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Una lectura de la realidad venezolana
desde los
derechos humanos |
Servicio
informativo No. 131
10 de diciembre de 2003 |
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1988/2003:
Provea, 15 años por
los derechos sociales y contra la impunidad
NÚMERO ESPECIAL: Presentación del XV Informe Anual de Provea
sobre la Situación de los Derechos Humanos en Venezuela
(Octubre 2002 - Septiembre 2003)
DEDICATORIA
PROVEA: SE DETERIORÓ LA SITUACIÓN DE DERECHOS
HUMANOS EN VENEZUELA
CONTEXTO
DE LA SITUACIÓN
DE LOS DERECHOS HUMANOS
*
Polarización y derechos humanos
*
Breve caracterización del conflicto
* Derechos humanos: Claves para una
administración democrática del conflicto
* Notas
BALANCE DE LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS
Derechos
Económicos, Sociales y Culturales
* Derecho a la Alimentación
* Derecho a la Seguridad Social
* Derechos Laborales
* Derecho a la Salud
* Derecho a la Educación
* Derecho a la Vivienda
* Derecho a la Tierra
* Derechos de los Pueblos Indígenas
* Derecho a un Ambiente Sano
Derechos
Civiles y Políticos
*
Derecho a la Vida
* Derecho a la Libertad Personal
* Derecho a la Integridad Personal
* Derecho a la Manifestación Pacífica
* Derecho a la Seguridad Ciudadana
* Derecho a la Justicia
* Derechos de las Personas Detenidas y
Encarceladas
* Derecho a la Libertad de Expresión e
Información
* Derecho al Asilo y Refugio
A efectos
de este servicio informativo utilice:
coyuntura@derechos.org.ve
Ediciones anteriores disponibles en nuestro
sitio web:
http://www.derechos.org.ve
Agradecemos mencionar la fuente
cuando el contenido sea citado o difundido |
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NÚMERO ESPECIAL: Presentación del XV Informe
Anual de Provea sobre la Situación de los Derechos Humanos en
Venezuela (Octubre 2002 - Septiembre 2003) |
Como todos los
años en vísperas de la presentación del Informe Anual de
Provea sobre la Situación de los Derechos Humanos en
Venezuela, ofrecemos una edición especial de nuestro servicio
informativo "Derechos humanos y coyuntura" con el Contexto y
Balance de Situación de los Derechos Humanos. Con la entrega
de ambos capítulos del Informe, facilitamos a nuestros/as
suscriptores/as una perspectiva general del contenido del
mismo, esperando despertar su interés. Adicionalmente les
ofrecemos la nota de prensa que presenta una síntesis del
trabajo de monitoreo desarrollado por nuestra organización.
Finalmente no queda más que invitarles a consultar el texto
íntegro de esta publicación en nuestro sitio web
http://www.derechos.org.ve, y en caso de estar
interesados/as en adquirirlo, puede contactarnos por el
correo-e:
publicacionesprovea@derechos.org.ve. La oferta de
lanzamiento es de Bs. 35.000 e incluye los gastos de envío
nacional y la más reciente publicación de Provea, de la serie
de formación en derechos humanos "Tener derechos no basta",
"Historia de los Derechos Humanos".
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DEDICATORIA |
En memoria de:
Enmary Dahiana Cava, Joe Castillo y Jorge Nieves, activistas
por los derechos humanos con los que compartimos el sueño de
la justicia y la dignidad;
Wilmer Javier Vásquez, Jacinto Mendoza, Pedro Guerrero, José
Antonio Moyetones y otros dirigentes campesinos asesinados en
medio de la lucha por su derecho a la tierra
De las personas que han muerto desde el año 2001 por la
intolerancia de los actores de un conflicto político que
cuenta en cada bando con víctimas y victimarios.
La paz no es más que la fruta deseada de un árbol que tiene
por raíces a la justicia y la inclusión social; por ramas y
hojas al respeto, protección y garantía de todos y cada uno de
los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y
políticos y de los pueblos y por tronco un conflicto,
necesario y permanente, en medio del cual los débiles se
fortalecen en su lucha por la dignidad, democratizando con
ello a la democracia
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PROVEA: SE DETERIORÓ LA SITUACIÓN DE DERECHOS
HUMANOS EN VENEZUELA |
Los rasgos violentos del conflicto político, la debilidad
del Estado para cumplir con sus obligaciones y el
empobrecimiento de la población, son los principales factores
identificados por el Programa Venezolano de Educación-Acción
en Derechos Humanos (Provea) que incidieron en el deterioro de
la situación de los derechos humanos en Venezuela durante el
período octubre 2002 –septiembre 2003. Así lo expusieron
voceros de la organización en el contexto de la presentación
del XV Informe Anual sobre la Situación de los Derechos
Humanos en Venezuela, efectuada este miércoles 10 de diciembre
en conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos.
“El aumento de la pobreza reconocido por el INE, incide
transversalmente en el deterioro de la situación de los
derechos humanos. La pobreza expresa una vulneración
estructural del derecho a la no discriminación: los sectores
populares encuentran mayores obstáculos para disfrutar de su
derecho a un empleo, a un salario suficiente, a la
alimentación, a la vivienda, a la seguridad social; son las
principales víctimas de la delincuencia y de los atropellos
policiales, con lo que se les vulnera más frecuentemente su
derecho a la seguridad ciudadana, a la libertad personal, a la
integridad y a la vida”, señaló Carlos Correa, Coordinador
General de Provea. Añadió que a ello contribuyó el modo en que
se vive el actual conflicto: “Los conflictos son positivos
para los cambios sociales, pero en Venezuela, reconociendo que
no se ha desbordado la violencia estatal, social o política,
las expresiones de intolerancia de todos los sectores en pugna
inciden en el empobrecimiento del país y en el debilitamiento
del Estado. La competencia por el control estatal entre los
actores políticos, ejercida de una manera que es desleal con
los principios democráticos, junto a la corrupción y los
déficit de gestión, debilitan al Estado en su rol de garante
de los derechos de la población. Por otra parte, los actores
políticos mostraron grandes limitaciones para negociar
mecanismos que permitan administrar institucionalmente los
disensos y la reducción de la violencia en el conflicto”.
El desempleo llegó a su tope más alto en febrero de 2003:
20,7%, y aunque disminuyó en septiembre a 17,8 %, sigue siendo
superior a la cifra del mismo mes del año anterior; el poder
adquisitivo del salario se ha deteriorado, pues el aumento
decretado en mayo de 2003, del 30% fraccionado, no cubrió la
inflación acumulada desde el último aumento, que a septiembre
fue del 37,5%; un 80% de la población económicamente activa,
no cuenta con protección de la seguridad social; el déficit
del salario mínimo para cubrir la canasta alimentaria es de
20%, según fuentes oficiales; solo se cumplió con el 25% de
las metas de construcción de viviendas del año 2002; más de un
millón 885 mil niños, niñas y adolescentes están fuera del
sistema escolar; el número de delitos y de homicidios
registrados en 2002 se incrementó en un 16% y un 21% con
respecto al año anterior; la frecuencia de linchamientos
aumentó en un 47%; los cuerpos policiales son responsables de
un 18% del total de homicidios registrados oficialmente;
aumentaron las muertes ocurridas en las cárceles, llegando a
ser los lugares más inseguros del país por tener una tasa de
homicidios de 1636,7 por cada 100 mil habitantes, mientras que
la tasa nacional, ya suficientemente alta, es de 42 por cada
100 mil habitantes. Junto a un trabajo especial sobre el
impacto del acuerdo del Área de Libre Comercio (ALCA) en los
derechos humanos, los anteriores son algunos de los datos
sobre la situación de los derechos humanos que pueden
revisarse en este informe realizado por Provea. La publicación
podrá adquirirse en su sede, en librerías y también puede ser
consultada gratuitamente en el sitio web de la organización:
http://www.derechos.org.ve.
También hay algunos hechos positivos en el balance de Provea.
En este sentido, Antonio González Plessmann, Coordinador del
Área de Investigación de la organización, destacó por ejemplo
que “el crecimiento de la matrícula escolar se ubicó en 5,6%,
siendo el más alto de última década; la matrícula
creció en todos los niveles del sistema educativo, mayormente
en educación media, 9,6%; se amplió la participación social
por el derecho a la vivienda: en el proceso de regularización
de tierras urbanas se entregaron 30 mil títulos de propiedad,
se crearon 3 mil comités de Tierras Urbanas y mil 50 Mesas
Técnicas de Agua, además, se adjudicaron un millón 171.925
hectáreas de tierras agrícolas bajo directrices políticas
cónsonas con el derecho a la tierra. Asimismo, se mantuvo la
disminución de las violaciones al derecho a la manifestación,
alcanzando la tasa más baja registrada por Provea”.
Para mejorar la situación de los derechos humanos Provea
insiste en la necesidad de un acuerdo político que incluya a
toda la diversidad política y social del país, con amplia
participación social. “Negociar no es traicionar principios,
promesas electorales o postulados constitucionales, sino
buscar acuerdos estratégicos y si ello no es posible, acordar
los modos democráticos de procesar los desacuerdos. Esto
implica organizaciones sociales y partidos políticos fuertes,
honestos, participativos, con propuestas de país y capacidad
de negociación”, señaló Correa. Además, es necesario que se
asuma la superación de la pobreza, mediante el fortalecimiento
de la institucionalidad y la participación, como el principal
reto del país: “La crisis venezolana no tiene el nombre de una
persona, ni se resuelve con la permanencia o salida de un
presidente; se trata de una crisis añejada y el
empobrecimiento sostenido es parte de ella. Hoy no puede
hablarse de democracia sin justicia social. Por eso es
fundamental fortalecer el rol del Estado como principal
promotor de ésta, al tiempo que democratizarlo, hacerlo
transparente y someterlo a controles populares permanentes,
tal como lo señala el Comité de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales de la ONU”, concluyó González Plessmann.
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CONTEXTO
DE LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS
[1] |
La situación de los derechos humanos en Venezuela que se
analiza en el presente Informe está signada por segundo año
consecutivo [2], por una intensa lucha hegemónica, en la que
varios de los actores involucrados irrespetaron la legalidad y
recurrieron a la violencia física [3] y simbólica. Los datos
disponibles muestran que el conflicto se mueve entre las
formas políticas y las violentas, con riesgo de aumento de
estas últimas y por lo tanto, de deterioro aún mayor de la
situación de los derechos humanos.
