial de Seguridad Alimentaria (PESA),
con una inversión de 34 millones de dólares, 32 de ellos
aportados por el Gobierno Nacional (para mayor información ver
ediciones N° 125 y 112 de este servicio informativo en
http://www.derechos.org.ve).
En su primera etapa, de 3 años, el PESA se desarrollará en 30
comunidades pobres y 10 indígenas. Panadés explicó que la FAO
prestará cooperación técnica, a los agricultores venezolanos,
con el propósito de brindarles las herramientas necesarias y
la capacitación para que logren un desarrollo sostenible
basado en la producción de la tierra
(Últimas Noticias, 16.10.03,
http://www.ultimasnoticias.com.ve/ediciones/2002/10/16/p8n1.htm).
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DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Abiertas inscripciones para diplomados en
derechos humanos en Maracaibo |
El Centro de Políticas Públicas y Participación Ciudadana, (CPPC),
el Centro por la Democracia y el Estado de Derecho, el
Instituto Internacional Jacques Maritain y la Universidad
Católica Cecilio Acosta (UCCA) invitan, a los profesionales y
actores sociales interesados en desarrollar su línea
curricular en el ámbito de los derechos humanos, a participar
en el Diplomado sobre "Género, Minorías Y Pueblos Indígenas",
que se efectuará entre el 15.11.03 y el 21.02.04; y en la
segunda edición del Diplomado en "Derechos Humanos, Garantías
Constitucionales y Procedimientos Internacionales para su
Protección", que se realizará en Maracaibo, Edo Zulia entre el
31.10.03 y el 31.01.04.
Mayor información por la sección diplomados del sitio web:
http://www.cppc.org.ve.
(Sitio web del Centro de políticas Públicas y Participación
Ciudadana, 20.10.03,
info@cppc.org.ve)
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DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Estado indiferente ante desabastecimiento de
medicamentos |
La situación de desabastecimiento de medicamentos en
reiteradas ocasiones reseñada (la última vez fue en la
edición N° 125 de este servicio informativo, que puede
consultar en
http://www.derechos.org.ve) no fue solventada a pesar de
las promesas realizadas por las nuevas autoridades del MSDS y
del IVSS. Mientras en el Edo. Bolívar reportan la muerte del
50% de los pacientes renales sujetos a tratamientos de
hemodiálisis, debido a la falta de insumos que aqueja a las
unidades de diálisis de los centros asistenciales públicos (El
Guayanés, 21.10.03, pág. A/5), en Caracas volvieron a
manifestar las organizaciones de enfermos crónicos (pacientes
de cáncer, ezquizofrenia, hemofílicos, trastorno bipolar,
trasplantados de órganos y portadores de VIH) (El Nacional,
22.10.03, pág. B/14). Esta vez se concentraron en la puerta
principal de la sede del instituto asistencial con el fin de
llamar, de nuevo, la atención de las autoridades ante la
carencia de los suministros farmacológicos y médicos de los
cuales depende su vida.
Según los manifestantes, "sólo se ha recibido medicamentos
para 4 de los 10 meses que han corrido de 2003" (El Universal,
22.10.03, pág. 2/13). Uno de los participantes en la
manifestación ilustra la situación: "en el MSDS, cuando no
faltan 3 medicamentos faltan 4. En el IVSS, de los 17
medicamentos faltan 7. Conocemos de 11 casos en los que
pensamos que el virus VIH se volvió resistente porque aparecieron
males oportunistas. En el Instituto Nacional de Higiene (INH)
no hay reactivos suficientes para las pruebas de carga viral y
conteo de linfocitos y tampoco para la prueba confirmatoria
del VIH. Los médicos tratantes tampoco han tomado acciones y
seguimos siendo las ONG las que luchamos" (El Nacional, Op.
cit.).
Ante los señalamientos de los manifestantes, Vivian Martínez,
directora de Farmacia del IVSS, afirmó que se está "trabajando
con el programa Sumed-Sefar, para que lo que el Seguro no
tenga sea aportado por el MSDS, mientras resolvemos. También
vamos a hacer compras en conjunto para garantizar los meses
que quedan de 2003 y los primeros de 2004" (Ídem.).
No obstante, la funcionaria reconoce que tales medidas no son
más que paliativos, que no superan el problema estructural: la
deuda del IVSS con los laboratorios. Sobre este hecho,
Martínez adelantó que la directiva del instituto espera
reunirse con las empresas farmacéuticas (Ibíd.).
