Cinco años leyendo la realidad venezolana  desde los derechos humanos

Servicio informativo No. 142
Del 06 al 19 de agosto de 2004


1988/2003: PROVEA, 15 AÑOS POR LOS DERECHOS SOCIALES Y CONTRA LA IMPUNIDAD

CONTEXTO
* Provea felicita al pueblo venezolano y exhorta a la oposición a respetar los resultados dados por el CNE y avalados por los observadores internacionales
* "Venezuela: la FIDH llama a respetar la voluntad de los electores"
* "Informe de los observadores de la Asociación Americana de Juristas sobre el referéndum revocatorio"
* Human Rights Watch: "Venezuela. Medios legales para resolver la crisis política"
* Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos del Referendo Revocatorio: C
omunicado
*
Secretario General de la ONU pide a venezolanos conservar espíritu cívico y democrático  

DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 
*
Sala Constitucional ratifica amparo a favor de los habitantes de Nueva Tacagua
* Ley de vivienda y hábitat para el siguiente período legislativo
* Balance del papel del PESA en la política alimentaria gubernamental
* Nueva reforma parcial del IVA exceptúa el pago a servicios públicos residenciales
* Elementos para una evaluación de la gestión ambiental estatal
* Aumentan denuncias por despidos en la administración pública por motivaciones políticas
* Propuestas y exigencias a poderes públicos sobre
el derecho a la educación
     
DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
*
Provea celebra la aprobación de la Ley de la Defensoría del Pueblo
* Mecanismos de impunidad en casos de violaciones de derechos humanos ocurridas en instalaciones militares del Edo. Zulia
* Fallo de la Sala Constitucional fortalece responsabilidad del Estado ante violación del derecho a la vida y a la integridad personal
* Violencia política empañó parcialmente proceso democrático del 15A
*
Propuestas y exigencias a poderes públicos sobre el derecho a la seguridad ciudadana 

NOVEDADES DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN TODOS LOS DERECHOS PARA TODOS
*
"Tras la pista de mis derechos: Manual para planes vacacionales y actividades curriculares en derechos humanos"
*
"Derecho internacional de los derechos humanos: Normativa, jurisprudencia y doctrina de los sistemas universal e interamericano"
*
"Salud y libre comercio. Un contrasentido"
*
"La educación en el ALCA: ¿Al servicio de quién?"
 

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CONTEXTO
Provea felicita al pueblo venezolano y exhorta a la oposición a respetar los resultados dados por el CNE y avalados por los observadores internacionale
s

Provea, luego de la celebración de las jornadas del referéndum para definir la continuidad o interrupción de la actual gestión presidencial, efectuadas entre el 15 y el 16.08.04, y de la presentación de los resultados preliminares de este proceso comicial hecha por el Consejo Nacional Electoral (CNE) y ratificados por la Organización de Estados Americanos (OEA), el Centro Carter y otros observadores internacionales, se pronuncia en los siguientes términos:
1. Apreciamos como un hecho muy positivo para la democracia venezolana que el comportamiento de la población se enmarcara en su misma tradición pacífica y democrática de jornadas electorales anteriores. La solidaridad manifiesta entre los ciudadanos, el respeto mutuo y su paciencia crítica frente a los contratiempos de este inédito proceso, son un poderoso ejemplo a seguir por todo el liderazgo venezolano;
2.- Expresamos nuestro apoyo al CNE y ratificamos el respeto a los resultados hechos públicos por el ente comicial, en concordancia con lo expresado por el Foro por la Vida en su comunicado previo a la realización del referéndum revocatorio: “es urgente que los actores políticos muestren su disposición a aceptar los resultados proclamados por el CNE y avalados por las diferentes instancias internacionales invitadas a observar el proceso referendario” (Foro por la Vida, 13.08.04, http://www.derechos.org.ve/actualidad/comunicados/comu_prensa_2004/cp130804.pdf);
3.- En este sentido, rechazamos el desconocimiento de tales resultados efectuado por voceros de la oposición y les recordamos que existen procedimientos administrativos y judiciales, establecidos en la legislación venezolana para procesar sus desacuerdos. Todos los actores políticos deben favorecer la paz y la administración democrática de los conflictos que surcan nuestra sociedad;
4.- Solicitamos al CNE que implemente los mecanismos correspondientes para aclarar y disipar las dudas planteadas por la oposición con respecto a los resultados preliminares anunciados;
5.- Repudiamos los hechos de violencia ocurridos la tarde de este 16.08.04 en las adyacencias de la Plaza Francia de Altamira, que derivaron en la muerte de una persona y en 8 heridos por impactos de bala. Exigimos a las autoridades estatales realizar de manera seria y célere las investigaciones de estos sucesos y establecer las responsabilidades del caso. Igual comportamiento solicitamos a las instancias responsables para con los casos de agresiones ocurridas en las jornadas electorales, registradas en distintos centros de votación del país que, según fuentes periodísticas, generaron 4 muertes y 35 heridos a lo largo del 15.08.04. Expresamos nuestra solidaridad con las familias de todas las víctimas de estos sucesos;
6.- Reconocemos el papel relevante desempeñado por la observación internacional invitada por el CNE, partidos y actores políticos de todas las tendencias. Las misiones integradas por la OEA, el Centro Carter y demás delegados internacionales garantizaron y certificaron la transparencia, confiabilidad y credibilidad de la consulta. En contrapartida, instamos al CNE a recibir las observaciones recogidas por estas misiones y estudiar la inclusión de mejoras en los procesos planteadas en los reportes de los observadores, especialmente las que se refieren a la necesidad de evaluar y corregir las inequidades en la distribución de los centros de votación, que hacen más difícil participar en actos electorales a la población de los sectores populares;
7.- Tal como venimos señalando desde inicios del año 2001, los conflictos que surcan a nuestra sociedad no se resuelven sólo con una consulta electoral, porque se trata de conflictos socio-económicos, político-institucionales y de confrontación modélica, que se vienen añejando desde hace más de dos décadas. Para enfrentarlos hace falta, de los actores políticos y otras élites sociales, una intervención democrática en cada uno de ellos. Por tal razón, los exhortamos a llegar a mínimos acuerdos cuando ello sea posible y a procesar democráticamente las diferencias cuando estas sean irreductibles. El Poder Ejecutivo debe tomar la iniciativa de convocar de manera sincera a los líderes que la oposición designe para tal fin a un diálogo sin exclusiones, en el que también participen los sectores sociales tradicionalmente excluidos de los pactos de élites;
8.- Recibimos con satisfacción los llamados hechos por el Gobierno Nacional a este respecto e invitamos a los Poderes Públicos a asumir el diálogo teniendo como piso mínimo la necesidad de un Plan Nacional de Derechos Humanos que permita avanzar en la satisfacción de los derechos económicos, sociales, culturales, civiles, políticos y de los pueblos. Hoy, como ocurrió en 1999 con el Título III de la Constitución, los acuerdos existentes en materia de derechos humanos pueden ser un poderoso punto de partida para una forma democrática de procesar nuestras diferencias como país.
(Provea, 17.08.04, http://www.derechos.org.ve/actualidad/comunicados/comu_prensa_2004/cp170804.pdf)

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CONTEXTO
"Venezuela: la FIDH llama a respetar la voluntad de los electores"

"La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), preocupada por la gran polarización política existente en Venezuela, envió una misión internacional de investigación, compuesta por Katia Nouten, cooperante en derechos humanos y en desarrollo y por Alirio Uribe Muñoz, vicepresidente de la FIDH y miembro de la ONG colombiana de derechos humanos Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CCAJAR), con el objeto de constatar si se cumplían las garantías básicas para la realización del referendum del 15 de agosto de 2004.
La FIDH acoge con expectativa la conclusión del proceso referendario en la República Bolivariana de Venezuela y expresa su satisfacción por la libertad de expresión de la que pudieron beneficiarse las partes en contienda, por la masiva concurrencia de electores a las urnas y por la tranquilidad y el civismo de los votantes.
La FIDH se encuentra preocupada por los aislados actos de violencia ocurridos durante el proceso electoral que cobraron la vida de al menos 4 personas y en los que cerca de medio centenar resultaron heridas. En otros hechos igualmente repudiables el pasado 16 de agosto, en la Plaza Altamira, individuos no identificados dispararon indiscriminadamente a partidarios de la oposición provocando la muerte de una persona y varios heridos.
La FIDH espera que las autoridades venezolanas adopten todas las medidas oportunas para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de los participantes a toda manifestación pacífica que se produzca en los próximos días. Del mismo modo, se insta a realizar una investigación imparcial con el objeto de sancionar de acuerdo con la ley a los responsables de todos estos actos de violencia.
La FIDH considera que los resultados del referendum proporcionados por el Consejo Nacional Electoral, que confirman el mandato de Hugo Chavez, en tanto cuentan con el aval de observadores internacionales creíbles e imparciales, como la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Centro Carter, deben ser asumidos y respetados por la sociedad venezolana.
La FIDH invita igualmente a que las quejas, denuncias, inconsistencias y aclaraciones sobre los resultados electorales, de modo que se garantice un examen imparcial evitando cualquier tipo de instrumentalización, sean tratadas con la participación de los observadores internacionales y si fuere oportuno, de instancias judiciales o administrativas.
La FIDH llama al gobierno de Venezuela a tomar conciencia de la existencia de un gran número de votantes (3.584.835, un 42.16% de los electores, según el segundo boletín electoral del CNE, escrutadas el 79.82% de las actas) que han manifestado la oposición a su manera de gobernar, lo que implica crear mecanismos institucionales para escuchar, canalizar sus propuestas y considerarles plenamente como actores políticos de la vida Venezolana para afianzar la gobernabilidad democrática.
La misión de observación de la FIDH rendirá un informe detallado en los próximos días y agradece de antemano la colaboración de PROVEA, y la amabilidad de los miembros de la Coordinadora Democrática, del Gobierno, de las distintas autoridades del Estado y personalidades políticas y distintos actores sociales de Venezuela que tuvieron a bien atender la misión" (Federación Internacional de derechos humanos, 17.08.04, http://www.fidh.org/article.php3?id_article=1835).

