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Cinco años leyendo la realidad venezolana desde los
derechos humanos |
Servicio
informativo No. 143
Del 20 de agosto al 02 de septiembre de 2004 |
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1988/2003:
Provea, 15 años por
los derechos sociales y contra la impunidad
EFEMÉRIDES DE DERECHOS HUMANOS EN SEPTIEMBRE
CONTEXTO
*
Margarita y el diálogo: Por ahora “el viento
lleva esencia sutil de azahar”
DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
*
Más denuncias sobre gravedad de la situación de la salud
de comunidades indígenas
* Estado venezolano presenta plan de lucha
contra la desertificación y la mitigación de la sequía
* OEA acuerda políticas a favor de los derechos culturales como
instrumentos de inclusión y cohesión social
* Derecho a la alimentación cuenta con un ministerio
* Indicadores del sector agrícola para el derecho a la
alimentación
* Indicadores del derecho a la alimentación
* Provea recuerda
exhortaciones de organizaciones de derechos humanos ante desalojo en liceo de campo petrolero
* Misión Barrio Adentro recibe aval de la OPS mientras crece
participación de profesionales venezolanos
* Ministerio y Misión a favor del derecho a la
vivienda
* Estado
venezolano intenta ponerse al día con producción de vivienda
* Expropiación de tierras ociosas en sectores urbanos
debe ajustarse a derecho
* Provea alerta sobre componente militar en llamado presidencial para profundizar la
democratización del derecho a la tierra
* CTV convoca a comicios: ¿Qué ocurrirá con el
derecho a la libertad sindical?
* Indicadores de los derechos laborales para el mes de julio
* Juramentados nuevos jueces con competencia en la nueva
jurisdicción laboral
* Propuestas y exigencias a poderes públicos sobre el derecho
a la vivienda
DERECHOS CIVILES Y
POLÍTICOS
*
Situación actual de las investigaciones sobre
los asesinatos de defensores de derechos humanos
*
Últimas actuaciones en caso de "Grupo
Exterminio"
* Comisión policial que investiga
violencia política está limitada de recursos
*
Venezuela calificada como
"moderadamente
incluyente" en materia de derechos de personas con discapacidad
*
ACNUR valoró positivamente Misión Identidad
* SJR acompaña inserción de familias
colombianas en Alto Apure
* Propuestas y
exigencias a poderes públicos sobre el
derecho a la justicia
ARTÍCULOS
*
Son Derechos: “¿Para
qué un Plan Nacional de Derechos Humanos?”
* Martin Khor: "Basta
de acuerdos bilaterales de comercio"
NOVEDADES DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN TODOS LOS DERECHOS
PARA TODOS
*
"El
ALCA y los derechos de las mujeres: Un horizonte de
negaciones"
* "El
movimiento indígena y los riesgos del ALCA: Una reflexión
desde la historia"
* "Mecanismos
de protección del sistema interamericano de derechos humanos
y del sistema de derechos humanos de naciones unidas en
relación a los pueblos indígenas"
* "Para
exigir nuestros derechos: manual de exigibilidad en DESC"
* "Herramientas
para la capacitación: Mujeres y derechos económicos,
sociales y culturales"
DOCUMENTOS
*
El Observatorio Global de Medios de Venezuela alerta ante
nuevas manipulaciones mediáticas
* Grupo Social Cesap: Ante los resultados del Referéndum
Revocatorio Venezuela necesita recuperar la convivencia
democrática
* "Resolución
869 de la OEA reconociendo los resultados del Referendo
Revocatorio Presidencial:
Resultados del Referéndum Revocatorio Presidencial celebrado
en Venezuela el 15 de agosto de 2004"
* Alianza
Internacional de Habitantes: Declaración de Quito: Vivienda
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EFEMÉRIDES DE DERECHOS HUMANOS
EN SEPTIEMBRE |
08 Día Internacional de la Alfabetización
09 Día de la Agricultura
11 Aniversario de la Red de Apoyo por la Justicia y la
Paz
14 Día Contra la Exclusión Social
16 Día Internacional de Protección de la Capa de
Ozono
18 Día Mundial de las Playas
21 Día Internacional de la Paz (3er. martes)
28 Día por la Despenalización del Aborto en América
Latina y El Caribe
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CONTEXTO
Margarita y
el diálogo: Por ahora “el viento lleva esencia sutil de
azahar” |
Si el
modo en que se ha venido llevando la lucha hegemónica
venezolana (cargado de violencia física y simbólica) llegara a
cambiar sustancialmente, el discurso de la historiadora
venezolana Margarita López Maya, pronunciado el 27.08.04, con
motivo del reconocimiento del Poder Legislativo Nacional a la
ratificación del Presidente en el referéndum ocurrido 12 días
antes, se convertiría, muy probablemente, en el principal
símbolo del momento de inflexión.
En su discurso, que contiene diagnósticos y retos para el
Estado y la sociedad venezolana (y puede leerse en extenso en:
http://www.analitica.com/bitblioteca/lopez_maya/exposicion.asp),
reivindica aspectos relevantes del proceso político venezolano
y de la actual gestión presidencial, al tiempo que les
formula, también, importantes cuestionamientos tanto al
gobierno como a la oposición.
Por razones externas, unas, e inherentes a su propia
conformación, otras, el gobierno y las fuerzas que lo apoyan,
han sido poco tolerantes con la crítica de sus opositores, la
de sus propios aliados y la de sectores autónomos, siendo esto
un coadyuvante más de la polarización. Por eso, constituye un
hecho relevante que el oficialismo escogiera para pronunciar
el discurso en la Asamblea Nacional, transmitido en cadena de
radio y TV, en un día de celebración, a una persona que, por
ser una intelectual honesta y crítica, era previsible que, al
tiempo que reivindicara aspectos relevantes del proceso y el
gobierno, formularía también importantes críticas. Así ocurrió
y las mismas no sólo no fueron contrariadas por el Presidente
Chávez en su discurso posterior, sino que fueron celebradas y
reivindicadas. Por su parte, distintos analistas de oposición,
en días posteriores, aunque con sus matices y diferencias,
reivindicaron el discurso de Margarita. Se sintieron recogidos
en el hecho de haberle hablado claro y directo al Presidente
de la República, aun cuando el discurso es tanto o más duro en
su crítica hacia la oposición.
Es muy pronto para saber si estas reacciones, que implican
tolerancia y autocrítica, apuntan a un cambio duradero en la
actitud colectiva frente al adversario o tan sólo son un gesto
coyuntural. Por lo pronto, desde Provea, en consistencia con
lo que venimos planteando sobre el conflicto político desde el
año 2001, celebramos que en el ambiente político el diálogo
sea un tema. Aún con las diferencias existentes sobre cómo
asumirlo, no cabe duda de que su necesidad está presente en la
agenda pública del momento actual. Eso nos permite decir con
el poeta Rubén Darío, que le escribió a otra Margarita que,
por ahora, “el viento lleva esencia sutil de azahar”. Que así
se mantenga, depende no sólo de los actores políticos, ni de
las élites de todo tipo, sino también de todas las ciudadanas
y ciudadanos, independientemente de sus afectos o aversiones
políticas. En ese sentido, saludamos y hacemos nuestras las
siguientes palabras del discurso de Margarita, quien es
investigadora invitada del Informe Anual de Provea y cuenta
con nuestro aprecio y respeto: “Las Furias, diosas que desatan
las pasiones y violencias políticas son difíciles de aplacar
una vez que se despiertan. Piden más y más sangre. Pero, así
como los atenienses, de la mano de Atenea, la diosa de la
sabiduría, fueron persuadiéndolas a calmarse, ofreciéndoles un
altar en la polis, un reconocimiento a sus status y sus
poderes, aquí en Venezuela los ciudadanos y ciudadanas debemos
comenzar a buscar que las aguas regresen a sus cauces y que se
aplaquen las furias sedientas de sangre. Atenea y sus aqueos
las persuadieron con la palabra, con el diálogo, con el
reconocimiento. Así nosotros también debemos asumir el
reconocimiento del otro, del que no nos gusta, y con ello
enfrentar los importantes desafíos que tenemos por delante
para aquietar nuestras furias, y alcanzar con esfuerzo una
convivencia en paz, dentro de las diferencias y diversidades
que ahora después de tanta confrontación vemos con más
claridad, y orientar nuestras relaciones por claros
procedimientos democráticos” (Provea, 02.09.04).
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DERECHOS
ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Más denuncias sobre gravedad de la situación de la salud
de comunidades indígenas |
Li Min Wu, Director del Distrito Sanitario de Río Negro, Edo.
Amazonas, denunció que desde el año 2003
“los yanomami, originalmente del Alto Orinoco, están siendo
desplazados de su zona de origen por los garimpeiros,
convertidos en jefes de la zona al pagar por comisión a los
efectivos militares venezolanos responsables de combatirlos
1.600.000 bolívares mensuales para
poder ejercer la explotación minera condenada en nuestro
país" (Aporrea, 30.08.04,
http://www.aporrea.org/dameverbo.php?docid=50019).
Min Wu agregó que "en el municipio Río Negro existen aproximadamente más
de 500 garimpeiros. Estos se encuentran en la zona del cerro Aracamuni, ubicado a un día en “voladora” (motor 40HP) por
el río Siapa y luego 3 días caminando" (Aporrea, Ídem.). También
denunció "que algunos funcionarios de salud del Edo. Amazonas
están dedicados al tráfico de oro y gasolina (en invierno
200 litros de gasolina valen 32 mil bolívares y en verano
llegan a costar hasta 3 millones de bolívares) y que hay
niñas indígenas dedicadas a la prostitución” (Ídem.).
Estas denuncias fueron formuladas por Min Wu ante el Consejo Nacional
de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes
(CNDNA), el Ministerio Público, la
Defensoría del Pueblo y la Presidencia de la República.
