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Una lectura de la realidad venezolana
desde los
derechos humanos |
Servicio
informativo No. 135
Del 13 al 25 de marzo de 2004 |
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1988/2003:
Provea, 15 años por
los derechos sociales y contra la impunidad
CONTEXTO
*
Justicia, verdad y memoria. De la ESMA al Museo de la
Memoria
* Provea
abre centro de documentación Todos los Derechos para Todos
* Recientes pronunciamientos de la CIDH ante la situación
de los derechos humanos en Venezuela y reacciones estatales
DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
* Casos Haximú y jubilados de
VIASA en mesas de trabajo de la CIDH
* CDH-UCAB y Provea instan a los ciudadanos
a denunciar los atropellos contra sus derechos sociales
* Una evaluación de la Ley Orgánica Procesal del
Trabajo
* Avances del movimiento cooperativista en Venezuela
fortalece goce de los derechos sociales
* Expectativas de la Misión Vuelvan Caras
* Reciente reporte sobre pago de prestaciones sociales
* Últimas noticias acerca del IVSS
* Acciones de protección a favor de derechos a la salud y la
vida de niños, niñas y adolescentes afectados de
enfermedades crónicas
* Indicadores del derecho a la alimentación
* PIDHDD presenta informe sobre derechos sociales en el
Mercosur
DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
* Foro por la Vida condena la represión y la felicitación
genérica del Gobierno a la Guardia Nacional ignorando los
abusos y excesos
* Denuncia e impunidad en caso de tortura perpetrada por
agentes de la CICPC
* Provea condena juicio militar contra
Patricia Poleo
* Comisión Nacional para los
Refugiados: se adelanta proceso de calificación de
refugiados
INVITACIONES A EVENTOS
* Abiertas postulaciones para Pedagogía de la Paz
* Abierto diplomado "Derechos humanos de la
mujer: Teoría y práctica"
ARTÍCULOS
* Son derechos: "Participación
política”
*
Son derechos: "Derechos
de la mujer”
NOVEDADES DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN TODOS LOS DERECHOS
PARA TODOS
* "ALCA y agricultura: La inequidad se legitima"
* "Los Derechos Humanos en Venezuela"
* "Violencia contra las mujeres privadas de libertad
en América Latina"
* "La infancia y sus derechos en el Sistema
Interamericano de Protección de Derechos Humanos"
DOCUMENTOS
* Red de Apoyo
por la Justicia y la Paz condena los atentados terroristas
ocurridos en España y hace un llamado por la paz y la
no violencia
* Observatorio DESC ante los atentados en
Madrid
* Manifiesto
de Oaxaca:
Defender nuestro maíz, cuidar la vida
A efectos
de este servicio informativo utilice:
coyuntura@derechos.org.ve
Ediciones anteriores disponibles en nuestro
sitio web:
http://www.derechos.org.ve
Agradecemos mencionar la
fuente cuando el contenido sea citado o difundido |
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CONTEXTO
Justicia, verdad y memoria. De la ESMA al Museo de la
Memoria |
“Gracias a que hay gente imprescindible que ha luchado
muchísimo por la memoria y la justicia es que esto pudo
suceder”
(Testimonio de una sobreviviente de la ESMA después de la
visita realizada el día 19.03.04 al lugar en donde fue
“desaparecida” durante meses).
La Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) en Argentina fue
el sitio físico donde se concretó uno de los proyectos de
exterminio más atroces implementados por el terrorismo del
Estado argentino ejercido por la Junta militar a partir del
Golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 hasta el año 1983.
No fue el único, pero quizá sí el de mayor perversión del
“Poder Desaparecedor”. “Entre 1976 y 1982 funcionaron (...)
340 campos de concentración-exterminio, distribuidos en todo
el territorio nacional. Se registró su existencia en 11 de
las 23 provincias argentinas, que concentraron personas
secuestradas en todo el país. Su magnitud fue variable,
tanto por el número de prisioneros como por el tamaño de las
instalaciones. Se estima que por ellos pasaron entre 15 y 20
mil personas, de las cuales aproximadamente el 90 por ciento
fueron asesinadas. (...) La Escuela de Mecánica de la Armada
alojó entre 3.000 y 4.500 prisioneros de 1976 a 1979” (Poder
y Desaparición, Pilar Calveiro, pág. 29).
La ESMA está ubicada en el corazón de la Capital Federal, a
pocos metros del Estadio de Fútbol conocido como el
Monumental de River Plate, donde en 1978 se jugó la final
del Mundial de Fútbol del cual Argentina salió campeón. Hay
testimonios de prisioneros sobrevivientes que cuentan cómo
los gritos de la hinchada que vivaba los goles se mezclaban
con los ayes de dolor de los torturados.
Para entonces, por el mundo ya había comenzado a circular la
denuncia del genocidio, pero en el país, la ley del terror
producía su efecto: de eso no se hablaba. Los argentinos
éramos “derechos y humanos”. Así lo sentenciaba el Poder y
así lo decían miles de cartelitos pegados por toda la
capital. Los formadores de “opinión pública” repetían hasta
el cansancio: “Si se los llevaron, por algo será”. La
palabra “desaparecido” comenzaba a instalarse en la
cotidianeidad del pueblo golpeado, pero quien la denunciara
y desafiara el silencio impuesto, corría el riesgo del peor
y más temido de los destinos: más allá de caer prisionero,
más allá de ser torturado, más allá de morir, podía pasar a
ser –justamente- “otro desaparecido”.
Pasaron 28 años. El 24 de marzo de 2004, por decisión
presidencial, en los predios de la ESMA se creará el Museo
de la Memoria.
¿Qué hizo posible que “Ese Infierno” (título de un libro
testimonial escrito por 6 mujeres sobrevivientes de ese
campo de concentración) deviniera en testigo de un país que
parece volver a pronunciar otra vez con fuerzas “Nunca más”?
No es simplismo afirmar que el motor de esa perseverancia
fueron las organizaciones de madres, de abuelas, de hijos,
de hermanos, de ex detenidos-desaparecidos, de derechos
humanos, que durante todos estos años siguieron exigiendo
JUSTICIA, VERDAD Y MEMORIA. “Locas” fueron nombradas las
primeras por el genocida. Con los años, el mundo entero se
apropió del pañuelo blanco que se erigió en un símbolo
universal de la lucha por la dignidad. Nada hubiera sido
posible sin el tesonero empuje de esas organizaciones que
lucharon contra todo: contra la muerte y el silencio
primero, contra la complicidad de los políticos que
sancionaron decretos y leyes para la impunidad después,
contra la indiferencia del “no te metás” y del “eso ya
pasó”, siempre. Tesoneras, incansables, implacables,
lograron lo que hace unos años parecía imposible.
Cabe agregar que esa corriente vivificadora confluyó con
otra, con la que formaron otras víctimas, las que había
producido el modelo económico impuesto por aquel régimen de
terror. Nunca, en la historia argentina se habían violado
tan masivamente los derechos civiles y políticos, justamente
para poder imponer la más masiva violación de los derechos
económicos, sociales y culturales de una gran mayoría de la
población.
Hombres y mujeres pertenecientes a ambas corrientes lloraron
y festejaron este 24.03.04 frente a las puertas de la ESMA.
Desde Provea hacemos una excepción a nuestra lectura,
centrada en la realidad nacional de derechos humanos, para
extender nuestro abrazo solidario a quienes hicieron posible
esta derrota de la desmemoria, que es afirmación de la vida.
En especial, a nuestro amigo y compañero Raúl Cubas,
sobreviviente de la ESMA que decidió no callar y asumir las
consecuencias de sus denuncias para que la justicia alcance
a los responsables, única manera de que el horror no se
repita.
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CONTEXTO
Provea
abre centro de documentación Todos los Derechos para Todos |
Desde febrero Provea puso a disposición de estudiantes de
todos los niveles, académicos/as, vecinos/as,
trabajadores/as y público interesado su centro de
documentación Todos los Derechos para Todos. En el marco de
la celebración de su décimoquinto aniversario, Provea reabre
públicamente su fondo documental con un nuevo servicio
automatizado, el cual dispone de más de 4.000 libros y más
de 100 títulos de publicaciones periódicas especializadas en
derechos humanos con énfasis en los derechos económicos,
sociales y culturales.
Con la reapertura de este servicio, Provea pone a la orden
de todos un medio para fortalecer sus estrategias de
exigibilidad y promocionar los derechos sociales, mediante
la
utilización de una plataforma tecnológica que brinda a los usuarios una búsqueda
inmediata y precisa de materiales bibliográficos,
electrónicos y hemerográficos. Con sólo formar parte de su
comunidad, el usuario podrá contar con un servicio
personalizado de selecciones bibliográficas, boletines
informativos y las últimas publicaciones adquiridas por el
Centro. Las consultas pueden adelantarse vía correo
electrónico, por la dirección
centrodocumentacion@derechos.org.ve o por los siguientes
teléfonos: 0212 862 10 11/860 66 69, extensión 24.
Además, a partir de esta edición, el
servicio informativo Derechos humanos y coyuntura brindará una nueva sección titulada NOVEDADES DEL CENTRO
DE DOCUMENTACIÓN TODOS LOS DERECHOS PARA TODOS, que
contendrá una reseña de los últimos ingresos a este fondo
documental.
Marco Ponce, bibliotecólogo a cargo de la atención a los
usuarios, señaló que “el fondo bibliográfico de este centro
de documentación es, entre los de acceso público, el más
completo en materia de derechos humanos del país: concentra
textos dedicados no sólo a los aspectos jurídicos y teóricos
de los derechos humanos, sino que además abarca material
documental relacionado con las estrategias de defensa y
promoción de los derechos en Venezuela y varias partes del
mundo”.
El servicio se presta al público en los siguientes horarios:
de lunes a viernes (excepto el jueves) de 9:00 AM a 12:00 M
y de 1:30 PM a 5:00 PM. El centro de documentación Todos los
Derechos para Todos está ubicado en la sede de Provea, en el
Bulevar Panteón, entre las esquinas Tienda Honda a Puente
Trinidad de la Parroquia Altagracia de Caracas; edificio
Centro Plaza Las Mercedes, local 6 de la planta baja
(Provea, 10.02.04,
http://www.derechos.org.ve).
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CONTEXTO
Recientes pronunciamientos de la CIDH ante la situación
de los derechos humanos en Venezuela y reacciones estatales |
El 18.03.04, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
hizo público su Informe sobre la Situación de los
Derechos Humanos en Venezuela, en el que examina asuntos como
la administración de justicia, el papel de las fuerzas
armadas y la policía, el respeto a la libertad de
expresión y las consecuencias de la polarización
política que vive el país.
