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Una lectura de la realidad venezolana
desde los
derechos humanos |
Servicio
informativo No. 129
Del 07 al 20 de noviembre de 2003 |
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1988/2003:
Provea, 15 años por
los derechos sociales y contra la impunidad
CONTEXTO
* Falleció Luis Anderson Secretario General de
la CIOSL/ORIT
* Provea invita a suscribir declaración "Aquí
cabemos todos. Paz en movimiento-Paz en construcción"
DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y
CULTURALES
*
Corte IDH: Estatus migratorio no condiciona goce de
derechos laborares de los migrantes indocumentados
* OEA acogió debate sobre
proyecto de
Declaración sobre Derechos de los Pueblos Indígenas
* Consejo de Administración de la OIT efectúa su 288ª
sesión
* Desde la perspectiva del sector salud OPS estudia
violencia basada en el género
* Informe
del BM sobre el SIDA señala que América Latina necesita más
participación de la sociedad civil para combatir la epidemia
* Sistema público de salud colapsado y sin respuestas estatales efectivas
* Pacientes crónicos y organizaciones de derechos humanos
unen esfuerzos por el derecho a la salud
* En mora derecho a la seguridad social de pensionados
* Sentencia del TSJ y violación al debido
proceso por parte del INTI obstaculizan avance del derecho a
la tierra
* Indicadores sociales del
derecho a la alimentación
* Situación epidemiológica
nacional
DERECHOS CIVILES Y
POLÍTICOS
*
Foro por la Vida
se pronuncia ante el proceso de
recolección
de firmas
* Invitación a
la presentación del libro “Asilo y Refugiados
en las Fronteras de Colombia”
* Recientes acciones de la justicia
venezolana contra la impunidad en el caso de las explosiones
de las sedes diplomáticas de febrero de 2003
* Rechazo y condena a tesis del Bloque Democrático por
desconocer Estado de derecho
* Lesionado el derecho a la
participación política
* Un paso positivo pero insuficiente para superar la
impunidad de los hechos de El Caracazo
*
Propuestas y exigencias
a los poderes públicos sobre los compromisos internacionales
en materia de derechos humanos
ARTÍCULOS
*
Son Derechos: “La
CIDH y el ciudadano”
* Son Derechos:
“Para celebrar la tolerancia”
* Susan George: "Las
paradojas de los derechos humanos"
*
Joseph Stiglitz: "La responsabilidad
empresarial en derechos humanos"
DOCUMENTOS
*
"Aquí cabemos todos. Paz en movimiento-Paz en construcción"
* Comisión Interamericana de Derechos Humanos:
"Resolución
Nº 1/03 Sobre Juzgamiento de Crímenes Internacionales"
A efectos
de este servicio informativo utilice:
coyuntura@derechos.org.ve
Ediciones anteriores disponibles en nuestro
sitio web:
http://www.derechos.org.ve
Agradecemos mencionar la fuente
cuando el contenido sea citado o difundido |
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CONTEXTO
Falleció Luis Anderson Secretario General de la CIOSL/ORIT |
Provea
acompaña en su dolor a los familiares y amigos de Luis Anderson, Secretario General de la
Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales
Libres/Organización Regional Interamericana del Trabajo (CIOSL/ORIT),
quien falleció el pasado sábado 15.11.03 en Caracas.
La larga trayectoria de lucha de Anderson, su compromiso con
la causa de la justicia social y los derechos humanos de
los/as trabajadores/as de América Latina y el mundo, son un
ejemplo para seguir el camino de la dignidad y la democracia
plena en todos nuestros países.
Sus restos fueron velados en la Funeraria Vallés de Caracas y
el día 19.11.03 se trasladaron a su país, Panamá, donde se
incineraron.
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CONTEXTO
Provea invita a suscribir declaración
"Aquí cabemos todos. Paz en
movimiento-Paz en construcción"
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Un grupo de personalidades provenientes de distintos
quehaceres sociales, acompañados por una serie de redes y
organizaciones sociales con posiciones políticas diversas,
pero interesados/as en que el conflicto político que vive
actualmente el país se resuelva pacíficamente, suscribieron un
documento titulado "Aquí cabemos todos. Paz en movimiento-Paz
en construcción".
Este pronunciamiento puede ser leído en la sección DOCUMENTOS
y está abierto a la adhesión, bien sea colectiva o individual,
a través del correo-e:
conpaz@cantv.net.
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DERECHOS
ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Corte IDH: Estatus migratorio no condiciona goce de
derechos laborares de los migrantes indocumentados
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La red informativa de Human Strategies for Human Rights
informó que la Corte IDH acaba de dar a conocer su
Opinión Consultiva OC-18/03 relativa a la Condición Jurídica y
Derechos de los Migrantes Indocumentados (Human Strategies for
Human Rights,
26.10.03, info@hshr.org). Una Opinión Consultiva es un pedido enviado por un
Estado
miembro al sistema interamericano de protección de derechos
humanos para la interpretación de uno o más
artículos de un tratado o declaración. En este caso, la
solicitud fue hecha por el Gobierno de México, que instó a la
Corte IDH a responder sobre las siguientes cuestiones: ¿Los
Estados pueden aplicar distintos tratamiento hacia individuos
sobre la base de su estatus migratorio?; ¿Está legalmente
permitido que los Estados americanos consideren el estatus
migratorio como condición necesaria para garantizar los
derechos? ¿La aplicación de esta consideración puede
considerarse una violación de los principios de igualdad ante
la ley y ante los instrumentos internacionales ratificados por
estos Estado?
Las respuestas del máximo tribunal hemisférico a este respecto
fueron resumidas por la fuente del siguiente modo:
1. Los Estados tienen la obligación de respetar y garantizar
los derechos fundamentales. Con este propósito deben adoptar
medidas positivas, evitar tomar iniciativas que limiten o
conculquen un derecho fundamental, y suprimir las medidas y
prácticas que restrinjan o vulneren un derecho fundamental;
2. La aplicación de cualquier tratamiento discriminatorio es
incumplimiento del Estado de la obligación general de respetar
y garantizar los derechos humanos y, por ende, ésta le genera
responsabilidades internacionales;
3. El principio de igualdad y no discriminación posee un
carácter fundamental para la salvaguardia de los derechos
humanos tanto en el derecho internacional como en el interno;
4. El principio fundamental de igualdad y no
discriminación forma parte del derecho internacional general,
en cuanto es aplicable a todo Estado, independientemente de
que sea parte o no en determinado tratado internacional. En la
actual etapa de la evolución del derecho internacional, el
principio fundamental de igualdad y no discriminación ha
ingresado en el dominio del jus cogens;
5. El principio fundamental de igualdad y no
discriminación, revestido de carácter imperativo, acarrea
obligaciones erga omnes de protección que vinculan a
todos los Estados y generan efectos con respecto a terceros,
inclusive particulares;
6. La obligación general de respetar y garantizar los derechos
humanos vincula a los Estados, independientemente de cualquier
circunstancia o consideración, inclusive el estatus migratorio
de las personas;
7. El derecho al debido proceso legal debe ser reconocido
en el marco de las garantías mínimas que se deben brindar a
todo migrante, independientemente de su estatus migratorio. El
amplio alcance de la intangibilidad del debido proceso
comprende todas las materias y todas las personas, sin
discriminación alguna;
8. La calidad migratoria de una persona no puede constituir
una justificación para privarla del goce y ejercicio de sus
derechos humanos, entre ellos los de carácter laboral. Al asumir una relación de trabajo,
el migrante adquiere derechos por ser trabajador que deben ser
reconocidos y garantizados independientemente de su situación
regular o irregular en el Estado de empleo. Estos derechos son
consecuencia de la relación laboral;
9. El Estado tiene la obligación de respetar y garantizar los
derechos humanos laborales de todos los trabajadores,
independientemente de su condición de nacionales o
extranjeros, y no tolerar situaciones de discriminación en
perjuicio de éstos, en las relaciones laborales que se
establezcan entre particulares (empleador-trabajador). El
Estado no debe permitir que los empleadores privados violen
los derechos de los trabajadores, ni que la relación
contractual vulnere los estándares mínimos internacionales;
10. Al ser titulares de los derechos laborales, los
trabajadores deben contar con todos los medios adecuados para
ejercerlos. Los trabajadores migrantes indocumentados poseen
los mismos derechos laborales que corresponden a los demás
trabajadores del Estado de empleo, y este último debe tomar
todas las medidas necesarias para que así se reconozca y se
cumpla en la práctica;
11. Los Estados no pueden subordinar o condicionar la
observancia del principio de la igualdad ante la ley y la no
discriminación a la consecución de los objetivos de sus
políticas públicas, cualesquiera que sean éstas, incluidas las
de carácter migratorio.
Para más detalles, la opinión consultiva puede ser revisada en
toda su extensión en el sitio web:
http://www.corteidh.or.cr/SERIE_A/Serie_a_18_esp.doc.