Recuerda el médico Min Wu que en el año 2003 "expuso ante
las autoridades de salud en el Edo. Amazonas un plan predictivo, preventivo y correctivo para enfrentar los
problemas de salud del municipio. Sin embargo, "los recursos
para implementar este plan preventivo llegaron tarde y en lugar de tomar los
correctivos lo sacaron del cargo y en agosto del año 2003
murieron de paludismo 15 indígenas adultos y 2 niños de la
comunidad Yanomami de La Coromoto ubicada en el rio
Casiquiare.
Explica el doctor Li Min Wu que si se hubiesen tomado las
medidas propuestas estas muertes se hubieran evitado"
(Ídem.).
El galeno también manifiesta su preocupación por la situación
de peligro de extinción que afecta a los integrantes de la
etnia Baré que habitan el municipio Río Negro. Destacó que de
este pueblo sólo quedan dos hablantes de la lengua autóctona y
"en
el país no existe ninguna campaña que denuncie esta
extinción" (Ídem.).
Conviene recordar que, debido a la
situación de gravedad que afecta la salud de las comunidades
Yanomami ubicadas en el municipio Alto Orinoco, Edo. Amazonas,
que cobró la vida de 4 personas en ese entonces, el
pasado 04.08.04 Provea dirigió una carta al ministro Capella, en la que
le solicitó la urgente adopción de las medidas necesarias en
razón de la situación de emergencia descrita.
En la misiva, Provea
igualmente
exigió al titular de
salud que solventara el incumplimiento de los compromisos
adquiridos en el marco del acuerdo amistoso alcanzado entre
el Estado venezolano y las organizaciones de derechos humanos
que representaron a esta comunidad indígena en la querella
elevada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
(ver edición N° 141 de este boletín-e en:
http://www.derechos.org.ve/actualidad/coyuntura/2004/coyuntura_141.htm#02).
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DERECHOS
ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Estado venezolano presenta plan
de lucha
contra la desertificación y la mitigación de la sequía
|
Roberto Hidalgo, coordinador del Programa de Acción Nacional
de Lucha Contra la Desertificación y la Mitigación de la
Sequía de Venezuela (PAN) entregó, el pasado 26.08.04, a la
Organización de las Naciones Unidas (ONU) el plan de Acción
Nacional de Lucha Contra la Desertificación y la Mitigación de
la Sequía de Venezuela.
Con la
entrega de este programa, Hidalgo aseguró que "se está cumpliendo con el compromiso de elaborar el
Programa de Acción Nacional adquirido en 1.998, cuando
Venezuela se adhirió a la Convención de la Lucha Contra la
Desertificación y Mitigación de la Sequía" (Agencia Venpres,
25.08.04,
http://www.venpres.gov.ve/infgen/infgen1.htm#entrega).
Mediante este programa, señaló el funcionario, "Venezuela ejecutará formalmente los
principios de la Convención de la ONU, que no son otros que
el combate contra la degradación de las tierras, mejorar las
condiciones de vida en los ambientes áridos, semiáridos, semihúmedos
y secos" (Agencia Venpres, Ídem.).
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DERECHOS
ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
OEA acuerda políticas a favor de los derechos culturales
como
instrumentos de inclusión y cohesión social |
Delegados de 31 Estados miembros de la Organización de
Estados Americanos (OEA) se reunieron en México para
participar en la Segunda Reunión Interamericana de Ministros y
Máximas Autoridades de Cultura, realizada entre el 23 y
24.08.04, con el fin de analizar los retos que enfrentan las
industrias culturales y creativas de la región, así como el
tema de la cultura como instrumento de inclusión y cohesión
social.
Además de autoridades estatales, al evento asistieron
representantes de la sociedad civil, que fueron elegidos
democráticamente entre los 30 asistentes al taller de consulta
que se llevó a cabo en Santiago de Chile entre el 26 y
27.07.04 (Organización de Estados americanos, , 30.08.04,
http://www.oas.org/OASpage/press_releases/press_release.asp?sCodigo=C-131/04).
Durante sus discusiones, los delegados
analizaron 3 temas fundamentales: la cultura como
generadora de crecimiento económico, empleo y desarrollo;
retos a los que se enfrentan las industrias culturales y
creativas; y, la cultura como instrumento de inclusión y
cohesión social y combate a la pobreza.
En la reunión, los participantes decidieron llevar adelante la
primera fase del Observatorio Interamericano de Políticas
Culturales (OIPC), que tendrá el propósito de examinar el
impacto de la cultura en la vida social y económica y vincular
electrónicamente a los distintos actores, investigadores y
decisores involucrados en el tema. Otro de sus
cometidos será proveer de información a los países implicados en negociaciones
comerciales para que adopten las medidas de modo coordinado y
fortalezcan vínculos entre investigación, políticas y prácticas
culturales.
El OIPC,
cuya creación se acordó en 2002 en la Primera Reunión
Interamericana celebrada en Colombia, será un centro virtual
mediante el cual las autoridades culturales intercambiarán
experiencias, recopilarán información especializada y
desarrollarán indicadores. (Agencia de Noticias Inter Press
Service, 26.08.04,
http://www.ipsnoticias.net/interna.asp?idnews=31160)
Por su parte, Enrique Iglesias, Presidente del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), presentó a los
participantes una propuesta para establecer la Fundación
Interamericana para la Cultura y el Desarrollo (FICD). Iglesias
señaló que "aspira a dar apoyo
técnico en el desarrollo de políticas culturales y financiar
proyectos de restauración de monumentos, patrimonio
histórico, formación de artesanos y fomento a museos y
escuelas de música" (Agencia de Noticias Inter Press Service,
Ídem.).
En la Declaración de México, adoptada al concluirse esta
Segunda Reunión, se reconoció la necesidad de avanzar en el
reconocimiento del valor de la cultura y la diversidad
cultural en el desarrollo sostenible de la región.
Igualmente se aprobaron una serie de acciones
concretas, entre ellas, el desarrollo de indicadores
culturales para medir la contribución de la cultura al
desarrollo económico y social (Organización de los Estados Americanos, 26.08.04,http://www.oas.org/main/main.asp?sLang
=S&sLink=http://www.oas.org/OASpage/esp/ultimasnoticias/ultimasnoticias.asp).
En el documento, los delegados se
comprometieron ”a considerar mecanismos de apoyo para la
generación de empleo en el sector cultural a través de
proyectos piloto y a emprender acciones para la formación de
públicos a través del estímulo a la producción artística”.
Además, prometieron ”intensificar la cooperación
interamericana en la identificación, documentación,
conservación y apreciación de los recursos culturales
muebles e inmuebles vulnerables al pillaje, al tráfico
ilícito y a la posesión ilegal”.
También encomendaron a ”la Comisión Interamericana de
Cultura (CIC) establecer lineamientos para la creación y la
integración de una lista de sitios significativos del
patrimonio cultural en las Américas, que facilite los
esfuerzos locales y regionales para el reconocimiento,
conservación y protección de los mismos” (Agencia de Noticias
Inter Press Service, Ídem.). En este Plan de Acción, los
ministros solicitaron a la Comisión Interamericana de Cultura
(CIC) y a su Secretaría Técnica el seguimiento de esta
iniciativa para determinar posibles áreas de cooperación.
Sofía Leticia Morales, directora de la Unidad de Desarrollo
Social, Educación y Cultura de la Organización de Estados
Americanos (OEA), convocante del encuentro, aseguró que las
decisiones adoptadas en la reunión ministerial serán
implementadas por la Comisión Interamericana de Cultura (CIC)
y enriquecerán el diálogo en la Cuarta Cumbre de las Américas,
que se realizará en Argentina en noviembre de 2005. Expresó su
esperanza de que, a largo plazo, se reconozcan los derechos
culturales en todos los países de las Américas y se valore a
la cultura como factor clave para hacer relevantes las
políticas compensatorias, así como la necesidad de tomar en
cuenta en las negociaciones comerciales la protección de los
contenidos y expresiones artísticas que reafirman la
diversidad cultural.
Para lograr estos objetivos, Morales plantea que “uno de los
mayores desafíos es desarrollar indicadores que puedan hacer
evidente el impacto de la cultura en la economía y en este
esfuerzo estamos comprometidos todos”, (Organización de
Estados americanos, 30.08.04, Ídem.)
Puede consultar el Proyecto de Declaración de México en la
siguiente dirección-e:
http://www.oas.org/udse/espanol/documentos/ultimadeclaracion.doc
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DERECHOS
ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Derecho a la alimentación cuenta con un ministerio |
En la edición N° 202 de su programa “Aló Presidente”
transmitido el pasado 29.08.04, el Jefe de Estado, Hugo
Chávez, anunció la creación del Ministerio de la Alimentación
(MA), que será dirigido por el Gral. Rafael Oropeza, quien
actualmente se desempeña como máxima autoridad de la
Corporación Venezolana Agraria (CVA) (Agencia Venpres,
30.08.04,
http://www.venpres.gov.ve/naci/nac1.htm#anuncia).
El jefe de Estado informó que con la creación del Ministerio
de Alimentación, se "garantizará alimentos baratos y de
calidad para la población" (Cadena Global, 30.08.04,
http://www.cadenaglobal.com/Default.asp?pgm=Detail&Not=74724&Sec=5).
El nuevo despacho se encargará de coordinar la política
agroalimentaria del gobierno y "articulará todos los sectores
[vinculados a la materia] para asegurar los
alimentos a la población, tales como los Centros de
Abastecimiento Solidario (CASA), la CVA, las bodegas
Bolivarianas y Mercal" (Agencia Venpres, Ídem.).
Según la misma fuente, entre enero
y mayo de este año Mercal vendió más de 880 toneladas diarias
(t/d), beneficiando a 2,2 millones de personas, mientras que para agosto colocó más de 3.500 t/d.