Durante el período analizado, al menos 18 personas murieron y
186 resultaron heridas por armas de fuego (HAF) en el contexto
de este conflicto político, lo que sumadas a las del período
anterior, da una total de al menos 83 muertes y 230 HAF,
producidos por el uso de la violencia para obtener objetivos
políticos. Adicionalmente, en este período, fueron colocados
21 artefactos explosivos en distintas instituciones, lo que
evidencia un naciente patrón de terrorismo. Las víctimas
fueron personas o instituciones pertenecientes a ambos bandos
de la lucha política y también otras que no forman parte de la
polarización.
A su vez, la violencia discursiva de los principales actores
del conflicto fue un denominador común. Se impuso una
gramática de guerra que, a través de insultos,
descalificaciones y amenazas, presenta al “otro” no como un
adversario sino como un enemigo que compromete la propia
sobrevivencia y al que, por tanto, es necesario hacer
desaparecer del escenario político. Un análisis
interdisciplinario realizado por especialistas de la
Universidad Central de Venezuela (UCV) [4] denunció el
“predominio del discurso amenazante y del insulto como
estrategias de comunicación” [5]. Según estudios de la
especialista en análisis del discurso Maritza Montero, la
agresión verbal parece producir un efecto espiral, ya que fue
el Presidente Chávez quien elevó la magnitud de esta
estrategia comunicacional en 1999 [6], pero actualmente
“recibe muchos más insultos que los que da” [7]. Cabe destacar
que las amenazas de los actores políticos no se dirigen solo
contra las personas, sino también contra las instituciones.
Son comunes, por ejemplo, las declaraciones del Presidente de
la República y otros voceros del Ejecutivo, descalificando o
presionando a otros poderes (como el Electoral o el Judicial),
lo que constituye una vulneración del principio de autonomía,
independencia y colaboración entre los poderes públicos; así
como las amenazas de sectores de la oposición, que insisten, a
veces con eufemismos y otras sin ellos, en una defensa pública
del golpe de Estado como mecanismo para “salir de Chávez”.
Las violencias física y simbólica, se cuentan entre los más
visibles (que no los únicos) efectos y factores
desencadenantes del intenso proceso de polarización social y
política que se vive en Venezuela. Según explica Mireya
Lozada, coordinadora de la Unidad de Investigación en
Psicología Política del Instituto de Psicología de la UCV,
este ambiente polarizado y dicotómico se caracteriza por: “el
estrechamiento del campo perceptivo (percepción estereotipada:
‘nosotros-ellos´); una fuerte carga emocional (aceptación y
rechazo sin matices); c) el involucramiento personal
(cualquier hecho afecta a la persona); d) el quiebre del
sentido común (posiciones rígidas e intolerantes suplantan la
discusión, el diálogo o debate de posiciones diversas); e) las
familias, escuela, iglesias, [trabajos], u otros espacios
sociales de convivencia son obligados a colocarse en alguno de
los polos; g) las personas, grupos e instituciones sostienen
las mismas actitudes de exclusión, rigidez o enfrentamiento
presentes en la lucha política; g) la confrontación aumenta la
solidaridad y cohesión dentro de cada grupo; h) la percepción
mutua es desfavorable, las interacciones hostiles o
inexistentes, el conflicto latente o manifiesto” [8].
Una consecuencia de la polarización que muestra, de manera
paradigmática, la conjunción de las violencias simbólica y
física, es la territorialización del conflicto, que ocurre con
mayor intensidad en la ciudad de Caracas. Un largo proceso de
empobrecimiento y aumento de las desigualdades generó una
polarización social [9] sobre la cual se superpone ahora la
polarización política. Así, los espacios que habitan los
sectores populares son vistos como territorio afecto al
gobierno nacional, y los habitados por las clases altas y
medias altas, como de la oposición. Igualmente, activistas de
ambos bandos han “tomado” o declarado “zonas liberadas” a
algunos espacios públicos de Caracas, tales como la Plaza
Francia de Altamira (tomada por militares declarados en
“desobediencia” al Presidente de la República) o las
adyacencias de la sede de Petróleos de Venezuela (PDVSA) en La
Campiña (tomada por partidarios del gobierno nacional). Una
larga lista de hechos violentos, en los que han sido
asesinados, lesionados, amenazados o humillados partidarios de
ambos bandos o personas que han sido “confundidas”, refuerzan
esta división geográfica. Sería larga e imprecisa una
descripción de estos hechos; particularmente, de las amenazas
y humillaciones que, por ser cotidianas, son poco denunciadas.
No obstante, vale la pena ilustrar con algunos ejemplos.
La artista plástica Elsa Morales fue golpeada en diciembre de
2002 por un grupo de señoras de la oposición que se
encontraban manifestando en la Plaza Francia, al tiempo que le
gritaban: “vete de aquí india chavista… guajira chavista”
[10]. Igual suerte corrieron representantes de los partidos de
oposición COPEI y Movimiento al Socialismo (MAS) los días
13.01.03 y 20.01.03, cuando en el marco de la celebración de
sus aniversarios, fueron agredidos físicamente por partidarios
del oficialismo, quienes impidieron colocar ofrendas florales
ante la estatua de El Libertador en la Plaza Bolívar (Caracas)
[11]. El 06.12.02, luego de que una persona con desequilibrios
mentales y sin aparente motivación política realizara disparos
indiscriminados, asesinando a tres manifestantes de la Plaza
Francia, fue saqueada la casa del partido MVR en El Rosal
(este de Caracas). El 23.03.03, en el contexto de una
manifestación de la oposición en Caricuao (oeste de Caracas),
que fue impedida por simpatizantes del gobierno, una Casa del
partido Acción Democrática (AD) fue destruida. El 01.05.03 el
obrero Numar Herrera, que participaba de la celebración del 1º
de mayo en una marcha de la oposición que llegó al centro de
Caracas, fue asesinado por un particular, aparentemente
simpatizante del oficialismo. Unos meses antes, el 03.01.03,
Jairo Gregorio Morán y Oscar Aponte Gómez fueron asesinados,
aparentemente por personas de la oposición, en el contexto de
una marcha denominada “La Gran Batalla”, que llegó al paseo
Los Próceres (al suroeste de Caracas).
Otro fenómeno que refleja de manera relevante la polarización
territorial es el temor, en capas medias y altas del este de
Caracas, a ser atacados en sus residencias por sectores
populares afectos al oficialismo. En enero de 2003, al igual
que a mediados de 2002, se produjo un intenso debate
electrónico y la creación de grupos de autodefensa vecinal,
con las más insólitas estrategias [12], para enfrentar esta
“amenaza” que nunca se concretó. Cabe señalar que no existen
precedentes en la historia de la democracia venezolana de
ataques masivos de los sectores populares a las viviendas de
otros sectores sociales.
Junto a estos datos, que hacen temer por el desbordamiento de
la violencia política en el conflicto venezolano, existen
otros que apuntan a la posibilidad de administrarlo en un
marco de respeto a la institucionalidad democrática y de
reducción de la violencia. Justamente ese fue el eje
transversal de la Mesa de Negociación y Acuerdos, que se
instaló el 08.11.02 y culminó su trabajo el 29.05.03, y que
estuvo conformada por representantes del gobierno y de la
oposición [13], contando con la facilitación de César Gaviria,
Secretario General de la Organización de Estados Americanos
(OEA) y el apoyo del Programa de Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) y del Centro Carter [14]. Luego de múltiples
desencuentros [15] y formando parte del proceso de
polarización, la Mesa produjo el 18.02.03, en su reunión
número 44, su primer acuerdo: la Declaración contra la
violencia, por la paz y la democracia en Venezuela [16]. Tres
meses después, el 29.05.03, hizo público su segundo y último
producto relevante: el Acuerdo entre la representación del
Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y los
factores políticos y sociales que lo apoyan y la Coordinadora
Democrática [17]. En la actualidad se mantiene un Mecanismo de
Enlace entre las partes, para hacer seguimiento a este
acuerdo.
Si se analizan los productos de la Mesa (la Declaración y el
Acuerdo), a partir de su nivel de cumplimiento, se encuentran,
rápidamente, resultados decepcionantes: el lenguaje político
continuó siendo hiriente e intolerante; continuaron ocurriendo
hechos de violencia, la mayoría de los cuales se mantienen
impunes; la Asamblea Nacional (AN) no sancionó la ley que
pondría en funcionamiento una Comisión de la Verdad para
investigar los hechos de abril de 2002 y otros de violencia
política; los actores no promovieron mensajes de exaltación de
los principios de la paz y la tolerancia o, cuando lo
hicieron, convirtieron estos mensajes en herramientas para
acusar al otro de ser la principal amenaza a estos principios;
los principales medios de comunicación, tanto públicos como
privados, siguieron siendo factores de estímulo a la
polarización; se continuaron presentando hechos de agresión a
trabajadores de los medios de comunicación, la mayoría de los
cuales permanecen en la impunidad; no se vislumbra, ni en el
presente ni en un futuro inmediato, la voluntad de compartir
el espacio político e institucional, en función de la fuerza
social que han acumulado los distintos actores; continuaron
realizándose llamados a la ruptura del hilo constitucional
mediante la participación militar en la “solución” de la
crisis [18], sobre la base de una interpretación inadecuada
del artículo 350 de la Constitución; continuaron existiendo
grupúsculos armados, que levantan las banderas del gobierno
unos y de la oposición otros; se produjeron momentos
prolongados de militarización de organismos civiles de
seguridad ciudadana y no se implementó una campaña de desarme
de la población civil [19]. Es en el tema electoral, apenas,
donde se produjeron avances, aunque no sin incertidumbre,
sobre la posibilidad de realizar procesos inéditos previstos
en la Constitución de 1999, como lo son los referenda
revocatorios del mandato de todos los cargos de elección
popular que arribaron a la mitad del período para el cual
fueron elegidos, incluyendo el del Presidente de la República.
Ello se enmarca dentro de los adjetivos “constitucional,
pacífica, democrática y electoral” con los que la OEA,
primero, y las partes en conflicto, después, caracterizaron el
tipo de solución deseable a la actual expresión de la crisis
política.
Aunque parece un magro resultado, la verdad es que esta Mesa,
que implicó una participación preventiva de la comunidad
internacional [20], jugó un papel importantísimo en la
contención de las formas violentas del conflicto y de la
ruptura de la institucionalidad democrática: no se produjo un
golpe de Estado ni se desbordó la violencia social, política o
estatal. El conflicto, con muchos tropiezos, se ha estado
administrando por los canales institucionales. Es este, sin
duda, su principal aporte.
Pero no solo la Mesa ayudó a evitar el desbordamiento de la
violencia. Las motivaciones y deseos de la sociedad fueron un
factor de primer orden en la contención de la violencia. Según
distintas encuestas, la mayoría de la población rechaza los
golpes de Estado y el uso de la violencia para lograr
objetivos políticos [21]. Al igual que en el período anterior
[22], en este se han desarrollado iniciativas, organizaciones
y eventos, que apuntan hacia una administración no violenta
del conflicto [23]. Son menos visibles, señala Mireya Lozada,
“porque están trabajando por la paz en un contexto en el que
aún no hay guerra y de lo que se trata es de evitarla” [24].
