Una lectura de la realidad venezolana
  desde los derechos humanos

Servicio informativo No. 132
Del 12 al 22 de enero de 2004


1988/2003: Provea, 15 años por los derechos sociales y contra la impunidad

CONTEXTO
* Provea presenta nuevo libro y lanza promoción de descuentos en sus publicaciones
* Provea ante las declaraciones del nuevo comisionado de la CIDH
* Año 2004 se inicia con violencia política

DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 
*
Por quinta vez se extiende el período de inamovilidad laboral
* Tribunal Supremo de Justicia admitió caso sobre políticas de aumento salarial discriminatorios de los/as trabajadores/as domésticos/as
* Impunidad en irregularidades administrativas en el IVSS
* Insuficientes promesas del IVSS a beneficiarios de pensiones
* Comenzó el año 2004 con escasez de medicamentos para pacientes con enfermedades crónicas
* En Mérida, nueva ley a favor de las personas con VIH-SIDA
* Proyecto de Salud Yanomami, un compromiso ignorado
* Misión Robinson excluye educación bilingüe
* Indicadores socieconómicos del BCV para diciembre de 2003 
 

DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
*
Mora del Estado venezolano con víctimas y familiares de víctimas de hechos de El Caracazo
* Las ejecuciones extrajudiciales cuentan sus primeras víctimas del año
* Inaugurado nuevo Centro de Tratamiento Comunitario para reclusos con medidas de pre libertad
* Elementos para comenzar el debate sobre el anteproyecto del Código Penal
 

ARTÍCULOS
*
Son Derechos: “Educadores/as y Derechos Humanos”
* Son Derechos: “Para denunciar una violación de DDHH”

DOCUMENTOS
*
Asociación de Comunidades Barí de Venezuela denunciante ante la Ministra del Ambiente y de los Recursos Naturales
* Coalición Internacional de Organizaciones para los Derechos Humanos en las Américas: "Organizaciones del Continente emiten un pronunciamiento en el marco de la Cumbre Extraordinaria de las Américas"
* Declaración
del II Encuentro Latinoamericano de Sociedad Civil para la Incidencia en Políticas Educativas: “Por una educación de calidad para todos y todas”   
 

A efectos de este servicio informativo utilice: coyuntura@derechos.org.ve
Ediciones anteriores disponibles en nuestro sitio web: http://www.derechos.org.ve
Agradecemos mencionar la fuente cuando el contenido sea citado o difundido


CONTEXTO
Provea presenta nuevo libro y lanza promoción de descuentos en sus publicaciones

Luego de la presentación el pasado 10.12.03 de su Informe Anual sobre la Situación de los Derechos Humanos en Venezuela 2002-2003, Provea ofrece su nueva publicación titulada Educación en Derechos Humanos en Tiempos Difíciles. Curso para la formación de activistas en derechos humanos, el cual compila las memorias del primer curso para activistas de derechos humanos organizado con la Red Venezolana de Educación en y para los Derechos Humanos. Con el objetivo de fortalecer la formación de activistas, tanto en aspectos conceptuales como en la metodología de la educación en derechos humanos, se reunieron en la cuidad de Los Teques (Edo. Miranda) 27 representantes de organizaciones y redes nacionales de derechos humanos, entre el 19 y el 22 de mayo del año 2003.
Los interesados pueden consultar este libro en la biblioteca de Provea, ubicada en su sede: Bulevar Panteón, Tienda Honda a Puente Trinidad, edificio Centro Plaza las Mercedes, planta baja, local 6, parroquia Altagracia (Caracas). También pueden aprovechar la oferta de lanzamiento y adquirirlo por 9.800 bolívares con un descuento del 30% de su precio real.
Además de esta oferta, Provea presenta una promoción mediante la cual puede adquirirse ésta publicación junto con el Informe Anual sobre la Situación de los Derechos Humanos en Venezuela 2002-2003, y la Cartelera de Derechos Humanos, un desplegable que resume el análisis sobre los 18 derechos estudiados en el Informe Anual por 40.000 bolívares. Este precio incluye los gastos de correo para pedidos nacionales, mientras que los pedidos del exterior tienen un valor de 25 US$ más los gastos de envío. Solicite más información por el teléfono 0058 0212 8621011, el fax 0058 0212 8606669 o el correo-e publicacionesprovea@derechos.org.ve.

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CONTEXTO
Provea ante las declaraciones del nuevo comisionado de la CIDH

El 14.01.04 el diario El Nacional publicó unas declaraciones del abogado venezolano Freddy Gutiérrez, nuevo comisionado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sobre las medidas cautelares y el secretario actual de esa institución. Señalaba Gutiérrez que “Es necesario reformar el Pacto de San José para otorgarle a las medidas cautelares el rango que les corresponde [o crear un] protocolo adicional del Pacto de San José [para] ser llevadas al rango que les corresponde […] No puede relegarse un procedimiento tan importante a una norma reglamentaria, tal como está actualmente [...] no es posible que se siga vulgarizando esa institución del derecho” (El Nacional, 14.01.04, pág. A-5). Gutiérrez, además, cuestionó la amplia facultad que tiene la Secretaría de la CIDH junto al Presidente de la CIDH para emitir cautelares y propone que “Todos los miembros de la Comisión deben pronunciarse respecto a la adopción de las medidas” (El Nacional, Ídem.).
Por estas y otras frases contenidas en la entrevista, resulta evidente que el nuevo comisionado tiene críticas a la CIDH. A juicio de Provea, la CIDH, su secretario o unas medidas cautelares pueden ser legítimamente criticadas. Pero cualquier crítica, y con mayor razón si se trata de las efectuadas por un  Comisionado, debe apuntar hacia el fortalecimiento de la CIDH y del sistema Interamericano de protección de los derechos humanos en general y no hacia su debilitamiento.
El Reglamento de la CIDH, en casos excepcionales y de gravedad, permite al Presidente (o a falta de éste, a alguno de los vicepresidentes, nunca al Secretario) de esa institución adoptar medidas cautelares (artículo 25,2 Reglamento de la CIDH). Esta potestad, que es cuestionada por el nuevo Comisionado, se traduce en celeridad de la actuación de la institución y esto, a su vez, puede tener un impacto positivo en la prevención de una violación. Es decir, la flexibilidad del procedimiento puede “evitar daños irreparables a las personas” (artículo 25,1 Reglamento CIDH), que es la razón de ser de este mecanismo y lo que todo activista o experto en derechos humanos debe resguardar. Por el contrario, complejizar el mecanismo puede implicar lentitud y por lo tanto, menor eficacia para proteger los derechos.
La otra cara de la moneda es que un mecanismo expedito, como el que existe actualmente en casos excepcionales, puede aumentar los riesgos de errores. Aún así, es preferible que la CIDH cometa errores y que se preserve su actuación ágil, porque en su agilidad está contenida una importante potencialidad preventiva.
Por otra parte, aunque ciertamente las cautelares no figuran explícitamente en el texto de la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José), se trata de solicitudes a los Estados formuladas por un órgano convencional. El artículo 33 de la Convención señala: “Son competentes para conocer de los asuntos relacionados con el cumplimiento de los compromisos contraídos por los Estados Partes en esta Convención: a) la Comisión Interamericana de Derechos Humanos…”. Los Estados Partes tienen el deber de “adoptar medidas” (artículo 2 de la Convención) para hacer efectivos los derechos garantizados por la Convención. Una de estas medidas generales, y así debe ser interpretado según el Principio de Buena Fe (establecido en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados), es el cumplimiento de las cautelares emitidas por un órgano convencional. Una reforma de la Convención, como propone el Comisionado, podría siempre mejorar varios de los mecanismos de protección, pues todo es mejorable. Pero plantearla en un momento en el que varios gobiernos de Estados de la OEA desean debilitar al Sistema de Derechos Humanos, puede ser contraproducente y generar más pérdidas que ganancias para el sistema de protección de derechos humanos. A juicio de Provea no es necesario una reforma de la Convención para darle a las cautelares el “rango que les corresponde”, pues ese importante rango lo tienen muy bien ganado desde hace décadas.
Finalmente, cabe recordar algo que señalamos a mediados del año 2003 (ver edición N° 119 de este servicio informativo en http://www.derechos.org.ve). El Presidente Chávez le hizo un flaco favor a la política exterior de Venezuela y al propio Comisionado Gutiérrez cuando, en su momento, lo presentó como un representante de su Gobierno en la CIDH, pues a su juicio impediría que esa instancia de la Organización de Estados Americanos (OEA) siga “siendo utilizada, como en algunas ocasiones, por amigos de la oposición a mi gobierno para desde allí tirotear a mansalva a Venezuela” (El Nacional, 18.06.03, pág. A/2). Los Comisionados son elegidos “a título personal” (artículo 36 de la Convención) y no son representantes de los Estados, ni de los gobiernos. Tampoco pueden actuar en los casos vinculados con su país de origen. El Comisionado Gutiérrez, en particular por las declaraciones del Presidente Chávez, debe hacer un esfuerzo importante por mostrar en la práctica, que sus críticas a la CIDH apuntan hacia su fortalecimiento en beneficio de los pueblos de América y que su actuación es autónoma e independiente (Provea, 22.01.04).