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DERECHOS
ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
OEA acogió debate sobre
proyecto de
Declaración sobre Derechos de los Pueblos Indígenas |
Este
10.11.03, Luigi Einaudi, Secretario General Adjunto de la Organización de los
Estados Americanos (OEA), inauguró la
ronda de negociaciones para buscar consensos sobre
el proyecto de Declaración Americana sobre los Derechos de los
Pueblos Indígenas (Organización de los Estados Americanos,
11.11.03,
http://www.oas.org/main/main.asp?sLang=S&sLink=http://www.oas.org/OASpage/ esp/ultimasnoticias/ultimasnoticias.asp),
una tarea que se viene desarrollando desde el año 1997 con la
participación de líderes de organizaciones y comunidades
indígenas y de los representantes y técnicos de los Estados
miembros.
La convocatoria fue hecha por el Grupo de Trabajo del Consejo Permanente de la OEA
encargado de elaborar el proyecto de Declaración Americana, y contó con la participación de representantes de los
pueblos indígenas de más de 20 Estados miembros.
Durante los 3 días de debate, los delegados
consideraron temas como la identidad cultural, los
derechos organizativos y políticos y derechos laborales y de
salud que forman parte de la Declaración Americana. El
resultado de estas deliberaciones servirá de plataforma para
la Sesión Especial que se realizará en febrero del 2004.
(Organización de los Estados Americanos, 10.11.03,
http://www.oas.org/main/main.asp?sLang=S&sLink=http://www.oas.org/OASpage/esp/
ultimasnoticias/ultimasnoticias.asp)
Héctor Huertas, líder indígena del Pueblo Cuna de Panamá
participante en las sesiones, subrayó la intención de los derechos reconocidos en
este proyecto de Declaración: “ayudar a fomentar una nueva época en la
relación actual entre los estados y los pueblo indígenas”
(Ídem.).
Eduardo Ferrero, Embajador de Perú ante la OEA y Presidente del Grupo de Trabajo,
aseguró que se adoptaron las
medidas necesarias para asegurar la participación efectiva y continua de los representantes de los pueblos indígenas y la transparencia del proceso.
Cabe destacar que uno de los aspectos que más despertó
controversias fue el relativo al reconocimiento del derecho a la autodeterminación de los
pueblos indígenas. La sesión del 10.11.03, dedicada a este
aspecto, culminó sin acuerdos cuando los representantes de los Estados
miembros argumentaron que
el texto debe consagrar el derecho a la libre determinación
interna, mientras que los voceros de los pueblos indígenas
mostraron su desacuerdo
por la posibilidad de que el texto asiente limitaciones a este derecho.
Una fuente que reseña lo acontecido señaló que "este derecho está contenido en tratados
internacionales de Naciones Unidas, como la Carta de San
Francisco, suscrita por los Estados americanos, pero la
reticencia está relacionada con el temor de los Estados a que
un reconocimiento específico de este derecho a los pueblos
indígenas abra las puertas a movimientos independentistas".
(El Universal,
11.11.03, http://www.eud.com/).
Ante tal preocupación, Huertas respondió que la libre
determinación no significa secesión o la independencia: "no negamos la ciudadanía
[...] y estar acá significa que aceptamos el sistema
interamericano. La libre determinación de los pueblos
indígenas es un concepto de derechos humanos, no un concepto
político" (Ídem.). Por su parte, Ferrero propuso dejar el
controversial punto para el final del encuentro
"si es que queda tiempo para
discutirlo, o para el futuro" (Ídem.).
Al cierre de esta edición, aún se desconoce el borrador de
este proyecto y si hubo acuerdos más concretos.
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DERECHOS
ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Consejo de Administración de la OIT efectúa su 288ª
sesión |
Entre el 06 y el 21.11.03 se llevó a cabo la 288° sesión del Consejo
de Administración de la Organización Internacional del Trabajo
(OIT), con una agenda que
incluyó temas como la dimensión social de la globalización, la
libertad sindical en Belarús y el trabajo forzoso en Myanmar.
Durante esta sesión el Consejo de Administración también
discutió un nuevo repertorio de recomendaciones prácticas
sobre la violencia en el sector de los servicios, la cooperación técnica en los territorios árabes ocupados, la
agenda para las reuniones de 2005 y 2006 de la Conferencia
Internacional del Trabajo y la revisión y discusión de
posibles reformas en los órganos rectores de la OIT
(Organización Internacional del Trabajo,
11.10.03, http://www.ilo.org/public/spanish/).
A este evento asistió como vocera del Estado venezolano María
Cristina Iglesias, titular del Ministerio del Trabajo
(Mintra), para concertar, entre otros aspectos, la fecha de
arribo de la segunda misión de contacto directo de la OIT al
país (El Nacional, 10.11.03, pág. A/9), un compromiso que
había quedado pendiente luego de la primera visita de este
tipo hecha en julio a solicitud del Consejo Administrativo de
la OIT (ver edición N° 121 de este servicio informativo en
http://www.derechos.org.ve).
Vale recordar que en julio de este año se apersonó en el país
la primera misión de contacto directo de la OIT con el objeto
de "evaluar los acuerdos de asistencia técnica y preparar la
venida de la delegación” (Ídem.). La delegación comprometió al
Estado venezolano a recibir otra misión de contacto que
esperaba ser puesta en agenda antes de la realización de esta
sesión del Consejo Administrativo. Con este fin representantes
de la OIT mantuvieron, a mediados de septiembre, una
entrevista con la Ministra Iglesias, quien "no fijó fecha para
la llegada al país de la misión de contacto directo y
argumentó que prefería comunicarse primero con el director
general de la organización sindical, Juan Somavia” (El
Nacional, 11.10.03, pág. A/8).
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DERECHOS
ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Desde la perspectiva del sector salud OPS estudia
violencia basada en el género |
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) presentó su
nueva publicación titulada "La violencia
contra la mujer: Responde el sector de la salud", en la cual
se recoge el fruto de casi un decenio de experiencias de
la OPS y sus aliados en el ámbito comunitario, nacional e
internacional, en 10 países del continente americano
(Organización Panamericana de la Salud,
10.11.03, http://publications.paho.org). En él se revelan los
efectos de la violencia basada en el género sobre la salud de
la mujer a lo largo de una década de investigaciones.
El libro incluye numerosas apreciaciones de trabajadores de
salud, maestros escolares, policías y funcionarios judiciales,
promotores de la causa femenina y otros líderes de la
comunidad con respecto a la eficacia del enfoque del proyecto.
Sin embargo, lo más revelador son las voces de las propias
mujeres, que describen cómo viven la violencia y cuál ha sido
la respuesta de la comunidad a sus necesidades.
Para mayor información, los interesados pueden visitar la
página http://publications.paho.org.
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DERECHOS
ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Informe
del BM sobre el SIDA señala que América Latina necesita más
participación de la sociedad civil para combatir la epidemia |
Este 18.11.03 el Banco Mundial (BM) presentó un amplio estudio
sobre la situación del Virus de Inmunodefiniciencia Adquirida
(VIH/SIDA) en los países de América Latina, titulado "VIH/SIDA
en los países de América Latina: los retos del futuro", el
cual presenta los resultados de una investigación en los 17
países que abarcan el subcontinente (Banco Mundial, 18.11.03,
http://wbln0018.worldbank.org/LAC/LAC.nsf/ECADocByUnid2ndLanguage/
FD0E703BF8252A2885256DE1006BAE6A?Opendocument). El informe se
basa en información proporcionada por gobiernos y expertos de
la sociedad civil en el seguimiento y tratamiento del
VIH/SIDA, así como en datos recabados por los sistemas
nacionales de salud, organizaciones internacionales y estudios
llevados a cabo en la región.
El informe, elaborado conjuntamente por Anabela Abreu, Isabel
Noguer y Karen Cowgill, señala que si la epidemia no se
mantiene bajo control, el VIH/SIDA continuará infligiendo un
impacto costoso en los países de la región y someterá a los
sistemas de salud a una presión muy aguda que causará
significativas pérdidas económicas. Como resultado, el costo
de invertir en acciones multisectoriales para reducir el costo
y mitigar el riesgo de una epidemia de VIH/SIDA resulta
significativamente menor que los costos en que habría que
incurrir más adelante a causa de una epidemia a gran escala.
De acuerdo a este informe, en el ámbito regional la incidencia
de VIH en la población de 15 a 49 años se ubica en el 0,5%.
Aproximadamente 130.000 adultos y niños fueron infectados
durante 2001 y 80.000 murieron. Pero la insuficiencia de
reportes sobre la enfermedad es tan habitual que los
investigadores calculan que América Latina probablemente tenga
30% más casos de SIDA y 40% más casos de VIH de los que
constan en las estadísticas oficiales.
Según la fuente, una de las conclusiones claves de la
investigación es que la sociedad civil, incluyendo las
organizaciones no gubernamentales (ONG), deben movilizarse con
más impulso ya que tienen vínculos más fuertes con los grupos
de alto riesgo (población homosexual masculina,
trabajadores/as sexuales, usuarios de drogas inyectables y
personas con enfermedades de transmisión sexual y múltiples
parejas).
Con respecto a las acciones ejecutadas por la institución,
"hasta septiembre de 2003, el Banco había aprobado préstamos
por más de 550 millones para ayudar a financiar la
implementación de programas de prevención y control del
VIH/SIDA en Argentina, Barbados, Brasil, El Salvador, Granada,
Haití, Honduras, Jamaica, México, República Dominicana, San
Kitts y Nevis, Trinidad y Tobago y Venezuela. El Banco se ha
involucrado durante más tiempo en Brasil, donde la institución
ha financiado tres grandes proyectos, y el centro de apoyo más
importante es el Caribe, que sufre la mayor epidemia fuera del
África al Sur del Sahara" (Ibíd.).