Otro de los problemas que agravan la situación es señalado por
Antonio Azpiroz, presidente de la Cámara de la Industria
Farmacéutica (CIFAR), quien advirtió que el desabastecimiento de los medicamentos
fabricados por los laboratorios naciones y extranjeros supera
el 50%, como
consecuencia de haber recibido solamente un 10% de las divisas
necesarias para su producción por parte de la Comisión de
Administración de Divisas (Cadivi) (Tal Cual, 20.10.03, pág.
4).
Azpiroz informó que como medida para superar esta situación,
entabló una reunión con Roger Capella, titular del MSDS, en la
que pidió su intermediación ante Cadivi. Otro de los aspectos
tocados en esta cita fue la deuda de 120.000 millones de
bolívares que tiene el IVSS con la industria farmacéutica y
que protagoniza desde hace más de 2 años conflictos en el
suministro de farmacéuticos en los establecimientos
asistenciales de este órgano estatal (Ídem.).
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DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Derechos laborales de
los/as
niños/as trabajadores/as
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En otro orden de ideas, el Instituto Nacional de Prevención,
Salud y Seguridad Laboral (Inpsasel) informó que decidió crear
el Programa de Protección a los Niños, Niñas y Adolescentes
Trabajadores (Pronap). Ángel González, coordinador nacional de
este organismo explicó que el objetivo de Pronap será
garantizar los derechos laborales de la población
económicamente activa menor de 18 años (Panorama, 11.10.03,
pág. 1/5). A juicio de González, actualmente "pueden ser más"
de 1.400.000 niños/as y adolescentes los que se hayan en el
mercado laboral: para el primer trimestre de 2003, el INE
calculó a la población económicamente activa ocupada en el
sector formal, menor de 18, en 300.000 (6,6%), mientras que
Centros Comunitarios de Aprendizaje (Cecodap) asegura que en
el sector informal de la economía hay 1.100.000 menores de 18
años (Ídem.). Este sector de la sociedad no cuenta con
protección estatal que garantice el pago de su salario mínimo,
el respeto por el horario diario de 6 horas máximo, su
registro por parte del Consejo de Protección y su salud
ocupacional (Ídem.).
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DERECHOS
ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Indicadores socioeconómicos del INE |
De acuerdo con el INE, un 48% de
los hogares venezolanos se encuentran en condiciones de
pobreza
(El Nacional, 11.10.03, pág. A-16). Elías Eljuri, presidente
de este organismo indicó que los estudios realizados por el
organismo a su cargo "muestran que desde el primer semestre de
1997 hasta el segundo semestre de 2001 el porcentaje de
hogares pobres se redujo de 55,6% a 39%, tendencia que se
revirtió en 2002, cuando nuevamente subió a 48%, entre otras
razones porque se aceleró la inflación" (Ídem.).
Adicionalmente mencionó que "la pobreza no sólo debe medirse
por el ingreso que al menos perciban 2 integrantes de una
familia, sino que también debe tomarse en cuenta el nivel de
escolaridad, que considera el porcentaje de niños que se
encuentra en la educación básica; o el de salud, que asume la
esperanza de vida de una persona: 'En los últimos 5 años hemos tenido avances en educación y
salud, pero tenemos que admitir que el año pasado hubo una
desmejora en el ingreso, lo que justamente empeora toda la
situación, pero que no es la que había hace unos años' [...] Uno de los problemas que debe afrontarse es que
entre 28% y 30% de los hogares se ubican en lo que se denomina
pobreza estructural, que abarca a la población que no cubre
sus necesidades básicas, pero el restante 18%
de las familias está en situación de pobreza coyuntural y saldrán
de ella cuando mejore el ingreso y baje la inflación" (Ídem.).
Eljuri informó que, según los
estudios del INE, un 86% de los hogares más pobres cuenta, al
menos, con un
televisor; 75% de este sector tiene nevera y, al menos, 36%
posee una lavadora.
Según esta metodología, que permite al INE incluir parámetros
de calidad de vida en las mediciones de pobreza, la población
en situación de pobreza estructural sólo llega a 23,5% y la
población en situación de pobreza coyuntural ocupa un 30,4% de
la población. Además, para el primer semestre de este año, la
pobreza extrema alcanzó el 25,1%, mientras que un 46% de la
población es "no pobre", de acuerdo a Eljuri (Últimas
Noticias, 18.10.03, pág. 2).