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CONTEXTO
Año 2004 se inicia con violencia política

El pasado 17.01.04, 3 agentes de la Policía Metropolitana (PM) y 2 peatones resultaron heridos de bala producto de un ataque perpetrado en una de las salidas de la estación de metro de Agua Salud, al oeste de Caracas. Los sucesos ocurrieron poco antes de las 6:00 AM mientras los funcionarios policiales montaban un punto de control (El Nacional, 17.01.04, pág. A/17). El hallazgo, por parte del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), de algunos panfletos supuestamente suscritos por la Unidad Táctica de Combate Néstor Zerpa Cartolini (Utcnzc) y de otros del Movimiento Revolucionario Carapaica (MRC), cada uno de éstos adjudicándose la autoría del hecho, son las únicas pruebas recolectadas hasta ahora acerca de la supuesta responsabilidad del hecho (El Universal, 18.01.04, pág. 2/22).
En el panfleto de la Utcnzc, la agrupación acusaba a la PM de "hostigamiento y persecución contra los grupos comunitarios del 23 de Enero" (Últimas Noticias, 17.01.04, pág. 14), parroquia caraqueña donde ocurrieron los hechos.
Otro comunicado, esta vez firmado por ambas organizaciones armadas, fue difundido 3 días después de los sucesos de Agua Salud, en el que advierten el inicio de "una campaña sistemática que comprende el aniquilamiento selectivo de estos uniformados [los de la PM]" (Últimas Noticias, 21.01.04, pág. 16). En el comunicado las organizaciones acusan al cuerpo policial de "proteger las diferentes plazas de ventas de drogas; establecer puntos o alcabalas de control para matraquear a los conductores que no poseen los papeles en regla; detienen a delincuentes con armas de fuego y les exigen un rescate para liberarlos y el arma es decomisada para luego ser vendida a otros delincuentes de la misma zona" (Últimas Noticias, Ídem.).
El Utcnzc se presentó públicamente el 22.09.02, como organización armada que favorece el proceso político liderado por el presidente Hugo Chávez Frías (Tal Cual, 19.01.04, pág. 2). Más recientemente, la misión diplomática de Estados Unidos emitieron un pronunciamiento público el mismo día del ataque contra los agentes de la PM (Embajada de Estados Unidos de América, 17.01.03, http://embajadausa.org.ve/spanish.html). A este respecto, José Vicente Rangel, Vicepresidente Ejecutivo, se comprometió a investigar tales denuncias "a fondo por organismos de inteligencia y seguridad del Estado" (Prensa Vicepresidencia, 17.01.04, prensavicepres@yahoo.com). Además de señalar que "el Gobierno Nacional es el más interesado en clarificar la situación", el funcionario recordó que "en fechas recientes [...] se consumó una serie de atentados con iguales características, entre otros, los efectuados contra las sedes de las Embajadas de Argelia y España, el Consulado de Colombia y el edificio donde se reunía la Mesa de Negociación y Acuerdo. Estos atentados fueron investigados [...] En la actualidad ya hay decisiones judiciales, y los responsables son requeridos nacional e internacionalmente" (Prensa Vicepresidencia, Ídem.).
Un día después del atentado contra los agentes policiales, el 18.01.04, ocurrió otro suceso violento vinculado con protagonistas del quehacer político nacional. Un total de 4 personas de un grupo de militantes del partido político opositor Movimiento Al Socialismo (MAS), fueron heridos por un grupo de sujetos cuando presentaban una ofrenda floral ante la estatua del Libertador en la Plaza Bolívar de Caracas, en el marco de la celebración del 33 aniversario de la fundación de dicha organización política (Tal Cual, 19.01.04, pág. 3). Los agresores también arremetieron contra una unidad móvil del canal de televisión Globovisión que se encontraba en el sitio cubriendo el acto político, siendo afectada su carrocería pero sin víctimas que lamentar (Tal Cual, Ídem.). "Aunque los agresores no necesariamente se identificaron como simpatizantes del gobierno del presidente Chávez, esta actuación recuerda otras ocurridas hace ya meses en la Plaza Bolívar" (Tal Cual, Ídem.).
Por su parte, el Comando Táctico Nacional del Movimiento Quinta República decidió respaldar la petición hecha por el MAS ante el Ministerio Público para investigar los hechos ocurridos en la Plaza Bolívar. Willian Lara, diputado del partido oficialistas aseguró que "no había militantes ni dirigentes en estas acciones" (El Nacional, 21.01.04, pág. A/2). También Jesse Chacón, titular del Ministerio de Comunicación e Información (Minci), rechazó los hechos violentos ocurridos el 17.01.04 contra militantes del MAS: "nosotros rechazamos cualquier acción de violencia y esperamos que los órganos de seguridad del estado determinen realmente quiénes son los que están detrás de estos actos" (El Nacional, 21.01.043, pág. A/4).
Ante estos nuevos hechos de violencia política, Provea exige una investigación inmediata y el sancionamiento de los responsables. También considera necesaria la implementación de una reinstitucionalización de los cuerpos policiales y demás operadores de la justicia venezolana.

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DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Por quinta vez se extiende el período de inamovilidad laboral

Fue publicado en la Gaceta Oficial N° 37.857 de fecha 14.01.04, el Decreto N° 2.806, mediante el cual el Ejecutivo Nacional extiende, por quinta vez, la medida de inamovilidad laboral, aplicada por primera vez el 28.04.02. El período que cubre esta nueva medida se encuentra entre las fechas del 15.01.04 al 30.09.04 (Últimas Noticias, 15.01.04, pág. 12).
Esta vez, la medida ampara a los trabajadores/as del sector privado y público regidos por la Ley Orgánica del Trabajo (LOT), que devengan un salario mensual básico igual o inferior a 633.600 bolívares. De igual manera, los/as trabajador/as cuyo sueldo básico igual o inferior a 633.600 bolívares sea aumentado en fecha posterior al 15.01,04, no podrá ser despedido en el lapso establecido en el mencionado Decreto. No se benefician de este decreto las personas que ejerzan cargos de dirección y de confianza; aquellos/as trabajadores/as que tengan menos de 3 meses al servicio de un/a patrono/a; los/as ciudadanos/as que devenguen, para la fecha del presente decreto, un salario básico mensual superior a Bs. 633.600 y los/as funcionarios/as del sector público, quienes conservarán su estabilidad de acuerdo a la normativa legal que los rige.
El decreto señala que "las empresas afectadas por dificultades económicas o por incorporación de nuevas tecnologías podrán –a través de convenios entre patronos y trabajadores- hacer efectiva una reducción de personal, mediante el procedimiento de negociación colectiva voluntaria establecida para tal fin. Tal proceso debe ser llevado a cabo cumpliendo las condiciones establecidas en el artículo 34 de la LOT, en concordancia con los artículos 69 al 74 de su Reglamento" (Ministerio del Trabajo, 19.01.04, http://www.mintra.gov.ve/sitio/noticias/inamovilidad_laboral.htm).
Con esta medida, el Ejecutivo Nacional pretende establecer y reforzar las "condiciones de protección para los trabajadores" (Ministerio del Trabajo Ídem.). Sin embargo, a juicio de Daniel Ortega, economista de la Oficina de Asesoría Económica de la Asamblea Nacional, "muchas empresas han buscado las maneras de no respetar este decreto [al] terminar negociando con sus empleados su salida, que se traduce en la firma de una carta de renuncia y el acuerdo de recibir una indemnización fuera de la ley [...] Así se negocia el paro forzoso, las prestaciones a pagar y otras indemnizaciones [...] Al hablar con gerentes de recursos humanos de las empresas, éstos señalan que la inamovilidad no ha tenido efectos importantes y el tema ya está totalmente internalizado en las decisiones de las compañías" (El Universal, 11.01, 04, pág. 1/14). Además, Ortega destaca que la inamovilidad laboral no "ha sido un factor que afecte demasiado el interés de las empresas por contratar nuevo personal. La crisis económica ha hecho que las industrias mantengan en el nivel mínimo su plantilla, sin que sea la inamovilidad un factor relevante que entorpezca el aumento de la nómina" (El Universal, Ídem.).

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DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Tribunal Supremo de Justicia admitió caso sobre políticas de aumento salarial discriminatorios de los/as trabajadores/as domésticos/as

Este 21.01.04, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) informó sobre su decisión de admitir el recurso de interpretación interpuesto por María Cristina Iglesias, titular del Ministerio del Trabajo (Mintra), del artículo 275 de la Ley Orgánica del Trabajo (LOT), al cual considera discriminatorio y violatorio los Artículos 21 y 89, numeral 5º de la Constitución. El recurso de la ministra Iglesias incluía una solicitud de pronunciamiento al máximo tribunal sobre la legalidad de la fijación del salario mínimo de los trabajadores domésticos (Tribunal Supremo de Justicia, 22.01.04, http://www.tsj.gov.ve/informacion/notasprensa/notasdeprensa.asp?codigo=873).
En julio del año 2003 Provea introdujo ante la Sala Político Administrativa del TSJ un recurso de nulidad por inconstitucionalidad del artículo 10 del decreto N° 2.387 de aumento salarial aplicado a partir del 01.07.03 (ver edición N°120 de este servicio informativo en http://www.derechos.org.ve). En este recurso de nulidad, Provea acusaba a la política de aumentos salariales, aplicada desde 1999, de violar los artículos 2, 19, 21, 88 y 91 de la Constitución, referidos a la igualdad, a la no discriminación, al derecho y protección del trabajo y a un salario justo. Igualmente, este decreto y los anteriores de similar naturaleza aplicados desde hacía 4 años, contrarían los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) N° 111, 122 y 131 relativos a la igualdad de la remuneración, política de empleo y fijación de salarios mínimos, respectivamente.
Por su parte, la titular del Mintra expuso en su petitorio, que la existencia en la LOT de "un Capítulo Especial aplicable a los trabajadores domésticos y la exclusión para estos trabajadores, de la aplicación de los Títulos II, III y IV referidos a la relación de trabajo, la remuneración y las condiciones de trabajo establecida en el artículo 275 de la citada ley orgánica, es discriminatoria y viola los artículos 21 y 89, ordinal 5º de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los cuales establecen los principios de igualdad ante la ley, y de prohibición de la discriminación legal en la protección del trabajo, respectivamente. Por otra parte, 'debido al carácter discriminatorio de este Capítulo Especial y del artículo 275 de la Ley, por demás violatorio de la Constitución', la titular del despacho del Trabajo solicitó pronunciamiento sobre la interpretación del artículo 275 mencionado. Adicionalmente, vinculado a la pretensión anterior sobre la interpretación del artículo 275 de la Ley Orgánica del Trabajo, que establece la exclusión, entre otros, del Capítulo II del Título III de la misma, el cual regula lo concerniente al salario mínimo, se solicitó pronunciamiento sobre la legalidad de la fijación del salario mínimo de los trabajadores domésticos mediante decretos emanados de Poder Ejecutivo Nacional, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo II del Título III de la misma Ley" (Tribunal Supremo de Justicia, Ídem.).