Para más información, puede consultar el sitio web de la
institución, cuya dirección es:
http://www.bancomundial.org.
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DERECHOS
ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Sistema público de salud colapsado y sin respuestas estatales efectivas |
En la edición N° 119 de este servicio informativo Provea
advirtió la preocupante situación que atravesaba el hospital
Miguel Pérez Carreño, centro asistencial de Caracas adscrito
al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS)
(consultar en
http://www.derechos.org.ve). La falta de insumos y
medicamentos, el deterioro de sus instalaciones y prácticas
discriminatorias en la prestación de servicio contra pacientes
de escasos recursos económicos fueron denuncias planteadas
por un grupo de médicos ante la organización en junio del año en curso.
A 4 meses de haber expuesto ante las autoridades del
IVSS y ante la directiva del centro asistencial estas
denuncias, Provea no sólo desconoce respuesta oficial alguna
sino que constata que la situación parece haber empeorado. El
13.11.03, una junta médica en la que participaron los jefes de
todos los servicios ofrecieron una rueda de prensa en la que
expusieron el estado del centro asistencial que, afirman,
está técnicamente cerrado por la grave situación de la
infraestructura y la falta de insumos que obliga a los
pacientes a cubrir sus tratamientos (Diario 2001, 14.11.03,
pág. 21). Por su parte, Bingen Amezaga, jefe de
Cardiología del Hospital Pérez Carreño, denunció que las
autoridades del Plan Bolívar 2000, que entre el 05 y 09.11.03
efectuaron una jornada de atención en el centro de salud,
obligaron a los pacientes atendidos a firmar un acta mediante
la cual exoneraban de toda responsabilidad al equipo médico
quirúrgico y a la Fundación Proyecto País de cualquier daño o
perjuicio que se presentara en las intervenciones efectuadas
en dichas jornadas de atención (El Universal, 19.11.03, pág.
2/15).
A estos problemas se suma los que se presentan
producto de la deuda del IVSS con los compromisos salariales
de sus empleados, tales como "fideicomiso, uniformes, becas,
aportes por estudio, los 5 días anuales de los años 2002 y
2003, el bono presidencial que aun no se les ha cancelado" (El
Globo, 17.11.03, pág. 6). Esto motivó una protesta de los
trabajadores del Pérez Carreño quienes obstaculizaron la
autopista Francisco Fajardo en horas de la tarde de ese mismo
día (Diario 2001, Op. cit.).
No obstante, el Ministerio de Salud y Desarrollo Social (MSDS)
informa en su sitio web que "hará entrega
directa a recursos económicos por 27 millardos de bolívares a
los hospitales Miguel Pérez Carreño, Clínico Universitario,
Hospital Militar, Domingo Luciani, y Pérez de León [...] El anuncio
fue hecho por el Ministro de Salud y Desarrollo Social, Roger
Capella, quien explicó que este proceso de entrega de recursos
se extenderá durante los tres meses" (Ministerio de Salud y
Desarrollo Social,
12.11.03, http://www.msds.gov.ve/msdsweb/Index.html).
La fuente no da
a conocer la fecha
de inicio del desembolso de este dinero ni otras medidas para
paliar los problemas señalados por la junta médica del Pérez
Carreño.
Una
fuente periodística recuerda que el pasado 03.08.03, el Presidente de la República Hugo
Chávez "ofreció 140 millardos de bolívares (Plan Vitrina)
para el sector salud, especialmente para el hospital Miguel
Pérez Carreño y Domingo Luciani, adscritos al IVSS, el Pérez
de León de la Alcaldía de Sucre, el Clínico Universitario del
MSDS y el Hospital Militar [...] Sin embargo, los galenos de
estos centros de salud aseguran que nada han recibido" (El
Universal,
12.11.03,
http://www.eluniversal.com/2003/11/12/12293A.shtml).
La situación no se limita al Pérez Carreño y afecta a gran parte
de los centros asistenciales del país y el derecho a la salud
de los sectores populares. Puede reseñarse, por ejemplo, la
denuncia de
Juan Correia, presidente de la Sociedad Médica del Hospital
Domingo Luciani, quien ha detectado el uso de anestésicos
ilegales llevados por los pacientes de cirugía: "el Servicio
de Anestesiología descubrió que los anestésicos no
correspondían a la identificación que llevaba el rótulo,
estaban vencidos o no pertenecían al producto entregado al
anestesiólogo, como sucedió con un lote de ampollas de
Atropina, que al enviarse al Instituto Nacional de Higiene,
por las dudas que se tenían, arrojó el resultado esperado" (El Universal, Op. cit.). En vista de la situación,
las autoridades médicas decidieron no admitir anestésicos que
vinieran de los pacientes y se procedió a cerrar los
pabellones y no aceptar más cirugías (ni de emergencia) hasta
que esté solventado el problema.
Lo mismo ocurre en el Servicio de Hematología del mismo centro
asistencial: "Raiza García, oncohematóloga infantil, manifestó que hay
limitaciones en cuanto a los medicamentos de quimioterapia
para los niños que sufren de leucemia y linfomas [...] Tampoco tenemos los antibióticos necesarios para
tratar las complicaciones infecciosas de los pacientes, no hay
los reactivos para el funcionamiento de los laboratorios y
Bacteriología no trabaja" (Ídem.).
El complejo hospitalario capitalino de El Algodonal, que
comprende el Centro de Cirugía y Tisiología, el ambulatorio,
el hospital Simón Bolívar, el Infantil Luisa Cáceres de
Arismendi y el Gineco-obstreta Andrés Herrera Vega, también
adolece la falta de insumos. En este centro asistencial los
medicamentos y demás recursos para tratamientos pasaron a
ser responsabilidad de los pacientes (Últimas Noticias,
12.11.03, pág. 3).
La escasez de materiales, además, pone en peligro de muerte a
los pacientes con dolencias crónicas que requieren
tratamientos regulares, tales como los que asisten a las
unidades de diálisis a lo largo del país. María Inés
Fernández, presidenta de la Asociación Venezolana de
Trasplantes, afirma que hay más de 6.000 personas que
requieren diálisis en todo el país y cuyo tratamiento, a cargo
del IVSS, no está llegando efectiva ni regularmente (El
Nacional, 15.11.03, pág. B/2). Ante sus denuncias, autoridades
del IVSS respondieron el 14.11.03, mediante un comunicado, que
"la morosidad y la evasión 'son las causas principales de las
carencias financieras' que afectan a los centros de salud y a
los tratamientos de los enfermos crónicos. El presidente Jesús
Viloria recordó que las empresas públicas y privadas deben 2
billones de bolívares y el Ejecutivo 1 billón" (Ídem.).
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DERECHOS
ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Pacientes crónicos y organizaciones de derechos humanos
unen esfuerzos por el derecho a la salud |
Con la finalidad de diseñar una estrategia común en defensa
del derecho a la salud y, particularmente, del derecho de los
pacientes crónicos se reunieron este 12.11.03, las
asociaciones de pacientes crónicos Una Mano al Paciente
Esquizofrénico (Vencimos), Asociación Nacional para la
Hemofilia (NNA), Asociación Civil de Fibrosis Quística (NNA),
Asociación Civil por la Calidad de Vida de Niños, Niñas y
Adolescentes en condición de VIH/SIDA (Cavinija), Fundafe,
Asociación Nacional de Trasplantados, Amigos Trasplantados de
Venezuela, Organización para el Fomento Educativo del VIH,
Asociación de Pacientes con Leucemia junto con las
organizaciones de derechos humanos Acción Ciudadana Contra el
SIDA (ACCSI), Centros Comunitarios de Aprendizaje (Cecodap) y
Provea, como representantes de la Comisión de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales (DESC) del Foro por la Vida.
En esta reunión se acordaron iniciar un conjunto de acciones
en el ámbito nacional e internacional orientadas a presionar
al MSDS y al IVSS para que adopten con carácter urgente las
medidas adecuadas para solventar la situación de falta de
suministro de medicamentos para estos pacientes. Igualmente se
acordó emprender acciones que aborden los problemas
estructurales del sistema público de salud.
Las organizaciones decidieron, además, convocar una segunda
reunión donde participarían otros factores interesados en
afrontar la grave situación del sistema público venezolano.
Los interesados pueden comunicarse a través de los siguientes
teléfonos: 0212 862 10 11 (Provea-Marino Alvarado); 0212
951 40 79 (Cecodap-Yolanda Prince); 0212 577 62 49
(Cavinija-Sandra Escalante); o por el correo-e:
defensaprovea@derechos.org.ve.
