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Cinco años leyendo la realidad venezolana desde los
derechos humanos |
Servicio
informativo No. 138
Del 07 al 11 de junio de 2004 |
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1988/2003:
Provea, 15 años por
los derechos sociales y contra la impunidad
EFEMÉRIDES DE DERECHOS HUMANOS EN
JUNIO
CONTEXTO
* Para una mejor
difusión y defensa de los derechos humanos en Venezuela
Provea lanza su nueva imagen web
* Foro por
la Vida ante la detención de presuntos paramilitares
* Foro por la
Vida
repudia
violaciones de los derechos humanos en Irak
* Foro
por la Vida repudia nuevas amenazas a Liliana Ortega
INVITACIONES
A EVENTOS
*
Provea invita al foro “Ante el libre comercio,
otra integración es posible”
DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
*
Para AVECEGRA tragedia de 1999 de Vargas no tiene
dolientes en el Estado
* Relator
Especial de Naciones Unidas sobre el derecho de toda persona
al disfrute del más alto nivel posible de salud física y
mental presenta su informe
* OEA aprobó propuesta venezolana de elaborar Carta Social de
las Américas
* Según la Sala
Constitucional, la ejecución de una sentencia no puede afectar
los servicios de salud comunitarios
* Recientes indicadores del derecho a la
alimentación y al salario adecuado
* Contradicciones en los indicadores sobre
los derechos laborales de mayo
*
MECD: misiones aseguran acceso gratuito a la educación y
se firmó convenio con la AVEC
*
Médicos venezolanos
participarán en Misión Barrio
Adentro
*
Propuestas y exigencias a poderes públicos sobre el
derecho a la alimentación
DERECHOS CIVILES Y
POLÍTICOS
*
Militante de Bandera Roja denunció haber sido torturado por
agentes de la DISIP
* Asesinado activista de los derechos humanos en Caracas
por presuntos PM
* Culmina etapa de recolección de firmas para los procesos
de referedum revocatorios
* Violación al derecho a la autodeterminación
de los pueblos: Gobierno estadounidense se entromete en asuntos
nacionales
* Propuestas y
exigencias a poderes públicos sobre el derecho a la vida
ARTÍCULOS
*
Son Derechos: “Habitantes
de Vargas sin respuesta”
* Son Derechos: “Los
DESC son exigibles”
* Raúl Cubas:
"Crisis y deterioro de la seguridad social en América Latina"
*
Marino
Alvarado:"Otra
cara del Plan Zamora"
NOVEDADES DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN TODOS LOS DERECHOS
PARA TODOS
*
"Crítica de la razón indolente: contra el desperdicio
de la experiencia"
* "Informe sobre la situación de los derechos humanos
en Venezuela"
* "El
crimen de pobreza: escritos sobre la criminalización de los
pobres"
* "Preparación
de informes sobre los derechos humanos: conforme a seis
importantes instrumentos internacionales de derechos humanos"
* "Revista
SIC N° 665"
DOCUMENTOS
*
Organización Nacional Indígena de Colombia:
SOS para el pueblo Wayúu
* Comunicado Internacional: Parlamentarios y
sindicatos dicen NO AL CAFTA
* Pronunciamientos del embajador Jorge Valero y de Iván
Rincón
Agradecemos mencionar la
fuente cuando el contenido sea citado o difundido |
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EFEMÉRIDES DE DERECHOS HUMANOS
EN JUNIO |
01 Día Internacional del Niño, Niña y Adolescente
01 Aprobación de Ley Orgánica de Protección del Niño y
del Adolescente en Venezuela
04 Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de
la Agresión
05 Día Mundial del Medio Ambiente
08 Día Mundial de los Océanos
12 Día Mundial contra el Trabajo Infantil
17 Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación y
la Sequía
20 Día Internacional del Refugiado
20 Día Nacional del Abogado venezolano
21 Día Internacional de la Educación No Sexista
26 Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la
Tortura
27 Día del Periodista venezolano
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CONTEXTO
Para una mejor
difusión y defensa de los derechos humanos en Venezuela
Provea lanza su nueva imagen web |
Desde 1998, Provea ofrece en su sitio web información
sobre la situación de los derechos humanos en el ámbito
nacional. Hoy, en el marco de su 15º
aniversario, la organización refresca su imagen en internet
con el objeto de mejorar la educación, promoción, defensa e
investigación de los derechos humanos.
Hace casi 6 años apareció la página <http://derechos.org.ve>,
la primera en Venezuela dedicada específicamente a la
temática de los derechos humanos en el país. En el presente
registra un promedio de 7.000 visitas diarias y más de
200.000 mensuales, de todas partes del mundo y con intereses
de diversa índole. A las exigencias de este público plural
se le debe el nuevo rostro que desde hoy presenta este sitio web.
Comentó Carlos Correa, coordinador general de Provea que
“nunca se planteó como una simple página institucional. Por
el contrario, nos esforzamos en orientarla a un formato más
integral, que sirviera tanto a sectores académicos,
organizaciones de base, medios de comunicación, en fin, a todo
el que tuviera acceso a la red electrónica y buscara
información sobre el tema”.
La nueva web conserva esa característica de integralidad
informativa mejorando el diseño y ofreciendo una estructura
sencilla y accesible que espera mejorar el acceso y la performance de la
visita de los y las internautas. Comunicados y notas de
prensa, tanto de Provea como de las redes en las que
participa (el Foro por la Vida, la Red Venezolana de
Educación en y para los Derechos Humanos y el Capítulo
Venezuela de la Plataforma Interamericana de Derechos
Humanos, Democracia y Desarrollo, PIDHDD), artículos de
opinión, instrumentos nacionales e internacionales para las
protección de los derechos humanos, libros y materiales
pedagógicos que pueden ser descargados gratuitamente, una
planilla para registrar denuncias de violación de derechos humanos,
noticias, enlaces nacionales y extranjeros con
organizaciones de derechos humanos, todo esto y más se
encuentra a disposición de los y las internautas.
“Esto es un proyecto en elaboración. Su mejoramiento y
aplicabilidad para la tarea de la defensa de los derechos
humanos depende de la colaboración de sus visitantes. Por
eso esperamos contar con ellos y ellas”, añadió Correa. (Provea,
http://www.derechos.org.ve/actualidad/comunicados/index.htm#np2004, 09.06.04)
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CONTEXTO
Foro por
la Vida ante la detención de presuntos paramilitares |
El Foro por la Vida, coalición de organizaciones venezolanas
de derechos humanos, considerando la detención hace casi un
mes de presuntos paramilitares en el municipio El Hatillo del
Edo. Miranda, sin que hasta ahora haya habido una respuesta
clara sobre el particular de las autoridades respectivas,
expresa:
1.- Su preocupación ante la existencia de un grupo de más de
100 personas vestidas con uniforme militar, de nacionalidad
colombiana y coordinadas por personas que han sido señaladas
como paramilitares colombianos por el Ejecutivo venezolano. La
posibilidad de acciones paramilitares en Venezuela debe
preocupar a toda la sociedad venezolana, pues los métodos del
paramilitarismo, tal como lo evidencian años de historia
colombiana y, dramática y recientemente, la agresión sufrida
por una comunidad Wayuu de la Alta Goajira, son una de las
formas de violencia política más crueles y atentatorias contra
la dignidad humana;
2.- Exige una investigación seria, imparcial y apegada a
derecho sobre este hecho de enorme gravedad y lamenta la
utilización del mismo a favor de parcialidades políticas
hechas tanto por el gobierno como por la oposición. Esto fue
evidente en el intento del primero de establecer
responsabilidades sin haberse avanzado suficientemente en las
investigaciones, y de la oposición, en trivializar y hasta
caricaturizar el hecho, todo lo cual ha impedido desde
entonces el imprescindible debate democrático acerca de la
gravedad del hecho;
3.- Su condena a cualquier intento de utilización de la
violencia con fines políticos, sea de una fuente nacional o
extranjera, simpatizante de una u otra de las parcialidades
políticas del país, por el riesgo que implica para la paz y
los derechos humanos. Por ello reiteramos nuestra condena a la
acción de todos los grupos armados, llámense Carapaicas,
Néstor Zerpa Cartollini, Fuerzas Bolivarianas de Liberación (FBL),
Autodefensas Unidas de Venezuela (AUV), o carentes de nombre
conocido, como aquellos que se concertaron para producir el
golpe de Estado de abril 2002, quienes ejecutaron los actos
terroristas contra las sedes diplomáticas de Colombia y España
y contra la sede de la Mesa de Negociación y Acuerdos o
quienes facilitan la presencia, en nuestro territorio, de
personas que, según la información oficial disponible, serían
paramilitares colombianos;
4.- Su exigencia al Estado para que cumpla con su obligación
de proteger y resguardar la integridad y soberanía nacional,
componentes del derecho humano a la autodeterminación de los
pueblos, siempre apegado al respeto y garantía del resto de
los derechos humanos consagrados en la Constitución nacional y
en los tratados internacionales;
5.- Su exigencia de que las personas detenidas, por tratarse
de civiles, deben ser juzgados por sus jueces naturales, es
decir, por la justicia ordinaria y no por la justicia militar
que es la que está conociendo del caso. Cabe recordar que la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha
señalado: "que los ciudadanos deben ser juzgados por sus
jueces naturales, regidos por el derecho común y la justicia