Esta metodología del INE utiliza algunas variables como: "niños de 7 a 12 años que no asisten a la escuela,
más de tres personas durmiendo por cuarto, vivienda
inadecuada, hogares con dependencia económica donde el jefe
del hogar tenga tercer grado de primaria y sin acceso a agua
potable o sistema de eliminación de excretas.
Se considera un hogar pobre si tiene al menos una de las
anteriores necesidades básicas insatisfechas y entra en
pobreza extrema si posee dos o más" (Últimas Noticias,
19.10.03, pág. 2).
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DERECHOS ECONÓMICOS,
SOCIALES Y CULTURALES
Situación epidemiológica
nacional |
El
reporte epidemiológico semanal del Ministerio de Salud y
Desarrollo Social (MSDS), Alerta
Epidemiológica, en su edición N° 41 (MSDS, 21.10.03,
http://www.msds.gov.ve/msdsweb/Index.html),
correspondiente a la semana comprendida entre el 05 y el
11.10.03, notifica que la malaria aumentó un 39,9% (886 casos
reportados) con respecto a la cifra de la semana 40 (633
casos). De esta misma enfermedad se registró un acumulado de
23.208 casos hasta la semana 41, es decir, un 6,9% menos que
los registrados en el año 2003 en ese mismo lapso (24.945
casos).
Con respecto al dengue, en la semana 41, Alerta documenta 757
casos, un 13,8% menos que los reportados en la semana N° 40
(665). El acumulado hasta la semana 41 es de 17.107 casos de
dengue en el territorio nacional, es decir, un 46,4% menos que
los casos acumulados en el año 2002 para ese lapso (31.918).
En cuanto al indicador Mortandad
Infantil, Alerta reseña un número de 117 defunciones
registradas en la semana 41, es decir, un 32,9% más que las
defunciones reportadas en la semana 40 (88). El total de
defunciones infantiles acumuladas este año hasta la semana 41
es de 4.473, un 10,6% más que el reseñado en ese mismo lapso
del año 2002 (4.041).
La Mortalidad Materna, para esta edición de
Alerta, reportó el mismo número de defunciones contabilizadas
en la semana 40, es decir, 4. Para la semana 41 el
acumulado reporta 204 defunciones, un 8,9% más que el número registrado en ese mismo
lapso del año 2002.
Con respecto a la situación epidemiológica relativa a la
fiebre amarilla, Alerta señala que hasta la semana 42, se
confirman 40 casos de contagio, mientras que en la semana 41
falleció 1 caso correspondiente a la semana N° 34. Para la semana
41 se descartaron 267 casos, se han recuperado 20 personas y
han fallecido, hasta esa fecha, 20 personas.
Alerta reseña que, hasta la semana 41, se han vacunado 549.282
personas en los municipios de alto riesgo con casos (Edos. Táchira,
Portuguesa y Zulia); 749.739 en los municipios de alto
riesgo sin casos (Amazonas, Apure, Barinas, Bolívar, Mérida,
Táchira, Zulia); 892.037 en los municipios de bajo riesgo; y,
772.320 personas en los municipios de mediano riesgo.
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DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y
CULTURALES
Propuestas
y exigencias a los poderes públicos sobre
los
derechos de los pueblos indios |
- Aprobar la Ley de Educación de Pueblos Indígenas y Usos de
Idiomas, así como la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades
Indígenas, previa consulta con los pueblos y comunidades
indígenas, y con instituciones vinculadas a la temática;
- Dar continuidad al proceso de demarcación de tierras
indígenas, tal como lo establece la Ley de Demarcación y
Garantía del Hábitat y Tierras de los Pueblos Indígenas;
- Investigar y sancionar a aquellas compañías privadas o
investigadores que, aún sin los permisos requeridos, acceden a
los territorios indígenas y extraen de éstos información sobre
biodiversidad;
-Implementar las medidas que, en materia de educación
intercultural bilingüe, ha recomendado la Comisión Permanente
de Pueblos Indígenas de la Asamblea Nacional, todo lo cual
implica, entre otras variables, aumentar el presupuesto
asignado;
- Adoptar una política dirigida a la prevención y atención en
salud de las poblaciones indígenas, desde una perspectiva
integral, poniendo especial énfasis en el control de
enfermedades endémicas;
- Detener los proyectos industrialistas desarrollados en
territorios indígenas;
- Investigar y sancionar a los funcionarios de seguridad
responsables de las muertes de 5 indígenas ocurridas en los
estados Apure y Bolívar (Provea,
http://www.derechos.org.ve).