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DERECHOS
ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
En mora derecho a la seguridad social de pensionados |
El 14.11.03 se realizó el XII Encuentro Nacional de Miembros
del Comité de Derechos Humanos de la Asociación de Pensionados
venezolanos (El Carabobeño, 14.11.03, pág. A/5). Al evento no
asistió Eudomar Tovar, viceministro de Finanzas, quien fue
invitado con el fin de explicar la propuesta de Ejecutivo para
la cancelación de la deuda que arrastra el Estado por concepto
de homologación y retroactivo de las pensiones . Al respecto,
Edgar Silva, Presidente del Comité de Defensa de los Derechos
Humanos y Presidente de la Asociación de Pensionados, explica
que el Estado adeuda a 620.000 pensionados un monto que
alcanza los 700.000 millones de bolívares (El Universal,
15.11.03, pág. 1/14).
Silva indica que aún cuando la comisión de alto nivel,
compuesta por el Ministerio de Finanzas (MF), la Oficina
Nacional de Presupuesto (Onapre), el Comité de Pensionados y
el IVSS, determinó el monto de la deuda e incluso la
personalizó, el Ejecutivo no avanza en la propuesta de pago:
"el MF planteó la posibilidad de cancelar una parte del monto
adeudado en efectivo y el resto con bonos de la República, de
hecho se llegó a emitir material educativo para que los
ancianos conocieran las bondades de cobrar con papeles [Sin
embargo] Desde 2002 no se ha vuelto a hablar de los bonos, es
cierto que esto se discutió pero al final no llegó a tomarse
la decisión" añadió Silva.
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DERECHOS
ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Sentencia del TSJ y violación al debido proceso por parte
del INTI obstaculizan avance del derecho a la tierra |
Ricaurte Leonett, presidente del Instituto Nacional de Tierras
(INTI), solicitó este 10.11.03 a la Sala Constitucional, una aclaratoria sobre
la sentencia que 5 días antes había dado a conocer el Tribunal
Supremo de Justicia (TSJ), mediante la cual ordenaba al órgano
que dirige y al Comando de la Guarnición de la
Fuerza Armada Nacional (FAN) del Edo. Barinas, entregar las
tierras del Fundo Santa Rita a la Agropecuaria Doble R. C. A.
y Agropecuaria Peñitas C. A. y proceder al desalojo inmediato
de los beneficiarios de las cartas agrarias que desde el
09.02.03, gozan de la adjudicación de tierras ejecutada por el
INTI
(El Universal, 11.1.03, pág. 1/6).
La Agropecuaria Doble R. C. A. y Agropecuaria Peñitas C. A.,
presuntos propietarios del fundo en cuestión, interpusieron
una acción de amparo ante el TSJ alegando que el INTI violó
los procedimientos establecidos en la Ley de Tierra y
Desarrollo Agrario, particularmente los referentes al derecho
a la defensa y al debido proceso.
En su fallo, la Sala advierte que, de acuerdo al Decreto con
Fuerza Ley de Tierra y Desarrollo Agrario, existen vicios en
el procedimiento de otorgamiento de las cartas agrarias. En ese sentido,
el fallo señaló la falta de notificación a los presuntos propietarios u
ocupantes "tanto de la iniciación del procedimiento
administrativo como de la decisión final adoptada que dio
lugar al otorgamiento de una carta agraria sobre las tierras
mencionadas a los integrantes de la cooperativa en cuestión y,
por ende, a la actuación material practicada por dicho
instituto con el apoyo de efectivos militares” (Tribunal Supremo de Justicia, 10.11.03,
http://www.tsj.gov.ve/informacion/notasprensa/notasdeprensa.asp?codigo=792).
Leonett explicó que las tierras a las que hace referencia el
fallo del TSJ "son ejidos públicos que habrían sido tomados
por productores privados que mantenían los terrenos ociosos" y
actualmente permanecen "ocupadas por
más de 1000 familias campesinas" (Globovisión, 10.11.03,
http://www.globovision.com/nacionales/2003.11/10/inti/index.php).
Añadió que "Rogelio Peña Aly se autoproclamó dueño del terreno
sin mostrar documento alguno que así lo sustente" (El
Universal, Op. cit.) y que "no podemos sacar a nadie que
esté cultivando" (Globovisión, Op. cit.).
Antes de evaluar esta sentencia del máximo tribunal nacional,
hay que advertir que uno de los principales problemas del tema
de la tierra en el campo venezolano, es la ausencia de un
catastro que establezca con exactitud los límites entre las
tierras privadas y públicas. Este hecho genera una situación
permanente de inseguridad jurídica y es una fuente diaria de
conflicto entre los presuntos propietarios privados y el
Estado. Por otra parte, la resolución del INTI que ordena el
otorgamiento de cartas agrarias establece que las mismas sólo
se adjudicarán en tierras públicas.
En este orden de ideas, llama la atención que la decisión del
TSJ ordene el desalojo de los campesinos beneficiados con la
medida del INTI, a sabiendas del conflicto sobre la propiedad
de la tierra todavía no resuelto por un órgano judicial
competente. Además, la propia resolución sobre cartas agrarias
prohíbe el desalojo de los beneficiarios de las cartas
agrarias.
Lo adecuado hubiera sido que la sentencia del TSJ ordenara la
prohibición de nuevas adjudicaciones sobre las tierras del
Fundo Santa Rita y exigiera al INTI reiniciar el procedimiento
de otorgamiento de cartas agrarias respetando el debido
proceso. Sin estar judicialmente definido lo referente a la
propiedad de dichas tierras, no es aceptable en términos de
derechos humanos que los perjudicados en este caso fueran los
campesinos.
En este sentido, preocupa que el fallo de la Sala
Constitucional no considere las indemnizaciones a los
campesinos por sus bienhechurías contradiciendo una sentencia
de diciembre de 2002 de la misma Sala del TSJ, que anulaba 2
artículos de la Ley de Tierras y establecía que aun cuando los
ocupantes de una tierra hayan actuado de manera no legal, los
mismos tienen derecho al pago de sus bienhechurías. tomando en
cuenta que la ocupación se realizó de manera legal y bajo
supervisión y autorización del INTI, la contradicción en la
que devino la Sala resulta más penosa.
Provea considera que tanto la violación del debido proceso por
parte del INTI como la confusa e incongruente decisión del
máximo tribunal, no le hacen ningún bien al justo proceso de
distribución de tierras que debe continuarse realizando en el
país.
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DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Indicadores sociales del
derecho a la alimentación |
Según el Banco Central de Venezuela (BCV) el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del
Área
Metropolitana de Caracas registró en el mes de octubre un
aumento de 1,5%, igual a la variación promedio de los 4 meses
precedentes. Con este resultado, el crecimiento acumulado del
IPC en lo que va del presente año se ubicó en 22,5%, por
debajo del reportado en igual lapso de 2002, cuando estuvo en
27,8%. Respecto al mes de septiembre (1,4%), la variación del IPC en octubre
apenas fue de 0,1% y se originó en los incrementos
promedios de precios que siguieron mostrando tanto los bienes
y servicios que se rigen por el libre mercado (1,8%), como los
rubros sometidos a control y regulación de precios (1,2%).
Con la variación del mes de octubre, el crecimiento
anualizado del IPC correspondiente al período Octubre
2003/Octubre 2002 se sitúa en 25,7%, mostrando un
comportamiento descendente, incluso menor al del mismo lapso
2002/2001, cuando alcanzó 29,9% (Banco Central de Venezuela,
10.11.03,
http://www.bcv.org.ve/c4/notasprensa.asp?Codigo=2738&Operacion=2&Sec=False).
Por otro lado, el Centro de
Documentación y Análisis de los Trabajadores (CENDA) informó
que para octubre de 2003, la Canasta Básica Alimentaria
(CBA) se ubicó en 419.114 bolívares (Globovisión,12.11.03,
http://www.globovision.com/economia/2003.11/11/cenda/index.php).
Oscar Meza, director del CENDA recordó que para diciembre
del año pasado este indicador alcanzaba un monto de 348.440 bolívares, lo
cual significa un incremento de 23% aproximadamente.
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DERECHOS ECONÓMICOS,
SOCIALES Y CULTURALES
Situación epidemiológica
nacional |
El
reporte epidemiológico semanal del Ministerio de Salud y
Desarrollo Social (MSDS) Alerta
Epidemiológica, en su edición N° 44 (MSDS, 18.11.03,
http://www.msds.gov.ve/msdsweb/Index.html),
correspondiente a la semana comprendida entre el 29.10.03 y el
01.11.03, notifica que la malaria disminuyó un 31,3% (589 casos
reportados) con respecto a la cifra de la semana 43 (858 casos). De esta misma enfermedad se registró un acumulado de
25.251 casos hasta la semana 44, es decir, un 3,5% menos que
los registrados en el año 2002 en ese mismo lapso (26.188
casos).
Con respecto al dengue, en la semana 44, Alerta documenta 850
casos, un 4,1% menos que los reportados en la semana N° 43
(887). El acumulado hasta la semana 44 es de 19.585 casos de
dengue en el territorio nacional, es decir, un 41,8% menos que
los casos acumulados en el año 2002 para ese lapso (33.688).
En cuanto al indicador Mortalidad
Infantil, Alerta reseña un número de 108 defunciones
registradas en la semana 44, es decir, un 42,1% más que las
defunciones reportadas en la semana 43 (76). El total de
defunciones infantiles acumuladas este año hasta la semana 44
es de 4.814, un 11,9% más que el reseñado en ese mismo lapso
del año 2002 (4.301).