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CONTEXTO
"Informe de los observadores de la Asociación Americana de Juristas sobre el referéndum revocatorio"

"La Asociación Americana de Juristas (AAJ) fue invitada para participar como Observadora Internacional por el Consejo Nacional Electoral de Venezuela. De la delegación participaron el Dr. Ernesto Moreau, Presidente de la Asociación de Abogados de Buenos Aires y el Dr. Carlos Alberti Presidente del Colegio Publico de Abogados de la Capital Federal.
La AAJ asiste en calidad de Observadora Internacional al proceso del Referéndum revocatorio del mandato presidencial de Hugo Chávez Frías, Presidente Constitucional de Venezuela.
1.- Invitación.-
La AAJ fue invitada para participar como Observadora Internacional por el Consejo Nacional Electoral, órgano superior de administración electoral y que de acuerdo al artículo numero 52 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela constituye el 5to Poder del Estado, para acompañar y evaluar el proceso revocatorio del mandato del presidente de la Republica de Venezuela, Hugo Chávez Frías.
2.- La delegación de la AAJ estuvo compuesta por cuatro integrantes: Dra. Clea Carpi da Rocha, del Brasil; los Dres. Carlos Alberti y Ernesto Moreau, de la Republica de Argentina; y el Dr. Alfonso Torres Ulloa, de la Republica Dominicana.
La delegación arribó en diversos vuelos. Por razones técnicas del órgano convocante no pudieron estar presentes desde la fecha inicial fijada por el Consejo Nacional Electoral a los Observadores.
3.- Desarrollo actividad previa al día 15 de agosto, día del Referéndum: las principales actividades.
a) Reunión con la Coordinadora Democrática y el Comando Maisanta, exponentes de las dos propuestas electorales.
b) Reunión con el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela.
c) Reunión con los representantes de los medios de comunicación, tanto los privados como los del Estado.
d) Reunión con el Consejo Nacional Electoral.
e) Reunión con el personal técnico de los programas de Caza Huellas y Voto Electrónico.
f) Reunión de trabajo e intercambio con el Dr. Edwin Zambrano, de la AAJ de Venezuela.
4.- Proceso Electoral.
Los observadores de la AAJ se desplazaron a diferentes puntos del territorio nacional para cumplir su misión de observación:
La Dra. Clea Carpi da Rocha, lo hizo en la ciudad de Caracas. Mientras el Dr. Ernesto Moreau hizo lo propio en Ansuati. De su parte los Dres. Carlos Alberti y Alfonso Torres Ulloa lo hicieron en el Estado de Carabobo.
a) Observaciones:
1.- Constatamos que los colegios electorales, en general, se instalaron en el tiempo previsto.
2.- Constatamos un gran interés de los electores y por tanto una asistencia masiva a los centros de votación.
3.- Constatamos que la seguridad y el procedimiento de captación de huellas fueron muy precisos.
4.- Constatamos la presencia muy atenta de funcionarios de apoyo de la institución electoral.
5.- Constatamos la presencia de las dos opciones involucradas en todos los colegios electorales, demostrando conformidad con la forma del acto electoral que se estaba desarrollando.
6.- Constatamos que el personal militar se limitaba al orden publico, en la participación de los ciudadanos, sin interferencia en el acto de expresión de la voluntad popular, no registrándose conflictos entre el personal militar y los electores.
7.- Observamos que los miembros de las Mesas mantenían una dirección y el control del proceso, dando orientación a aquellos participantes que lo necesitaban.
8.- Constatamos que se otorgó preferencia a los adultos, a mujeres con niños y personas con necesidades especiales.
9.- Constatamos un ambiente de mucha tranquilidad y libertad de la población alrededor de los centros de votación, esperando con paciencia, sin que se registrara actividad proselitistas en los colegios electorales.
10. Los Comicios se celebraron en todos los casos en edificios escolares, cuyas infraestructuras permiten el adecuado ingreso de los electores y apropiada ubicación de las autoridades de Mesas.
11. Destacamos que el sistema electoral y la ubicación de las urnas y equipos electrónicos permitieron garantizar el carácter secreto del voto.
b) Algunas Dificultades:
1.- Observamos la formación de muy largas colas con lentitud en su fluidez. A primera vista su causa parecían ser la insuficiente cantidad de mesas, acrecentadas por la concurrencia sin precedente de votantes, dentro de un sistema en el que el sufragio no es obligatorio.
c) Apreciaciones Finales:
Destacamos que la singular forma de participación de los medios de comunicación masiva han intentado sustituir a los partidos políticos erigiéndose en parte activa de la confrontación.
Venezuela constituye el primer precedente de utilización del mecanismo del Referéndum Revocatorio en las democracias del mundo.
El Consejo Nacional Electoral de Venezuela en su primer informe posterior al escrutinio dio a conocer que el No (no revocación del mandato) alcanzaba el 58% de las voluntades, escrutados en el 94% de los votos emitidos, aproximadamente.
Al momento de emitirse el presente informe, pese a la ostensible negativa de la oposición (SI) de reconocer dichos resultados; la totalidad de los Observadores Internacionales, incluidos los de la OEA y el Centro Carter, han reconocido públicamente la validez y legitimidad de los resultados ofrecidos por el CNE.
Resaltamos la participación comprometida del pueblo venezolano con el sistema democrático, aportando con su ejemplo al crecimiento y mejoramiento del estado social de derecho.
La aplicación del articulo 72 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela constituye el primer precedente ejemplar de utilización del mecanismo del Referéndum Revocatorio en las democracias del mundo.
En la ciudad de Caracas, de la Republica Bolivariana de Venezuela, a las 14:00 P.M., del día dieciséis (16) de agosto del año dos mil cuatro (2004).
Por la Asociación Americana de Juristas: Dra. Clea Carpi Da Rocha, Brasil; Dr. Carlos Alberti, Dr. Ernesto Moreau, Argentina; Dr. Alfonso Torres Ulloa, Republica Dominicana" (Aporrea, 18.08.04, http://www.aporrea.org/dameverbo.php?docid=19634).

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CONTEXTO
Human Rights Watch: "Venezuela. Medios legales para resolver la crisis política"

"New York, 17 de agosto de 2004
La democracia venezolana ha superado una prueba histórica. El Presidente Chávez ha obtenido una victoria decisiva y el país ha demostrado que es capaz de solucionar sus crisis políticas por vías legales.
José Miguel Vivanco, Director Ejecutivo de la División de las Américas de Human Rights Watch
Los venezolanos, divididos de acuerdo a las políticas del Presidente Hugo Chávez, han utilizado el mecanismo establecido por la Constitución venezolana para definir el destino de su presidencia. De acuerdo con las autoridades electorales y los observadores internacionales, una gran mayoría de venezolanos ha votado a favor de que el Presidente permanezca en el cargo.
"La democracia venezolana ha superado una prueba histórica", dijo José Miguel Vivanco, Director Ejecutivo de la División de las Américas de Human Rights Watch. "El Presidente Chávez ha obtenido una victoria decisiva y el país ha demostrado que es capaz de solucionar sus crisis políticas por vías legales", agregó.
Mientras el proceso de referéndum parece haber sido mayoritariamente pacífico, Human Rights Watch expresó su profunda preocupación por los incidentes ocurridos ayer en la tarde, cuando hombres armados, aparentemente seguidores de Chávez, dispararon contra manifestantes de la oposición en el distrito de Altamira en Caracas. A consecuencia de esos hechos, una mujer de 61 años perdió la vida y ocho personas más resultaron gravemente heridas. Human Rights Watch instó al gobierno a llevar a cabo inmediatamente una investigación exhaustiva de los hechos y enjuiciar a los responsables.
"Es crucial que ahora Venezuela continúe fortaleciendo el Estado de Derecho", dijo José Miguel Vivanco. "Además de enjuiciar los actos de violencia política, el Presidente Chávez debe superar las serias amenazas a la independencia judicial que su propio gobierno ha creado", subrayó.
Human Rights Watch instó en concreto al Presidente Chávez a suspender la implementación de la nueva ley del Tribunal Supremo firmada en mayo. La ley, que amplía el número de magistrados de 20 a 32, otorga poderes a la coalición gobernante de Chávez para que utilice su escasa mayoría en la Asamblea Legislativa y obtenga una mayoría abrumadora de magistraturas en el Tribunal Supremo. La ley también concede a la coalición gobernante la facultad de anular las actuales designaciones de magistrados.
Una ocupación política del Tribunal Supremo también agravará el daño que ya han causado a la independencia judicial las políticas seguidas por el propio Tribunal. El Tribunal Supremo, que tiene el control administrativo del sistema judicial, ha suspendido un programa que habría reducido el gran número de jueces que aún carecen de estabilidad en el cargo. El Tribunal ha destituido sumariamente a jueces después que dictaran fallos sobre casos políticamente controvertidos" (Human Rights Watch, 18.08.04, http://www.hrw.org/spanish/press/2004/venezuela_referendum.html).