Un contexto, además, en el que la escena mediática ha estado
copada por los discursos más radicales, dado que los medios,
públicos y privados, son parte fundamental de la polarización.
Pese a esto, una cultura democrática de la sociedad venezolana
(que coexiste, sin embargo, con una de tipo autoritario), ha
sido una poderosa protección contra el desbordamiento de la
violencia.
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CONTEXTO
DE LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS
Polarización y derechos humanos |
El modo
polarizado y con rasgos de violencia en que se viene
manifestando el conflicto tiene un impacto directo sobre la
situación de los derechos humanos económicos, sociales,
culturales, civiles y políticos. Las páginas de este Informe
dan cuenta de ello en la mayoría de sus capítulos.
Desde la segunda mitad del año 2001, cuando el conflicto se
radicalizó, fue posible observar el deterioro de los
indicadores de pobreza, desempleo o violencia, así como una
continuidad del debilitamiento de las instituciones del Estado
para hacer frente a estos problemas que inciden
transversalmente en la situación de la mayoría de los derechos
humanos.
Sin pretender una relación jerárquica causal, existen algunos
indicadores que permiten ilustrar lo señalado. En el año 2002,
el PIB cayó 8,9 puntos y en el primer trimestre de 2003 la
contracción fue del 29%, la más importante de los últimos 50
años según el Banco Central de Venezuela [25]. Las
predicciones para el cierre de 2003 varían dependiendo de la
fuente, pero ninguna de ellas es alentadora: una contracción
del 17%, según el Fondo Monetario Internacional [26]; del 12%,
según el directivo del Banco Central de Venezuela, Domingo
Maza Zavala [27] y de un 8,9%, según el Ministro de Finanzas,
Tobías Lóbrega [28]. En febrero de 2003, el desempleo llegó a
su punto más alto en la historia del país, 20,7% [29]; los
hogares pobres pasaron, de ser 2.715.379 en el segundo
semestre de 2002, a ser 2.985.332 en el primer semestre de
2003 [30]. La distribución del ingreso demuestra el
empobrecimiento desigual de la población: el 2do quintil más
pobre, que recibía para 2001 el 9,93% de los ingresos totales,
en 2002 recibió el 7,94%; el 3er quintil recibía para 2001 el
13,07% y para 2002, el 12,64%; el 4to quintil recibía el 23% y
luego 20,88%; sólo ha aumentado el 5to quintil, o 20% más
rico, que recibía el 49,55% en 2001 y en 2002 recibió 54,13%
[31]. Los meses con mayor número de homicidios de los últimos
tres años, han sido diciembre de 2002 y marzo de 2003 [32], es
decir, durante e inmediatamente después del Paro de 2 meses
que vivió el país por esa fecha. Distintos especialistas han
explicado que existe una estrecha relación entre los contextos
de convulsiones políticas y el aumento de la ocurrencia de
homicidios. La violencia delincuencial se mezcla, a su vez,
con la violencia policial que la persigue, estimulando y
siendo estimulada por la vulneración de derechos civiles por
parte de los organismos de seguridad.
Por otra parte, una larga lista de fenómenos explican la
continuidad de la debilidad institucional del Estado para
hacer frente a su deber de respeto, protección y cumplimiento
de los derechos de la población. Al desmontaje neoliberal del
Estado y al enquistamiento de la corrupción, que preexistían
al actual período de gobierno, se le suman los propios déficit
de gestión de la actual administración, la corrupción propia
[33], la recurrencia a lógicas de “operativo”, la tendencia a
asumir las leyes para la designación de autoridades en clave
de “provisionalidad”, argumentando para ello la progresiva
adaptación al nuevo marco constitucional y, particularmente,
la feroz lucha entre los polos del espectro político, por el
control e instrumentalización de espacios de poder dentro del
Estado. Esto hace, por ejemplo, que instituciones como la AN
(donde las fuerzas que apoyan al gobierno tienen una pequeña
mayoría simple), estén, por momentos, prácticamente
paralizadas por la intolerancia y la imposibilidad de mínimos
acuerdos, o que la percepción social sobre los Poderes
Judicial y Ciudadano (Fiscalía, Defensoría y Contraloría) o
sobre los organismos de seguridad sea, con sobrados motivos,
la de espacios parcializados que favorecen a uno u otro bando
político, cuando no a un sector económico. Igualmente, en
cuanto al Ejecutivo Nacional, resulta evidente que el propio
esfuerzo dedicado por los funcionarios que actualmente lo
ocupan para evitar ser destituidos, le resta capacidad para
concretar planes y proyectos. Todo esto afecta negativamente,
sin ninguna duda, la satisfacción de los derechos de la
población.
Por estas razones, es previsible que un aumento de la
polarización y la violencia, de ocurrir, implicará un
deterioro aún mayor de la situación de los derechos humanos.
Por ello, para el activismo pro derechos humanos se convierte
en una labor de primer orden ayudar a una administración
democrática del conflicto. En esta línea se manifestó el
07.10.02 el entonces presidente de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH), Dr. Juan Méndez, en su discurso de
inicio de un nuevo período de sesiones de ese organismo:
“resulta fundamental mantener el debate político en Venezuela
dentro de los cauces de la institucionalidad democrática”
[34]. En idéntico sentido, unos días después, el 10.10.02, se
pronunció el secretario general de la Organización de Naciones
Unidas (ONU), Dr. Kofi Annan, quien instó “al pueblo de
Venezuela [a] que busque soluciones para sus diferencias
basándose en los principios de la democracia y dentro de las
leyes” [35].
Pero el discurso de los derechos humanos no escapa al proceso
de polarización. Tal como señalaron representantes del
secretariado internacional de Amnistía Internacional, luego de
una misión en Venezuela: “las partes implicadas en el
conflicto para lo único que han hecho referencia a los
derechos humanos es para atacar y desacreditar al adversario.
El gobierno, la oposición y los medios de comunicación se han
apropiado de ellos, los han manipulado y distorsionado,
convirtiéndolos en un arma más al servicio de la polarización
y el enfrentamiento” [36]. El discurso pro derechos humanos ha
sido utilizado, con frecuencia, como un coadyuvante de la
exclusión del “otro” y del conflicto violento. Unos para
señalar que, dado que estos derechos están consagrados de
manera abundante y progresiva en la Constitución que fue
redactada por una mayoría oficialista, todo señalamiento de
violación en Venezuela es falaz y obedece a una estrategia
conspirativa; al tiempo que presentan a la oposición como un
bloque coherentemente “antidemocrático”, que constituye la
única y principal amenaza al Estado de Derecho, fortaleciendo
con ello el imaginario que convierte a su adversario en un
enemigo peligroso para la propia sobrevivencia. Otros para,
mediante la repetición de denuncias temerarias amplificadas
por medios de comunicación privados, deslegitimar al gobierno,
al punto de presentarlo como una “dictadura comunista” y
“protectora de terroristas” que debe ser derrocada para
recuperar la “libertad perdida” o como un “Estado Paria” que
acabó con las libertades públicas, frente al cual la comunidad
internacional debería actuar de inmediato. En este caso, se
trata de coartadas de un golpe de Estado o de una intervención
internacional indebida, que apuntan a la construcción de un
imaginario que actúa en el mismo sentido que el estimulado por
el bando contrario.
En este escenario, minado de intolerancia y fragmentación de
los principios, resulta compleja una acción pro derechos
humanos, autónoma, que no le haga el juego a quienes, desde
cada bando, estimulan la violencia. Frente a ello, Provea
ratifica la universalidad de los derechos humanos (son
derechos de todas y todos) y la defensa del derecho a la no
discriminación como eje transversal de estos. Ratifica el uso
de los mismos estándares técnicos que han guiado su trabajo en
los últimos 15 años y también su visión fundacional: “es
independiente y autónoma de partidos políticos, grupos
económicos, instituciones religiosas, organizaciones
internacionales o gobierno alguno” [37]. Desde esta
perspectiva, e intentando contribuir a mantener el conflicto
dentro de los márgenes de la institucionalidad [38], Provea
denuncia la naturalización de la violencia política,
independientemente de quienes sean las víctimas y los
victimarios; defiende la institucionalidad democrática,
cuestionado todo llamado a golpes de Estado y todo grave abuso
de poder; insiste en que el principal problema del país es la
exclusión social y el principal reto su superación; reivindica
y estimula el protagonismo de los sectores populares en la
lucha por sus derechos humanos, pues son estos sectores, en el
pasado y en el presente, las principales víctimas de violación
a estos derechos; mantiene su lucha contra la impunidad,
porque sin justicia no existen posibilidades reales y
duraderas de despolarización; estimula el debate en torno a
ideas, proyectos y medidas del gobierno y la oposición, en
función de evaluar su consistencia con los derechos humanos;
solicita a los actores políticos, incluyendo a los medios de
comunicación, una actitud plural y desestigmatizadora; difunde
acciones favorables al diálogo y la tolerancia, para ayudar a
combatir su invisibilización y reivindica el conflicto como
motor de los cambios democráticos, porque los procesos de
construcción de justicia y dignidad de los sectores excluidos
son procesos conflictivos que, no obstante, pueden ser
administrados democráticamente. Nada de esto equivale a una
equidistancia entre los sectores enfrentados o a una
perspectiva de “justo medio”. Se trata de un eje distinto (el
de la violación o el respeto, protección y garantía a los
derechos humanos, sin discriminación) en el que Provea no es
neutral, pues está parcializada a favor de las víctimas y sus
derechos, independientemente de quiénes sean estas y quiénes
sus victimarios, qué piensen políticamente o cuál sea su
origen étnico o social.
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CONTEXTO
DE LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS
Breve caracterización del conflicto |
A diferencia
de Informes anteriores, en los que el capítulo “Contexto”
estaba dedicado a analizar los temas más relevantes del año,
en este se prefirió intentar una breve caracterización del
conflicto venezolano, con la esperanza de aportar un punto de
vista al necesario diálogo en torno a su diagnóstico, como
paso previo al diseño de estrategias que apunten a su
administración más democrática. No obstante, para no dejar
vacíos, se incluyó en la sección “Anexos”, una cronología de
algunos de los hechos más relevantes del período, entre los
que destaca, por supuesto, el Paro de dos meses llevado a cabo
por la oposición (02.12.02 a 02.02.03) y los saldos negativos
en vidas humanas que dejó la violencia entre ambos bandos, sin
que el Estado haya dado una adecuada respuesta en términos de
prevención, investigación, sanción y reparación.
