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Una lectura de la realidad venezolana
desde los
derechos humanos |
Servicio
informativo No. 133
Del 09 al 19 de febrero de 2004 |
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1988/2003:
Provea, 15 años por
los derechos sociales y contra la impunidad
EDICIÓN ESPECIAL
CONTEXTO
* Provea se reserva el ejercicio de acciones legales contra
el Presidente Chávez
* Carta dirigida por Provea a Presidente Chávez con motivo
de solicitud de derecho de petición
* El Foro por la Vida y la Red Venezolana de Educación en y
para los Derechos Humanos rechazan insinuaciones
presidenciales sobre Organizaciones de Derechos Humanos
* A la opinión pública nacional e internacional. Aclaratoria
sobre el financiamiento de la Red de Apoyo por la Justicia y
la Paz
* Cofavic, Vicaría Episcopal de Derechos Humanos de la
Arquidiócesis de Caracas y Oficina de Derechos Humanos del
Vicariato Apostólico de Puerto Ayacucho: Comunicado Público
* Declaración pública de Amnistía Internacional: El Presidente Chávez debe
reconocer y respetar las actividades legítimas en favor de los derechos humanos
* Extracto de las declaraciones del Presidente
Chávez en el Aló Presidente 182
* Observaciones y exigencias de las Organizaciones de Derechos
Humanos a los poderes públicos y a los actores políticos ante
la actual
coyuntura
* Foro por la Vida considera que declaraciones de altas
autoridades del Estado debilitan el Sistema Interamericano de
Protección de los Derechos Humanos y favorecen la impunidad
A efectos
de este servicio informativo utilice:
coyuntura@derechos.org.ve
Ediciones anteriores disponibles en nuestro
sitio web:
http://www.derechos.org.ve
Agradecemos mencionar la
fuente cuando el contenido sea citado o difundido |
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CONTEXTO
Provea se reserva el ejercicio de acciones legales contra
el Presidente Chávez |
Ante la inexactitud y ligereza de algunas opiniones e
informaciones emitidas por el Presidente Hugo Chávez, en su
programa “Aló Presidente N° 182”, en las que insinúa que
varias organizaciones venezolanas de derechos humanos, entre
ellas Provea, forman parte de una estrategia golpista y que
tienen indebidos vínculos con los EEUU, Provea hace del
conocimiento de la comunidad nacional e internacional, y del
propio mandatario, lo siguiente:
1) Nuestra organización, por mandato y trayectoria, ha sido
y es una clara defensora del orden constitucional y de la
vigencia del Estado de Derecho y de sus instituciones. En
este sentido actuamos y opinamos en el año 1992, cuando el
entonces Tte. Coronel Hugo Chávez Frías intentó, sin éxito,
dar un golpe, y más recientemente el 12.04.02, cuando el
empresario Pedro Carmona Estanga, apoyado por un
conglomerado político opositor y un sector de la FAN, dio un
golpe de Estado contra el gobierno constitucional presidido
por el actual mandatario nacional. En esta última
oportunidad condenamos, el mismo 12.04.02, la ruptura del
hilo constitucional, denunciamos las violaciones a los
derechos humanos cometidas contra funcionarios y partidarios
del gobierno nacional, solicitamos medidas cautelares ante
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a
favor del Diputado Tarek William Saab, detenido
arbitrariamente por efectivos policiales leales al gobierno
de facto, y asesoramos y apoyamos al abogado Ricardo Dorado,
actual Viceministro del Trabajo, en su solicitud de medidas
cautelares ante la CIDH por la detención ilegal del
Presidente Chávez. Igualmente, como lo reconoció
públicamente Jorge Valero, embajador de Venezuela ante la
OEA, en su discurso ante ese foro continental el 13.04.02:
“Provea es una organización de la sociedad civil dedicada a
los derechos humanos [que] había requerido la convocatoria
de este Consejo Permanente de la Organización de los Estados
Americanos y la aplicación de la Carta Democrática, que
permitiera la expulsión de la Junta de gobierno que usurpó,
por breve tiempo, la titularidad democrática”.
Por estas razones, las insinuaciones presidenciales que
intentan vincular a Provea con actividades contrarias al
orden constitucional, carecen de fundamento y deben ser
objeto de una inmediata y debida rectificación.
2) Respecto al origen de nuestros fondos y financiamientos,
para quienes conocen nuestra trayectoria de más de quince
años defendiendo los derechos humanos en Venezuela, es de
público conocimiento que los mismos provienen de
organizaciones no gubernamentales internacionales,
especialmente europeas vinculadas a iglesias católicas y
protestantes, así como de la Unión Europea y Embajadas que
apoyan proyectos de derechos humanos en Venezuela. A lo
largo de la historia, organizaciones de distintas partes del
mundo han depositado su confianza en la seriedad,
responsabilidad y pertinencia de los programas de Provea,
otorgando recursos para financiamientos específicos o por
plazos recurrentes, en ocasiones hasta mayores de cinco
años. La lista completa de patrocinantes se puede conocer en
la siguiente dirección electrónica:
http://www.derechos.org.ve. Cabe precisar que Provea no
recibe ni solicita financiamiento del gobierno de EEUU u
órgano alguno de dicho Estado, pero ratifica que quien lo
haga con fines lícitos no comete ningún delito.
3) Provea mantiene relaciones cordiales con varias
delegaciones diplomáticas acreditadas en Venezuela, entre
las cuales se encuentra la de los EEUU. La existencia de
esas relaciones no ha obstaculizado una mirada crítica de la
política exterior de diversas administraciones de los EEUU.
Públicamente hemos cuestionado, entre otras actuaciones, el
aval de la administración Bush al gobierno de facto de Pedro
Carmona y la invasión a Irak.