Estos logros del programa Mercal a favor del derecho a la
alimentación se complementan, según el Primer Mandatario
Nacional, con las 1.056 casas de alimentación establecidas en
el ámbito nacional, para ofrecer alimentos preparados de
manera gratuita a los habitantes en situación de pobreza
crítica. Añadió que, sin embargo, "la meta para este año es
llegar a 435.000 personas que reciban su dieta diaria sin
costo alguno" (Agencia Venpres, Ídem.).
Arnoldo Márquez titular del Ministerio de Agricultura y Tierras
(MAT) informó que en un mes estará listo el despacho de
Alimentación y que su ministerio y el de Planificación "ya trabajan
en la formación de la estructura de la nueva cartera"
(El Universal, 30.08.04,
http://www.eluniversal.com/2004/08/31/eco_art_31142C.shtmly).
Márquez expresó que "desde hace algún tiempo se estaba trabajando en
la formación de este ministerio cuando se reforzaron entes
como Proal y CASA y se creó Mercal. El objetivo es dar
garantías a la sociedad para que tenga acceso a los
alimentos. Se requería de una estructura para atender las
necesidades y ya la tenemos" (El Universal, Ídem.).
Para el funcionario, con el nuevo despacho se revisará el
consumo de la población "a fin de poder cubrir los
requerimientos"(El Universal, Ídem.).
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DERECHOS ECONÓMICOS,
SOCIALES Y CULTURALES
Indicadores del sector agrícola para el derecho a la
alimentación |
Héctor Garzón, viceministro de Circuitos Agroproductivos y
Agroalimentarios del Ministerio de Agricultura y Tierras
(MAT), aseguró que según el Banco Central de Venezuela
(BCV), el sector agrícola ha experimentado un
crecimiento del 8% en lo que va de año, con respecto al año
2003.
Recalcó que “el Programa Especial de Siembra (P2) ha sido el
principal promotor de este incremento, ya que a través de su
ejecución se escogieron 9 rubros agrícolas para fortalecer y
aumentar la producción y disminuir las importaciones [...]
Este Programa se inició con la siembra de más de 200.000
ht. de maíz amarillo con una inversión de 350.000 millones de bolívares
[...] Se espera una
producción de aproximadamente 500.000 toneladas de este rubro, cifra sin
precedente en la historia de la agricultura y lo que
significa disminuir en un 60% las importaciones en
este sector [...] Tenemos además cifras cercanas al 30 por
ciento de crecimiento de rubros como Papa, café y maíz blanco
con suficiente producción para suplir la demanda nacional
[...] En materia de hortalizas hemos experimentado un
crecimiento del 25 por ciento en la producción”
(Ministerio de Comunicación e Información, 25.08.04,
http://www.minci.gov.ve/noticia.asp?numn=2553).
El jefe de Estado, Hugo Chávez Frías, también se pronunció
sobre esta materia y resaltó que las hectáreas financiadas se
han incrementado en 254% en lo que va del año 2004, en
comparación con el primer semestre del año 2003, para alcanzar
las casi 460 mil hectáreas: “El maíz amarillo subió 314%.
Igualmente, la cartera agrícola se incrementó en el transcurso
de este año en el marco de la Constitución y la Ley de
Financiamiento Agrícola” (Radio Nacional de Venezuela,
30.08.04,
http://www.rnv.gov.ve/noticias/?act=ST&f=2&t=8117).
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DERECHOS
ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Indicadores del derecho a la alimentación |
En su más reciente medición, el Banco Central de Venezuela
registró una leve tendencia a la disminución en el Índice de
Precios al Consumidor (IPC) del Área Metropolitana de Caracas
correspondiente al mes de agosto, que alcanzó una variación de
1,3%, un 0,1% inferior a la observada en julio (1,4%).
Con este resultado, la variación acumulada del IPC para los 8
primeros meses del 2004 se ubicó en 14,1%, un 4,8% inferior a
la registrada en igual período del año 2003 (18,9%). Por otro
lado, también se reporta un ligero descenso en la tasa de
variación intermensual de 0,9% a 0,7%, resultado de una menor
variación de los rubros controlados, toda vez que los bienes y
servicios no controlados mantuvieron, en promedio, tasas de
variación similares a las del mes previo (1,9%). El
comportamiento desacelerado que se observó en los productos
controlados obedeció a una menor variación de los servicios
(de 1,1% a 0,6%); aún cuando los bienes reportaron una
variación superior a la del mes previo, al pasar de 0,5% a
0,9%.
Por otra parte, la tasa de variación intermensual del IPC
global de este período, se asocia con las desaceleraciones
registradas en 3 de las 13 agrupaciones que integran el
indicador: Equipamiento del hogar, de 4,3% a 0,4%; Servicios
de la vivienda, de 2,9% a 0,3%; Servicios de educación, de
1,4% a 0,0%.
El crecimiento anualizado del IPC en el período Agosto 2004 /
Agosto 2003 se ubicó en 21,9%, notablemente menor al 30,4%
reportado en igual lapso 2003/2002 (Banco Central de
Venezuela, 01.09.04,
http://200.74.218.51//c4/notasprensa.asp?Codigo=3572&Operacion=2&Sec=False).
El Instituto Nacional de Estadística (INE) también publicó sus
estadísticas de indicadores sociales. En su informe, el costo
de la Canasta Alimentaria Normativa (CAN) se ubicó en 326.904
bolívares para el mes de julio, lo que representa un
incremento de 1,22% (4.000 bolívares) en comparación con el
valor alcanzado por este indicador en junio (322.904
bolívares).
Para el INE, el incremento de la CAN reportado entre enero
y julio de este año es de 14,8%, mientras que durante el mismo
período del año pasado el aumento fue de 14,9%.
La comparación anualizada del indicador para el período
julio 2003 y julio 2004 refleja un incremento de 27,3% en el
precio de los alimentos de la canasta básica.
"Los grupos de alimentos más sensibles al alza de precios
fueron café, té y sus similares con una variación de 9,7%;
frutas y hortalizas de 9%; y pescado y mariscos de 4,9%.
Sin embargo, en los grupos de alimentos de grasas y aceites,
azúcares y similares, y carnes y sus preparados el ritmo de
incremento de los precios fue inferior al 1%. Por su parte
los grupos de la CAN que registraron bajas en sus valores fueron leche, queso y
huevos con una variación negativa de 1,5%; raíces y
tubérculos con un descenso de 0,6%; semillas, oleaginosas y
leguminosas con una reducción de 0,3% y el grupo de cereales
y productos derivados con una baja de 0,2%.
En los últimos dos meses los productos que han mantenido un
incremento constante en sus precios son el café, té y sus
similares, las frutas y el pescado y mariscos" El
Universal, 25.08.04,
http://www.eluniversal.com/2004/08/25/eco_art_25143H.shtml).
Otro informe, esta vez elaborado por la empresa Datos y la
Asociación Nacional de Supermercados y Autoservicios (ANSA),
señaló que durante el mes de junio que el consumo de alimentos de la
CAN, que incluye harinas de maíz y trigo, sardinas, pastas
alimenticias, arroz y azúcar, entre otros, registró una caída
de 2,4% con respecto al mes de mayo de este mismo año. Por
otro lado, el consumo de alimentos no perecederos, como
lácteos, mayonesa, salsa de tomate, gelatinas, café, etc,
presentó un crecimiento poco significativo de 0,5% para el
6to. mes del año.
Al comparar el consumo general registrado entre enero y
junio de este año con el mismo período del año 2003 se nota un
incremento en todas las cestas. Se registró un aumento en la demanda de
alimentos de 14,7% en un año, exceptuando el consumo de leche en polvo, que refleja una disminución
15%. El informe destacó que "esto es posiblemente producto de las distorsiones de
mercado que ha sufrido
este rubro por los retrasos que ha experimentado en la
entrega de divisas y las consecuentes fallas de distribución
en los puntos de venta"
(El Universal, 25.08.04,
http://www.eluniversal.com/2004/08/25/eco_art_25143F.shtml).
También el Centro de Documentación y Análisis para los
Trabajadores (CENDA) dio a conocer el estado de sus
indicadores sociales para el mes de agosto.
Según la organización, la Canasta Alimentaria de los
Trabajadores (CAT) para el mes que finalizó esta semana llegó
a cotizarse en 505.062 bolívares, registrando un aumento de
2,9% (14.357 bolívares) con relación a su valor para julio de
este año (480.605 bolívares).
En lo que va de año, el costo de los alimentos se ha
incrementado en 13% (56.506 bolívares). Mientras que el
comportamiento interanual entre agosto del 2003 y 2004,
muestra un alza de 26% (103.429 bolívares) (El Universal,
02.09.04, (http://www.eluniversal.com/2004/09/02/eco_art_02154C.shtml).
El costo de este indicador del CENDA supera en 183.827
bolívares al valor actual del salario mínimo (321.235,20 bolívares), lo
que representa un déficit de 36,4% en el salario mínimo frente
al gasto en los rubros alimenticios.
Según la fuente periodística "en agosto la cesta experimentó
la mayor alza de 2004" (El Nacional, 02.09.04, pág. A/16).
En opinión del CENDA, el valor del indicador reportó este
incremento "porque aumentaron todos los rubros (11) que
componen la cesta [...]
El renglón con mayor aumento fue frutas y hortalizas con
4,4% (3.978 bolívares) impactado por el alza de 100% del
kilo de patilla, seguido por cebolla (35% ), repollo (32% ),
lechosa (28% ), pimentón (25% ), remolacha (23% ), piña (22%
), plátano (16% ), parchita (14% ), cambur (5% ) y melón y
naranja (4% ) y espinaca (1% ).
Bajaron la zanahoria (33% ), limón (16% ), guayaba (15% ),
tomate (7% ) y auyama (6% ).