El documento está disponible en
internet (http://www.cidh.oas.org/Venezuela2003.pdf)
y fue elaborado sobre la base de
información recabada antes, durante y después de la
visita in loco a Venezuela llevada a cabo en mayo de
2002. El informe cubre acontecimientos
sucedidos hasta octubre del año 2003 y fue aprobado por
la CIDH durante su 118º período ordinario de sesiones
(octubre de 2003). Vale destacar que dicho informe fue
entregado al Estado por la Secretaría Ejecutiva de la CIDH el 13.11.03 "con la solicitud de que presentara
observaciones que considerara pertinentes dentro del
plazo improrrogable de un mes. Mediante
comunicación de fecha 12 de diciembre de 2003 el Estado
venezolano solicitó a la CIDH una prórroga de dicho
plazo para la presentación de sus observaciones. En tal
virtud, mediante comunicación de fecha 16 de diciembre
de 2003 la Comisión informó al Estado de las razones por
las cuales no podía acceder a su solicitud de prórroga y
al mismo tiempo le indicó que aguardaría un plazo
razonable antes de proceder a la publicación del informe
[...] El 29
de diciembre de 2003 la Comisión consideró la aprobación
definitiva y publicación del 'Informe sobre la Situación
de los Derechos Humanos en Venezuela' sin que se hayan
recibido las observaciones del Estado" (Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, 29.12.03, pág. 14).
El documento destaca varios aspectos positivos de la
Constitución, entre ellos el rango constitucional de los
tratados de derechos humanos ratificados por el Estado;
la ampliación de las condiciones jurídicas de protección
de la seguridad e integridad personal; la inclusión de
normas especiales sobre derechos humanos (derechos de
los pueblos indígenas, los derechos económicos, sociales
y culturales y la creación de instituciones dedicadas a
la protección de los derechos humanos). No obstante,
observa “preocupantes signos de fragilidad
institucional” (Ídem., pág. 203), entre los cuales
menciona la falta de aplicación integra de la nueva
Carta Magna, la percepción de la falta de independencia
de los poderes del Estado y la creciente concentración
de poder en el Ejecutivo Nacional, la actuación impune
de ciertos grupos civiles armados y de grupos parapoliciales, los
constantes ataques contra periodistas y medios de
comunicación y la tendencia hacia una militarización de
la administración publica mediante el rol cada vez mas
protagónico de las Fuerzas Armadas. Tales signos indican
a la CIDH “una clara debilidad de los pilares
fundamentales para la existencia del Estado de Derecho"
existente en el sistema democrático venezolano (Ídem.,
pág. 213).
Concluye el órgano hemisférico de
protección de los derechos humanos señalando que "espera
que el Gobierno de Venezuela y los demás actores
políticos del país, incluyendo los integrantes del Poder
Legislativo y del Poder Judicial, continúen demostrando
voluntad política para buscar soluciones a los serios
problemas de derechos humanos que afectan a los
habitantes del país" (Ídem.,pág. 213-214).
Hay que
recordar que la CIDH realizó su visita a Venezuela a solicitud
del Presidente Hugo Chávez, quien durante un viaje a
Washington en 1999, visitó sus oficinas en la sede de la Organización de los Estados
Americanos (OEA) (Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, 18.03.04,
http://www.cidh.oas.org/Comunicados/Spanish/2004/9.04.htm).
Luego de dar a conocer este documento, la CIDH fue
objeto de críticas emitidas por la misión permanente de
Venezuela ante la OEA, encabezada por Jorge Valero,
embajador ante el órgano hemisférico. En un comunicado
que Valero hizo público el 19.03.04, se acusa a la
Comisión de estar parcializada a favor del sector que se
opone al Presidente Hugo Chávez: "la metodología
utilizada por la CIDH para elaborar el informe
privilegió información proporcionada por factores
políticos de la oposición y sectores de la
autodenominada sociedad civil que propiciaron el golpe
de Estado en Venezuela. La información suministrada por
el Estado venezolano, por el contrario, fue totalmente
desestimada. Con respecto al informe de la CIDH también
debemos recordar un antecedente relevante. Eduardo
Bertoni, relator de Libertad de Expresión, expresó a un
medio impreso venezolano, en mayo de 2002, que el
informe definitivo de la CIDH -que ahora ha sido
publicado- no sufriría cambios. En otras palabras, se
estaba denegando, con antelación, el derecho que tiene
el Estado venezolano a su legítima defensa" (El
Nacional, 20.03.04, pág. A/6).
Como un caso emblemático de la parcialidad de la CIDH,
el comunicado recuerda la falta de una acción definitiva
por parte de la CIDH que culminara con la adopción de la
medida cautelar solicitada por el abogado Ricardo Dorado,
con apoyo de Provea, a favor del Primer Mandatario en el contexto
del golpe de Estado de abril 2002 (ver recuadro
Itinerario de las relaciones entre el Sistema
Interamericano y Venezuela ante el golpe de Estado del
capítulo Gestiones Internacionales ante Organismos
Internacionales, en el Informe Anual sobre la Situación
de los Derechos Humanos en Venezuela octubre
2001-septiembre 2002,
http://www.derechos.org.ve). Para Valero, esta
situación evidencia "una falta de imparcialidad en la
actuación de la mayoría de sus miembros" (El Nacional,
Op. cit.).
Seis días antes de la publicación de dicho documento,
éste órgano del sistema interamericano de protección de
los derechos humanos concluía su 119º período ordinario
de sesiones, en el cual celebró 59 audiencias relativas
a casos y peticiones individuales, a medidas cautelares
y a situaciones generales y específicas de derechos
humanos. Algunas de tales audiencias contaron con la
participación de representantes de algunas organizaciones venezolanas de derechos
humanos -entre las que cuenta Provea -, de quienes la CIDH
recibió información sobre la situación del Estado de
derecho en el país (ver nota
"Casos Haximú y jubilados de VIASA en mesas de trabajo
de la CIDH"
en sección DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES de
esta edición). En este sentido, la CIDH fue
actualizada en temas como las últimas acciones de los grupos parapoliciales que
operan en varias dependencias federales; la
impunidad que rodea las investigaciones de casos
relacionados a violaciones de derechos humanos; la
situación de pueblos indígenas en zonas mineras del Sur
de Venezuela; y la
fragilidad del sistema judicial. Con atención
trataron la información de los
hechos de violencia ocurridos en el marco de las
manifestaciones llevadas a cabo entre el 27.02.04 y el 01.03.04. Sobre esta situación particular, la CIDH
reiteró su llamado a la pacificación y a la preservación
de la democracia y el Estado de Derecho en los términos
de la Convención Americana y de la Carta Democrática
Interamericana (Comisión Interamericana de Derechos
Humanos,
22.03.04,
http://www.cidh.oas.org/annualrep/2003sp/indice.htm).
Además, la CIDH admitió los casos de
Luisiana Ríos y otros (equipo periodístico del canal de
televisión Radio Caracas Televisión),
Gabriela Perozo y otros (equipo periodístico del canal
de televisión Globovisión) y de
Mauro Acosta Padrón y otros (trabajadores de Venevisión). También se realizó
una audiencias sobre caso del general Carlos
Rafael Alonso Martínez (CIDH, Ídem.).
A la presentación del informe de clausura de este
período ordinario de sesiones de la Comisión, le siguió
otra reacción del gobierno venezolano. Esta vez fue
Fermín Toro, agente del Estado ante las instancias de
derechos humanos del sistema interamericano, quien en el
marco de un foro público organizado por el gobierno,
dirigió duras críticas contra los miembros de la CIDH, a
quienes calificó como "agentes del imperialismo", según
reseña de prensa (El Aragüeño, 12.03.04, pág. 19). Los
señalamientos de Toro fueron secundados por otros del
mismo tono emitidos por Diosdado Cabello, ministro de
Infraestructura, que acusó al organismo de estar al
servicio de "sectores poderosos del mundo", según lo
recogió la prensa capitalina (El Globo, 15.03.04, pág.
2).
Posteriormente, el 19.03.04, la Relatoría Especial para
la Libertad de Expresión de la OEA presentaba su informe anual
correspondiente al año pasado y aprobado por la CIDH (CIDH,
22.03.04,
http://www.cidh.org/Relatoria/Spanish/ComPren2004/ComPren10104.htm),
en el que señala que:
“el ejercicio de la libertad de pensamiento y expresión
en el hemisferio continuó experimentando, durante el año
2003, el mismo tipo de problemas que han sido
mencionados por la Relatoría en los últimos años”. El
informe concluye que la libertad de expresión en las Américas no puede caracterizarse como plena y libre de
trabas" (Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, Ídem.).
Como en los años anteriores,
este volumen incluye una evaluación de la situación de
la libertad de expresión en los países que integran la
OEA. En ella se enfatiza que hubo
“un fuerte debate y crítica a las acciones de los
gobiernos a través de la prensa se constata en varios
países del hemisferio, pero en Venezuela, Haití y
Guatemala se constatan agresiones en perjuicio de los
periodistas y ataques a las instalaciones de medios de
comunicación que estarían motivados en tales críticas” (Comisión
Interamericana de Derechos Humanos,
ídem.). El texto completo del informe se puede consultar
en
http://www.cidh.org/Relatoria/Spanish/InformeAnual/InfAnRel03/Indice2003.htm.
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DERECHOS SOCIALES,
ECONÓMICOS Y CULTURALES
Casos Haximú y jubilados de
VIASA en mesas de trabajo de la CIDH |
Provea participó en 2 reuniones de trabajo solicitadas a la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para
conocer la situación de algunos de los casos elevados por
esta organización ante la CIDH. A dichas reuniones de
trabajo asistieron un comisionado de la CIDH, el agente del
Estado venezolano ante el sistema interamericano de
protección de los derechos humanos y Marino Alvarado,
coordinador del área de Defensa de Provea.
Se trata del caso conocido como Masacre de Haximú, elevado
en conjunto con la Oficina de Derechos Humanos del Vicariato
Apostólico de Puerto Ayacucho, el Centro por la Justicia y
el Derecho Internacional (CEJIL) y Human Rights Watch
Americas, en diciembre de 1996; y del caso llevado junto con
la Asociación Nacional de Trabajadores Jubilados y
Pensionados de VIASA (Antjuviasa) y CEJIL ante dicha
instancia en septiembre de 2001.
En la primera reunión de trabajo se trató el caso Haximú,
acerca del cual Alvarado señaló que “se informó a la
Comisión acerca del no cumplimiento por parte del Estado
venezolano del acuerdo amistoso suscrito con el Estado el
10.12.99, entre cuyos puntos está la implementación de un
plan de salud para el pueblo Yanomami, la consulta
obligatoria con los pueblos indígenas para el otorgamiento
de los permisos para explotar los recursos naturales
encontrados en los hábitat indígenas y un plan de vigilancia
y control del área que constituye su hábitat”. Comentó
Alvarado que “además, se denunció ante los comisionados la
omisión y complicidad del componente de la Fuerza Armada
Nacional asentado en el sur del país ante la situación de
agravamiento del problema de la minería ilegal, que afecta
negativamente a los pueblos indígenas habitantes de la zona
y que se está constituyendo como un posible riesgo de que se
repitan las circunstancias que provocaron, en el año 1993,
el asesinato de 16 yanomamis miembros de una comunidad
radicada en el sector Haximú de la Amazonia venezolana, a
manos de mineros brasileños ilegales (garimpeiros) que
invadieron sus tierras”.