ordinaria. Por lo tanto los civiles no deben ser sometidos a
la jurisdicción de tribunales especiales. La utilización, por
ejemplo, de tribunales militares debe estar limitada al
enjuiciamiento de miembros de las Fuerzas en servicio activo,
por las faltas o delitos de función”. La continuidad del
juicio en la jurisdicción militar constituye una inaceptable
violación del derecho a la justicia. Por tal razón el Foro por
la Vida exige a los órganos del Poder Ciudadano un
pronunciamiento sobre la materia y un estricto monitoreo de la
situación de los derechos humanos de los imputados;
6.- Su repudio por la utilización de adolescentes en la
conformación de organizaciones armadas y/o en actividades
reñidas con la ley; y su complacencia para con la repatriación
de los adolescentes detenidos y el procedimiento empleado,
ajustado al derecho internacional y al Protocolo Facultativo
de la Convención sobre los Derechos del Niño Relativo a la
Participación de Niños en los Conflictos Armados
(A/RES/54/263), el cual destaca la responsabilidad del Estado
colombiano en la protección y reinserción de los adolescentes
y el respeto al principio del interés superior del niño, tal y
como fue reconocido por voceros del Fondo de las Naciones
Unidas para la Infancia (UNICEF);
Firman:
Acción Ciudadana Contra el SIDA (ACCSI); Centro para la Paz y
los Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela;
Centros Comunitarios para el Aprendizaje (CECODAP); Comisión
Justicia y Paz del Secretariado Conjunto de Religiosas y
Religiosos de Venezuela (SECORVE); Fundación Derechos Humanos
del Estado Anzoátegui; Fundación Justicia y Paz de Petare;
Oficina Diocesana de Derechos Humanos “Humana Dignitas”;
Programa Venezolano de Educción-Acción en Derechos Humanos
(Provea);
Red de Apoyo por la Justicia y la Paz; Servicio Jesuita a
Refugiados (SJR) (Foro por la Vida,
http://www.derechos.org.ve/actualidad/comunicados/comu_prensa_2004/cp090604.pdf,
10.06.04)
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CONTEXTO
Foro por la
Vida
repudia
violaciones de los derechos humanos en Irak |
Las organizaciones venezolanas de derechos humanos integrantes
de la coalición Foro por la Vida abajo firmantes, deseamos
manifestar:
1.- Nuestro repudio ante las múltiples violaciones a los
derechos humanos, torturas, tratos denigrantes, ejecuciones,
cometidas en contra de prisioneros iraquíes a manos de
soldados miembros de las tropas de Estados Unidos y Gran
Bretaña, tal y como ha sido denunciado por informes de
organismos internacionales y a través de imágenes en los
medios de comunicación social;
2.- Este rechazo es continuidad del que, en su momento,
hicimos frente a las acciones de invasión ejecutadas por un
ejército de ocupación que vulneró el estado de derecho
internacional. Las torturas de hoy forman parte del mismo
irrespeto a la legalidad internacional que se manifestó en
la invasión y, como parte de aquella, se convierten en un
asunto de política doméstica de cada país, pues el mensaje
que envían las fuerzas invasoras al mundo, es el de la
actuación discrecional, al margen de cualquier tipo de
legalidad: es posible falsear documentos para justificar una
invasión, actuar al margen de los mecanismos legales e
institucionales de la Organización de Naciones Unidas (ONU),
ocupar un país y asesinar y torturar a sus ciudadanos. Todo
ello implica una grave amenaza a la paz y seguridad mundial
y un urgente problema que es necesario enfrentar a través de
las vías pacíficas e institucionales establecidas en el seno
de la ONU;
3.- Las partes involucradas en el conflicto deben observar
las normas de derecho humanitario consagradas en la
Convención de Ginebra de 1949 y sus respectivos Protocolos,
ratificados por prácticamente todos los países del mundo y
que rigen durante un conflicto bélico o una guerra, cuyo
propósito es proteger la vida de los civiles, la propiedad
de interés civil, los soldados heridos y los prisioneros de
guerra, a la vez que exige el uso mínimo de la fuerza;
4.- Exigimos se investiguen las violaciones de derechos
humanos y del derecho internacional humanitario
independientemente de dónde se hayan cometido, de quiénes
sean su autores y del tiempo transcurrido desde su comisión.
Todo presunto autor de abusos y violaciones contra los
derechos humanos debe ser puesto a disposición judicial y es
preciso ofrecer reparación plena a las víctimas y a sus
familias; sin desmedro de que se establezcan las
responsabilidades de las autoridades que ordenaron o
facilitaron tales vejámenes;
5.- Alertamos especialmente sobre la difícil situación de
los niños, niñas y adolescentes, que aunque existe un
tratado internacional que los protege (Convención sobre los
Derechos del Niño) siguen sufriendo lesiones y muriendo de
manera persistente debido a los efectos del conflicto
bélico. Nos solidarizamos con las víctimas y el dolor de sus
familiares y amigos;
6.- Por ello hacemos un llamado a la comunidad internacional
para conducir esfuerzos a favor de los derechos humanos de
los pueblos, con respeto a la diversidad cultural y la
autodeterminación;
7.- Reiteramos nuestro compromiso con la paz y nuestra
convicción de que no es con violencia como se logrará
construir un mundo más justo, inclusivo y humano.
Suscriben:
Accion Ciiudadana Contra el SIDA (ACCSI);
Centros Comunitarios de Aprendizaje (Cecodap);
Centro para la Paz y los Derechos Humanos de la Universidad
Central de Venezuela;
Fundación de Derechos Humanos del Estado Anzoátegui;
Fundación Justicia y Paz de Petare;
Oficina Diocesana de Derechos Humanos de la Diócesis de
Ciudad Guayana “Humana Dignitas”;
Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos
(Provea);Red de Apoyo por la Justicia y la Paz;
Servicio Jesuita para Refugiados (SJR) (Foro por la Vida,
http://www.derechos.org.ve/actualidad/comunicados/index.htm#cp2004,28.05.04,
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CONTEXTO
Foro
por la Vida repudia nuevas amenazas a Liliana Ortega |
El Foro por la Vida, coalición de organizaciones de derechos
humanos, repudia las nuevas amenazas recibidas por la
defensora de derechos humanos Liliana Ortega, directora del
Comité de Familiares y Víctimas de los Sucesos de Febrero y
Marzo de 1989 (Cofavic) y exige al Estado que investigue
seriamente el origen de las mismas y sancione a quienes
resulten responsables.
El miércoles 12.05.04 un individuo no identificado colocó en
la entrada de Cofavic unos volantes con una caricatura de
Liliana Ortega y un texto que señala lo siguiente: “a mí me
pagan para que defienda los derechos humanos de los
malandros de la oposición”. Alrededor de la caricatura se
repite cinco veces las siglas “Q.E.P.D”, lo que constituye
una clara amenaza de muerte. Ese mismo día Cofavic recibió
también una serie de llamadas telefónicas de individuos no
identificados que pedían información sobre Liliana Ortega y
Cofavic y luego colgaban bruscamente. Estas amenazas se
suman o otras recibidas por el equipo de Cofavic en el
pasado y que motivaron a la Corte Interamericana de Derechos
Humanos a que emitiera medidas provisionales que han sido
prorrogadas.
Las organizaciones que conforman parte del Foro por la Vida
están seriamente preocupadas por la reiteración de amenazas
sobre Cofavic y le recuerdan al Estado venezolano que la
Asamblea General de la Organización de Estados Americanos,
en junio de 2003, al reconocer “la importante tarea que
desarrollan en el plano nacional y regional, los defensores
de derechos humanos y su valiosa contribución para la
protección y promoción de los derechos y libertades
fundamentales en el Hemisferio”, recomendó a los Gobiernos
que “intensifiquen los esfuerzos para la adopción de las
medidas necesarias para garantizar la vida, la integridad
personal y la libertad de expresión de los mismos...”. Es
deber del Estado investigar el origen de estas amenazas y
ofrecer, con celeridad, resultados de esas investigaciones;
así como mantener la protección a los miembros de Cofavic.
Las figuras más altas del gobierno deben señalar
públicamente que rechazan las amenazas y cualquier acto de
violencia sobre cualquier organización de derechos humanos
y, en particular, sobre Cofavic y su directora, Liliana
Ortega.
El Foro por la Vida respalda la campaña de Acciones Urgentes
iniciada por Amnistía Internacional, orientada a presionar a
las autoridades venezolanas para que se pronuncien
condenando estas amenazas y realicen una investigación
adecuada que produzca resultados.
Por el Foro por la Vida, su vocería:
Bárbara Navas, Servicio Jesuita a Refugiados (SJR);
Fernando Pereira, Centros Comunitarios de Aprendizaje (CECODAP);
María Gabriela Cuevas, Centro de Derechos Humanos de la
Universidad Católica Andrés Bello (CDH-UCAB) (Foro por la
Vida,
http://www.derechos.org.ve/actualidad/comunicados/index.htm#np2004,20.05.04).
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INVITACIONES
A EVENTOS
Provea
invita al foro “Ante el libre comercio, otra integración es
posible” |
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En el marco del V Seminario de Formación en Derechos
Económicos, Sociales y Culturales (DESC), organizado por
Provea con el auspicio de la Plataforma Interamericana
Democracia, Desarrollo y Derechos Humanos (PIDHDD), el
próximo 01.07.04, a las 6:00 PM, se realizará en la sala A
del piso 3 del Ateneo de Caracas, el foro público que
continuará con el tema de este seminario: “Ante el libre
comercio, otra integración es posible”.