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CONTEXTO
Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos del Referendo Revocatorio: Comunicado

"En el marco de las actividades de observación del proceso del referendo presidencial realizado el 15 de agosto de 2004, la Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA) desea manifestar lo que sigue.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) ha proporcionado a la Misión de Observación, desde el momento en que inició oficialmente sus tareas, las condiciones adecuadas para la realización de sus actividades.
Las actividades de observación electoral comprenden tres etapas: antes, durante y después de la votación propiamente dicha.
En la etapa que antecedió al referendo presidencial, la Misión de Observación Electoral de la OEA desarrolló los preparativos internos para su funcionamiento; mantuvo numerosas reuniones con las autoridades del CNE; se reunió con los principales actores políticos y participó de auditorias y simulacros de los equipos y procedimientos que serían utilizados en la votación. De acuerdo a lo constatado por los observadores de la Misión, el sistema electrónico de votación y transmisión de datos implementado para la votación fue adecuadamente auditado, teniendo todas las condiciones para asegurar el secreto y fidelidad del voto como la transparencia del proceso.
En el día de la votación, los observadores detectaron algunos problemas y dificultades, sobre todo de naturaleza organizacional. Tales inconvenientes fueron sin embargo resueltos. Las demoras experimentadas en varios centros fueron resultado de dos elementos principales: la escasa adaptación de funcionarios de las mesas y técnicos del ente electoral así como los mismos electores al nuevo sistema de votación y el gran volumen de electores, que excedía la capacidad de la estructura existente. A lo largo del día esas dificultades fueron resueltas satisfactoriamente.
La Misión constató que los ciudadanos que participaron de la convocatoria lo hicieron libremente, sin obstáculos que impidieran o limitaran la expresión de su voluntad.
En conferencia de prensa conjunta con el ex-Presidente Jimmy Carter, realizada en la tarde del día 16 de Agosto en Caracas, el Secretario General César Gaviria reconoció que los resultados parciales que divulgara horas antes el Consejo Nacional Electoral (CNE) eran compatibles con los controles internos que efectuara la Misión de Observación Electoral de la OEA para el Referendo en Venezuela.
La Misión constató así que la mayoría de los electores optó por no revocar el mandato del Presidente Hugo Chávez Frías.
La Misión de Observación Electoral se encuentra en este momento en su etapa final, relacionada con las actividades posteriores a la votación.
La Misión desea transmitir, en forma muy enfática, su admiración y respeto por la gran demostración de civismo manifestada por el pueblo venezolano quien, de manera masiva, concurrió a los centros de votación de forma pacífica y ordenada para ejercer el derecho democrático de expresar su voluntad política" (Organización de Estados Americanos, 18.08.04, http://www.oas.org/main/main.asp? sLang=S&sLink=http://www.oas.org/OASpage/esp/ultimasnoticias/ultimasnoticias.asp).

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CONTEXTO
Secretario General de la ONU
pide a venezolanos conservar espíritu cívico y democrático

El pasado 17.08.04, Kofi Annan, Secretario General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), pidió a todos los venezolanos que "conserven el espíritu cívico y democrático que mostraron el pasado domingo durante la celebración del referéndum sobre la revocación del mandato de su presidente Hugo Chávez" (Organización de Naciones Unidas, 17.08.04, http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=2876&criteria1=Venezuela&criteria2=Annan)..
Annan recordó al gobierno de Venezuela y a todos los sectores políticos del país el compromiso que hicieron ante el Diego Cordobéz, asesor especial de la ONU, de "resolver todos sus desacuerdos sobre referéndum mediante la consulta y el diálogo" (Organización de Naciones Unidas, Ídem.).
Annan destacó la forma pacífica y ordenada en la que se llevó a cabo el referéndum, reiteró el apoyo de la ONU al pueblo venezolano en la búsqueda de una solución pacífica a todas sus diferencias políticas. Asimismo, reconoció el alto nivel de participación ciudadana registrado en las urnas como una muestra del sentido de responsabilidad y respeto del pueblo venezolano por los valores democráticos.
Por último, el Secretario General indicó "haber tomado nota de los resultados preliminares de las votaciones y de la declaración de la Organización de Estados Americanos (OEA) y del Centro Carter indicando que los venezolanos han optado por la continuación de la presidencia de Chávez" (Organización de Naciones Unidas, Ídem.).

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DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Sala Constitucional ratifica amparo a favor de los habitantes de Nueva Tacagua

El pasado 11.08.04 el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ratificó, con ponencia del magistrado José Manuel Delgado Ocando de la Sala Constitucional, el fallo de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo que el 06.03.03 había declarado con lugar una acción de amparo presentada por Provea contra el Instituto Nacional de la Vivienda (INAVI) y que tiene que ver con una denuncia efectuada por los habitantes de la urbanización Nueva Tacagua.
El 30.09.02 Provea recibió una denuncia de Lewis JIMÉNEZ, habitante y representante de algunos habitantes de Nueva Tacagua, relacionada con la situación de peligro en que se encuentran todos los residentes de las viviendas de esta urbanización, especialmente los de la Terraza I. En esa oportunidad Jiménez denunció que esas construcciones se han venido derrumbando, las paredes de las viviendas están cuarteadas, y los muros de contención se han desplomado sobre vehículos y viviendas; asimismo, manifestó que esta situación se ha agravado progresivamente sin que hasta la fecha los entes estatales responsables que sabían de sus denuncias tomaran las medidas necesarias para solventar los problemas de habitabilidad.
En su decisión, la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo había declarado procedente el amparo constitucional presentado por Provea y ordenó al presidente del INAVI de ese entonces dar respuesta en relación con los criterios utilizados para reubicar a las familias de las viviendas afectadas, las alternativas a ser presentadas a quienes viven en anexos o en viviendas alquiladas en el sector; y los planes inmediatos para atender la grave situación de los habitantes (ver edición N° 113 de este boletín electrónico en http://www.derechos.org.ve/actualidad/coyuntura/2003/coyuntura_113.pdf).
Al estudiar la sentencia de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, La Sala Constitucional constató que en el presente caso el INAVI “no dio una oportuna y adecuada respuesta a los solicitantes,
dentro del lapso establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, esta Sala considera que se configuró la lesión al derecho de petición denunciado por la parte actora consagrado en el artículo 51 de la Constitución, estando, por tanto, ajustada a derecho la decisión consultada” (Tribunal Supremo de Justicia, 12.08.04, http://www.tsj.gov.ve/informacion/notasprensa/notasdeprensa.asp?codigo=1356).

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DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Ley de vivienda y hábitat para el siguiente período legislativo


El diputado José Khan (Movimiento Quinta República) informó que el Proyecto de Ley Orgánica del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat, derivada de la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social (LOSSS), pasará al 2do. período legislativo. El parlamentario prevé que estará aprobada a finales del próximo trimestre legislativo, con lo que "Es muy seguro que entre en vigencia en el mes de enero del próximo año" (Gobierno en Línea, 11.08.04, http://www.gobiernoenlinea.ve/noticias/viewNewsUser01.jsp?id_noticia=21254).
Khan señaló que para elaborar este proyecto de ley, aprobado en primera discusión el 29.01.04, se contemplaron consultas con comunidades populares, organismos del sector gubernamental, sector privado y comunidades indígenas. Recordó que una de las consultas más importantes se realizó en la población de Cabruta, del Edo. Bolívar, en la cual participaron diversos organismos y comunidades, que sumaron "más de mil personas a las mesas de trabajo y discusión en la primera etapa, y más de doscientas en forma permanente" (Gobierno en Línea, 11.08.04, Ídem.). Aseguró Kahn que, "de igual modo, la ley será enviada a todos los institutos municipales de la vivienda, pues son los encargados en el ámbito local del área, de vivienda y hábitat. Así mismo, los gobiernos regionales tendrán, a través de los institutos regionales de vivienda, copia del respectivo instrumento de ley, con la finalidad de que una vez considerada puedan hacer las observaciones y recomendaciones que crean pertinentes" (Gobierno en Línea, 11.08.04, Ídem.).
Esta ley tendrá por objeto garantizar la satisfacción progresiva, a todas las personas residentes en el país una vivienda y hábitat dignos a través de un régimen prestacional de carácter social, conforme a la Constitución, a la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social y a los Tratados y declaraciones internacionales suscritas y ratificadas por la República en materias concurrentes (Asamblea Nacional, 17.08.04, http://www.asambleanacional.gov.ve/ns2/leyes.asp).
De acuerdo con la opinión de los miembros de la subcomisión de Seguridad Social y Programas Sociales, que estudia la Ley del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat, un punto de avance en las
discusiones ha sido el de combinar esta ley con la Ley Especial de Regulación de la Tierra Urbana y Cogestión de los Asentamientos Humanos Populares (antigua Ley de Barrios): "Ahora, no sólo se le está aplicando al instrumento lo que indica la Constitución y el Decreto 1666 referido a la regularización de las tierras urbanas, sino que además se completa la autogestión integral de los asentamientos humanos populares con todo lo establecido en la Resolución sobre Habitat de las Naciones Unidas, a la cual está suscrita Venezuela" (Gobierno en Línea, 11.08.04, Ídem.).
La subcomisión parlamentaria de Seguridad Social, también considera como un aspecto positivo la participación de representantes del Banco Nacional de Ahorro y Préstamo (BANAP), en las discusiones,  "porque una vez aprobado el texto legal, el organismo pasará a formar parte del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat. En este sentido se han tomado medidas muy importantes, una de ellas es la creación de la Cuenta Única, y ha integrado todos los ahorros habitacionales que se encontraban desagregados en varios bancos privados y los ha reunido en uno solo organismo. Ahora está manejando ya la cuenta a la que todos tienen acceso para saber cuánto tienen depositado, de dónde vienen los depósitos, como acceder a ellos y próximamente cada ahorrista tendrá en sus manos su instrumento de ahorro [...] las cotizaciones a la Política Habitacional para tener acceso al crédito para vivienda, pasarán al Banco Nacional de Vivienda y Hábitat, de manera que no se pierden, sino que tienen continuidad" (Gobierno en Línea, 11.08.04, Ídem.).
Según voceros oficiales, "la nueva ley tiene 2 mecanismos de ahorro, uno obligatorio que es equivalente al que actualmente existe, y otro que es voluntario y es un mecanismo universal, permite universalizar el
ahorro para toda aquella persona que quiera ahorrar y pueda ahorrar para adquirir vivienda tiene la oportunidad de hacerlo también a través de este mecanismo. Esta modalidad recibirá incentivos del Estado, tal y como lo viene realizando a través del aporte de los empleadores, así que los dueños de pequeños negocios, de pequeñas empresas y trabajadores independientes recibirán un porcentaje para ingresarlo en su cuenta de ahorro para adquisición de vivienda. Podrán pedir créditos directamente, a través de un banco del Estado, esto va a facilitar el crédito porque se reconoce la titularidad de la tierra, se reconocen los activos de las bienechurías con lo cual se masifica el acceso al ahorro, para mejora de vivienda, ampliaciones que directamente puede contratar el propietario con cooperativas de construcción, lo cual contribuye a abaratar los costos y con un control social directo de la población" (Gobierno en Línea, 11.08.04, Ídem.).
Otra fuente observa que esta propuesta de ley contempla la creación de un Ministerio con Competencia en Vivienda y Hábitat, como el ente rector de la política, lo que implica la eliminación del Consejo Nacional de la Vivienda (CONAVI), para evitar "el solapamiento de funciones que genera ineficiencia en el gasto e inversión pública ... sólo podrá existir un organismo de vivienda y hábitat que cumpla funciones integrales por unidad territorial" (Tal Cual, 06.08.04, pág. 9). 
Conviene recordar que en la edición N° 141 de este boletín electrónico se reseñaron las argumentaciones esgrimidas por un grupo de legisladores especialistas en materia de vivienda que abogaban por la reforma de la LOSSS, en el sentido de que adolecía de visos de inconstitucionalidad en cuanto atañe al tema del régimen prestacional de vivienda (Ver en http://www.derechos.org.ve/actualidad/coyuntura/2004/coyuntura_141.htm#10). Los especialistas invocaron el diálogo con la AN para corregir el error proveniente del artículo 104 de la LOSSS, el cual establece que el régimen prestacional de vivienda se haga con aportes fiscales, remanentes netos de capital destinados a la seguridad social y con los aportes parafiscales de empleadores, trabajadores dependientes y demás afiliados. Explicaron los expertos que con esta medida se perdería el carácter de ahorro habitacional que posee el pago obligatorio de la Política Habitacional hecho por los trabajadores para convertirse en un tributo.