La Mortalidad Materna, para esta edición de
Alerta, reportó 6 defunciones, es decir, un 25% más que las
reportadas en la semana 43 (8) . Para la semana 44 el
acumulado reporta 226 defunciones, un 4,2% menos que el número registrado en ese mismo
lapso del año 2002 (236).
Con respecto a la situación epidemiológica relativa a la
fiebre amarilla, Alerta señala que hasta la semana 45, se
confirman 43 casos de contagio, mientras que en la semana 44
se confirmaron 3 nuevos casos correspondientes a semanas
anteriores (2 de la semana 33 y 1 de la semana 39). Para la semana
44 se descartaron 315 casos, se confirmaron 43 casos y se recuperaron 23 personas y
han fallecido, hasta esa fecha, 20 personas.
Alerta reseña que, hasta la semana 44, se han vacunado 582.925 personas en los municipios de alto riesgo con casos (Edos. Táchira,
Portuguesa y Zulia); 832.130 en los municipios de alto
riesgo sin casos (Amazonas, Apure, Barinas, Bolívar, Mérida,
Táchira, Zulia); 1.059.522 en los municipios de bajo riesgo; y,
904.465 personas en los municipios de mediano riesgo.
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DERECHOS
CIVILES Y POLÍTICOS
Foro por la Vida
se pronuncia ante el proceso de
recolección
de firmas |
Este 20.11.03, el Foro por la Vida, coalición de
organizaciones venezolanas de derechos humanos, emitió un
comunicado en ocasión de las próximas jornadas de recolección
de firmas que podrían activar diversos referenda
revocatorios, a través del cual formula las siguientes
observaciones y exigencias a los poderes públicos:
Sobre la situación general del país:
- El Foro por la Vida celebra la disposición de las partes a
recurrir a la consulta popular para conocer hacia dónde quiere
el país encaminar su desarrollo. El que este proceso permita
la institucionalización de un nuevo mecanismo de participación
política, largamente aspirado por la población venezolana,
propuesto por el movimiento de derechos humanos en 1999 y
consagrado en la nueva Constitución, constituye en sí mismo un
factor relevante de consolidación de la cultura democrática
del país;
- La consulta popular puede ayudar a reducir los niveles de
confrontación y de violencia, siempre que se realice en un
ambiente propicio y con un espíritu democrático por parte de
los diferentes actores que compiten. Si, por el contrario, las
partes insisten en utilizar la consulta popular como un
mecanismo de confrontación para eliminar al contrario y no
ponen en práctica estrategias de convivencia posterior con los
que piensan distinto, dicha consulta puede ser un nuevo
coadyuvante de la violencia y hasta contraproducente para los
fines de una administración democrática del conflicto;
- Igualmente, conviene tener presente que los principales
problemas del país, tales como la pobreza y las profundas
inequidades sociales, los déficit de los partidos y
organizaciones políticas para facilitar mediaciones
democráticas entre diversos conflictos e intereses, la
debilidad institucional del Estado para garantizar los
derechos de la población y la polarización social y política,
están vinculados a crisis estructurales, que implican, para
enfrentarlas, algún tipo de acuerdo nacional, sin exclusiones
sociales o políticas de ningún tipo, y un compromiso de las
partes para cumplirlo. Ello requiere, una voluntad de
concertación sobre estos y otros temas estructurales que
inciden sobre los derechos humanos, más allá de los resultados
de la consulta popular. La salida a la crisis del país
entonces no es sólo electoral e implica madurez democrática de
los principales actores políticos;
En relación con el proceso de recolección de firmas:
- La extrema desconfianza, polarización y falta de acuerdo
sobre reglas de juego entre las partes, ha propiciado una
indebida presencia del Estado, en la instrumentación y
desarrollo del derecho a activar procesos revocatorios. En
cualquier otra circunstancia, una recolección de firmas que
exprese la posición ciudadana sobre determinado tema de
carácter nacional o local, constituye un acto de la sociedad
frente al Estado sin que éste deba intervenir, excepto a
través de la reglamentación del derecho y la verificación de
la idoneidad de las rúbricas. En el caso de la activación del
proceso refrendario que se avecina, el Estado, a través del
Poder Electoral, está participando mucho más allá de lo
adecuado para dar cumplimiento al derecho, tanto en el proceso
de la recolección de firmas como en la publicación de la base
de datos de las personas que firmen;
- Si bien en cualquier acto de esta naturaleza el carácter de
las firmas es público, ya que no son, ni en este ni en otro
caso, equivalentes a un voto, y por lo tanto no deben ser
secretas, en este contexto de confrontación, la publicidad de
las firmas puede afectar, de hecho, otros derechos de las
personas que decidan respaldar una u otra opción o abstenerse
de hacerlo. Por tal razón, el Estado está obligado a adoptar
de inmediato medidas preventivas de protección, en particular,
de los derechos al empleo, la seguridad ciudadana y la no
discriminación;
- Otro elemento preocupante, dada la polarización y
territorialización del conflicto venezolano, es la recolección
de firmas prevista de modo itinerante. Ello podría ocasionar
brotes de violencia, tanto en el caso de que el “itinerante”
de un bando político se encuentre con alguien que no quiera
firmar (lo cual “marcara” públicamente a esta persona pudiendo
acarrearle consecuencias de diverso orden, desde crearle un
ambiente hostil en su comunidad de referencia, hasta hacerle
vulnerable a la violencia), así como en el caso de que un
“itinerante”, en el cumplimiento de su mandato, pueda ser
víctima de la intolerancia del bando contrario al que
representa. Frente a esta posibilidad, el estado, también está
en la obligación de adoptar medidas de protección, antes y
durante la realización del proceso;
- El Foro por la Vida condena los comunicados de 2
organizaciones que han incitando recientemente a la violencia.
Tanto los reiterados llamados del denominado “Bloque
Democrático” que desconocen la naturaleza del acto de
recolección de firmas, considerando a estas como equivalentes
a un voto y desconociendo la autoridad del CNE en aras de
propiciar una ruptura del hilo constitucional, como el llamado
de un grupo armado denominado “Nestor Zerpa Cartolini”, el
cual amenazó con utilizar la violencia;
En atención a lo anterior, hacemos un llamado urgente a los
Poderes Públicos y a la ciudadanía en general:
- Exigimos a la Fiscalía General de la República, a la
Defensoría del Pueblo, al Poder Ejecutivo y al Consejo
Nacional Electoral tomar todas las medidas pertinentes que
garanticen sin riesgos de ninguna especie, el ejercicio de los
derechos humanos de toda la ciudadanía, tanto de los que
firmen en alguna jornada como los que se abstengan de hacerlo,
así como a los activistas que de uno u otro sector participen
como “itinerantes” en el proceso de recolección de firmas, a
los fines de evitar la discriminación y la vulnerabilidad a la
violencia por causa de la expresión de opciones políticas;
- Hacemos un llamado a las partes en conflicto a establecer y
hacer públicas reglas claras antes de las jornadas, de manera
de conocer previamente los cronogramas establecidos por ambos
sectores para la entrega de las firmas respectivas ante el
Consejo Nacional Electoral, a los fines de reducir la
incertidumbre entre la ciudadanía y evitar brotes de
violencia; asimismo hacemos un llamado a establecer
compromisos entre las partes para que esperen hasta que el CNE
oficialice el número de firmas recolectadas en cada evento. En
caso de que sean suficientes, independientemente de su
cantidad, hay que esperar a que se realice el referéndum
respectivo para ver si en dicho acto se producen o no los
votos necesarios para revocar el mandato del funcionario
sometido a consulta. Reiteramos que ni en este ni en ningún
caso, las firmas son votos y por eso no pueden prestarse a
manipulaciones de ninguna índole;
- Exigimos a la Fuerza Armada Nacional u otras cuerpos de
seguridad que no intervenga en los asuntos políticos y se
mantenga al margen de las controversias entre las partes
interesadas, antes durante y después del proceso de
recolección de firmas; así como a los diferentes actores de la
vida nacional a no solicitarle a estas instituciones,
pronunciarse en eventos de carácter estrictamente político;
- Finalmente, hacemos un llamado a la población, a ejercer
este novel derecho, del modo en que lo considere más adecuado,
en un marco de respeto y tolerancia por los otros, pues con
ello, estarán fortaleciendo la democracia.
Por el Foro por la Vida: Acción Ciudadana Contra el Sida (ACCSI);
Asociación de Mujeres por el Bienestar y la Asistencia
Recíproca (Ambar);
Cátedra de la Paz y Derechos Humanos "
Monseñor Oscar Arnulfo Romero" de Mérida;
Centros Comunitarios de
Aprendizaje (Cecodap); Centro para la Paz de la Universidad
Central de Venezuela; Centro de Derechos Humanos de la
Facultad de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello;
Colectivo de Asistencia y Servicio Integral a los
Trabajadores/as (Aportes); Comisión Justicia y Paz del
Secretariado Conjunto de Religiosas y Religiosos de Venezuela
(Secorve); Fundación de Derechos Humanos del Estado
Anzoátegui; Oficina Diocesana de Derechos Humanos de la
Diócesis de Ciudad Guayana “Humana Dignitas”; Oficina de
Derechos Humanos del Vicariato Apostólico de Puerto Ayacucho;
Provea; Red de Apoyo por la Justicia y la Paz; Servicio
Jesuita para Refugiados; Vicaría Episcopal de Derechos Humanos
de la Arquidiócesis de Caracas (Foro por la Vida, 20.11.03,
foroporlavida@derechos.org.ve).