4) El Presidente, de manera genérica, señaló que las
organizaciones venezolanas de derechos humanos a las que
aludió en su programa lo habían demandado en España por
delitos de Lesa Humanidad. Ni Provea, ni ninguna otra de las
organizaciones aludidas ha sido parte de la demanda que
efectivamente existe. No obstante, y aunque en lo que
respecta a Provea consideramos que esa demanda carece de la
debida sustentación técnica, defendemos el derecho de todo
ciudadano a ejercer las acciones legales, nacionales e
internacionales, que juzgue pertinente para la defensa de
sus derechos. En el referido caso, públicamente hemos
cuestionado al Presidente de la República por haber
iniciado, contra los demandantes, un proceso judicial por la
supuesta comisión del delito de traición a la patria, pues
ello implica un nefasto precedente y un obstáculo para el
ejercicio de la defensa de los derechos humanos mediante el
uso de las instancias internacionales de protección, así
como una vulneración de los artículos 26 y 31 de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Vale
recordar que, según el Artículo 132 de la Constitución, la
defensa y promoción de los derechos humanos constituye un
deber de toda persona. En lo que a Provea respecta,
ratificamos nuestra voluntad de seguir actuando a favor de
los derechos humanos, en particular de los derechos sociales
de los sectores excluidos, haciendo uso para ello de las
instancias nacionales e internacionales que juzguemos
pertinente, sin que las amenazas o insinuaciones del actual
Presidente o cualquier otro funcionario, actual o futuro,
hagan mella en ella.
5) Sobre la relación de Provea con el Centro Internacional
por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), cabe
precisar que participamos y fuimos miembros fundadores de
dicha organización internacional. Provea, desde la más
absoluta autonomía y con independencia de criterios,
mantiene permanente relaciones de trabajo con esta
organización, como lo hacemos con más de un centenar de
importantes organizaciones defensoras de los derechos
humanos del continente americano.
6) Finalmente, Provea informa que procederá a solicitar de
conformidad con el Artículo 58 de la Constitución República
Bolivariana de Venezuela, un derecho a rectificación al
Presidente Chávez con relación a los conceptos emitidos en
el programa “Aló Presidente N° 182”, de fecha 15.02.04, y
que estudia una gama de acciones judiciales para restablecer
la honorabilidad y credibilidad que pudiera verse afectada
por las opiniones del mandatario nacional.
Firmantes: Carlos Correa, Coordinador General; María Isabel
Bertone, Coordinadora del Área de Educación; Marino
Alvarado, Coordinador del Área de Defensa; Antonio J.
González Plessmann, Coordinador del Área de Investigación
(Provea, 16.02.04,
http://.wwww.derechos.org.ve).
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CONTEXTO
Carta dirigida por Provea a Presidente Chávez con motivo
de solicitud de derecho de petición |
Caracas 16 de febrero de 2004
Ciudadano
Hugo Rafael Chávez Frías
Presidente de la República Bolivariana de Venezuela
Palacio de Miraflores
Presente
De nuestra mayor consideración:
En nombre y representación del Programa Venezolano de
Educación Acción en Derechos Humanos, me dirijo
respetuosamente a Usted de conformidad con el artículo 51 de
la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela con
el objeto de hacerle la siguiente petición:
De conformidad con el artículo 58 de la misma Constitución
le solicitamos formalmente proceda a rectificar la
información hecha pública por su persona en fecha 15 de
febrero de 2004 en su programa “Alo Presidente N° 182”, la
cual es inexacta y resulta agraviante para Provea.
En tal sentido, deseamos aclararle:
PRIMERO: Como organización de derechos humanos Provea no
sólo ha rechazado, sino que rechaza todo acto que, con
carácter conspirativo, atente contra las instituciones
democráticas y el estado de derecho. En ese sentido, es
importante recordarle que incluso antes de que lo hicieran
altos funcionarios de su gobierno o de los Poderes Públicos,
denunció a nivel nacional e internacional el golpe de Estado
del que fuera objeto el día 11.04.02 el gobierno que Ud.
preside. Cabe destacar que esta conducta institucional fue
reconocida por su embajador ante la OEA, Jorge Valero, quien
expresó el 13.04.02 en el foro hemisférico: “Provea, una
organización de la sociedad civil dedicada a los derechos
humanos, había requerido la convocatoria inmediata de este
Consejo Permanente de la Organización de los Estados
Americanos y la aplicación de la Carta Democrática, que
permitiera la expulsión de la Junta de Gobierno que usurpó,
por breve tiempo, la titularidad democrática”
SEGUNDO: En el marco de esa denuncia y como organización
defensora de los derechos humanos, Provea solicitó a la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos medidas
cautelares a favor del Diputado Tarek William Saab y
colaboró en la solicitud de medidas cautelares para Usted,
solicitud que hizo el actual Vice-ministro del Trabajo,
Ricardo Dorado, desde Provea y con la asesoría de nuestra
organización. Dicha solicitud la hicimos en ejercicio del
derecho constitucional establecido en el artículo 31 que
concede a toda persona la posibilidad de acudir a las
instancias internacionales de protección de los derechos
humanos. Provea, por lo tanto, en el caso de su persona y en
otros que ha denunciado ante la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos ha cumplido con su deber de defender los
derechos humanos ejerciendo un derecho constitucional. Y tal
como lo establece el artículo 132 de la Constitución,
seguirá elevando casos ante el Sistema Internacional de
Protección de los Derechos Humanos, cuando considere que en
la jurisdicción interna no es posible obtener justicia y
castigar a los responsables de las violaciones a los
derechos humanos.
TERCERO: Sobre la relación de Provea con el Centro
Internacional por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil),
cabe precisar que participamos y fuimos miembros fundadores
de dicha organización internacional. Y mantenemos con la
misma, desde la más absoluta autonomía y con independencia
de criterios, permanente relación de trabajo, como lo
hacemos con más de un centenar de importantes organizaciones
defensoras de los derechos humanos del continente americano.
CUARTO: Deseamos aclarar también que Provea no es parte de
la demanda que cursa en España contra su persona por delitos
de lesa humanidad porque consideramos que esa demanda carece
del debido fundamento. Sin embargo, seguiremos defendiendo
el derecho de todo ciudadano a ejercer las acciones legales,
nacionales e internacionales que juzgue pertinentes para la
defensa de sus derechos. Vale recordarle que según el
artículo 132 de la Constitución de la República Bolivariana
de Venezuela, la defensa y promoción de los derechos humanos
constituye un deber de toda persona. Ratificamos por ello
nuestra voluntad de seguir actuando a favor de los derechos
humanos, en particular de los derechos sociales de los
sectores excluidos, haciendo uso para ello de las instancias
nacionales e internacionales que juzguemos pertinentes.