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DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Impunidad en irregularidades administrativas en el IVSS

Un total de 6 cambios de directivas a lo largo de casi 5 años han sido insuficientes para remediar los problemas de ineficiencia e irregularidades administrativas que afectan al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS). Esta conclusión se desprende de la retrospectiva hecha por una fuente periodística acerca de los problemas que inundan a este ente público. Los retrasos en las entregas de los recursos necesarios para su funcionamiento por parte del Ejecutivo Nacional, la morosidad de las empresas públicas, privadas y del mismo instituto en el pago de los fondos para la seguridad social de los beneficiarios (sólo un 8% de las 272.268 empresas inscritas está solvente con el IVSS); y por el otro, el cúmulo de irregularidades provocadas por las distintas gestiones asignadas por el Ejecutivo Nacional, presentan un panorama preocupante e incierto para el amplio sector social que depende de los servicios que este ente provee (El Universal, 12.01.04, pág. 1/12).
Las reiteradas intervenciones de la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP), a instancias del Ejecutivo, en todas las gestiones del IVSS y en gran parte de las direcciones que constituyen el organigrama del ente, registraron estas irregularidades y las pusieron en manos de los órganos competentes. Sin embargo, la única medida efectuada contra los responsables ha consistido "en cambiar las administraciones y aún se desconocen las pérdidas totales de las anomalías" (El Universal, Ibíd.).
El último capítulo lo protagoniza el último presidente del instituto designado por el Ejecutivo Nacional, Jesús Mantilla, mayor del Ejército, quien participa, junto con la DISIP en la investigación que se efectúa a la presidencia del órgano, luego de la más reciente irregularidad conocida: "El Gobierno Nacional, a fines de noviembre, había realizado una transferencia por 150 millardos de bolívares para cancelar las bonificaciones de fin de año. Dichos recursos se colocaron en una captación a plazo y dado que los mismos no se podían retirar, la directiva optó por posponer los pagos. Ante los reclamos, el director de administración solicitó financiamiento para efectuar las cancelaciones. Esos préstamos luego fueron atendidos con los créditos autorizados por la Asamblea Nacional. Esa irregularidad molestó al primer mandatario, que en su programa dominical destituyó a la directiva y anunció nuevamente la intervención del organismo" (El Universal, Ibíd.).     

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DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Insuficientes promesas del IVSS a beneficiarios de pensiones

A pesar de la situación antes descrita, las nuevas autoridades del órgano rector de la seguridad social informaron que para el mes de febrero el El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (Ivss) incorporará a su nómina de pensionados a 6.462 nuevos beneficiarios (Gobierno en Línea, 19.01.04, http://www.gobiernoenlinea.ve/). Del total de estos nuevos pensionados, 370 son por invalidez; 89 por incapacidad; 1.248 por sobreviviente y 4.755 por vejez. Esto supone una erogación de 1 millardo 402 millones 376 mil 363 bolívares, que se suma a la inversión mensual que por este concepto beneficia a los pensionados del seguro social. Con estos nuevos ingresos, se eleva a 649.921 el número de beneficiarios por pensiones que tiene el IVSS.
No obstante, aún cuando el número de incorporados por el IVSS para febrero de este año representa un aumento del 242% con respecto al promedio de ingresos mensuales del año 2002 (1.892 pensionados), el mismo monto apenas representa un 22% del número de incorporaciones mensuales (30.000 pensionados) prometido por el Gobierno Nacional en agosto del año 2003 a los beneficiarios del IVSS (consultar el Informe Anual sobre la Situación de los Derechos Humanos en Venezuela período octubre 2002 - septiembre 2003, pág. 112 o en http://www.derechos.org.ve).
 

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DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Comenzó el año 2004 con escasez de medicamentos para pacientes con enfermedades crónicas

Representantes de distintas organizaciones sociales nacionales abocadas a la salud vuelven a alzar la voz contra la situación de desatención en que permanecen por la escasez de insumos médicos que pone en peligro a los enfermos crónicos del país. Hemofílicos, enfermos renales y seropositivos, entre otros, exigieron a las autoridades del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) y del Ministerio de Salud y Desarrollo Social (MSDS) que pague las deudas a los laboratorios encargados de proveer los suministros e insumos que le permiten mantenerse con vida (Últimas Noticias, 13.01.04, pág. 2).
Se recordará que el año 2003 estuvo signado por la escasez de medicamentos y que esto provocó reiteradas protestas de las organizaciones sociales sin que hasta hoy se les muestre medidas sostenibles en el tiempo. Actualmente, el número de pacientes con enfermedades crónicas señalado por las organizaciones como directamente afectados por esta situación es el siguiente, según fuentes periodísticas: 2.462 hemofílicos, 7.000 pacientes renales, 10.500 seropositivos, entre otros (pacientes trasplantados, esquizofrénicos y con cáncer) (Últimas Noticias, Ibíd.).

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DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
En Mérida, nueva ley a favor de las personas con VIH-SIDA

La organización de derechos humanos del Edo. Mérida Cátedra de la Paz Monseñor Oscar Arnulfo Romero de la Universidad de Los Andes (ULA) informa de la promulgación de la Ley para la Educación, Atención y  Rehabilitación contra el VIH-SIDA en el Edo. Mérida, "un logro de los activistas y de la población de seropositivos merideña" (Cátedra de la Paz Monseñor Oscar Arnulfo Romero, 14.01.04, catedradelapaz@cantv.net).
Este nuevo instrumento fue aprobado en sesión ordinaria del Consejo Legislativo celebrada el 07.10.03 y publicada en la Gaceta Oficial del Edo. Mérida N° 688, el 21.11.03.
En la misma, señaló Walter Trejo, coordinador de la Cátedra de la Paz, "los derechos humanos han sido considerado como eje transversal de la Ley", tal como quedó destacado en el objetivo de esta ley: "la educación, prevención integral, bioseguridad, diagnóstico, vigilancia epidemiológica, atención, investigación y la garantía de los Derechos Humanos y Derechos Fundamentales, así como los deberes de toda la población merideña respecto al VIH-SIDA" (Cátedra de la Paz Monseñor Oscar Arnulfo Romero, Ibíd.).

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DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Proyecto de Salud Yanomami, un compromiso ignorado

Según denuncia una fuente periodística, las comunidades Yanomamis que viven en el Edo. Amazonas aún están a la espera de la implementación del Proyecto de Salud Yanomami que el Ministerio de salud y Desarrollo Social (MSDS), bajo la gestión de María Urbaneja, se comprometió a ejecutar para beneficiar a este pueblo indígena (Tal Cual, 13.01.05, pág. 5).
La fuente reseña que, a pesar de existir un compromiso documentado del despacho de salud que estipula un monto específico de recursos (1.500 millones de bolívares) para la aplicación de dicho programa, el sucesor de Urbaneja como titular del MSDS, Roger Capella, negó la existencia de tales recursos en una visita efectuada en diciembre del año pasado a las comunidades del sector La Esmeralda, del Edo. Amazonas. De tal acto tuvo constancia el padre Darius, de Platanal, quien denunció el hecho ante la Vicaría de Derechos Humanos de Puerto Ayacucho, la cual posee el documento firmado por la ex ministra Urbaneja donde informa la existencia de la partida, que permanecía depositada en un fideicomiso a nombre del Senifa (Tal Cual, Ibíd.). La Vicaría de Derechos Humanos de Puerto Ayacucho participa como organización no gubernamental en la Comisión Regional de Salud, instancia creada por Urbaneja para la ejecución y supervisión del Proyecto de Salud Yanomami, junto con las Fuerzas Armadas Nacionales (FAN), el Caicet y la Defensoría del Pueblo. La Vicaría había realizado, en el marco de esta comisión, "un diagnóstico que sólo pudo alcanzar a las comunidades más cercanas, porque se gastaron los 12 millones que el MSDS entregó para este fin, por lo que las lejanas y más abandonadas no se pudieron evaluar. Las comunidades indígenas cercanas tienen cubierto sólo un 20% de sus necesidades en salud, es decir, carecen de la cobertura del 80%. Las lejanas están completamente abandonadas, tanto que, ni siquiera están censadas ni se conoce en qué lugar exacto se encuentran. Para ubicarlas es necesario hacer un recorrido aéreo. se sabe que acuden a los puestos de salud de Brasil, donde esta experiencia itinerante es tremendamente exitosa" (Tal Cual, Ibíd.).
Como excusa ante esta promesa incumplida, Jacobo Mora, viceministro de Salud y Desarrollo Social, explica que "se vieron obligados a cancelar compromisos urgentes" (Tal Cual, Ibíd.), pero que "ya existen mil de Bs. 1.500 millones que se asignaron en el 2003 y que muy pronto 'bajarán' los otros 500 millones" (Tal Cual, Ibíd.).
Vale recordar que la implementación de este Proyecto de Salud Yanomami por parte de los entes estatales "surgió de la solución amistosa alcanzada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) entre el Estado venezolano y varias ONG de derechos humanos por el caso Haximú (masacre de Yanomamis, ocurrida en agosto de 1993, elevado como caso ante la CIDH en  1996 por la Oficina de Derechos Humanos del Vicariato Apostólico de Puerto ayacucho, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional-Cejil y Provea) (Informe Anual sobre la Situación de los Derechos Humanos en Venezuela período octubre 2002 - septiembre 2003, pág. 263 o en http://www.derechos.org.ve). 

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DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Misión Robinson excluye educación bilingüe

Representantes de las etnias Chaima, Kariña y Warao denunciaron ante el Ejecutivo Nacional que el Gobierno Nacional ha incumplido su promesa de realizar el proceso de alfabetización Misión Robinson I simultáneamente en castellano y en el idioma de cada etnia (El Nacional, 13.01.04, pág. B/6).
Ricardo Guevara, coordinador de la Misión Robinson I para el pueblo indígena Chaima, denunció que "ha sido un fracaso la misión, porque no nos enseñan a leer y escribir en nuestro idioma. La Misión Robinson I y ahora la Misión Robinson II están totalmente desprovistas de su carácter de educación intercultural bilingüe" (El Nacional, Ibíd.).
Guevara informó que se han reunido con autoridades del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD) para denunciar la situación "pero hasta ahora no ha habido avances" (El Nacional, Ibíd.). explicó que los indígenas Chaima realizaron su propia cartilla para enseñar en su idioma y aún así el Gobierno sigue editando la cartilla en castellano para los cursos y advirtió que el actual concepto de la Misión Robinson es un "suicidio cultural de los pueblos indígenas pues la educación formal es globalizadora e impuesta sin participación de las comunidades [...] no incluir la educación bilingüe es una humillación a la dignidad de los pueblos, porque nuevamente, una vez más, se han despreciado nuestros valores, cosmovisión, espiritualidad y nuestros derechos constitucionales a tener una educación propia" (El Nacional, Ibíd.).