Antecedentes del conflicto
El actual conflicto venezolano no nace “de la nada”, ni
tampoco a partir del demasiadas veces sobredimensionado
“Factor Chávez”. Se trata de la entrada en resonancia de, al
menos, tres crisis o conflictos que se vienen manifestando sin
resolverse desde la década de los 80 y que hoy son intensos
detonantes de la polarización: una crisis socioeconómica,
una crisis político institucional y una crisis de
incertidumbre frente al modelo de desarrollo.
La crisis socioeconómica se expresa en el deterioro,
durante las últimas dos décadas, de los indicadores del PIB,
que oscilaron entre el bajo crecimiento y el decrecimiento
desde 1979 hasta 2002 [39]; los indicadores de desempleo, que
era menor al 5% en 1978, aumentó al 10% en 1990 y llegó, como
ya se dijo, al 20,3% en febrero de 2003 [40]; o los de la
desigualdad medida por el índice Gini, que era de 0,48 en
1979, de 0,51 en 1986 y de 0,53 en 1999 [41].
Estos datos demuestran que el país no sólo se empobreció
sostenidamente en estos años, sino que unos (los más) se
empobrecieron más que otros, generándose un verdadero abismo
entre ricos y pobres. En palabras del especialista del
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la
Universidad Católica Andrés Bello (IIES/UCAB), Matías Riutort:
“en el período 1975-1997 el porcentaje de pobres creció
constantemente y la pobreza se hizo más intensa. La brecha
entre el ingreso medio de los pobres y la Línea de Pobreza se
hizo cada vez más amplia. El pobre promedio se ha hecho más
pobre. La severidad de la pobreza aumentó en forma sostenida,
lo cual implica que la pobreza se hizo más crítica […] la
pobreza aumentó en forma importante en el período 1975-1997
aumentaron la incidencia, la profundidad y la severidad” [42].
Esos niveles de pobreza y desigualdad, que terminaron por
configurar un verdadero “apartheid social” [43], con todo y
los imaginarios que ello implica, interpelan a la democracia
en cuanto a su capacidad de garantizar igualdad de derechos a
las mayorías sociales. La expresión paradigmática de esta
crisis es, sin duda, la rebelión popular del 27.02.89 y la
respuesta estatal represiva de los días posteriores.
La crisis político institucional es producto del
colapso del sistema de conciliación de élites establecido a
partir de 1958, conocido como Pacto de Punto Fijo. Este pacto,
que lleva desde su nacimiento el sello de la exclusión del
Partido Comunista de Venezuela (PCV) y de los sectores de
izquierda de AD, permitió la alternancia en el poder de AD
(socialdemócrata) y Copei (socialcristiano) durante 35 años. A
partir de los años 80 su crisis se expresó en la creciente
pérdida de capacidad de los partidos tradicionales para
facilitar mediaciones efectivas entre el Estado y la sociedad;
en el aumento de la abstención electoral, que pasó de 3,3% en
1968 a 12,5% en 1978, a 18,1% en 1988 y a 39,8% en 1993 [44];
en 2 intentos de golpe de Estado (febrero y noviembre, 1992);
en la salida de Carlos Andrés Pérez de la Presidencia en medio
de un juicio por corrupción y una intensa movilización social
(1993); en el ascenso electoral de un partido distinto a los
tradicionales, como lo fue la Causa R (1993); y en los
triunfos electorales de las propuestas de Caldera (1993) y
Chávez (1998), que eran críticas al bipartidismo y a la
corrupción a ello asociada; mucho más radical en el segundo
caso. El colapso del antiguo pacto no dio lugar, sin embargo,
a un nuevo acuerdo, de distinto tipo y más incluyente; y el
debilitamiento de las organizaciones políticas no ha sido
superado. Por el contrario, los actores que intervienen en la
política demostraron un gran déficit en el cumplimiento de su
desempeño democrático, negociador y facilitador de
mediaciones.
La crisis por incertidumbre frente al modelo de desarrollo
es producto del agotamiento del paradigma de la
industrialización por sustitución de importaciones, así como
del intento de reemplazarlo con programas de ajuste
estructural de corte neoliberal que no lograron reducir la
pobreza, aumentaron la inequidad y fueron rechazados por la
población en la calle y en las urnas electorales [45]. Hasta
el presente, no se ha logrado un mínimo consenso en torno a un
modelo de desarrollo que sume la voluntad de diversos actores,
produciéndose importantes confrontaciones en torno a los roles
que deben jugar el mercado y el Estado en el proyecto
nacional.
¿Por qué hay conflicto? [46]
La cara más visible del conflicto venezolano, tras la que se
esconden otros factores sin duda más relevantes, es la lucha
por la permanencia o salida de Hugo Chávez de la Presidencia
de la República.
Chávez llegó a la presidencia con la promesa electoral de
realizar una “revolución democrática”. Según la definición del
Ministerio de Planificación y Desarrollo (MPD), esta promesa
implica un “proceso de control democrático de los instrumentos
de poder [y] la construcción de un bloque de fuerzas sociales,
políticas e institucionales sobre las cuales debe sustentarse”
[47] . La primera etapa de este proceso supone, junto al
cambio constitucional (ya logrado), “el desplazamiento de las
élites que dominaron el escenario político en las últimas
décadas” [48].
La más evidente de las razones del conflicto es, justamente,
la incompatibilidad entre oposición y gobierno por sus
objetivos de control estatal. Ello genera permanentes
tensiones entre las nuevas élites que accedieron al poder en
1999 y las anteriores élites políticas que actúan en alianza
con sectores empresariales, comunicacionales, militares, de la
antigua gerencia de la estatal petrolera (PDVSA), nuevos
liderazgos políticos y sectores disidentes del oficialismo.
Cabe resaltar que en un país como Venezuela en donde los
recursos petroleros son propiedad del Estado, este concentra
una posición estratégica privilegiada para ejercer poder.
Pero la lucha por el control del poder estatal, por más
relevante que sea este poder, no es la única razón del
conflicto. El enfrentamiento entre el Gobierno Nacional, los
sectores que lo apoyan y los que lo adversan, ocurre, además,
por factores vinculados con las crisis a las que se aludió: a)
divergencias en cuanto a los "proyectos de país"
enarbolados por cada bando que, en aspectos relevantes, son
incompatibles y; b) divergencias sobre los medios o
estilos de la política. Estos dos factores dieron lugar a un
tercero, que es fundamental para explicar la movilización
social: c) la sensación de exclusión de algunos
sectores (y el temor movilizador que esto genera) o de
inclusión de otros (y la gratificación movilizadora que
ello genera), a partir de la acción, las propuestas y los
discursos del gobierno y la oposición.
Incompatibilidades en los “proyectos de país”. El
Proyecto del gobierno de Chávez está reflejado, tanto en la
Constitución de 1999 (elaborada por la mayoría oficialista en
la Asamblea Nacional Constituyente -ANC- y posteriormente
aprobada por votación popular), como en las “Líneas Generales
del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación
2001-2007” [49], que establecen 5 equilibrios o ejes:
económico, social, político, territorial e internacional.
La oposición no presentó aún públicamente su Proyecto, pese a
que existe uno elaborado por la comisión Proyecto País de la
coalición opositora (Coordinadora Democrática - CD) [50]. No
obstante, existen cuatro documentos unitarios en los que se
hacen visibles algunas de sus principales líneas estratégicas
de preocupación. Estos son: las “Bases para un Acuerdo
Democrático” [51] , suscrito por la Confederación de
Trabajadores de Venezuela (CTV) y la Federación Venezolana de
Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción (Fedecámaras)
con el apoyo de la Iglesia Católica, unas semanas antes del
golpe de Estado de abril de 2003 (05.03.02); el “Pacto
Democrático por la Unidad y la Reconstrucción Nacional” [52] ,
firmado, primero por miembros de la CD (17.10.02) y
posteriormente por esta instancia y los militares declarados
en “desobediencia” (11.11.02); la “Agenda de Reconstrucción de
la República de Venezuela” [53] , elaborado por la Comisión
Proyecto País de la CD (04.01.03) y más recientemente, el
“Acuerdo por la Unidad y la Democracia” [54], firmado por los
miembros de la CD (07.08.03). De ellos, es la “Agenda…” el que
contiene mayor cantidad de líneas estratégicas. La Agenda
resume, en función de cuatro ejes (social, económico,
institucional y político), “40 puntos de consensos alcanzados
por la Comisión Proyecto país de la Coordinadora Democrática”
[55].
Tanto las “Líneas…” como la “Agenda…” asumen a la pobreza como
el principal problema a resolver. No obstante, al
contrastarlas surgen algunos temas que expresan importantes
contradicciones. Entre ellos, los más relevantes son la
política petrolera, la política internacional y las
dimensiones de la participación militar [56]. Además, hay un
eje de confrontación que es transversal a varias de las líneas
estratégicas esbozadas por los dos bandos: pese a que ambos
parten del supuesto de una economía capitalista o liberal
[57], el proyecto del gobierno subraya más la participación
del Estado en distintos ámbitos de la vida colectiva, mientras
que el de la oposición la diluye. Si hubiera que definir un
tema central de la confrontación entre ambos proyectos,
tomando solo como referencia los documentos mencionados, ese
sería el del rol del Estado. Esta línea de análisis cobra
mayor relevancia cuando se analizan otros debates entre el
gobierno y la oposición, tales como los ocurridos a propósito
de la ley de tierras y la propiedad privada, el carácter
público, mixto o privado del sistema de seguridad social, los
beneficios o riesgos de la liberalización del comercio en el
contexto de los debates sobre la Organización Mundial de
Comercio (OMC) o el Acuerdo de Libre Comercio para las
Américas (ALCA), las acusaciones que el gobierno le formula a
la oposición (“neoliberales”) y esta a aquel (“comunistas”) o
las estrechas relaciones o simpatías del gobierno con países
liderados por distintos tipos de izquierda (como Cuba,
Argentina y Brasil) y de la oposición, con países liderados
por liberales (como EEUU, Colombia y España) [58].
En materia económica, es en el tema petrolero donde se hacen
más evidentes las contradicciones. El proyecto de gobierno
propone la presencia del Estado como único dueño y rector de
industrias estratégicas como PDVSA [59] y la política
permanente de defensa de los precios petroleros en el marco de
los acuerdos pactados en el seno de la Organización de Países
Exportadores de Petróleo (OPEP) [60]. La oposición propone
“Dar autonomía a PDVSA [...] auspiciar un cambio de una
relación Petróleo-Estado a una de Petróleo-Sociedad, donde se
abra el espacio para la democratización del capital de la
industria de los hidrocarburos, para que haya una mayor
participación ciudadana en el recurso petrolero y gas a través
de distintas vías a explorar, como por ejemplo se pueden
mencionar: la profundización de la apertura petrolera; la
creación de un Fondo de Ahorro Intergeneracional (FAI); y/o la
creación de Fondos de Pensiones apalancados por la regalía
petrolera y de gas” [61] . Propone igualmente revertir los
acuerdos OPEP, priorizando acuerdos energéticos hemisféricos
(en donde EEUU es el principal factor de incidencia por su
capacidad de compra e inversión) e incrementando la producción
para recuperar mercados perdidos [62].