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DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
Provea: violación del derecho a la libertad de Ramírez Olaya
evidencia ausencia de una política integral de seguridad en
casos de secuestro |
Alfonzo Ramírez Olaya, ciudadano colombiano que sirvió de
enlace entre el gobierno venezolano y las Autodefensas Unidas
de Colombia (AUC) para la liberación del ciudadano venezolano
Richard Boulton, secuestrado en julio de 2001, denunció ante
Provea haber sido privado ilegítima y arbitrariamente de su
libertad durante 7 meses por la Dirección de los Servicios de
Inteligencia y Prevención (DISIP), bajo la excusa de
resguardarle su seguridad.
Poco antes de la liberación de Boulton, ocurrida el 15.07.02,
el gobierno venezolano sacó de Colombia a Ramírez Olaya con
dirección a la sede de la DISIP en Caracas. Según su
testimonio, el Gobierno Nacional le ofreció nacionalidad,
vivienda, puesto de trabajo para él y su familia y cupo
universitario para sus 3 hijos, como recompensa por su
colaboración. De estas promesas solo fue cumplida la de la
nacionalidad. Y, en cambio, estuvo durante 7 meses bajo
custodia de la DISIP, sin que se le permitiera comunicarse con
ninguna otra persona que no fuera funcionario de ese cuerpo de
seguridad. Durante esos meses, solo pudo establecer contacto
con sus familiares en 4 ocasiones.
Por su colaboración en el caso Boulton, Ramírez Olaya no
solamente fue víctima de la situación antes descrita, sino que
hoy está presuntamente amenazado de muerte por guerrilleros
del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y por la fracción
disidente de las AUC que mantuvo secuestrado a Boulton.
Para Provea, en términos de derechos humanos, resulta
cuestionable la actitud que el Gobierno Nacional tuvo y tiene
con Ramírez Olaya, y demuestra una inexcusable improvisación
en la política de Estado para atender situaciones de secuestro. También critica la política
de protección a víctimas o colaboradores aplicada por los
órganos de seguridad ciudadana nacional. Estas incongruentes
medidas debilitan la confianza de los ciudadanos en el Estado,
tomando en cuenta que, a fin de cuentas, en vez del
reconocimiento, la colaboración de Ramírez Olaya derivó en la
violación de sus derechos humanos a la libertad personal y a
un nivel de vida adecuada, pues fue sometido a precarias
condiciones de vida durante el tiempo de cautiverio,
causándole daños materiales y morales tanto a él como a su
familia.
Antes de hacer público el caso de Ramírez Olaya (El Universal,
19.10.03, págs. 1 y 2 del suplemento especial Expediente),
Provea agotó todos los esfuerzos para conversar con un alto
funcionario del gobierno que respondiera los reclamos y
denuncias del ciudadano colombiano. En tal sentido, se
comunicó en 4 oportunidades con el asistente personal del
Vicepresidente de la República. También se le hizo llegar un
informe de caso a Adán Chávez, secretario del Presidente de la
República. De ninguno de estos funcionarios se obtuvo
respuesta.
Provea responsabiliza al Gobierno Nacional por la seguridad e
integridad del ciudadano colombiano y de su familia.
Solicitará al MP adelantar las investigaciones
correspondientes sobre la violación de los derechos humanos de
Ramírez Olaya y exige al Ejecutivo Nacional cumplir con los
compromisos adquiridos con este ciudadano colombiano, que en
un momento le fue útil en la resolución del secuestro de
Boulton, para luego someterlo a una crítica situación de
seguridad y condición de vida.
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DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
Sistema interamericano de protección de los derechos
humanos, escenario de debate sobre la situación venezolana |
En el marco del 118º
período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) , celebrado entre el 06 y el 24.10.03 en su
sede de Washington (Organización de Estados Americanos,
22.10.03,
http://www.oas.org/OASpage/press_releases/press_release.asp?sCodigo=AVI-057/03),
se llevó a cabo, este 16.10.03, una audiencia dedicada a la
situación de los derechos humanos en Venezuela (El Nacional,
16.10.03, pág. A/4).
En la primera parte de la misma, participaron Liliana Ortega,
Coordinadora General del Comité de Familiares de Víctimas de
los sucesos del 27 de Febrero y Marzo de 1989 (Cofavic); José
Gregorio Guarenas, Coordinador General de la Vicaría Episcopal
de Derechos Humanos de la Arquidiócesis de Caracas; y, Viviana
Krsticevic, Coordinadora General del Centro por la Justicia y
el Derecho Internacional (Cejil). Los temas abordados por los
activistas de derechos humanos fueron: el desacato total de la
sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos
Humanos (Corte IDH) a favor de los familiares de las víctimas
de El Caracazo, representados por Cofavic; los asesinatos de
dirigentes agrarios, líderes políticos y defensores de
derechos humanos ocurridos este año en algunos estados fronterizos;
y, las acciones de los grupos parapoliciales en distintas
entidades federales (Ídem.).