Con respecto al caso de los jubilados de VIASA, que ocupó la
segunda reunión, el representante de Provea informó que “se puso al tanto a
esta instancia del sistema interamericano del incumplimiento
del Estado venezolano de las acciones que las autoridades
estatales competentes debían efectuar. Por esa razón, ante
la CIDH, instamos al agente del Estado venezolano a acelerar
los procedimientos de reparación del daño en que incurrió el
Estado al ignorar las medidas de resarcimiento sentenciadas
por distintos órganos jurídicos nacionales”. Vale recordar
que este caso fue elevado ante la instancia hemisférica con
el fin de exigir al Estado venezolano hacer cumplir el
mandato judicial del Juzgado Séptimo de Primera Instancia
del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas, confirmado
por el Tribunal Tercero Superior del Trabajo y ratificado
por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia,
por el cual se resarcía el daño hecho a los jubilados de
VIASA cuando, en 1998, se les obligó a renunciar a su
derecho a la jubilación.
Provea, así como las organizaciones de derechos humanos
involucradas en estos casos, esperan que el resultado de
ambas jornadas produzca una reacción positiva del Estado
venezolano, que permita el avance hacia un compromiso más
firme ante las reparaciones exigidas por las partes
afectadas (Provea, 04.03.04,
http://www.derechos.org.ve).
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DERECHOS SOCIALES,
ECONÓMICOS Y CULTURALES
CDH-UCAB y Provea instan a los ciudadanos
a denunciar los atropellos contra sus derechos sociales |
Provea ha conocido algunas denuncias de
amenazas de despido, de despidos materializados y de la
obligación de participar en actividades políticas de la
oposición o del oficialismo contra la voluntad de los/as
trabajadores/as. Tal situación viene ocurriendo en los
sectores públicos nacional, estadal, municipal así como
en el sector privado.
Ante tal situación, Provea convoca a los/as afectados/as a
continuar presentando sus denuncias, más allá de las
realizadas a los medios de comunicación, con la finalidad de
ejercer acciones en defensa de sus derechos ante las
instituciones competentes. De la misma
manera expresamos nuestra voluntad de cooperar con la
Confederación Venezolana de Trabajadores (CTV), Unión
Nacional de Trabajadores (UNETE) y cualquier otro gremio
o federación que esté procesando denuncias. Cualquier
denuncia puede ser presentada en la sede de nuestra
organización (edificio Centro Plaza Las Mercedes, local
6 de P.B., entre esquinas de Tienda Honda a Puente
Trinidad, bulevar Panteón, parroquia Altagracia,
Caracas, telfs. 0212 862 53 33/862 10 11/860 66 69;
correo-e:
defensaprovea@derechos.org.ve). Cabe advertir que
no procesamos denuncias que se presenten de manera
anónima o que no identifiquen de manera precisa al
agraviante.
Invitación semejante a cursado el Centro
de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés
Bello (CDH-UCAB), con quien Provea mantiene mecanismos
de coordinación.
Al respecto, Ligia Bolívar y María Gabriela Cuevas,
representantes del CDH-UCAB convocaron el 23.03.04 a una
rueda de prensa para expresar su preocupación y acciones
que se proponen adelantar frente a la posible
vulneración de los derechos de los trabajadores. En esa
ocasión, ambas explicaron que la vulneración del libre
ejercicio a la participación política se produce cuando
existen represalias, fundadas en la opinión política de
las personas, manifestada a través del ejercicio del
derecho, tanto de abstenerse de firmar como de firmar,
para solicitar la convocatoria de referendos
revocatorios de mandato. También se vulnera el derecho a
la participación política cuando las personas son
presionadas a suscribir documentos en que renuncian a su
derecho de sostener una determinada postura política.
Los derechos humanos son irrenunciables, por lo que
tales documentos carecen de validez, aun cuando hubieran
sido suscritos de manera voluntaria. La sola amenaza de
represalia coarta el libre ejercicio a la participación
política. La amenaza puede ser dirigida contra una
persona determinada o contra un colectivo en general;
puede ser comunicada directamente, por medios de
comunicación, o mediante panfletos, carteleras o hasta
rumores intencionados; puede ser expresa o insinuada;
puede provenir de una persona identificada o ser
anónima. Ciertos mecanismos de represalia consisten en
la vulneración de otros derechos como los derechos
laborales y el derecho a la no discriminación (Centro de
Derechos Humanos de la UCAB, 23.03.04,
cddhh@ucab.edu.ve).
Con respecto a la vulneración del derecho de acceso, en
condiciones generales de igualdad, a la función pública,
este derecho implica no solo que no haya discriminación
y trato desigual en la selección de quienes ingresan
como funcionarios públicos, sino también el derecho a
permanecer en el ejercicio del cargo sin que se utilicen
criterios discriminatorios para poner fin al ejercicio
de la función.
Las manifestaciones públicas de altos funcionarios
afirmando que participar en los procesos de revocatoria
de mandato con posturas políticas de oposición acarrea
consecuencias negativas, constituyen tanto una
manifestación de voluntad de discriminar a los empleados
públicos por su opinión política, como una forma de
irrespeto al ejercicio del derecho a la participación.
Si el ejercicio de derechos se somete a represalias el
derecho no existe realmente (Centro de Derechos Humanos
de la UCAB, Ídem.).
Acerca de la vulneración de los derechos laborales, ésta
se produce cuando se les coacciona para que asuman una
determinada postura política, a través de: despido, o
amenaza de despido; negación de ascenso, o amenaza de
negación de ascenso; supresión o negación de beneficios,
o amenaza de supresión o negación de beneficios; trato
desigual a los trabajadores: por oferta de beneficios o
alicientes a quienes se alineen en la misma postura
política del empleador; otras que afecten su condición
laboral, ambiente apropiado de trabajo, y posibilidades
de defensa de sus intereses (Centro de Derechos Humanos
de la UCAB, Ídem.).
En cuanto a la vulneración del derecho a la no
discriminación, las representantes del Centro explican
que se produce cuando se coacciona a personas (aun
cuando no estén sometidas a relación laboral) para que
asuman una determinada postura política, a través de:
terminación de contrato, o amenaza de terminación de
contrato; no renovación de contrato, o amenaza de no
renovación de contrato; negación de prestación de
servicios, o amenaza de negación de prestación de
servicios; negación de acceso a lugares de uso público
(sean de administración privada o pública) (Centro de
Derechos Humanos de la UCAB, Ídem.).
“Queremos hacer especial énfasis en que los
afectados por estos hechos podrían ser personas
favorables al oficialismo, personas de oposición,
personas no alineadas con alguno de los dos sectores en
conflicto, o personas abiertamente en contra de ambos
sectores” aseveró Cuevas. "Las personas que no se alinean con
ninguno de los dos sectores en conflicto (que no
solicitaron que se iniciara procedimiento revocatorio
alguno), así como las personas abiertamente en contra de
ambos sectores (que solicitaron que se iniciara
procedimientos en contra de mandatarios y representantes
tanto de oposición como del oficialismo), podrían verse
afectadas por represalias provenientes tanto de sectores
de oposición como de sectores oficialistas, por las
mismas razones antes expuestas”, agregó.
Con respecto a esta temática, resultaron alarmantes las
declaraciones de Roger Capella, ministro de Salud y
Desarrollo Social (MSDS), quien el 20.03.04 anunció
públicamente el despido masivo de trabajadores que
hubiesen participado en El Reafirmazo: "quienes hayan
firmado contra Chávez serán despedido porque se trata de
un acto de terrorismo" (El Universal, 23.03,04, pág.
1/13). El funcionario también señaló que "el Gobierno no
puede permitir que los hospitales estén llenos de
conspiradores y terroristas [...] El terrorismo no tiene
derecho de conspirar en ninguna parte del mundo" (El
Nacional, 22.03.04,
http://www.el-nacional.com/Articulos/DetalleArticulo.asp?idSeccion=64&id=41300).
tienen "una connotación personal".
Dos días después, el 22.03.04, en un acto público
Capella intentó retractarse de sus palabras: "reconozco
que fue un error. Es lamentable que en nombre de mis
declaraciones todo el mundo va a poder hacer lo que sea
y decir que está saliendo del cargo por lo que dije" (El
Nacional, 23.03.04, pág. B/8) y aseguró que "ni el
ministerio ni en los entes sanitarios que dependen del
Estado se ha tomado ni se tomarán retailaciones
políticas para quienes tengan una visión diferente a la
del Gobierno" (El Nacional, 23.03.04, Ibíd.).
Al paso de las reacciones que provocó la primera
declaración del titular del MSDS, salió María Cristina Iglesias,
ministra del Trabajo (MINTRA), quien aseguró no tener
registrada en las Inspectorías del Trabajo ninguna
denuncia de violación al derecho al trabajo por parte
del gobierno nacional. En cambio, afirmó haber remitido
al Ministerio Público (MP) 19 expedientes abiertos
contra empresas privadas acusadas de violar los derechos
a pensar y expresarse de sus trabajadores, además "se
han hecho más de 172 inspecciones por denuncias y 2
amparos introducidos ante los tribunales" (Aporrea, 22.03.04,
http://www.aporrea.org/dameverbo.php?docid=15071).
Dentro de las razones por las cuales se hicieron los
procedimientos, destaca el otorgamiento de bonificación
por firmar, ofrecimiento de transporte gratis hasta el
lugar de recolección de firmas y fuertes acciones
intimidatorias (Aporrea, Ídem.). Sin embargo, Carlos
Montilla, Inspector Nacional del Trabajo, aseguró que
"se están verificando aproximadamente 380 casos, pero
las denuncias más concretas ascienden a 236 y en estos
momentos varias de las situaciones están siendo
sustanciadas para presentarlas ante la Fiscalía General
de la República y el Consejo Nacional Electoral" (El
Universal, 25.03.04, pág. 1/12). Montilla agregó que
"después de haber recibido las denuncias los
funcionarios del despacho se presentaron en las sedes de
las empresas para interrogar a los patronos y
manifestarles que cesen las intimidaciones con el
personal. El Ministerio ya ha interpuesto 2 amparos ante
los tribunales. En el Juzgado Superior del Estado
Carabobo está siendo analizado un caso, específicamente
el de la Maternidad del Sur" (El Universal, Ibíd.).
Finalmente, el funcionario admite que el organismo
todavía no ha recibido denuncias por parte de los
empleados de la Administración Pública Central, por esta
razón "el ministerio publicará un comunicado en el cual
exhortará a los empleados públicos a que notifiquen en
las inspectorías las coacciones que están recibiendo"
(El Universal, Ibíd.).
Ante esta situación, Provea exhorta a la Defensoría del
Pueblo a jugar un papel activo en la defensa de los
derechos de los trabajadores y salvaguardar el derecho a
la participación política libre de toda coacción e,
igualmente, emplaza a todos los funcionarios públicos
que tienen responsabilidades gerenciales y a los
patronos privados a no discriminar por razones políticas
y, por el contrario, respetar el libre ejercicio de los
derechos constitucionales.