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DERECHOS
CIVILES Y POLÍTICOS
Invitación a
la presentación del libro
“Asilo y Refugiados
en las Fronteras de Colombia” |
La
organización internacional Consejería
en Proyectos (CPS) y Provea invitan al público interesado a la presentación del libro “Asilo y Refugiados
en las Fronteras de Colombia”, que se realizará el próximo
25.11.03, a las 5:30 PM, en
la Sala C ubicada en el piso 6 del Centro de Estudios Latinoamericanos
Rómulo Gallegos (Celarg), ubicado en la avenida Luis Roche de Altamira,
Caracas.
El libro es resultado de una
investigación que presenta la situación actual del derecho al
asilo y refugio en los países de la región andina y el marco
jurídico vigente en cada uno de estos.
Según queda expresado en el texto, “cientos de mujeres,
hombres, niñas y niños, día tras día, huyen de la violencia
que el conflicto armado deja en Colombia. Son colombianas y
colombianos que se asientan en alguno de los países vecinos,
cerca de las fronteras, en busca de protección para sus vidas
[...] A medida que se ha intensificado el conflicto armado de
Colombia, el desplazamiento forzado ha afectado las diferentes
zonas dentro de Colombia así como los países fronterizos.
Entre los países vecinos, Ecuador, Panamá y Venezuela han
sido, especialmente desde los años 90, los más afectados por
distintos problemas relacionados con el conflicto armado
colombiano [...] Para garantizar una efectiva aplicación de las normas
nacionales e internacionales en materia de refugio, es
fundamental que se realice una amplia y constante labor de
sensibilización sobre el derecho humano al asilo y refugio,
dirigida tanto a las autoridades, en sus distintos niveles y
poderes públicos, como a la población”.
La presentación del libro estará a cargo de Ricardo Soberón
(Capítulo Colombia del CPS) y Marino Alvarado de Provea. El
acceso es libre
(Provea, 20.11.03,
provea@derechos.org.ve).
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DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
Recientes acciones de la justicia
venezolana contra la impunidad en el caso de las explosiones
de las sedes diplomáticas de febrero de 2003 |
Deyanira Ortiz, juez del Tribunal 11° de Control de Caracas,
dictó órdenes de detención contra el general de brigada (GN)
Felipe Rodríguez, alias "El Cuervo", y los tenientes Germán
Valera y José Colina, quienes forman parte del grupo de
militares disidentes que se apostaron en la Plaza Francia de
Altamira desde el 28.10.02 (Globovisión, 18.11.03,
http://www.globovision.com/nacionales/2003.11/18/explosivos/index.php).
La medida de captura es emitida luego de haber sido señalados
en los testimonios brindados por 2 de los detenidos en las
investigaciones adelantadas por la Dirección de Servicios de
Inteligencia y Prevención (DISIP) y el Cuerpo de
Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC)
sobre la colocación de artefactos explosivos en las
sedes diplomáticas de España y Colombia sucedidas en febrero
de este año.
Danilo Anderson, fiscal 4° Nacional, informó que el
14.11.03, el MP solicitó la aprehensión de los
3 presuntos implicados luego de obtener la declaración de Silvio Mérida,
ex escolta del general Rodríguez, en la que "señaló con lujo de
detalles toda la planificación de la colocación de los
explosivos en dichas embajadas" (Ídem.). Anderson explicó
que la versión de Mérida "avala las declaraciones previas de
Luis Gregorio Chacín (alias "Armadillo") otro de los detenidos
por los atentados terroristas, quien testificó también en el
caso de los homicidios de los soldados de la Plaza Altamira,
Félix Pinto, Ángel Salas y Darwin Argüello" (Tal Cual,
14.11.03, pág. 2). Precisamente por este caso fue apresado
Mérida quien fue señalado por testigos como participante en el
hecho y reconocido por una de las víctimas sobrevivientes (El
Nacional, 11.11.03, pág. B/17).
Entre los delitos que el MP les imputará a los implicados está
agavillamiento, lesiones personales en perjuicio de los 3
ciudadanos que resultaron heridos por el estallido de las
bombas, daños a la propiedad, intimidación pública y
conspiración (El Nacional, 19.11.03, pág. B/24). Rodríguez,
Colina y Valera se encuentran actualmente prófugos de la
justicia.
En otro orden de ideas, Provea considera preocupante las
denuncias efectuadas por Guillermo Heredia y Rigoberto
Quintero, abogados de Mérida, relativas a recientes amenazas
recibidas por la familia del detenido luego de haber rendido
las declaraciones que motivaron la acción del MP (El Nacional,
11.11.03, Op. cit.) e insta a los órganos responsables prestar
atención a las mismas y salvaguardar las garantías
constitucionales a las cuales tiene derecho Mérida, quien permanece a las
órdenes de la justicia desde el 07.11.03. Igualmente, Provea
emplaza a los organismos policiales que mantienen detenido a
Mérida, observar el debido proceso y considerar las
condiciones de detención de Mérida, tanto más cuando se conoce
que el mismo adolece de ataques crónicos de epilepsia.
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DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
Rechazo y condena a tesis del Bloque Democrático por
desconocer Estado de derecho |
El 10.11.03, el directorio ampliado del Bloque Democrático (BD),
coalición de organizaciones y asociaciones civiles de la
oposición deslindadas de la Coordinadora Democrática (CD),
publicó un remitido en un diario de circulación nacional (El Nacional,
10.11.03, pág. A/13) titulado: ¡Chávez sólo hasta el 2003! El
Reafirmazo es el revocatorio. En el mismo plantea la
legitimidad de las firmas entregadas al CNE el 20.08.03 por
sectores de la oposición, a pesar de haber sido invalidadas el
12.09.03 por los rectores del ente comicial. Con este
argumento, el BD asegura que la nueva jornada de recolección
de firmas que busca activar el referendum revocatorio
presidencial, programada por el CNE entre el 28.11.03 y el
01.12.03, posee un carácter de revocatorio y no representa una
repetición del proceso adelantado por los sectores de la
oposición en febrero de este año, cuando se recolectaron las
firmas para solicitar el referendum. El BD considera así que
la firma tiene carácter de voto y que, por ello, si el Reafirmazo recoge más del
porcentaje de firmas requerido para solicitar el revocatorio
(20% del universo votante, es decir, 3.800.000 electores) "no
es necesario esperar a los resultados oficiales del CNE para
declarar el triunfo del plebiscito y comenzar la desobediencia
civil democrática, generalizada y activa, la cual concluirá
con la salida constitucional del Régimen" (Ídem.). Además, el
BD invoca a los artículos 333 y 350 de la Constitución para
asignarle al nuevo proceso de recabación de firmas, conocido
como el Reafirmazo, un "principio activo de la desobediencia
civil" (Ídem.) que expondría al Gobierno Nacional a su salida
mediante la desobediencia civil.
El mismo 10.11.03, el CNE se pronunció mediante la Resolución
N° 031110-776, deplorando y rechazando las afirmaciones
expuestas por el BD en su remitido por considerarlas "una
deliberada tergiversación del sentido genuino del derecho
constitucional al referendo revocatorio" (Consejo Nacional
Electoral, 12.11.03,
http://www.cne.gov.ve/notideta.asp?id=171). Además,
consideró que las ideas planteadas por el BD "encierran la
intención de frustrar las vías institucionales para que los
ciudadanos venezolanos resuelvan sus diferencias,
civilizadamente y con apego a la institucionalidad
constitucional y democrática y suponen, por estas mismas
razones, una vía encubierta para favorecer o legitimar
fórmulas insurreccionales o de ruptura
del hilo constitucional" (Ídem.).
El 11.11.03, representantes
del Gobierno Nacional solicitaron un pronunciamiento de los
representantes del Centro Carter y del Programa de Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD), en torno al llamado a desobediencia civil
hecho por el BD. Igualmente, solicitaron a la
CD que se deslinde de la conducta
asumida por este BD (Agencia Venpres,
12.11.03,
http://www.venpres.gov.ve/poli/poli1.htm#Piden). El
exhorto de los voceros gubernamentales fue atendido por el
Centro Carter que deploró "toda manifestación dirigida a
tergiversar el sentido de las diferentes etapas del proceso
referendario establecido en las normas o a desconocer la
excluyente autoridad del CNE para conducir el proceso y
promulgar los resultados de los mismos" (El Nacional,
13.11.03, A/6).
También en la Asamblea Nacional (AN) se desplegaron acciones
en rechazo al remitido del BD. La plenaria del 11.11.03 aprobó
los planteamientos de Iris Varela, diputada del Movimiento
Quinta República (MVR) por el Edo. Táchira, quien propuso que
el parlamento condene y rechace el remitido de la
organización, exhorte al MP a iniciar una investigación y a
ordenar la detención de los firmantes del comunicado (Asamblea
Nacional,
12.11.03,
http://www.asambleanacional.gov.ve/ns2/noticia.asp?numn=4712).
