Una lectura de la realidad venezolana desde los derechos humanos


Cinco años leyendo la realidad venezolana desde los derechos humanos	Boletín electrónico N° 140 Del 09 al 22 de julio de 2004
1988/2003: Provea, 15 años por los derechos sociales y contra la impunidad DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES * Víctimas de intoxicación masiva y Provea inician acciones jurídicas contra el IVSS por daño moral * Centro de Derechos Humanos de la UCAB y Provea actúan contra despidos políticos * Provea recibe denuncias contra FONDUR por violación al derecho a la vivienda * CVC: Sector de la construcción se recupera, pero no lo suficiente * PNUD publica informe sobre el IDH. Venezuela leves avances y retrocesos * UNICEF alaba perspectiva gubernamental de las políticas de inversión social * Indicadores oficiales del derecho a la seguridad social * Indicadores oficiales de los derechos laborales * AN aprobó en primera discusión proyecto de reforma de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo * Codevida expone ante comisión parlamentaria actual situación de personas con VIH/SIDA * Tribunal sentenció a favor de los niños, niñas y adolescentes con fibrosis quística * Sector privado evalúa situación del derecho a la alimentación * Propuestas y exigencias a los poderes públicos sobre los derechos laborales DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS * Derecho al asilo cuenta con nueva publicación venezolana * Admitida demanda contra artículos del Reglamento de Castigos Disciplinarios N° 6 aplicado en la FAN * TSJ juramenta jueces de las Cortes Primera y Segunda de lo Contencioso Administrativo * Caso Evangelina Carrizo: Se confirma violación al derecho a la vida * COFAVIC y la Vicaría de Derechos Humanos de Caracas condenan atentado contra familiar de víctima de grupos parapoliciales en Portuguesa * Propuestas y exigencias a los poderes públicos sobre el derecho a la integridad personal ARTÍCULOS * Son Derechos: “Integración y derechos humanos I” * Son Derechos: “Quejas contra Fondur” NOVEDADES DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN TODOS LOS DERECHOS PARA TODOS * "Directorio de Organizaciones No Gubernamentales de derechos humanos en Venezuela. 2004" * "ALCA: el espejismo del libre comercio" * "Inversiones extranjeras: más garantías más libertades" * "ALCA y agricultura: la inequidad se legitima" * "Revista SIC N° 666" DOCUMENTOS * PNUD: "La definición de los derechos culturales va a la zaga de la definición de los derechos civiles, políticos, económicos y sociales: ¿Por qué?" * V Encuentro Indígena y Campesino Mesoamericano "Abonemos nuestras raíces culturales y defendamos el campo": Declaración de San Salvador Agradecemos mencionar la fuente cuando el contenido sea citado o difundido

DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES Víctimas de intoxicación masiva y Provea inician acciones jurídicas contra el IVSS por daño moral
Provea y 10 víctimas de la intoxicación masiva ocurrida el 20 de marzo de 1993 en el Hospital José Antonio Vargas del sector La Ovallera, Edo. Aragua, interpusieron este 21.07.04, una demanda de responsabilidad patrimonial por daño moral contra el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) ante la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), a 16 meses de haber iniciado un procedimiento administrativo que no llegó a establecer el acuerdo conciliatorio esperado. Con la asistencia de Provea, los afectados por este accidente iniciaron el pasado 19.03.03 un procedimiento administrativo contra el IVSS. Contemplado en la Ley Orgánica de la Administración Pública (LOAP), este recurso establece 90 días para que el IVSS manifieste su voluntad de establecer un acuerdo conciliatorio con los/as denunciantes. Cumplido ese lapso sin haber obtenido respuesta oficial, las personas afectadas decidieron actuar ante la Sala Político-Administrativa del TSJ contra el ente público a cargo de la seguridad social. María Elena Rodríguez, abogada integrante del Área de Defensa de Provea explicó que “al ignorar su responsabilidad ante el procedimiento administrativo abierto el año pasado en su contra, el IVSS nos obliga a actuar judicialmente demandándolo por el daño moral causado contra estas personas. Siendo aseguradas, el IVSS tenía la responsabilidad de brindarles un servicio de salud oportuno y de calidad, con medicamentos y tratamientos adecuados a la complejidad y gravedad de su estado de salud” (Provea, 21.07.04). En este accidente laboral resultaron afectadas más de 350 personas, de las cuales varias fallecieron al poco tiempo mientras que otras comenzaron a sufrir graves problemas de salud física y mental. A lo largo de más de 10 años, algunas de estas personas mantuvieron una lucha constante para exigir al IVSS una atención médica oportuna y adecuada. En 3 oportunidades lograron acordar con las autoridades del ente público un número igual de actas convenio que fueron incumplidas en algunos de sus términos. Durante ese lapso, la espera por una atención médica adaptada a su situación acarreó el deterioro progresivo de su salud, al punto de llegar a padecer patologías crónicas de carácter degenerativo que afectó su entorno familiar y social. La demanda por daño moral introducida por Provea en representación de estas personas tiene en cuenta el sufrimiento, desasosiego y otras manifestaciones de la personalidad social, familiar y psicológica perjudicadas por los daños físicos y mentales provocados por el accidente y la deficiente atención del IVSS. Además de exigir el pago pecuniario por estos efectos, la demanda reclama un conjunto de medidas que el ente público deberá implementar para evitar que se repitan hechos como el del hospital de La Ovallera y para garantizar una mejor prestación del servicio de salud en semejantes circunstancias (Provea, 23.07.04). subir
DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES Centro de Derechos Humanos de la UCAB y Provea actúan contra despidos políticos
Con la asistencia del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH-UCAB) y Provea, 3 empleadas del Consejo Nacional de Fronteras (CNF) acudieron el 22.07.04 al tribunal de distribución en materia laboral, con el fin de presentar un recurso de amparo constitucional contra el presidente de dicho organismo, José Vicente Rangel. Rocío San Miguel, Magally Chang y Thais Peña se desempeñaban en el CNF como asesora jurídica, ejecutiva de Relaciones Publicas y asistente de Personal, respectivamente, hasta que el 01.05.04, fueron objeto de despido sin existir ninguna amonestación en sus expedientes ni tampoco algún proceso de reorganización en el órgano que planteara una reducción de personal. Al momento de entregarles las notificaciones, el Secretario Ejecutivo del CNF les informó verbalmente y en forma individual que el despido se produce por la razón política de haber firmado contra el Presidente de la República. El CDH-UCAB y Provea acompañaron jurídicamente a las ciudadanas afectadas. En abril de este año ambas organizaciones, en el seno del Foro por la Vida, habían manifestado su preocupación por las situaciones de coacción presentadas en distintas esferas sociales y estatales con motivo de la realización de los reparos de las firmas recolectadas a finales del año 2003, para los distintos referenda revocatorios convocados por sectores oficialistas y opositores. Ante las denuncias suscritas por San Miguel, Chang y Peña, el CDH-UCAB y Provea no dudan en calificar estos despidos como una violación al derecho constitucional de igualdad ante la ley, a la garantía a no ser discriminadas, al derecho al trabajo y a la estabilidad laboral. Se contravienen así los artículos 21, 70, 87, 89 y 93 de la Constitución; el artículo 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos; el parágrafo 2 del artículos 2 y el parágrafo 1 del artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; y, el artículo 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Asimismo, el acto de discriminación que ejerció el presidente del CNF derivó en la violación del derecho de participación política contemplado en el artículo 70 de la Carta Magna. Con esta acción, las demandantes esperan que el órgano judicial depositario de esta denuncia, declare que los efectos del acto administrativo de despido en su contra, quede sin efecto y sean restituidos sus derechos y garantías constitucionales de manera inmediata y, en consecuencia, permita que retornen a sus puestos de trabajo en las mismas condiciones que disfrutaban para el momento en que se materializó esta violación a sus derechos humanos (Provea, 22.07.04, http://www.derechos.org.ve/actualidad/comunicados/notas_prensa_2004/np220704.pdf). subir
DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES Provea recibe denuncias contra FONDUR por violación al derecho a la vivienda
La Asociación Civil Copropietarios Ciudad Miranda (ASOCCOCM) denunció en Provea la situación de desamparo en la que el Fondo de Desarrollo Urbano (FONDUR) los ha dejado, por la larga espera para la entrega de las viviendas que este organismo les ofreció en venta. A pesar de que la gran mayoría de las familias canceló el pago correspondiente a la inicial, la ASOCCOCM señaló que algunos adjudicatarios llevan entre 2 y 4 años esperando que FONDUR les entregue sus viviendas, las cuales fueron ofrecidas como parte del proyecto habitacional Ciudad Miranda, ubicado en Charallave, Edo. Miranda. Muchos de los integrantes de ASOCCOCM son damnificados de diferentes entidades federales, inclusive algunos pertenecen a la tragedia ocurrida en el Edo. Vargas en 1999. Explicó la ASOCCOCM que en reuniones sostenidas en septiembre de 2003 con José Vicente Rodríguez, presidente de FONDUR, se les prometió que para mayo de este año se estarían concluyendo y entregando las etapas I y II del proyecto. Hasta la fecha actual no han recibido respuesta del ente público. Los adjudicatarios afectados aseguran que actualmente sólo se están ejecutando trabajos en algunas parcelas de la etapa I y sólo se concluyeron 2 edificios de la etapa II, con las personas ya habitándolas, luego de que sus copropietarios las tomaran debido a la situación de necesidad que tenían. También señala la ASOCCOCM que sus integrantes han sido testigos de la entrega de viviendas terminadas a personas que nunca han sido adjudicatarias ni tampoco solventes con el pago de la inicial exigida por FONDUR. Igualmente, dan cuenta los afectados de la existencia de viviendas que no fueron adjudicadas y otras en las que los adjudicatarios renunciaron a su asignación como consecuencia de la larga espera. Asimismo hay viviendas que fueron entregadas hace 1 y 2 años sin haber sido ocupadas hasta el momento. subir
DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES CVC: Sector de la construcción se recupera, pero no lo suficiente
Según Alvaro Sucre, presidente de la Cámara Venezolana de la Construcción (CVC), en el primer semestre de este año la actividad de la construcción registró una recuperación de 30%. Sin embargo, considera que "en este período no hubo crecimiento, pues para que ello se registre es necesario que se inviertan 6.000 millones de dólares y la inyección de recursos fue menor a los 2.000 millones de dólares" (El Universal, 15.07.04, pág. 1/30). El porcentaje de recuperación del lapso en cuestión es favorable porque se compara con períodos de caída del sector: "en el 2003, el sector se desplomó 36,5% y en el 2002 19,8%, de manera que en 2 años la contracción ha sido 56%" (El Universal, Ídem.). Otros datos facilitados por el CVC señalan que para el 1er. semestre de 2004, "el repunte en la construcción asociada al petróleo fue de 40%, el de las empresas no petroleras 20% y el del gobierno central 30%. El sector privado sólo se recuperó 10%" (El Universal, Ídem.). Observa Sucre que el repunte en el sector público se debió a la continuación de obras como el puente sobre el río Orinoco, el Trolebús, el ferrocarril, las líneas 3 y 4 del Metro de Caracas y la autopista a oriente. En vivienda se siguieron presentando dificultades, a juicio de Sucre: "al cierre de junio las soluciones terminadas fueron 3.400 unidades, correspondiendo al sector público 2.600 y al sector privado 800. Los recursos utilizados por el Gobierno fueron 51,7 millardos de bolívares. No obstante, para atender el déficit es necesario que se construyan más de 100.000 unidades habitacionales" (El Universal, Ídem.). El presidente del gremio de la construcción indicó que pese a la continuación de las obras, 550.000 personas son las que están desocupadas en el sector. subir
DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES PNUD publica informe sobre el IDH. Venezuela leves avances y retrocesos
El pasado 15.07.04, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) presentó en Bruselas, Bélgica, su Informe Mundial sobre Desarrollo Humano 2004, dedicado este año al tema de la diversidad cultural. Titulado "La libertad cultural en el mundo diverso de hoy", esta edición expone como hipótesis de trabajo que la libertad cultural debe ser adoptada, en tanto derecho humano, como un requisito para conseguir el desarrollo de las cada vez más diversas sociedades del Siglo XXI. En su análisis, el Informe sobre Desarrollo Humano 2004 aborda un amplio catálogo de políticas públicas aplicadas por naciones y comunidades multiculturales, desde la educación bilingüe y los planes de discriminación positiva, hasta los innovadores sistemas de representación proporcional y de federalismo (PNUD, 15.07.04, http://hdr.undp.org/reports/global/2004/espanol/pdf/presskit/HDR04_PR1SP.pdf). La gestión de la diversidad es una cuestión que requiere urgencia política, más de las 2 terceras partes de los países tienen grupos minoritarios que constituyen más del 10% de su población y casi 1.000 millones de personas pertenecen a grupos que son objeto de algún tipo de exclusión (El Nacional, 14.07.04, http://www.el-nacional.com/#), más de 5.000 grupos étnicos diferentes viven en los aproximadamente 200 países que existen hoy en el mundo y en 2 de cada 3 países hay al menos 1 grupo minoritario considerable, ya sea étnico o religioso, que representa el 10% de la población o más. Además, la séptima parte de la población mundial (alrededor de 900 millones de personas) enfrenta algún tipo de discriminación a causa de su identidad étnica, racial o religiosa (PNUD, 15.07.04, Ídem.). “Más que glorificar un apoyo irrestricto a las tradiciones heredadas o advertir al mundo respecto de los supuestos choques inevitables entre civilizaciones, el punto de vista del desarrollo humano exige que la atención se centre en la importancia de la libertad en las esferas culturales y en las maneras de defender y aumentar las libertades culturales de las que podría gozar la gente” (PNUD, 15.07.04, Ídem.) señaló Amartya Sen, ganador del Premio Nóbel en economía 1998 y uno de los colaboradores invitados a participar en esta edición. La investigación del PNUD brinda nuevas formas de examinar estas cuestiones y aporta ejemplos significativos de numerosos enfoques adoptados en distintos países. Los autores del informe sostienen que los costos de invisibilizar el peso que los derechos culturales deben tener en las políticas públicas serán mayores que los costos de aceptar y administrar la diversidad en esta época de movilidad mundial y democracia. La exclusión o el sometimiento a prácticas denigrantes por parte del resto de la sociedad hacia grupos étnicos y religiosos ha hecho que estos últimos respondan a través del activismo político por motivos étnicos, religiosos, raciales y culturales. A juicio del informe, tal fenómeno se debe a: i) La propagación de la democracia, debido a lo cual los grupos excluidos cuentan con mayor espacio y alternativas políticas para protestar sobre la base de resentimientos históricos; ii) Los avances de la globalización y las comunicaciones que permiten la creación de nuevas redes y alianzas; iii) El acelerado ritmo de la migración internacional, lo que permite la formación de bases de apoyo fuera del país de origen que abogan por las demandas de reconocimiento cultural. Por estas razones, los autores consideran que sólo aquellas políticas que dan cabida a la diversidad y propician el multiculturalismo podrán garantizar el crecimiento, la estabilidad y la solidez de la gobernabilidad democrática. Como todos los años desde 1990, el informe incluye la clasificación anual de los países según su nivel de desarrollo humano, realizada por un equipo independiente de expertos, dirigidos por la directora del Informe sobre Desarrollo Humano del PNUD Sakiko Fukuda-Parr (PNUD, 15.07.04, Ídem.). El concepto de Desarrollo Humano va más allá de los indicadores del ingreso per cápita, el desarrollo de recursos humanos y las necesidades básicas como medida del progreso humano, pues también evalúa factores tales como la libertad, la dignidad y la iniciativa, es decir, la función que las personas desempeñan en el desarrollo. El Informe sobre Desarrollo Humano 2004 sostiene que el desarrollo, más que aumentar el ingreso nacional, es en última instancia “un proceso destinado a ampliar las alternativas de la gente” (PNUD, 15.07.04, Ídem.). El caso Venezuela El Informe sobre Desarrollo Humano del PNUD, como es tradicional, incluyó el Índice de Desarrollo Humano (IDH) de los países y sus avances o retrocesos hacia la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Según el PNUD, el IDH de Venezuela correspondiente al año 2002 es de 0,778, 3 centésimas por encima del calculado por el informe del año 2003 sobre la base de datos del año 2001 (0,775), lo que lo coloca en la posición 68, un peldaño por encima del lugar que ocupaba desde el año 2000 (69) (edición Nº 121 de este boletín electrónico, del 04 al 08.07.03, http://www.derechos.org.ve/actualidad/coyuntura/2003/coyuntura_121.pdf). Las razones del aumento del IDH venezolano tiene que ver , entre otros aspectos, con la mejora de la esperanza de vida y en el nivel de alfabetización de su población adulta. Explican los expertos que el IDH es el resultado de la combinación de componentes y valores tales como la esperanza de vida (73,6 años); proporción de alfabetismo en adultos (93,1%), porcentaje de matriculación combinada en niveles educativos de primaria, secundaria y universitaria (71%) y el PIB per cápita de 5.380 dólares con paridad de poder adquisitivo. El IDH venezolano está una centésima por debajo del promedio regional (0,777), mientras que la esperanza de vida en el país está 4,2% (3,1 años) por encima del promedio regional de 70,5 años; la tasa nacional de alfabetismo, para el año 2002,está 4,5% por arriba de la tasa regional (88,6%); la tasa nacional de matrícula combinada del lapso estudiado por el informe 2003 está 10 puntos porcentuales por debajo del promedio regional (81%); y, el PIB regional per cápita de 7.223 dólares, supera por un 25,5% (1.843 dólares) el valor de este indicador (Boletín Nº 14 Red de Desarrollo Humano, 15.07.04, redesarrollo.ven@undp.org). En contraste con los valores registrados en las ediciones anteriores de este informe, la tasa de esperanza de vida del venezolano, para el año 2002, es 0,1mayor que la del año 2001 (73,5 años) y 0,7 años superior a la del año 2000 (72,9 años). La tasa nacional de alfabetización en el informe 2003 del PNUD es 0,3% mayor que la registrada por el mismo informe del año 2002 (92,8%) y un 0,5% superior a la del año 2000 (92,6%) (ver edición Nº 121 de este boletín electrónico, Ídem.). Estos resultados demuestran que, desde el año 2000, el comportamiento de estos indicadores muestran una tendencia a