El rubro quesos y huevos se disparó 5,4% (3.542 bolívares)
empujado por el alza del queso blanco (19% ), leche en polvo
(2% ) y huevos (1% ), pero el queso amarillo retrocedió 3%
como consecuencia de las ofertas del productos en los
expendios al detal.
Nuevamente el café –que subió a 4.679 el medio kilo– empujó
el alza de 13,9% del rubro bebidas no alcohólicas.
Los granos avanzaron 816 bolívares (4,3% ) por la subida de
las caraotas negras (13% ), arvejas (12% ) y frijoles (8% ),
pero las lentejas bajaron 10%.
Las raíces y tubérculos subieron 3% (814 bolívares), en lo
que destacan el ocumo (13% ), la yuca (2% ) y apio (1% ). No
obstante bajaron de precio (1% ) las papas y verduras
surtidas" (El Nacional, Ibídem.).
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DERECHOS ECONÓMICOS,
SOCIALES Y CULTURALES
Provea recuerda
exhortaciones de organizaciones de derechos humanos ante desalojo en liceo de campo petrolero |
Efectivos de la Guardia Nacional (GN) efectuaron el pasado
26.08.04 una medida de desalojo a la comunidad educativa del
Colegio Don Bosco, ubicado en la zona residencial del campo
petrolero Judibana, municipio Los Taques del Edo. Falcón. La
medida afectó a más de 200 niños, niñas y adolescentes hijos
de ex empleados de Petróleos de Venezuela (PDVSA) que cursaban
estudios en esta unidad de educación básica y diversificada
(El Nacional, 27.08.04, pág. B/23).
Jennit Goitía, abogada de la asociación civil liceo Don
Bosco, informó que en vista del anuncio de desalojo hecho
por la petrolera, el Consejo de Protección Municipal introdujo
a principios de mes una
acción de protección que fue admitida por un tribunal de
protección de niños, niñas y adolescentes.
Goitía explicó, además, que el instituto "fue creado por la empresa
petrolera hace 10 años, porque en la zona no había planteles
de educación diversificada que recibieran a los hijos de los
empleados que salían del básico. Entonces se construyó la
infraestructura, que fue dada en comodato por 20 años a la
asociación civil. De ese lapso sólo ha transcurrido una
década" (Ídem.).
Por su parte,
Pedro Rodríguez, apoderado de PDVSA, "aseguró que no estaba
notificado de la acción de amparo admitida a favor de los
estudiantes, cuyos padres deberán ir a la Zona Educativa a
solicitar los documentos de los alumnos" (El Nacional,
Ídem.). Igualmente indicó que “el edificio queda
en posesión de PDVSA para la educación de los hijos de los
trabajadores de la industria, para lo cual fue creado” (Ídem.).
El procedimiento de desalojo provocó la protesta de "cerca de
un centenar de personas entre padres, representantes, jóvenes,
vecinos, activistas políticos, funcionarios de la Alcaldía de Los
Taques, quienes congregados alrededor del instituto pedían
paso a la GN para acercarse" (Ídem.).
Alexis Acosta, alcalde de Los Taques,
Yasmín Martinho de Díaz, directora ejecutiva del Consejo de
Municipal de Derechos y los abogados del colegio fueron
impedidos por los agentes de la GN de ingresar al centro
educativo para dialogar con los representantes de la
petrolera, quienes permanecieron aislados del exterior por más
de una hora debido a la ocurrencia de hechos de violencia
alrededor del colegio.
El alcalde Acosta manifestó su preocupación porque “Estos muchachos no podrán proseguir aquí sus
estudios, pues en la zona las escuelas están abarrotadas”
(Ídem.).
Al respecto, conviene recordar los señalamientos que Centros
Comunitarios de Aprendizaje (CECODAP), Provea y la Red de
Apoyo por la Justicia y la Paz, desplegaron en un comunicado
público del 02.10.03. En el mismo, las organizaciones manifestaron,
entre otros aspectos, su preocupación por la interrupción de la prosecución escolar de los
niños, niñas y adolescentes, hijos
de los trabajadores cesantes de PDVSA. También instaron a
las entidades públicas a hacer cumplir
los principios del interés superior de los niños, niñas y
adolescentes como sujetos de
derecho, sin discriminación alguna. Específicamente hicieron
un llamado a
PDVSA a facilitar la inscripción "a los hijos de los
trabajadores cesantes en las instituciones educativas de la
empresa, en aquellos lugares en que no existan planteles
educativos oficiales nacionales, estatales, o municipales
cercanos a las viviendas, a fin de evitarle dificultades en el
cambio de ambiente escolar a los estudiantes. Estableciendo
las normativas y requisitos para que esto sea posible sin
discriminación por clase social, posición política o de otra
índole [...] acatar sin dilaciones las decisiones de los Tribunales de
Protección y Consejos de
Protección del Niño y del Adolescente a favor del derecho a
la educación de los hijos de
trabajadores cesantes de PDVSA. Suministrar información al
Ministerio de Educación
Cultura y Deportes y a los representantes de los
trabajadores cesantes sobre la cantidad
de estudiantes que permanecen en las instituciones
educativas y aquellos que no fueron inscritos" (Provea,
30.08.04,
http://provea.org.ve/actualidad/comunicados/comu_prensa_2003/cp021003.pdf).
En esa oportunidad también exhortaron al Ministerio de Educación
y Deportes (MED) a "garantizar la inscripción en los planteles oficiales a todos
los estudiantes, hijos de
trabajadores cesantes de PDVSA que así lo soliciten,
cualquiera sea el lugar de
Venezuela donde se hayan trasladado, en los términos que
establece el Art. 53 de la
LOPNA:'Todos los niños y adolescentes tienen derecho a la
educación. Asimismo, tienen derecho
a ser inscritos y recibir educación en una escuela, plantel
o instituto oficial de carácter
gratuito y cercano a su residencia'.
A los fines de facilitar la inscripción en los planteles
oficiales, instamos al Ministro de
Educación, Cultura y Deportes, así como a los Jefes de las
Zonas Educativas,
Direcciones de Educación Estadales y Municipales, a designar
los funcionarios necesarios
que atiendan las solicitudes de inscripción, sin demoras.
Así mismo, coordinar un plan de
contingencia en articulación con alcaldías y gobernaciones,
a fin de garantizar la
prosecución escolar de los niños, niñas y adolescentes que
venían cursando estudios en
la instituciones educativas de PDVSA" (Provea, Ídem.).
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DERECHOS
ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Misión Barrio Adentro recibe aval de la OPS mientras crece
participación de profesionales venezolanos |
Renato Gusmao,
representante de la Organización Panamericana de la Salud
(OPS) en Venezuela, dio a conocer que su despacho ha "recibido
solicitudes continuas de otras naciones para que faciliten
información sobre la Misión Barrio Adentro y cómo Venezuela,
en menos de un año de puesta en marcha del plan, ha logrado la
cobertura de 17 millones de venezolanos, cifras que han
impactado en la comunidad de salud pública internacional"
(Ministerio de Comunicación e Información, 25.08.04,
http://www.minci.gov.ve/noticia.asp?numn=2562).
Gusmao notificó que durante la 57° Asamblea Mundial de la
Salud que se celebró en Ginebra, Suiza, entre el 17 y
22.05.04, miembros de las diferentes representaciones de
países del mundo, "solicitaron un mayor conocimiento de esta
experiencia" (Ministerio de Comunicación e Información,
Ídem.).
Para el representante de la OPS, una de las claves del éxito
de la misión es que Venezuela la ejecutó fuera del sistema
tradicional de salud: “hubiese sido imposible hacerlo dentro
del sistema [...] Con este programa se rompieron los
paradigmas”
(El Nacional, 26.08.04, B/12).
De acuerdo con Gusmao, "la propia OMS avala el programa por
el impacto positivo sobre la salud de la población (17
millones de personas) en poco tiempo.
El funcionario insistió en que naciones como Costa Rica y
Cuba desarrollaron un excelente mecanismo de atención
primaria en salud que requirió, en el primer caso, cerca de
35 años, y en el segundo, no menos de 2 décadas, 'Venezuela, en cambio, lo logró en menos de un año'"
(Ídem.).
Anunció que para el 2do. semestre del año 2004 un grupo de
expertos venezolanos, con la presencia de invitados
internacionales, realizarán una evaluación profunda de la
Misión Barrio Adentro para que el
producto de la misma pueda publicarse y ser traducida en
varios idiomas para su difusión no sólo en los países de
América sino en el resto del mundo. En ese sentido, la OPS
apoyará a Venezuela en la difusión de la Misión
Barrio Adentro como la experiencia más exitosa que en
materia de salud se haya desarrollado en un año"
(Ministerio de
Comunicación e Información, Ídem.).
Aclaró el vocero de la organización multilateral que, entre
los parámetros que serán estudiados por el equipo de expertos
nacionales y extranjeros, se encuentran indicadores como la
infraestructura de servicios y calidad de atención.
Pero, por lo pronto, el vocero afirma que el modelo puede
ser exportado a otras naciones, y destaca el interés de
países asiáticos y del Oriente Medio.
Otro elemento que destacó de Barrio Adentro es que se ha puesto
en práctica directamente con las comunidades: “las
comunidades se apropiaron de esto. Ha sido una lección
tremenda para quienes trabajamos en salud pública [...] Que el
médico viva en las barriadas es fantástico” (El Nacional,
Ídem.).
Gusmao nombra 2 obstáculos de la atención primaria en salud
que la misión superó: el cambio demográfico de la población rural a la urbana no
estuvo acompañada por el sistema de salud nacional; y la creencia de que la
atención primaria era medicina mediocre para pobres, aunada
al reforzamiento de la tecnología médica: “las escuelas de medicina formaron muchachos
para tratar cosas raras, y cuando acudían a los
ambulatorios, se encontraron con sarna, piojos, diarreas.