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DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Balance del papel del PESA en la política alimentaria gubernamental

Leonardo Gil, viceministro de Desarrollo Rural Integral del Ministerio de Agricultura y Tierras (MAT), manifestó que el Programa Especial para la Seguridad Alimentaria y el Desarrollo Rural (PESA) ha beneficiado alrededor de 7.150 familias en todo el país a lo largo de 2 años de su aplicación.
Destacó el funcionario que este programa "fue concebido con el propósito de fortalecer el desarrollo agrícola y rural del país, orientado a generar capacidades institucionales, técnicas, sociales y humanas, siendo totalmente financiado por el Gobierno Nacional, con cooperación técnica de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO)" (Gobierno en Línea, 13.08.04, http://www.gobiernoenlinea.ve/noticias/viewNewsUser01.jsp?id_noticia=21323/http://www.mat.gov.ve/
noticias/Agosto/noti_11_08.html).
Explicó Gil que "este programa cuenta con 6 componentes, los cuales se ejecutan en 30 comunidades a nivel nacional: Programa Especial para la Seguridad Alimentaria; Cooperación Sur-Sur; Programa de Multiplicación de Semillas para la Seguridad Alimentaria; Programa de Transferencia de Tecnología para la Producción Agrícola; Sistema Nacional de Información Agrícola y el Manejo de los Recursos Naturales y Ordenamiento Territorial" (Gobierno en Línea, Ídem.).
Notificó el funcionario que "en los cultivos organopónicos y huertos intensivos se logró una producción de 104.098 kilos de hortalizas en un área de 22.870 hectáreas, con la participación de
219 personas organizadas en cooperativas y asociados. Por su parte, en los cultivos de microhuertos se han incorporado más de 6.000 familias en unidades de producción bajo un área de 6.333 metros cuadrados" (Gobierno en Línea, Ídem.).
Por su parte, Elisa Panades, representante de la FAO en Venezuela, subrayó que entre las actividades que se llevan a cabo con el PESA, está la asistencia a las comunidades campesinas e indígenas,
“para que alcancen su seguridad alimentaria, a través de la intensificación y diversificación de la producción, así como la participación social y el mejoramiento de la alimentación y nutrición,
mediante el uso de herramientas de capacitación” (Gobierno en Línea, Ídem.).
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DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Nueva reforma parcial del IVA exceptúa el pago a servicios públicos residenciales

La Reforma Parcial de la Ley que establece el Impuesto al Valor Agregado (IVA), publicada en la Gaceta Oficial N° 37.999 del 11.08.04 (consultar en http://www.tsj.gov.ve/gaceta/gacetaoficial.asp) establece que, a partir del 01.11.04, quedarán exentos de este impuesto, los servicios de agua, electricidad y aseo urbano residencial, telefonía pública y gas doméstico (Radio Nacional de Venezuela, 13.08.04, http://www.rnv.gov.ve/noticias/?act=ST&f=2&t=7548).
La Asamblea Nacional (AN) decretó modificar el artículo 16 de esta Ley, a fin de eximir del IVA a "las importaciones de bienes muebles, las ventas de bienes muebles intangibles e incorporales, tales como especies fiscales, acciones, bonos, cédulas hipotecarias, efectos mercantiles, facturas aceptadas, obligaciones emitidas por compañías anónimas, entre otros títulos y valores mobiliarios en general, públicos o privados, representativos de dinero, de créditos o derechos distintos del derecho de propiedad sobre bienes muebles corporales y cualquier otro título representativo de actos que no sean considerados como hechos imponibles así como los prestamos en dinero" (Radio Nacional de Venezuela, Ídem.).
Por su parte, el articulo 19 de esta reforma señala que quedan exentas del impuesto las prestaciones de los siguientes servicios: el transporte terrestre y acuático nacional de pasajeros, los servicios educativos prestados por instituciones inscritas o registradas en el Ministerio de Educación y Deportes (MED) y en el Ministerio de Educación Superior (MES), los servicios de hospedaje, alimentación y sus accesorios a estudiantes, ancianos, personas minusválidas, excepcionales o enfermas, cuando sean prestados dentro de una institución destinada exclusivamente a servir en estos usuarios (Radio Nacional de Venezuela, Ídem.). 
La exención abarca también a las entradas a parques nacionales, zoológicos, museos, centros culturales e instituciones similares, cuando se trate de entes sin fines de lucro exentos de impuestos sobre al renta, servicios médico-asistenciales y odontológicos, de cirugía y hospitalización, entradas a espectáculos artísticos, culturales y deportivos siempre que su valor no exceda de dos unidades tributarias, el suministro de electricidad de uso residencial, servicio nacional de telefonía prestado a través de teléfonos públicos, servicio de agua residencial, aseo urbano, gas residencial directo o por bombonas, entre otros servicios (Radio Nacional de Venezuela, Ídem.). 
El artículo 62 hace referencia a la alícuota impositiva general del 15 % que se aplicará desde el 01.09.04 a las operaciones gravadas, la cual será , hasta tanto entre en vigor la Ley de Presupuesto que establezca una alícuota distinta conforme al artículo 27 de esta Ley.
La reforma también afecta al artículo 63 de la Ley, y establece que hasta tanto entre en vigor la Ley de Presupuesto que establezca una alícuota distinta, la alícuota impositiva aplicable a las siguientes operaciones será del 8 %: las importaciones y ventas de los alimentos y productos para consumo humano que se mencionan a continuación: animales vivos destinados al matadero, ganado bovino, caprino, ovino y porcino para la cría, carnes en estado natural, refrigeradas, congeladas, saladas o en
salmuera, mantecas y aceites vegetales refinados o no, utilizados exclusivamente como insumos en la elaboración de aceites comestibles, importaciones y ventas de minerales y alimentos líquidos o concentrados para animales entre otras especies, y el transporte aéreo nacional de pasajeros (Radio Nacional de Venezuela, Ídem.). 
Aunque Provea valora positivamente esta excención, recuerda que el IVA es un impuesto regresivo que afecta con mayor impacto a los sectores populares y que, por equiparar a quienes no son iguales, coadyuva a la violación del derecho a la no discriminación.