En este sentido, el MP informó que el 14.08.03 ya había
abierto una averiguación penal contra el BD en respuesta a una denuncia
presentada por Luis Velázquez, diputado del MVR, por
otros pronunciamientos de esta coalición política publicados en julio de este año que incitaban igualmente a la desobediencia civil. Aclaró Isaías
Rodríguez, Fiscal General de la República, que al expediente
abierto al BD se añadirá este nuevo elemento (El Nacional,
13.11.03, Op. cit.). La investigación es conducida por las
fiscalías 6° con competencia nacional y 58° de Caracas, donde
se investigan la presunta comisión de delitos contra la
independencia y la seguridad de la nación (Ídem.).
También
el Foro por la
Vida, coalición venezolana de organizaciones de derechos
humanos, condenó el remitido del BD en un comunicado dirigido
a la opinión pública el 20.11.03 y que puede ser consultado en
esta misma sección. En su pronunciamiento, el Foro por la Vida
también rechazó el llamado hecho por un grupo armado autodenominado “Nestor Zerpa Cartolini”,
que amenazó con usar la violencia contra el proceso de
recolección de firmas propuesto por los sectores de la
oposición para convocar al revocatorio presidencial.
Sin embargo, a pesar de las muestras de rechazo manifestadas
contra el pronunciamiento del BD, la coalición política
publicó otro comunicado el 13.11.03 en la prensa nacional bajo
una tónica similar al del 10.11.03, insistiendo en
su llamado a la desobediencia civil y en el carácter
plebiscitario del Reafirmazo (El Nacional,
13.11.03,
http://www.el-nacional.com/#).
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DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
Lesionado el derecho a la
participación política |
William Salazar y Luis Sosa, empleados de la Alcaldía del
Municipio Libertador, en representación de 70 trabajadores del
departamento de Control Interno denunciaron ante Provea las
presuntas presiones ejercidas contra ellos para que participen
en la recolección de firmas de solicitud de revocatorio a
parlamentarios del Distrito Capital, que se realizará entre el
21 y 23 de noviembre, y prohibiéndoles (a riesgo de despido)
participar en la recolección de firmas para solicitar el
revocatorio del Presidente de la República.
Según los denunciantes Jairo Rafael Enrique Montoya, jefe del
departamento en el que este grupo labora, presuntamente los
coacciona amenazándolos con el despido inmediato si no acatan
su orden con respecto a su participación en estos procesos de
participación ciudadana. Los denunciantes aseguran contar con
grabaciones de audio que confirman sus denuncias.
Es de resaltar que Provea puso inmediatamente en conocimiento
de dicha situación al Consejo Nacional Electoral (CNE)
solicitándole que adelantara las investigaciones
correspondientes. Provea, además, dirigió un comunicado al
funcionario denunciado advirtiéndole que tal actitud era
contraria a la Ley Orgánica de la Administración Pública y a
la Ley del Estatuto de Función Pública, la cual contempla
responsabilidades de naturaleza administrativa para casos de
este tipo (Provea, 17.11.03).
Esta no es la única violación o amenaza contra el derecho a
elegir y a participa que se conoce en vísperas de los procesos
de recolección de firmas previstos para los próximos días.
Para Provea resulta preocupante la medida adoptada por Germán
Mundaraín, Defensor del Pueblo, de prohibirle a los defensores
delegados de los Edos. e incluso a los directores generales de
dicho ente (El Universal, 11.11.03, 1/5), participar en el
proceso democrático previsto en los siguientes días
constituyendo una violación al derecho a participar en los
asuntos políticos consagrado en los artículos 62, 63 y 64 de
la Constitución que, paradójicamente, la Defensoría debería
garantizar sin distingos de tipo alguno.
Lamentablemente el CNE también se sumó a los entes públicos
que con su actuación violan estos derechos. Nos referimos a la
decisión tomada por el ente comicial el 14.11.03 en la que
negó el derecho de participación política a los venezolanos
con condiciones de votar residenciados en el exterior para la
jornada de recolección de firmas para los revocatorios
(Consejo Nacional Electoral, 19.11.03,
http://www.cne.gov.ve/notideta.asp?id=176) a razón de las
dificultades logísticas que encierra la supervisión adecuada
del proceso en el exterior (Diario Tal Cual, 17.11.03, pág. 1)
y al poco significativo número de ciudadanos venezolanos
votantes que residen en otros países (Diario 2001, 13.11.03,
pág. 8).
Ante esta medida, la Asociación Civil Todos por Venezuela
informó que solicitará un amparo constitucional a favor
de los votantes venezolanos que se encuentran en el extranjero
(Últimas Noticias, 16.11.03, pág. 7). También la Red de
Veedores rechazó la decisión del CNE y recomendó a los
afectados que "recojan las firmas con los datos establecidos
en las normas del CNE, en presencia de un notario o
testigo calificado, las envíen al CNE y entreguen una copia al
Embajador o Cónsul para que esta la remita a las autoridades
electorales" (Diario 2001, 17.11.03, pág. 3).
Provea considera que esta decisión del ente comicial atenta
contra el derecho del cual el organismo es garante y que
supedita el principio de igualdad ante la ley al componente
numérico de manera inconstitucional e injustificada.
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DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
Un paso positivo pero insuficiente para superar la
impunidad de los hechos de El Caracazo |
Fuentes periodísticas reseñan la decisión del
Gobierno Nacional de aprobar un crédito de 8.918 millones de bolívares
(5,57 millones de dólares) para la indemnización de los familiares de
las víctimas de los sucesos ocurridos el 27 de febrero y
marzo de 1989, conocidos como
"El Caracazo'' (El Nacional,
12.11.03,
http://www.el-nacional.com/#).
Roy Chaderton, titular del Ministerio de Relaciones Exteriores
(MRE) declaró que el Consejo de Ministros
autorizó un crédito adicional para dar cumplimiento a la
sentencia que emitió la Corte IDH en noviembre de 1999 que ordenó al
Estado venezolano, entre otras cosas, indemnizar
a 44 víctimas que habían elevado su caso ante instancias del
sistema interamericano. Agregó Chaderton que "si bien no se ha podido hacer justicia en materia de
'El Caracazo',
al menos el Estado venezolano a través del Gobierno Nacional
cumple con la obligación de proveer los fondos para indemnizar a
los familiares y también a las organizaciones de derechos
humanos que se crearon entonces para procurar justicia'
(Ídem.).
Consultada por los medios de comunicación, Liliana Ortega, directora
Ejecutiva del Comité de Familiares de Víctimas del 27 de Febrero
y Marzo de 1989 (Cofavic), expresó "que
cualquier acción que emprenda el gobierno para dar justicia a
los afectados de esos sucesos es positiva" (Ídem.).
Asimismo, la posición oficial de la organización se presentó
sistematizada en un comunicado emitido el 14.11.03, a
través del cual
aprecia la acción
estatal "como un gesto importante de reconducción
de la actuación política y jurídica del Estado venezolano ante
las instancias interamericanas" (Cofavic, 14.11.03,
cmendoza@cofavic.org.ve).
No obstante, considera que "las acciones indemnizatorias son
sólo una parte de las reparaciones a las que tienen derecho y
que la justicia y la verdad no son negociables bajo ninguna
circunstancia. El Estado venezolano, como lo establece la
sentencia de la Corte Interamericana, tiene que cumplir con su
principal responsabilidad, la cual no es otra sino investigar
los hechos de manera independiente y exhaustiva, establecer
responsabilidades penales, civiles y administrativas y
castigar a los responsables materiales e intelectuales de
estas violaciones a los derechos a la vida, la integridad
persona y al debido proceso. De manera especial deben ser
investigados imparcialmente quienes desde las instancias
judiciales y desde el Ministerio Público han permitido que
estos gravísimos crímenes contra los derechos humanos
permanezcan absolutamente impunes, tal y como lo expresa
contundentemente la sentencia de reparaciones dictada por al
Honorable Corte Interamericana en fecha 29 de agosto de 2002"
(Ídem.).
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DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
Propuestas y exigencias
a los poderes públicos sobre los compromisos internacionales
en materia de derechos humanos |
* Ratificar los siguientes instrumentos internacionales:
- Del Sistema Universal: el Protocolo Facultativo de la
Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles,
Inhumanos o Degradantes. Adoptado por la Asamblea General de
la ONU el 18.12.02, con la aprobación de Venezuela; la
Convención Internacional para la Protección de los Derechos de
Todos los Trabajadores Migrantes y sus Familias en vigor desde
el 01.07.03; Convenio 159 Sobre la Readaptación Profesional y
el Empleo (Personas Inválidas) (1983); el Convenio 182 de la
OIT sobre la Erradicación de las Peores Formas de Trabajo
Infantil (2000); y, el Convenio 183 Sobre la Protección de la
Maternidad (2000);
- Del Sistema Interamericano: la Convención Interamericana
para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación
contra las Personas con Discapacidad. Suscrita por Venezuela
el 06.08.99; y, el Protocolo Adicional a la Convención
Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador).
Suscrito por Venezuela el 27.01.89.
* Cumplir y respetar los convenios internacionales de la OIT.
* Ejecutar de manera expedita las sentencias de los tribunales
internacionales y los dictámenes de las instancias
cuasijurisdiccionales de carácter internacional, y promulgar
una ley nacional que reglamente este procedimiento, según lo
previsto en el artículo 31 de la Constitución.