QUINTO: Respecto del origen de nuestros fondos y
financiamientos deseamos reiterarle lo que es de público
conocimiento: los mismos provienen principalmente de
organizaciones sociales europeas. Cabe precisar que Provea
no recibe ni solicita financiamiento del gobierno de EEUU ni
de órgano alguno de dicho Estado. Asimismo le comunicamos
que Provea no tiene ningún inconveniente en que se
investigue la procedencia de sus fondos y el uso que hace de
los mismos. En tal sentido, estamos dispuestos a brindar
toda la colaboración que sea necesaria para que esa
investigación se realice si los órganos competentes la
consideraran adecuada.
Sin más a que hacer referencia, lo saluda muy atentamente,
Atentamente: Carlos Correa, Coordinador General de Provea.
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CONTEXTO
El Foro por la Vida y la Red Venezolana de Educación en y
para los Derechos Humanos rechazan insinuaciones
presidenciales sobre Organizaciones de Derechos Humanos |
Las coaliciones de organizaciones venezolanas de derechos
humanos Foro por la Vida y Red Venezolana de Educación en y
para los Derechos Humanos, rechazan las insinuaciones del
Presidente de la República, Hugo Chávez, formuladas en la
edición de su programa semanal “Aló Presidente” de fecha
15.02.04, según las cuales varias instituciones que
participan de dichas coaliciones serían parte de un conjunto
más amplio de actores sociales y políticos que atentan
contra el Estado de Derecho venezolano.
En tal sentido, señalan:
1. Las organizaciones de derechos humanos articuladas en
estas coaliciones han dado muestras de absoluto apego,
defensa y promoción de las reglas del juego democrático; así
lo atestigua su objeción a todo abuso de poder por parte de
los poderes públicos y toda ruptura o intento de ruptura del
hilo constitucional en varios casos, durante más de una
década. Este trabajo se ha realizado acompañando y
estimulando la conciencia de derechos y organización de
quienes son las principales víctimas de violación a los
derechos humanos en Venezuela: los sectores populares y
otros sectores excluidos;
2. Utilizar las instancias internacionales para hacer valer
los derechos humanos no sólo es un derecho, tal como lo
señala el artículo 31 de la Constitución; sino que además,
se enmarca dentro de un deber establecido en el artículo 132
del mismo texto, el cual señala: “Toda persona tiene el
deber de cumplir sus responsabilidades sociales y participar
solidariamente en la vida política, civil y comunitaria del
país, promoviendo y defendiendo los derechos humanos como
fundamento de la convivencia democrática y de la paz
social”;
3. Ninguna de las organizaciones articuladas en el Foro por
la Vida o en la Red Venezolana de Educación en y para los
Derechos Humanos es subsidiaria o dependiente económica o
políticamente, ni de ninguna otra forma, del Centro por la
Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL, por su siglas en
inglés), aunque ello no constituiría un delito en Venezuela.
CEJIL es una organización con la cual las organizaciones
articuladas en el Foro por la Vida guardan cordiales
relaciones de trabajo por los derechos humanos en el
continente, desde una perspectiva de autonomía y absoluta
independencia de criterio;
4. Por tales razones, consideramos que las informaciones y
opiniones emitidas por el Presidente Chávez son de carácter
inexacto y ponen en tela de juicio la credibilidad del
trabajo que realizan dichas organizaciones. En virtud de
ello, le solicitamos, públicamente, le sea concedido a las
organizaciones aludidas (Red de Apoyo por la Justicia y la
Paz, Vicariato Apostólico de Puerto Ayacucho, Cofavic,
Vicaría Episcopal de Derechos Humanos de la Arquidiócesis de
Caracas, Vicariato Apostólico de Machiques y Provea) un
derecho a rectificación, tal como lo establece el artículo
58 de la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela.
Suscriben: Acción Ciudadana Contra el Sida (ACCSI); Cátedra
de la Paz Monseñor Oscar Arnulfo Romero (Mérida); Centro de
Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello
(Cddhh/UCAB)
Centro para la Paz y los Derechos Humanos de la Universidad
Central de Venezuela; Centros Comunitarios de Aprendizaje (Cecodap);
Comisión de Defensa de los Derechos Ciudadanos de la
Universidad de Carabobo (Coddeciuc); Comisión de Justicia y
Paz del Secretariado Conjunto de Religiosos y Religiosas de
Venezuela (Secorve); Fundación de Derechos Humanos del
Estado Anzoátegui; Fundación de Derechos Humanos del Estado
Sucre; Oficina de Derechos Humanos del Vicariato Apostólico
de Puerto Ayacucho; Oficina Diocesana de Derechos Humanos de
la Diócesis de Ciudad Guayana “Humana Dignitas”; Programa
Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea);
Red de Apoyo por la Justicia y la Paz; Red de Monitores
Populares en Derechos Humanos del Estado Táchira; Servicio
Jesuita a los Refugiados (SJR); Vicaría Episcopal de
Derechos Humanos de la Arquidiócesis de Caracas (Foro por la
Vida,
18.02.04,
foroporlavida@derechos.org.ve).
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CONTEXTO
A la opinión pública nacional e internacional. Aclaratoria
sobre el financiamiento de la Red de Apoyo por la Justicia y
la Paz |
Con motivo de la mención que el Presidente Chávez realizó en
el programa “Aló Presidente” del pasado domingo 15 de
Febrero de 2004, en el cual señalaba que algunas
organizaciones de derechos humanos recibían dinero del
gobierno de Estados Unidos a través de la “National
Endowment for Democracy” (NED), organización no
gubernamental que recibe y distribuye financiamiento del
gobierno y del congreso estadounidense, así como del “Centro
por la Justicia y el Derecho Internacional” (CEJIL),
organización no gubernamental de derechos humanos con sede
en Washington que supuestamente distribuiría dinero o
adoctrinaría a organizaciones no gubernamentales de derechos
humanos en Venezuela, entre las que cita a la Red de Apoyo
por la Justicias y la Paz, para atacar y denunciar al
gobierno venezolano en el Sistema Interamericano de
Protección a los Derechos Humanos, es decir en la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos y en la Organización de
Estados Americanos (OEA):
Queremos aclarar que la Red de Apoyo por la justicia y la
Paz es una organización no gubernamental que desde enero de
1985 promueve y defiende los derechos humanos en Venezuela.
En estos 19 años hemos acompañado, tanto en este gobierno
como en gobiernos pasados, a más de 500 familias que han
sufrido vejámenes y violaciones a sus derechos humanos en
Venezuela, incluido el derecho a la vida, cercenado por
funcionarios policiales quienes debían protegerlos.