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DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Elementos para una evaluación de la gestión ambiental
estatal

Ana Elisa Osorio, titular del Ministerio de Ambiente y de los Recursos Naturales (MARN), informó que se ha “aumentado la cobertura [de agua potable] en 10%, lo que implica que 2 millones de personas gozan de un mejor servicio. Ahora, 93% de la población urbana y 87% de la rural se benefician del agua potable. En este punto hemos cumplido la meta del milenio, y esperamos garantizar el acceso universal en los próximos 3 o 4 años” (El Nacional, 14.08.04, pág. B/16).
Sin embargo, Diego Díaz Martín, presidente de la organización ambientalista Vitalis reconoce que, pese a que ha mejorado la red de distribución y acceso al agua potable, no se valora lo ambiental “como un asunto clave del desarrollo sostenible [...] es que pese a que la economía del país se sustenta fundamentalmente en el aprovechamiento de recursos naturales, la inversión en ambiente no supera 0,85% de los ingresos fiscales, por lo cual se entienden las alarmantes deficiencias presupuestarias que confronta el sector” (El Nacional, Ídem.).
En opinión de Díaz Martín hay una “inapropiada supervisión de la gestión de los residuos sólidos que debe realizar el MARN en los municipios, así como del manejo que en escala nacional se le da a los residuos hospitalarios, tóxicos y peligrosos [...] las calles, en general, están más sucias, por ejemplo las del municipio Libertador, con lo cual la función supervisora del MARN parece haberse debilitado por la afinidad partidista” (El Nacional, Ídem.).
José Rojas López, profesor de la Escuela de Geografía de la Universidad de Los Andes (ULA), cree que el manejo de los residuos es “uno de los problemas más graves en el país, que requiere de nuevos enfoques. Las estrategias del tipo triple R (reutilización, reciclaje, reconversión) encuentran poca viabilidad, por la inexistencia de coordinación con las alcaldías y de un programa de educación masivo en los medios de comunicación” (El Nacional, Ídem.).
Sin embargo, Osorio recalca que los residuos sólidos “no son competencia del MARN. La rectoría es nuestra, y en eso hemos avanzado; pero la ejecución es municipal, y en el país es muy mala [...] hasta la fecha se han elaborado 10 planes rectores para el manejo de los desechos en entidades como Mérida, Nueva Esparta y Falcón, y prosigue la búsqueda de recursos con el Banco Mundial“ (El Nacional, Ídem.).
Por otro lado, sobre esta misma materia, la funcionaria destacó que se exportó a Alemania 1.000 toneladas de plaguicidas, que durante años constituían un problema sanitario en las poblaciones de Camatagua, Tocuyito y El Cenizo.
En cuanto al tema de los ilícitos ambientales, Vitalis asegura que la actuación oficial frente a esta problemática es escasa, y también se ha visto opacada “por la limitada capacidad de la Fiscalía General de la República y la Defensoría del Pueblo” (El Nacional, Ídem.). La organización denuncia “el manejo inapropiado del Sistema de Áreas Protegidas de Venezuela y, en general, de las Áreas Bajo Régimen de Administración Especial, particularmente de las cuencas hidrográficas, las reservas forestales y las zonas protectoras” (El Nacional, Ídem.).
Rojas López coincide con esta aseveración y señala como factores que han provocado el  recrudecimiento de los ilícitos ambientales al “relajamiento de las normativas vigentes de la Ley Forestal, de Suelos y de Aguas; de la Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio, de la Ley Orgánica del Ambiente y de las Normas de Evaluación de Impactos Ambientales, entre otras, quizás debido a las actualizaciones de que están siendo objeto” (El Nacional, Ídem.).
Osorio asoma otro problema: la minería ilegal. Aseguró la funcionaria que le “preocupa especialmente lo que ocurre en la cuenca del río Caroní. Se han hecho operativos conjuntos del Ministerio del Ambiente y la Guardia Nacional, pero son ineficientes, y el camino no son los operativos. Pensamos que esta zona debe declararse libre de minería, para proteger el recurso agua y la generación de electricidad” (El Nacional, Ídem.). Osorio adelantó que se está trabajando con el Ministerio de la Defensa en una propuesta integral, y destacó la misión Piar “para la reubicación y organización de pequeños mineros en cooperativas” (El Nacional, Ídem.).
En cuanto a las áreas protegidas, aseguró que la vigilancia ha mejorado en sectores como el refugio de la tortuga arrau y la ciénaga Los Olivitos, “y la iremos incrementando en la medida en que tengamos recursos” (El Nacional, Ídem.).
Respecto a la situaciones planteadas por el Decreto 1850 sobre la apertura minera en la reserva forestal Imataca, y el tendido eléctrico hacia Brasil (heredados del mandato de Rafael Caldera), el vocero de Vitalis aseveró que el contenido del nuevo decreto de Imataca (preparado por el ministerio) implica un retroceso, al igual que el apoyo al tendido eléctrico “pese a que en la campaña presidencial, el Presidente prometió eliminarlos” (El Nacional, Ídem.).
Alexander Luzardo, profesor universitario y ex presidente de la Comisión de Ambiente del Senado, opina sobre este tema que la gestión ambiental del presidente Chávez comenzó con una decisión desacertada: “A pesar de todas las advertencias de ecologistas e indígenas, acordó construir el tendido eléctrico. El Gobierno promovió la represión militar contra el pueblo Pemón, violó los derechos ambientales e indígenas consagrados en la Constitución, así como varios convenios internacionales”.
Luzardo dijo que no se derogó el Decreto 1850 y que, por el contrario, “se ha fomentado la actividad minera en el Edo. Bolívar con una política de dejar hacer, dejar pasar mineral, con negativos impactos ambientales y socioculturales” (El Nacional, Ídem.).
Osorio se defendió de estos señalamientos explicando que el MARN elaboró un nuevo decreto para reemplazar el 1850, el cual “estuvo sometido a consulta pública y significa un avance, porque reduce la actividad minera a las áreas ya afectadas y reconoce a las comunidades indígenas” (El Nacional, Ídem.) (sobre el debate abierto para la elaboración de este nuevo decreto ver edición Nº 128 de este boletín electrónico en http://d321686.p38.paxsoft.net/actualidad/coyuntura/2003/coyuntura_128.htm#27). 
En lo que respecta al tendido eléctrico, la ministra insistió en que el Presidente “debía cumplir el compromiso adquirido por el gobierno anterior con Brasil”, y asevera que el proyecto “fue mejorado, se hicieron correcciones en la ruta, las comunidades ejecutaron las medidas de mitigación y se cambió el diseño de las torres. Este tendido es muy respetuoso”  (lea el artículo de opinión de Provea "Los Pemón y el (malen)tendido" en http://d321686.p38.paxsoft.net/actualidad/opinion/2001/ao230401.pdf).
Varios aspectos de la política ambiental de esta gestión gubernamental son catalogadas por Díaz Martín como positivas: menos incendios forestales, reactivación y creación de comisiones de trabajo, inicio de la transferencia de la prestación del servicio de agua potable y saneamiento, seguimiento a los acuerdos internacionales más relevantes, concreción de un plan nacional de vigilancia y control "aunque con muy poco apoyo presupuestario y pocos resultados y fortalecimiento del Fondo Venezolano de Reconversión Industrial y Tecnológica” (El Nacional, Ídem.).
Pero en su lista de fallas, enumera –entre otras- “la limitada capacidad oficial para prever, atender, controlar, evitar y resolver la problemática ambiental del país, debido a restricciones presupuestarias, técnicas y logísticas, unido a intereses coyunturales (políticos y económicos) que conspiran contra el desarrollo sustentable; complicidad ante las invasiones; comercio ilegal de animales y plantas silvestres; contaminación de los ríos Orinoco y Caroní; disminución de la capacidad de respuesta del ministerio; crecimiento de pasivos ambientales; contaminación por plaguicidas de suelos y personas, y migración del talento venezolano al exterior" (El Nacional, Ídem.).
Luzardo también acotó algunos problemas en las gestión ambiental gubernamental: estancamiento en la política de mantenimiento y creación de parques nacionales y demás áreas protegidas, colapso de la institucionalidad ambiental al punto que aseguró que “hay un retraso de por lo menos 20 años” (El Nacional, Ídem.).
Rojas López coincide con esta última crítica de Luzardo y advierte que el ministerio “se ha ido quedando atrás con respecto a nuevas modalidades de gestión ambiental que se están aplicando en el mundo y particularmente en algunos países de América Latina” (El Nacional, Ídem.). Pero destaca como favorables “algunos resultados concretos en infraestructura y equipamientos de los sistemas de acceso al agua potable y de tratamiento de aguas servidas, en los planes de rescate de algunas especies de la fauna silvestre, en la ordenación de los parques nacionales y la actualización de la legislación ambiental” (El Nacional, Ídem.).
Osorio acepta los señalamientos mas no deja de nombrar como éxitos "la activación de 50 viveros, la reforestación de 8.000 ha., la participación comunitaria, la reestructuración del Ministerio del Ambiente, la incorporación de los pueblos indígenas a la creación de políticas y la protección del agua" (El Nacional, Ídem.).
La funcionaria se extendió en reconocer que la meta del milenio establecida para la recolección de aguas servidas está a punto de ser cumplida: "El esfuerzo ha sido muy importante, superamos lo que se hizo en los últimos 40 años y la cobertura en este momento es de 73% entre las zonas rural y urbana” (El Nacional, Ídem.). Recordó que en 1998 la capacidad de tratamiento no llegaba a 9% y que hoy en día lograron duplicarla: “Están en construcción plantas que culminaremos entre 2005 y 2006, y con esa nueva infraestructura llegaremos a 30%, 3 veces más de lo que teníamos en 1998”.
Estos esfuerzos han contribuido significativamente con el saneamiento de áreas costeras de Anzoátegui, Nueva Esparta y Falcón. Son obras con las que hemos logrado depurar más de 100 km. de playas [...] Precisamente, una de las prioridades de la gestión actual ha sido impulsar el tratamiento de las aguas servidas que descargan en playas o cuerpos de agua como el de Valencia o Maracaibo. En la capital zuliana inauguramos el RAS (sistemas de reutilización de las aguas servidas, que permiten el uso en el área industrial). Aquí estamos trabajando con 1.3 lt. de agua por segundo que ya no caen al lago. En Cabimas también pusimos en funcionamiento otra planta, y en el lago de Valencia rescatamos la de Taiguaiguai. Por otra parte, terminamos la primera fase de Los Guayos y de La Mariposa. Eso significa que entre ampliaciones y rehabilitaciones, ya contamos con 20 plantas y 10 más están en construcción, localizadas en Higuerote, Punta Gorda, El Yaque, Cumaná, Maturín, Ciudad Ojeda y Barinas. La política de saneamiento ha tenido una inversión importante” (El Nacional, Ídem.).