En materia internacional, el gobierno propone la simetría de
la comunidad de naciones, prioriza el diálogo Sur-Sur y, en
particular la integración latinocaribeña [63], así como una
relación más estrecha con los socios árabes de la OPEP, todo
lo cual implica algunas diferencias con EEUU, el principal
socio histórico de la política internacional venezolana. La
oposición plantea redefinir las relaciones internacionales, la
“recuperación de la imagen y la confianza internacional” [64]
y señala una agenda que está en sintonía con las principales
preocupaciones de los EEUU: “auspiciar con éxito nuestra
inserción en un mundo globalizado mediante la integración
hemisférica (ALCA) y global (OMC) [e] Incorporar activamente
al país en los programas de lucha contra el terrorismo y
narcotráfico” [65].
En cuanto al tema militar, el gobierno asigna a la institución
castrense labores que no son típicamente militares (basándose
en su misión constitucional de una “participación activa en el
desarrollo nacional” [66]), tales como las realizadas en el
contexto del Plan Bolívar 2000 [67]. Estas labores,
particularmente por el modo en que se realizan, pueden
entenderse como una instrumentalización política de la Fuerza
Armada Nacional (FAN). Por otra parte, en la Constitución de
1999, las fuerzas pro gobierno redujeron los límites a la
deliberancia militar y eliminaron la prohibición de ejercer
simultáneamente la autoridad militar y civil por un mismo
funcionario [68]. La oposición, y esto es un leit motiv de los
documentos analizados, reivindica una institución castrense
que no apoye ningún proyecto político, que esté sujeta al
poder civil, que no delibere políticamente y que aumente su
capacidad operacional [69].
Incompatibilidades en los medios. La historiadora y
analista política Margarita López Maya, citando al sociólogo
Barrington Moore, explica que “toda sociedad establece los
límites permitidos para quienes gobiernan y quienes son
gobernados en aras de la convivencia social. Estos límites
pueden estar explícitos, como en la Constitución o implícitos
como en costumbres y modos de comportamiento. Cuando alguna de
las partes, autoridad o gobernado viola esos límites, se
produce indignación moral y sentimientos de injusticia que
impulsan la rebeldía” [70].
Desde el inicio del período de gobierno del Presidente Chávez,
algunos de estos límites (legales y extralegales) fueron
vulnerados. López Maya señala, en cuanto a la responsabilidad
que recae sobre el gobierno: la aprobación de leyes medulares
a su proyecto político sin someterlas al necesario debate
democrático (como las leyes aprobadas mediante mecanismo
habilitante, 2001), el uso de símbolos de fuerza para
amedrentar a la oposición, el discurso pugnaz, discriminatorio
y ofensivo, descalificando a sus opositores y exponiéndolos al
escarnio público y el intento de cooptar o ahogar a
organizaciones sindicales como la CTV (como el referéndum
sindical, 2000) [71]. Efectivamente, como se señalará en el
Informe anterior [72], estos elementos, que implican medidas
gubernamentales y el despliegue de un estilo político, que han
sido cuestionados por Provea desde una perspectiva de derechos
humanos [73], tuvieron una gran incidencia en los procesos de
articulación de la oposición, en el último trimestre de 2001.
De estos elementos, conviene destacar el uso de símbolos de
fuerza, por el impacto que ello tiene en el escenario
político. El Presidente instrumentalizó discursivamente a la
FAN, en beneficio de su proyecto político. Algunos patrones de
este discurso presidencial son el uso de símbolos militares
(escenarios militares, trajes militares, actos militares) para
formular críticas a sus adversarios; la separación
“ellos-nosotros”, según la cual “ellos” son los ricos y
“nosotros” los pobres, el gobierno y la FAN y la idea de que
el pueblo pobre está armado porque cuenta con su FAN y estaría
dispuesto a utilizar esas armas para defender su proyecto
(“Mientras ellos tocan cacerolas, los ricos que aquí viven, el
pueblo anda en F-16” [74], “esta revolución es pacífica pero
no está desarmada” [75]). Los ejemplos de discursos
gubernamentales en esa línea sobran y algunos ya fueron
reseñados en Informes anteriores. A finales de 2003, el
Presidente llamó a los militares a “empuñar su espada para
defender las garantías sociales” [76] y les pidió escoger, si
llegara el momento, “... -con los fusiles en la mano- qué
hacer, hacia dónde apuntar los fusiles: si al pecho de la
oligarquía traidora o al pecho del pueblo noble de Venezuela”
[77]. Como se sabe, en el ordenamiento jurídico venezolano,
las garantías sociales no son competencia de la FAN y, en un
“momento” imaginario o por llegar, esta institución no debería
disparar al pecho de nadie, independientemente de su condición
socioeconómica.
En cuanto a la oposición, López Maya señala su “crónica
ambigüedad de propósitos” [78], en referencia a las vías
intentadas para “salir de Chávez”, que oscilan entre las
institucionales y las de fuerza; estas últimas, abierta o
solapadamente intentadas.
En efecto, pese a que la oposición ha sido crítica de la
politización de la FAN impulsada por el gobierno, a partir de
2002 se hizo evidente que utilizaba la misma estrategia que
este para lograr sus objetivos políticos. En febrero de ese
año se expresó claramente el cisma de la FAN, produciéndose
una altísima deliberancia de funcionarios de esta institución
a partir de lo que algunos analistas llamaron “el goteo
militar”, para aludir a las declaraciones públicas de varios
oficiales que rechazaban al Presidente y exigían su renuncia.
El discurso de la oposición fue progresivamente cargándose de
apologías a la deliberancia de militares disidentes (que
fueron recibidos en actos masivos como líderes) y de llamados
a una intervención militar. Líderes como Carlos Ortega [79],
presidente de la CTV o Elías Santana [80], dirigente de la ONG
Queremos Elegir se manifestaron en ese sentido. El 11.04.02 se
produjo el golpe de Estado, que fue revertido 48 horas después
y que fue analizado en el Informe anterior. Sin embargo, los
llamados a un nuevo golpe de Estado no han cesado.
Los militares que participaron en el de abril de 2002 no
fueron sancionados [81]. Nadie, en la oposición, cuestionó la
impunidad de la ruptura del hilo constitucional. Por el
contrario, la tesis de que no hubo golpe de Estado o que este
solo se produjo a partir del Decreto Nº 1 de Pedro Carmona
Estanca [82], exonerando con ello a los militares golpistas,
es la que priva en el discurso público de prácticamente toda
la oposición venezolana. Desde octubre de 2002 hasta el cierre
de este Informe, un grupo de militares activos, sumados a los
que participaron en el golpe de abril, se declararon en
“desobediencia” y se instalaron en la Plaza Francia, en una
atípica protesta castrense con características
insurreccionales que, sin embargo, no ha sido debidamente
sancionada. Esta acción fue recibida con beneplácito por masas
y líderes de oposición. Unas semanas más tarde, la CD firmó
con esos militares el “Pacto Democrático por la Unidad y la
Reconstrucción Nacional”, que fue comentado supra. En el
contexto del Paro de 2 meses realizado por la oposición
(diciembre 2002-febrero 2003), fueron constantes los llamados
de los líderes de la protesta a una intervención militar,
mediante una especie de cadena diaria de los medios privados
de comunicación que se sumaron al Paro. Algunos analistas de
oposición moderada denunciaron la aspiración golpista de los
líderes del Paro [83].
En marzo de 2003, Carlos Ortega emitió una declaración que
parece corroborar esa tesis y que guarda correspondencia con
sus intervenciones públicas desde el año anterior: “todas las
condiciones para la caída del régimen están dadas, solamente
nos falta un solo elemento: el factor militar [...]. En un
momento dado va a surgir del seno de la Fuerza Armada esa
identificación con la población venezolana. Más temprano que
tarde se producirá la reacción -y no estoy conspirando-,
porque esa gente no puede mantenerse cruzada de brazos y de
espaldas a la realidad que vive Venezuela en estos momentos”
[84]. En octubre de 2003, al cierre de este Informe, Manuel
Cova, presidente encargado de la CTV y representante de la
oposición en la Mesa de Negociación y Acuerdos, se pronunció
en un sentido similar: “Ese día [el de la recolección de
firmas para solicitar el referéndum revocatorio del Presidente
Chávez] estaremos, con esos 4 millones de rúbricas [cifra
estimada por él, que recogerá la oposición], enviando un
mensaje a la Fuerza Armada y a la opinión internacional” [85].
El ejemplo más extremo de este discurso golpista, dentro de la
oposición, es el de la agrupación Bloque Democrático. En un
reciente comunicado dirigido al “Cuerpo Diplomático Acreditado
en Venezuela” y a la “Organización de Estados Americanos”
señaló: “...inexplicablemente, en el caso del totalitarismo
venezolano, ustedes siguen propiciando salidas ‘pacíficas y
electorales´, y condenando de antemano la participación de la
Fuerza Armada en la solución de la crisis; pese a que la
intervención militar está plenamente justificada y contemplada
en los artículos 326, 328, 333 y 350 de nuestra Carta Magna”
[86].
De los distintos temas conflictógenos vinculados con los
medios o estilos de la política, hemos relevado el uso de lo
militar, porque evidencia, como ningún otro, su
incompatibilidad con los principios democráticos y constituye
la mayor de las amenazas de un desbordamiento de la violencia.
Sensación de exclusión e inclusión. Los discursos de
ambos bandos, que amenazan con la violencia (la social, la
política o la estatal, particularmente la de la FAN), hacen
sentir a los propios líderes de cada bando, el temor de ser
aniquilados, y no solo metafóricamente. Coloca el juego
político en una situación de suma-cero en la que los actores
perciben que si no lo “ganan todo ahora, después será
demasiado tarde”.