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DERECHOS SOCIALES,
ECONÓMICOS Y CULTURALES
Una evaluación de la
Ley Orgánica Procesal del
Trabajo |
Omar Alfredo Mora, presidente de la sala Social del
Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), notificó que a 8
meses de la vigencia de la Ley Orgánica Procesal del
Trabajo, se ha logrado un 95% de éxito en la etapa
mediación entre las partes y que los pocos casos que
llegan a juicio, se están resolviendo en menos de 2
meses, superando las expectativas establecidas en la
Ley, que acordaba un período de 8 meses como promedio
para la resolución de los casos (Reporte Diario de la
Economía, 22.03.04, pág. 3).
Como se recordará, el 14.08.03 fue puesto en marcha este
instrumento jurídico, con el cual se esperaba
regularizar los procesos jurídicos con un procedimiento
sencillo, oral, gratuito y público para la defensa de
los derechos laborales. Con esta Ley se unificarían los
procedimientos judiciales y se cumpliría el mandato
constitucional de modernizar al sistema judicial.(ver edición
Nº 123 de este servicio informativo en
http://wwww.derechos.org.ve).
A juicio del magistrado Mora, la exitosa respuesta
alcanzada en tan poco tiempo de vigencia de este marco
jurídico, permite la exportación del mismo esquema a
otros ámbitos legales: "eses mismo modelo queremos
aplicarlo en todo el país con la Ley Orgánica de
Protección al Niño y al Adolescente y con la Ley de
Tierras y Desarrollo Agrario, para lograr una tutela
judicial efectiva, así como para impulsar y fortalecer
los medios alternos de resolución de conflicto, donde la
conciliación sea un mecanismo eficaz para evitar que los
procesos judiciales lleguen a fase de juicio y aquellos
que alcancen esa etapa, sean resueltos con transparencia
y rapidez" (Reporte Diario de la Economía, Ibíd.).
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DERECHOS SOCIALES,
ECONÓMICOS Y CULTURALES
Avances del movimiento cooperativista en Venezuela
fortalece goce de los derechos sociales |
Según reporta una fuente periodística, la
Superintendencia Nacional de Cooperativas (Sunacoop)
registra, entre agosto de 2003 y febrero de 2004 un
aumento en el registros nacional de cooperativas, que de
5.954 pasó a 15.249 (Tal Cual, 22.03.04, pág. 8).
El Distrito Capital concentra el mayor número de
asociaciones: 2.022 y, de acuerdo al Sunacoop, el sector
bienes y servicios lidera la cantidad de cooperativas
con un total de 6.676, seguido del sector agropecuario
con un total de 4.436 cooperativas para febrero de este
año. Las cooperativas agrarias son las que reciben mayor
apoyo financiero de la banca del Estado, junto con las
asociaciones vinculadas a los sectores de servicios,
alimentos y manufactura, entre otros (Tal Cual, Ibíd.).
La fuente destaca que este auge de cooperativas se debe
al Plan de Desarrollo Endógeno y a la propuesta de una
economía solidaria impulsado por el Gobierno Nacional y
que se ejecuta a través de las instituciones financieras
estatales "que se han abocado a constituir líneas de
crédito con otros organismos del Estado a fin de que el
movimiento cooperativo obtenga los recursos económicos
para constituir el capital de trabajo inicial. El Banco
de desarrollo Económico y Social (Bandes), además de sus
programas de financiamiento, tiene líneas de crédito y
convenios con el Banco Industrial de Venezuela, el INCE,
Fondata, Fondemi y el MEM para el financiamiento de
cooperativas. Los programas y convenios del Bandes han
otorgado sólo a asociaciones cooperativas 190 créditos
por Bs. 18.642 millones, entre mayo de 2003 y febrero de
2004. esta cantidad ha beneficiado a una población de
10.030 personas, ha generado 1.272 empleos directos y
2.731 empleos indirectos [...] En términos de empleo, la
Sunacoop dice que las 15.249 cooperativas representan
750 familias beneficiadas directamente y 1,4 millones de
familias indirectamente. No obstante, la contribución a
la actividad económica y su participación en el mercado
se desconocen" (Tal Cual, Ibíd.).
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DERECHOS SOCIALES,
ECONÓMICOS Y CULTURALES
Expectativas de la Misión Vuelvan Caras |
El 12.03.04 se dio inicio a la misión Vuelvan Caras en todo
el territorio nacional. Esta misión fue anunciada por el
Presidente de la República, Hugo Chávez en su programa Aló
Presidente No. 178, como un plan de capacitación de
trabajadores que pretende transformar el modelo económico "a
un modelo de economía social, incorporando a los ciudadanos,
particularmente a los sectores excluidos en el desarrollo
endógeno y sustentable, mediante la formación y el trabajo
integral, hasta lograr una calidad de vida digna de todos"
(Foro Nacional, 5.03.04,
http://www.foronacional.gov.ve/vuelvancaras/). Durante
el mensaje anual pronunciado ante los parlamentarios de la
Asamblea Nacional (AN) el 15.01.04, el Presidente Chávez
informó que con esta misión se espera reducir el desempleo
de 15.4% a 5% para diciembre de este año (Infocentro,
25.03.04,
http://www.infocentro.gov.ve/modules.php?name=News&file=article&sid=368).
La misión Vuelvan Caras contempla la reactivación de
importantes parques industriales y centros de desarrollo
turístico a lo largo y ancho del territorio nacional a fin
de lograr la transformación social y económica que necesita
el país. Los integrantes de la misión serán asignados a
distintos sectores productivos tomando en cuenta las
necesidades del país. La misión privilegiará al sector
agrícola, en primer lugar, mediante la asignación del 50% de
los beneficiaros de esta misión. Otro 30% será asignados al
sector industrial, un 10% al sector turismo, mientras que el
5% al sector infraestructura y otro 5% por ciento al sector
servicios. El proceso educativo de esta misión contempla,
además, 2 áreas: educación para el trabajo, en el que
profundizará en las técnicas y destrezas para la producción,
y educación socio política, para fortalecer principios de
ciudadanía, según destaca una fuente oficial (Ministerio de
Comunicación e Información, 25.03.04,
http://www.minci.gov.ve/noticia.asp?numn=523) Luego de
suministrar la capacitación laboral, la misión entrará en la
fase de la organización comunitaria, estableciendo equipos
de trabajo en diferentes actividades productivas (Ministerio
de Educación, Cultura y Deportes, 25.03.04,
http://www.me.gov.ve/modules.php?name=News&file=article&sid=105).
En el acto de apertura de esta misión, Castro Soteldo,
titular del ministerio de Industria y Comercio afirmó que "a
nivel nacional se activaron 18 espacios, a los cuales se
sumarán posteriormente 24, que formarán cerca de 50 unidades
productivas en el 2004, sobre diferentes ramos de la
industria y el comercio" (Ministerio de Educación, Cultura y
Deportes, Ibíd.).
Según informa la prensa, uno de estos espacios ocupa la sede
del centro de formación del Instituto Nacional de
Cooperación Educativa (INCE) de Guarenas, en donde
ingresaron 120 alumnos que recibirán clases en 6 diferentes
cursos (Tal Cual, 23.03.04, págs. 8-9). La fuente relata que
a cada uno de estos alumnos, así como a todos los demás que
participan en esta misión, se les cancela una beca salario
mensual de 186.000 bolívares, además de desayunos y
almuerzos, uniformes, herramientas y cursos de formación. El
Estado invierte por este concepto un total de 300 millardos
de bolívares y 139 millardos de bolívares a la recuperación
de los 17 parques industriales que están destinados para su
recuperación en los Edos. Anzoátegui, Barinas, Cojedes,
Falcón, Guárico, Lara, Miranda, Mérida, entre otros.
"La inscripción en la misión supone 4 pasos: 1) Llenar una
planilla de datos de registro en la que, además de los datos
personales, se pregunta sobre la carga familiar, los
ingresos, la misión en la que participaba, destreza laboral
e interés laboral; 2) Esperar la selección en el curso
elegido, a través de anuncios en la prensa nacional; 3) Una
vez seleccionado, acudir a realizar la inscripción formal en
las sedes del INCE en el país; 4) Esperar que lo llamen para
darle indicaciones sobre el comienzo de los cursos. Orlano
Orsini, gerente regional del INCE en MIranda, asegura que el
proceso está abierto a todos los venezolanos y que sólo fue
en los comienzos de la misión cuando se
requerirá estar participando en una misión diferente" (Tal
Cual, Ibíd.).
Por su parte, Provea considera que la evaluación de ésta
como de otras misiones sociales que lleva el Gobierno
Nacional, desde la perspectiva de los derechos humanos,
dependerá de un seguimiento exhaustivo del desenvolvimiento
de estos programas y de la contrastación de los resultados
alcanzados y las expectativas antes mencionadas.
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DERECHOS SOCIALES,
ECONÓMICOS Y CULTURALES
Reciente reporte sobre pago de prestaciones sociales |
Según el Servicio Autónomo Fondo de Prestaciones
Sociales, dependencia del Ministerio de Finanzas (MF),
durante enero y febrero de 2004 el estado venezolano canceló
53 mil 639 millones 488 mil 963 bolívares por concepto de prestaciones sociales a 5.160 funcionarios egresados de
organismos de la administración pública central
(Gobierno en Línea,
22.03.04, http://www.gobiernoenlinea.ve/).
Esto representa, a juicio de la fuente, "un
significativo incremento tanto en el monto de bolívares
de 1.026%,
como en beneficiarios de 1.149%, con respecto a la
ejecución acumulada en febrero de 2003, cuando
ésta se ubicó en 4 mil 762 millones 721 mil bolívares
otorgados a 413 ex trabajadores.
La dependencia del MF indicó que del
monto total cancelado en este lapso, un 14,15% (7 mil 592 millones 9 mil 439
bolívares) benefició a 946 obreros; mientras que el
85,85% (46 mil 47 millones 479 mil 524
bolívares) se destinó al pago de 4.214 empleados
(Gobierno en Línea, Ibíd.).
Los trabajadores beneficiados provenían fundamentalmente
del Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte (MECD), con un monto de 37 mil 94 millones 632 mil 335
bolívares que beneficiaron a 3.132 egresados; del Ministerio de Educación Superior
(MES) por un monto
de 3 mil 566 millones 538 mil 618 bolívares para
beneficiar a 36 egresados; y el
Ministerio de Salud y Desarrollo Social (MSDS) con un monto de
2 mil 631 millones 254 mil 373 bolívares beneficiando a
317 ex empleados (Gobierno en Línea, Ibíd.).
Por otra parte, durante el mes de febrero del 2004, se
cancelaron 15 mil 432 millones 556 mil 630 bolívares,
beneficiándose 1.732 ex trabajadores. De dicho monto,
el 24.15% (3 mil 727 millones 150 mil 94
bolívares), se destinó al pago de 386 obreros; mientras
que el 75.85% (11 mil 705 millones 406 mil 535
bolívares), correspondió a 1.346 empleados (Gobierno en
Línea, Ibíd.).