* Difundir ampliamente los informes del Estado a los Comités
de las Naciones Unidas y discutir sus contenidos, antes y
después de las sesiones de estudio fijadas por los Comités.
Dichos informes deben ser presentados de manera oportuna,
mejorando además su proceso de elaboración, sus contenidos, y
la composición y calidad de las misiones oficiales que los
sustentan, en desarrollo de los parámetros internacionales.
* Atender y aprovechar las recomendaciones y observaciones
hechas por los Comités de las Naciones Unidas, sobre los
informes del Estado presentados ante dichas instancias, para
la adecuación de su infraestructura y de su sistema de
protección de derechos humanos.
* Difundir ampliamente los instrumentos internacionales de
derechos humanos, así como las decisiones sobre Venezuela
adoptadas por instancias internacionales, así como educar a
los agentes del Estado en el respeto y observancia de los
mismos.
Informar a la opinión pública, nacional e internacional, de
las medidas implementadas por el Estado venezolano para dar
cumplimiento a las recomendaciones, formuladas a Venezuela por
el Comité de Derecho Humanos de la ONU el 06.03.01.
* Adecuar las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia en
materia de derechos humanos, para que respeten y garanticen el
derecho al amparo internacional y, en general, el Derecho
Internacional de los Derechos Humanos
(Provea,
http://www.derechos.org.ve).
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ARTÍCULOS
Son Derechos: “La
CIDH y el ciudadano” |
"Según la Constitución toda violación a los derechos humanos
debe investigarse y sancionarse. De la misma manera, todo
ciudadano tiene el derecho a ser indemnizado cuando se violen
sus derechos humanos. Pero resulta, que con frecuencia, esas
investigaciones no se realizan o se inician y no culminan y
por lo tanto no se hace justicia. Ante la ineficacia de los
organismos nacionales, la Constitución en su artículo 31
permite que los ciudadanos acudan a las instancias
internacionales de protección. Por lo tanto, cuando una
persona acude a la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, simplemente está ejerciendo un derecho
constitucional.
La Comisión, una vez que analiza la denuncia y conoce los
alegatos de defensa del Estado, si considera que ocurrió una
violación a los derechos humanos, le recomienda al Estado que
adopte determinadas medidas: para investigar, para sancionar,
para indemnizar a los afectados.
En otras oportunidades la Comisión es la única esperanza que
tiene un ciudadano para evitar que se le viole un derecho o se
agrave la violación. Es el caso, cuando se solicitan medidas
cautelares donde la Comisión actúa con rapidez.
La Comisión juega un papel importante en la protección de los
ciudadanos, por ello debemos oponernos a que se le
descalifique o a que no se cumplan sus recomendaciones. Tan
importante es, que los constituyentes del año 1999, aprobaron
ese artículo 31 y es lamentable, que hoy, algunos de ellos,
nieguen la labor de protección de este órgano internacional" (Provea,
31.10.03,
son@derechos.org.ve)
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ARTÍCULOS
Son Derechos:
“Para celebrar la tolerancia” |
"En 1996 la Asamblea General de la ONU invitó a sus Estados
miembros a celebrar cada 16 de noviembre el Día Internacional
para la Tolerancia.
La tolerancia es el respeto a la diversidad cultural, étnica,
religiosa y sexual. No significa tolerar la injusticia social
ni renunciar a las convicciones personales, por el contrario,
es el respeto al derecho de toda persona a tener sus propias
convicciones y aceptar la de los demás. Tampoco debe
confundirse con la pasividad, la complacencia o la
indiferencia. La tolerancia es, más bien, un compromiso activo
en la defensa de la realización de los derechos humanos y el
fortalecimiento de la democracia.
En su Declaración de Principios para la Tolerancia, la Unesco
señala que “la tolerancia exige justicia e imparcialidad en la
legislación, en la aplicación de la ley y en el ejercicio de
los poderes judicial y administrativo. Exige también que toda
persona pueda disfrutar de oportunidades económicas y sociales
sin ninguna discriminación. La exclusión y la marginación
pueden conducir a la frustración, la hostilidad y el
fanatismo”.
En la actual coyuntura política venezolana es necesario
rescatar estos valores y reivindicar que siempre es posible
administrar democráticamente los conflictos"
(Provea, 14.11.03,
son@derechos.org.ve).
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ARTÍCULOS
Susan George: "Las
paradojas de los derechos
humanos" |
El que sigue es un artículo escrito por
Susan George, autora del Informe Lugano y vicepresidenta de
Attac-Francia, que por su tratamiento del tema de los derechos
humanos, consideramos relevante ofrecer a nuestros lectores.
"Las instituciones nacionales e internacionales tienen
capacidad para satisfacer las necesidades básicas de cada una
de las personas de la Tierra, pero se niegan a hacerlo
En lo que concierne a los derechos humanos, hoy en día vivimos
inmersos en el centro de una paradoja. La primera paradoja es
que mientras la definición y declaración de derechos humanos
existe sólo a nivel internacional, su defensa sólo puede
ocurrir a nivel nacional. A pesar de la interpretación de que
la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) abarca
todos los derechos, Naciones Unidas, en los pactos de 1966,
define dos categorías distintivas: derechos civiles y
políticos y derechos económicos, sociales y culturales (DESC).
Sin embargo, la ONU no está en posición de defender estos
derechos. Hasta ahora, sólo los estados soberanos,
individualmente, pueden hacerlo.
Los estados garantizan - o no - las libertades democráticas y
el Estado de derecho (derechos civiles y políticos). Sólo
ellos pueden asegurar los derechos económicos, sociales y
culturales, por ejemplo proveyendo educación universal y
asistencia sanitaria sin tener en cuenta la capacidad de pago,
o mediante asignaciones y compensaciones a los ancianos, los
parados o los inválidos. Los ciudadanos pagan impuestos para
que el Estado pueda cumplir con sus obligaciones en cuanto a
los derechos humanos, una función mejor conocida como
redistribución.
La segunda paradoja es que las peores violaciones de los
derechos económicos, sociales y culturales son cometidas - sin
importar que quienes las cometen estén preparados para
reconocer este hecho -, por las instituciones internacionales,
algunas de las cuales incluso están ligadas tenuemente a
Naciones Unidas. En los últimos 20 años años, los así llamados
ajustes estructurales, más certeramente designados como
programas de austeridad, diseñados por el Fondo Monetario
Internacional (FMI) y el Banco Mundial, han causado numerosos
estragos en numerosos países. Dichos programas de austeridad,
al forzar a países endeudados a reducir el gasto público y
orientar sus economías hacia las exportaciones, para ganar las divisas necesarias para cumplir con el servicio de la
deuda, han sido responsables de la generación perdida en el
Sur. Millones de personas han sido privadas de educación y
atención médica, mientras los presupuestos estatales han sido
recortados.
Es más, el FMI insiste en la libertad total de los movimientos
de capitales, lo que ha llevado a una masiva crisis financiera
detrás de la otra. En México, 28.000 pequeños negocios
quebraron como resultado de la crisis; en Tailandia y Corea
hubo lo que se denominó suicidios FMI; en Indonesia, 30.000
empleados bancarios perdieron sus empleos en una sola semana;
en Rusia, la pobreza ha alcanzado ahora a 60 millones de
personas y la esperanza de vida de los hombres ha caído en
siete años en una década; en Argentina, que llevó adelante las
instrucciones del FMI al pie de la letra, una gran proporción
de sus ciudadanos de este país ha quedado prácticamente en la
calle.
¿Y qué decir del derecho a estar vivo? Casi todo el mundo
sabe que el hambre todavía es predominante en el mundo. Según
el director general de la Organización de Naciones Unidas para
la Agricultura y la Alimentación (FAO), llevará 150 años
erradicarla. Mientras tanto, el África Subsahariana paga más
de 20.000 dólares por minuto a sus acreedores en servicios de
la deuda. Se podría proveer bastante comida y agua limpia, sin
mencionar escuelas y clínicas, con 20.000 dólares por minuto,
pero parece que las necesidades de las ricas naciones
acreedoras de recibir estos pagos - marginales para ellos
aunque cruciales para los africanos -, son más importantes.
La tercera paradoja es que, quizá por primera vez en la
historia, el mundo es lo suficientemente rico para garantizar
los derechos económicos, sociales y culturales de cada persona
en la Tierra, aunque poderosas instituciones nacionales e
internacionales se niegan a hacerlo.
La ayuda oficial al desarrollo no sólo ha caído desde el fin
de la guerra fría, sino que las naciones más ricas son
usualmente las que menos contribuyen. Mientras que hace 30
años la ONU marcó la meta de ayuda al desarrollo en el 0,7%
del PIB, Estados Unidos sólo contribuye con el 0,1% de su
producto bruto (PIB). Si todos los países ricos cumplieran con
la meta de la ONU, tendríamos 150.000 millones de dólares en
ayuda oficial - no la miseria de 52.000 millones de dólares en
contribuciones que se hizo el año pasado -. Ni siquiera los
150.000 millones llegarían a cubrir las transferencias netas
desde los países pobres a los países ricos, que, en | | | |