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DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Aumentan denuncias por despidos en la administración pública por motivaciones políticas

Denuncias registradas en la prensa nacional hablan de más de 80 personas despedidas hasta la fecha del Fondo de Garantía de Depósitos y Protección y Protección Bancaria (FOGADE) desde que tomara la presidencia el abogado Jesús Caldera Infante en mayo de este año en sustitución del economista Rómulo Henríquez.
Entre los despedidos por causas políticas (haber firmado la convocatoria para el referendum presidencial del pasado 15 de agosto), se cuenta la planta gerencial (20 personas) y poco más de 60 empleados de distintas áreas: gente de seguridad, obreros, analistas, secretarias y funcionarios de carrera, según aseguró Jorge BOSQUE, ex gerente general de Activos y Liquidación.
La fuente periodística recogió la denuncia que "dentro de FOGADE circula una lista claramente emanada del departamento de personal, en la que [...] se dedicaron a puntualizar el grado de chavismo o antichavismo de la nómina del Fondo -566 empleados y 46 obreros- y su participación o no como firmantes por el referendo. 'Todos los removidos de sus cargos aparecen en esa lista calificados como opositores', aclaró Glenda FERMÍN, abogada que formaba parte de la consultoría jurídica de FOGADE: 'Son despidos claramente políticos, porque a ninguno se nos ha abierto la averiguación que contempla la norma de empleados públicos ni se nos hizo evaluación'. De acuerdo con la lista 224 empleados habrían firmado en las solicitudes o del consultivo o del revocatorio y eso incluye personal de todo nivel: desde obreros hasta gerentes. Pero además hay algunos que no aparecen como firmantes pero sí señalados como parte de la oposición 'light' o 'radical' " (El Universal, 08.08.04, pág. 1 del encartado dominical Expediente).
Fermín apunta algunas de las violaciones derivadas de estos despidos hechos por la nueva gestión: "El artículo 146 de la Constitución, que habla de la estabilidad del funcionario público, el 34 de las Normas Especiales de los Funcionarios y Empleados de FOGADE y que está basado en el 30 de la Ley del Estatuto de la Función Pública" (El Universal, Ídem.).
La fuente destaca que "hasta el momento ninguno de los botados recibió su correspondiente liquidación a pesar de que -aseguran- la mayoría hace tiempo que presentó la exigida declaración de bienes" (El Universal, Ídem.).
Trabajadores del Instituto de Ferrocarriles del Estado (IAFE) realizaron denuncias similares contra el teniente de la Aviación (r) Ángel García Ontiveros quien, con apenas 3 semanas en el cargo de presidente, en sustitución del ingeniero de sistema y oficial de la Armada (r), Fernando Román Lugo (removido del cargo el pasado mes de julio), "ha arrojado a la calle a unas 40 personas [...] violando la inamovilidad laboral y las leyes de la República"  (Tal Cual, 11.08.04, pág. 4).
Reseñó la fuente que "la gerente de relaciones públicas, una periodista y abogada de 5 años de experiencia en el IAFE, fue echada [al igual que] el gerente de proyectos de rehabilitación de las vías férreas Puerto Cabello-Barquisimeto [...] Botó a trabajadores que le faltaban 2 años para gozar de su jubilación, y a la jefa de servicios generales, Mariela NOGUERA, la sacó por firmante" (Tal Cual, Ídem.).
Un comité de trabajadores redactó una misiva remitida al presidente Hugo Chávez, en la que denuncian las arbitrariedades cometidas por García Ontiveros contra los/as trabajadores/as despedidas.
Vale recordar que, con la asistencia del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH-UCAB) y Provea, 3 empleadas del Consejo Nacional de Fronteras (CNF) procedieron el 22.07.04 a introducir ante el tribunal de distribución en materia laboral un recurso de amparo constitucional por haber sido víctimas de despidos por motivaciones políticas (ver edición N° 140 de este boletín electrónico en http://www.derechos.org.ve/actualidad/coyuntura/2004/coyuntura_140.htm#02).
Por su parte, la Federación Unitaria Nacional de Empleados Públicos (FEDEUNEP)
exigió ayer la reincorporación de 2.000 funcionarios/as que laboraban en organismos del Estado y que fueron despedidos injustificadamente por haber solicitado el referéndum revocatorio realizado el domingo. Antonio Suárez, presidente de FEDEUNEP aprovechó "el diálogo nacional que impulsa el oficialismo  [para realizar] este reclamo de los trabajadores del sector público” (El Nacional, 19.08.04, A/16). Agregó que existe el temor de que se intensifique la persecución laboral contra quienes no se identifiquen con el oficialismo.
El expediente con los casos de las expulsiones antes mencionadas fue entregado a la Organización de Estados Americanos (OEA) y a la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El presidente de FEDEUNEP sostuvo que ha recibido denuncias de despidos de funcionarios/as de organismos como FOGADE, el Ministerio del Interior y Justicia (MIJ), el Instituto Nacional de Parques (INPARQUES) e Hidrofalcón, entre otros.
También dio a conocer que FEDEUNEP tiene registro de traslados inconsultos, bloqueo de ascensos y desconocimiento de pagos y otros beneficios laborales
para otro grupo de empleados/as públicos firmantes.
Por otra parte, Suárez refirió que "debe terminar el hostigamiento hacia la dirigencia sindical no oficialista (Fedeunep y sus sindicatos afiliados), a la que el Gobierno debe reconocer porque fue relegitimada por los trabajadores en las elecciones sindicales organizadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE)" (El Nacional, Ídem.).

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DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Propuestas y exigencias a poderes públicos sobre
el derecho a la educación

- Continuar con el incremento de la matrícula de educación preescolar y de educación media a fin de lograr, por lo menos,un 55% de cobertura neta en un plazo no mayor de 5 años.
Velar por el cumplimiento efectivo de:
1) La política que garantiza el acceso a la educación pública sin el condicionamiento de cobros de ninguna naturaleza;
2) Todas las Resoluciones del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes destinadas a impedir cualquier forma de discriminación de alumnos en el ingreso y/o permanencia dentro del sistema educativo;
3) La asignación eficiente, equitativa y oportuna de recursos financieros a los establecimientos educativos para que puedan funcionar sin que dependan de las cuotas de la Sociedad de Padres y representantes.
- Elaborar y dar a conocer un Plan Nacional de Reparación de Escuelas con metas a corto, mediano y largo plazo a fin de que la ciudadanía pueda controlar la efectividad en el cumplimiento del mismo.
Iniciar un proceso gradual de construcción de aulas para lograr incluir a la población desescolarizada, priorizándose el nivel preescolar y la 2° etapa de educación básica.
- Desarrollar planes específicos y entrenamiento docente para disminuir progresivamente los índices de repitencia, especialmente los constatados en 1° y 7° grados.
- Diseñar y ejecutar planes destinados a favorecer la reinserción escolar de los niños y/o jóvenes expulsados del sistema de educación formal.
- Aprobar la Ley Orgánica de Educación acorde con los principios y fundamentos establecidos tanto en la Constitución vigente como en los acuerdos internacionales de derechos humanos; incluir las resoluciones y recomendaciones de los organismos internacionales tanto a nivel regional como universal.
- Garantizar la participación social en la formulación del Plan Nacional de Educación para Todos.
- Garantizar el cumplimiento de las obligaciones estatales en el Convenio firmado entre la Asociación Venezolana de Escuelas Católicas y el Ministerio de Educación,Cultura y Deportes. Velar especialmente por que las órdenes de pago del Ministerio de Finanzas se emitan a tiempo a fin de evitar retrasos en los desembolsos.
- Comenzar un proceso de evaluación del proyecto de Escuelas Bolivarianas a fin de potenciar sus logros y minimizar las fallas del mismo.
- Desarrollar un plan nacional de formación docente para adecuar las prácticas pedagógicas a una concepción de la educación no excluyente, democrática y participativa.
- Continuar la tendencia a incrementar el porcentaje del PIB dedicado a la educación. Así mismo, lograr que el porcentaje del presupuesto nacional destinado a la educación se ajuste a los estándares internacionales.
- Garantizar presupuestos acordes con las necesidades de cada uno de los niveles educativos.
- Velar por una ejecución presupuestaria eficiente, transparente y oportuna.
- Garantizar que el ingreso a la docencia sea solo a través de concursos públicos organizados en forma periódica, transparente y de acuerdo con parámetros legales. Asimismo,garantizar una adecuada contraprestación socioeconómica a los docentes.
- Fortalecer el Sistema Nacional de Medición y Evaluación del Aprendizaje (Sinea).
- Eliminar el carácter obligatorio de la asignatura Instrucción Premilitar.
- Dar a conocer públicamente el procedimiento formal de autorización de textos escolares.
- Elaborar un nuevo instrumento normativo que actualice y mantenga el espíritu de la Resolución N° 1484, la cual establece, en el sistema curricular venezolano, la educación en valores y derechos humanos.
- Dar a conocer públicamente el estado de la reforma curricular en los distintos niveles educativos.
- Evaluar y dar a conocer públicamente los logros y dificultades del Plan Nacional de Alfabetización, garantizando una participación plural y diversa. (Provea, 13.08.04, http://www.derechos.org.ve/publicaciones/infanual/2002_03/24exigencias.pdf)

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DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
Provea celebra la aprobación de la Ley de la Defensoría del Pueblo