Participarán como ponentes, Héctor León Moncayo (Instituto
de Servicios Legales Alternativos - ILSA, Colombia); Norma
Castañeda (Equipo Pueblo, México); Alberto Arroyo (Alianza
Social Continental, México); Coral Pey (Alianza Chilena por
un Comercio Justo y Responsable) y Judith Valencia (Comisión
Presidencial Negociadora del ALCA, Venezuela).
Los ponentes tratarán de responder las siguientes preguntas:
¿A qué aspectos de los Tratados de Libre Comercio (TLC) nos
oponemos y por qué?; ¿Cómo se afectaron derechos en el caso
del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)?
El Caso México; y, ¿Es posible otra integración? ¿Sobre qué
principios?
El acceso al foro es libre para todo el público interesado.
Para cualquier información comuníquese por los teléfonos
0212 862 53 33/ 862 10 11/ 860 66 69; o al correo-e:
educacionprovea@derechos.org.ve.
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DERECHOS ECONÓMICOS,
SOCIALES Y CULTURALES
Para AVECEGRA tragedia de 1999 de Vargas no tiene
dolientes en el Estado |
La Asociación de Vecinos de Cerro
Grande (AVECEGRA), que agrupa a 121 familias propietarias de
viviendas y terrenos del sector Cerro Grande,
Caraballeda-Tanaguarenas, Edo. Vargas, afectados por los deslaves
ocurridos en el año 1999, denunciaron el 02.06.04, ante Provea,
el estado de indefensión en el que se encuentran debido a la
desatención de las autoridades competentes (Corpovargas,
Autoridad Única de Área para el Estado Vargas (AUAEV), Gobernación
del Edo. Vargas, Ministerio de Infraestructura-MINFRA). Desde entonces no reciben información sobre el destino de sus viviendas
y terrenos ni el de esa zona. Desconocen si se abrirá un proceso de
expropiación por causa de utilidad pública o si declararán inhabitable
la zona. Hasta los momentos no se ha
realizado ninguna operación de rescate de la
infraestructura vial ni de los servicios públicos.
Luego de 5 años de abandono oficial, 10 viviendas que no
habían sido afectadas por el deslave han sido convertidas en
ruinas por la acción del hampa, que ha desvalijado y destruido
esas viviendas. Hasta ahora el silencio y la falta de
participación ha caracterizado la relación de las autoridades
estatales y estadales con los damnificados de ese sector.
Desde mediados de 2003 una compañía de
ingenieros del Ejército acampó sobre terrenos
privados de la urbanización Cerro Grande e instaló una
planta de tratamiento de asfalto, sin la autorización de sus
propietarios ni el pago de alguna contraprestación. Los
vecinos denuncian que esta instalación se efectuó fuera de la zona
autorizada por Corpovargas, cerrando la entrada a la
urbanización mediante la ubicación de una garita que impide
el paso a los propietarios de los terrenos y viviendas. Sus
reclamos fueron elevados ante las autoridades correspondiente, e
incluso ante el Ministerio Público (MP) y la
Defensoría del Pueblo, sin lograr respuesta alguna hasta los
momentos.
Solo la consultoría del Ministerio de la Defensa respondió en
mayo de 2004, reconociendo que solicitó información a Corpovargas sobre el destino de ese
sector, quien respondió que se había contratado un
estudio para el control y la canalización de torrentes del Río
Grande.
Por su parte, Provea está analizando las estrategias adecuadas
para apoyar a este grupo de familias en la lucha por la
restitución de sus derechos.
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DERECHOS ECONÓMICOS,
SOCIALES Y CULTURALES
Relator
Especial de Naciones Unidas sobre el derecho de toda persona
al disfrute del más alto nivel posible de salud física y
mental presenta su informe |
En el contexto del 60º período de sesiones de la Comisión de
Derechos Humanos de Naciones Unidas, celebrado entre el
15.03.04 y el 23.04.04, el Relator Especial de Naciones Unidas
sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto
nivel posible de salud física y mental, Paul Hunt, presentó el
informe " Los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El
derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible
de salud física y mental".
En este documento, que se presentó con retraso para incluir en
él información más reciente, Hunt trata la salud sexual y
reproductiva en el contexto del derecho a la salud. El Relator
Especial opina que el derecho a la salud sexual y reproductiva
tiene un papel indispensable que desempeñar en el combate
contra la intolerancia, la desigualdad de género, el VIH/SIDA
y la pobreza, y recomienda que se preste mayor atención a una
comprensión adecuada de la salud reproductiva, los derechos
reproductivos, la salud sexual y los derechos sexuales.
Hunt también estudia la relación existente entre el derecho a
la salud y la reducción de la pobreza, y sostiene que el
derecho a la salud puede reforzar y mejorar las estrategias de
reducción de la pobreza.
En el documento figura una breve actualización de las
actividades del Relator Especial respecto de las enfermedades
descuidadas y se ofrecen algunas breves observaciones sobre el
derecho a la salud y la prevención de la violencia.
En su argumentación el Relator Especial destaca que por lo
menos 3 de los 8 Objetivos de Desarrollo del Milenio están
directamente relacionados con la salud sexual y reproductiva.
Dada la relevancia de este documento, Provea lo pone a
disposición de las personas interesadas en su sitio web. En la
siguiente dirección puede consultarlo o descargarlo en su
formato PDF (138 Kb):
<http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/0/ba7209312a7728cfc1256e5b003d24ce
/$FILE/G0410936.doc>
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DERECHOS
ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
OEA aprobó propuesta venezolana de elaborar Carta Social de
las Américas |
Según anunció el embajador Jorge Valero, Representante
Permanente del Estado venezolano ante la Organización de
Estados Americanos (OEA), los 34 cancilleres representantes
gubernamentales asistentes a la XXXIX Asamblea General de la
instancia continental, celebrada en Quito, Ecuador, entre el
06 y el 08.06.04, acogieron la propuesta venezolana de elaborar
una Carta Social de las Américas y se encomendó a preparar un proyecto que
contengan los lineamientos esenciales (Ministerio de
Relaciones Exteriores,
09.06.04,
http://www.mre.gov.ve/Noticias/A2004/34Asamblea-OEA/noticias.htm#06).
La propuesta nacional para una Carta Social de las Américas "se le hizo directamente al Consejo
Permanente y a la Comisión Ejecutiva Permanente del Consejo
Interamericano para el Desarrollo Integral (CEPCIDI), organismos
que deberán preparar un proyecto que incluya los principios de desarrollo social y
establezca metas y objetivos específicos que refuercen los
instrumentos existentes en la Organización sobre democracia,
desarrollo integral y combate a la pobreza, y presente los
resultados a la consideración de la próxima Asamblea General”
(Agencia Venpres, 08.06.04,
http://www.venpres.gov.ve/poli/poli1.htm#Carta),
explicó Valero.
Enfatizó el funcionario que esta Carta Social de las Américas
"complementará y fortalecerá la Carta Democrática
Interamericana. Contará así nuestra organización con dos
instrumentos que reflejen una visión integradora de la
democracia" (Ídem.). Valero recordó que desde hace 3 años, cuando se aprobó en Lima, Perú,
la Carta Democrática Interamericana, el Ejecutivo Nacional había
advertido que hacía falta una Carta
Social de las América (Ministerio de Relaciones Exteriores,
Ídem.)
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DERECHOS
ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Según la Sala
Constitucional, la ejecución de una sentencia no puede afectar
los servicios de salud comunitarios |
En el dictamen N° 1038 del 27.05.04, la Sala Constitucional del Tribunal
Supremo de Justicia (TSJ) estableció que la ejecución forzosa de
una
sentencia no puede afectar los servicios de salud comunitarios.
El fallo se estableció con motivo de la apelación
interpuesta por los habitantes de la Parroquia Macarao,
usuarios y usuarias del Servicio de Salud Centro Comunitario
de Atención Médica Integral –CECAMI-, Fundación Proyección
Comunitaria –FUPROCOM-, Colectivo Macarao y su Gente, contra
la decisión del Juzgado Cuarto de Primera Instancia de la
Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, que
había ordenado el reenganche de una trabajadora y el
pago de sus salarios caídos. El 29.09.03, este tribunal había
rechazado la petición de los usuarios del servicio comunitario
para que la ejecución de esta sentencia se hiciera evitando el
embargo de los bienes del centro comunitario y para que el pago de
los salarios caídos se efectuara en cómodas cuotas, de manera de
cumplir con el mandato judicial sin afectar el servicio
prestado por el centro comunitario.
Ante la negativa de esta instancia jurídica, el 07.10.03, los
usuarios elevaron su queja hasta el TSJ, cuya Sala
Constitucional admitió el caso y, tomando en
cuenta los intereses de la comunidad, sentenció afirmando que
la satisfacción del derecho a la justicia de una persona favorecida por una sentencia, no puede afectar el
derecho a la salud de un colectivo.
En su ponencia, el magistrado Jesús Eduardo Cabrera Romero
acotó que
“en materia de salud, la cual constituye un derecho social
fundamental no puede pensarse que quienes prestan el servicio
a colectividades desfavorecidas por su situación económica y
social y que por tanto se presta a personas de bajos ingresos,
puedan cesar en la prestación del servicio o verlo
entorpecido, por motivo de una ejecución judicial [...]