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DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Indicadores socieconómicos del BCV para diciembre de 2003

En su más reciente informe sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Área Metropolitana de Caracas, el Banco Central de Venezuela (BCV) registró una variación de 1,8% en el mes de diciembre, similar a la observada en el mes de noviembre (1,9%) y superior a la del mismo mes del año anterior (1%). Con este resultado el año 2003 cierra con una variación acumulada de 27,1%, inferior a la reportada el año anterior (31,2%).
El ente emisor atribuye el incremento relativo de precios registrado en diciembre a los ajustes en las tarifas de los servicios de transporte terrestre de pasajeros y electricidad y al remanente de los ajustes autorizados en noviembre para algunos bienes pertenecientes a la canasta de alimentos controlados. También considera que incidió, en menor medida, el efecto en los precios de la mayor demanda estacional en algunos productos, debido a la temporada navideña: "Los factores antes señalados determinaron que los bienes y servicios sujetos a la medida de control de precios reflejaran una variación de 1,7%, mientras que los bienes y servicios que se rigieron por el libre juego de la oferta y la demanda registraron un crecimiento del 2,0%.
Aunque los grupos Alimentos y bebidas no alcohólicas y Transporte registraron una desaceleración en la variación de precios, es importante mencionar que por segundo mes consecutivo tuvieron una elevada incidencia en la variación global del IPC. Entre los productos alimenticios que mostraron alzas importantes se encuentran el pan de jamón, carnes de cerdo y de pollo, cebolla, pimentón y harina de maíz precocida, entre otros. En el grupo transporte, por su parte, entró en vigencia a partir del 20 de diciembre, la segunda parte del ajuste que fue acordado en el mes de octubre.
Con este resultado, el conjunto de los bienes integrantes del IPC continuó reflejando un crecimiento (2,2%) mayor que el de los servicios (1,5%), con lo cual los primeros cierran el año 2003 con una inflación acumulada de 35,3%, en tanto que la correspondiente a los servicios se ubicó en 20,0%.
En cuanto al resultado del indicador del núcleo inflacionario, la tasa de variación alcanzó un nivel similar a la del IPC global (1,8%). Con el aumento del mes de diciembre la variación al cierre del año para el referido indicador se situó en 37,9%, impulsada básicamente por los Servicios no administrados y los Bienes industriales (excepto alimentos y textiles).
Para finalizar, es necesario recordar que el año 2003 estuvo caracterizado por la aplicación de controles de precios y de cambio, vigentes desde mediados del mes de febrero. Los bienes y servicios sujetos a la medida de control de precios reportaron una variación acumulada en el año de 17,9%, mientras que los bienes y servicios que se rigieron por el libre juego de la oferta y la demanda reflejaron una variación acumulada de 38,4%" (Banco Central de Venezuela, 16.01.04, http://www.bcv.org.ve/c4/notasprensa.asp?Codigo=2863&Operacion=2&Sec=False).

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DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
M
ora del Estado venezolano con víctimas y familiares de víctimas de hechos de El Caracazo

En la edición N° 127 de este servicio informativo reseñamos la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) de conceder al Estado venezolano "una prórroga para informar sobre el cumplimiento de la sentencia que dictó ese tribunal a favor de las víctimas de El Caracazo" (http: www.derechos.org.ve). Dicha prórroga fue solicitada por el agente del Estado ante el sistema interamericano de ese entonces, Jorge Dugarte, en vista del vencimiento del plazo puesto por la instancia jurídica continental ocurrido el 18.09.03, un año luego de que la Corte IDH hiciera pública su sentencia a favor de las víctimas y familiares de víctimas de los sucesos ocurridos en Caracas el 27 de febrero de 1989 y días subsiguientes.
El incumplimiento de los plazos para implementar las reparaciones e indemnizaciones por parte del Estado venezolano lo colocan, todavía hasta hoy, en situación de desacato total (ver edición N° 126 de este servicio informativo en http://www.derechos.org.ve).
No obstante, Fermín Toro, nuevo agente del Estado ante las instancias hemisféricas de derechos humanos, recientemente afirmó que el Gobierno Nacional está dando pasos para honrar esta sentencia: "estamos organizando una oficina de coordinación interministerial entre el despacho de Finanzas y el de Relaciones Exteriores, que operará las próximas semanas y habrá un equipo de funcionarios supervisados por la agencia del Estado que presido. Publicaremos un aviso llamando a los interesados a concurrir. Serán atendidos, se les exigirá la identidad para poder comenzar con el pago del monto que les corresponda" (Panorama, 18.01.04, pág. 2/2). El funcionario se refiere a la cancelación de las indemnizaciones estipuladas por la Corte IDH en su sentencia y cuyo monto global pasa los 8 millardos 900 mil bolívares por daños materiales y morales a víctimas y/o familiares de víctimas del hecho conocido como El Caracazo (Panorama, Ibíd.).
Sin embargo, el dictamen de la Corte IDH contempla no sólo el pago de compensaciones monetarias a las víctimas sino, además, una serie de medidas de protección para la sociedad venezolana en materia de derechos humanos. En definitiva la sentencia impone 4 ámbitos sobre los cuales el Estado debería intervenir para que así sea considerado el acatamiento total de la misma:
- El Estado deber investigar los hechos; identificar a los responsables tanto materiales como intelectuales, así como a los eventuales encubridores; y sancionarlos administrativa y penalmente según corresponda; que los familiares y víctimas sobrevivientes tengan pleno derecho a la libertad de actuar en todas las instancias de dichas investigaciones. Además ordenó al Estado localizar, exhumar, identificar y entregar los restos mortales de 18 víctimas ejecutando para esto procedimientos idóneos y confiables para los familiares de las víctimas.
Hace poco menos de un año, el Comité de Familiares de Víctimas de los Sucesos del 27 de Febrero de 1989 y Marzo (Cofavic), examinó el estado de cumplimiento de esta parte de la sentencia y señaló que "hasta el momento solo se individualizaron los expedientes en el Ministerio Público, pero lamentablemente todos los casos, con excepción de uno, están en la etapa de investigación, es decir la fase preliminar del procedimiento penal venezolano. En la mayoría de estos casos, después de catorce años ni siquiera se han practicado las experticias más elementales para el inicio de las investigaciones judiciales. Los expedientes siguen en el Ministerio Público en un 99% de los casos. Solo se han ejecutado acciones concretas por el fallecimiento de Luis Manuel Colmenares donde se presentó acusación contra dos funcionarios de la Policía Metropolitana que, cabe acotar, hoy se encuentran en libertad. Luego de más de una década se les sigue impidiendo a los familiares de las víctimas la posibilidad de enterrar a sus seres queridos en un lugar digno y acorde con sus creencias religiosas" (Cofavic, 22.01.04, http://www.cofavic.org.ve/p-noticias-240203.htm).
- El segundo mandato de la Corte IDH obliga al Estado a adecuar los planes operativos del orden público al respeto de los derechos humanos, con el objeto de evitar que se repitan las condiciones que dieron origen a El Caracazo. Concretamente, "se ordena al Estado adoptar las medidas necesarias para capacitar a todos los miembros de los cuerpos armados y de seguridad sobre normas de protección de los derechos humanos; ajustar los planes operativos tendientes a encarar las perturbaciones del orden público a las exigencias de respeto y protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos; así como garantizar, de ser necesario con el uso de medios físicos, que los miembros de los cuerpos armados y de seguridad utilicen únicamente lo necesario para controlar estas situaciones” (Cofavic, Ibíd.).
Sobre este aspecto, vale recordar que Provea interpuso el 16.09.03 ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) una acción de amparo constitucional contra José Luis Prieto, Ministro de la Defensa de ese entonces, por violar el derecho de petición que establece el Artículo 51 de la Constitución y que Provea invocó en su momento con una solicitud de información sobre la compatibilidad del Plan Ávila con los derechos humanos y con una política de seguridad y control del orden público con carácter democrático. Precisamente, esta petición de Provea se sustentó en la sentencia de la Corte IDH sobre El Caracazo (ver edición N° 126 de este servicio informativo, Ibíd.).
- Como parte de las medidas reparatorias, la Corte IDH también ordenó la publicación en un diario oficial (Gaceta Oficial, por ejemplo) y otro de circulación nacional de parte de su sentencia (Cofavic, Ibíd.).
- Por último, el mandato de la Corte IDH impone al Estado venezolano el pago de una indemnización compensatoria a las víctimas y sus familiares. El máximo tribunal hemisferio decretó que el Estado debe pagar por daño material 5 millones 400 mil dólares. Comentó Cofavic que "esta es la cifra más alta que ha impuesto la Corte en su historia, y lo hizo en virtud del terrible daño infringido a familiares y víctimas dada la gravedad extrema de este caso" (Cofavic, Ibíd.).
Sobre los demás aspectos de dicha sentencia, Toro comentó: "eso está en manos de la Fiscalía General, a ellos le corresponde sentar los juicios contra los responsables directos de esa masacre, es decir, el presidente de ese momento, el ministro de Relaciones Interiores, comandantes de la PM, ministro de la Defensa y demás jefes y autoridades de los organismos de seguridad del Estado" (Panorama, Ibíd.).