Este elemento se conjuga, a su vez, con la composición
socioeconómica de los polos en conflicto y se extiende
entonces más allá de las élites dirigentes. Como se ha dicho,
la polarización política actual solapa una polarización social
previa. Sin ser cierto que todos en los sectores populares son
“chavistas”, sí lo es que ahí se encuentra la mayor base de
apoyo del proyecto de gobierno. También, como lo reconocen
varios analistas de oposición [87], que el discurso
presidencial gratifica e incluye a los sectores populares. El
editor y ex ministro de Planificación de la administración
Caldera, Teodoro Petkoff, señala al respecto: “Su único logro
[el de Chávez] es haber despertado la nación a la evidencia de
que la pobreza existe y pesa. Ningún otro gobernante lo había
hecho con tanta fuerza. Aunque su gestión ha empeorado a los
pobres, subsiste, sin embargo, en una parte todavía
significativa de la población más humilde, el vínculo afectivo
y emocional con él, porque en cierta forma, ha dado un sentido
de identidad y de pertenencia a los excluidos, una voz a los
que no la tienen” [88]. El sacerdote jesuita y politólogo,
Arturo Sosa, comenta en la misma dirección que “...[se trata
de] un liderazgo con una gran capacidad de conexión con el
mundo popular, su manera de comunicarse le mantiene muy
vinculado a las aspiraciones de la gente, lo que excusa los
errores del gobierno: porque no lo dejan gobernar, por el
saboteo que hubo con el Paro. Entonces se ve mucho menos las
ineficiencias y las contradicciones…” [89].
Estas razones, aunque no son las únicas, explican por qué una
parte importante de la población se moviliza para respaldar al
proyecto de gobierno, ayudan a comprender, a su vez, por qué
otra parte de la población, también importante, se siente
excluida y amenazada por ese proyecto. Si se suma la opción
por los pobres y la retórica antioligárquica, el recurso
discursivo que amenaza con el uso de la fuerza y los símbolos
de izquierda del discurso gubernamental, se comprende mejor
que los sectores medios y altos, en donde se concentra el
mayor rechazo al proyecto de gobierno, y donde el sentido
común es mayoritariamente liberal, sientan la exclusión y
teman que se afecte sus intereses. Es en estos sectores en
donde la “amenaza del comunismo” es más creída y temida.
Como señala Petkoff en el texto ya citado, “el país está
cargado de miedos. Unos temen al ‘castro-comunismo’ , otros
temen al ‘pinochetismo’ . Los miedos generan odios y los odios
agresividad” [90]. Esa agresividad, generada por el temor es,
a su vez, un coadyuvante de la polarización. Así, muchos de
los ataques de la oposición al gobierno, terminan siendo
ataques a los sectores populares [91] que lo apoyan y muchos
de los ataques del gobierno a la “oligarquía”, realmente
terminan teniendo un impacto en sectores medios que nada
tienen que ver con aquella.
¿Quiénes son los principales protagonistas del
conflicto?
El fenómeno de la polarización implica que la mayor parte de
la población tome posición a favor o en contra del proyecto
del actual gobierno, aunque los sectores radicales o
intolerantes, en cada bando, sean una minoría. A mediados de
2003, sin embargo, y probablemente por hastío frente a la
polarización, comenzó a hacerse más visible en las encuestas
un sector, aunque no mayoritario, que no se siente plenamente
reflejado por ninguno de los polos [92]. La toma de posición
por parte de la mayoría de la población, hace que un
protagonista importante del conflicto sea esa población que
participa de marchas, concentraciones de calle u otras
manifestaciones políticas, aunque no esté necesariamente
organizada ni responda a una visión política coherente.
Según diversos estudios de opinión pública, en términos
socioeconómicos, el apoyo más fuerte de la oposición se
concentra en los sectores medios y altos y el más fuerte del
gobierno entre los sectores populares [93].
Los sectores que componen la oposición. La mayoría de
la oposición organizada está articulada en la Coordinadora
Democrática (CD), cuyo nacimiento formal se produjo en junio
del año 2002 y su primer embrión en febrero del mismo año
[94]. Según información publicada en su sitio web, está
conformada por 25 partidos políticos, 20 organizaciones no
gubernamentales (ONG), el principal gremio de trabajadores
(Confederación de Trabajadores de Venezuela -CTV-) y el
principal gremio de empresarios (Fedecámaras) [95]. También
coordina su trabajo con los gobernadores y alcaldes de
oposición y con los principales medios privados de
comunicación [96].
Otros sectores que forman parte de la oposición, pero no de la
CD, son los oficiales militares declarados en “desobediencia”
en la Plaza Francia y la coalición Bloque Democrático.
Existen, igualmente, dos grupúsculos armados que forman parte
del espectro opositor. Uno de ellos es las Autodefensas Unidas
de Venezuela (AUV), que han emitido comunicados que encuentran
sintonía con el estilo y propósito de sus pares colombianas.
El otro no es propiamente un grupo con discurso público, pero
se hizo evidente su existencia a partir de la investigación
policial de diversos atentados terroristas ocurridos en
Caracas. Según las pesquisas policiales, conocidas
públicamente, se trataría de un núcleo armado vinculado a
miembros del equipo de seguridad de los militares disidentes
de Altamira.
Los principales partidos que conforman la CD son: Acción
Democrática (AD), Copei, Proyecto Venezuela, Primero Justicia,
Unión, Movimiento al Socialismo (MAS), Causa R, Solidaridad,
Alianza al Bravo Pueblo y Bandera Roja. A partir de la
participación de sus principales dirigentes en el debate
público, se puede señalar [97] que, salvo Bandera Roja (un
partido minoritario que se define como marxista leninista),
todos los partidos de oposición son de inspiración liberal
socialdemócrata o socialcristiana.
Las más conocidas de las ONG que conforman la CD son: Queremos
Elegir, Asamblea de Ciudadanos, Asamblea de Educación, Frente
Institucional Militar, Visión Emergente, Movimiento 1011,
Mujeres por la Libertad y Gente del Petróleo [98]. La mayoría
de los miembros de estas organizaciones proviene de los
sectores medios de la población y su inspiración es
fundamentalmente liberal. Gente del Petróleo es la más grande
de ellas, aunque la de más reciente conformación (puede
entenderse, incluso, más como un movimiento social que como
una ONG). Sus integrantes son personas despedidas de la
industria petrolera estatal (PDVSA) y sus principales líderes
son ex gerentes petroleros.
Los medios privados más activos de la oposición son los
principales canales de TV: Venevisión, RCTV, Globovisión,
Televen; y los diarios El Nacional y El Universal. Son
empresas privadas y defienden interesas corporativos.
Fedecámaras es el principal gremio empresarial y actúa en
función de los intereses de sus afiliados. La CTV está
dirigida por los partidos AD, MAS, Causa R y Bandera Roja.
El liderazgo de la oposición ha variado dependiendo de la
coyuntura. Sin embargo, un factor importante de liderazgo es,
paradójicamente, un sector distinto a los partidos políticos:
los principales medios privados de comunicación. A finales de
2002, Henry Ramos Allup, presidente de AD, señaló: “Muchas
veces las decisiones de la CD se toman por la presión de
opinión de los medios, por lo que digan algunos comunicadores
sociales y grupos de interés” [99]. Este hecho es compartido
por varios analistas políticos. Entre ellos, el editor Eleazar
Díaz Rangel, quien señala que dentro del “poder mediático hay
sectores que son determinantes en el manejo de la agenda y del
menú de la política opositora, más allá de los partidos
políticos [...]. De todos esos factores [se refiere a los
factores que conforman la oposición], el que tiene capacidad
para movilizar y formar opinión pública son los medios de
comunicación” [100]. Otros políticos de oposición han
resentido este rol de liderazgo de los medios y sus
implicaciones. Según el periodista Sebastián de la Nuez,
Eduardo Fernández, dirigente de COPEI, “habló [...] de que se
ha sentido prácticamente censurado en los canales de
televisión… [Felipe] Mujica [dirigente del MAS] dijo algo
parecido, ya que al manifestar su rechazo al paro nacional de
diciembre pasado, sintió que era vetado en los medios
audiovisuales de señal libre” [101].
Otro de los factores que juegan un rol importante dentro del
liderazgo opositor, son los partidos Acción Democrática,
Primero Justicia, Copei y Proyecto Venezuela. El primero
porque es uno de los pocos partidos que tiene una estructura
nacional fuerte; los otros, porque entre sus liderazgos se
encuentran los más conocidos precandidatos presidenciales de
la oposición. También Fedecámaras, la CTV, la Gente del
Petróleo y algunos de los militares de alto rango declarados
en “desobediencia” fueron, en distintos momentos, factores
relevantes del liderazgo.
En la oposición existen diferencias en cuanto a las “formas de
lucha”, entre aquellos que apuestan a las “vías rápidas”
(golpistas abiertos o solapados) y quienes apuestan a los
mecanismos de la institucionalidad democrática para “salir de
Chávez” [102]; aunque cabe decir que en este terreno hay
quienes han transitado ambas formas de lucha alternativamente.
Luego del paro realizado entre el 02.12.02 y el 02.02.03, ha
prevalecido la vía institucional, centrada en el referéndum
revocatorio. Sin embargo, en el contexto del proceso de
recolección de firmas para intentar activar referenda
revocatorios, que se iniciaba al cierre de este Informe,
resurgieron discursos que alentaban al sector militar a
intervenir para definir el panorama político.
Los sectores que apoyan o componen el Gobierno. Las
fuerzas que apoyan al Gobierno se han articulado en distintas
instancias a lo largo de los últimos 4 años, bien con motivos
electorales (el “Polo Patriótico”), bien con la intención de
coordinar el trabajo político y de gobierno (el “Comando
Político de la Revolución”). Estos espacios articulan a
partidos políticos, organizaciones de base y movimientos
sociales.
Por otra parte, también existen grupúsculos armados que han
emitido pronunciamientos de apoyo al gobierno, aunque no
forman parte de ninguna instancia formal de articulación.
Ellos son: las Fuerzas Bolivarianas de Liberación (FBL), una
guerrilla que estaría operando en los estados Barinas, Táchira
y Apure; los “Carapaica” y el comando “Nestor Zerpa Cartolini”
Los principales partidos que apoyan al gobierno son el
Movimiento Quinta República (MVR), Patria Para Todos (PPT),
Podemos y el Partido Comunista de Venezuela (PCV). Salvo este
último (que es un partido clásico marxista- leninista, muy
pequeño), el resto puede caracterizarse, en términos
generales, como socialdemócratas de izquierda. En el MVR, que
es el principal partido de gobierno, confluyen militares
retirados (nacionalistas y/o conservadores) y sectores de los
distintos tipos de izquierda.
El apoyo organizativo al gobierno proviene, además de los
partidos y sobre todo, de un conjunto de pequeñas
organizaciones populares y sociales diseminadas por el país.