Después de 3 años de permanecer en el limbo legislativo, fue aprobada la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo. Publicada en la Gaceta Oficial Nº 37.995, de fecha 05.08.04, esta ley cumple el mandato constitucional contemplado en el numeral 5 de la Disposición Transitoria Cuarta que dispuso la aprobación, dentro del primer año contado a partir de la instalación de la Asamblea Nacional (AN), de la legislación del  Poder Ciudadano.
Con la nueva legislación se determinan las funciones de la Defensoría del Pueblo, se le da forma definitiva a su estructura funcional y organizativa, permitiéndole también consolidarse definitivamente como institución pública.
Recuerda la fuente oficial que "la Defensoría venía actuando con el apoyo de 3 artículos de la Constitución los cuales permitieron muchas acciones pero que, con la publicación de la Ley en Gaceta Oficial, va a permitir actuaciones más eficientes por cuanto el ciudadano podrá tener respuestas a sus planteamientos en el corto plazo" (Defensoría del Pueblo, 11.08.04, http://www.defensoria.gov.ve/detalle.asp?sec=20&id=447&plantilla=1).
"Sobre algunos aspectos relevantes contenidos en esta Ley Orgánica se puede indicar que las personas que no brinden la información que sea requerida por la Defensoría del Pueblo en su oportunidad van a ser sancionadas por negarse a brindar la misma. También se puede destacar el hecho de que aun cuando pudiera suscitarse un conflicto de carácter laboral en el seno de la institución, esta no podrá ser paralizada porque su función es catalogada como la de un servicio público indispensable. Los Defensores Delegados, por su parte, sólo podrán ser investigados penalmente por iniciativa expresa del Fiscal Superior del Ministerio Público y así otros aspectos destacables que, en definitiva, van a permitir un marco de actuación mucho más eficiente en beneficio de los funcionarios, de la institución y, sobre todo, de los ciudadanos.
De acuerdo a este nuevo orden constitucional, ahora todas las personas podrán acudir a la defensoría del Pueblo, a fin de ejercer su derecho a la denuncia contra la violación de sus derechos humanos, o por mal funcionamiento de los servicios públicos, sean prestados por personas jurídicas públicas o privadas; en la búsqueda de una Administración Pública más eficiente en el cumplimiento de sus
funciones, coadyuvando así a una mejor calidad de vida de la ciudadanía" (Defensoría del Pueblo, Ídem.).
La Defensoría puso a disposición en su sitio web una versión digital de la Ley: http://www.defensoria.gov.ve/detalle.asp?sec=20&id=448&plantilla=1.
Provea observa con agrado que se satisfizo una exigencia constantemente efectuada al Estado venezolano en sus informes anuales sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, desde su edición octubre 2000/septiembre 2001 (ver dirección-e: http://www.derechos.org.ve/publicaciones/infanual/2000_01/propuestas_pod_publicos.htm#09)  

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DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
Mecanismos de impunidad en casos de violaciones de derechos humanos ocurridas en instalaciones militares del Edo. Zulia

Jorge Govea, director del Observatorio Venezolano de los Derechos Humanos (OVDH), alertó que los cambios implementados en el Ministerio Público (MP) del Edo. Zulia retrasan la decisión sobre los casos de Fuerte Mara (ver edición N° 137 de este boletín electrónico en: http://www.derechos.org.ve/actualidad/coyuntura/2004/coyuntura_137.htm) y la muerte de Juan Carlos ZAMBRANO en el campamento militar zuliano de La Turiaca.
Como organización de derechos humanos, el OVDH considera un irrespeto a los familiares de las víctimas la forma como se vienen instaurando mecanismos de impunidad a causa del retardo procesal y de los obstáculos hallados en el camino de las investigaciones de estos casos de violaciones a los derechos humanos producidas en instalaciones militares del Edo. Zulia.
Govea advirtió que los 5 fiscales competentes en el caso Fuerte Mara manifestaron que tenían una decisión tomada que sería anunciada en algún momento, pero “a un mes de que debieron revelar la decisión, ahora parece que no hay un acto conclusivo, ni se sabe a ciencia cierta los resultados que arrojaron las investigaciones de Fuerte Mara, tanto de lo recabado por la Fiscalía Militar y posteriormente la civil, e incluso cuando el MP de la región abrió otra investigación sobre las causas de la muerte de Ángel Ciro Pedreáñez, que tampoco están aclaradas” (El Nacional, 10.08.04, pág. B/11).
Indicó que "el OVDH tiene en su poder la autopsia que se le practicó al soldado en la Facultad de Medicina de LUZ que [...] revelan cosas que deben seguirse investigando [Sin embargo] se han generado una cantidad de movimientos de última hora que dejan mucho que desear” (El Nacional, Ídem.).
Govea enfatizó que no sólo el caso de Fuerte Mara permanece engavetado sino también el de la muerte de Zambrano y señala que, a pesar de que existe un conocimiento de los responsables, no se ha avanzado en el develamiento de los hechos.
Sobre este caso, el vocero de la OVDH comenta que han sido investigados 50 soldados, de los cuales se identificaron con un grado de responsabilidad mayor un grupo de 8 "que ya han sido reconocidos por los familiares de Zambrano. Están los nombres, existen pruebas y fueron reconocidos por la concubina, su hermano y la madre de la víctima, pero tanto los jueces militares como el fiscal militar y la defensa pública militar que conoció con nosotros el proceso, fueron execrados no sólo de la justicia militar sino también de la Fuerza Armada Nacional (FAN): Destituyeron al juez militar Alberto Santa Cruz, mayor de la aviación [...]; El fiscal militar Alberto Dos Santos, que estuvo en la rueda de reconocimiento y fue de gran ayuda para la investigación de la muerte de Juan Carlos Zambrano, también fue separado de su cargo y actualmente se encuentra suspendido" (El Nacional, Ídem.).
También denunció que se están extraviando evidencias y que se han dejado de buscar pruebas "a pesar de que existen responsabilidades muy específicas, por ejemplo de las reglamentaciones militares que no se quieren asumir. Nos hemos percatado, por ejemplo, que las muestras de piel que se enviaron al IVIC nunca llegaron, mientras los técnicos de toxicología forense del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) se negaron a investigar presuntamente por falta de equipos y porque no tienen con que revisar las muestras" (El Nacional, ïdem.).

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DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
Fallo de la Sala Constitucional fortalece responsabilidad del Estado ante violación del derecho a la vida y a la integridad personal

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) el pasado 06.08.04, condenó al Estado venezolano a cancelar a la familia del abogado Ramón CARMONA una indemnización por los daños morales y perjuicios ocasionados por funcionarios de la Policía Técnica Judicial, hoy Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), que hace 26 años lo asesinaron.
La decisión fue adoptada con los votos de los magistrados Antonio García (ponente), Iván Rincón, José Delgado Ocando, Jesús Eduardo Cabrera y Pedro Rondón Haaz. La misma es una respuesta a la solicitud del 09.10.03, de revisión del fallo de la Sala Político Administrativa dictado el 15.05.01 en el cual esa instancia rechazó hacer los cálculos de la compensación tal y como se lo había ordenado la Sala Constitucional en una sentencia previa.
En el fallo, la Sala Constitucional, además de volverle a exigir a la Sala Político Administrativa que haga los cálculos de la reparación que deberá recibir Gladys Saad, viuda de Carmona, descartó el conflicto de competencias que había planteado esta última.
La Sala Constitucional rechazó la interpretación que la Político Administrativa hizo del principio de responsabilidad del Estado y de la obligación que éste tiene de resarcir los daños infringidos a los ciudadanos (artículo 30), por cuanto dio "mayor relevancia al carácter subjetivo de la conducta de los agentes involucrados y a la integridad del erario público por sobre el carácter objetivo que la Constitución confiere a la responsabilidad del Estado" (El Universal, 10.08.04, pág. 1/7).
Para conocer esta sentencia, cuya relevancia para la garantía del derecho a la vida y a la integridad personal es importante destacar, puede dirigirse a la dirección-e: http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Agosto/1469-060804-03-2808.htm.
  
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DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
Violencia política empañó parcialmente proceso democrático del 15A