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DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
Las ejecuciones extrajudiciales cuentan sus primeras víctimas del año

La edición correspondiente al período octubre 2002 - septiembre 2003 del Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Venezuela de Provea registró un total de 130 víctimas de ejecuciones efectuadas a manos de agentes estatales, estadales y/o municipales de seguridad (ver capítulo Derecho a la Vida del Informe Anual en http://www.derechos.org.ve).
Para el mes de enero el comportamiento de este indicador se muestra preocupante. Un arqueo de la prensa nacional y regional da cuenta de un total de 54 víctimas mortales (2 en Caracas
[Tal Cual, 16.01.04, pág. 3; Tal Cual, 21.01.04, pág. 4]; 1 en el Edo. Guárico [El Siglo, 13.01.04, pág. D/30]; 9 en el Edo. Anzoátegui [El Nacional, 15.01.04, pág. B/9]; 10 en el Edo. Lara [Últimas Noticias, 12.01.04, pág. 18; El Impulso, 20.01.04, pág. B/2]; 20 en el Edo. Táchira [El Nacional, 13.01.04, pág. B/9]; 22 en el Edo. Bolívar [Correo del Caroní, 15.01.01.04, pág. 1/A]) y 3 heridos (Edo. Lara [Últimas Noticias, Ibíd.; El Impulso, Ibíd.]) de presuntas ejecuciones extrajudiciales dirigidas por agentes de los cuerpos municipales, estadales y/o estatales. A pesar de que en la mayoría de los casos el parte policial cataloga los hechos que rodean estas muertes como producto de la resistencia a la autoridad (casos del Edo. Bolívar [Correo del Caroní, Ibíd.] y casos de Caracas [Tal Cual, 16.01.04, Op. cit.; Tal Cual, 21.01.04, Op. cit.]), testigos presenciales y familiares aseguran que las circunstancias de tales muertes son las que caracterizan a las ejecuciones extrajudiciales y acusan a las fuerzas policiales regionales y/o municipales como culpables de las mismas.
Notorio es el caso del municipio Sucre del Edo. Aragua, donde los reiterados señalamientos y fuertes protestas dirigidas por las comunidades contra la acción de las autoridades policiales municipales, a quienes acusan de practicar ejecuciones extrajudiciales, obligaron al Ministerio Público (MP) a solicitar al gobernador del Edo., Didalco Bolívar, intervenir la Policía del Municipio Sucre. La medida del MP se ampara "en el artículo 9° de la Ley de Coordinación Ciudadana, a partir del cual Poliaragua asumiría en forma provisional la coordinación de la Policía de Sucre, hasta su normalización" (El Universal, 20.01.04, pág. 2/26).
Otra situación que también merece ser reseñada es la que investiga la Comisión de Derechos Humanos del Consejo Legislativo Estadal de Lara a raíz del asesinato de 8 personas (2 de éstas menores de edad) en el sector Los Pocitos de Barquisimeto, ocurridas en la madrugada del 11.01.04 (El Universal, Ídem.). La presunción de la fiscalía regional de considerar el hecho como una acción de grupos parapoliciales motivó la apertura de una investigación que se inició el 13.01.04, con una visita del fiscal superior Jorge Querales a la sede de la Dirección de Investigaciones Penales de las Fuerzas Armadas Policiales del Edo. Lara, con el fin de "realizar una prueba de disparo de verificación de proyectiles de armas orgánicas para ser comparada con las utilizadas en el caso" (El Nacional, 14.01.04, pág. B/6). Esta primera aproximación de la fiscalía al caso fue inicialmente obstaculizada por más de 200 agentes de la policía estadal que impidieron el acceso de los funcionarios del MP (El Nacional, Ídem.). Al final de la tarde, el impasse fue resuelto y el MP logró "decomisar varias armas para someterlas a pruebas de balísticas" (El Universal, 15.01.04, pág. 2/26). Este episodio, así como el suceso de Los Pocitos será investigado por la fiscalía superior de la dependencia estadal y por la Asamblea Nacional (AN), que en sesión plenaria del 13.01.04 designó una comisión que investigará los hechos (El Nacional, Ídem.).
Finalmente, debe mencionarse que los familiares de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales del Edo. Anzoátegui realizaron el 14.01.04, una manifestación en rechazo a las autoridades policiales de los municipios más afectados por estos hechos. Señalaron específicamente al sargento Ramón Bastardo de la Policía Municipal y a la directiva de dicho cuerpo de seguridad como culpables de la situación de violación del derecho a la vida de muchas víctimas. Los manifestantes consignaron un comunicado a la Alcaldía de El Tigre sustentando sus denuncias y exigiendo la destitución de los funcionarios señalados (El Norte, 15.01.04, pág. 6).

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DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
Inaugurado nuevo Centro de Tratamiento Comunitario para reclusos con medidas de pre libertad

La Dirección General de Custodia y Rehabilitación del Recluso informó que este 15.01.04, fue inaugurado el Centro de Tratamiento Comunitario Doctor Luis Martínez González, en el Edo. Miranda. Este nuevo centro penitenciario "albergará a una población de 51 reclusos que están bajo régimen abierto para la conclusión de la pena" (El Nacional, 16.01.04, pág. B/9).
Con la apertura de esta instalación, la infraestructura penitenciaria y su población ganan un beneficio que Provea, entre otros, ha demandado reiteradas veces en su investigación sobre los derechos de las personas detenidas y encarceladas (consultar el Informe Anual sobre la Situación de los Derechos Humanos en Venezuela período octubre 2001 - septiembre 2002, págs. 414 y 540 o en http://www.derechos.org.ve).
La apertura de nuevos Centros de Tratamiento Comunitarios (CTC) permite la capacidad de atención a la población beneficiada con medidas de pre libertad (reclusos con la 3ra. parte de su condena cumplida) ampliando la infraestructura existente, contabilizada por Provea en 685 plazas para el año 2002, "muy inferior al número de residentes atendidos (1.332 en 2002 y 1.752 para septiembre de 2003)" (consultar el Informe Anual sobre la Situación de los Derechos Humanos en Venezuela período octubre 2002 - septiembre 2003, pág. 410 o en http://www.derechos.org.ve).
En estos centros los beneficiados son evaluados en su trabajo diario, estudio, relaciones sociales y familiares. Además se les brinda atención integral, multidisciplinaria individualizada y comunitaria (El Nacional, Ibíd.).

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DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
Elementos para comenzar el debate sobre el anteproyecto del Código Penal

Un mandato constitucional ordenaba a la Asamblea Nacional (AN) reformar, en un lapso de 6 meses, el actual Código Penal vigente desde 1926 y con 11 intentos infructuosos de modificación (El Nacional, 13.01.04, pág. A/4). Actualmente, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en el ejercicio de su facultad para presentar proyectos normativos, delegó al magistrado Alejandro Angulo Fontiveros, presidente de la Sala de Casación Penal, la coordinación de la redacción de un anteproyecto que para este mes sería discutido en Sala Plena en espera de su aprobación por los 20 magistrados que la componen (El Nacional, 09.01.04, pág. A/2). El proyecto resultante de este debate estaría abierto al debate público antes de llegar al parlamento, donde finalmente será objeto de las discusiones correspondientes.
El equipo redactor lo componen los/as juristas José Luis Tamayo, Miguel Villaroel, Mónica Fernández y Gladys Fernández. Fuentes informativas adelantan que el anteproyecto contiene 1.030 artículos que abarcan tanto temas tratados en el Código vigente como aspectos nuevos que las actuales  circunstancias sociohistóricas imponen (El Nacional, Ídem.). En ese sentido, "Tamayo informó que en el proyecto de reforma se incrementan las circunstancias que exoneran la responsabilidad penal en casos del aborto: 1.- Que el aborto se provoque antes de haber transcurrido 3 meses de embarazo; 2.- Que corresponda a una decisión de una mujer víctima de violación o inseminación artificial no deseada; 3.- En casos que el feto presente malformaciones graves e irreversibles; y 4.- Que esté justificado por una situación de extrema pobreza que impediría a la mujer garantizar aceptables condiciones de vida a un hijo [...] Como en el caso del aborto, la regulación del hurto famélico pretende evitar el abuso de éste. Por ejemplo, al distinguirlo del robo y, con ello, de la posibilidad de que quien no tenga comida ejerza violencia contra las personas, aunque si se permitiría contra las cosas, como abrir un boquete en la pared de un local de expendios de víveres para hurtarlos. En materia de delitos contra las cosas, también se atendió la necesidad de tipificar y sancionar conductas delictivas, como la invasión de bienes de propiedad privada. [...] Quien invada arbitrariamente terrenos o edificaciones ajenos, públicos o privados, urbanos o rurales, con el fin de ocuparlos o de obtener de ellos provecho será sancionado con prisión de 1 a 6 años y multa de 100 a 600 unidades tributarias. Tamayo informó que en adelante todos los reos de delitos penados con privación de libertad también deberán pagar multas, las cuales irán a un fondo estatal de indemnización y ayuda a las víctimas de la criminalidad" (El Nacional, Ídem.). Tamayo señaló que también se penalizaría la transmisión deliberada del VIH-SIDA y la hepatitis B, C y D, así como se aumentará la severidad "de los delitos de violación (ahora penado con prisión de 5 a 10 años y en adelante de 12 a 16); secuestro (ahora 10 a 20 y después 20 a 25); robo a mano armada (ahora 8 a 16 y en lo sucesivo de 3 a 6); y aprovechamiento de cosa proveniente del delito (ahora de 1 a 12 meses y después de 2 a 4 años)" (El Nacional, Ídem.).
Acerca de la ampliación de los atenuantes o eximientes para despenalizar el aborto planteados en este anteproyecto, Provea recuerda
las Observaciones Finales del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas al Estado venezolano (CCPR/CO/71/VEN 19), presentadas el 26.04.01, las cuales señalan que “la penalización de todo aborto no terapéutico plantea graves problemas, sobre todo a la luz de informes incontestados según los cuales muchas mujeres se someten a abortos ilegales poniendo en peligro sus vidas. El deber jurídico impuesto al personal de salud de informar de los casos de mujeres que se hayan sometido a abortos, puede inhibir a las mujeres que quieran obtener tratamiento médico, poniendo así en peligro sus vidas” (ver edición N° 127 y 113 de este servicio informativo en http://www.derechos.org.ve). Con respecto a la despenalización del hurto famélico, el jurista Alberto Arteaga opina que tal medida oculta la intención de "desconocer las condiciones de pobreza extrema que afecta cada vez más a la población venezolana [y] extiende las prerrogativas a un Estado ineficaz en el combate de la pobreza" (El Nacional, 11.01.04, pág. A/2). En relación con la penalización de la transmisión de enfermedades como el VIH-SIDA, Feliciano Reyna, presidente de la organización de derechos humanos Acción Solidaria se pronunció calificando dicho articulado como "discriminatorio, violatorio de los derechos humanos [...] en mi experiencia de más de 10 años de trabajo en este campo, nunca he visto a nadie que haya denunciado que fue infectado adrede [...] Una ley como esa dispararía el miedo de la gente a buscar ayuda y tratamiento [...] la propuesta se aleja de los parámetros internacionales que se siguen para la prevención y la lucha contra el SIDA" (El Nacional, 13.01.04, pág. A/4).
Otra fuente informativa destaca la novedad del artículo 217 de este anteproyecto, el cual trata sobre la muerte por piedad: "no comete delito quien para evitar o aliviar el inaguantable dolor o sufrimiento al que padezca una enfermedad terminal o incurable, haga cesar el tratamiento médico a sabiendas de que podría sobrevenir la muerte o aunque la producirá. Tampoco comete delito quien administre a un enfermo tal calmantes en dosis masivas que pudieran mitigar el dolor pero también provocar la muerte. Ni cometerá delito el que por piedad y de modo directo cause la muerte para mitigar su dolor o sufrimiento" (El Nacional, 11.01.04, Op. cit.). Los redactores de tal norma consideran que la misma obedece a una tendencia mundial a respetar la voluntad ajena en relación con la fase terminal de su vida, así como a los derechos constitucionales al libre desenvolvimiento de la personalidad y a no recibir tratos degradantes.
La misma fuente se detiene a observar el artículo 68, el cual indica que "el juez declara inimputable al indígena que ejecute una conducta tipificada como punible, teniendo en cuenta su inadaptación a la cultura y su eventual incapacidad para comprender la ilicitud de tal conducta o para adecuarla a las disposiciones del Derecho" (El Nacional, Ídem.).
También llama la atención de la fuente que la tendencia progresista que muestra este anteproyecto en algunos aspectos no se extendiera a casos como los llamados delitos de desacato: "por el contrario, las ofensas y agresiones contra altos funcionarios públicos se calificaron de delitos contra la independencia y seguridad del Estado sancionados con penas de prisión hasta por 8 años". A este respecto, otra fuente recuerda que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) "ha emitido pronunciamientos en los que advierte que la aplicación de las normas de desacato (difamación, injuria, vilipendio) se convirtió en una medida a la que recurren los funcionarios para acallar opiniones e imponer sanciones criminales contra los periodistas. Por eso las erradicaron en varios países" (El Universal, 12.01.04, pág. 1/6).
Otra de las normas que ha llamado la atención de los medios es la que sanciona la rebelión y "la sedición (desconocer Gobierno constituido), instigación a la rebelión o a la guerra civil o participación en la guerra civil. Las penas para estos casos oscilan entre 2 y 24 años de prisión y multas hasta por 2.400 unidades tributarias. Fraude electoral: los artículos  946 al 953 hacen referencia a delitos y fraudes electorales y a los ilícitos relacionados con los partidos [...] Suspender trabajo: según art. 976: quien valiéndose de violencia fomente u ocasione que continúe una cesación o suspensión de trabajo, con el objeto de imponer disminución o aumento de salarios o cualesquiera convenios diferentes de los pactados, será sancionado con prisión de 1 a 6 años y multa de 100 a 600 unidades tributarias. Contra economía: Prisión de 2 a 5 años y multa de 200 a 500 unidades tributarias aplicarían a quien 'por medio de violencia, amenazas, divulgación de noticias inciertas, falsas, exageradas o tendenciosas, o con cualquier maquinación cause peligro en la economía (art. 594)'" (El Universal, 20.01.04, pág. 1/4).
El anteproyecto, además, contempla desaplicar el artículo 393 del vigente Código Penal, que reducía a una quinta parte de la pena al violador de una trabajadora sexual. Esto responde la solicitud hecha ante el TSJ, el 14.11.01, por la Asociación de Mujeres por el Bienestar y la Asistencia Recíproca (Ambar), (ver edición N° 84 de este servicio informativo en http://www.derechos.org.ve) (El Universal, Ídem.).
Por otra parte, la propuesta de Angulo Fontiveros estipula prisión de 3 a 6 años y multa de 300 a 600 unidades tributarias e inhabilitación para el ejercicio del cargo por un tiempo igual al de la condena a los jueces que incurran en abuso de poder (El Universal, 17.01.04, pág. 1/4).
En otro orden de ideas, "los fiscales que omitan abrir una investigación, retarden maliciosamente su instrucción o no actúen para lograr el esclarecimiento de la verdad, serían penados con prisión hasta de 4 años, multa entre 20 y 400 unidades tributarias e inhabilitación para el ejercicio de sus funciones por un tiempo igual al de la condena y después de cumplida esta [...] Error Judicial: art. 871: 'El juez que por imprudencia grave o ignorancia dicte sentencia injusta, será castigado con multa de 100 a 200 unidades tributarias e inhabilitación para el cargo de 2 a 6 años'. Prolongar detención: art. 874: 'Juez que retarde proceso para prolongar detención será penado con prisión de 2 a 4 años'" (El Universal, Ídem.)  
Finalmente, observa Isaías Rodríguez, Fiscal General de la República, que "los códigos penales y la mayoría de los códigos del país han sido hechos fundamentalmente por elites académicas. En este momento se requiere muchísima participación. Deben integrarse a la comisión los periodistas, los sociólogos, los politólogos, los antropólogos y no debería ser la hechura de un grupo de sabios del derecho penal" (El Nacional, 16.01.04, pág. A/4).    
 