Entre ellas el Frente Campesino Ezequiel Zamora, el Frente
Bolivariano de Mujeres, el Consejo Nacional Indio de Venezuela
(Conive), los Círculos Bolivarianos, las Mesas Técnicas del
Agua, cooperativas, Medios Comunitarios o Alternativos, Clase
Media en Positivo y otras organizaciones de base (culturales,
vecinales, reivindicativas, etc). La mayoría de estas
organizaciones está conformada por activistas de los sectores
populares y su visión ideológica también incluye a distintos
tipos de izquierda o nacionalismos. Pero, sobre todo, existe
en muchas de estas organizaciones, una guía pragmática en
función de reivindicaciones específicas u orientaciones del
Presidente de la República, quien sostiene un liderazgo
personalista y prioriza la relación directa líder-masa, por
sobre la construcción de mediaciones organizativas sólidas.
En cuanto a las “formas de lucha” también tienen una división
entre quienes se apegan más a las formas institucionales y
quienes piensan que éstas obstaculizan “el proceso de
cambios”. Existe, además, en una parte de la alianza de
gobierno, falta de formación política para la administración
del Estado, que los hace actuar torpemente en el entramado de
una institucionalidad liberal que, sin embargo, esa misma
fuerza política consagró en la nueva Constitución.
La debilidad de las organizaciones y partidos políticos.
El artículo 5 de la Carta Democrática Interamericana señala
que “El fortalecimiento de los partidos y de otras
organizaciones políticas es prioritario para la democracia”
[103]. Con ello, este instrumento de derechos humanos reconoce
la importancia de las mediaciones organizativas efectivas
entre los ciudadanos y entre estos y el Estado, como un
componente fundamental de la democracia.
Uno de los factores que inciden en el conflicto político
venezolano es, justamente, la debilidad de los partidos y el
liderazgo de otras organizaciones políticas, que no están
preparadas ni motivadas para actuar facilitando las
mediaciones y negociaciones que podrían reducir la carga de
violencia del conflicto.
Pese a que distintas encuestas señalan al MVR y a AD como los
partidos con mayor preferencia entre la población [104],
realmente ello no implica que se trate de partidos fuertes.
Particularmente el MVR ha sido más una plataforma electoral en
torno a la figura de Chávez que un mecanismo de mediación
social permanente, con doctrina clara y disciplina partidista.
Por otra parte, tal como lo señala Margarita López Maya, “de
manera muy obvia, antes que los partidos políticos, han jugado
papel protagónico organizaciones sociales y medios de
comunicación que se fueron fortaleciendo en Venezuela en los
últimos 20 años como resultado del rechazo a la política, a
los políticos y a los partidos” [105]. Varios de los actores
que llenaron el vacío producido por el colapso del
bipartidismo: empresarios, medios, gerentes petroleros o
dirigentes de ONG carecen de experiencia política y cultura de
negociación, pues vienen más bien de una experiencia de
defensa de intereses privados o corporativos.
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CONTEXTO
DE LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS
Derechos humanos: Claves para una
administración democrática del conflicto |
Las partes en
conflicto han decidido iniciar un proceso de recolección de
firmas para activar referenda revocatorios de diputados y del
Presidente de la República. Provea celebra que los actores que
se disputan el liderazgo del Estado hayan decidido impulsar
una consulta popular, pues en democracia es este el mecanismo
por excelencia para definir temas relevantes. El artículo 72
de la Constitución de 1999 es expresión de la progresividad de
los derechos políticos propuesta por el movimiento de derechos
humanos a la ANC, consagrada en la nueva Constitución y hoy
puesto a prueba por vez primera. No obstante, como señaló la
coalición de organizaciones de derechos humanos Foro por la
Vida, en noviembre de 2003, en la víspera del inicio de los
procesos de recolección de firmas, “la consulta popular puede
ayudar a reducir los niveles de confrontación y de violencia,
siempre que se realice en un ambiente propicio y con un
espíritu democrático por parte de los diferentes actores que
compiten. Si, por el contrario, las partes insisten en
utilizar la consulta popular como una confrontación para
eliminar al contrario y no diseñan estrategias de convivencia
a posteriori con el otro político, dicha consulta puede ser un
nuevo coadyuvante de la violencia y hasta contraproducente
para los fines de una administración democrática del
conflicto” [106].
“La salida a la crisis del país no es sólo electoral” [107].
Está vinculada, además, con una incidencia democrática en las
crisis que fueron señaladas como antecedentes y que se
expresan como ejes actuales del conflicto: crisis
socioeconómica, crisis político institucional y crisis de
modelo.
Ya es un avance que todos los actores políticos coincidan,
cuando menos discursivamente, en que la pobreza y la
desigualdad son el principal problema del país. Tal como lo
señaló la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas,
existe un vínculo indisoluble entre derechos humanos,
democracia, paz y erradicación de la pobreza [108]. Hoy no es
posible pensar en una democracia sustantiva con los niveles de
inequidad existentes en el país. Así como tampoco es posible
reducirlos por vías que no sean democráticas. Los acuerdos
para enfrentar el déficit democrático que representa la
exclusión social, con la decidida intervención del Estado y la
puesta en práctica de mecanismos de solidaridad social, deben,
además, tener a los sectores populares como sujetos de su
propio desarrollo. “Es indispensable -señala la Comisión de
Derechos Humanos- que los Estados propicien la participación
de los más pobres en el proceso de adopción de decisiones en
sus comunidades, en la realización de los derechos humanos y
en la lucha contra la pobreza extrema, y que se den a los
pobres y a los grupos vulnerables los medios para organizarse
y tomar parte en todos los aspectos de la vida política,
económica y social, en particular la planificación y la puesta
en práctica de las políticas que les conciernen,
permitiéndoles de esta manera convertirse en auténticos
partícipes en el desarrollo” [109].
Para reducir exitosamente la pobreza es necesario, además, un
fortalecimiento de la institucionalidad democrática del
Estado, que redunde en el aumento de su capacidad de
garantizar, proteger y cumplir con todos los derechos humanos
de la población, así como la existencia de acuerdos mínimos
entre las fuerzas sociales y políticas del país. El logro de
los acuerdos implica voluntad de negociación y cabe aclarar
que negociar no significa traicionar principios, postulados
constitucionales o promesas electorales. El país necesita un
acuerdo de largo plazo en el que “quepamos todas y todos”; uno
que incluya a quienes, social y políticamente, han estado
tradicionalmente excluidos. Trascender el pacto de élites y
concretar uno realmente plural, mediante el cual se comprometa
firme y duraderamente la voluntad de los actores en torno a
“la construcción de consensos cuando ello sea posible o el
procesamiento democrático de los disensos cuando estos sean
irreductibles” [110]. Implica organizaciones y partidos
políticos fuertes, tal como lo establece la Carta Democrática
Interamericana en su artículo 5; y que esa fortaleza radique
en su transparencia, abdicación del clientelismo, ofertas
claras de proyectos de país, democracia interna, promoción de
la participación popular y, particularmente, en su capacidad
para realizar mediaciones sociales y políticas. En este
terreno es igualmente fundamental la despolitización de la FAN
y de los medios de comunicación, públicos y privados.
Un aporte desde los derechos humanos al debate sobre el modelo
de desarrollo, es la defensa de la idea de un “Estado fuerte”,
en los términos que lo define el Relator de Naciones Unidas
para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Danilo
Türk [111]. Un Estado fuerte en su capacidad de diseño y
ejecución de políticas nacionales orientadas a garantizar una
justa distribución de la riqueza y los derechos sociales. No
se trata de un “Estado fuerte” en el sentido de un Estado
autoritario, clientelar o arbitrario que controlado por algún
sector político o económico, entrega dádivas a la población, a
cambio de votos para los sectores que lo controlan. Se trata
de un Estado fuerte para intervenir en la vida social,
corrigiendo inequidades y con un nivel muy alto de
transparencia y participación social contralora. Un Estado que
basa sus acciones y políticas en leyes justas y democráticas
que consagran integralmente los derechos humanos. Esa
perspectiva fue reivindicada también por el Comité de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas,
cuando en sus Observaciones finales a Venezuela cuestionó el
modelo de Estado Mínimo en los siguientes términos: “los
programas de ajuste estructural en Venezuela en los últimos
diez años han limitado la capacidad del país para cumplir con
sus obligaciones en virtud del Pacto [Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales]” [112].
El modo en que la población y el Estado venezolano resuelvan
la crisis actual, así como las crisis previas que la
potencian, definirá el tipo de sociedad que tendremos en los
próximos años. Nuestra apuesta y compromiso es por soluciones
democráticas e inclusivas, consistentes con la integralidad e
interdependencia de todos los derechos humanos, que se resumen
en la consigna de la “Celebración por la Vida” organizada por
la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, en octubre de 2003:
“Comprometernos para lograr justicia, reconocernos para que
haya paz”.
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CONTEXTO
DE LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS
Notas |
[1]. Provea agradece a Margarita López Maya, Mireya Lozada y
Luis Lander, por facilitar fuentes para este capítulo y
aportar puntos de vista en discusiones previas a su
elaboración. Particularmente, agradece a Ana María San Juan,
quien fue corredactora de este capítulo.
[2]. Ver Provea: Situación de los Derechos Humanos en
Venezuela. Caracas, 2002. Capítulo Contexto.
[3]. La violencia física comienza a manifestarse con claridad
a partir del año 2001, con las muertes de varios dirigentes
campesinos, con los enfrentamientos entre partidarios y
adversarios del gobierno nacional en el contexto de
manifestaciones y de las elecciones sindicales, así como a
partir de agresiones sociales a trabajadores de los medios de
comunicación. El clímax ocurrió entre el 11 y el 14.04.02, a
raíz de los enfrentamientos que condujeron al golpe de Estado
y de la violencia social y la represión que se produjo durante
el gobierno de facto.
[4]. Entre ellas, Maritza Montero, Mireya Lozada y Adriana
Bolívar.
[5]. El Nacional, 19.01.03, pág. A-11.
[6]. Esta estrategia existía en el pasado en el debate
político (particularmente en el electoral), pero no en la
magnitud en la que se vive en el presente. Desde 1999 Provea
viene cuestionando en sus Informes Anuales (ver <www.derechos.org.ve>)
la carga de intolerancia presente en el discurso gubernamental
y el impacto que ello genera en la vida política del país. Más
adelante se analiza con mayor detalle este tema.