No obstante, cabe recordar que, según cifras oficiales,
el monto total de la deuda sobrepasa los 14 billones de
bolívares que el Estado debe cancelar a 1.200.000
trabajadores públicos (ver capítulo Derechos Laborales
del Informe Anual de Provea sobre la Situación de los
Derechos Humanos en Venezuela, octubre 2002-septiembre
2003, en
http://www.derechos.org.ve). A pesar de los
esfuerzos que se llevan a cabo desde abril de 2000 para
cancelar esta deuda y tomando en cuenta que en los
últimos 3 años se han cancelado 572 millardos de
bolívares, la mora estatal con sus trabajadores aún
continua (Informe Anual de Provea, Op. cit.).
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DERECHOS SOCIALES,
ECONÓMICOS Y CULTURALES
Últimas noticias acerca del IVSS |
Tal como se señaló en la edición Nº 132 de este servicio
informativo (ver en
http://www.derechos.org.ve),
las irregularidades y la impunidad caracterizan el
desempeño del Instituto Venezolano de los Seguros
Sociales (IVSS). En esa edición se informaba de la sexta
designación de un presidente de dicho organismo durante
la actual gestión gubernamental, y que recayó en el
mayor (Ej) Jesús Mantilla quien, a propósito del
preocupante estado de las finanzas institucionales,
declaró recientemente que "no podemos decir qué se debe,
si tenemos procedimientos manuales y obsoletos [...] uno
de los problemas del seguro es una situación de atraso
tecnológico muy grave. Pero ya se puso en funcionamiento
uno de los servidores con mayor capacidad del país, para
poder automatizarlo todo [...] cuando nosotros llegamos la situación era muy crítica. En la cuenta pote quedaban
poco más de 40 millardos. Pero si le quitamos aguinaldo,
fideicomiso, prestaciones, uniformes, deudas, eso no era
nada" (El Nacional, 23.03.04, pág. B/10). Acerca de las
medidas tomadas para rastrear las responsabilidades de
esta crisis, Montilla afirma que "hay una investigación
abierta solicitada en el Ministerio Público. La policía
científica está actuando" (El Nacional, Ibíd.).
Sin embargo, ante las constantes denuncias sobre las
fallas en la entrega de medicamentos a sus afiliados
(especialmente al sector de las personas afectadas con
enfermedades crónicas), José Delgado, secretario General
de Salud del instituto, respondió señalando que fueron
modificados los mecanismos de adquisición de los
medicamentos, con lo que podrán garantizar la entrega
oportuna de los tratamientos médicos: "desde diciembre
la compra de los medicamentos se está pagando de
contado. Hacemos el pedido y lo cancelamos cuando nos
entregan las medicinas" (El Mundo, 24.03.04, pág. 25).
Según la fuente, "el beneficio que obtienen con este
reciente sistema de adquisición de medicamentos para
pacientes crónicos es la reducción en el costo pues, al
negociar directamente con los laboratorios fabricantes,
obtienen un descuento de hasta 15%" (El Mundo, Ibíd.).
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DERECHOS SOCIALES,
ECONÓMICOS Y CULTURALES
Acciones de protección a favor de derechos a la salud y la
vida de niños, niñas y adolescentes afectados de
enfermedades crónicas |
El 25.03.04,
la Asociación de Familiares de Fibrosis Quística, Leucemia,
Fundamédula, la Asociación Nacional de Hemofilia y la
organización Centros Comunitarios de Aprendizaje (Cecodap)
introdujeron ante el Tribunal de Protección del Niño y el
Adolescente 2 acciones de protección: una para los pacientes
infantiles de fibrosis quística y otra para los niños que
padecen leucemia, enfermedades que no están siendo atendidas
tanto en los hospitales del Ministerio de Salud como del
Instituto Venezolano de Seguros Sociales (IVSS) y los que
dependen de las gobernaciones de estado (El Universal,
26.03.04,
http://www.eluniversal.com/2004/03/26/26280E.shtml).
A juicio de los voceros de Cecodap, la situación de
indefensión en que viven los niños, niñas y adolescentes
está vulnerando el derecho de los pequeños de vivir con el
mayor nivel posible de salud física y mental, y a establecer
una política de atención oportuna, de calidad y gratuita
para estos enfermos (El Universal, Ibíd.).
Las organizaciones solicitaron a los tribunales que
garanticen una justicia expedita y procedan con prontitud a
atender a los reclamos de los pequeños pacientes de estos
males. de sus derecho a la salud y a la vida, por no contar
con los medicamentos y el tratamiento adecuado y oportuno.
"Mientras el tribunal se pronuncia, la angustia de los
familiares aumenta al ver que se pone en peligro la salud y
la vida de sus niños, niñas y adolescentes" (Cecodap,
22.03.04,
http://www.cecodap.org.ve/htm/ultimahora/u5.htm).
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DERECHOS SOCIALES,
ECONÓMICOS Y CULTURALES
Indicadores del derecho a la alimentación |
Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), la
Canasta Alimentaria Normativa (CAN) se ubicó en
299.199,92 bolívares en enero de 2004, lo que representa
un incremento de 5,1% (14.618,04 bolívares) con respecto
a la del mes de diciembre de 2003.
En comparación con la CAN de enero 2003, se
observa un ascenso de 32,2%, superior a la variación de
31% que se había registrado en el período diciembre
2002-diciembre 2003.(Instituto Nacional de Estadísticas,
22.03.04,
http://www.ine.gov.ve/ine/noticias/notas.asp).
Ante estas cifras, Froilán Barrios, secretario ejecutivo
de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV),
destacó que "un trabajador que devengue el salario
básico mensual (247.104 bolívares) aún necesitará 52.095
bolívares para adquirir la CAN" (El Mundo, 11.03.04,
pág. 8).
Al proporcionar la información, el presidente del INE
expresó que las alzas de precios experimentadas por las
carnes, así como por las raíces y tubérculos fueron
determinantes en el incremento detectado en la CAN
durante el primer mes del año. De hecho, el estudio
arrojó variaciones de 14,1% y 12,46% en los precios
correspondientes a estos dos grupos, respectivamente.
Azúcar y similares; pescados y mariscos y semillas,
oleaginosas y leguminosas presentaron aumentos
superiores al 5% (5,79%; 5,46% y 5,44%,
respectivamente). Del resto de los componentes de la
Canasta Alimentaria Normativa, sólo el grupo de grasas y
aceites sufrió una leve baja, dando como resultado una
variación negativa de 0,04%, añade el reporte
estadístico (Instituto Nacional de Estadística, Ibíd.).
Vale recordar que la CAN "hace referencia a un conjunto de alimentos que
cubren la totalidad de los requerimientos de energía y
nutrientes de una familia tipo de la población
venezolana [compuesta por 5 personas], tomando en cuenta sus hábitos de consumo,
las disponibilidades de la producción nacional y el
menor costo posible, tal como lo reseña la ficha
técnica. Los precios que se utilizan para determinar el
valor de la CAN corresponden únicamente a transacciones
de contado en establecimientos minoristas, no son de
liquidación o remate, deben ser accesibles a los
consumidores y son estadísticamente confiables como una
medida de todo el país" (Instituto Nacional de
Estadística, Ibíd.).
Por su parte, el Centro de Documentación y Análisis para
los Trabajadores (CENDA), reportó para el mes de enero
2004 que la Canasta Alimentaria de los Trabajadores (CAT)
se ubicó en 458.772 bolívares (Tal Cual, 11.03.04, pág.
7) y para febrero de este año el indicador del CENDA
alcanzó los 464.001 bolívares, representado un alza de
1,1% (5.229 bolívares) con respecto al mes anterior.
Sobre la base de este resultado, el informe del CENDA
explica que "si una familia de 5 miembros gastara todo
su salario en alimentación, el déficit del poder
adquisitivo del salario mínimo respecto del costo
mensual de la alimentación sería de 216.897 bolívares;
es decir, 46,7% de la canasta alimentaria" (El Mundo,
Ibíd.).
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DERECHOS SOCIALES,
ECONÓMICOS Y CULTURALES
PIDHDD presenta informe sobre derechos sociales en el
Mercosur |
Recientemente,
una iniciativa de la Plataforma Interamericana de
Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD) se
materializó con la publicación del libro "Los derechos
económicos, sociales y culturales en el Mercosur",
realizado por el Observatorio de los Derechos
Económicos, Sociales y Culturales (DESC).
El objetivo de esta publicación es lograr "una integración regional en la que el Mercosur
no sea una simple unión de mercados, sino una unión de
Estados basada en el desarrollo equitativo y en una
cultura de derechos humanos" (Choike,
23.03.04,
http://www.choike.org/nuevo/informes/1645.html).
Los capítulos nacionales de la PIDHDD de los 4 países integrantes
del Mercosur más los de los 2 países
asociados, relevaron la situación de los DESC en sus
países y presentaron sus conclusiones en sendos
informes, mientras que la coordinación general de la edición estuvo a
cargo de Social Watch.
Pierre Roy,
coordinador Regional de la PIDHDD; Daniel Maurício, secretario
técnico Regional; Dante Gullo, coordinador del Capítulo Argentina
y la Coordinación
del Observatorio DESC-Mercosur,
aprovecharon la presentación de este primer informe
sobre la situación de los Desc en los países del
Mercosur, para destacar la importancia de este trabajo,
con el cual es posible "hacer
una lectura de
las violaciones a los
derechos humanos y el cumplimiento, aún incipiente,
de políticas públicas que trabajen con los derechos
económicos, sociales y culturales, a partir de una
cultura de derechos y acciones públicas que
refuercen la ciudadanía social [...] La PIDHDD viene
realizando una amplia campaña con el fin de
fortalecer a la ciudadanía de todo el continente y
debatir sobre la integración de los pueblos
americanos en base a la dignidad del ser humano y no
a la acumulación de capital de las empresas. Por
considerar que es necesario buscar referencias
positivas de construcción de una integración
regional que garantice el respeto de los derechos,
la Plataforma decidió crear un observatorio de los
derechos económicos, sociales y culturales del
Mercado Común del Sur (Mercosur)" (Choike,
23.03.04, Ibíd.).
El sitio web Choike ofrece en su dirección
http://www.choike.org/nuevo/informes/1643.
la versión digital íntegra de este libro, el cual
invitamos a consultar.
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DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
Foro por la Vida condena la represión y la felicitación
genérica del Gobierno a la Guardia Nacional ignorando los
abusos y excesos |
El Foro por la Vida, coalición de organizaciones venezolanas
de derechos humanos, a propósito del auge de la violencia
recientemente vivida en el país, nuevamente se pronuncia en
los siguientes términos.
1.- Condena, una vez más, los asesinatos y maltratos
ocurridos en las manifestaciones vividas desde el 27.02.04 y
enviamos nuestra solidaridad a los familiares de las
víctimas. Exigimos, una adecuada investigación y sanción a
los ciudadanos civiles, funcionarios militares o policiales,
que resulten responsables.