Ante esta realidad, fundada en la noción de Estado Social de
Derecho, y del derecho fundamental a la salud, en el conflicto
entre este último derecho y el individual de quien goza de un
fallo a su favor, por razones de protección constitucional a
los derechos colectivos o comunales, debe existir un
equilibrio entre los derechos individuales y los colectivos,
sin que los primeros desaparezcan” (Tribunal Supremo de
Justicia, 28.06.04,
http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Mayo/1038-270504-03-2627%20.htm)
Igualmente, la Sala ordenó al Juzgado Cuarto de Primera
Instancia de de la Circunscripción Judicial del Área
Metropolitana de Caracas que conciliara a las
partes sobre la forma del cumplimiento del fallo "pero si tal
conciliación no se logra, que sea el juez ejecutor quien
determine la forma de cumplimiento sin afectar el servicio
público de salud" (Tribunal Supremo de Justicia, Ídem.).
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DERECHOS ECONÓMICOS,
SOCIALES Y CULTURALES
Recientes indicadores del derecho a la alimentación y al
salario adecuado |
Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el valor de la Canasta Alimentaria
Normativa (CAN) para el mes de abril de 2004, se ubicó en
312.938 bolívares lo que representó un incremento de 1,4%
(4.572 bolívares) con respecto al mes de marzo, cuando estuvo
valorada en 308.366 bolívares.
El estudio elaborado por el Instituto Nacional de Estadística
(INE), señala que de los 10 grupos que constituyen la canasta,
siete aumentaron sus precios: café, té y similares con una
variación de 6,4%; leche, queso y huevos de 5,7%; carnes y sus
preparados de 4,9%, y pescados y mariscos de 4,2% (El
Universal, 26.05.04,
http://www.eluniversal.com/2004/05/26/26124A.shtmlmiércoles2004).
Entre enero y abril el costo de la CAN se
incrementó un 10%, mientras que entre abril de 2003 y abril de
2004 el aumento fue de 39%, "cifra muy similar al índice de
inflación acumulado en el mismo período, emitido por el Banco
Central de Venezuela (BCV)" (El Universal, Ídem.).
El déficit del salario mínimo vigente hasta el 31.07.04
(296.525 bolívares) con respecto a la CAN es de 5% (16.414
bolívares).
Para
diferenciarlo de otros indicadores de precios elaborados por
diferentes organismos, Elías Eljuri, presidente del INE,
explica que la CAN está conformada por un conjunto de
alimentos que cubren la totalidad de los requerimientos de
energía y nutrientes de una familia tipo venezolana,
constituida por 5,2 miembros y para la selección de estos
rubros, se tomaron en cuenta los hábitos de consumo, las
disponibilidades de la producción nacional y el menor costo
posible. La información de precios –según la ficha técnica-
corresponde a 13 ciudades: Maracaibo, Mérida, San Cristóbal,
Maracay, Valencia, Calabozo, Barcelona-Puerto La Cruz, Cumaná,
Porlamar, Barquisimeto, Ciudad Bolívar, Ciudad Guayana y Área
Metropolitana de Caracas (Instituto Nacional de Estadísticas,
09.06.04,
http://www.ine.gov.ve/ine/noticias/notas.asp).
Agregó Eljuri que en la metodología de estudio del
costo de este indicador serán incluidos los precios de
los productos en
venta por el programa Mercal "con lo cual bajará el costo de
la cesta [...] El costo de la canasta alimentaria no recoge esa gran
producción que se vende a través de Mercal. Eso nos va a
aportar más datos". " (El Universal, 13.05.04,
http://www.eluniversal.com/2004/05/13/13170A.shtml).
A juicio
de Provea, para que esta metodología tenga sentido, es
necesario contar con información sobre la cobertura del
programa Mercal que demuestre que está beneficiando al
sector de la población que devenga ingresos iguales e
inferiores al salario mínimo. Por otro lado, a la inclusión
de este nuevo indicador por parte del INE, le debería
anteceder el cálculo del volumen calórico contenido en los
productos de la cesta básica que comercializa el programa
Mercal.
Los alimentos que constituyen la canasta aportan 2.200
calorías diarias, requerimiento nutricional mínimo para un
individuo. Si se toma en cuenta que la CAN está diseñada
para medir consumo de una familia de cinco personas, se
obtiene que mensualmente cada miembro de ese núcleo se
alimenta con Bs. 62.587.
Esto a su vez indica que diariamente los venezolanos dedican
sólo 2.086 bolívares a sus gastos de alimentación.
Si se traduce este monto al valor del dólar oficial, se
obtiene que la población gasta 1,08 dólares al día para comer.
Este valor resulta mucho menor si se calcula con el dólar del
mercado negro, que promedia 3.000 bolívares en las últimas
semanas. Este ejercicio da como resultado que los venezolanos
utilicen 0,69 centavos de dólar para comer diariamente" (El
Universal, Ídem.).
Por otro lado, Eljuri, destacó que,
de acuerdo al valor de la CAN en febrero, se observó una
desaceleración en los precios de los productos que integran la
CAN en comparación con las variaciones de precios obtenidas en
el mes de enero. La cifra representa un incremento del 1,5%
(4.614 bolívares) en relación con enero, un porcentaje
inferior al incremento que se había detectado entre diciembre
2003 y enero 2004, ubicado en 5,1%. En esta desaceleración del valor
de la CAN, fue determinante el comportamiento estable de los
precios de la carne y sus preparados, grupo que no sufrió
variación alguna.
“La desaceleración en el encarecimiento de la CAN se refleja
con mayor énfasis al comparar las variaciones acumuladas de
precios. En el período febrero 2003-febrero 2004 hubo una
variación en los precios de la CAN de un 26,4%, mientras que
en el lapso enero 2003-enero 2004, el aumento se había situado
en 32,2%. Por otra parte, en los 2 primeros meses del presente
año, el valor de la CAN se incrementó en 6,8%, en tanto que para
el segundo mes del año 2003, la variación acumulada ya
alcanzaba el 10,7%" (Instituto Nacional de Estadísticas,
Ídem.)
El Banco Central de Venezuela (BCV) aportó indicadores
socioeconómicos más recientes. Para el mes de mayo el órgano
emisor registró una variación de 1,2% en el Índice de
Precios al Consumidor (IPC) del área metropolitana de
Caracas. Un 0,1% menor a la observada en el mes de abril
(1,3%) y 1,1% inferior a la reportada en mayo del año 2003
(2,3%). Por su parte, la variación acumulada del IPC en los
5 primeros meses del año se ubica en 9%, un 4,8% menor a la
registrada en igual período del año anterior (13,8%),
mientras que el crecimiento anualizado del IPC en el período Mayo 2004/Mayo 2003 se ubicó en 21,8%,
un 13,2% menor al alcanzado en igual lapso 2003/2002, en el
cual se registró una variación de 35,0% (Banco Central de
Venezuela,
02.06.04,
http://www.bcv.org.ve/c4/notasprensa.asp?Codigo=3372&Operacion=2&Sec=False).
Con respecto al Índice de Remuneraciones de los Asalariados (IRE),
el BCV registró
un aumento de 6,1% en el 1er. trimestre de 2004, un 1,1%
superior al del 4to. trimestre del año 2003 (5,2%) y un 5%
más que el del 1er. trimestre de ese mismo año (1,1%).
Según el ente emisor, "el comportamiento del indicador está relacionado con el efecto
de la entrada en vigencia (01-01-04) de la Convención
Colectiva del Sector Público que favorece a los funcionarios y
empleados públicos y la Convención Colectiva Marco de los
Obreros de la Administración Pública Nacional [...]
Cabe destacar que estas contrataciones representan aumentos
salariales de 56% respecto a los niveles de los tabuladores de
sueldos y salarios del Sector Público vigentes al 01-01-01.
Sin embargo, por acuerdo entre las partes, todos los aumentos
obtenidos a través de la aplicación del salario mínimo
nacional durante el período 2001-2003 fueron integrados al
sueldo básico en las nuevas escalas disminuyendo la magnitud
real de los aumentos logrados [...]
También contribuyeron los aumentos acordados en las
contrataciones colectivas de las industrias farmacéuticas y de
artes gráficas, los incrementos salariales por ajustes en los
sistemas de mérito y nivelación de sueldos de algunas empresas
privadas y el aumento de los cupones de cesta ticket(2) por
efecto del ajuste del valor de la unidad tributaria, al pasar
ésta de Bs. 19.400 a 24.700 (Gaceta Oficial No. 37.876 de 10-02-04).
A nivel sectorial se reflejó que las remuneraciones de los
trabajadores del Sector Gobierno se incrementaron en 10,1%,
mientras que en el Sector Privado el aumento promedio
reportado fue de 4,8%.
Comparativamente, se observó que el crecimiento sostenido que
reflejan ambos sectores a partir del segundo semestre del
2003, es superior en Gobierno. Este comportamiento indica que
la aplicación de la política del salario mínimo del año 2003 y
la vigencia de las nuevas convenciones colectivas de la
Administración Pública Nacional han favorecido ampliamente a
los trabajadores del Sector Público, cuyas remuneraciones
habían mostrado menores aceleraciones en los años 2002 y 2003
respecto al Sector Privado" (Banco Central de Venezuela,
02.06.04,
http://www.bcv.org.ve/c4/notasprensa.asp?Codigo=3375&Operacion=2&Sec=False).