Otras organizaciones que comparecieron ante la CIDH sobre la situación de
los derechos humanos fueron el Centro de Derechos Humanos de
la Universidad Católica Andrés Bello (Cddhh/UCAB) y el
Servicio Jesuita para Refugiados (SJR), quienes expusieron el
estado de indefensión que afecta a los ciudadanos colombianos
solicitantes de refugio en Venezuela (Ídem.).
Representantes de los medios de comunicación venezolanos
también participaron en esta audiencia para describir su
versión sobre la
situación de la libertad de expresión en el país. Participaron
en este sentido, representantes del Colegio Nacional de
Periodistas (CNP), del Sindicato Nacional de Trabajadores de
la Prensa, editores y periodistas de la prensa nacional y de
las televisoras y Carlos Ayala Corao, presidente de la
Comisión Andina de Juristas (CAJ). Sus presentaciones contemplaron el
proyecto de ley de contenidos, la Sentencia 1.942 del Tribunal
Supremo de Justicia (TSJ), las acciones penales y
administrativas abiertas por el Estado contra algunos medios
y el incumplimiento de las medidas cautelares y provisionales
emanadas por la CIDH y la Corte IDH para la protección de la
vida e integridad personal de empleados de estas empresas
comunicacionales. Entre las propuestas que plantearon en la
audiencia estuvo la realización de una nueva visita in loco del
Relator para la Libertad de Expresión de la CIDH,
Eduardo Bertoni (Ídem.), elaboración de un informe sobre los
incumplimientos de las medidas cautelares a favor de medios y
profesionales de la comunicación, inclusión de un capítulo
sobre Venezuela en el informe relacionado con la situación de
los derechos humanos y desarrollo de un estudio sobre las
implicaciones de la Sentencia 1.942 (El Universal, 17.10.03,
pág. 1/6).
En este sentido, cabe señalar que el 22.10.03, la Comisión dio
a conocer su decisión de prorrogar por tercera vez consecutiva
las medidas cautelares dictadas el 30.01.02, "a favor de los
trabajadores y equipos técnicos de Globovisión [...] para
evitar daños irreparables [...] en tanto subsista la situación
que dio lugar a las mismas" (Globovisión, 22.10.03,
http://www.globovision.com/nacionales/2003.10/22/ravell/index.shtml).
Al respecto, el 23.10.03 se pronunció Jorge Valero, embajador
de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos (OEA),
para aclarar que las medidas cautelares prorrogadas por la
CIDH son anteriores a la incautación de los equipos microondas
propiedad de Globovisión por parte de la Comisión Nacional de
Telecomunicaciones (Conatel). "El embajador de Venezuela ante
la OEA, Jorge Valero, aclaró que la prolongación de las
medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, corresponde a hechos anteriores y no están
vinculados con el decomiso de equipos a Globovisión [...] se
trata de alguna medida que de manera puntual adoptó la
Comisión Interamericana el año pasado, ante presuntos hechos
de intimidación contra algunos periodistas y algunos medios de
comunicación” (Unión Radio, 24.10.03,
http://www.unionradio.com.ve/noticias/nacionales/Notanac2003102317914.htm).
Valero consideró que la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos no avalará hechos ilegales que atenten contra el
Estado de Derecho y las normas jurídicas venezolanas (Ibíd.).
El 09.10.03, otro órgano del sistema interamericano, la Corte IDH, también hizo pública su decisión de extender por
segunda vez consecutiva las medidas provisionales de
protección emitidas el 27.11.02 a favor de Luisana Ríos,
Armando Amaya, Antonio Monroy, Laura Castellanos y Argenis
Uribe, empleados la televisora Radio Caracas Televisión
(RCTV). Incluyó la Corte IDH, en su decisión, a Carlos
Colmenares, Noé Pernía y a Pedro Nikken, para que "los poderes
públicos nacionales tomen 'sin dilación, cuantas medidas sean
necesarias para proteger la vida, integridad personal y
libertad de expresión'" (El Nacional, 10.10.03, pág. A/4). La
Corte extendió, también, las medidas provisionales de
protección emanadas el 30.07.03, a favor de la periodista
Marta Colomina y la productora de su programa de televisión,
Liliana Velázquez, quienes las habían solicitado el 22.03.03
(Corte Interamericana de Derechos Humanos, 22.10.03,
http://www.corteidh.or.cr/prensa2002/cp_9_03_esp.html).