la mejora. No obstante, a los avances registrados en materia educativa y de esperanza de vida les acompaña una reducción en el Producto Interior Bruto (PIB) por cápita, en paridad de poder adquisitivo, que bajó de los 5.670 dólares en el 2001 a los 5.380 dólares en el 2002, una tendencia que se viene consolidando por 3er.año consecutivo desde el año 2000, cuando este indicador se ubicaba en 5.794 dólares (Aporrea, 15.07.04, http://www.aporrea.org/dameverbo.php?docid=18393). Otro de los aspectos que revela el estudio se relaciona con la desigualdad de ingresos y consumo. En 1998 el 20% de la población más pobre de Venezuela disfrutaba sólo del 3,0% del total de los ingresos y consumo, mientras que el 20% de la población más rica acaparó el 53,4%, datos que ponen en evidencia el problema estructural de la concentración de la riqueza en el país. Respecto al porcentaje de población que vive en la extrema pobreza, es decir, con un dólar diario o menos se mantuvo, sin cambios, en el 15,0% (Aporrea, Ídem.). Para el PNUD, el país latinoamericano con mejor desempeño en el año 2002 fue Barbados, con un IDH de 0,888, ocupando el lugar 29; mientras que Haití es el país con peor desempeño, con un IDH de 0,463 que lo coloca en el lugar 153. En relación a los países andinos, Colombia ocupó el lugar 73, Perú el 85, Ecuador el 100 y Bolivia el 114 (Boletín Nº 14 Red de Desarrollo Humano, Ídem.). En cuanto a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, Venezuela dejó de ser considerado como un país de alta prioridad global, tal como lo había contemplado el informe del año pasado (ver edición Nº 121, Ídem.), debido a que presentó un progreso en la meta relativa a la universalización de la educación primaria, ya que la tasa de matriculación, que se encontraba estancada en 88% para el período 1990-91/2000-01, se elevó a 92% en 2001-02 (Boletín Nº 14 Red de Desarrollo Humano, Ídem.). Sin embargo, se mantiene la alerta para las metas de reducción de pobreza y de hambre, observadas desde la edición anterior del informe del PNUD. En relación a la reducción de la pobreza, en el período 1990-2002 se observa una tasa media de crecimiento negativo del -1,0% en el PIB per cápita, indicador que está muy relacionado con la evolución de la pobreza por ingreso. En cuanto a la meta de reducción del hambre se observa que la proporción de población subnutrida, aumentó de 11% en el período 90-92, a 18% en el lapso 1999-01, el cual es ligeramente menor al reportado para el período 1998-00 ( 21%) (Boletín Nº 14 Red de Desarrollo Humano, Ídem.). El informe del PNUD puede ser consultado o descargado por completo y gratuitamente en la siguiente dirección electrónica: http://hdr.undp.org/reports/global/2004/espanol/pdf/hdr04_sp_complete.pdf. Por lo pronto, invitamos a los lectores a consultar en nuestra sección DOCUMENTOS, un texto extraído del mismo, titulado "La definición de los derechos culturales va a la zaga de la definición de los derechos civiles, políticos, económicos y sociales: ¿Por qué?". subir
DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES UNICEF alaba perspectiva gubernamental de las políticas de inversión social
El pasado 07.07.04, Nils Arne Kastberg, director Regional para América Latina y El Caribe del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), realizó una visita formal al despacho del Vicepresidente Ejecutivo, José Vicente Rangel, a fin de tratar, entre otros, el tema de la inversión social en Venezuela. Ante los medios de comunicación, Kastberg calificó a las misiones promovidas por el Gobierno Nacional como "una gran labor en Venezuela en cuanto a crear un espacio a toda la niñez y adolescencia, y que la inversión sea en ellos, que estén por encima de los debates políticos y donde pueda haber una unidad nacional ya que el futuro de Venezuela depende la capacitación de los niños y adolescentes” (Prensa de Vicepresidencia Ejecutiva, 07.07.04, vicepresidenciaprensa@yahoo.es). Añadió el representante de UNICEF que "todos los países del mundo asumieron desde el año 2000 los objetivos de desarrollo del milenio que tienen una serie de indicadores muy claros y concretos. Resultados que se quieren lograr: se quiere disminuir la mortalidad materna, se quiere disminuir la mortalidad infantil, mejorar la nutrición, para tomar solo algunos ejemplos. Creo que las distintas misiones son una forma para tratar de mejorar los mencionados indicadores [...] Diversos países latinoamericanos están asumiendo distintas estrategias, pero creo que hace muchas energía en nuestra región para mejorar las condiciones de vida y de desarrollo humano de nuestra juventud. Agradezco todo los esfuerzos que hacen por parte de toda la sociedad venezolana para crear una sociedad que mejor proteja a la niñez y a la adolescencia" (Prensa de Vicepresidencia Ejecutiva, Ídem.). A una pregunta dirigida a conocer su apreciación sobre la situación de los derechos humanos en el país, el delegado de UNICEF respondió, con respecto a los derechos sociales, lo siguiente: "pienso que se está dando importancia más y más, no solo a los aspectos de mejorar un camino, de cómo mejorar un huerto, de cómo mejorar estructuras físicas, sino que también se está dando a cada día más importancia a la infraestructura humana [...] No podemos darnos el lujo en Latinoamérica que nuestra niñez y adolescencia no esté recibiendo suficiente educación, no esté siendo alfabetizada y el poner énfasis, tal cual se está haciendo ahora, en la perspectiva de derecho en cuanto a educación, salud, acceso a agua potable, ejemplo de como se trata de mejorar e impulsar los derechos de nuestros niños y adolescentes. Espero que continúen esos esfuerzos" (Prensa de Vicepresidencia Ejecutiva, Ídem.). subir
DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES Indicadores oficiales del derecho a la seguridad social
Según fuentes oficiales, el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), organismo adscrito al Ministerio del Trabajo (MINTRA), incorporó 152.158 nuevos pensionados en el lapso comprendido entre mayo de 2003 y 2004 (Ministerio del Trabajo, 13.07.04, http://www.mintra.gov.ve/sitio/noticias/ivss_beneficiarios.htm), con este número el ente público asegura haber incorporado en los últimos 5 años un total de 315. 621 personas al régimen de pensiones del seguro social, cifra que equivale al 81% del total incorporado desde 1977. Actualmente, el total de pensionados llega a 702.000 personas (Gobierno en Línea, 15.07.04, http://www.gobiernoenlinea.ve/noticias/viewNewsUser01.jsp?id_noticia=20021). De igual manera, el IVSS informó que el monto del pago de las pensiones se ha incrementado en 395% durante el último quinquenio y se espera que para agosto de este año se eleve en un 435%, cuando se homologue al salario mínimo vigente desde ese mes, lo que colocará a la pensión en 326.176 bolívares (Ministerio del Trabajo, 13.07.04, Ídem.). También señaló el organismo público que "se ha hecho hincapié en la cancelación oportuna y regular de esta bonificación [...] En la actualidad, los pensionados reciben su pago hasta con diez días de antelación con respecto al principio del mes. Por otra parte, el Ministerio del Trabajo informó que se aprobó la cancelación de las deudas que gobiernos anteriores contrajeron con los pensionados desde el 1992 hasta 2001. subir
DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES Indicadores oficiales de los derechos laborales
Xiomara Cardozo, Procuradora General de Trabajadores aseguró que la Procuraduría General de Trabajadores del Ministerio del Trabajo (MINTRA), ha logrado recuperar 10 millardos de bolívares en prestaciones sociales de trabajadores durante el1er. semestre de este año (Gobierno en Línea, 14.07.04, http://www.gobiernoenlinea.ve/noticias/viewNewsUser01.jsp?id_noticia=20104). Señaló Cardozo que entre enero y junio de 2004 esta instancia pública atendió a un total de 46.622 usuarios, de este total "el MINTRA asumió la defensa -por vía administrativa- de 32.816 trabajadores, una asistencia que incluye providencias administrativas que ordenan el reenganche y pago de salarios caídos de trabajadores que fueron despedidos sin justa causa pese a la inamovilidad laboral que los amparaba" (Gobierno en Línea, 14.07.04, Ídem.). "Por vía judicial, se defendieron las causas de 13.806 trabajadores. Esta defensa incluye amparos constitucionales, juicios de estabilidad laboral y juicios por cobro de prestaciones sociales, así como también los recursos ante los Juzgados Superiores y por ante el Tribunal Supremo de Justicia. Actualmente, están en proceso: 797 Amparos Constitucionales; 1.348 Juicios de Estabilidad y 7.549 Juicios por Cobro de Prestaciones Sociales" (Gobierno en Línea, 14.07.04, Ídem.). subir
DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES AN aprobó en primera discusión proyecto de reforma de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo
En primera discusión y por unanimidad fue aprobado por la Asamblea Nacional (AN), el proyecto de reforma de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (LOPCYMAT). La presentación del proyecto de ley fue hecha por el diputado Ángel Rodríguez (Movimiento Quinta República), Presidente de la Comisión de Desarrollo Social Integral. Francisco González, presidente del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL), organismo adscrito al Ministerio del Trabajo, explicó que “este proyecto de ley es producto de una amplia consulta entre todos los sectores involucrados en la materia de salud y seguridad en el trabajo. En la elaboración del mismo participaron los diputados miembros de la subcomisión especial, los técnicos asesores de la Asamblea Nacional, docentes universitarios, sindicatos, Comités de Higiene y Seguridad, representantes de las aseguradoras, empleadores en general y funcionarios del Inpsasel” (Ministerio del Trabajo, 13.07.04, http://www.mintra.gov.ve/sitio/noticias/proyecto_reforma.htm). Si desea consultar este proyecto de ley, INPSASEL la puso a disposición en su página web: www.mintra.gov.ve/inpsasel. subir
DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES Codevida expone ante comisión parlamentaria actual situación de personas con VIH/SIDA
Francisco Valencia, de Amigos Trasplantados de Venezuela; Rosa Pereira, de la Asociación Venezolana para la Hemofilia; Feliciano Reyna y Mauricio Gutiérrez, de Acción Ciudadana Contra el SIDA (ACCSI), representantes de la coalición de organizaciones con servicio en VIH/SIDA, Codevida, fueron recibidos el pasado 15.07.04 por los diputados Héctor Larreal, (Acción Democrática), Briccio Urdaneta (Movimiento Quinta República), Rafael Rosí (Movimiento Quinta República), Jesús Narváez (Movimiento Quinta República) y Julio Alviárez (Movimiento Quinta República), integrantes de la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral de la Asamblea Nacional (AN), ante quienes expusieron los distintos problemas que deben confrontar las personas afectadas por condiciones de salud crónicas de alto costo y alto riesgo (El Universal, 19.07.04, http://www.eluniversal.com/2004/07/20/ccs_art_20280F.shtml). Los representantes de Codevida comentaron que uno de los frutos de la reunión fue la decisión de conformar, al interior del parlamento, "una comisión especial que realizará visitas de inspección a los servicios de salud pública dependientes del Ministerio de Salud y Desarrollo Social (MSDS) y del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), y en un lapso de 30 a 60 días presentarán un informe de esta gestión" (El Universal, 19.07.04, Ídem.). Codevida enfatizó que es imperativo que "los productos genéricos sean de la más alta calidad, seguridad y eficacia" (El Universal, 19.07.04, Ídem.). En tal sentido, propusieron investigar las prácticas del Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel, en cuanto a certificación para los medicamentos genéricos para tratar condiciones de salud crónicas de alto costo y alto riesgo y exigir que estos productos tengan las pruebas de bioequivalencia. La decisión de solicitar una reunión con los parlamentarios surgió por la preocupación de las organizaciones integrantes de Codevida ante 2 de los principales problemas que han surgido con las autoridades del despacho de la salud y el seguro social: la escasez de medicamentos y la falta de controles de calidad en algunos de los medicamentos distribuidos por dichos entes públicos para el tratamiento de las personas con VIH/SIDA. Sobre el primer asunto, Codevida tuvo conocimiento de que hubo abastecimiento de medicamentos para este sector hasta el 30.06.04 y que de los 23 medicamentos que componen el tratamiento, "algunos se encuentran escasos y otros no cubren la demanda mensual requerida y a la fecha no han sido restituidos" (El Universal, 09.07.04, pág. 2/11). Igualmente, se tiene conocimiento de que en la 1ra. semana de julio el MSDS había entregado las órdenes de compra a todos los laboratorios. No obstante, estas compañías necesitan, con la orden de compra, un mínimo de 6 semanas para traerlos a Venezuela (El Universal, 09.07.04, Ídem.). Feliciano Reyna, integrante de Codevida, comentó que "a los pacientes con VIH/SIDA se les ha ido complicando el cuadro por la irregularidad en que se han visto envueltos para adquirir los antirretrovirales y cumplir con los tratamientos recetados por los médicos tratantes. Desde agosto de 2003, entre 12 y 13 mil pacientes se han visto afectados, quienes pueden crear virus resistentes a las drogas ya que, bien sea por la deficiencia en la entrega de medicamentos o por el cambio de los fármacos, se pierden las opciones de tratamiento" (El Universal, 09.07.04, Ídem.). Respecto al segundo problema expuesto por Codevida ante la comisión parlamentaria, este tiene que ver con los controles de calidad, como la prueba de bioequivalencia, a los productos adquiridos por el Estado venezolano. La coalición de organizaciones ha insistido en señalarle a las autoridades sanitarias que "cualquier tipo de medicamento necesita que se le practiquen los estudios especializados para determinar su calidad y eficacia antes de ser comercializados para su posterior consumo" (El Universal, 09.07.04, Ídem.). La prueba de bioequivalencia para los medicamentos genéricos adquiridos y distribuidos por el Estado es fundamental para demostrar que no producen efectos secundarios y también para evaluar su eficiencia retroviral. Reyna señaló que tales pruebas están siendo aplicadas de manera selectiva, sólo sobre algunos medicamentos y no para todos por igual. Señaló específicamente a los medicamentos Lamivudina y Stavudina, importados de Cuba, como aquellos que no reciben el control de bioequivalencia. Igualmente, advirtió que, a causa de las fallas en la compra de reactivos para realizar los controles a los pacientes, no se está registrando el funcionamiento inmunitario y el comportamiento del virus en la salud de los pacientes expuesto a los medicamentos que no reciben la prueba de bioequivalencia. La respuesta oficial a estas observaciones la ofreció, en una oportunidad, Evelyn Escalona, directora de Salud Poblacional del MSDS, quien defendió la rigurosidad de las pruebas aplicadas a los medicamentos que entran al país, pero reconoció que "hay algunos de ellos que luego de hacerles los estudios clínicos están exentos de la prueba, como las drogas mencionadas" (El Universal, 09.07.04, Ídem.). Sin embargo, Codevida rechazó tal afirmación y recordó que "los fármacos cubanos pueden analizarse con pruebas de bioequivalencia pues no aparecen en la lista de medicamentos avalados por la OMS y es la única manera de que la población se sienta segura de los tratamientos que le indican" (El Universal, 09.07.04, Ídem.). subir
DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES Tribunal sentenció a favor de los niños, niñas y adolescentes con fibrosis quística
La organización de derechos humanos Centros Comunitarios de Aprendizaje (CECODAP) informó que el pasado 08.07.04, la Sala II del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas declaró con lugar la Acción de Protección introducida por su Área de Defensa a favor de niños, niñas y adolescentes con Fibrosis Quistica (FQ) (CECODAP, 20.07.04, http://www.cecodap.org.ve/htm/ultimahora/u5.htm). El recurso introducido por CECODAP se fundamentó en la amenaza del derecho a la vida, violación del derecho a la salud y violación a la protección integral de los pacientes con FQ del hospital del Niño J. M. de los Ríos. La medida del Tribunal de Protección ordena a la Alcaldía Metropolitana de Caracas a realizar las gestiones pertinentes ante los organismos gubernamentales encargados del suministro de recursos financieros, a los fines de obtener los recursos económicos necesarios para la creación de una Unidad de Fibrosis Quistica en el dicho centro de atención médica. La sentencia exige que la Unidad de Fibrosis Quística sea dotada regularmente de enzimas pancreáticas para los niños, niñas y adolescentes que requieran servicio de gastroenterología, así como de los demás medicamentos, equipos e insumos de óptima calidad que se requieran para el mejor manejo de la enfermedad y el aumento del promedio de vida de los pacientes afectados. La Alcaldía Metropolitana de Caracas también deberá gestionar ante los organismos competentes, la solicitud de una partida especial en el presupuesto anual para la contratación del personal requerido, suministro de los medicamentos de óptima calidad, equipos e insumos que se requieren para la creación de la Unidad de Fibrosis Quística. La Alcaldía Metropolitana de Caracas tiene un plazo de 6 meses para cumplir con lo dispuesto en la Sentencia, lapso contado a partir de la publicación del fallo. CECODAP aseguró que "con esta sentencia se reivindica el derecho a la vida y a la salud de niños, niñas y adolescentes con Fibrosis Quística. Reiteramos que es una obligación indeclinable para los Organismos del Estado, en el marco de sus respectivas competencias, garantizar la protección integral y desarrollo de niños, niñas, y adolescentes, para ellos resulta indispensable garantizar un servicio de salud de carácter gratuito, oportuno y de la más alta calidad" (CECODAP, Ídem.). subir
DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES Sector privado evalúa situación del derecho a la alimentación
Según cifras ofrecidas por la encuestadora Datos a la Asociación Nacional de Supermercados (ANSA), el consumo masivo entre enero y mayo de este año se incrementó 4% con respecto al mismo período del año 2002. Mientras que, al comparar las cifras registradas en 2004 con las de 2003, se observa un incremento de 36% en el mismo indicador. (El Universal, 22.07.04, http://www.eluniversal.com/2004/07/22/eco_art_22158B.shtml). En comparación con el lapso enero-mayo 2004 y el mismo período de 2003, se puede notar una recuperación de la ingesta de leche (11%), y del consumo de la cesta básica (16%) y de otros alimentos (19%). Por su parte, el consumo de alimentos en general aumentó 5% en los 5 primeros meses de este año con respecto al mismo período de 2002. Por otro lado, la demanda de alimentos básicos mejoró 17% y la de alimentos varios 4%. No obstante, las encuestadoras señalan que las proyecciones de consumo para el 3er. trimestre del año "no están muy claras" (El Universal, 22.07.04, Ídem.). Aunque entre los meses de julio, agosto y septiembre, el consumo baja tradicionalmente porque las familias dedican mayor cantidad del presupuesto a la compra de uniformes, útiles y pagos de matrícula, este año la situación puede variar dependiendo de la situación política. Javier Macedo, presidente de ANSA, explicó que "este año hay que tomar en cuenta la parte política, pues al estar en campaña electoral hay más liquidez en la calle y tendremos que esperar para ver cómo se comporta el mercado" (El Universal, 22.07.04, Ídem.). A juicio de ANSA, los problemas de escasez que se habían presentado en el mercado en meses pasados se han reducido de forma significativa. "En estos momentos el margen de comercialización de los productos regulados de la cesta básica está entre 1 y 3%. En los otros productos no regulados también se han bajado los márgenes" (El Universal, 22.07.04, Ídem.). Macedo señaló que sigue en pie la propuesta hecha por los afiliados a ANSA de establecer un día popular para la venta de los 14 productos de la cesta básica a menor precio. "En una semana se pueden ofertar 2 o 3 productos y a la semana siguiente otros. Esto se lograría gracias al esfuerzo de proveedores y comercios, pero estamos esperando la aprobación del Gobierno" (El Universal, 22.07.04, Ídem.). subir
DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES Propuestas y exigencias a los poderes públicos sobre los derechos laborales
- Garantizar que en la reforma de la Ley Orgánica del Trabajo (LOT) se cumpla con el mandato de la disposición transitoria cuarta de la Constitución, incorporando el pago de las prestaciones sociales calculado de conformidad con el último salario, la disminución de la jornada de trabajo, la adecuación a los Convenios 87 y 98 de la OIT, así como la eliminación de la discriminación de los trabajadores domésticos; - Reformar el reglamento de la LOT para introducir la normativa referente a despidos masivos; - Dictar el reglamento de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo. Garantizar la plena aplicación del sistema de control y promoción de las condiciones de seguridad, higiene y ambiente de trabajo adecuados; - Garantizar el pago oportuno de las obligaciones laborales que se desprenden de la contratación colectiva de los funcionarios públicos; - Garantizar la continuidad del reconocimiento de las deudas laborales del sector público, así como la apertura de las cuentas individuales en cumplimiento de la LOT; - Tomar las medidas necesarias para garantizar una actividad más eficiente de las inspectorías del trabajo en el control de las modalidades de contratación de personal, sancionando el fraude laboral y las prácticas de flexibilización que evaden obligaciones con los trabajadores; - Garantizar la negociación de los convenios colectivos con los sindicatos más representativos; - Garantizar que el Ejecutivo Nacional ajuste anualmente el salario mínimo tomando como una de las referencias el costo de la canasta básica; - Garantizar la consulta tripartita para el incremento anual de los salarios; - Garantizar el respeto de la estabilidad laboral de los trabajadores amparados por el artículo 32 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos; - Garantizar una pronta decisión judicial y/o administrativa de la situación laboral de los extrabajadores de PDVSA; - Garantizar que la Directiva de PDVSA no obstaculice la contratación de sus extrabajadores en las empresas contratistas de PDVSA; - Garantizar la instrumentación de políticas eficaces que propicien condiciones favorables a la promoción del empleo y la reducción de la pobreza; - Tomar medidas que eviten y castiguen la discriminación en el empleo de las mujeres y los jóvenes; - Ratificar el Convenio N° 182 de la OIT, relativo a la erradicación de las peores formas de trabajo infantil; - Adecuar la normativa laboral para ubicar la edad mínima para el trabajo en 16 años, de acuerdo con la recomendación N° 146 de la OIT; - Garantizar el derecho a huelga, sin imponer otras condiciones que las establecidas en la ley y el reglamento de la LOT; - Abstenerse de ordenar reuniones conciliatorias previas a la tramitación del procedimiento de conflictos colectivos, con base en el artículo 473 de la LOT, cuando se presenten pliegos de peticiones con carácter conflictivo; - Tramitar de inmediato el pliego de peticiones y enviar al patrono dentro de las 24 horas siguientes a la presentación del pliego (Provea, http://www.derechos.org.ve/publicaciones/infanual/2002_03/24exigencias.pdf) subir
DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS Derecho al asilo cuenta con nueva publicación venezolana
El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), tiene el placer de presentar el libro: “El derecho al asilo. Marco teórico-metodológico básico”. Este trabajo fue realizado bajo el auspicio de la Embajada Británica en Venezuela y forma parte de la Serie Aportes de Provea y fue realizado a partir de la investigación efectuada por María Gabriela Martínez, abogada del equipo del Área de Defensa de la organización, y diseñada, coordinada y corregida por Vicmar Morillo y Antonio González Plessmann, integrantes del Área de Investigación, también de Provea. El libro incluye una descripción de las principales bases normativas del derecho, la delimitación de su contenido; un listado de las principales obligaciones del Estado; una descripción de las más comunes formas de violación de este derecho humano en Venezuela; una propuesta de indicadores para su seguimiento y evaluación; la enumeración de las medidas estatales a él vinculadas; una guía para buscar información sobre cada indicador propuesto; y, finalmente, como anexo, varios instrumentos jurídicos nacionales e internacionales relevantes para la defensa y protección de este derecho humano. El libro estará a la venta en la sede de la organización y su contenido podrá ser consultado o descargado en el sitio web de Provea http://www.derechos.org.ve. Para compartir este trabajo, Provea organizó el foro “Derecho al Asilo: Bases legales y situación en Venezuela”, con el fin de abrir el diálogo y el debate sobre las experiencias de las luchas concretas y las propuestas para desarrollar nuevos y más efectivos modos de hacer del conocimiento de este derecho una herramienta a favor de la dignidad de este sector social. El evento se realizó el 21.07.05, en el Ateneo de Caracas. Estuvieron como ponentes María Gabriela Martínez, quien presentó los principales aportes de esta publicación al ámbito nacional de los derechos humanos; Alfredo Infante, representante del Servicio Jesuita a Refugiados, quien, desde una perspectiva no gubernamental, habló sobre la situación del derecho al asilo en Venezuela; y, Sergio Calle, representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), quien trató la situación del derecho al asilo en Venezuela, desde la óptica de una instancia intergubernamental como lo es el ACNUR (Provea, 14.07.04). subir
DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS Admitida demanda contra artículos del Reglamento de Castigos Disciplinarios N° 6 aplicado en la FAN
El Juzgado de Sustanciación de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) admitió la demanda de nulidad por razones de inconstitucionalidad presentada por Gustavo Vaz Guevara y otros, contra 30 artículos del Reglamento de Castigos Disciplinarios N° 6 actualmente aplicado al interior de la Fuerza Armada Nacional (FAN) (Tribunal Supremo de Justicia, 09.07.04, http://www.tsj.gov.ve/informacion/notasprensa/notasdeprensa.asp?codigo=1216). En su recurso, Vaz Guevara solicitó la impugnación de los artículos 90, 97, 98, 100, 101, 102, 103, 104, literal B del artículo 109, literales c, d, y g del artículo 118, literales d, e, f, i, k, del artículo 120, 121, 122, 131, 132, 133, 134, 135, 141, 143, 147, 154, 155, 159, 172, 175, 177, 178, 179, 184, 185, 186 y 188, de dicho reglamento (Tribunal Supremo de Justicia, Ídem.). Como se recordará, los hechos acaecidos en marzo de 2004 dentro de una instalación militar del Edo. Zulia en la que fallecieron 2 soldados y otros más fueron heridos mientras permanecían dentro de una celda disciplinaria en la que se desarrolló un incendio por causas aún investigadas, provocó la reedición de un debate sobre los rasgos extemporáneos e inconstitucionales del reglamento disciplinario aplicado a los soldados (ver edición N° 137 de este boletín electrónico en http://www.derechos.org.ve/actualidad/coyuntura/2004/coyuntura_137.htm). Este reglamento se encuentra vigente desde el 31.01.49, fecha en que la Junta Militar de Gobierno la aprobó con la firma de Marcos Pérez Jiménez (Últimas Noticias, 18.04.04, pág. 29). El general retirado Enrique Prieto Silva subraya que "ese no es un reglamento, porque fue promulgado en el mandato de Marcos Pérez Jiménez y todo lo que salió de allí eran decretos-leyes. Ese instrumento no fue modificado por la Asamblea Nacional (AN), a la que le correspondía, en cambio, sí lo hizo el Ejecutivo, y fue publicado luego como reglamento. Es el único que existe y por el cual se rige la autoridad militar" (El Nacional, 16.04.04, pág. A/4). En efecto, el Ejecutivo Nacional lo promulgó a través de la Resolución N° 60 del Ministerio de la Defensa (MD), publicada en Gaceta Oficial N° 37.507, el 16.08.02. En vista de la admisión, el TSJ se dispuso citar al presidente de la Asamblea Nacional (AN), al Fiscal General de la República y a la Procuradora General de la República, a quienes se les remitió copia certificada del escrito del recurso, la documentación pertinente acompañada al mismo y del auto de admisión del Juzgado de Sustanciación. Igualmente, el TSJ ordenó emplazar a los interesados mediante cartel para que concurran en un lapso de 10 días hábiles siguientes, contados a partir de su publicación (Tribunal Supremo de Justicia, Ídem.). subir
DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS TSJ juramenta jueces de las Cortes Primera y Segunda de lo Contencioso Administrativo