La comparación de la evolución del IRE respecto al IPC, reflejó que el
primero se ubicó en 14,5% por debajo del IPC. En opinión del
BCV, esto "señala
que los aumentos salariales obtenidos en el período
permitieron mantener el poder adquisitivo de los trabajadores
a niveles del año 2003 y contrarrestaron la inflación ocurrida
en el primer trimestre de este año" (Banco Central de
Venezuela, Ídem.).
Por su parte, el Centro de Documentación y Análisis para los Trabajadores (CENDA)
fijó el costo de la Canasta Básica de los
Trabajadores (CBT) en 1.228.611 bolívares para el mes de
mayo. Esta cifra representa un aumento del 1,4% (16.980
bolívares) con respecto al mes de abril (El Universal,
05.06.04,
http://www.eluniversal.com/2004/06/05/05135B.shtml).
Según el CENDA, si el ingreso familiar se compone de
por lo menos 2 salarios mínimos (593.045
bolívares), el déficit de este ingreso con respecto a la
canasta básica es del 51,7%. Esto significa que habría que
contar con 635.566 bolívares más para poder comprar todos los
productos de esta cesta.
No obstante, el informe elaborado por el CENDA señala que el decreto de
aumento salarial de 20%, vigente desde el 01.05.04 (Gaceta
Oficial Nº 37.928) que llevó el salario mínimo de 247.104
bolívares a 296.524 bolívares, "recupera nominalmente en 7,5% el
poder adquisitivo de aquellos trabajadores ocupados en el
sector formal que son beneficiados con la medida; sin embargo,
la recuperación real del poder adquisitivo está sujeta a la
cancelación del referido incremento, tanto por el sector
público como privado" (El Universal, Ídem.).
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DERECHOS ECONÓMICOS,
SOCIALES Y CULTURALES
Contradicciones en los indicadores sobre los derechos
laborales de mayo |
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Según datos
recientes del Centro de Documentación y Análisis para los
Trabajadores (CENDA) un 57% de los trabajadores ocupados se
haya en el sector informal y un 21% están desempleados, para
el mes de mayo (El Universal, 05.06.04,
http://www.eluniversal.com/2004/06/05/05135B.shtml).
Estos números contrastan con el cálculo hecho por Elías
Eljuri, presidente del Instituto Nacional de Estadística
(INE), quien observa que el sector de la Población
Económicamente Activa (POA) desocupada permanece en menos
del 15%, para el mes de abril.
"Esta es una estimación personal, basada en el crecimiento
económico y en el carácter cíclico del desempleo. Se ha
registrado un crecimiento económico con respecto al primer
trimestre del año pasado. El consumo de electricidad aumentó
20%, también crecieron las ventas de vehículos y de cemento"
(El Universal,
13.05.04,
http://www.eluniversal.com/2004/05/13/13170A.shtml).
Eljuri pretendió así desmentir las cifras que manejan algunas empresas
encuestadoras que señalan que el desempleo se encuentra entre 17%
y 24% (El Universal, Ídem.).
Informó el funcionario que el INE decidió aplicar un cambio de
metodología en el análisis de la cifras de desempleo, eliminando los informes mensuales de desocupación
para publicar trimestralmente las cifras de desempleo, una
medida que, en opinión de Provea, dificulta el monitoreo de
estos indicadores.
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DERECHOS ECONÓMICOS,
SOCIALES Y CULTURALES
MECD: misiones aseguran acceso gratuito a la educación y
se firmó convenio con la AVEC |
Según Aristóbulo Istúriz, Ministro de Educación, Cultura y
Deportes (MECD),
“se puede afirmar en Venezuela que, hoy día,
el 60 % de su población, de más de 20 millones de habitantes,
recibe el beneficio de la instrucción pública y que esta llega
a todas partes del país gracias al sistema alternativo de las
misiones Robinson I, Robinson II, Ribas, Sucre y Vuelvan
Caras" (Gobierno en Línea, 10.05.04,
http://www.gobiernoenlinea.ve/).
Agregó Istúriz que las misiones constituyen
la herramienta fundamental que, paralelo al sistema de
educación formal tradicional, mantiene a un número de
ciudadanos venezolanos dentro de las aulas, recibiendo clases
y al mismo tiempo preparándose para incorporarse en poco tiempo al trabajo.
Añadió el funcionario que
“si hubiésemos continuado con la tendencia heredada por las
anteriores gestiones tendríamos que haber privatizado la
educación definitivamente, por lo que entonces habríamos
decretado la abolición de la gratuidad de la educación y en
consecuencia mutilado el futuro de muchos niños y familias”
(Gobierno en Línea, Ídem.).
Igualmente, aseguró Istúriz que la eliminación del cobro de
matrícula en las escuelas públicas y la creación del Programa de
Alimentación Escolar (PAE) “permitieron elevar la tasa
de escolaridad encontrada en 59 % para 1998, a 67,19 % en el
2002. En la actualidad, podemos hablar de más del 80%”
(Gobierno en Línea, Ídem.).
Por otra parte, el
MECD informó sobre la suscripción de un acta convenio con la
Asociación Venezolana de Escuelas Católicas (AVEC) de acuerdo
al cual, el ente público otorgará a este último recursos por
más de 260 millardos de
bolívares, beneficiándose más de medio millón de estudiantes de
todo el país
(Gobierno en Línea, 11.05.04,
http://www.gobiernoenlinea.ve/).
Istúriz destacó que con este presupuesto se cubre el servicio
educativo que prestan unos 575 planteles, que atienden
estudiantes de preescolar, básica, media diversificada y
profesional,
“también se atiende a los adolescentes desertores del sistema
de instrucción pública regular que tienen edades comprendidas
entre 14 y 24 años de edad, quienes reciben formación para una
ocupación en los 200 centros de capacitación que la AVEC tiene
en todo el país” (Gobierno en Línea, Ídem.).
El titular del MECD también informó sobre "las jubilaciones de gracia
que hace poco entregó el MECD a más de 200 docentes de
colegios de Fe y Alegría” (Gobierno en Línea, Ídem.).
“A pesar de estarse suscribiendo hoy, el MECD ha cumplido con
el cronograma de pago a los colegios católicos populares, con
quienes no se tiene nada pendiente por este año” (Gobierno en
Línea, Ídem.), puntualizó Istúriz.
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DERECHOS ECONÓMICOS,
SOCIALES Y CULTURALES
Médicos venezolanos participarán
en Misión Barrio
Adentro |
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Juana
Contreras, coordinadora de Atención Primaria del Ministerio de
Salud y Desarrollo Social, informó que "en junio se incorporarán a la Misión Barrio Adentro
1000 médicos venezolanos para prestar atención primaria en barrios
y zonas marginales atendidas actualmente por cubanos"
(Ministerio de Comunicación e Información,
17.05.04,
http://www.minci.gov.ve/noticia.asp?numn=1125).
Los
galenos venezolanos que se incorporarán a los barrios cursaron
el primer postgrado en Medicina General Integral, promovido por el
Ministerio de Salud y Desarrollo Social (MSDS), , dictado por
expertos cubanos. Adquirirán experiencia y nuevos conocimientos
mientras brindan atención a la población, indicó Contreras.
Fernando Bianco, presidente del Colegio de Médicos del
Distrito Metropolitano (CMDM), aseguró que la
utilización de médicos cubanos en las zonas deprimidas del
país es temporal y se minimizará en la medida que haya médicos
venezolanos. La adjudicación de las plazas disponibles para
los médicos se realizará aproximadamente antes del año y
medio, de los 3 que tiene estipulado este curso de
especialización, adelantó Bianco. El presidente del CMDM indicó también que
"cualquier médico que desee aprender medicina
general integral tiene la oportunidad de hacerlo con este
postgrado, el cual se impartirá durante 8 horas diarias y será
bien remunerado" (Agencia Venpres,
20.05.04,
http://www.venpres.gov.ve/infgen/infgen1.htm#cubanos).
La asistencia que Cuba presta a Venezuela en esta misión en
específico, es consecuencia del Acuerdo General de Cooperación
firmado por ambos países en Caracas en octubre de 2000.
La Misión Barrio Adentro es una iniciativa mediante la cual los sectores sociales más pobres
disponen de asistencia ambulatoria en sus lugares de
residencia.
En esta misión trabajan más de 10.000 médicos y
auxiliares cubanos y beneficia a 14 millones de personas,
según la fuente.