Pese a la evaluación positiva ampliamente generalizada que tuvieron las jornadas comiciales efectuadas entre el 15 y el 16.08.04, la intolerancia y la violencia política cobraron sus víctimas en hechos aislados que sucedieron luego del anuncio realizado por el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre el resultado de los comicios.
En el transcurso de la tarde del 16.08.04, Antonio Ledezma, presidente del partido de oposición Alianza Bravo Pueblo (ABP); Rafael Alfonzo, presidente de la Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos (CAVIDEA); Ernesto Alvarenga , diputado del partido de oposición Solidaridad y Andrés Velásquez, diputado del partido opositor La Causa R, llamaron a los venezolanos a realizar movilizaciones contra los resultados emitidos por el ente comicial. Oscar Pérez, vocero de la Coordinadora Democrática (CD), convocó específicamente a una concentración en la avenida Francisco de Miranda de Caracas, a partir de las 2:00 PM de manera "pacífica, con cordura, con paciencia, pero con energía" (Globovisión, 16.08.04, http://www.globovision.com/nacionales/2004.08/16/oposicion/index.php). En respuesta a este llamado se concentró un grupo de ciudadanos en esa arteria vial interrumpiendo el tránsito a la altura de la Plaza Altamira, Municipio Chacao del Edo. Miranda.  
El grupo encontró rechazo de un grupo de motorizados y vehículos privados que se conducían en una caravana proveniente del este de la avenida y ataviados con vestiduras que los identificaban como simpatizantes del gobierno. El choque derivó en violencia cuando ambos sectores se lanzaron objetos contundentes recogidos y 4 sujetos del grupo que se desplazaba por esa vía accionaron armas de fuego de distinto calibre, por .
La ráfaga de disparos provocó la muerte de Maritza RON, quien recibió uno que le atravesó el brazo izquierdo y se le alojó en el intercostal del mismo lado (El Universal, 17.08.04, pág. 1/5). Igualmente fueron heridas otras 9 personas entre las que se contó al diputado ALVARENGA, quien recibió un disparo en el pectoral izquierdo. Los lesionados, incluyendo al parlamentario, se encuentran fuera de peligro (Así es la Noticia, 17.08.04, pág. 19).
En la madrugada del 18.08.04, la Dirección General de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP) y la Policía de Sucre (POLISUCRE) (Últimas Noticias, 19.08.04, pág. 14) detuvieron en el Municipio Sucre a los ciudadanos Yohon Carlos Jiménez Esala, Henry José Parra Linero y Pedro Poche, quienes fueron presentados por el Ministerio Público (MP) por su presunta participación en estos sucesos (Globovisión, 18.08.04, http://www.globovision.com/nacionales/2004.08/18/fiscalia/index.php). Isaías Rodríguez, Fiscal General de la República, señaló que los fiscales 19° y 68° del área metropolitana de Caracas, Yoneiba Parra y Alejandro Castillo, respectivamente, estarán a cargo del caso. Informó Rodríguez que a uno de los aprehendidos le fue incautado un revólver calibre 38 con 5 proyectiles. Adicionalmente, fueron practicados allanamientos en los domicilios de ambos ciudadanos, lugares en los que fueron recabados elementos de interés criminalístico. Los fiscales 19° y 68° ordenaron la realización de las pruebas de Análisis de Trazas de Disparo (ATD) con el objeto de determinar si los aprehendidos accionaron armas de fuego. Una vez recabados todos los elementos de interés criminalístico, el Ministerio Público hará la correspondiente calificación jurídica.
Luego de los sucesos de la Plaza Altamira, se registró una agresión física y verbal contra César QUINTERO quien, según denunció la organización Afroamérica, (Afroamérica, 17.08.04, denuncia remitida a Provea y otros por vía electrónica) estaba en una camioneta por puesto que cruzaba la avenida Francisco de Miranda, de la cual debió bajarse debido a la interrupción de tránsito provocada por la concentración opositora. "Una señora que venía con él en el autobús empezó a gritar y acusarlo de chavista, lo cual provocó que los manifestantes [...] lo agredieran" (Radio Nacional de Venezuela, 19,08.04, http://www.rnv.gov.ve/noticias/?act=ST&f=2&t=7886). Quintero fue rescatado por los cuerpos policiales, quienes lo detuvieron brevemente hasta que se aclaró el problema.
El 17.08.04 se reportó otra muerte y un lesionado provocado por la intolerancia política. Se trata de Juan Carlos PÁEZ y Ángel SUÁREZ, respectivamente, quienes recibieron impactos de bala en la cabeza cuando varios sujetos dispararon contra el vehículo en el que transitaban junto con varios amigos, tocando corneta y gritando consignas a favor del oficialismo en el Callejón Caracas de Carapita, en Antímano, Distrito Capital. Explicó el comisario Antonio Li Morales, jefe de la Subdelegación Caricuao del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) que "todo parece indicar que varios sujetos que estaban en un jeep rojo delante del [vehículo de las víctimas], al escuchar la celebración se bajaron y sin mediar palabra dispararon contra ellos" Últimas Noticias, 18.08.04, pág. 22).
Provea repudia los hechos de violencia ocurridos, exige a las autoridades estatales realizar de manera seria y célere las investigaciones de estos sucesos para establecer las responsabilidades del caso y expresa su solidaridad con las familias de todas las víctimas de estos sucesos.
Provea insiste en señalar que es urgente el diseño y aplicación de un plan de desarme de la población civil para reducir los riesgos de muertes en situaciones de este tipo.
Además, resulta necesario hacer una vez más, el llamado a las partes enfrentadas, para que administren democrática e institucionalmente el actual conflicto político.
 

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DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
Propuestas y exigencias a poderes públicos sobre el derecho a la seguridad ciudadana

- Impulsar una reforma al Estado que reduzca el número de instituciones responsables de atender el problema de la criminalidad, sustituyendo la fragmentación por la integración.
- Dar prioridad a la inversión en proyectos socioeconómicos y culturales consistentes, tendientes a garantizar la educación, profesionalización y valorización de los jóvenes de las periferias.
Impulsar una reforma policial contemplando las siguientes líneas de acción:
1) Valoración salarial y clasificación, formación y capacitación del personal;
2) Reingeniería institucional y gerencial de los cuerpos policiales;
3) Valoración del trabajo de investigación social;
4) Gestión de la información y el conocimiento;
5) Control externo: sociedad civil, derechos humanos;
6) Integración;
7) Establecimiento de un programa de protección de testigos.
- Mejorar el conocimiento y la información en el área (fomento de investigaciones, invertir en la cualificación del tratamiento y manejo de la información, etc.)
- Desarrollar una mayor coordinación y articulación entre los componentes de la justicia.
- Profundizar entre la sociedad civil el debate sobre el modelo de policía orientado comunitariamente, establecer canales de representación entre las instituciones democráticas y el sistema de seguridad pública.
- Tratar los problemas de seguridad localmente,por medio de la creación de Consejos Comunitarios, Locales y Regionales de Seguridad Ciudadana.
- Establecer mecanismos de evaluación en la ejecución de políticas públicas de seguridad.
- Garantizar una política de transparencia en la información de seguridad ciudadana.
- Garantizar el control de las armas de fuego (Provea, 13.08.04, http://www.derechos.org.ve/publicaciones/infanual/2002_03/24exigencias.pdf).
 
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NOVEDADES DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN TODOS LOS DERECHOS PARA TODOS
"Tras la pista de mis derechos: Manual para planes vacacionales y actividades curriculares en derechos humanos"

Autor: Red de Apoyo por la Justicia y la Paz
Año: 2000
Sinopsis:
"Un valioso aporte a los educadores que intentan vivificar la propuesta curricular que brindan a sus alumnos y alumnas, incorporando efectivamente y de manera dinámica y participativa la educación en derechos humanos en la vida de la escuela. En la perspectiva de las escuelas integrales, en las cuales los niños y niñas comparten más tiempo, las actividades de este manual ofrecen al docente estrategias que pueden complementar satisfactoriamente su trabajo en el aula.
Esta propuesta educativa reflejada en el manual se adapta a las necesidades tanto de educadores formales como educadores populares, preocupados por formar vivencialmente a sus alumnos y alumnas en el conocimiento y práctica de los derechos humanos"(centrodocumentacion@derechos.org.ve).

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NOVEDADES DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN TODOS LOS DERECHOS PARA TODOS
"Derecho internacional de los derechos humanos: Normativa, jurisprudencia y doctrina de los sistemas universal e interamericano"

Autor: Daniel O’Donnell
Año: 2004
Sinopsis:
"Esta obra, que es una nueva edición actualizada del libro Protección Internacional de los Derechos Humanos publicado en 1989, presenta en dieciséis capítulos un análisis de las normas, las jurisprudencia y la doctrina de los sistemas de protección internacional de las Naciones Unidas y del sistema interamericano correspondientes a algunos derechos civiles y políticos.
El análisis se hace compaginando las normas de los derechos con las principales decisiones, observaciones, recomendaciones e informes proferidas por los organismos de los sistemas universal e interamericano de derechos humanos.
Defensores de derechos humanos, operadores de justicia, funcionarios públicos, miembros de organizaciones no gubernamentales, abogados, periodistas, estudiantes y la comunidad en general se beneficiarán de esta publicación" (centrodocumentacion@derechos.org.ve).

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NOVEDADES DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN TODOS LOS DERECHOS PARA TODOS
"Salud y libre comercio. Un contrasentido"

Autor: Miguel Ernesto Cortés; Plataforma Colombiana de Derechos Humanos Democracia y Desarrollo
Año: 2004
Sinopsis:
"Actualmente, las agendas de libre comercio entre países incluyen el tema de la salud por medio de los bienes y servicios relacionados con ella, como temas de negociación en los tratados de comercio. Sin embrago, una sociedad que se precie de ser sana no puede someter a negociaciones de ninguna índole el derecho legítimo a la salud de sus integrantes" (centrodocumentacion@derechos.org.ve). 

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NOVEDADES DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN TODOS LOS DERECHOS PARA TODOS
"La educación en el ALCA: ¿Al servicio de quién?"

Autor: Alberto Yepes; Plataforma Colombiana de Derechos Humanos Democracia y Desarrollo
Año: 2004
Sinopsis:
"Desde los pasados años 90 se ha producido en América Latina y El Caribe una progresiva mercantilización de los servicios públicos, particularmente, el de la educación, como consecuencia de la dinámica de liberalización en el continente. El resultado de esa mercantilización es el deterioro de la concepción y la práctica de la educación como un verdadero derecho humano. El Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) es la culminación de este proceso. Apunta a regular con lógica del mercado la provisión y el acceso a la educación y los demás servicios y bienes básicos que por su naturaleza se han considerado como derechos inalienables y universales de todos los seres humanos" (centrodocumentacion@derechos.org.ve).

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El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) es una organización no gubernamental especializada en la defensa y promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC), que tiene como fin la plena realización de los derechos humanos y el respeto al Estado de Derecho, en el marco de una sociedad democrática y participativa. Toda acción que Provea lleva a cabo busca beneficiar a las víctimas o potenciales víctimas a las que el Estado no les garantiza o les viola sus derechos humanos, propiciando su protagonismo y la concientización de sus derechos.
 

 
Tienda Honda a Puente Trinidad, edificio Centro Plaza Las Mercedes, local 6, planta baja, Parroquia Altagracia
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