El CEJIL es una organización internacional seria y
responsable que brinda apoyo a más de 200 organizaciones de
derechos humanos en Latinoamérica, pero que no financia sus
actividades ni influye en ellas. En el pasado, personas de
la Red de Apoyo hemos participado en actividades de
formación sobre el sistema interamericano, en las cuales
también ha participado el CEJIL, pero no teníamos
información de que éste hubiera solicitado financiamiento de
la NED para Venezuela. La Red de Apoyo nunca ha
recibido financiamiento del CEJIL, ni de la NED, ni de
USAID, ni de la Fundación Interamericana (IAF), ni de la
Embajada, ni del Gobierno de los Estados Unidos. Sin embargo
consideramos que esto no es ilegal, siempre que el uso de
estos fondos sea transparente y se destinen a la promoción
de los derechos humanos, sin discriminación. Nosotros
deseamos que el gobierno y el congreso de los Estados Unidos
destinen más fondos para la promoción de los derechos
humanos y menos para la guerra. También deseamos que el
gobierno venezolano siga destinando fondos para promover los
derechos humanos en Venezuela y en el resto del mundo. En el
pasado el gobierno de Venezuela, igual que todos los
gobiernos europeos, han destinado fondos para promover, en
varios países, organizaciones de derechos humanos, privadas,
serias e independientes como, por ejemplo, al Instituto
Interamericano de los Derechos Humanos, con sede en San José
de Costa Rica.
Además del acompañamiento a las víctimas y a las comunidades
más pobres que continuamente son víctimas de violaciones a
los derechos humanos, la Red de Apoyo capacita a
organizaciones sociales de base, educadores y educadoras,
funcionarios y funcionarias policiales para el mejor
conocimiento de los derechos humanos. La Red de Apoyo para
realizar estas actividades recibe financiamiento
principalmente de organizaciones independientes y de
gobiernos extranjeros, preocupados por mejorar la situación
de los derechos humanos en todo el mundo. Los nombres de las
agencias que financian a la Red de Apoyo se puede obtener
directamente en nuestras oficinas o a través de la página :
http://www.redapoyo.org.
Aprovechamos la ocasión para reiterarle al Presidente
Chávez, ya que conocemos su preocupación por los derechos
humanos, nuestras últimas siete comunicaciones (aún sin
respuesta) y solicitarle nuevamente que nos conceda una
audiencia para explicarle con mayor detalle el trabajo de la
Red de Apoyo y la necesidad de que el gobierno implemente un
Plan Nacional de Derechos Humanos y nombre una Comisión
Nacional que dé seguimiento a este Plan y lo asesore en esta
materia para coordinar todas las acciones, políticas y
estrategias que en el campo de los derechos humanos está
haciendo o debe hacer el gobierno.
Por el Equipo Coordinador de la Red de Apoyo por la Justicia
y la Paz, Alfredo Ruiz, Coordinador General. (Red de Apoyo
por la Justicia y la Paz, 16.02.04,
http://www.redapoyo.org)
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CONTEXTO
Cofavic, Vicaría Episcopal de Derechos Humanos de la
Arquidiócesis de Caracas y Oficina de Derechos Humanos del
Vicariato Apostólico de Puerto Ayacucho: Comunicado Público |
Cofavic, la Vicaría Episcopal de Derechos Humanos de la
Arquidiócesis de Caracas y la Oficina de Derechos Humanos
del Vicariato Apostólico de Puerto Ayacucho se ven en la
obligación de dirigirse a la opinión pública para fijar su
posición frente al inaudito e injusto ataque del que ha sido
objeto, junto a otras organizaciones de derechos humanos,
durante la alocución presidencial del pasado domingo 15 de
febrero. En este sentido señala:
1. Durante más de una década las organizaciones de derechos
humanos en Venezuela han realizado su labor con estricto
apego al Derecho Interno y al Derecho Internacional de los
Derechos Humanos. Tal y como está consagrado, entre otros
instrumentos internacionales, en la Declaración sobre el
derecho y deber de los individuos, los grupos y las
instituciones de promover y proteger los derechos humanos y
las libertades fundamentales universalmente reconocidos en
la resolución 53/144, aprobada por la Asamblea General de
las Naciones Unidas.
2. Los recursos provenientes de la cooperación internacional
que apoyan la labor de las organizaciones no gubernamentales
de derechos humanos son públicos y notorios. Su
transparencia y licitud no están en juego y cualquier
acusación que se presente al respecto afecta de manera
directa a importantes relaciones de carácter diplomático
entre Estados.
3. El país ha sido sometido a una campaña de intimidación,
mediante la cual se pretende descalificar y desligitimar
sistemáticamente a personas y organizaciones que tienen
posiciones críticas en distintos ámbitos. Con un claro uso
abusivo del poder público se han desarrollado una serie de
acciones inadmisibles. Los comentarios criminalizantes del
Presidente de la República se suman a los de otros
funcionarios venezolanos de alto nivel gubernamental y
legislativo. Estos ataques contradicen abiertamente los
compromisos de respeto y garantía del trabajo de los
defensores de los derechos humanos en Venezuela, contraídos
por el Estado venezolano en el marco la Resolución de la OEA
sobre “Defensores de Derechos Humanos en las Américas” y la
“Carta Andina para la Promoción y protección de los Derechos
Humanos”.
4. Estas declaraciones del Presidente de la República
constituyen un precedente muy negativo en la historia
democrática venezolana. Se ha utilizado el Poder Público
para menoscabar las garantías de trabajo de los defensores
de derechos humanos. Esto es un duro revés para los derechos
humanos, que no tiene antecedente y que debe llamar la
atención inmediatamente de la comunidad internacional. El
tono y el contenido de estas declaraciones constituyen una
amenaza contra el trabajo de las organizaciones de derechos
humanos venezolanas, y pone en grave riesgo la vida,
integridad y seguridad personal de los defensores y
defensoras de derechos humanos en Venezuela.
5. Esta gravísima situación que nos afecta hoy se pondrá de
inmediato en conocimiento de la Relatoría Especial para
Defensores de Derechos Humanos de la Organización de
Naciones Unidas, la Comisión y la Corte Interamericana de
Derechos Humanos y ante las misiones diplomáticas de Estados
democráticos acreditados en el país que conocen desde hace
más de una década la labor de las organizaciones de derechos
humanos.