Aún cuando estas resoluciones fueron tomadas en su LX Período
Ordinario de Sesiones, celebradas del 08 al 20.09.03, fueron
hechas públicas en octubre en respeto a las normas que
determinan que los fallos solamente pueden ser divulgados
después de ser informados los involucrados (Diario 2001,
11.10.03, pág. 3).
Siguiendo con la CIDH, hay que señalar que el 21.10.03
acudieron al organismo hemisférico Jesse Chacón, Ministro de
Información y Comunicacones (MINCI) y Diosdado Cabello,
Ministro de Infraestructura (MINFRA), a solicitud propia para
exponer las razones de la incautación ejecutada el 03.10.03
por Conatel de
algunos equipos de microondas propiedad de Globovisión (ver
edición N° 127 de este servicio informativo en
http://www.derechos.org.ve). Paralelamente a la cita con
el sector estatal, la CIDH entabló otra audiencia con los
representantes de la televisora para conocer su versión de los
hechos y se espera que, a más tardar el 22.10.03, la
organización emita una decisión sobre el mantenimiento o no de las
medidas cautelares que emitiera a favor de Globovisión (El
Universal, 22.10.03, Op. cit.). Por su parte, las autoridades
estatales esperan rebatir los argumentos de los representantes
de la compañía telecomunicacional y convencer a los
magistrados de la Comisión de la futilidad de la medida.
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DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
Renuncia del
Agente del Estado ante sistema interamericano de protección de
los DDHH desafía al Gobierno Nacional a evaluar sus
prioridades |
El pasado
15.10.03, renunció definitivamente a su cargo
Jorge Dugarte, Agente del Estado venezolano ante el sistema
interamericano de protección de derechos humanos
(Unión Radio, 15.10.03,
http://www.unionradio.com.ve/noticias/nacionales/Notanac2003101517786.htm). Señaló que razones objetivas y
subjetivas lo llevaron a tomar la decisión: “No era fácil
obtener una respuesta oportuna” (Ídem.).
La dimisión de Dugarte ocurre después de haber enviado al
Consejo de Ministros una comunicación que
trata el caso de las medidas cautelares emitidas por la CIDH en favor de
Globovisión (ver edición N° 127 de este servicio informativo
en
http://www.derechos.org.ve).
En dicha comunicación, Dugarte aconsejaba al Estado acatar las
medidas cautelares acordadas por la CIDH (El Universal
11.10.03, pág. 1/7), recomendación que no fue avalada por Roy
Chaderton, titular del Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
porque "éste presentó su renuncia en julio, la cual le fue
aceptada" (El Nacional, 14.10.03, pág. A/2). Dugarte precisó
que había puesto su cargo a la orden el 30.06.03 y que su
salida fue aprobada el 11.07.03, pero se le pidió quedarse
hasta encontrar sustituto (El Nacional, 15.10.03, pág. A/3).
Explicó el ex funcionario que se mantuvo en el cargo porque la
ausencia de un agente ante el sistema interamericano
"implicaría una situación de indefensión para el Estado
venezolano" (Ídem.).
Dugarte ejercía este cargo desde el 14.08.01 y es el tercer
funcionario que lo ocupa en este período
gubernamental. Hermánn Escarrá fue su antecesor y Raúl Arrieta
fue el primer agente escogido por el gobierno de Chávez.
Extraoficialmente se conoció que Ricardo Rincón, ex consultor
jurídico del MRE y presidente de la Comisión de Refugiados,
sería el sustituto de Dugarte (El Nacional, 20.10.03, pág.
A/2).
La constante rotación que ha caracterizado este cargo tiene consecuencias en la constitución de una política clara
de derechos humanos frente al sistema interamericano. El mismo Dugarte, en su acta de
formalización de renuncia al cargo, detalla el estatus de los
casos que ante el sistema interamericano tiene el Estado,
caracterizados por el incumplimiento de las sentencias de la
Corte IDH y de las
medidas provisionales emitidas por este órgano y las
cautelares emitidas por la CIDH. A
juicio del ex funcionario, esto "se debe principalmente a una
serie de omisiones y dilaciones del MIJ o del MP" (Ídem.).