Eso bajó mucho la capacidad de respuesta del sistema
sanitario. La gente estaba muy abandonada” (El Nacional,
Ídem.). En cambio, con Barrio adentro, “el sistema de salud se organiza
a partir de las necesidades, y no de la oferta de
servicios”, destacó Gusmao.
El vocero de la OPS plantea que lo se debe hacer es "reformar el sistema
tradicional y adaptarlo a Barrio Adentro. Barrio Adentro no
es sólo para los pobres, es también para la clase media, va
a funcionar en todo el país. Pero hay que entender que
indígenas, pobres y campesinos no han tenido acceso a la
salud, por lo que es lógico que se le de prioridad a ellos"
(El Nacional, Ídem.).
La OPS apuesta por la formación de un cuadro de profesionales venezolanos que
sean capaces de asumirlo como política de Estado. En este sentido,
Gusmao destaca la formación pedagógica de 1.300 médicos y médicas de Venezuela, con apoyo pedagógico de especialistas cubanos,
los cuales, a su vez, "han sido evaluados por nosotros [y] han participado en
misiones humanitarias a través de la OMS, con alta calidad”
(El Nacional, Ídem.).
En otro orden de ideas, fuentes oficiales reseñaron que
en las últimas 2
semanas fueron incorporados 200 odontólogos venezolanos a los
consultorios populares de la Misión Barrio Adentro, con lo
cual su número se eleva a 797 que prestan sus servicios en
todo el país (Agencia Venpres, 30.08.04,
http://www.venpres.gov.ve/infgen/infgen1.htm#Barrio).
Comentó
Luis Laverde, coordinador nacional del Programa de Salud Oral del
Ministerio de Salud y Desarrollo Social, que el ingreso de
esos profesionales permitirá apoyar a más de 2.000 odontólogos
cubanos que trabajan actualmente en Zulia, Yaracuy, Miranda,
Portuguesa, Trujillo y Caracas.
El funcionario advirtió que los profesionales venezolanos se
encontraban desempleados para el momento de su incorporación y
que serán contratados por 6 meses con una remuneración de
650.000 bolívares mensuales. Actualmente se estudia la
posibilidad de que al cumplir el año de servicio sean
incorporados con cargo fijo al Ministerio de Salud y Desarrollo
Social (MSDS). Los recursos para el pago de los mismos, son aportados por el Ministerio de
Energía y Minas (MEM), a través de la Fundación Oro Negro, la cual
se encarga de cancelarles el bono voluntariado odontológico
en los 1.415 consultorios populares odontológicos que
existen a escala nacional.
Laverde adelantó que para el año 2005, se tiene previsto
aumentar el salario de esos profesionales a 900.000
bolívares mensuales, más el bono alimentario o cesta ticket, 40 días de vacaciones y
3 meses de aguinaldo.
Destacó que los insumos médicos-odontológicos y la dotación
de esos consultorios son facilitados por el gobierno
cubano, bajo responsabilidad del MSDS.
Asimismo, reveló que actualmente se encuentran trabajando en
la preparación de un post grado en odontología general
integral, el cual será gratuito y tendrá una duración de 2
años. Inicialmente será exclusivo para los odontólogos de
Barrio Adentro y posteriormente se impartirá a los demás
profesionales del sector público y privado del país.
Garantizó que a más tardar en mes y medio dicho proyecto
será aprobado por la comisión interministerial, en la cual
participan la Coordinación Nacional del Programa de Salud
Oral y la dirección de Investigación, Educación y Tecnología
del MSDS (Agencia Venpres, Ídem.).
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DERECHOS ECONÓMICOS,
SOCIALES Y CULTURALES
Ministerio y Misión a favor del derecho a la vivienda |
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El Presidente de
la República, Hugo Chávez Frías, anunció el 27.08.04, en
sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional (AN), que se
destinará 1
billón 200 mil millones de bolívares para la Misión
Vivienda, la cual ejecutará el nuevo despacho ministerial
dedicado a la problemática de la vivienda (Ministerio de
Ciencia y Tecnología,
28.08.04,
http://www.minci.gov.ve/noticia.asp?numn=2619)
Este anuncio complementa la información hecha pública por el
Primer Mandatario a finales del mes de julio relacionada con
la creación de la Misión Vivienda.
Como se recordará, en la reseña hecha sobre esta noticia en
la edición N° 141 de este boletín-e, se recogía no sólo la
iniciativa gubernamental como una medida acertada y esperada
a favor del derecho de la vivienda, sino también los
señalamientos críticos sobre los obstáculos burocráticos que
conspirarían contra la efectividad del nuevo proyecto. Entre
ellos, se destacó la multiplicidad de entidades involucradas
en la política habitacional nacional con objetivos y
alcances generalmente superpuestos. Para este problema
estructural, los expertos planteaban como solución la
reorganización centralizada del sistema, una medida que la
creación de este ministerio parece adelantar.
Por otro lado,
cabe subrayar que la creación de este despacho se contempló
en el proyecto de ley del régimen prestacional de vivienda, incluido dentro de la Ley Orgánica del
Sistema de Seguridad
Social (LOSSS) aprobada en diciembre de 2002 (ver en
http://www.derechos.org.ve/actualidad/coyuntura/2004/coyuntura_141.htm#11).
Ante el anuncio de la apertura del nuevo despacho de la
vivienda, Álvaro Sucre, presidente de la Cámara Venezolana
de la Construcción, (CVC), se pronunció considerándolo como
un paso indispensable para reorganizar el sector:
"una petición que hemos
estado realizando" (El Universal, 31.08.04,
http://www.eluniversal.com/2004/08/31/eco_art_31144A.shtml).
Sucre recordó que la CVC había realizado recientemente "una propuesta en la cual indicaba que era necesario
un Ministerio de la Vivienda con amplios poderes y
facultades que le permitieran tener poder de decisión y
eliminar la anarquía en el sector [...]
Cuando el primer mandatario anunció la constitución del
despacho también manifestó que los organismos ejecutores de
viviendas (Fondur, Inavi, Fundabarrios, Savir y Ducolsa)
serían fusionados.
Esa propuesta de unificación de los entes se ha estado
manejando desde hace 2 años, debido a la repetición de
funciones" (El Universal,
Ídem.).
"Entre 1999 y 2002, el Ejecutivo Nacional lanzó numerosos
planes habitacionales, pero ninguno se concretó debido a los
problemas de ejecución de los recursos. Pero el pasado año
no se crearon nuevos programas y se decidió terminar los
planes pasados, no obstante todavía quedan unidades
pendientes" (Ibídem.).
Provea considera que con la creación del nuevo despacho
ministerial es posible que el Ejecutivo emprenda la tarea de
superar la falta de coordinación existente entre los distintos
entes nacionales de vivienda. El Ejecutivo debe acompañar la
fundación de este nuevo ministerio con la elaboración de un
plan nacional de vivienda que abarque todas las prioridades en
el ámbito nacional, estadal y municipal tomando en cuenta las
distintas autoridades involucradas en cada uno de estos
ámbitos.
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DERECHOS ECONÓMICOS,
SOCIALES Y CULTURALES
Estado
venezolano intenta ponerse al día con producción de vivienda
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Aseguró Ramón Carrizalez, titular del Ministerio de
Infraestructura (MINFRA), que en los últimos 3 meses su
despacho ha entregado más de 5.000 viviendas das según despacho.
El funcionario estimó que el número de viviendas entregadas
por su despacho puede llegar a 40.000 antes de que finalice el
año debido a que "hemos reactivado de manera acelerada unos 25
complejos que estaban paralizados y esa es la razón por la
cual hemos entregado viviendas de
forma paulatina y constante durante las últimas semanas"
(Gobierno en Línea,
26.08.04,
http://www.gobiernoenlinea.ve/noticias/viewNewsUser01.jsp?id_noticia=22122).
El Consejo Nacional de la Vivienda (CONAVI), por su parte, dio
a conocer su meta de construir para este año más de 12.681 viviendas en
todo el país, correspondientes a las obras del programa
especial del año 2003-2004, con una inversión que supera los
326 millardos de bolívares. Los desarrollos habitacionales se están realizando en diferentes municipios de
14 Edos. del país: Sucre, Delta Amacuro, Bolívar,
Anzoátegui, Monagas, Falcón, Mérida, Barinas, Aragua,
Miranda Zulia, Lara y Portuguesa (Radio Nacional de
Venezuela, 25.08.04,
http://www.rnv.gov.ve/noticias/?act=ST&f=2&t=8020).
Representantes del organismo comentaron que las viviendas tendrán un
precio de venta que oscila entre los 24 y 30 millones de
bolívares y contarán con 72 mts2 distribuidos en 2 baños, 3 habitaciones, sala comedor, cocina y espacio
para ampliación.
La fiscalización de los proyectos está coordinada por la
Dirección de
Supervisión y Control de Calidad del órgano rector de las
políticas habitacionales del Estado, "la cual ha venido
trabajando con la Dirección General de Fiscalización y
Sustanciación desde diciembre de
2003 con un grupo mayor a 50 fiscales, quienes recibieron
talleres de inducción para iniciar la primera jornada de
inspección a más de 500 empresas afiliadas al Fondo Mutual
Habitacional" (Radio Nacional de Venezuela, Ídem.).
Paralelamente, el
CONAVI lleva a cabo el Programa de Mejoramiento y
Ampliación de Casas en Barrios y Urbanización Populares, que
tiene como objetivo la reparación de unas 17.000 viviendas en
todo el país antes que finalice el año (Gobierno en Línea, 30.08.04,
http://www.gobiernoenlinea.ve/noticias/viewNewsUser01.jsp?id_noticia=22214).