6. Manifestamos ante la opinión pública venezolana que
asumimos los riesgos y amenazas que en estos momentos
implica la defensa de los derechos humanos en Venezuela, y
que proseguiremos nuestro trabajo con igual ahínco,
independencia y profesionalismo con el cual hemos venido
luchando y lucharemos contra los fueros de impunidad. No
estamos dispuestos a defraudar la confianza de tantas
víctimas que a lo largo de los años han depositado en
nuestras manos sus esperanzas, su dolor y sus luchas, nos
enorgullecemos de esta confianza depositada en nosotros,
ante la cual nos está prohibido sentir miedo.
Por todo lo anterior:
1) Rechazamos categóricamente las declaraciones del
Presidente Hugo Chávez y de otros funcionarios de su
administración, que estigmaticen y criminalicen el trabajo
de las organizaciones y defensores de derechos humanos en
Venezuela y en el exterior.
2) Responsabilizamos directamente al Estado venezolano por
cualquier acción que afecte la vida, integridad personal de
los defensores y defensoras de derechos humanos de
Venezuela.
3) Exigimos al Estado que honre los compromisos contraídos
en los instrumentos internacionales de protección de los
derechos humanos, los cuales garantizan ampliamente y de
manera contundente la labor que desarrollan las
organizaciones y los y las defensoras de derechos humanos.
4) Exhortamos al Estado venezolano a promover condiciones
idóneas para el debate público de las temáticas vinculadas a
la situación de los derechos humanos en Venezuela. Debate
que dentro de un contexto democrático debería enmarcarse en
un clima de respeto y garantía a los derechos humanos y las
libertades fundamentales.
5) Son las ejecuciones de los grupos parapoliciales; los
ataques a la libertad de expresión; la impunidad de los
crímenes contra los derechos humanos; y la pobreza los que
ciertamente debilitan el sistema democrático y la
convivencia pacífica en el país (Cofavic, 16.02.04,
cofavic@cofavic.org.ve).
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CONTEXTO
Declaración pública de Amnistía Internacional: El Presidente Chávez debe
reconocer y respetar las actividades legítimas en favor de los derechos humanos |
Amnistía Internacional ha declarado hoy que el presidente
Hugo Chávez debe respetar el derecho de las organizaciones
no gubernamentales de derechos humanos a desarrollar su
legítima labor, sustentada en los tratados internacionales
de derechos humanos que el gobierno de Venezuela se ha
comprometido voluntariamente a respetar.
«En el clima imperante en Venezuela, las acusaciones
indiscriminadas y sin fundamento que se formulan contra
organizaciones de derechos humanos como el COFAVIC, el
PROVEA y la Red de Apoyo, insinuando que su legítima tarea
en favor de los derechos humanos tiene el propósito de
alimentar el caos político, podrían exponer a los miembros
de estas organizaciones a graves peligros, entre ellos
amenazas y actos de intimidación», dice Amnistía
Internacional.
La organización de derechos humanos señala que también ve
con preocupación el hecho de que el presidente Chávez no
parezca estar familiarizado con el principio universal de
que todos los individuos y grupos de la sociedad, en
cualquier parte del mundo, deben disfrutar de la libertad de
colaborar entre sí e intercambiar informaciones y
conocimientos con la finalidad de proteger y defender los
derechos humanos y las libertades fundamentales
universalmente reconocidos.
Amnistía Internacional añade que siente honda preocupación
por la posibilidad de que las calumnias y los ataques contra
las organizaciones de derechos humanos desestabilicen aún
más la situación existente en Venezuela, ya de por sí
difícil. Las organizaciones no gubernamentales de derechos
humanos desempeñan un papel crucial en la defensa del Estado
de derecho en Venezuela. Recientemente, estas organizaciones
han contribuido a la elaboración de la nueva Constitución,
así como de otras reformas legislativas; asimismo, han
defendido los derechos de los sectores más desfavorecidos y
marginados de la sociedad y han dado testimonio de la
ruptura del orden constitucional producida por el intento de
golpe de Estado de 2002.
El presidente venezolano debe retirar las acusaciones
formuladas contra las organizaciones de derechos humanos y
reconocer la importancia de la contribución que ellas han
hecho, durante varias décadas, a los esfuerzos por forjar un
país en el que los derechos y la dignidad de los individuos
de todos los sectores de la sociedad se hayan convertido de
mito en realidad (Amnistía Internacional, 18.02.04,
http://web.amnesty.org/library/Index/ESLAMR530012004).
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CONTEXTO
Extracto de las declaraciones del Presidente Chávez en el
Aló Presidente 182 |
En la edición Nº 182 de su programa radial Aló Presidente,
emitido el 15.02.04 en vivo y directo por la emisora estatal
Radio Nacional de Venezuela y el canal de televisión estatal
Venezolana de Televisión, el Presidente de la República Hugo
Chávez denunció que diversas organizaciones no
gubernamentales, entre las que mencionó la asociación civil
venezolana Súmate y la organización internacional radicada
en Estados Unidos
Centro Internacional
por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL, por sus
siglas en inglés) habían recibido financiamiento
de
agencias estatales estadounidenses.
A juicio del Primer Mandatario, las razones que fundamentan
las solicitudes de financiamiento dirigidas por ambas
organizaciones a la agencia estadounidense National
Endowment for Democracy (Fondo Nacional para la Democracia),
forman parte de una conspiración en contra de su gestión
gubernamental, apoyada por el gobierno estadounidense.
Al leer el proyecto de financiamiento del CEJIL (en cuyo
aparte de "Antecedentes" se presenta un diagnóstico de la
realidad venezolana que Provea no comparte), el Presidente
Chávez mencionó la participación en dicha conspiración de
algunas organizaciones venezolanas de derechos humanos,
entre ellas Provea, sosteniendo que: "ellos no son sino
actores de un reparto macabro, de una gran conspiración
contra Venezuela, y después los llevan a Londres, perdón a
España y los ponen a hablar ante un juez español, todo esto
lo financia o no sé si todo, al menos una parte, por aquí
por esta vía" (Aló Presidente, 15.02.04).