A la pregunta sobre el incumplimiento total de la sentencia
dictada por la Corte IDH en el caso de las víctimas y
familiares de víctimas de los sucesos de El Caracazo, Dugarte
comenta: "Hubo problemas que obstaculizaron la rapidez de
todas las gestiones para ejecutar este fallo. Buena parte del
tiempo que el canciller le ha podido dedicar a este asunto se
fue en la Mesa de Negociación y Acuerdos. Toda la atención de
la Cancillería estuvo centrada en la mesa durante casi 6
meses" (Ídem.).
Finalmente, en su informe al Consejo de Ministros, Dugarte
exhortó a las autoridades a evaluar "si como Estado estamos
dispuestos a acatar a los organismos internacionales
contemplados en los pactos, convenios, tratados, y por tanto
sus resoluciones, decisiones, recomendaciones o medidas, para
ver cuál será entonces la labor de las cancillerías y cuál
sería la razón de ser, en este caso, del agente del Estado
para los derechos humanos"
(El Universal, 13.10,03,
http://www.eluniversal.com/2003/10/11/11157A.shtml).
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DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
Red Venezolana de Medios Comunitarios y RSF condenaron
violencia contra emisora comunitaria de radio en Zulia |
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Parroquiana 90.1 FM, emisora comunitaria de San José de
Perijá, Edo. Zulia, fue atacada, según los denunciantes, el
11.10.03 por un grupo de 5 personas, 2 de ellos
empleados de la Alcaldía de Machiques y miembros del partido
Acción Democrática (AD), quienes amenazaron a personal del
medio de comunicación y ocasionaron la salida del aire de este medio comunitario a
causa de la destrucción de equipos técnicos.
De acuerdo con la periodista
Hercilia León, directora de la emisora fronteriza, Onelio
Méndez, dirigente de AD y Alexander Salvidia, otro miembro de
este partido, junto a otras 3 personas "llegaron de manera
intempestiva a sus estudios visiblemente ebrios, procedieron a
destrozar los equipos, amenazaron con quemar la emisora y
pronunciaron gran cantidad de agresiones verbales contra el
presidente de la fundación comunitaria Antonio Bencomo y la
productora Luz Mery Morán, únicos miembros de la radio
presentes en ese momento"
(Red Venezolana de Medios Comunitarios, 13.10.03,
rvmc_nacional@cantv.net) .
Un día antes, en su programa de radio transmitido por esta
emisora, León había dado a conocer unas denuncias que
comprometían la honestidad del dirigente acciondemocratista.
Los integrantes de Parroquiana 90.1 FM, realizaron sus denuncias en las instancias
respectivas, pero advierten que las mismas fueron recibidas tímidamente.
No obstante, lograron levantar un “Acta de denuncia verbal” ante la
Secretaría de Defensa y Seguridad Ciudadana de la policía
regional del Departamento Machiques de Perijá.
Sobre esta situación se pronunció la Red Venezolana de Medios
Comunitarios: "los medios comunitarios radioeléctricos, alternativos impresos
y electrónicos que hoy, en medio de todas las dificultades,
hacen posible la construcción de una verdadera democracia
comunicacional, constituyen una tremenda amenaza para quienes
históricamente han monopolizado el derecho a la palabra
pública.
Esta acción delictiva contra Parroquiana, no es el primer
ataque a los medios comunitarios en el país, la Red Venezolana
de Medios Comunitarios hace un llamado a las autoridades para
que tomen las medidas del caso y profundicen los mecanismos
para que los únicos espacios de verdadera participación y
expresión popular y ciudadana sigan consolidándose como
herramientas para el mejoramiento en las condiciones de vida
de las comunidades" (Ídem.).
También
Reporteros Sin Fronteras (RSF) condenó el ataque a la emisora
fronteriza con Colombia. Robert Ménard, secretario general de
RSF, pidió "a las autoridades judiciales que abran una
investigación sobre este inadmisible hecho” (Gobierno en
Línea, 20.10.03,
http://www.gobiernoenlinea.ve/) y solicitó a AD un pronunciamiento condenando con
firmeza la agresión y pidió que se expulsen de sus filas a los
autores de tales hechos.