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DERECHOS
ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Propuestas y exigencias a poderes públicos sobre el
derecho a la alimentación |
- Actualizar en lo inmediato los estudios antropométricos que
permitan medir el déficit nutricional actual de la población y
con base en ello, diseñar políticas de atención nutricional
pertinentes;
- Garantizar que estos estudios se realicen con regularidad
periódicamente y tengan cobertura nacional;
- Desarrollar un sistema integral de medición de la situación
nutricional de la población venezolana que permita conocer de
manera oportuna y actualizada indicadores claves tales como el
bajo peso al nacer, la anemia y la deficiencia de hierro, la
deficiencia de yodo, la accesibilidad y disponibilidad de
nutrientes, entre los más importantes;
- Reiniciar en el corto plazo las coordinaciones necesarias
para garantizar que el nivel de iodación y fluoración de la
sal sea el requerido para conservar la meta lograda de país
libre de las deficiencias de yodo;
- Vigilar y garantizar que la política actual de importaciones
tenga un carácter temporal y estrictamente destinado a suplir
el desabastecimiento de alimentos. En tal sentido, remover
todos los obstáculos que
inciden en la situación de desabastecimiento recurrente que
caracteriza al país en la actualidad;
- Estudiar y aplicar la normativa para el control y regulación
de los Organismos Genéticamente Modificados en Venezuela, en
conjunto con las instituciones y organizaciones que
desarrollan investigaciones en la materia;
- Adoptar políticas integrales encaminadas a erradicar el
hambre y a garantizar la seguridad alimentaria, removiendo
obstáculos como el desempleo y la falta de acceso a los
alimentos;
- Dar continuidad a los programas sociales alimentarios que,
previa evaluación, demuestren que contribuyen a disminuir el
déficit nutricional de los sectores más vulnerables de la
población;
- Ajustar regularmente el Salario Mínimo para cubrir
plenamente los costos de la Canasta Alimentaria;
- Adaptar el contenido de la Canasta Alimentaria a los
requerimientos nutricionales establecidos en la nueva tabla
propuesta por el Instituto Nacional de Nutrición (INN);
- Desarrollar una política de supervisión de la elaboración de
alimentos destinada a asegurar la calidad e higiene necesarias
en su preparación y conservación que garantice la inocuidad de
los mismos;
- Desarrollar programas de atención y prevención destinados a
controlar la tendencia creciente al sobrepeso que viene
presentándose en la población;
- Desarrollar una política integral de atención al pequeño
productor que garantice, no sólo la tenencia de la tierra,
sino los recursos tecnológicos y financieros para su
usufructo, así como unas condiciones dignas de existencia;
- Diseñar y adelantar una campaña orientada a educar en
materia de nutrición, higiene y salud.
(Provea, 09.06.04,
http://www.derechos.org.ve/publicaciones/infanual/2002_03/24exigencias.pdf)
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DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
Militante de Bandera Roja denunció haber sido torturado por
agentes de la DISIP |
Juan CASTELLANOS, ciudadano venezolano titular de la Cédula de Identidad
N° 3.970.358, denunció en las oficinas de Provea que fue detenido por
funcionarios uniformados de la Dirección de los Servicios de
Inteligencia y Prevención (DISIP) en horas de la mañana del pasado
domingo 30.05.04, en momentos que se realizaba el proceso de
recolección de firmas para el revocatorio.
Castellanos se identificó como militante de la organización
política Bandera Roja y participaba como coordinador de una mesa
en la Parroquia La Vega de Caracas.
Afirmó el denunciante ante Provea, el 01.06.04, que fue "introducido
por la fuerza en un vehículo blanco de los usados para taxi,
sin placa, y llevado con los ojos vendados, después de más de
20 minutos de carretera hacia una casa donde fuí salvajemente
golpeado con patadas y un palo hasta el punto que cuando me
liberaron 2 horas después, tuve que ser inmediatamente
hospitalizado en el Hospital Periférico de Catia donde estuve
bajo observación durante 36 horas".
Además de golpearlo, los efectivos le robaron el celular,
50.000 bolívares, sus lentes y un maletín contentivo de información
sobre el proceso electoral.
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DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
Asesinado activista de los derechos humanos en Caracas
por presuntos PM |
Otra denuncia fue
hecha en nuestra sede por habitantes de la comunidad de Caricuao,
Caracas. Se trata del
homicidio del defensor de derechos humanos, José Gregorio
CHÁVEZ, activista de la Fundación para la
Prevención y Defensa de los Derechos Humanos de la Parroquia Caricuao.
Según los denunciante los hechos ocurrieron el
pasado 26.05.04, dentro de la panadería
"2010" en donde Chávez trabajaba, ubicada en la UD-3 de Caricuao.
Señalan como responsables a presuntos funcionarios de la
Policía Metropolitana (PM), uno de ellos identificado
por la comunidad como Efraín Antonio Monasterio.
Como ya es costumbre en los casos de presuntas
ejecuciones, la versión inicial presentada por los
funcionarios de la PM, trata la muerte de Chávez como la de un
delincuente que enfrentó a la policía en momentos en que realizaba un atraco,
según el comisario Orlando Gutiérrez, subdirector de la PM.
Numerosos testigos
desmiente esta versión y, por el contrario, advierten que la víctima fue
asaltada en su lugar de trabajo por presuntos efectivos de la PM vestidos de civil y como éste los enfrentó, causando la muerte
de uno de los policías asaltantes, comisiones de la policía
que llegaron al lugar lo detuvieron y posteriormente lo
ajusticiaron en el sitio en presencia de varias personas.
Más
de 50 testigos dirigieron una comunicación a Isaías Rodríguez, Fiscal General
de la República, denunciando los hechos y expresando su
disposición a declarar ante las autoridades competentes. Según
los denunciantes las investigaciones del caso las conoce
actualmente el fiscal 46 del Ministerio Público.
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DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
Culmina etapa de recolección de firmas para los procesos
de referedum revocatorios |
Francisco Carrasquero, presidente del Consejo Nacional
Electoral (CNE),
anunció el 08.06.04 que el proceso del referendo presidencial
será realizado el 15.08.04, en respuesta a los resultados
positivos arrojados por la recolección de firmas para el
referendum revocatorio presidencial efectuado en diciembre de
2003 y mayo de 2004 (Agencia Venpres, 09.06.04,
http://www.venpres.gov.ve/infgen/infgen1.htm#Referendo).
Según informó Carrasquero, el
procedimiento refrendario del mandato del Presidente de la
República arrojó un total
de firmas válidas acumuladas de 2.541.636. Explicó que tras
realizarse la fase de recolección, verificación y reparos de
las solicitudes del procedimiento, el CNE decidió aprobar las modificaciones que se especificarán en el informe
final del Comité Técnico de Totalización, CTT, que arrojaron
los siguientes resultados: 8.847 actas de reparo analizadas y
transcritas,
8.713 actas certificadas conformes y 134 actas certificadas
observadas. Mientras que las firmas
o solicitudes en el procedimiento arrojaron un total de 2.553.051 firmas válidas, cuya totalización se hizo
de la siguiente manera: 733.755 firmas rechazadas incluidas; 91.669
firmas validas excluidas, 1.910.965 firmas válidas iniciales a
reparar, 2.436.083 firmas requeridas, 2.553.051 firmas válidas
acumuladas (total de firmas válidas iniciales, más
las firmas rechazadas incluidas, menos las firmas válidas
excluidas).
Sin embargo, el CNE dispuso, por decisión adoptada
el 08.06.04, modificar la cifra total de firmas válidas
acumuladas en razón de la constatación de la existencia de
firmas de personas fallecidas (11.256) o a sujetos en
situación militar activa (159), por lo tanto, al hacer la
sustracción de estas firmas, quedó un total de firmas válidas
de
2.541.636 (Agencia Venpres, Ídem.).
Igualmente señaló que el proceso electoral se hará en forma
automatizada en todas sus fases (Agencia Venpres, Ídem.).
A propósito de la culminación de esta etapa del proceso de
referendum revocatorio, Provea considera pertinente retomar lo
considerado por el Foro por la Vida en su pronunciamiento del
19.11.03, efectuado con motivo de la culminación de las
jornadas de recolección de firmas realizadas del 21 al 24.11.03 y el
28.11.03 al 01.12.03.
En esa ocasión, la coalición de organizaciones venezolanas de
derechos humanos observó que el comportamiento del pueblo venezolano en los dos procesos
de recolección de firmas fue una nueva manifestación de su
decisión de ejercer participativamente sus derechos
democráticos. Un comportamiento que en esta oportunidad se
repite y es digna de valorar en toda
su profundidad.
Asimismo, Provea aprecia positivamente que, a pesar del clima
de amenazas que se repetía en este proceso, la forma en que el
pueblo venezolano decidió ejercer su voluntad apuesta
por fórmulas de tolerancia y convivencia propias del civismo de una
democracia pluralista.
Se vuelve a exhortar a los actores políticos para que denuncien las
supuestas irregularidades ante el CNE y ante las instancias
previstas en el ordenamiento jurídico, a fin de que las
mismas puedan ser debidamente canalizadas y exhortamos al CNE
a fiscalizar y sancionar, si fuere el caso, a los responsables
de los delitos electorales. Igualmente, debe reiterarse la preocupación expresada
por el Foro por la Vida en otras ocasiones en torno a las
denuncias sobre presiones que se podrían ejercer para que los
ciudadanos firmen o dejen de firmar expresando su libre
voluntad y las consecuencias que esta acción genera:
discriminación, amenazas de despidos, etc. Por tal razón, se
le exige al Estado la adopción de medidas para la restitución
de los derechos vulnerados y a los ciudadanos para que
consignen las respectivas denuncias ante los órganos correspondientes a fin de que
apliquen las sanciones y reparaciones del caso.
Finalmente, Provea reitera lo dicho por el Foro por la Vida en
cuanto a que “la consulta popular
puede ayudar a reducir los niveles de confrontación y de
violencia, siempre que se realice en un ambiente propicio y
con un espíritu democrático por parte de los diferentes
actores que compiten. Si, por el contrario, las partes
insisten en utilizar la consulta popular como un mecanismo de
confrontación para eliminar al contrario y no ponen en
práctica estrategias de convivencia posterior con los que
piensan distinto, dicha consulta puede ser un nuevo
coadyuvante de la violencia y hasta contraproducente para los
fines de una administración democrática del conflicto […] La
salida a la crisis del país entonces no es sólo electoral e
implica madurez democrática de los principales actores
políticos” (Foro por la Vida, 11.12.03,
http://www.derechos.org.ve/nosotros/redes/forovida/link7.htm#cpa2003).