Ulises Urdaneta, presidente del instituto, explico que el programa
"también comprende mejoras y eventuales
ampliaciones de otro tipo de residencias privadas en esa
misma clase de asentamientos populares y en otras como zonas
centrales y tradicionales (urbanas y rurales) consideradas o
no de valor histórico patrimonial [para ello] se espera la
participación activa de la comunidad organizada a fin de
integrarla a la estructura urbana de la ciudad pero de forma
ordenada para evitar los asentamientos urbanos anárquicos y
garantizarle a población las condiciones mínimas de
habitabilidad" (Gobierno en Línea, 30.08.04, Ídem.).
Cabe destacar que desde el
año 2002 se registra un déficit acumulado en la ejecución y
conclusión de soluciones habitacionales programadas por el
Gobierno Nacional, según consta en el Informe Anual de
Provea sobre la situación de los derechos humanos en
Venezuela octubre 2002/septiembre 2003 (ver en:
http://derechos.org.ve/publicaciones/infanual/2002_03/8vivienda.pdf). Por
ejemplo, de la meta de 76.746 viviendas proyectada para el
año 2002, sólo se pudieron concluir 19.422, mientras que
quedaron en ejecución 22.030 (Provea, Ídem.).
Tal como se
reseñó en la edición N° 140 de este boletín-e,
al cierre de junio
de este año todavía se siguieron presentando dificultades en
la ejecución y conclusión de viviendas, y para atender el déficit es necesario que se construyan más de
100.000 unidades habitacionales al año (ver en:
http://derechos.org.ve/actualidad/coyuntura/2004/coyuntura_140.htm).
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DERECHOS ECONÓMICOS,
SOCIALES Y CULTURALES
Expropiación de tierras ociosas en sectores urbanos debe ajustarse
a derecho |
El llamado hecho por el Jefe de Estado Hugo Chávez Frías el
pasado 25.08.04 de impulsar en el ámbito municipal, regional
y nacional
la figura
constitucional de la “expropiación por causa de utilidad
pública” contra los terrenos urbanos ociosos catalogados
como de "engorde", que define el estado ocioso en que se
deja un terreno o cualquier propiedad en espera de que su
valor aumente en el mercado, no tuvo mayor implicación en el
sector inmobiliario privado.
Algunos expertos
consultados por la fuente periodística señalaron que el
gremio no reaccionó porque la expropiación "podría ser un negocio rentable, pues las
actuales condiciones económicas no les han permitido
desarrollar los proyectos inmobiliarios que tenían previstos
en ellos desde hace años" (El Nacional, 27.08.04, pág. A/22).
A juicio del
asesor inmobiliario Miguel Chacón, la mayoría de los
espacios que están en la periferia y entran en esa
calificación son ejidos municipales o están en manos de
entes públicos como el Fondo de Desarrollo Urbano (FONDUR) o el
Instituto Nacional de la Vivienda (INAVI), mientras
que los lotes vacíos en pleno centro de las zonas urbanas de
Caracas, Valencia y Maracaibo sólo tienen permiso para
albergar edificios comerciales o de oficinas: "Los mejores
terrenos para ejecutar enormes proyectos de viviendas del
Tipo I (las que más se venderían por su precio) están en la
periferia de las principales ciudades del país y son ejidos
municipales; es decir, no es necesario que los alcaldes o
gobernadores los expropien, están en sus manos” (Ibídem.).
Como un ejemplo de esto, Chacón aseguró
que los terrenos que están vacíos en la urbanización
Montalbán, cerca del complejo habitacional Juan Pablo II construido en el período
presidencial de Jaime Lusinchi con los recursos
del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, pertenecen al Estado:
"Desde esa época
están ociosos y no han sido tomados en cuenta por los
organismos ejecutores de vivienda durante el gobierno chavista
[...] Es cierto que en Guarenas hay mucho espacio, pero los
que se considerarían ociosos no tienen ningún nivel de
urbanismo [...]
Resulta que los lotes de terreno vacíos que están en la
poligonal urbana y son propiedad de personas o empresas son
relativamente pocos [...]
Si me pide que calcule cuántos terrenos de ese tipo están
disponibles en la zona metropolitana de Caracas le diría que
no superan los 20” (Ídem.).
La mayoría de esos lotes privados vacíos que se observan en
pleno centro de Caracas, Valencia o Maracaibo y que
eventualmente podrían ser expropiados por el Estado no
pueden albergar viviendas:
“De acuerdo con la planificación urbana, buena parte de esos
terrenos tienen permiso para construir solamente edificios
comerciales y de oficinas, por lo que edificar con fines
residenciales alteraría la variable urbana [...] Considero que no tendría sentido expropiar terrenos
privados cuando están ociosos lotes aptos para los planes de
vivienda que son propiedad de los municipios o de organismos
públicos”, apuntó este economista" (Ídem.).
A juicio de un analista vinculado a la Cámara Venezolana de
la Construcción (CVC), no sólo los municipios tienen
terrenos ociosos: “FONDUR y el INAVI poseen una buena
cantidad de terrenos disponibles para construir viviendas en
el país, pero no los desarrollan o están invadidos” (Ídem.).
El exhorto del Primer Mandatario estuvo dirigido
específicamente
a los
gobernadores y alcaldes para que se abocaran a desarrollar
proyectos urbanísticos en las tierras que caigan bajo el
criterio de ociosas. Chávez se quejó del “uso para engorde”
que hacen propietarios de terrenos en las ciudades y recordó
que la Constitución bolivariana de 1999 estipula la
expropiación por causa de utilidad pública: “El engorde de
terrenos es contrario a la Constitución [...] Hago un
llamado a todos los entes del Estado: el nuevo Estado social
de derecho y de justicia que está contenido en la
Constitución, para que activemos esos mecanismos” (El Nacional, 26.08.04,
pág. A/5).
El jefe del Estado aclaró que el mecanismo de expropiación
de terrenos urbanos “no es tarea del Presidente, sino de los
alcaldes y gobernadores, quienes pueden hacer el inventario
de terrenos y dar cumplimiento con lo estipulado en las
ordenanzas municipales” (El Nacional, Ibídem.).
En este sentido, propuso desarrollar proyectos urbanísticos
en los terrenos ociosos que caigan bajo el régimen de
“expropiación por causa de utilidad pública [que sean] aptos
para tal fin” (Ídem.).
Al llamado del jefe de gobierno respondió Saady Bijani, presidente de la Asociación de Alcaldes
de Venezuela (AAV),
quien solicitó mayor explicación sobre el anuncio presidencial:
“Para desarrollar un programa habitacional que está
reclamando el país desde hace tiempo, no sólo hace falta la
indemnización de terrenos, porque también son necesarios los
proyectos de ingeniería y los recursos exactos; dónde están
los proyectos y los recursos” (El Nacional, 27.08.04, pág. A/6).
Bijani afirmó que los alcaldes están dispuestos a cooperar
para desarrollo de cualquier programa habitacional y pidió que
se aclare la orden presidencial sobre las expropiaciones de
terrenos ociosos urbanos para saber cuál es el alcance de
ésta.
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DERECHOS ECONÓMICOS,
SOCIALES Y CULTURALES
Provea alerta sobre componente militar en llamado presidencial para profundizar la
democratización del derecho a la tierra |
En el contexto de
la edición N° 202 de su programa dominical Aló Presidente,
transmitido el pasado 29.08.04 por los medios audiovisuales
estatales, el Primer Mandatario Hugo Chávez Frías demandó la
profundización y ampliación de la Ley de Tierras y Desarrollo
Agrario (LTDA), vigente desde el 13.11.01.
Chávez ordenó al Comando Unificado de la Fuerza Armada
Nacional (CUFAN) entregarle "dentro de 2 semanas un informe
acerca de los latifundios o tierras ociosas que hay en cada
guarnición [...] llegó la hora de democratizar la tenencia de
la tierra en el país" (Cadena Global, 30.08.04,
http://www.cadenaglobal.com/Default.asp?pgm=Detail&Not=74724&Sec=5).
El jefe de Estado consideró el caso de las
tierras ociosas como "un asunto de seguridad y defensa de la
soberanía nacional" (Cadena Global, Ídem.) y por eso giró
instrucciones a
los
comandantes de las guarniciones militares del país, al
ministro de la Defensa G/J (Ej) Jorge Luis García Carneiro y
al comandante del Comando Unificado G/D (Ej) Julio Ramón
Quintero Viloria para que se aboquen a ese fin (Panorama
Digital, 30.08.04, http://www.panodi.com/).
El Presidente Chávez exigió
la aplicación contundente de la LTDA: "Hago un llamado a
quienes tengan tierras ociosas que se pongan las manos en el
corazón y que vengan a sentarse con nosotros a que
negociemos la solución del problema. Porque si no lo hacemos
así, aplicaremos de manera dura e inflexible la Ley de
Tierras [...] No puede haber tierras ociosas. A los latinfudistas del
Guárico y de Venezuela les digo: prefiero a que nos
arreglemos. Al ministro de Agricultura y al presidente de
Instituto de Tierras, les exijo la aplicación severa de la
Constitución y la Ley de Tierra en los campos de Venezuela,
pónganse al frente de esto” (Panorama Digital, Ídem.).
También instruyó al Instituto Nacional de Tierras
(INTI), para que se declare en emergencia a fin de concretar
un plan
de democratización de la tierra con apoyo de las
comunidades: “Quiero ver resultados y pronto” (Radio
Nacional de Venezuela, 30.08.04,
http://www.rnv.gov.ve/noticias/?act=ST&f=2&t=8117).
Igualmente, propuso al superintendente del Seniat, José Gregorio Vielma
Mora, que estudiase la implementación de un impuesto al predio rústico,
“si un persona tiene 20 mil hectáreas, y no la tiene
sembrada, vamos a meterle un impuesto, eso todavía no lo
tenemos pero tenemos que hacerlo” (Panorama Digital, Ídem.).