Finalmente, el Primer Mandatario dirigió instrucciones a la
Procuradora General de la República para adelantar una
recomendación dirigida al Ministerio Público con el fin de
solicitar una averiguación por presuntos "delitos contra la
Nación, conspiración contra la República y además creo que
esto se acerca a la traición a la Patria" (Aló Presidente,
Ídem.).
Aunque el Presidente nunca se refirió directamente a nuestra
institución, por el contexto, el mensaje sugiere que Provea
recibió dinero de los EEUU y que participamos de una
conspiración. Así lo interpretaron todos los medios que
cubrieron la noticia y, también, personas con las que Provea
tiene relación y que vieron el programa. El efecto de sus
palabras se hizo sentir pronto. En el contexto de espacios
populares de Caracas con los que trabajamos por los derechos
a la salud y a la vivienda, se presentaron incidentes en los
que algunas personas señalaron dudas sobre nuestra conducta
democrática a partir de lo señalado por el Presidente. Eso,
por supuesto, dificulta nuestro trabajo y favorece la
división de quienes trabajamos por la organización de los
sectores populares y el fortalecimiento de su conciencia de
derechos y de su capacidad de exigirlos y hacerlos
justiciables.
A continuación, un extracto de la alocución:
"Bueno, esto está mejor dice Jesse [Chacón, Ministro de
Comunicacion e Información], vamos a ver qué dice: 83 mil
dólares le dan aquí, el mismo gobierno de los Estados
Unidos, está el documento original, aquí está en inglés, el
mismo National Endowment for Democracy, el FND, sus siglas
en inglés, Endowmen ¿es Fondo? ¿sí? National Endowment for
Democracy. Esto se lo dan a un Centro llamado Por la
Justicia y Derecho Internacional, es el beneficiario, vamos
a ver quienes son estos, ¿quiénes serán estos chico? ¿son
venezolanos estos, seguro? El Centro por la Justicia y el
Derecho Internacional, aquí aparece una firma de Viviana
Krstisevic, lo que no estoy seguro si este es un centro
venezolano, vamos a ver aquí tiene que decir, aquí dice,
vamos a ver, beneficiario: Center for Justice and
International Law. Las fechas del proyecto, fíjense ustedes
qué casualidad, el mismo lapso del Proyecto Súmate, 12 de
septiembre 2003 y al 30 de septiembre 2004, la plata para
esto. Vamos a ver, estos son 83 mil dólares, ¿cuántos
millones de bolívares es esto? 120 millones de bolívares por
ahí, 160 ahora con el nuevo tipo, vamos a ver qué dice aquí,
aquí dice unos Antecedentes, sí tiene que ver con Venezuela,
fíjate lo que dice aquí, Antecedentes, leo: "Mientras la
democracia en Venezuela está en una tensión extrema, la
situación de los derechos humanos continúa deteriorándose.
El colapso completo de la autoridad del gobierno en algunos
ámbitos, la politización del sistema de justicia, y la
polarización política han creado un ambiente que amenaza los
derechos humanos en un país que antes era la democracia más
estable de América Latina", es decir, cuando estaba Carlos
Andrés Pérez aquí, Rafael Caldera, Raúl Leoni, cuando
desaparecieron, mataron a Jorge Rodríguez, cuando
desaparecieron a no sé cuántos miles de personas, cuando El
Caracazo, esta era la democracia más estable de América
Latina pues, "la situación se intensificó en abril del 2002,
durante una gigantesca manifestación de la oposición,
-oigamos esto, esta es la descripción de abril de 2002, el
golpe de estado pues, vean como lo describen, el golpe de
estado- durante una gigantesca manifestación de la oposición
agentes del gobierno disparan a la muchedumbre, lo que
provocó un estallido de violencia que resultó en 18 muertos
civiles y más de 150 heridos. Durante el caos se reportó que
el Presidente Chávez había renunciado, y un gobierno de
transición llenó el vacío de poder. Dos días después el
Presidente interino intentó disolver el Congreso y el
Tribunal Supremo de Justicia, -dos días después-
manifestantes pro Chávez empezaron a saquear la ciudad, y
los militares, quienes inicialmente habían apoyado al
gobierno de transición, lo removieron y regresaron al
Presidente Chávez al poder. Estos eventos ocurrieron durante
la expulsión del Presidente Chávez y su vuelta al poder, lo
que resultó en unos 50 muertos más, todos civiles". Más
adelante dice: "Luego de discursos en los que el Presidente
Chávez ha denunciado a los medios, se han producido ataques
con explosivos en contra de edificios, de canales de
televisión y periódicos, - ah Chávez es el culpable pues-
docenas de periodistas han recibido amenazas de muerte y han
sido atacados durante manifestaciones públicas. Los últimos
cuatro años también han resultado en un deterioro general
del estado de derecho en Venezuela, ha habido numerosas y
creíbles denuncias de organizaciones y periodistas
internacionales sobre campamento de la guerrilla colombiana
en Venezuela, junto con los guerrilleros han venido los
paramilitares. En este ambiente, el Sistema Interamericano
de Derechos Humanos y la Organizaciones internacionales de
Derechos Humanos tienen un papel muy importante que jugar,
para defender los derechos humanos, y proteger los procesos
democráticos en Venezuela. Con el subsidio del Fondo -la
platica que le dieron- la platota, el Centro de Justicia y
Derecho Internacional trabajará con organizaciones
venezolanas de derechos humanos para preparar y defender los
derechos humanos en el Sistema Interamericano". Vean ustedes
como utilizan la figura hermosa de los derechos humanos,
primero para cogerse unos reales porque seguramente algunos
se quedan en los bolsillos de más de uno, y por otra parte
para atentar contra un gobierno legítimamente constituido.
Bueno, vamos a investigar también, ah pero aquí están,
miren, no aquí están las instituciones, vamos a ver qué dice
aquí, el Centro este de Derechos Humanos empleará un abogado
para preparar y avanzar los casos relacionados con Venezuela
ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y la
Corte Interamericana de los Derechos Humanos, es decir, aquí
está la plata, ya lo hemos descubierto hoy yo, al menos yo,
no tengo duda ya de dónde saca tanta plata esta gente para
viajar a Washington, para viajar a Madrid, a pagar abogados,
para acusarme a mí de que yo estoy violando aquí los
derechos internacionales, los derechos humanos y bueno, y
que estoy bueno, inmerso o incurso en un delito de lesa o
delitos de lesa humanidad, pidiendo que me enjuicien en la
Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la Corte Penal
Internacional, el tirano Chávez, pues, ahora sí se, ahora
estamos sabiendo de dónde sale la plata, del gobierno de los
Estados Unidos, vale. Esto es algo sumamente grave. Vean
ustedes. Ahora viene aquí, más adelante dice: "El abogado
trabajando en el caso Venezuela también será el responsable
por solicitar y monitorear la implementación de las medidas
precautelares y provisionales dictadas por la Comisión y la
Corte en casos en los cuales las vidas de defensores de los
derechos humanos o periodistas están bajo peligro inminente.