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DERECHOS
CIVILES Y POLÍTICOS
Violación al derecho a la autodeterminación
de los pueblos: Gobierno estadounidense se entromete en asuntos
nacionales |
Como una intromisión a los asuntos nacionales y una
violación a lo contemplado en los apartados b) y e) del
artículo 3, capítulo II de los Principios de la Carta de la
Organización de los Estados Americanos (OEA), pueden
calificarse los comentarios expresados por Roger Noriega, sub
secretario de Estado para el Hemisferio Occidental del
Gobierno de Estados Unidos, a propósito del proceso de
reparación de firmas con el que culminaba la recolección de
firmas para solicitar el referendum revocatorio presidencial.
En una entrevista publicada el 26.05.04 por el diario
estadounidense The Washington Times, Noriega señaló, entre
otras cosas que "está muy claro para nosotros [Gobierno de
Estados Unidos] que el número requerido de personas apoyó la
solicitud [...] Si a través de algún proceso burocrático
forzado, esas firmas son descartadas, esto podría tener
consecuencias muy nefastas para los venezolanos y para quienes
apoyan sus derechos constitucionales [...] usaremos los
mecanismos multilaterales que tenemos [...] Les hemos dicho a
nuestros socios que pensamos que esta es una prueba de fuego
para ver si el Estado puede o no respetar los deseos del
pueblo venezolano" (El Universal, 10.06.04,
http://www.eluniversal.com/2004/05/27/27104EE.shtml).
Tales opiniones contradicen lo manifestado por las 34 naciones
americanas que suscribieron el instrumento constitucional de
la OEA suscrita en 1948. En éste se establece que: "el orden
internacional está esencialmente constituido por el respeto a
la personalidad, soberanía e independencia de los Estados y
por el fiel cumplimiento de las obligaciones emanadas de los
tratados y de otras fuentes del derecho internacional [y que]
Todo Estado tiene derecho a elegir, sin injerencias externas,
su sistema político, económico y social, y a organizarse en la
forma que más le convenga, y tiene el deber de no intervenir
en los asuntos de otro Estado" (Organización de Estados
Americanos, 10.06.04,
http://www.oas.org/juridico/spanish/carta.html).
En este sentido, invitamos a los lectores a conocer los
pronunciamientos hechos por el embajador Jorge Valero,
representante permanente del Estado venezolano en la OEA, e
Iván Rincón, presidente del Tribunal Supremo de Justicia de
Venezuela (TSJ), en respuesta a las opiniones de Noriega, en
la sección DOCUMENTOS.
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DERECHOS
CIVILES Y POLÍTICOS
Propuestas y
exigencias a poderes públicos sobre el derecho a
la vida |
- Investigar exhaustivamente las denuncias de violación al
derecho a la vida presentadas
por familiares de víctimas, organizaciones de derechos
humanos, medios de comunicación
social o cualquier otro denunciante y, en caso de comprobarse
los hechos, aplicar las sanciones penales, administrativas y
disciplinarias que establece el ordenamiento jurídico
nacional, así como ordenar la reparación del daño causado;
- Publicar anualmente un reporte, discriminado por cuerpos de
seguridad, sobre el número de funcionarios sometidos a
averiguaciones por causales de violación al derecho a la vida
y sobre los resultados de las mismas en cada caso;
- Derogar las normas sobre excepción de responsabilidad penal
por obrar en cumplimiento de la obediencia debida a un
superior;
- Adoptar una ley que prohíba nacionalmente, sin excepciones,
el uso de armas de fuego y la utilización de armas tóxicas en
el control de manifestaciones pacíficas, en concordancia con
el artículo 68 de la Constitución de 1999;
- En el mismo sentido, garantizar que en los estados o
municipios que se aprobaron normas sobre esta materia, sean
cumplidas efectivamente;
- Iniciar o continuar, con carácter de emergencia, una reforma
de los cuerpos policiales y militares más denunciados, entre
ellos la Policía del Edo. Aragua, la Policía del Edo.
Anzoátegui, las FAN, especialmente la GN, el Cuerpo de
Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC),
la Policía del Edo. Carabobo, la Policía Metropolitana de
Caracas, la Policía del Edo. Lara y la Policía del Edo. Nueva
Esparta; para realizar su reorganización garantizando su
funcionamiento en el marco
del Estado de Derecho. Esta reorganización debe incluir la
revisión, desde una perspectiva de derechos humanos, de los
criterios de ingreso, los programas de formación, la
evaluación periódica de las actuaciones del personal, los
mecanismos de control interno y sociales sobre la acción de la
institución, la creación de una cultura interna consistente
con el Estado de Derecho y el uso legítimo que en él se
establece sobre la fuerza pública, y las condiciones
sociolaborales del personal;
- Evaluar los programas de formación en derechos humanos que
se hayan ejecutado en las academias militares y policiales,
propiciando la participación de las ONG de derechos humanos en
dicho proceso;
- Desincorporar al Cuerpo de Investigaciones Científicas
Penales y Criminalísticas (CICPC) del Poder Ejecutivo, así
como de sus funciones de patrullaje y procedimientos de
policía administrativa.
(Provea, 09.06.04,
http://www.derechos.org.ve/publicaciones/infanual/2002_03/24exigencias.pdf)
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ARTÍCULOS
Son Derechos:
“Habitantes
de Vargas sin respuesta” |
"Transcurridos ya casi cinco años del deslave que afectó a la
población del Edo. Vargas, el Gobierno Nacional adelantó la
reconstrucción parcial de la zona, la cual ahora deberá ser
evaluada por los beneficiarios.
Al respecto, Provea conoce de situaciones no resueltas y de
actitudes poco democráticas por parte de las autoridades. Es
el caso de 121 familias cuyas viviendas, ubicadas en el
sector Cerro Grande de Caraballeda, fueron literalmente
tapiadas por el deslave. Estas familias denuncian que a lo
largo de este tiempo no fueron informados por Corpovargas ni
por la Autoridad Única de Área, sobre el destino que tendrá
esa zona, es decir, si serán expropiados por causa de
utilidad pública, si se declarará total o parcialmente
inhabitable, si se dedicará para un parque recreacional, si
se realizarán obras públicas para canalizar el río Grande,
etc.
No obstante, ninguna petición de información hecha por los
afectados fue respondida por las autoridades.
En este sentido, Provea insiste en recordarle a los
funcionarios públicos que el derecho a dar respuesta
oportuna y adecuada está contemplado en la Constitución y su
denegación puede llevar a la destitución del cargo que
ocupan" (Provea, son@derechos.org.ve,
09.06.04).
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ARTÍCULOS
Son Derechos:
“Los
DESC son exigibles” |
"No debemos esperar pasivamente a que el gobierno de turno
cumpla con la
realización de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
(DESC) como salud, educación, vivienda, alimentación,
trabajo, etc., ni mucho menos sufrir sumisos su atropello.
Por exigibilidad se entienden aquellas acciones dirigidas a
reclamar al
Estado el cumplimiento de nuestros derechos. Puede ser
ejercida ante cualquiera de los poderes públicos.
Exigir el respeto de los DESC es un ejercicio de
participación ciudadana que implica tomar conciencia de la
dignidad de las personas y de los pueblos; informarse sobre
la verdadera situación de los DESC y sobre el contenido del
derecho reclamado; organizar distintas acciones que pueden
incluir tanto el uso de los medios jurídicos y políticos que
brinda el Estado como la protesta y el planteamiento de
propuestas por parte de las comunidades o grupos
involucrados; y, efectuar un seguimiento comunitario de la
realización de los compromisos estatales.
La exigibilidad de los DESC se ejerce también con la
divulgación de información sobre los DESC, denunciando los
problemas provocados por el atropello de los DESC,
realizando un monitoreo de la situación y haciendo cabildeo
ante los poderes públicos, etc.
Sin el ejercicio de la exigibilidad, el goce de los DESC se
queda en simples normas".(Provea,
son@derechos.org.ve,
28.05.04).
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ARTÍCULOS
Raúl Cubas:
"Crisis y deterioro de la seguridad social en América Latina" |
A petición de la revista venezolana Question Raúl Cubas,
activista de derechos humanos y ex coordinador General de
Provea (1995-2001), realizó una investigación titulada
"Crisis y deterioro de la seguridad social en América Latina",
el cual invitamos a leer o descargar en <http://www.derechos.org.ve/actualidad/opinion/index.htm#tope>
Tiene una extensión de 10 páginas y lo encontrará en formato
PDF
(53Kb).
Para
despertar su interés, les ofrecemos algunos párrafos:
"Se ha venido afirmando reiteradamente que
'las políticas de
ajuste estructural y reforma del Estado de contenido
neoliberal, impuestas por el FMI y el Banco Mundial a los
países en desarrollo, afectan gravemente y violan los
derechos humanos establecidos en el Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Pidesc)'. Este
diagnóstico hace referencia a las consecuencias más
evidentes de dichas políticas: 'Más pobreza, desempleo y
pérdida de derechos por parte de la gente quedan del modelo,
particularmente en lo que se refiere a derechos laborales y
seguridad social...'.
Al respecto, organizaciones de derechos humanos integradas
en la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos,
Democracia y Desarrollo (Pidhdd) han impulsado iniciativas
destinadas investigar los efectos de las políticas de
reforma estructural de la seguridad social en la región, que
se han plasmado en la elaboración de 'Informes Alternativos'
realizados por organizaciones sociales de siete países
latinoamericanos: Argentina, Brasil, Chile, Colombia,
México, Perú y Venezuela, en los cuales se aborda la
situación del derecho a la seguridad social en cada país.