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ARTÍCULOS
Son Derechos: “Educadores/as y Derechos Humanos”

”Cada 15 de enero se celebra en Venezuela el Día del Maestro, conmemorando la formación, en plena dictadura gomecista, del gremio de educadores. Esta organización nació con el objetivo de defender los derechos de los y las maestras, mejorar la educación y proteger a la infancia.
Luego de enviar nuestras felicitaciones a los y las maestras venezolanas, deseamos destacar la importancia de la educación en derechos humanos en las escuelas venezolanas. Al respecto, se reconocen algunos avances y retrocesos: aún cuando en 1997 se elaboró la Resolución 1484, que incorpora la educación en derechos humanos en todos los grados académicos, la misma permanece sin aplicación. Además, en la última reforma curricular fue incluida en algunas materias la educación en derechos humanos.
Una reforma educativa orientada a los derechos humanos exige un perfil de los educadores respetuoso, tolerante, abierto a la participación, a la inclusión y a la solidaridad. En fin, que sea mediador y facilitador del proceso educativo, conciente de su papel como formador de ciudadanos/as para el mundo.
A propósito de este tema, Provea convocó al curso Educación en derechos humanos en tiempos difíciles. Invitamos a los interesados a consultar en la biblioteca de nuestra sede las Memorias de esta actividad, en las que se registran los debates desarrollados en estas jornadas" (Provea, 15.01.04, son@derechos.org.ve

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ARTÍCULOS
Son Derechos:
Para denunciar una violación de DDHH

"Con frecuencia a Provea llegan personas que acudieron a la Defensoría del Pueblo o a la Fiscalía sin contar con un documento que de fe de la denuncia recibida.
Por eso, al hacer una denuncia de violación de algún derecho humano es importante que lo haga por escrito y se quede con una copia sellada como recibida. Sin este paso no se puede hacer seguimiento a la denuncia, ni saber si estas instituciones están avanzando o no en la investigación.
La denuncia debe identificar el órgano a quien se remite; los datos personales del denunciante y/o de la víctima; las circunstancias, lugar, fecha y hora aproximada en que ocurrieron los hechos violatorios del derecho; la institución y los funcionarios involucrados en la violación; la firma del denunciante y, por último, los datos de localización del denunciante.
La denuncia puede hacerse ante la misma institución responsable de la violación (una escuela, el seguro social, la policía, una gobernación, etc.), ante órganos del Poder Ciudadano (Defensoría o Fiscalía), ante la Asamblea Nacional, ante los medios de comunicación, comunitarios o masivos o ante organizaciones de derechos humanos. Pero lo más importante para que la denuncia prospere y se haga justicia es que se le pueda dar seguimiento, que presione y que no se de por vencido"
(Provea, 22.01.04, son@derechos.org.ve).

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DOCUMENTOS
Asociación de Comunidades Barí de Venezuela denunciante ante la Ministra del Ambiente y de los Recursos Naturales