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DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
Organizaciones sociales a favor de los derechos de las
reclusas |
Las organizaciones Casa de la Mujer
Juana Ramírez La Avanzadora (Edo. Aragua), Casa de la
Mujer en Guayana, Teatro 8 de Marzo (Edo. Aragua), La Nueva
Prensa de Guayana, Fundación Arte sin muros (Edo. Bolívar),
Coordinadora Regional de ONG con trabajo en SIDA, Cárcel y
PVVS en situación de encierro (Fundeso), Centro de
Investigación Social, Formación y Estudios de la Mujer, Filial
Trujillo (Cifem), Oficina de Derechos Humanos del Vicariato
Apostólico de Puerto Ayacucho (Edo. Amazonas),
Asociación de Mujeres para el Bienestar y Asistencia Recíproca
(AMBAR), denuncian las violaciones a los derechos humanos que
afectan a las internas
penitenciarias en los centros de reclusión venezolanos.
Además, exigen al Estado venezolano que adopte urgentemente
medidas para garantizar los derechos de estas ciudadanas.
Proponen las organizaciones que las autoridades estatales y
estadales:
- Construyan los anexos femeninos en los centros de reclusión
de los Edos. Bolívar,
Anzoátegui y Guárico, cuyo presupuesto fue aprobado en febrero de 2000. Así
como la reestructuración de los
35 calabozos de reclusión femenina que están ubicados en las comisarías
policiales del país.
- Cumplan el artículo 272 de la Constitución, el cual establece que los
establecimientos penitenciarios deben contar con espacios y
presupuestos para el trabajo, el estudio, el deporte y la
recreación de los/as reclusos/as.
- Apliquen el Reglamento Penitenciario que contempla la
excarcelación por enfermedad incurable, el cual habría de
aplicarse con el fin de aumentar la esperanza de vida de la
tercera parte de la población penal venezolana que padece de
SIDA. Los números manejados por el Ministerio de Interior y
Justicia (MIJ) evidencian que 3 reclusos/as mueren cada 30 días a
causa de esta enfermedad.
- Aceleren los procesos legales del 80% de las internas
que permanecen privadas de su libertad por un período promedio
de hasta 27 meses sin haber sido penadas, a pesar que la
ley establece un lapso máximo de 30 días, mediante la
aplicación del artículo 256 del Código Orgánico Procesal
Penal (COPP).
- Aplicar la legislación que sanciona la vulneración de la
integridad personal en los centros
penitenciarios, dado los constantes casos de agresión física, sexual y emocional
que viven las internas por parte de los cuerpos de seguridad.
Para lograr la atención a sus pedidos, las organizaciones
iniciaron una campaña a favor de la población reclusa
venezolana llamada:
¡Los Derechos Humanos no se Encarcelan!, que se encuentra en
vigor desde el 14.10.03. Para participar solo debe enviar sus datos
personales (Nombre, Cédula de Identidad y País) a la siguiente
dirección electrónica:
campanareclusa@hotmail.com
Al final de la campaña, las peticiones de la organización se
acompañarán de todas las firmas
incluidas para ser entregadas al Departamento de
Asuntos Penitenciarios del MIJ,
la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Primero de Control del
MP y a una lista de instituciones de
Derechos Humanos, con el fin de lograr un cambio en los organismos responsables de los calabozos, anexos y
centros de reclusión femenina.
(Campaña a favor de la población femenina
reclusa, 14.10.03,
campanareclusa@hotmail.com).
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DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
ACUA por el derecho a la igualdad ante la institución
matrimonial |
La Asociación Civil Unión Afirmativa de Venezuela (ACUA) invita
a la comunidad de Gays, Lesbianas, Bisexuales y Transexuales
(GLBT) y a todos los interesados a abordar la construcción de
un anteproyecto de ley de uniones de parejas del mismo sexo en
un evento que tendrá lugar el día 24.10.03, a las 6:00 PM, en
el Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos
(Celarg), ubicado en la avenida Luis Roche de Altamira,
Caracas.
ACUA adelanta que, como parte de la agenda de este evento, se
realizarán actividades complementarias, de las cuales este
primer encuentro es el inicio de una cadena. Para marzo de
2004, plantean celebrar un simposio sobre el matrimonio entre parejas del mismo sexo
y los avances de la comunidad GLBT en la lucha de los derechos
ciudadanos, con invitados
de Canadá, Colombia y Argentina. Además de la realización de Jornadas por la diversidad sexual,
en la Universidad Central de Venezuela (UCV) con el grupo Contranatura. También esperan concretar la realización de un
ciclo de cine en el Celarg con el apoyo de la Cinemateca Nacional.
Esperan, asimismo, redactar una declaración de la comunidad GBLT con respecto a la
institución del matrimonio.
La organización espera recibir propuestas sobre cualquier otra actividad que prop | | | |