[7]. Entre los insultos más conocidos, proferidos por ambos
bandos y reseñados por este equipo de investigación, se
encuentran: “cúpulas podridas”, “corruptos”, “oligarcas”,
“escuálidos”, “tumor”, “mentirosos”, “corruptos”, “con poca
inteligencia”, “cáncer”, “dictadura de los medios”, “tiranos”,
“golpistas”, “dictador de opereta”, “fascista”, “tonto e
ignorante”, “destructor de las instituciones”, “turbas”,
“asesino”, “autoritario”, “dictador”, “tirano”, “cobarde”,
“tumor maloliente” (El Nacional, 19.01.03, A-11). Los más
recordados son: “escuálidos”, “oligarcas”, “cúpulas podridas”,
“corruptos”, “golpistas”, “conspiradores”, “fascistas”, “adecos”;
“asesinos”, “marginales”, “comunistas”, “loco”, “dictador”,
“chavista”, “hordas”, “mentirosos”, “resentidos” (Ídem). Cabe
resaltar que entre los insultos más recordados se encuentran
características que aluden a la condición socioeconómica
(oligarca o marginales) y a una preferencia política (adeco,
comunista o chavista), elementos estos que ayudan a comprender
algunos de los ejes del conflicto.
[8]. Mireya Lozada: “Violencia política y polarización social:
desafíos y alternativas”. Conferencia dictada en el Centro de
Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos (Celarg). “Diálogos
por la inclusión social y la profundización de la democracia”
[en línea] <www.analitica.com> sección bitblioteca. Caracas,
09.06.02.
[9]. La historiadora y analista política Margarita López Maya
señala al respecto: “El empobrecimiento de los venezolanos
sufrido ininterrumpidamente desde hace ya 20 años ha ido
reconfigurando los paisajes urbanos de nuestras ciudades: los
espacios de los barrios donde viven nuestros sectores de menos
recursos y donde las clases medias y altas jamás ponen un pie,
son vistas por éstos como misteriosas y peligrosas; las
urbanizaciones de las clases medias y altas, en contraste, son
lugares donde el imaginario popular llena de fantasías de
opulencia y corrupción. Hace 30 o 40 años estos espacios no
estaban tan segregados como lo están ahora, los contactos
entre clases eran más frecuentes, bien en eventos de calle o
en las escuelas y universidades públicas donde convergían los
jóvenes de todos los estratos sociales. Ahora los puntos de
conexión entre clases se restringen al servicio doméstico que
va a la casa del este o sureste, algún que otro servicio que
personas de los sectores populares dan a las clases pudientes,
pero son mundos que no se tocan en la cotidianidad. Y lo que
es peor, se temen mutuamente”. Margarita López Maya: “Las
manifestaciones territoriales de la polarización”. El Punto
Medio, Año 2, Nº 5. Caracas, pág. 8. Ver también: María Pilar
García-Guadilla: “Politización y polarización de la sociedad
civil venezolana: las dos caras frente a la democracia”.
Ponencia presentada en el “XXIV International Congress (2003
meeting) of the Latin American Studies Association (LASA)”,
Dallas, Texas, Marzo 27-29, 2003. Mimeo.
[10]. El Nacional, 23.10.03, pág. B-6. Testimonio de la
artista plástica María Centeno, conversación telefónica con
Provea, 22.01.03.
[11]. Últimas Noticias [en línea] <www.ultimasnoticias.com.ve>
Consulta del 14.01.03 y 20.01.03.
[12]. María Pilar García-Guadilla señala que algunos militares
retirados de oposición sembraron el rumor de que “‘las hordas
chavistas y los círculos bolivarianos´ supuestamente
invadirían las residencias de la clase media y alta [y]
Diseñaron el ‘Plan Comunitario Defensa Activa´ (www.segured.com)”
(María Pilar García-Guadilla, Op. cit). En ese plan de
defensa, que incluía el uso de armas, se señala textualmente:
“‘(se) ..puede implementar el uso de aceite, gasolina,
cadenas, clavos o barreras con carros, camiones o autobuses,
barriles, materos, desperdicios, botellas quebradas, destapar
las tapas del drenaje y alcantarillas, para evitar o retrasar
el acceso a la zona´ (p.16) […] también implicaba la
vigilancia nocturna y por turnos de los propios residentes
pues en la mayoría de los casos no se confiaba ni en el
servicio doméstico ni en los vigilantes privados quienes
pertenecen a la clase pobre y normalmente custodian la entrada
de las edificaciones. A este respecto el Plan Comunitario de
Defensa Activa señalaba: ‘No sea tan confiado con los
empleados domésticos, específicamente los que vienen por días.
Recuerde que muchas de estas personas han sido manipuladas y
algunas nos comienzan a ver como enemigos. Esto es un asunto
delicado y no hay porqué generalizar...pero debe estar alerta
ante cualquier evidencia´ (p. 17) […] Nada ocurrió pero las
amas de casa, los niños y la población de clase media en
general, percibieron que el pobre era el ‘enemigo´ mientras
que el pobre percibió que el oligarca, la clase media o los
‘escuálidos´ como los llamó el presidente Chávez, eran el
enemigo” (Ídem).
[13]. Representantes del gobierno: José Vicente Rangel
(Vicepresidente de la República), Roy Chaderton Matos
(Ministro de Relaciones Exteriores), María Cristina Iglesias
(Ministra del Trabajo, partido Patria Para Todos), Aristóbulo
Iztúriz (Ministro de Educación, partido Patria Para Todos),
Ronald Blanco La Cruz (Gobernador del Edo. Táchira, partido
Movimiento Quinta República) y Nicolás Maduro (diputado,
partido Movimiento Quinta República). Representantes de la
oposición: Alejandro Armas (diputado, partido Solidaridad),
Timoteo Zambrano (diputado, partido Alianza al Bravo Pueblo),
Manuel Cova (secretario general de la CTV, partido Acción
Democrática), Américo Martín (representante de las ONG de
oposición), Rafael Alfonso (empresario, Cámara Venezolana de
la Industria de Alimentos) y Eduardo Lapi (Gobernador del Edo.
Yaracuy, partido Convergencia). Los Facilitadores: César
Gaviria (OEA), Francisco Diez (Centro Carter) y Antonio
Molpeceres (PNUD). Los Asesores: Omar Meza Ramírez (gobierno)
y Juan Manuel Raffalli (oposición)
[14]. El Grupo de Trabajo Tripartito, para ayudar a la
administración institucional de la crisis venezolana,
conformado por la OEA, la ONU (PNUD) y el Centro Carter, se
había constituido desde mediados de 2002 (Francisco Diez,
Centro Carter, entrevista 30.09.03). En Octubre de 2002
elaboraron una “Declaración de Principios por la Paz y la
Democracia en Venezuela”; que fue firmada por el gobierno
nacional, los partidos de la oposición (salvo AD y Copei) y
otras organizaciones sociales; en la que se comprometían a
“explorar las fases preparatorias para poner en marcha un
proceso de acuerdos asistido y verificable que permita
alcanzar, a través de un mecanismo consensuado, soluciones
políticas ajustadas al marco constitucional” (Organización de
Estado Americanos [en línea] <http://www.oas.org/oaspage/eng/venezuela/principios.htm>
21.10.02).
[15]. Entre los principales temas que afectaron la mesa, desde
su nacimiento están: a) el cuestionamiento gubernamental a la
firma de un acuerdo entre la Coordinadora Democrática y los
militares declarados en “desobediencia” en la Plaza Francia de
Altamira (noviembre 2002), b) las protestas frente a la
Alcaldía Mayor que ocasionaron enfrentamientos armados y tres
muertes (noviembre 2002), c) la militarización de la Policía
Metropolitana por parte del Ejecutivo nacional (noviembre
2002), d) la represión a manifestantes de la oposición que
protestaban en las adyacencias de la base Aérea La Carlota,
declarada como Zona de Seguridad (diciembre 2002), e) la
interrupción de la Mesa por el llamado a Paro realizado por la
oposición (03.12.02), f) el asesinato de 3 personas en la
Plaza Francia, realizados por el ciudadano Joao De Goveia
(06.12.02), g) la legitimidad de las antiguas autoridades del
Consejo Nacional Electoral (diciembre 2002 y enero 2003), h)
la posibilidad de realizar un referéndum consultivo con
impacto revocatorio del mandato del presidente Chávez
(noviembre 2002 a enero 2003), i) la posibilidad de realizar
una enmienda constitucional para adelantar las elecciones
presidenciales (enero y febrero 2003), j) la necesidad de un
adecuado clima para la realización de cualquier proceso
electoral y el rol que los medios de comunicación juegan en
ello (Resumen basado en reseñas de Globovisión [en línea] <http://www.globovision.com/eltema/2002.11/mesa/balance/index.shtml>).
[16]. Ver el texto íntegro en anexos.
[17]. Ver el texto íntegro en anexos.
[18]. Sobre este tema, ver Provea, Op. cit.
[19]. El 28.08.02, antes de la instalación de la Mesa de
Acuerdos, se había sancionado una Ley para el Desarme. No
obstante, esta no ha sido puesta en práctica.
[20]. Además del GTT, en enero de 2003 se activó el Grupo de
Países Amigos de Venezuela, con el fin de ayudar a los debates
de la Mesa que, en ese mes, lucían estancados. Este Grupo está
conformado por España: Miguel Ángel Cortés, Secretario de
Estado para la Cooperación Internacional e Iberoamérica;
México: Gustavo Iruegas, Subsecretario para América Latina y
el Caribe; Estados Unidos: Curtis Struble, Secretario de
Estado Adjunto encargado para el Hemisferio Occidental;
Portugal: Joao Rocha Paris, Secretario General del Ministerio
de Negocios Extranjeros; Chile Cristian Barros,Viceministro de
Relaciones Exteriores; Brasil: Gilberto Saboia, Subsecretario
General de Política Bilateral. La participación de la
comunidad internacional en la contención del conflicto, estuvo
presente desde inicios de 2002, llevando el liderazgo la OEA.
A partir del golpe de Estado del 11.04.02, el Consejo
Permanente de la OEA activó la Carta Democrática
Interamericana, encomendando al Secretario General, César
Gaviria, una misión in loco y gestiones para facilitar el
diálogo (Ver Provea: Situación de los Derechos Humanos en
Venezuela. Informe Anual. Octubre 2001 – septiembre 2002.
Caracas, 2002. Pág. 520 y 521).
[21]. Pese a la intensa polarización y a los hechos violentos
que han incorporado como victimarios y como víctimas a
personas de ambos bandos, según una encuesta nacional de la
firma Datanálisis, apenas un 8,7% de la población apoya la
idea de realizar un golpe de Estado, un 11% defendería al
Presidente con su propia vida y un 13,8%, tomaría las armas
para defender su posición política (Encuesta Nacional
Datanalisis, Septiembre 2003 [en línea] <www.globovision.com>
06.10.03). Según una encuesta nacional de la firma Consultores
21, apenas un 8% considera la dictadura como una opción para
“arreglar” los problemas del país (Estudio Perfil 21, Nº 56,
septiembre 2003. Mimeo).
[22]. Ver Provea, Op. cit.
[23]. Algunas de las organizaciones que realizan o han
realizado acciones por la paz, la tolerancia y la
administración institucional del conf | | | |