2.- Ha sido común, en las detenciones realizadas,
fundamentalmente por la Guardia Nacional, las denuncias de
torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Ha sido
evidente, a través de imágenes transmitidas por medios
audiovisuales, el uso desproporcionado de la fuerza, en
distintos momentos de la actuación de este organismo de
seguridad. Condena categóricamente esta forma de actuación y
exige una inmediata apertura de procedimientos
disciplinarios y judiciales que permitan sancionar a los
funcionarios responsables de violaciones al derecho a la
integridad personal.
3.- Numerosas personas fueron detenidas en estas
manifestaciones. No es posible, con los datos disponibles
por las organizaciones, tener certeza de quiénes fueron
detenidos “in fraganti” cometiendo algún delito o falta
grave, en las manifestaciones violentas escenificadas en los
días recientes, y quiénes fueron detenidos de manera
arbitraria, en las manifestaciones pacíficas. En todo caso,
exige, una vez más, la inmediata libertad de éstos últimos y
el estricto respeto de las garantías judiciales de todas las
personas detenidas. En el caso de las personas a las que se
les inició un proceso judicial, exige que se privilegie,
cuando ello resulte legalmente posible en función de los
delitos imputados, el juicio en libertad. Igualmente, cabe
recordar al Estado que éste es particularmente responsable
de la vida e integridad de todas las personas privadas de
libertad.
4.- Condena, por ser una vulneración al derecho a ser
juzgados por sus jueces naturales, el procedimiento militar
iniciado recientemente a dos ciudadanos civiles que, según
fuentes oficiales, habrían sido sorprendidos en el Fuerte
Tiuna (Caracas) con implementos militares. Los delitos
militares sólo pueden ser cometidos por funcionarios
militares y no por civiles.
5.- Rechaza la felicitación pública que, tanto el Presidente
de la República, como el Ministro de la Defensa, realizaron,
en general, a la Guardia Nacional por su actuación en el
control de esas manifestaciones, sin condenar los posibles
abusos, excesos o graves violaciones a los derechos humanos.
Aunque no puede hacerse una generalización, resulta evidente
la comisión de delitos por parte de algunos funcionarios de
la GN, que no pueden justificarse en los ataques o disparos
que en algunos casos recibieron. La felicitación
gubernamental generalizada, así como la descalificación de
toda denuncia de violación a los derechos humanos, se
convierte en un mecanismo que estimula la impunidad de las
violaciones a los derechos humanos ocurridas durante estos
días y hacen al Alto Gobierno corresponsable de los delitos
cometidos. Alientan, así mismo, la comisión de nuevos
excesos por parte de este organismo de seguridad.
6.- Condena las omisiones de la Defensoría del Pueblo en
estos días de violencia. Esa institución tiene un mandato
constitucional de facilitar mediaciones sociales y velar por
el respeto a los derechos humanos, sin discriminación de
ningún tipo. Según la información disponible, la Defensoría
del Pueblo ha actuado sólo en defensa de unos derechos
(entre ellos el de la seguridad ciudadana y el libre
tránsito), efectivamente vulnerados por unas autoridades
(alcaldes y gobernadores de oposición) y no en defensa de
todos los derechos vulnerados, de todas las partes
involucradas en el conflicto. En tal sentido, exige al
Defensor del Pueblo un pronunciamiento claro sobre los
maltratos y torturas a los detenidos y que elabore un
informe público sobre la situación física y procesal de cada
una de las personas detenidas.
7.- Exige al Ministerio Público que rinda cuentas públicas
de los avances de las investigaciones de estas y otras
violaciones a los derechos humanos asociadas a las
manifestaciones de la oposición realizadas desde el
27.02.04.
8.- Solicita a las organizaciones y partidos políticos que
están recibiendo las denuncias de violación a los derechos
humanos, que se abstengan de instrumentalizar políticamente
el dolor de las víctimas y/o sus familiares. Es
particularmente relevante que las denuncias se realicen
frente a las instituciones estatales responsables de
investigar y sancionar y que no se queden exclusivamente en
la prensa, como pareciera estar ocurriendo. Si no se
procesan institucionalmente, no existe posibilidad alguna de
obtener justicia. El interés que ahora manifiestan diversos
sectores políticos por el tema de derechos humanos, debe ser
mantenido en el tiempo y canalizado hacia el fortalecimiento
de la institucionalidad democrática.
9.- Las violaciones a los derechos humanos observadas en los
días recientes, se insertan en patrones recurrentes desde
hace más de una década y obedecen a razones estructurales,
entre las que se encuentra la inexistencia de una política
democrática de seguridad ciudadana y la impunidad de la
mayoría de los delitos y, en especial, de las violaciones a
los derechos humanos. En tal sentido, reitera la solicitud a los Poderes Públicos para que inicien un proceso
de diálogo con las organizaciones de derechos humanos y
otros sectores interesados, orientado a elaborar un Plan
Nacional de Derechos Humanos que permita incidir en esos y
otros factores que lesionan la dignidad de la población.
10.- Finalmente, recuerda que el actual conflicto tiene
entre sus causas generadoras, una fuerte exclusión social y
la intolerancia expresada en la incapacidad de los actores
políticos de acordar mínimas reglas de convivencia que
permitan administrar democráticamente las diferencias entre
los legítimos proyectos de país que se están enfrentando. A
los actores, del gobierno y de la oposición, exige, una vez
más, que le ahorren al país la posibilidad de una guerra en
la que, sin duda, nadie ganaría. En particular, esta
exigencia se formula a los funcionarios estatales (con
competencias nacionales, regionales y municipales) a quienes
les toca administrar legítimamente el monopolio de la fuerza
y quienes tienen la obligación, según el ordenamiento
jurídico nacional e internacional, de preservar y promover
la paz.
Suscriben este pronunciamiento, por el Foro por la Vida:
Acción Ciudadana contra el Sida (ACCSI); Centros
Comunitarios de Aprendizaje (Cecodap); Centro de Derechos
Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH-UCAB);
Centro para la Paz y los Derechos Humanos de la Universidad
Central de Venezuela; Comisión de Justicia y Paz del
Secretariado Conjunto de Religiosos y Religiosas de
Venezuela (Secorve); Fundación de Derechos Humanos del
Estado Anzoátegui; Fundación Justicia y Paz de Petare; Red
de Apoyo por la Justicia y la Paz; Servicio Jesuita para los
Refugiados (SJR); Oficina Diocesana de Derechos Humanos de
la Diócesis de Ciudad Guayana “Humana Dignitas”; Oficina de
Derechos Humanos del Vicariato Apostólico de Puerto
Ayacucho; Programa Venezolano de Educación-Acción en
Derechos Humanos (Provea) (Foro por la Vida, 16.03.04,
foroporlavida@derechos.org.ve).
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DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
Denuncia e impunidad en caso de tortura perpetrada por
agentes de la CICPC |
Preocupa a Provea la
frecuencia con que aparecen denuncias sobre tortura
practicada por cuerpos policiales, en particular, el
Cuerpo de investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), así como el manto de impunidad que los invisibiliza. Pocos días antes del revuelo mediático que
tuvieron las preocupantes denuncias de torturas y
agresiones provocadas por agentes de seguridad del
Estado, durante los sucesos de finales de febrero e
inicios de marzo, Noemí Colmenares, hermana de Eli
COLMENARES (28) denunció en la sede de Provea que su
hermano fue detenido el 20.02.04 por funcionarios del CICPC y ese mismo día, a las 7:00PM ingresó sin signos vitales al hospital de Coche.
Según testigos que declararon ante el Ministerio Público (MP), COLMENARES fue torturado en la sede de este órgano policial en Coche hasta causarle la muerte. La víctima era un trabajador en
una panadería del sector Santa Mónica, Caracas, y
había sido testigo de un homicidio que ocurrió el
23.12.03 en la avenida Nueva Granada de Caracas. Al
momento de ser detenido, los funcionarios policiales no
presentaron orden judicial de detención ni allanamiento
de la vivienda.
Los familiares solicitaron entrevistarse con COLMENARES
a las 3:30 PM de ese mismo día, pero su petición le fue
negada por un agente de apellido Colmenares, quien
además les advirtió que no era necesario que buscaran un
abogado. Aproximadamente a las 7:30PM, el joven detenido
fue llevado al hospital de Coche, Caracas, donde ingresó
sin signos vitales. Ese traslado se efectuó en un
vehículo presuntamente pertenecientes al CICPC (placa
AR2 6409).
Al practicarle la autopsia, se le diagnosticó edema
cerebral severo, hemorragia pulmonar y en el
reconocimiento del cuerpo, los familiares atestiguan
haber visto grandes hematomas en varias partes de su
anatomía.
Del caso conoció el fiscal 126 del Área Metropolitana,
Danilo Jaimes, a quien Provea solicitó información sobre
la marcha de las investigaciones. Provea también
solicitó a Marcos Chaves, director del CICPC, adelantar
una investigación interna sobre los funcionarios que
estuvieron de guardia el 20.02.04 en la comisaría de
Cochecito.
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DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
Provea condena juicio militar contra Patricia Poleo |
El movimiento de derechos
humanos ha criticado consecuentemente el uso indebido de la justicia militar. En
diversas ocasiones Provea y otras organizaciones se han
pronunciado contra la aplicación de la justicia militar
a ciudadanos civiles (ver caso Pablo Aure en
http://www.derechos.org.ve). Recientemente, el Foro por la Vida rechazó el procedimiento
militar iniciado contra 2 civiles que, según fuentes
oficiales, habrían sido sorprendidos en el fuerte Tiuna
(Caracas) con implementos militares. Ante esto, la
coalición de organizaciones venezolanas de derechos
humanos recordó que "los delitos militares sólo pueden
ser cometidos por funcionarios militares y no por
civiles" (ver nota "Foro
por la Vida condena la represión y la felicitación
genérica del Gobierno a la Guardia Nacional ignorando
los abusos y excesos" en esta sección).
También el sistema interamericano de protección de los
derechos humanos se ha pronunciado de manera abundante
sobre ello. Una muestra es la siguiente recomendación de
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH):
"la Comisión le recuerda a los Estados miembros que los
ciudadanos deben ser juzgados por sus jueces naturales,
regidos por el derecho común y la justicia ordinaria.
Por lo tanto los civiles no deben ser sometidos a la
jurisdicción de tribunales especiales. La utilización,
por ejemplo, de tribunales militares debe estar limitada
al enjuiciamiento de miembros de las Fuerzas en servicio
activo, por las faltas o delitos de función. En todo
caso, esta jurisdicción especial debe excluir los
delitos de lesa humanidad y las violaciones a los
derechos humanos" (ver en
http://www.derechos.org.ve).
Por su lado, el artículo 261 de la Constitución indica,
entre otras cosas que "la competencia de los
tribunales militares se limita a delitos de naturaleza
militar".
Reiteramos la condena a hechos
como los reseñados en diversos medios informativos
durante esta última semana: la imputación por delitos de
instigación a la rebelión y difamación de la Fuerza
Armada Nacional (FAN) a la periodista Patricia Poleo por
parte del fiscal militar Esaúl Olivar (El Nacional,
23.03.04, pág. B/14).