Con posterioridad, la Pidhdd solicitó y logró en marzo de
2002 una Audiencia sobre la situación de los Derechos
Económicos, Sociales y Culturales en las Américas, llevada a
cabo en el 114° Período de Sesiones de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. En dicha
oportunidad, presentó un certero diagnóstico de una de las
principales causas del deterioro del derecho a la seguridad
social en la región , al afirmar que: 'El sostenido
deterioro del mercado laboral en la región, las limitaciones
para su crecimiento y la paralela profusión de amplias masas
al margen de las relaciones laborales formales -trabajadores
familiares no remunerados en el campo, trabajadores
independientes no profesionales en la ciudad, seudo
asalariados de empresas de escasa productividad, conducción
familiar y corta vida- aíslan crecientemente a la mayoría de
los trabajadores de sus posibilidades de participación en el
sistema de seguridad social, retornándolos a las condiciones
primarias de protección basadas en las posibilidades de auto
ahorro, ayuda familiar, comunitaria o mutual' [...]
La última década del siglo XX trajo aparejado un proceso de
reformas estructurales de la seguridad social en la región
basado en la privatización de los sistemas de pensiones y la
atención de salud, que lejos de mejorar la situación, en
muchos casos la ha agravado. La disminución de la cobertura,
los graves problemas financieros, la mala calidad de los
servicios de salud y la deficiencia en el pago de las
prestaciones dinerarias, la escasa participación de los
beneficiarios en el control de la gestión, y
fundamentalmente la reducción de la seguridad social “a un
problema económico y la acepción de este a un problema
financiero, cuestionándose la ubicación de la seguridad
social como un derecho humano fundamental” , son los
problemas ha superar en el futuro y constituyen un desafío
para los gobiernos y sociedades de América Latina.
Es en este campo donde las organizaciones de derechos
humanos, que enfatizan su trabajo en la defensa y promoción
de los derechos económicos, sociales y culturales, tienen un
amplio campo de trabajo, en comunidad con las organizaciones
sindicales, de pensionados, de la economía informal y de
amas de casa, para lograr aportar desde su propia
perspectiva a lograr un 'desarrollo progresivo' del derecho
a la seguridad social, tal cual lo plantea el párrafo 1 del
artículo 11 del Pacto Internacional de derechos Económicos,
Sociales y Culturales de Naciones Unidas, en particular la
referencia al derecho a 'una mejora continua de las
condiciones de existencia'.
El desafío de esta primera década del siglo XXI es lograr un
proceso de 'contrarreforma' continental de la seguridad
social -habida cuenta de la constatación de las visibles
deficiencias de la reforma estructural propiciada por el
Banco Mundial en los 90- que permita generar alianzas entre
sectores políticos, organizaciones sindicales, de
desempleados y de la economía informal, comités de
pensionados y jubilados, organizaciones de derechos humanos
e investigadores del sector académicos vinculados al tema,
para que nacionalmente se evalúen los procesos
privatizadores y se presenten alternativas que se enmarquen
en una visión que privilegie la solidaridad social y no la
mercantilista que tanto daño ha hecho en las dos ultimas
décadas.
Solo revirtiendo el proceso privatizador y excluyente
impuesto por las corrientes neoliberales, será posible que
en el futuro los diversos sistemas de seguridad social
garanticen efectivamente el pleno disfrute del derecho a la
seguridad social para todos y todas, sin discriminación de
ningún tipo" (Provea,
http://www.derechos.org.ve/actualidad/opinion/index.htm#tope, 04.05.04, ).
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ARTÍCULOS
Marino
Alvarado:"Otra
cara del Plan Zamora" |
El siguiente artículo de opinión fue escrito por
Marino Alvarado, Coordinador del Área de Defensa de Provea.
"Desde un lejano rincón del estado Portuguesa,
específicamente desde el asentamiento campesino Guasino
Mayita, en el Municipio Turén, un grupo de familias
campesinas enciende una luz de alarma sobre los resultados
del Plan Zamora impulsado por el Ejecutivo Nacional. Ellos
afirman que sus condiciones de vida desmejoraron a pesar de
haberse favorecido con el otorgamiento de más de 200
hectáreas de tierra mediante una carta agraria, un crédito
del Fondo de Desarrollo Agropecuario Pesquero, Forestal y
Afines (FONDAFA) por 213 millones de bolívares y hasta un
tractor.
Recibieron un bosque que deben desforestar con maquinaria
pesada que no tienen y que requiere de un proceso intenso de
aplicación de técnicas y fertilizantes para transformar la
tierra de improductiva en tierra fértil, con una asesoría
técnica que no llega. Se les otorgó un crédito para sembrar
sorgo que llegó después del ciclo de siembra. Se les entregó
un tractor sin rastra que les ha servido sólo para
transportar agua potable, pues el riachuelo más cercano les
queda a 3 kilómetros. Se les prometió la construcción de
viviendas y de ellas ni un solo ladrillo se ha colocado.
Hoy, en medio de muchas hectáreas, viven casi en la
indigencia, sin un techo digno donde vivir y sin ingresos.
Caminaron de institución en institución esperando que
alguien entienda que una carta agraria, un crédito y un
tractor no producen necesariamente una mejor calidad de
vida.
Las cifras oficiales de distribución de tierra y crédito
entusiasman por la posibilidad de que se esté produciendo
una verdadera democratización de la propiedad y un
incremento de la producción de alimentos. Por ejemplo, se
han otorgado 44.772 cartas agrarias y 1.886.917 hectáreas de
tierras en todo el país, beneficiando a más de 72.416
trabajadores rurales. La casi totalidad de tierra adjudicada
es propiedad del Estado.
Sin embargo, el optimismo empieza a desvanecerse cuando se
reciben denuncias como las que llegan de Guasino Mayita. Sin
un acompañamiento efectivo de las instituciones no podrán
los campesinos transformar tierras ociosas en productivas.
Por errores como éstos se generaron en el pasado muchas
frustraciones y ello contribuyó al fracaso de la reforma
agraria. La improvisación y la desidia para dar respuesta a
justos reclamos como éste también generan desconfianza. Las
denuncias que empiezan a aparecer son una luz de alarma que
el Ejecutivo Nacional debería observar con cuidado y sin
prejuicios. No vienen de sectores de la oposición, sino de
los propios beneficiarios que todavía mantienen la esperanza
en un proceso que ofreció dignificarlos.
Muchos abrigamos el deseo de que se realice una autentica
reforma agraria que represente avances reales en la
seguridad alimentaria y un cambio favorable en las
condiciones de vida de nuestros campesinos. Si estos
problemas no se corrigen a tiempo, los alcances pueden
derivar hacia una nueva frustración colectiva, en la que
todos perdemos" (Provea,
http://www.derechos.org.ve/actualidad/opinion/index.htm#tope, 03.06.04).
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NOVEDADES DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN TODOS LOS DERECHOS
PARA TODOS
"Crítica de la razón indolente: contra el desperdicio
de la experiencia" |
Autor: Boaventura de Sousa Santos
Año: 2000
Sinopsis:
"Las luchas sociales, políticas y culturales para ser
creíbles y eficaces, tienen que trabarse a corto plazo, o
sea, en el marco temporal con que cuenta una generación con
capacidad y voluntad para trabarlas. Por esta razón, las
luchas paradigmáticas tienden a ser entabladas, en cada
generación, como si fuesen subparadigmáticas, o sea como si
aun se admitiese, por hipótesis que el paradigma dominante
pudiese dar respuesta adecuada a los problemas para los que
ellas están reclamando atención"
(centrodocumentacion@derechos.org.ve).
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NOVEDADES DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN TODOS LOS DERECHOS
PARA TODOS
"Informe sobre la situación de los derechos humanos
en Venezuela" |
Autor: Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Año: 2003
Sinopsis:
"El presente informe, que consta de siete capítulos, analiza
la situación en Venezuela, concentrándose especialmente en
distintos aspectos relacionados con el estado de derecho en el
país. El informe fue elaborado sobre la base de información
recabada antes, durante y después de su visita in loco llevada
a cabo en Venezuela en Mayo de 2002 y cubre acontecimientos
sucedidos hasta Octubre de 2003"
(centrodocumentacion@derechos.org.ve).
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NOVEDADES DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN TODOS LOS DERECHOS
PARA TODOS
"El
crimen de pobreza: escritos sobre la criminalización de los
pobres" |
Autor: Red de Apoyo por la Justicia y la Paz
Año: 2.003
Sinopsis:
"¿Será que por ser pobre me lo merezco? ¿Será que nos matan
por el hecho de ser simplemente pobres? ¿Por qué nos pasan
estas cosas solo a los pobres? ¿Nosotros también tenemos
derechos?... preguntas, frases pronunciadas, emoción bajo
palabras articuladas y reconstrucción de historias de vida"
(centrodocumentacion@derechos.org.ve).
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NOVEDADES DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN TODOS LOS DERECHOS
PARA TODOS
"Preparación
de informes sobre los derechos humanos: conforme a seis
importantes instrumentos internacionales de derechos humanos" |
Autor: Organización de Naciones Unidas
Año: 1998
Sinopsis:
"La finalidad principal de este manual es servir a los
funcionarios nacionales de instrumento práctico para la
preparación de y presentación de los informes presc | | | |