Provea coincide con el Ejecutivo Nacional en el
fortalecimiento de la aplicación de la LTDA, pero considera
inadecuado el abocamiento de esta tarea en manos del sector
castrense, puesto que existe un componente intimidatorio que
bien fácil podría evitarse si la tarea de elaborar un censo de
las tierras de interés social se pusiera sobre hombros
civiles. En ese sentido, debe evaluarse el papel que el INTI y
el Ministerio de Agricultura y Tierras ha desarrollado a lo
largo de su creación y la pertinencia de su experticia en esta
materia. Provea considera que, en subordinada cooperación con
el sector castrense, éstos órganos públicos son los
responsables naturales de la realización de un censo que
determine las tierras de interés público.
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DERECHOS
ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
CTV convoca a comicios: ¿Qué ocurrirá con el derecho a la
libertad sindical? |
El Comité Directivo de la Confederación de Trabajadores de
Venezuela (CTV) resolvió el pasado 25.08.04
adelantar en un año la renovación de sus miembros. La
elección será paralela a la elección de las directivas de
las federaciones nacionales de los sindicatos de
bases, cuyos mandatos se vencen entre septiembre y diciembre
próximo.
El secretario general, Manuel Cova, justificó la
acción aduciendo ahorro de recursos, pero admitió que
también buscan fortalecer el liderazgo obrero:
"Vamos a ratificar la condición mayoritaria de la CTV"
(El Universal,
26.08.04,
http://www.eluniversal.com/2004/08/26/pol_art_26106C.shtml).
Cova explicó que se
buscará fijar una fecha única para todas las elecciones, lo
cual podría ocurrir a mediados de noviembre o inicio de
diciembre próximo.
De plano negó cualquier injerencia del Consejo Nacional
Electoral (CNE) en la organización del proceso: "La CTV
montará las elecciones tal como lo resolvió la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) y admitió el Gobierno en la voz
del viceministro del Trabajo, Ricardo Dorado. La
participación del Poder Electoral sólo será si así lo
solicita el gremio" (El Universal, Ídem.).
En ese sentido, recordó que cada organización obrera costea
y monta el proceso de votación porque goza de la autonomía
que le otorga la OIT. Para inicios de septiembre, la
directiva de la central de trabajadores realizará giras por el interior del país para
explicar a la base la logística de los comicios.
Cova adelantó que en los centros de votación de las
organizaciones sindicales se colocará una urna adicional, para
que los trabajadores depositen los votos del Comité Ejecutivo
de la central de trabajadores.
"La central sindical reformó los estatutos en 1998 para que
los trabajadores elijan por la base a las autoridades a
través del voto directo, secreto y universal. Anteriormente,
la directiva era escogida por los delegados que asistían al
congreso nacional de la CTV" (El Nacional, 26.08.04,
pág. A/2).
Vale recordar que el 25.10.01, la CTV realizó la primera elección por
la base, con los lineamientos del estatuto electoral
sindical del CNE, pese a las
objeciones de la Organización Internacional del Trabajo
(OIT), en
cuyo convenio 87 se prohíbe la intromisión de los gobiernos
en la autonomía de los sindicatos (sobre este tema puede
consultar el Informe Anual de Provea sobre la situación de los
derechos humanos en Venezuela octubre 2001/septiembre 2002, en
la dirección-e:
http://derechos.org.ve/publicaciones/infanual/2001_02/derecho_laboral.htm#04).
"Sobre el papel del CNE, Cova refirió que en la conferencia
de la OIT —efectuada en Ginebra en junio pasado— el
viceministro del Trabajo, Ricardo Dorado, se comprometió a que
los comicios sindicales venezolanos respetarán el convenio 87
y la Ley Orgánica del Trabajo" (El Nacional, Ídem.).
No obstante, Carlos Navarro, presidente de la Alianza Sindical
Independiente (ASI), calificó como "un contrasentido que el
secretario general de la CTV, Manuel Cova, critique al Gobierno por la
creación de una sindical bajo su dirección, [mientras] convoca a las
elecciones de la central bajo la dirección del CEN de Acción
Democrática (AD) [...] Como en los viejos tiempos, aquí no
ha pasado nada. Manuel Cova, con las autoridades del partido le informa al país, a
los trabajadores y al Comité Ejecutivo desde el partido
político, la estrategia sindical. En la perspectiva de la
autonomía, el contexto de ese anuncio es similar al llamado
de Chávez para formar su central sindical desde Miraflores"
(El Universal, 30.08.04,
http://www.eluniversal.com/2004/08/30/pol_art_30107E.shtml).
A juicio de Navarro, la actual dirigencia sindical se
encuentra "alejada de los problemas de sus federaciones y
sindicatos, separada desde el 25 de octubre del 2001 de los
problemas concretos de los trabajadores y por si fuera poco,
asumiendo banderas y alianzas políticas que no forman parte de
su identidad de origen, ni de su justificación histórica" (Ibídem.).
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DERECHOS
ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Indicadores de los derechos laborales para el mes de julio |
Según el
informe Fuerza de Trabajo de julio de 2004 elaborado por el
Instituto Nacional de Estadística (INE), la tasa de
desocupación alcanzó un 15,3% para ese mes, lo que representa
un número de 1,84 millones de personas en edad productiva
desempleadas, un 0,2% menor al valor ponderado en junio de
15,5% (1,86 millones de personas).
Elías Eljuri, presidente del INE, indicó que se observa una
disminución de 3% en el comportamiento interanual de la tasa
de desocupación correspondiente a julio del 2003, con una tasa
de desempleo de 18,3% (2,18 millones de personas), y 2004, lo
que significa que "hubo un aumento de 409.350 personas
ocupadas [...] entre julio del año en curso e igual período de
2003 " (El Nacional, 02.09.04, pág. A/16).
"De acuerdo con las cifras del INE, en julio de 2004 el
sector formal de la economía agrupó 50,5% (5,14 millones de
personas) de la población ocupada, número que no varió
mucho respecto a junio pasado cuando la tasa fue de 49,7%
(5,02 millones de trabajadores).
En el análisis comparativo interanual del mes de julio
(2003–2004) de la ocupación en la economía formal
(industrias, comercios y empresas de servicios), el INE
señala una expansión de 3,5% ; esto es, 542.779 trabajadores
adicionales en ese sector productivo.
Anota que el comportamiento del sector informal de la
economía se mostró estadísticamente estable, pues dentro de
la población económicamente activa (12 millones de
personas), los índices de junio y julio pasados fueron 50,3%
y 49,5%, equivalentes a 5,09 millones y 5,05 millones de
personas, respectivamente" (El Nacional, Ídem.).
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DERECHOS
ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Juramentados nuevos jueces con competencia en la nueva
jurisdicción laboral |
De acuerdo a información suministrada por el Tribunal
Supremo de Justicia (TSJ), este 02.09.04 fueron
juramentados la tercera cohorte de jueces laborales, un nuevo
grupo de 37 jueces temporales para las Circunscripciones
Judiciales de los estados Aragua, Barinas, Carabobo, Cojedes,
Falcón y Mérida, con lo cual la nueva jurisdicción laboral del
país alcanza la cifra de 350 jueces con competencia exclusiva
en la nueva jurisdicción laboral.
El magistrado Omar
Alfredo Mora Díaz, presidente de la Sala de Casación Social, explicó que “estos jueces fueron
preseleccionados a través de un proceso riguroso, primero
ellos se postularon, deben tener más de cinco años de
graduados, especialidad en materia laboral, adicionalmente
se hizo una entrevista personal para verificar sus aptitudes
y después fueron a un proceso intensivo de capacitación en
más de un mes en Caracas, costeado por ellos mismos, donde
fueron entrenados de acuerdo a la Ley Orgánica Procesal del
Trabajo” (Tribunal Supremo de Justicia, 02.08.04,
http://www.tsj.gov.ve/informacion/notasprensa/notasdeprensa.asp?codigo=1406).
Según la fuente periodística, los aspirantes que obtuvieron
mejores calificaciones en ese proceso de capacitación
ingresarán con carácter de temporalidad hasta que obtengan su
titularidad a través del respectivo concurso de oposición que
va a dirigir e implementar la nueva Escuela Nacional de la
Magistratura.
Agregó Mora que la preselección de los jueces postulados la
hace la Sala de Casación Social al igual que el plan de capacitación y
entrenamiento, el cual es llevado por un grupo de jueces
especialistas en la materia, quienes se encargan de evaluar
el desempeño de los aspirantes en una amplia gama de
conocimientos en la materia, tanto desde el punto de vista
práctico, como teórico.
Para el último trimestre del año se tiene pautado otro nuevo
proceso de capacitación de jueces, del cual saldrá
seleccionado el cuarto grupo de jueces temporales que serán
juramentados en diciembre y así alcanzar la cifra de en cada uno de los estados del país:
"Con los cuatro Edos. que nos quedarían que
son Apure, Amazonas, Delta Amacuro y Sucre [los jueces] se van a
preseleccionar en octubre, se capacitarán entre ese mes y
noviembre, para que ya en el mes de diciembre la nueva
jurisdicción laboral esté vigente con trescientos cincuenta
jueces en todo el país” (Tribunal Supremo de Justicia,
Ídem.).
Según la Resolución n° 2004-0140 dictada por la Comisión
Judicial del TSJ, “las designaciones
efectuadas mediante la presente Resolución son de carácter
temporal; en consecuencia, serán de libre nombramiento y
remoción por parte de la Comisión Judicial, salvo el caso de
los profesionales del derecho que obtuvieron la titularidad
de sus cargos a través de concurso de oposición. Asimismo,
se les participa que los abogados nombrados jueces
temporales serán contratados inicialmente por 3
meses, y posteriormente por 6 meses prorrogables,
hasta su ingreso definitivo a través de concursos de
oposición” (Tribunal Supremo de Justicia, Ídem.).