Poleo explicó que acudió ante el fiscal militar en
calidad de testigo por un video que presentó en el canal
de televisión Venevisión, en el cual se observa a un
presunto grupo de ciudadanos cubanos dentro de las
instalaciones del Comando Regional 6 (CORE 6) de la
Guardia Nacional (GN) en el Edo. Apure. Añadió que el
fiscal le entregó la citación por delitos de instigación
a la rebelión y difamación de la FAN para lo cual debió
presentarse el 25.03.04 (El Nacional, Ibíd.).
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DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
Comisión Nacional para los
Refugiados: se adelanta proceso de calificación de
refugiados |
Según una fuente periodística, Ricardo Rincón,
presidente de la Comisión Nacional para los Refugiados (CNR),
informó que 47 personas han sido calificadas como tales
por esa instancia. Rincón declaró que se estudian las
solicitudes de otro grupo de personas. También notificó
que este ente ha recibido más de 2000 solicitudes de
ciudadanos colombianos y de otras nacionalidades.
El funcionario comentó que la CNR viene trabajando junto
con el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los
Refugiados (ACNUR) y con la embajada del país vecino en
Caracas.
Según Rincón "la atención social figura entre las
prioridades para la atención de las personas afectadas
por la violencia en Colombia" (El Nacional, 19.03.04,
pág. B/19).
Desde Provea consideramos positivo el trabajo que
adelanta la CNR, en el sentido de comenzar a reconocer
la condición de refugiado a algunos de los solicitantes
de asilo que, desde el año 2000, esperaban respuesta
oficial a sus peticiones.
No obstante, la responsabilidad internacional del Estado
venezolano no se agota con el otorgamiento de los
documentos de identidad a los refugiados reconocidos,
sino que requiere un esfuerzo adicional para estudiar
minuciosamente las cientos de solicitudes que aún
aguardan por un veredicto, así como garantizar el
derecho a la defensa y al debido proceso de todos
aquellos solicitantes de asilo cuya solicitud fue
rechazada.
Asimismo, la actuación acorde con las normas
internacionales precisan de la adopción de medidas que
garanticen que los refugiados y solicitantes de asilo
disfruten de todos sus derechos humanos, en especial de
sus derechos económicos, sociales y culturales durante
su estadía en el país. Si el otorgamiento de la
condición de refugiado no va acompañado de acciones
complementarias que permitan el pleno desarrollo de los
refugiados, poco se va a avanzar en la tarea de brindar
seguridad y condiciones de vida digna que eviten que
éstos retornen a territorios donde su vida y seguridad
corren graves peligros.
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INVITACIONES A EVENTOS
Abiertas postulaciones para Pedagogía de la Paz |
Desde el 29.03.04 al 07.04.04, se realizará en Caracas
el programa de formación en mediación educativa
"Pedagogía de la Paz", en el marco del programa "Fortalecer la Paz en
Venezuela", promovido por el Centro Carter, el Programa
de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Mediación
Interdisciplinaria y el Programa de Cooperación Interfacultades de la UCV, empresas privadas, públicas,
ONG que participan del colectivo Paz en Movimiento.
El programa de estudio tiene
100 horas de duración y está dirigido a docentes y facilitadores en diversas
etapas de la educación.
Para mayor información sobre
las postulaciones, curriculum de
facilitadores, contenidos programáticos y aval del
curso, puede contactarse con
Ana Cabria Mellace y Zhair Marrero por los siguientes
medios: teléfonos:
Oficina: (58 212) 991.00.87 - 992.56.24 - 325.62.62.
Celulares: (0412) 994.49.95
(0414) 338.84.05;
correos-e: anacabriamellace@hotmail.com;
centrocarter@yahoo.com.ar;
zhair_marrero@hotmail.com;
dirección física: edificio Torreón, Calle Veracruz, piso 7,
oficina 7b-3, Las Mercedes, Caracas (Fortalecer la Paz
en Venezuela, 19.03.04,
anacabriamellace@hotmail.com).
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INVITACIONES A EVENTOS
Abierto diplomado "Derechos
humanos de la
mujer: Teoría y práctica" |
Desde el 08.03.04 hasta el 14.05.04 permanecerá abierto el proceso de postulación para el
Diplomado Derechos Humanos de la Mujer: Teoría y
Práctica, organizado por el Centro de Derechos Humanos
de la Universidad de Chile (Centro de Derechos
Humanos-Universidad de Chile, 11.03.04,
dipmuj@derecho.uchile.cl).
Este diplomado busca capacitar a abogadas/os
latinoamericanos/as tanto en la correcta aplicación interna
del Derecho Internacional de los Derechos Humanos a
temas relativos a los derechos humanos de la mujer como
en el uso apropiado de los mecanismos de protección
internacional de los derechos humanos. Además, se
proporcionarán a los participantes nociones básicas de
teoría feminista para el cabal entendimiento de las
dinámicas de la problemática de género en nuestra región
y en el resto del mundo.
El curso se realizará
entre el 01.03.04 y el 14.01.05 y
combinará la modalidad de enseñanza a distancia (online)
con dos breves períodos presenciales en Santiago de
Chile. Para mayor información, puede consulta el sitio
web:
http://www.derecho.uchile.cl/cdh/diplomados/dipmuj/index.html.
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ARTÍCULOS
Son derechos: "Participación
política” |
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"Además de un principio del sistema democrático, la
participación política es un derecho humano, reconocido en
el artículo 62 de la Constitución. Este derecho tiene
diversas manifestaciones: el ejercicio del sufragio, la
participación en asociaciones políticas, la postulación para
ser elegido para cargos públicos, el referendo popular y la
participación en asambleas de ciudadanos, entre otros.
El Estado debe facilitar las condiciones más favorables para
la participación política de todos/as. Esto se logra, entre
otras formas, absteniéndose de imponer sanciones o
exigencias que impidan que las personas participen -o que lo
hagan de una determinada manera-, y sancionando a aquellos
particulares que así lo hagan.
Exigir que los trabajadores, aspirantes a trabajadores o
contratistas de la administración pública o del sector
privado, no participen en las iniciativas de referenda
revocatorios, -o lo hagan de una determinada forma-, lesiona
el derecho a la participación. Cualquier presión ejecutada
sobre otro viola este derecho, así como el derecho a la
estabilidad laboral y la no discriminación por opiniones
políticas.
En caso de que esto le esté ocurriendo a usted o algún
conocido, sea afecto o adverso al Gobierno Nacional,
denúncielo por
son@derechos.org.ve" (Provea, 19.03.04,
provea@derechos.org.ve).
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ARTÍCULOS
Son derechos: "Derechos
de la mujer” |
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"¿Cómo
puedo ayudar a una mujer que es víctima de violencia?
El artículo 32 de la Ley sobre la Violencia Contra la Mujer
y la Familia se refiere a los órganos receptores de
denuncia. El mismo establece que la denuncia ante una
situación de violencia puede ser realizada en forma oral o
escrita y no se necesita de un/a abogado/a para su
presentación. En estos casos recomendamos que se haga por
escrito para que le quede una copia sellada como constancia
de haberse recibido.
¿Ante quien realizamos esta denuncia?
Los organismos estipulados por la ley son los siguientes:
Juzgados de Paz y de Familia. Juzgados de Primera Instancia
en lo Penal. Prefecturas y Jefaturas Civiles. Órganos de
policía. Ministerio Público y cualquier otro que se le
atribuya esta competencia.
¿Quién puede denunciar?
La denuncia puede ser realizada por la víctima, los
parientes consanguíneos o afines, el representante del
Ministerio Público y la Defensoría Nacional de los Derechos
de la Mujer.
Como reza nuestro lema “tener derechos no basta”, ante el
enorme desafió que significa la lucha por los derechos de la
mujeres el denunciar es una paso importante contra la
impunidad que cubre a este tipo de delitos"
(Provea,
25.03.04,
provea@derechos.org.ve).
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NOVEDADES DEL CENTRO DE
DOCUMENTACIÓN TODOS LOS DERECHOS PARA TODOS
"ALCA y agricultura: La inequidad se legitima" |
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Autores: Laura Esperanza Rangel Fonseca / Capítulo
Colombia de la Plataforma de Derechos Humanos Democracia y Desarrollo
Año: 2004
Sinopsis: "El paradigma del libre comercio plantea el
intercambio como la solución a los problemas de
empobrecimiento de los pueblos del mundo. Pero el mercado,
que va capturando para su catálogo todos los bienes y
servicios que animan la vida de los seres humanos, no tiene
como objetivo central la vuelta atrás de la inequidades"
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NOVEDADES DEL CENTRO DE
DOCUMENTACIÓN TODOS LOS DERECHOS PARA TODOS
"Los Derechos Humanos en Venezuela" |
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Autores: Cofavic
Año: 2003
Sinopsis: "Cofavic presenta en está ocasión la publicación
titulada “los derechos humanos en Venezuela”, con el
propósito de socializar conceptos esenciales para una mejor
y más apropiada comprensión de la temática de la protección
de los derechos fundamentales; y promover un uso más eficaz
y oportuno de los principales mecanismos especializados de
justiciabilidad de los derechos humanos, tanto en el ámbito
interno como en el internacional"
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NOVEDADES DEL CENTRO DE
DOCUMENTACIÓN TODOS LOS DERECHOS PARA TODOS
"Violencia contra las mujeres privadas de libertad
en América Latina" |
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Autores: Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los
Derechos Humanos
Año: 2003
Sinopsis: "La mujer detenida, casi siempre de escasos
recursos económicos y en muchos casos perteneciente a alguna
minoría étnica, es generalmente madre y sostén de familia,
por lo que presenta características y necesidades
particulares que deberían obligar a los gobiernos a tomar
medidas específicas para su protección y adecuada
reinserción en la sociedad. En este contexto, resulta
especialmente preocupante la casi inexistente información
sobre la situación de la mujer bajo custodia policial y la
mujer migrante detenida, fenómeno creciente en la última
década".
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NOVEDADES DEL CENTRO DE
DOCUMENTACIÓN TODOS LOS DERECHOS PARA TODOS
"La infancia y sus derechos en el Sistema
Interamericano de Protección de Derechos Humanos" |
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Autores: Comisión Interamericana de los Derechos Humanos /
Relatoría de la Niñez
Año: 2002
Sinopsis: "Este texto reúne tratados regionales y
universales, generales y específicos, así como informes,
sentencias y resoluciones del sistema interamericano de
protección de derechos humanos en materia de infancia, con
el objetivo de contribuir a su conocimiento y utilización en
la promoción y defensa de los derechos de niños, niñas y
adolescentes en las Américas"
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DOCUMENTOS
Red de Apoyo
por la Justicia y la Paz condena los atentados terroristas
ocurridos en España y hace un llamado por la paz y la
no violencia
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"Con profunda consternación y dolor, los integrantes y las
integrantes de la Red de Apoyo queremos expresar nuestra
solidaridad con las víctimas y con los familiares de
víctimas del reciente atentado ocurrido en la ciudad de
Madrid y que enluta hoy no sólo al Pueblo español sino a
toda la comunidad hispanoamericana y mundial.