A 9 meses de haber sido eliminada la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, el pasado 19.07.04 fueron juramentados los jueces de la nueva Corte Primera y Segunda de lo Contencioso Administrativo, designados el 15.07.04 en cumplimiento del artículo 6, numeral 23, de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (LOTSJ) (Tribunal Supremo de Justicia, 19.07.04, http://www.tsj.gov.ve/informacion/notasprensa/notasdeprensa.asp?codigo=1249). El magistrado Levis Ignacio Zerpa, presidente de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) estuvo a cargo de la juramentación de Ileana Margarita Contreras Jaimes, Oscar Enrique Piñate Espidel y Trina Omaira Zurita (Corte Primera de lo Contencioso-Administrativo) y de sus respectivos suplentes Grace Mary Brunicardi Sandoval, Alexander Pascual Espinoza Rausseo y Sol Efigenia Games Morales. También tomaron juramento los jueces de la recién creada Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, con sede en Caracas y jurisdicción en todo el territorio nacional: María Enma León Montesinos, Jesús David Rojas Hernández y Betty Josefina Torres Díaz; y sus respectivos suplentes, Rodolfo Antonio Luzardo Baptista, Belén Irene Serpa Blandín y Aracelis Margarita Chávez Páez. En el acto, Iván Rincón Urdaneta, presidente del TSJ, reflexionó sobre la anterior Corte Primera y el rol que deben cumplir las nuevas cortes. Comentó el magistrado que “no queremos que con ustedes se reediten los días amargos y difíciles, políticos, traumáticos de la antigua función de la Corte Primera de lo Contencioso, y no me refiero a la función de los últimos meses ni del último año sino que me refiero a una Corte que había tenido el control de la parte bancaria, seguros, pro-competencia y otros de orden económico, pues allí se maneja el gran poder financiero. Nosotros pretendemos en el futuro desconcentrar un poco la actividad contenciosa y designar otras Corte en oriente y occidente como lo ordena nuestra Constitución” (Tribunal Supremo de Justicia, Ídem.). Agregó que “un buen número de magistrados de la antigua Corte Primera, en los últimos años se ha dedicado al ejercicio y obediencia de sectores económicos o políticos, y ha hecho que se haya traducido en una especie de carga moral para la justicia venezolana. Se han hecho grandes cambios en la estructura, en la constitución de la Corte, hoy día hemos pasado de una a dos Cortes, y eso creo que hará más ágil el trabajo. Es decir, que la gerencia de la Corte Primera y Segunda debe estar acorde con las exigencias de agilidad que requiere un cúmulo de expedientes tan grande como el que allí existe” (Tribunal Supremo de Justicia, Ídem.). Como se recordará, la anterior Corte Primera de lo Contencioso Administrativo quedó eliminada por decisión de la Comisión Judicial del TSJ, tal como lo informara una resolución del 23.10.03, firmada por los magistrados Abdel Mostafá Paolini, de la Sala Político Administrativa; Rafael Pérez Perdomo, Sala Penal; Luis Martínez, Sala Electoral; Rafael Perdomo, Sala Social; Carlos Alberto Vélez, Sala Civil e Iván Rincón, Sala Constitucional (Globovisión, 21.07.04, http://www.globovision.com/nacionales/2003.10/23/corteprimera/index.shtml). En esa resolución también se contemplaba la creación de la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, que compartiría con la Primera (cuando ésta se restableciera) el control de la legalidad de los actos de gobierno sin rango ministerial. La Sala Plena ratificaría esta decisión el 10.12.03. Días antes de la eliminación de la Corte Primera (el 09.10.03), 2 de los 5 magistrados que componían a la Corte fueron suspendidos en el ejercicio de sus cargos por la Sala Plena del TSJ, ante la cual ambos interpusieron , el 14.11.03, un recurso de revisión de su destitución que, finalmente, sería descartado por decisión de la Sala Constitucional del TSJ el 22.06.04 (El Nacional, 16.07.04, pág. A/6). Conviene resaltar que la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo fue desintegrada por el TSJ el año pasado, luego de haber dictado decisiones claramente contrarias al Gobierno Nacional: la medida cautelar de suspensión del Plan Barrio Adentro; la libertad plena a los ex gerentes de Petróleos de Venezuela (PDVSA); la inamovilidad laboral de los trabajadores de la Unión Nacional de Trabajadores Petroleros, Petroquímicos, de los Hidrocarburos y sus Derivados (UNAPETROL); la sentencia que favoreció al gral. Carlos Alfonzo Martínez, detenido por dirigir un pronunciamiento a la sublevación de la Fuerza Armada Nacional; el caso de las microondas de la emisora de televisión Globovisión y la orden de desmilitarización de la Policía Metropolitana (PM) (El Nacional, Ídem.). subir
DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS Caso Evangelina Carrizo: Se confirma violación al derecho a la vida
La Fiscalía Superior del Edo. Zulia informó a la prensa nacional que el resultado de la tercera prueba balística aplicada en el proceso seguido por la muerte de la dirigente accióndemocratista Evangelina CARRIZO, ocurrida en Machiques, Edo. Zulia, el 04.03.04, en el contexto de las manifestaciones opositoras iniciadas el 27.02.04 (ver edición Nº 134 de este boletín electrónico en http://www.derechos.org.ve/actualidad/coyuntura/2004/coyuntura_134.htm). La prueba arrojó que el proyectil que asesinó a Carrizo provino del arma de reglamento de un oficial adscrito al Destacamento de Frontera N° 36 de la Guardia Nacional (GN), cuya sede está en Machiques. El caso lo llevan las fiscales 26 y 12, Hailet Medina y Leanis Inciarte, respectivamente. Por su parte, la diputada Dianela Parra (Acción Democrática), quien presidió la comisión parlamentaria que investigó el caso, solicitará a la Fiscalía Superior del Estado Zulia que actúe con rapidez para aprehender al o los presuntos indiciados (El Nacional, 17.07.04, pág. B/21). José Alejandro Carrizo, hijo de la víctima y testigo ocular de los hechos, acusa específicamente al teniente Juan Carlos Casaña de haber accionado el arma que mató a su madre. Fuentes periodísticas señalan que el efectivo fue transferido por órdenes superiores a otro destacamento en la misma entidad federal. Igualmente informan que el presunto indiciado tiene prohibido salir del estado hasta que terminen las investigaciones (El Nacional, Ídem.). subir
DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS COFAVIC y la Vicaría de Derechos Humanos de Caracas condenan atentado contra familiar de víctima de grupos parapoliciales en Portuguesa
El pasado 16.07.04, Mariela MENDOZA, testigo de la muerte de sus hermanos Ender, Gonzalo y Alexander (supuestamente asesinados por funcionarios de la policía estadal del Edo. Portuguesa), fue víctima de un atentado ejecutado por una persona vestida de civil que portaba un arma de fuego se acercó a ella y le disparó en 3 oportunidades, hiriéndola en la espalda, la mano y el antebrazo (Cofavic, 19.07.04, cofavic@cofavic.org.ve). Mariela había sido amenazada de muerte en reiteradas oportunidades, presuntamente por los funcionarios que se encuentran acusados por los hechos en los que fallecieron sus otros hermanos. Acerca de estos casos se pronunciaron el Comité de Familiares de las Víctimas de los Sucesos del 27 de Febrero y Marzo de 1989 (COFAVIC) y la Vicaría Episcopal de Derechos Humanos de la Arquidiócesis de Caracas, que han acompañado a las víctimas de las ejecuciones efectuadas por grupos parapoliciales en el Edo. Portuguesa desde hace tres años. En su pronunciamiento, las organizaciones de derechos humanos condenaron severamente este atentado y exhortaron al Ministerio Público (MP), a la Defensoría del Pueblo y a los órganos encargados de la seguridad ciudadana, a activar las medidas de protección necesarias para salvaguardar la vida de Mendoza, su familia y el resto de las víctimas de grupos parapoliciales en esa entidad federal, en cumplimiento de las medidas cautelares otorgadas a todas estas personas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), desde el 25.10.02 (Cofavic, Ídem.). COFAVIC y la Vicaría han señalado en reiteradas oportunidades el ambiente de hostilidad, amenazas y coacciones que sufren los testigos y familiares de las víctimas de grupos parapoliciales, no solo en Portuguesa, sino en otros Edos., como Falcón, Yaracuy y Anzoátegui. En Portuguesa ya fueron asesinados varios testigos de asesinatos cometidos por grupos parapoliciales e investigados por el MP. Entre ellos se encuentra Ramón RODRÍGUEZ, quien investigó y denunció el asesinato de su hijo Jimmy RODRÍGUEZ, y fue asesinado frente a su casa el 15.05.01, seis meses después de la muerte de su hijo (Cofavic, Ídem.). Asimismo, estas organizaciones exigen al MP y al Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC) que adelanten una investigación exhaustiva e imparcial de la agresión sufrida por la joven Mendoza, que culmine con la determinación de las responsabilidades y las sanciones a los responsables. Estas organizaciones exigen al Estado venezolano el cabal cumplimiento de sus obligaciones para con la salvaguarda de las garantías fundamentales de estos ciudadanos y a poner fin a la impunidad que ha sido y es el caldo de cultivo de estos lamentables hechos (Cofavic, Ídem.). Igualmente, COFAVIC y la Vicaría de Caracas emplazan al Poder Judicial a adelantar todas las acciones pertinentes para que en un lapso perentorio se celebre el juicio para determinar las responsabilidades de los 17 funcionarios acusados por los asesinatos de 10 personas ocurridos entre el año 2000 y el 2001, en Portuguesa, pues han transcurrido más de 2 años desde la acusación fiscal y todavía no se ha celebrado la audiencia (Cofavic, Ídem.). Desde que el caso fue radicado en Caracas lo han conocido cuatro tribunales distintos. Se inhibieron los jueces de los Tribunales 4to. de Juicio y del 20vo. de juicio. Luego fue recusado el titular del Tribunal 8vo. de Juicio. Actualmente lo está conociendo el Tribunal 14vo. de Juicio, a cargo de la abogada Tania Estrada Barrios. Además de las inhibiciones, el proceso ha sido afectado por la supuesta imposibilidad de constituir el tribunal con escabinos. Durante la última convocatoria una de las personas que iba a participar como jurado denunció ante el tribunal de juicio que fue amedrentada por uno de los abogados de la defensa de los acusados (Cofavic, Ídem.). subir
DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS Propuestas y exigencias a los poderes públicos sobre el derecho a la integridad personal
- Investigar y sancionar a los funcionarios responsables de tortura, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, hostigamiento o allanamientos sin orden judicial; - Adelantar las investigaciones y aplicar las sanciones que correspondan a funcionarios del Ministerio Público que por acción u omisión permitan la tortura y los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; - Garantizar el cumplimiento de las guardias nocturnas y, en días feriados, de los fiscales del Ministerio Público; - Garantizar la integridad física de toda persona detenida en centros de reclusión tanto civiles como militares; - Garantizar una investigación exhaustiva y la sanción correspondiente a los responsables de actos de hostigamiento contra las personas que denuncian violaciones a los derechos humanos, casos de corrupción o que expresen ideas adversas al Gobierno Nacional; - Garantizar una investigación exhaustiva y la sanción correspondiente a los superiores responsables de malos tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes aplicados a soldados o reclutas, realizados en el marco de actividades de entrenamiento o como castigo a la comisión de faltas o infracciones a los reglamentos militares; - Establecer un programa estatal dirigido a la rehabilitación física, psicológica y social de las víctimas de tortura; - Diseñar una política de formación y difundir entre los efectivos policiales y militares y la población en general, los Convenios y Acuerdos Internacionales suscritos por Venezuela que prohíben la tortura y los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; - Desincorporar al Instituto de Medicina Legal del ámbito de competencia del Ejecutivo, a fin de garantizar la independencia de las actuaciones de este organismo. Asimismo, garantizar que todos los detenidos sean examinados por un médico forense antes de ingresar al centro de detención, durante su permanencia en él y antes de quedar en libertad; - No utilizar a la Guardia Nacional u otro componente de la Fuerza Armada Nacional en las funciones ordinarias de seguridad ciudadana; - Aprobar y ratificar el Protocolo Opcional para la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, adoptado el 18.12.02 por la 57ª sesión de la Asamblea General (Provea, http://www.derechos.org.ve/publicaciones/infanual/2002_03/24exigencias.pdf). subir
ARTÍCULOS Son Derechos: “Integración y derechos humanos I”
"Entre el 28 de junio y el 02 de julio pasado, Provea realizó su V Seminario de Formación en Derechos Económicos, Sociales y Culturales: “Ante el libre comercio, otra integración es posible. Entre muchas consideraciones expuestas se concluyó que, entre los Tratados de Libre Comercio (TLC) y los tratados de derechos humanos, hay una incompatibilidad esencial. Mientras los primeros convierten en mercancía a todos los aspectos de la vida humana; los segundos desarrollan las responsabilidades de los Estados, a fin de garantizar una vida digna a todas las personas. Tal como están planteados, los TLC atentan contra esta responsabilidad estatal, en tanto las empresas pueden considerar a los derechos sociales como trabas a la libre competencia. Las organizaciones sociales y de derechos humanos que adversan a los TLC no nos oponemos a la integración económica de los pueblos, pero advertimos que esta integración debe sustentarse en los derechos humanos. Y no se trata sólo de añadir capítulos de derechos humanos a los TLC, sino de construir acuerdos económicos o financieros que regulen la competencia con una lógica acorde a los derechos humanos, bajo la supremacía de su legislación, la cual deberá privar sobre cualquier incompatibilidad" (Provea, 22.07.04, son@derechos.org.ve). subir
ARTÍCULOS Son Derechos: “Quejas contra Fondur”
"Según el artículo 82 de la Constitución, el Estado debe cumplir varias condiciones para que el derecho a la vivienda sea satisfecho: que la misma sea adecuada, segura, cómoda, higiénica, con servicios básicos y un hábitat adecuado a las relaciones familiares y comunitarias. Sin embargo, Provea ha recibido denuncias contra el Fondo de Desarrollo Urbano (Fondur) desde varias regiones del país. En los Valles del Tuy, adjudicatarios de Ciudad Miranda denunciaron que muchas familias damnificadas de la tragedia de Vargas de 1999, aún esperan que se cumpla la promesa hecha hace 4 años para la entrega de sus viviendas. En Barcelona, habitantes de la urbanización Yuleska, reclaman que Fondur les entregó viviendas de tan mala calidad que se deterioraron en menos de 2 años. Igualmente, se tiene conocimiento de desarrollos habitacionales con un plan urbanístico defectuoso. También es preocupante que, desde el año 2001, haya decrecido la culminación y entrega de viviendas por parte del Estado. Frente a estos hechos Provea invita a los afectados a organizarse colectivamente para exigir a Fondur y a las otras instituciones públicas involucradas, el cumplimiento de sus obligaciones y la culminación de los proyectos habitacionales actualmente paralizados" (Provea, 15.07.04, son@derechos.org.ve). subir
NOVEDADES DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN TODOS LOS DERECHOS PARA TODOS "Directorio de Organizaciones No Gubernamentales de derechos humanos en Venezuela. 2004"
Autor: Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA) Año: 2004 Sinopsis: Directorio de organizaciones no gubernamentales de derechos humanos en Venezuela, clasificadas por ubicación geográfica y por categorías. Contiene información sobre sus diferentes ámbitos de acción y servicios, dirección, contactos telefónicos y electrónicos. Incluye un apartado sobre las estrategias que puede tener a la mano quien conozca o viva alguna violación de derechos humanos. También ofrece un listado de organismos oficiales responsables de la protección de los derechos humanos, con datos para contactarlos. Finalmente, contiene un directorio de organismos internacionales con sede en Venezuela. Este directorio puede ser consultado o descargado en nuestro sitio web desde la dirección: http://www.derechos.org.ve/nosotros/enlaces/directorio_2004.pdf. subir
NOVEDADES DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN TODOS LOS DERECHOS PARA TODOS "ALCA: el espejismo del libre comercio"
Autor: Héctor León-Moncayo; Plataforma Colombiana de Derechos Humanos Democracia y Desarrollo (PIDHDD) Año: 2004 Sinopsis: "El ALCA, a pesar de lo enigmático de la sigla, se ha convertido ya en tema recurrente de las notas periodísticas. Pocos saben que se refiere a una propuesta de integración económica continental impulsada por el gobierno de los Estados Unidos. Y son menos los que alcanzan a descubrir las implicaciones verdaderamente desastrosas en la vida de la gente del común. Precisamente por eso se hace indispensable intentar una descripción y una crítica de la propuesta. Esto es lo que propone texto libro introductorio" (centrodocumentacion@derechos.org.ve). subir
NOVEDADES DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN TODOS LOS DERECHOS PARA TODOS "Inversiones extranjeras: más garantías más libertades"
Autor: Orlando Gutiérrez Rozo; Plataforma Colombiana de Derechos Humanos Democracia y Desarrollo Año: 2004 Sinopsis: "Este libro se propones explicar (…) el carácter comercial que supuestamente caracteriza al ALCA, para seguidamente presentar un panorama general tanto en la dinámica expansiva reciente de las inversiones directas, como de las financieras. Luego, se presenta el tema del Acuerdo Multilateral de Inversiones (AMI), tanto en sus antecedentes como en sus contenidos fundamentales, para posteriormente entrar a analizar los contenidos del articulado de garantizar la más plena libertad y funcionamiento del capital en las economías latinoamericanas" (centrodocumentacion@derechos.org.ve). subir
NOVEDADES DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN TODOS LOS DERECHOS PARA TODOS "ALCA y agricultura: la inequidad se legitima"
Autor: Laura Esperanza Rangel Fonseca; Plataforma Colombiana de Derechos Humanos Democracia y Desarrollo Año: 2004 Sinopsis: "El Paradigma del libre comercio plantea el intercambio como la solución a los problemas de empobrecimiento de los pueblos del mundo. Pero el mercado, que va capturando para su catálogo todos los bienes y servicios que animan la vida de los seres humanos, no tiene como objetivo central la vuelta atrás de las inequidades. Es como una carrera de atletismo en la que participan, desde un punto de partida hipotéticamente igualitario, todos los países. El éxito, nos dice el paradigma, se da por estar allí, sin haber tratado las contusiones, o las fracturas, sin buscar reparación previa a los miembros amputados" (centrodocumentacion@derechos.org.ve). subir
NOVEDADES DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN TODOS LOS DERECHOS PARA TODOS "Revista SIC N° 666"
Autor: Centro Gumilla Año: Julio 2004 Sinopsis: "La nueva ley del TSJ y la pérdida de la autonomía; Petróleo y otras oportunidades para Venezuela; Comunicado Conjunto de la OEA y el Centro Carter sobre los resultados de los reparos; Referéndum a la vuelta de la esquina..." (centrodocumentacion@derechos.org.ve). subir
DOCUMENTOS PNUD: "La definición de los derechos culturales va a la zaga de la definición de los derechos civiles, políticos, económicos y sociales: ¿Por qué?"