"Machiques, 13 de enero de 2004
Abrahán Asobayera
Presidente de la Asociación de Comunidades Barí de Venezuela (Asocbariven).
Para: Dra. Ana Elisa Osorio, Ministra del Ambiente y de los Recursos Naturales
Estimada y Apreciada Ministra
Reciba un saludo solidario del Pueblo Barí y nuestros mejores deseos en el éxito de su gestión, pues entendemos que está vinculada a nuestras vidas y nuestras tierras.
La lucha que desarrolla el pueblo Barí por la defensa de su territorio no es una lucha de hoy, tampoco puede ser considerada como un hecho aislado e independiente de nuestra historia y de nuestra cultura.
Los Barí ocupamos la cuenca del Lago de Maracaibo entre 700 a 400 años antes de la llegada de los europeos al continente americano y tenemos más de 450 años luchando por la defensa de nuestras vidas, de nuestra cultura y nuestra tierra.
Somos los indígenas que posteriormente se conocen con el nombre de motilones, que aparecemos en la historia, en 1549, con la fundación de Pamplona, guerreando a muerte con los conquistadores españoles. Esta situación de guerra termina dos siglos después, en 1772, cuando, por intermedio de un barí apresado en 1767 en una incursión militar dirigida por los hermanos Alberto y Manuel Gutiérrez llegamos a un acuerdo con Don Sebastián Guillen de no agresión, esto ocurrió en las tierras ubicadas desde los ríos Santa Ana, Aricuaizá hasta el río Catatumbo.
Desde 1772 hasta 1818, los Barí de esta región fueron reducidos a Misiones Capuchinas. Al salir del país los misioneros españoles en 1821 por la Guerra de Independencia, nos reencontramos de nuevo con el resto de nuestros hermanos que vivían libres en las selvas. Este ha sido nuestro único período de paz que hemos vividos desde la llegada de los alemanes y españoles a nuestras tierras, y se termina ha mediados de 1906, en Colombia, cuando Virgilio Barco inicia la explotación petrolera en la línea fronteriza con Venezuela, en las inmediaciones del río Catatumbo y, en Venezuela, en 1910 cuando las compañía petroleras descubren petróleo en Río de Oro.
Fueron las compañías transnacionales del petróleo Colón Development Company, subsidiaria de la Shell y la Standard Oil de Venezuela, subsidiaria de la Standard Oil de New Jersey (Creole) y la Caribbean Oil Corporation (Shell) invaden conjuntamente con la Colpet casi todo nuestro territorio.
Según el antropólogo Roberto Lizarralde, el territorio Barí, para el momento de la llegada de los conquistadores al Lago de Maracaibo, a principio del siglo XVI, tenía una superficie de 33.000 km², para el siglo XVII el territorio era ya de 21.000 km² (Lizarralde, 1975:2) y 16.000 km² para el año 1900 (Lizarralde y Beckerman, 1982).
Desde 1910 hasta 1950 los Barí, tanto de Venezuela como de Colombia, nos enfrentamos a una lucha frontal por la defensa de nuestras tierras contra las compañías petroleras extranjeras y contra los colonos (hacendados y campesinos pobres) que venían poblando los espacios aledaños a las vías de penetración e instalaciones petroleras. Para 1950 los Barí teníamos 7.400 km² de los 16.000 km² que poseían para 1900. En Venezuela, desde 1940 hasta 1962 aproximadamente, un grupo de campesinos y hacendados, principalmente de Machiques, La Cañada y Santa Bárbara, desarrollaron una cruel persecución contra nuestro pueblo para despojarnos definitivamente de todas nuestras mejores tierras. El pueblo Barí se desangró en esta desigual lucha por la tenencia de la tierra. Perdimos todas nuestras mejores tierras.
A partir del 19 y 22 de julio de 1960 con la llegada a nuestros bohíos del antropólogo Roberto Lizarralde y de los Misioneros Capuchinos, respectivamente, los Barí volvemos a contraer un nuevo acuerdo de no agresión contra los usurpadores de nuestras tierras.
Nuestra territorio o nuestra hábitat ha quedado dividido en dos espacios, uno, denominado desde 1961 Zona Indígena Reservada (ZIR) de 1.470 km² del lado venezolano y 840 km² del lado colombiano, y otro espacio fuera de la reserva, que en el caso venezolano son seis las comunidades que estamos viviendo en minúsculos espacios encerrados como animales en medio de verdes potreros de enormes haciendas fundadas en tierras bañadas por la sangre de la resistencia indígena, son estas El Rodeo, La Frontera, El Edén, Los Bohíos, La Campiña, Sinaloa, entre otras.
Desde mediado de 1985, las comunidades que están fuera de la ZIR gestionan ante el Estado la dotación de dos espacios de tierras por parte del Gobierno, previo pago de las bienhechurías a los hacendados y parceleros presuntos propietarios de los mismos: unas seis haciendas, parcelas y potreros, y un lote de tierras de unas 53 mil hectáreas aproximadamente del piedemonte de la Sierra de Perijá ocupadas por parceleros colombianos y guajiros, comprendido al sur del río Santa Rosa hasta el norte de Río de Oro. Esta última superficie será entendida como una ampliación de la ZIR. Todos estos espacios son tierras las perdimos a sangre y fuego entre 1910 y 1970 en tenaz lucha contra compañías petroleras y hacendados. Esto ha ocurrido con el visto bueno del Estado venezolano y de todos los Gobiernos que hasta la fecha han dirigido tanto a Venezuela como a Colombia. Por ello exigimos justicia.
Pero en estos momentos los Barí en Venezuela no sólo luchamos por recuperar una mínima parte de nuestro territorio ocupado hoy por hacendados y parceleros, sino contra la Corporación para el Desarrollo de le región Zuliana (Corpozulia), los Ministerios de Energía y Minas (MEM), el Ministerio de Planificación y Desarrollo (MPD), y las transnacional del carbón Minera Maicca, C.A. [Tomen (japonesa), TransMar Coal Inc. (EEUU), Excel (australiana)], Carboca y Consulminca que amenazan con reducir y contaminar más aún nuestras tierras o hábitat.
El Estado, a través de los MEM y del Ambiente, le ha entregado nuestras tierras solicitadas a Corpozulia y estas empresas privadas para explotar carbón, por ello exigimos que el Gobierno del Presidente Hugo Chávez Fría y el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARN) definan si estas tierras son para carbón o para nosotros los indígenas de la Sierra de Perijá, pues ambos intereses con contrarios e incompatibles, pues no podemos vivir rodeados de minas de carbón en pequeños
Según conversaciones, el miércoles 3 de abril de 2002, en su despacho, con el Ing. Santiago Bautista, ex-Presidente de Corpozulia, estas concesiones están soportadas en fuertes bases políticas y legales. Es decir, deducimos, que la explotación del carbón en tierras indígenas va. Es decir no habrán tierras para los Barí ni para los Yukpa o que todo se arreglará para que nos conformemos con lo poco que ahora tenemos o un poquito más. Esto lo rechazamos de plano. Exigimos justicia.
El Piedemonte de la Sierra de Perijá debería quedar como nuestra hábitat y la de los Yukpa, para desarrollar cultivos menores y preservar su potencial biogenético e hídrico, esta propuesta no entra dentro de los planes de Puerto América y del Eje de Desarrollo Occidental que viene impulsando este Gobierno, desde estos ministerios, así como los cuatro Gobiernos anteriores, conjuntamente con los capitales transnacionales del carbón.
Pese a que la Decimosegunda Disposición Transitoria de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela reza que “La demarcación del hábitat indígena, a que se refiere el artículo de la Constitución, se realizará dentro del lapso de dos años contados a partir de la fecha de entrada en vigencia de esta Constitución” aún es la fecha que no se a cumplido con tal exigencia.
Todo ello hace pensar que nosotros, los indígenas Barí y Yukpa, no vamos a tener las tierras que requerimos para vivir física y culturalmente en estos momentos de globalización; más cuando algunos representante políticos, de ministerios y corporaciones vienen informando que en el Zulia los indígenas deben negociar las tierras con los mineros, deberían exigir, por ejemplo, participar directamente en un el supuesto impuesto minero que propone Corpozulia en su libro “La Minería del Futuro” del año 2003.
Sí esto es así esta lucha por la tierra continuará hasta la muerte, y esto lo hemos decidido en Asambleas de Comunidades. Queremos ya la demarcación de las tierras Barí.
Atentamente, Abrahán Asobayera, presidente de la Asociación de Comunidades Barí de Venezuela (Asocbariven)" (Lista Electrónica Ambientalista de Venezuela, 13.01.04, lea@eListas.net)

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Coalición Internacional de Organizaciones para los Derechos Humanos en las Américas: "Organizaciones del Continente emiten un pronunciamiento en el marco de la Cumbre Extraordinaria de las Américas"

"México D.F., Enero de 2004
Las organizaciones de derechos humanos integrantes de la Coalición expresan la más enérgica protesta por la falta de transparencia en la discusión de la Declaración que llegue a aprobarse en esta Cumbre, frenando el proceso de participación de la sociedad civil que se había venido construyendo a partir de la discusión y aprobación de la Carta Democrática Interamericana. Al mismo tiempo, a continuación, fija postura respecto de los temas de agenda que convocaron a este evento.
Los derechos humanos son un eje transversal y una condición esencial para el crecimiento económico con equidad, el desarrollo social y la gobernabilidad democrática, propósitos centrales de la Cumbre Extraordinaria de las Américas. Su pleno respeto, su primacía sobre los acuerdos comerciales, los mecanismos para su protección, muy especialmente el fortalecimiento del Sistema Interamericano de los Derechos Humanos, así como la participación de la sociedad civil en los procesos nacionales y hemisféricos, constituyen elementos fundamentales para el logro de los propósitos de este evento.
Los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) han señalado en reiteradas ocasiones su compromiso con el pleno respeto a los derechos humanos, entre ellas, al suscribir la Carta de la OEA, la Carta Democrática Interamericana y con algunas excepciones, la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Dicho compromiso ha propiciado algunos avances importantes, sin embargo no todos han sido cumplidos cabalmente, por lo que la Coalición hace un llamado a los Estados para que hagan un recuento de las acciones pendientes a los efectos de que sirva para fortalecer las democracias y lograr el desarrollo económico y social de los países de la región. Por ello, las democracias de la región exigen una participación más activa por parte de la sociedad civil en los procesos nacionales y hemisféricos.
Así, ante los temas principales de la Cumbre Extraordinaria, con el fin de dar cumplimiento a sus compromisos adquiridos, la Coalición insta a los Estados a que en la Declaración que aprueben, se incluyan las siguientes acciones:

1) Fortalecimiento el sistema interamericano de derechos humanos. A pesar de encontrarse contenido en los planes de acción emanados del proceso de Cumbres de las Américas, en las resoluciones de distintas sesiones de la Asamblea General de la OEA, y en la Carta Democrática Interamericana, este compromiso no ha sido cumplido cabalmente. Incluye:
a. Universalizar el Sistema Interamericano de derechos humanos. Para ello, la Coalición insta a aquellos Estados miembros de la OEA que no han ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos a tomar todas las medidas necesarias para clarificar y demostrar su compromiso con el Sistema Interamericano.
b. Aumentar el presupuesto de la Corte y la Comisión Interamericanas de Derechos Humanos.
c. Cumplir con las decisiones y recomendaciones emanadas de los órganos de protección de los derechos humanos y difundir lo más ampliamente posible los informes de la Comisión y de la Corte sobre el incumplimiento de sus respectivas recomendaciones y decisiones;
d. Adoptar las medidas tendientes a la adecuación de su legislación en el marco de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales en materia de derechos humanos
e. Incorporar dentro del mandato y actividades de las instituciones nacionales de derechos humanos, el monitoreo permanente del cumplimiento, por parte de los Estados, de las resoluciones del Sistema Interamericano, volviéndose de esta manera partícipes del procesos de reparación a las víctimas y de superación de la impunidad estructural que golpea a las Américas;
f. Crear un fondo para la asistencia legal para que las víctimas tengan acceso efectivo a los mecanismos de protección.

2) Primacía de los derechos humanos. Para garantizar el logro de los propósitos de esta Cumbre se deben someter todos los acuerdos de libre comercio e integración económica a las normas y estándares internacionales de derechos humanos, tal como la Convención Americana de Derechos Humanos y sus protocolos. Para ello:
a. Es fundamental que los acuerdos de libre comercio hagan referencia explícita a los instrumentos de derechos humanos. En caso de conflicto entre el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho mercantil internacional, los Estados deben reconocer de manera formal la primacía de los instrumentos de derechos humanos.
b. Teniendo en cuenta los actuales desfases de ratificación, todos los acuerdos de libre comercio deben hacer referencia explícita a la obligación de sus miembros de reconocer y aplicar los principios contenidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Declaración de la OIT relativa a los Derechos y Deberes del Trabajador.
c. Sin perjuicio de lo anterior, la ratificación de instrumentos de derechos humanos se debe poner, para los Estados que aun no lo han hecho, como condición de participación en acuerdos de libre comercio;
d. En los informes anuales de la CIDH a la Asamblea General de la OEA se debe hacer una evaluación del impacto de la integración económica sobre los derechos humanos, asegurando la primacía de los derechos humanos;
e. Los Estados y los agentes no estatales deben rendir cuentas sobre el cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos.