Acompañado por otro empleado del Centro, el abogado también
realizará dos viajes a Venezuela para recolectar evidencias,
documentar a las condiciones de derechos humanos y colaborar
con organizaciones de derechos humanos. En este caso, el
Centro continuará su colaboración con un diverso espectro de
organizaciones venezolanas que promueven los derechos
humanos, incluyendo a Cofavic, esa es una; Cofavic, nombre y
apellidos, Provea. Cofavic, Provea, otra que se llama Red de
Apoyo por la Justicia y la Paz, Vicariato Apostólico de
Puerto Ayacucho, la iglesia. Vean ustedes, Vicaría Episcopal
de Caracas, Vicariato Apostólico de Machiques y Humanidad
vigente, corporación jurídica. Bueno, aquí entonces dice,
habla de entrenamiento, entrenan gente aquí y diseminación
de información. O sea, los enseñan pues, todo esto, aquel
señor que se plantó una vez frente al Tribunal Supremo en
huelga de hambre, un señor, todo eso los entrenan, ellos no
son sino actores de un reparto macabro, de una gran
conspiración contra Venezuela, y después los llevan a
Londres, perdón a España y los ponen a hablar ante un juez
español, todo esto lo financia o no sé si todo, al menos una
parte, por aquí por esta vía. Bueno, imagínense ustedes, 83
mil dólares. Realizará un taller en colaboración con ITI
¿Qué es ITI? Aquí surge otra organización venezolana llamada
ITI, ya saldrá por ahí más adelante lo que es ITI, más
adelante dice: CEJIL, el Centro promocionará e invitará a
las ONG venezolanas y los defensores de los derechos humanos
a participar en reuniones bianuales en el Centro en
Washington para discutir y coordinar la acción colectiva
entre los grupos de derechos humanos en América Latina.
América Latina. Este Centro se estableció en 1991. Hay unos
antecedentes aquí, bueno, este es otro documento, esto por
favor, vamos al expediente que estamos trabajando. Bueno,
vean ustedes, todo esto, toda esta orquesta que aquí suena
en Venezuela macabra, es financiada y en parte por la
oligarquía criolla, también aquí hay banqueros que ponen
dinero y todo eso pero ellos van y consiguen apoyo en
Washington. Hacemos un llamado al gobierno de Washington a
que revise esto, de todos modos nosotros no nos vamos a
quedar ni callados ni tampoco nos vamos a quedar
paralizados, no, nosotros vamos a ir a denunciar esto donde
haya que denunciarlo como yo hoy lo estoy denunciando ante
un país, sobre todo informando al pueblo venezolano,
informando al pueblo venezolano porque repito, se está
orquestando de nuevo la amenaza contra Venezuela, ahora,
utilizando esto" (Aló Presidente, Ídem.).
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CONTEXTO
Observaciones y exigencias de las Organizaciones de Derechos
Humanos a los poderes públicos y a los actores políticos ante
la actual
coyuntura |
En ocasión del momento actual del proceso de verificación de
firmas recogidas para activar procesos de referenda
revocatorios, las organizaciones venezolanas de derechos
humanos que suscriben, formulamos las siguientes observaciones
y exigencias a los poderes públicos y a los actores políticos
involucrados:
1) Condenamos categóricamente todos los discursos que incitan
al uso de la violencia frente al adversario político y/o a la
ruptura del hilo constitucional, así como al desconocimiento
de las instituciones democráticas.
2) Lamentamos la demora del Consejo Nacional Electoral (CNE)
en la entrega del resultado del proceso de verificación de
firmas, originalmente planteado para el 13.02.04, y le
exigimos recordar que su actuación célere, transparente,
autónoma de presiones de cualquier tipo y garante de la
expresión de la voluntad popular, es un elemento esencial de
la administración democrática del actual conflicto político
venezolano.
3) Ratificamos que la autoridad del CNE debe ser respetada por
todos los actores del conflicto y que las denuncias sobre sus
fallas o moras, deben ser señaladas con un ánimo de
reforzamiento de su autonomía y eficiencia y siguiendo los
mecanismos institucionales establecidos en la ley.
4) Exigimos al Ejecutivo Nacional y a los Alcaldes del
Distrito Metropolitano y del Municipio Libertador que, en el
marco de sus atribuciones, coordinen las medidas necesarias
para prevenir confrontaciones violentas entre manifestantes y
garantizar en el momento de las manifestaciones programadas
para los próximos días, los derechos a la vida, la seguridad,
la integridad personal y a la manifestación pacífica.
5) Resulta evidente que, en aras del mantenimiento del orden
público y de garantizar la seguridad e integridad de la
población, las manifestaciones de los sectores que apoyan al
gobierno y la de los sectores de oposición no deben
encontrarse. En tal sentido le exigimos a los dirigentes de
cada sector concretar acuerdos que les permitan a ambos
sectores ejercer pacíficamente su derecho a la manifestación.
6) Reiteramos el llamamiento a los medios de comunicación
social del país a asumir un rol proactivo en beneficio de la
concordia, la tranquilidad, la paz y el respeto mutuo entre
todos los venezolanos y venezolanas, tal como se
comprometieron a hacerlo ante las autoridades del CNE y a los
representantes de los organismos internacionales que se
encuentran como observadores en el proceso de los referenda.
7) Instamos a la población a no caer en la desesperación ni la
violencia y a mantener la cordura en el ejercicio de sus
derechos ciudadanos, participando activamente en la búsqueda
de soluciones pacíficas a los conflictos políticos, utilizando
todos los canales, recursos, procedimientos e instituciones
señalados en la Constitución para la defensa de sus derechos.