Condenamos categóricamente esta nueva expresión de
brutalidad criminal y terrorista, así como condenamos el
terrorismo político, el terrorismo fundamentalista o el
terrorismo de Estado en cualquiera de sus formas a lo largo
y ancho de nuestro planeta. No es con violencia ni atacando
a personas inocentes como se logrará construir un mundo más
justo, inclusivo y humano. Los actos terroristas, lejos de
dar razón y legitimidad a quienes los ejecutan bajo el
supuesto de una 'causa justa', sólo logran producir el
rechazo y la condena a sus autores, restando toda
credibilidad a las causas que dicen defender.
El gran desafío de nuestro tiempo es superar las vías
violentas para dirimir las diferencias y construir un marco
de respeto a los derechos humanos plenamente efectivo. Por
ello hacemos un llamado a la comunidad internacional para
reforzar el trabajo en pro de garantizar plena y
efectivamente todos los derechos humanos a todos nuestros
pueblos, especialmente los vinculados con el respeto a la
diversidad cultural, la autodeterminación y la seguridad
humana personal y colectiva.
Solicitamos igualmente a la comunidad internacional tomar
las medidas necesarias a los fines de evitar este tipo de
acciones terroristas, intensificar y coordinar esfuerzos
para llevar ante la justicia a los responsables de este tipo
de actos, así como prever todo tipo de medidas para evitar
acciones retaliativas contra poblaciones que a consecuencia
de estos atentados y por su origen étnico pudiesen ser
objeto de agresiones o ataques por sectores radicales.
Reiteramos nuestro compromiso con la paz y por ende nuestra
convicción de que sólo por la vía del diálogo, del respeto
mutuo y de la eficiente administración de justicia se pueden
superar las diferencias" (Red de Apoyo por la Justicia y la
Paz, 12.03.04,
redapoyo@cantv.net).
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DOCUMENTOS
Observatorio DESC ante los atentados en Madrid
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"El pasado dia 11 de marzo, nuestro país sufrió los atentados
terroristas más trágicos de nuestra história. Más de 200
muertos y 1.500 heridos, la mayoría jóvenes que se disponían
a iniciar una jornada más de estudio o trabajo.
Pero además, este país, fue objeto en los días sucesivos de
otro atentado, esta vez informativo. Mientras en el resto
del mundo se intuía quienes eran los responsables de tal
barbarie, nuestro gobierno insistía en culpabilizar al grupo
terrorista ETA, desoyendo los indicios de las
investigaciones policiales que apuntaban a grupos
fundamentalistas islámicos.
Las manifestaciones multitudinarias del pasado viernes, más
de once millones de personas en toda España, expresaron, no
sólo el rechazo más exacerbado de cualquier forma de
terrorismo, sino también la exigencia a nuestro gobierno de
informar, con absoluta transparencia, de los posibles
autores materiales.
No es habitual que las organizaciones en defensa de los
Derechos Humanos se pronuncien sobre los resultados
electorales, pero la situación actual, en nuestro país, bien
merece una excepción.
Este Observatorio DESC se congratula del resultado electoral
del pasado domingo, cuando el gobierno actual perdió las
elecciones generales. Se va el gobierno del desastre
ecológico del Prestige, se va el gobierno de la toma de la
isla Perejil en Marruecos, se va el gobierno de la ley de
extranjería que vulnera derechos fundamentales de los
inmigrantes, se va el gobierno que debilitó a Europa y, peor
aún, a las Naciones Unidas, posicionándose a favor de una
guerra injusta, rechazada por el 90% de la población
española. Se va el gobierno de la mentira.
Esperamos y deseamos que el nuevo gobierno sea capaz de
cumplir sus compromisos, nuestra obligación será exigirle
que lo haga. La gran muestra de civismo y democracia
mostrada el pasado domingo por el 80% de los españoles
llamados a ejercer su derecho a voto, nos obliga a trabajar
por la convivencia pacífica de los pueblos, por la justicia,
el desarrollo humano y, especialmente, por los derechos
humanos de todos y todas, en todas partes.
Finalmente, agradecer todas las muestras de apoyo y
solidaridad recibidas de nuestros compañeros y compañeras de
la Red. Adjunto una muestra de nuestro dolor estos días.
Enterraremos a nuestros muertos y seguiremos adelante.
Lourdes Ríos, Directora" (Observatorio DESC,
16.03.04, mail@descweb.org).
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DOCUMENTOS
Manifiesto
de Oaxaca:
Defender nuestro maíz, cuidar la vida |
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Las organizaciones campesinas e
indígenas de Oaxaca (México) junto con otras organizaciones civiles
organizaron una reunión el pasado 10 y 11.03.04, de la cual surgió el
manifiesto que a continuación se presenta y que está
disponible para quienes deseen suscribirlo.
La fecha límite de recepción de firmas será el 02.04.04 y
puede enviar su firma (nombre de organización y
país o nombre de la persona, institución y país) a las
cuentas: areli@laneta.apc.org;
areli.carreon@mx.greenpeace.org.
"DEFENDER NUESTRO MAÍZ, CUIDAR LA VIDA
Aquí, en esta parte del mundo, nació el maíz. Nuestros
abuelos lo criaron. Con él se criaron ellos mismos, al
forjar una de las grandes civilizaciones de la historia. La
casa más antigua del maíz está en nuestras tierras. Desde
este lugar del universo se fue para otras partes del mundo.
Somos gente de maíz. El grano es hermano nuestro, fundamento
de nuestra cultura, realidad de nuestro presente. Está en el
centro de nuestra vida cotidiana. Aparece sin falta en
nuestra dieta y en la cuarta parte de los productos que
adquirimos en las tiendas. Es el corazón de la vida rural y
un ingrediente infaltable en la vida urbana.
Somos gente de maíz. Y lo somos a contracorriente, en lucha
continua con los vientos dominantes. Los saberes campesinos
e indígenas sobre el maíz han sido continuamente
despreciados, reprimidos y olvidados. Se ha provocado la
extinción de innumerables variedades nativas de maíz, que
eran el fruto de la paciente experimentación de nuestros
antepasados. Se indujo a muchos campesinos a la vergonzosa
dependencia de los híbridos.
Una y otra vez, con diversas políticas, se ha buscado que
abandonemos el cultivo de maíz. Se quiere que en lugar de
producirlo en nuestra tierra y con nuestras manos se importe
de Estados Unidos, donde se siembra para los puercos y para
la industria, no para la gente.
La ciega política oficial no toma en cuenta que, para
nosotros, el maíz es más que un cereal. Resume nuestro
pasado, define nuestro presente y es la base de un porvenir
propio. Lo comemos, pero no es solamente comida. Es motivo
de fiesta, de intercambio, de convivencia, de ayuda mutua.
Es nuestra vida. El maíz está en el centro de nuestra
cultura, en la que tiene un carácter sagrado. No queremos
que salga de ahí.
Defender el maíz nos llama a ser como hemos sido con él, no
como las grandes empresas quieren que seamos. Defender el
maíz quiere decir salvar la tierra, el sol, el agua, el
viento. No hacer daño a lo que lo rodea.
Al aparecer los maíces genéticamente modificados, los
transgénicos, nos pareció muy sensato que en México se
prohibiera su siembra en 1998. Como entonces señalaron
científicos responsables, había que ser prudentes. El
gobierno, sin embargo, los introdujo de trasmano, a través
de sus importaciones. Y así apareció entre nosotros, en
nuestra Sierra de Juárez, la primera contaminación de maíces
transgénicos. Pronto se comprobó que otros estados estaban
también bajo riesgo.
El centro mundial de origen y diversidad del maíz está ahora
en peligro. Puede perderse la prodigiosa riqueza genética
que generó aquí el paciente diálogo que por milenios se
mantuvo entre el hombre y la planta.
Los grandes mentirosos del mercado o del Estado aparecen a
veces entre nosotros, disfrazados de investigadores de
nuevas tecnologías o de especialistas en mejorar los
cultivos. Dicen que nuestras semillas no sirven o que
nuestra forma de cultivar es inadecuada. Quieren que
compremos sus semillas y aprendamos sus formas de matar el
maíz y la tierra. Ha llegado la hora de decir ¡Basta ya! ¡No
aguantamos más! No permitiremos que el daño se profundice y
el riesgo aumente.
No rechazamos la experimentación. La hemos practicado por
miles de años. Nos interesa el cambio, pero no el que lleva
a formas de cultivo que destruyen en vez de conservar.
Rechazamos la acción comercial, obsesionada con la ganancia.
Destruye la tierra, debilita el tejido social y cultural de
nuestros pueblos y trastorna la relación entre las personas.
Luchamos por conservar los maíces que durante miles de años
se han acomodado a vivir en los climas, alturas y suelos de
nuestras tierras y comparten el espíritu de nuestras
comunidades..
EN OAXACA NO HABRÁ TRANSGÉNICOS
Hemos escuchado con paciencia a los científicos que los
defienden. Pero ya nos cansamos. Los riesgos más graves por
usar transgénicos son a largo plazo. No ha pasado tiempo
suficiente. No existe, por tanto, ningún estudio de largo
plazo. Todo lo que dicen ahora sobre sus efectos es pura
especulación. Además, no quieren respetar el principio de
precaución, manipulan la información y emplean argumentos
falsos e insensatos. Lo peor, para nosotros, es que les
tiene enteramente sin cuidado el inmenso daño cultural que
pueden causar sus experimentos. No los escucharemos más.
SEGUIREMOS EN LA LUCHA LEGAL
Continuaremos articulando nuestro esfuerzo con el de otros,
dentro y fuera de México, para emplear todos los recursos
legales a nuestro alcance.
Buscaremos:
Que se prohíba la siembra y la importación de maíz
transgénico.
Que se forme un nuevo marco legal sobre la seguridad
biológica, que proteja la salud animal y humana de toda
contaminación transgénica y respalde la diversidad biológica
y cultural. Por lo pronto, lucharemos contra la minuta que
el Senado envió a la Cámara de Diputados, que consideramos
inaceptable.
Que se detengan todas las importaciones de maíz.
Que sea obligatorio informar y consultar con nuestros
pueblos cualquier programa público o privado de 'ayuda
tecnológica' que se pretenda aplicar.
Que se ordene una acción, concertada con las comunidades
afectadas, para evitar que se extienda la contaminación de transgénicos.
Hemos visto con tristeza el irresponsable comportamiento de
las autoridades. Hemos comprobado que violan la
Constitución, las leyes, los acuerdos y tratados
internacionales. Que no ven ni escuchan el clamor de la
sociedad civil y de científicos independientes. Que están
haciendo el trabajo sucio de las corporaciones y de los
países interesados en vender transgénicos, sin preocuparse
por el interés popular y nacional. No podemos esperar más.
La amenaza crece. La contaminación aumenta.
PASAREMOS A LA | | | |