3) Participación de la sociedad civil. La participación de la sociedad civil en todas aquellas actividades de importancia para el desarrollo de los Estados, especialmente en el proceso de creación, implementación y seguimiento de los acuerdos de libre comercio, es un componente integral de la democracia en el Hemisferio. En el marco de las resoluciones de la Asamblea General y del Consejo Permanente, y de la Carta Democrática Interamericana, la Coalición insta a los gobiernos a poner en acción los compromisos previos de ampliar y fortalecer el rol de la sociedad civil en las actividades de la OEA.
Por ello, los Estados deben:
a. Implementar las recomendaciones de las Estrategias para incrementar y fortalecer la participación de las organizaciones de la sociedad civil en las actividades de la OEA;
b. Institucionalizar la participación de la sociedad civil en eventos y conferencias de la OEA, incluyendo las negociaciones de acuerdos de libre comercio;
c. Ampliar el rol de la sociedad civil en el desarrollo de mecanismos de participación.

Finalmente, para dar seguimiento al cumplimiento de estos compromisos, la Coalición insta a los Estados del Hemisferio a que en la Asamblea General del 2005 entreguen a la Secretaría General un informe que registre las actividades específicas realizadas para el cumplimiento de los compromisos en el fortalecimiento del sistema de derechos humanos y en la participación de la sociedad civil adquiridos en la Carta Democrática Interamericana, el Plan de Acción de Québec, y en las Asambleas Generales de la OEA.
Organizaciones Firmantes:
Acción Ecológica, Ecuador; Alternativa, Perú; Amnistía Internacional; Asociación Casa Alianza, Guatemala; Asociación Manos Limpias, Perú; Asociación Nacional de Centros (ANC), Perú; Asociación Pro Búsqueda; Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), Perú; Auditoria Democrática Andina; Cañas (IDHUCA), El Salvador; Casa Alianza, Honduras; Casa Alianza Internacional, Costa Rica; Casa Alianza, Nicaragua; Central Unitaria de Trabajadores, Perú; Centro de Análisis Político e Investigaciones Sociales y Económicas (CAPISE), México; Centro de Derechos Económicos y Sociales, Ecuador; Centro de Derechos Humanos "Fray Francisco de Vitoria O.P" A.C., México; Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez” A.C., México; Centro de Derechos Humanos Ñu´u Ji Kandii, AC Tlaxiaco, Oaxaca, México; Centro de Documentación en Derechos Humanos "Segundo Montes Mozo S.J.", Ecuador; Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Argentina; Centro para la Promoción de los Derechos Humanos "Madeleine Lagadec", El Salvador; Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL); CODEFAM "Marianella García Villas", El Salvador; Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”, Colombia; Colegio de Periodistas de Costa Rica; Comisión Colombiana de Juristas; Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos A.C.; Comité de Familiares de las Víctimas de los Sucesos de Febrero-Marzo de 1989 (Cofavic), Venezuela; Confederación Campesina del Perú (CCP); Consorcio de ONG que Apoyan a la Pequeña y Micro Empresa (COPEME), Perú;  Cooperación, Acción Solidaria para el Desarrollo, Perú; Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU); Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Perú; Defensa de Niñas y Niños Internacional (DNI), Costa Rica; Derechos Humanos para las Américas, HR-Américas; Derechos y Democracia, Canadá; Centro de Asistencia Legal Popular de Panamá; Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana "José Simeón; Servicio Internacional para los Derechos Humanos; Servicio Jesuita a Refugiados, Venezuela; Escuela de Antropología Aplicada, Universidad Politécnica Salesiana, Ecuador; Foro Ecológico del Perú; Fovida, Perú; Fundación Casa Alianza, México; Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad), El Salvador; Fundación para el Desarrollo de las Comunidades en el Ecuador (Fudeconec); Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), Ecuador; Grupo de Iniciativa Conades, Perú; Grupo de Mujeres Diversas, Perú; Grupo Genero y Economía, Perú; Idhuca; Instituto de Desarrollo Urbano (Cenca), Perú; Instituto de Investigación y Capacitación de la Familia y la Mujer (Incafam), Perú; Movimiento Amplio de Mujeres (MAM), Perú; Plan País, Ecuador; Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea); Red de Información y Acción por el Derecho Humano a Alimentarse FIAN - Sección México; Red Latinoamericana de Mujeres Transformando la Economía, Perú; Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio; Red Peruana de Gays, Lesbianas, Bisexuales y Travestis, Perú; Reforma Penal Internacional;
Servicio de Paz y Justicia de América Latina, Serpaj-A.L; Servicio de Paz y Justicia de Costa Rica, Serpaj-CR; Servicios Educativos Rurales, Perú; Taller Interdisciplinario de Ciencias Sociales, Perú; Tierra Vida Asociación Ecológica, Perú; Visión Mundial, Oficina para América Latina y El Caribe; Washington Office on Latin America (WOLA)" (Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, 12.01.04, washington@cejil.org).

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Declaración del II Encuentro Latinoamericano de Sociedad Civil para la Incidencia en Políticas Educativas: “Por una educación de calidad para todos y todas”

"Santa Cruz, 12.12.03
Las organizaciones Action Aid Ayuda en Acción, CEAAL, Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, IBIS, Educación y Desarrollo, las iniciativas ciudadanas nacionales y las redes participantes del II Encuentro Latinoamericano de Sociedad Civil para la Incidencia en Políticas Educativas 'Reflexionando sobre la Calidad Educativa', realizado en la ciudad de Santa Cruz, Bolivia, entre el 11 y 13 de diciembre del año 2003, manifestamos nuestra profunda preocupación:
· Porque la estructura económica capitalista neoliberal, sobre la que han estado asentadas las políticas económicas y las reformas educativas de América Latina y el Caribe, es productora de la exclusión y discriminación, situándonos como una de las regiones más inequitativas en el mundo.
· Porque la educación, a pesar de la implementación de los procesos de transformación de los sistemas educativos realizados en nuestros países en las últimas décadas presenta serias deficiencias en relación a sus concepciones, pertinencia socio cultural, participación social en la construcción de políticas educativas y calidad de los procesos educativos y aprendizajes, como parte y correlato de esa dura realidad de pobreza, exclusión y discriminación.
· Porque a pesar de los múltiples compromisos, declaraciones y marcos de acción suscritos por nuestros gobiernos en los distintos encuentros internacionales sobre educación, no se perciben substanciales cambios en la educación de la región y países.
Por lo que:
· Manifestamos que la educación de calidad es un derecho fundamental de toda persona y como tal la construcción de políticas y estrategias públicas en educación es una responsabilidad que compete tanto a los gobiernos como a las organizaciones de la sociedad civil.
· Exigimos que los gobiernos de nuestros países desarrollen políticas y estrategias que contribuyan a mejorar substancialmente la calidad de vida y la educación, en el marco de la construcción de una sociedad solidaria, inclusiva, equitativa y justa. Lo que supone desarrollar una educación de calidad que contribuya a la liberación de las personas, pueblos y naciones; el fortalecimiento de la participación ciudadana, de los derechos humanos y de una cultura de paz; el respeto y preservación de nuestro recursos naturales; la inclusión de las personas y grupos sociales que fueron excluidos por razones de cultura, etnia, género, estatus social y económico, etc.
· Dado el carácter político y público de la educación, convocamos a las organizaciones de la sociedad civil a contribuir en el desarrollo de procesos de construcción y seguimiento de políticas educativas que se realizan en nuestra región y países reflejando las expectativas de nuestros pueblos.
· Exigimos la solución de problemas que aún quedan pendientes de solución en la “agenda de la educación” de nuestra región, entre estos, la necesidad de:
- Constituir a la educación en un factor estratégico de desarrollo humano y de liberación.
- Destinar más y mejores inversiones económicas para el desarrollo de la educación.
- Realizar transformaciones que comprendan al conjunto de los sistemas educativos. Para constituir sistemas educativos de calidad e integrales, junto a los cambios impulsados en la educación primaria escolarizada se requiere atención prioritaria de la educación de adultos, especial, inicial, secundaria y superior.
- Desarrollar políticas y estrategias integrales y sostenidas que permitan a los docentes mejoras salariales, claro rol en los procesos de transformación de la educación, formación y capacitación sistemática.
- Incentivar el desarrollo de pensamiento pedagógico y proyectos educativos que respondan a la realidad de nuestra región y países, en el marco de la construcción de un proyecto histórico latinoamericano y del Caribe.
- Incorporar con capacidad de decisión la participación social, tanto en la formulación, seguimiento e implementación de políticas educativas como en el desarrollo de estrategias de innovación educativa.
- Promover procesos educativos que incorporen crítica y constructivamente el desarrollo de la ciencia y tecnología, así como el acceso, procesamiento y producción de conocimientos e información.
- Desarrollar programas socio educativos de equiparación de oportunidades en educación, destinados con prioridad hacia los sectores menos favorecidos de nuestra región y países.
· Expresamos nuestro compromiso de impulsar el cumplimiento de los propósitos y las acciones anteriormente señaladas, para lo cual nos constituimos en Campaña Latinoamericana y de El Caribe. Por una educación de calidad para todos y todas" (La Red Va, 11.01.04, .laredva@repem.org.uy).


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El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) es una organización no gubernamental especializada en la defensa y promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC), que tiene como fin la plena realización de los derechos humanos y el respeto al Estado de Derecho, en el marco de una sociedad democrática y participativa. Toda acción que Provea lleva a cabo busca beneficiar a las víctimas o potenciales víctimas a las que el Estado no les garantiza o les viola sus derechos humanos, propiciando su protagonismo y la concientización de sus derechos.
 

 
Tienda Honda a Puente Trinidad, edificio Centro Plaza Las Mercedes, local 6, planta baja, Parroquia Altagracia
Apartado Postal 5156, Carmelitas 1010-A, Caracas, Venezuela
Teléfonos / fax: (0058) (0212) 862-10-11 / 862-53-33 / 860-66-69
Sitio web: http://www.derechos.org.ve
Correo electrónico: provea@derechos.org.ve
Provea, Derechos Reservados 2003