Suscriben:
Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la
Universidad Católica Andrés Bello (Cddhh/UCAB); Centro para la
Paz y los Derechos Humanos de la Universidad Central de
Venezuela;
Fundación de Derechos Humanos del Estado Anzoátegui; Programa
Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea);
Red de Apoyo por la Justicia y la Paz (Provea, 13.02.04.
http://www.derechos.org.ve).
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CONTEXTO
Foro por la Vida considera que declaraciones de altas
autoridades del Estado debilitan el Sistema Interamericano de
Protección de los Derechos Humanos y favorecen la impunidad |
El Foro por la Vida, coalición de organizaciones venezolanas
de derechos humanos, rechaza las declaraciones y actuaciones
de algunos funcionarios estatales dirigidas contra los órganos
del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos
Humanos. Las organizaciones participantes del Foro consideran
que tales actuaciones representan un desconocimiento de las
obligaciones internacionales voluntariamente asumidas por el
Estado venezolano y debilitan la posibilidad de los ciudadanos
de protegerse ante violaciones de derechos humanos que no
tengan respuesta en las diversas instancias nacionales.
Las recientes afirmaciones del abogado Fermín Toro, agente del
Estado ante el Sistema Interamericano de Protección de
Derechos Humanos, hechas públicas por la prensa nacional según
las cuales las decisiones y medidas tomadas por la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) o la Corte
Interamericana de Derechos Humanos no son obligatorias ni
incondicionales a los Estados partes de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos (El Nacional, 27.01.04, pág.
A/6), se suma a algunas declaraciones del presidente de la
república en las que descalifica las actuaciones de la CIDH y
al pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia, contenido
en la sentencia 1942, mediante la cual la Sala Constitucional
consideró que las recomendaciones de la CIDH son sólo “puntos
de vista” que los Estados pueden incorporar o no en sus
legislaciones nacionales.
Estas opiniones públicas de altos funcionarios y entes
estatales desestiman el carácter constitucional que poseen las
recomendaciones y medidas efectuadas por el Sistema
Interamericano al Estado venezolano en materia de derechos
humanos, expresamente formuladas en los artículos 19, 23 y 31
de la Constitución. Vale recordar que el artículo 19 estipula
que, conforme al principio de progresividad de los derechos
humanos, los tratados sobre derechos humanos suscritos y
ratificados por la República, son obligatorios para los
órganos del Poder Público. Por su parte, el artículo 23,
consagra la jerarquía constitucional de los tratados, pactos y
convenciones relativos a derechos humanos suscritos y
ratificados por Venezuela, y su prevalencia en el orden
interno cuando contengan normas sobre su goce y ejercicio más
favorables a las establecidas en la Constitución y en las
leyes. Finalmente, el artículo 31, establece que toda persona
tiene derecho a dirigir peticiones o quejas ante los órganos
internacionales creados para tales fines con el objeto de
solicitar el amparo a sus derechos humanos. Este artículo
establece explícitamente que las decisiones de estos órganos
internacionales deben ser acatadas por los funcionarios del
Estado quienes deben adoptar las medidas necesarias para que
se hagan efectivas.
Estos artículos son reconocidos por el movimiento de derechos
humanos venezolano como parte de los más importantes avances
de la Constitución refrendada en 1999. Ignorar o desestimar el
peso de este logro, tal como se desprende de las palabras
dichas por estos funcionarios, constituye una violación al
mandato constitucional, así como a los convenios
internacionales suscritos y ratificados por nuestro país.
Los agentes del Estado tienen la obligación de adoptar
políticas públicas para promover los derechos humanos y
garantizar su cumplimiento, sin embargo actúan de manera
contraria, debilitando esta posibilidad y favoreciendo la
impunidad en los casos de violación a los derechos humanos.
Cuando se desacata una sentencia de la Corte Interamericana,
se le niega a las personas la posibilidad de ver consagrada la
justicia en un caso de violación que directamente la afectó.
Cuando se incumple una medida cautelar o provisional, se niega
la posibilidad de resguardar la integridad física de personas
o de salvar vidas. Cuando no se acata una recomendación de la
Comisión Interamericana, se le niega a la población venezolana
la posibilidad de que sus derechos humanos tengan mayor
protección y que una víctima tenga la posibilidad de ver
resarcidos los daños sufridos.
Finalmente, las organizaciones que hacemos parte del Foro por
la Vida insistimos en las consideraciones hechas en anteriores
ocasiones similares, en las que solicitamos a todas las
instancias del Estado venezolano, el respeto a las
instituciones internacionales que velan por las garantías y
disfrute pleno de los derechos humanos de todas y todos los
ciudadanos, tal como está establecido en las disposiciones
legales nacionales y en los acuerdos suscritos por el Estado
venezolano.
Suscriben el siguiente comunicado:
Acción Ciudadana Contra el Sida (Accsi); Centro de Derechos
Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (Cddhh/UCAB);
Centros Comunitarios de Aprendizaje (Cecodap); Comisión
Justicia y Paz del Secretariado Conjunto de Religiosas y
Religiosos de Venezuela (Secorve); Fundación de Derechos
Humanos del Estado Anzoátegui; Grupo de Derechos Humanos de la
Diócesis de San Fernando de Apure; Oficina de Derechos Humanos
del Vicariato Apostólico de Puerto Ayacucho; Programa
Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea);
Red de Apoyo por la Justicia y la Paz
Servicio Jesuita para Refugiados; Vicaría Episcopal de
Derechos Humanos de la Arquidiócesis de Caracas
(Foro por la Vida, 03.02.04,
foroporlavida@derechos.org.ve).
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El Programa
Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) es
una organización no gubernamental especializada en la defensa
y promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales
(DESC), que tiene como fin la plena realización de los
derechos humanos y el respeto al Estado de Derecho, en el
marco de una sociedad democrática y participativa. Toda acción
que Provea lleva a cabo busca beneficiar a las víctimas o
potenciales víctimas a las que el Estado no les garantiza o
les viola sus derechos humanos, propiciando su protagonismo y
la concientización de sus derechos.
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Tienda Honda a Puente Trinidad, edificio Centro Plaza Las
Mercedes, local 6, planta baja, Parroquia Altagracia
Apartado Postal 5156, Carmelitas 1010-A, Caracas, Venezuela
Teléfonos / fax: (0058) (0212) 862-10-11 / 862-53-33 /
860-66-69
Sitio web:
http://www.derechos.org.ve
Correo electrónico:
provea@derechos.org.ve
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