"De las cinco categorías de derechos humanos (civiles, culturales, económicos, sociales y políticos), los derechos culturales son los que han recibido menos atención. La primera resolución adoptada por la Comisión de Derechos Humanos relativa a los derechos culturales data de 2002 y versa sobre la 'Promoción del disfrute de los derechos culturales de todos y el respeto de las distintas identidades culturales'. Esta falta de atención es el resultado de los debates acalorados que surgieron en el marco de la redacción de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Allí se discutía si los derechos culturales debían reconocer los derechos de las minorías o simplemente ratificar el derecho de un individuo a 'participar en la vida cultural de la comunidad'. Canadá, la mayor parte de los países latinoamericanos y Estados Unidos se opusieron a los derechos de las minorías, mientras que los países del bloque oriental y la India los defendieron. Finalmente, los derechos de las minorías no obtuvieron reconocimiento, tampoco en la redacción final. Recién en 1966, el Convenio Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos reconoce que a las personas pertenecientes a etnias, lenguas o religiones minoritarias 'no se les negará el derecho a gozar, en comunidad con otros miembros de su grupo, de su cultura ni a profesar y practicar su religión ni a utilizar su propia lengua'. Estas especificaciones reflejan la desazón que existe en torno a noción de los derechos culturales: • Los derechos culturales pueden generar diversos argumentos sobre el relativismo cultural, los cuales utilizan la cultura para defender las violaciones a los derechos humanos. • Los derechos culturales no son fáciles de operacionalizar, puesto que están ligados al concepto de cultura que es un blanco en continuo movimiento. • Los derechos culturales son, según ciertas opiniones, un 'lujo' que recién podrán comenzar a considerarse cuando se estén respetando los demás derechos. • Los derechos culturales no pueden atenderse sin enfrentar los 'males' culturales que existen en las sociedades. Se trata de tradiciones y prácticas que violan los derechos humanos. Los estados son muy cautelosos en reconocer estos males. • Los derechos culturales evocan el temido abanico de identidades y derechos grupales que según algunos representan una amenaza para el Estado-nación. Algunos teóricos de los derechos humanos y la filosofía política arguyen que basta con asegurar los derechos civiles y políticos de los individuos, como la libertad de culto, opinión y asociación, para que tales individuos puedan ejercer libremente sus creencias y prácticas culturales. Aunque lento en sus inicios, el trabajo de los organismos de derechos humanos ha logrado enormes avances en cuanto a la clarificación de los elementos que constituyen el derecho humano a participar de la vida cultural, tales como la igualdad y la no-discriminación, la libertad y no interferencia en el goce de la vida cultural y la libertad para crear y contribuir a la creación, la libertad de escoger en qué cultura y vida cultural participar, la libertad de divulgación, la libertad de cooperar a nivel internacional y la libertad de participar en la definición e implementación de políticas relativas a la cultura. Por encima de todos estos elementos, está el principio fundamental según el cual los derechos culturales son parte inseparable de los derechos humanos, aunque no cualquier costumbre o práctica constituya un derecho. Fuentes: Stamatopoulou 2002; Kymlicka 2004; y Arizpe 2004" (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD): Informe sobre Desarrollo Humano 2004: "La libertad cultural en el mundo diverso de hoy, 19.07.04, pág. 28 o http://hdr.undp.org/reports/global/2004/espanol/pdf/hdr04_sp_complete.pdf.). subir
DOCUMENTOS V Encuentro Indígena y Campesino Mesoamericano "Abonemos nuestras raíces culturales y defendamos el campo": Declaración de San Salvador
"San Salvador - El Salvador, 16-18 de Julio del 2004 Reunidos en San Salvador 162 líderes y liderezas campesin@s e indígenas participantes en el IV Encuentro Indígena y Campesino Mesoamericano "Abonemos nuestras raíces culturales y defendamos el campo" realizado en San Salvador - El Salvador del 16-18 de Julio del 2004, en cumplimiento de los acuerdos del III Encuentro Campesino Mesoamericano "El campo no aguanta más", realizado en Tegucigalpa-Honduras en julio del 2003, analizamos la problemática campesina e indígena de la región, revisamos el cumplimiento de los acuerdos aprobados anteriormente, definimos un plan de acción regional y establecimos los mecanismos de articulación para el fortalecimiento de las luchas indígenas y campesinas de Mesoamérica. Como resultado de las deliberaciones del encuentro podemos destacar: Reforma Agraria Se manifiesta la reconcentración de la tierra, cada día aumentan los conflictos productos de la tenencia de la tierra y aún existen tierras públicas y los gobiernos no están implementando procesos de reforma agraria y solo ofrecen como alternativa la mercantilización de la tierra que obedece a la estrategia del Banco Mundial que en la práctica significa una contrarreforma agraria; Tratados de Libre Comercio Después de 10 años del TLCAN los campesinos e indígenas Mexicanos han perdido su soberanía alimentaria, se ha generado un abandono del campo y se ha destruido la economía campesina. En Centroamérica se está a la puerta de la ratificación del CAFTA pero desde ya se sienten los impactos negativos en el sector indígena y campesino de Mesoamérica; Agricultura Campesina En nuestros países existen políticas públicas orientadas a la destrucción del campo y del campesinado y a la pérdida de la soberanía alimentaria en contraste los Gobiernos todos los recursos los destinan para fortalecer la agricultura de agroexportación; Derechos Humanos y Problemática Indígena Se manifiesta en las políticas públicas la discriminación de la mujer, el campesino y los indígenas. Continúan las represiones sistemáticas a los indígenas y campesinos que están en lucha por el acceso a la tierra y demás recursos productivos; Soberanía Alimentaria Existe una desarticulación de la producción campesina y abandono total del campo por parte del Estado, hay un crecimiento en la introducción de Organismos Genéticamente Modificados y extinción de especies de su centro de origen y la patentización de nuestros recursos naturales y la biodiversidad así también de nuestros saberes ancestrales. Quienes se están beneficiando son los importadores producto de las políticas que fomentan los gobiernos para beneficiar a ciertos grupos económicos sin importarle la ruina del campo; Alianzas e integración del sector campesino e indígena Existe la necesidad expresa de fortalecer la articulación del movimiento indígena y campesino, además de fortalecer las alianzas con otros sectores de la sociedad. Ante esta situación resolvemos: Reforma Agraria Continuar las luchas para que los gobiernos implementen una reforma agraria integral que beneficie a hombres y mujeres del campo y ratificamos nuestro rechazo a la implementación de la reforma agraria asistida por el mercado; Tratados de Libre Comercio Profundizar luchas activas y permanente, de manera conjunta, frente a los congreso nacionales para la no ratificación de los tratados comerciales así como iniciar un acercamiento y articulación de luchas conjuntas con los movimientos campesinos e indígenas de EEUU y Canadá; Alternativas Campesinas Incidir para que las política públicas consideren presupuesto para el campo, políticas de fomento, impulso al fortalecimiento de las organizaciones campesinas a través de la generación de mercados alternativos en todos los ámbitos y la construcción de las economías solidarias; Derechos Humanos y Problemática Indígena Exigir el respeto de los derechos económicos, sociales y culturales así como el cumplimiento de los convenios o tratados nacionales e internacionales ratificados por los gobiernos de Mesoamérica en materia de Derechos Humanos y anunciamos una lucha permanente y sistematizada para la defensa de los mismos. Hacemos propia la Carta de Derechos Campesinos que impulsa Vía Campesina. Así mismo repudiamos la persecución, los desalojos y el asesinato de hombres y mujeres campesinas e indígenas; Soberanía Alimentaria Rescatar, proteger y conservar nuestras semillas criollas y fortalecer todas las iniciativas que sean necesarias para consolidar la agricultura campesina. Exigimos el derecho que tienen nuestros pueblos a tener y gozar de una alimentación sana y suficiente; Alianzas e integración del sector campesino e indígena Reafirmar la consolidación del movimiento indígena y campesino de Mesoamérica (MOICAM) como expresión Autóctona