Provea valora los avances que en materia del sistema de
jurisdicción laboral nacional está adelantando el Poder
Judicial y aprovecha la ocasión para exhortar al TSJ a
realizar con la mayor brevedad posible los concursos de
oposición con el objeto de evitar que se incremente el número
de jueves temporales que duran varios años ejerciendo sus
cargos en esa misma condición.
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DERECHOS
ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Propuestas y exigencias a poderes públicos sobre
el derecho
a la vivienda |
- Garantizar la debida ejecución del Plan Nacional de
Vivienda (PNV), solventando los déficit en cuanto a la falta
de coordinación entre los entes involucrados y la asignación
oportuna de las partidas a ejecutar
por los diferentes organismos.
- Garantizar que todos los organismos encargados de la
ejecución del PNV presenten en forma clara y precisa
informes sobre las metas alcanzadas. Asimismo se debe
procurar que los organismos estén
en capacidad de hacer seguimiento de su desempeño y que
cuenten con las herramientas requeridas para ello.
- Aplicar medidas de corto y mediano plazo para diagnosticar
y vigilar, con base en información actualizada y confiable,
la situación del derecho a la vivienda en Venezuela, en
especial: número de individuos y familias sin hogar; número
de personas que viven en asentamientos o viviendas
declaradas “ilegales”; número de individuos y familias
alojados en viviendas inadecuadas y sin los servicios
básicos; número de personas alojadas en viviendas atestadas
e inseguras estructuralmente o en otras circunstancias que
afecten la salud, entre otros posibles indicadores.
- Adopción inmediata de medidas legislativas que regulen la
práctica del desalojo forzoso, en atención a la Observación
General N° 7 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales de Naciones Unidas. En especial, las leyes que se
sancionen deben prohibir de forma expresa prácticas como el
uso excesivo de la fuerza, la destrucción de bienes como
medida punitiva y el traslado forzado de población civil;
además, se debe precisar en cuáles circunstancias
excepcionales se puede aplicar el
desalojo y bajo cuáles garantías
(Provea, 23.08.04,
http://www.derechos.org.ve/publicaciones/infanual/2002_03/24exigencias.pdf)
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DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
Situación actual de las investigaciones
sobre
los asesinatos de defensores de derechos humanos |
A un año del asesinato de nuestro compañero y defensor de
derechos humanos, Joe Luis CASTILLO, Henry
Fuentes, jefe del Cuerpo de Investigaciones Científicas,
Penales y Criminalísticas (CICPC) adscrito a la ciudad de
Machiques, Edo. Zulia, aseguró que el caso "aún se está
investigando y se actúa en conjunto con la Fiscalía Vigésima a
cargo de la fiscal Reina Trujilo, realizando las entrevistas a
los vecinos y posibles testigos del hecho" (Panorama,
27.08.04, pág. 4/9).
Fuentes comentó que "durante este tiempo se le han practicado
las experticias a las armas de fuego requisadas sin que se
hayan tenido resultado positivos" (Ibídem.). No
obstante, aclaró que "las investigaciones apuntan hacia los
presuntos paramilitares abatidos el 20.11.03, durante un
intercambio entre funcionarios de la Guardia Nacional (GN) del
DF36 de Fronteras [...] que se registró en la calle
Chiquinquirá del Barrio Singapur en la parroquia Libertad de
este municipio" (Ídem.).
Como se recordará, Joe fue asesinado el 27.08.03 en la
urbanización Tinaquillo de Machiques en el Edo. Zulia, en un
hecho que califica dentro de los patrones de actuación
del sicariato. Venía en su auto en compañía de su esposa y su
hijo. Cuando se encontraba muy cerca de su vivienda, 2 sujetos
a bordo de una moto efectuaron 13 disparos. Castillo murió por
el impacto de 9 balas y su esposa e hijo (de 1 año y medio)
fueron heridos (ver edición N° 124 de este boletín-e en:
http://derechos.org.ve/actualidad/coyuntura/2003/coyuntura_124.htm#12).
Castillo, de 30 años, trabajó durante más de 5 en la Oficina
de Derechos Humanos del Vicariato Apóstolico de Machiques, una
organización que forma parte del Foro por la Vida y desarrolla
tareas de promoción y defensa de los Derechos Humanos,
especialmente entre las poblaciones indígenas de la región y
los refugiados de nacionalidad colombiana.
Otra muerte vinculada con el sicariato que aún se está
investigando es la del médico Pedro DORIA, dirigente campesino
y presidente del comité de tierras del Bajo San José de Perijá,
municipio Machiques, Edo. Zulia, quien fue asesinado en un
atentado perpetrado el 25.08.02 (ver edición N° 99 de este
boletín-e en
http://derechos.org.ve/actualidad/coyuntura/2002/coyuntura_99.pdf).
Julio Lattan, abogado de la familia Doria, informó que la
Corte Primera de Apelación del Edo. Zulia fijó un nuevo juicio
en vista del retardo procesal que afectó la causa contra
Nelson Martínez, presunto coautor del crimen quien cursa
medida privativa de libertad desde hace 2 años en espera de
juicio (Panorama, 27.08.04, 4/9).
El abogado detalló que la investigación realizada por el CICPC
ha determinado algunos de los presuntos involucrados: "El
aparente autor material, detenido actualmente es Orlando Peña
[...] Omar Contreras Barboza es un ganadero adinerado de la
zona y es el presunto autor intelectual, supuestamente habría
pagado a los sicarios para que asesinaran al líder
campesino" (Panorama, Ibídem.).
Lattan recordó que en la búsqueda de justicia por la muerte de
Doria, falleció también asesinado su padre Pedro DORIA el
pasado 29.02.04. Un crimen que han está investigándose y que
se suma al asesinato de "un fiscal y un defensor de los
derechos humanos que sufrieron atentados" (Panorama, Ibídem.).
Por esta razón, Lattan considera que "se tienen que sacar
todos los juicios de Zulia y llevarlos a Caracas para que los
que tienen poder no puedan hacerles daño a estas personas
[...] planteamos que al personal institucional, fiscales,
jueces y abogados se les brinde todo el apoyo y el respaldo,
para todos los casos de sicariato, tanto en éste de Zulia,
como en los otros de Táchira, Mérida, Barinas, Apure; ya que
pareciera que el control sobre las instituciones lo tienen los
poderosos de la zona" (Ídem.).
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DERECHOS
CIVILES Y POLÍTICOS
Últimas actuaciones en caso de "Grupo
Exterminio" |
La jueza Tania Estrada, a cargo del Tribunal 14º de Juicio de Caracas, benefició con medidas
cautelares sustitutivas de libertad a un grupo de 14 funcionarios
de la Policía del Edo. Portuguesa acusados de
ser responsables de más de 68 asesinatos en distintos
sectores de la entidad federal, que se dieron a conocer con el
nombre de "Grupo Exterminio".
Carlos Chacín, defensor de los policías, informó que los
agentes Julio Ramón González, Alvis Leal, Arturo Azuaje,
Guibson Freire, Edgar Mendoza, Segundo Dobobuto, José Ramón
Paredes, Jaime Quevedo, Omar Romero, Régulo Salazar, Félix
Rojas, Joel Castillo, José Fernández y Oviud Fernández, fueron dejados en libertad
condicional el pasado 20.08.04, luego de permanecer casi 44 meses
detenidos en la comisaría José Antonio Páez de la Policía de
Portuguesa sin enfrentar un juicio oral y público (El Nacional, 21.08.04,
pág. B/19).
"El juzgado capitalino decidió invocar el artículo 244 del
Código Orgánico Procesal Penal (COPP), según el cual ningún
procesado puede permanecer más de 24 meses detenido bajo
esas condiciones [...]
Los funcionarios deberán cumplir una serie de compromisos —
establecidos en el artículo 256 del instrumento legal— para
mantenerse en libertad: tienen prohibición de salida del
país, estarán sometidos a un régimen de presentación
periódica en la jurisdicción capitalina, no pueden reunirse
unos con otros ni tampoco aproximarse a los familiares de
las víctimas que los han denunciado. Por último, cada uno
necesita de un fiador que pueda aportar 50 unidades
tributarias (UT) [1.325.000 bolívares]. Hace un mes aproximadamente, otros 2 policías
acusados de pertenecer al Grupo Exterminio
recibieron igual tratamiento por parte de un tribunal de
apelaciones de Caracas:
se trata de Rafael Blanco y Juan Andrés Escalona." (Ibídem.).
No obstante, información recabada hasta el 28.08.04 advierte
el hecho de que, en violación flagrante con la medida acordada
por la juez Estrada, "algunos de los policías —que aún no han
llenado las formalidades para comenzar a gozar los beneficios
de la libertad condicional y, por tanto, debían seguir
detenidos— salieron de su sitio de reclusión en la Comisaría
José Antonio Páez de Acarigua y celebraron en un restaurante
de carne a la brasa" (El Nacional, 29.08.04 pág. B/19).
Esta
situación repitió constantemente y fue denunciada
por familiares de las víctimas ante la jueza Estrada, mientras
que es investigada por la Fiscalía Superior de Portuguesa: "El
05.08.04, María Ramona Daza —madre de José Martín RÓDRÍGUEZ—, María Sivira de Sivira —madre de José
Gregorio SIVIRA—, y Luis Alberto Mendoza —hermano de Ender,
Gonzalo y Alexander MENDOZA— pidieron por escrito al juzgado
que negara los beneficios de libertad condicional de los 14
policías, 4 de los cuales entonces se encontraban presos en
la cárcel de Uribana y los restantes en la Comisaría José
Antonio Páez. Según los parientes de las víctimas, testigos
habían visto en las calles a los efectivos privados de
libertad. A José Ramón Paredes —acusado por la muerte de
José Gregorio Sivira— presuntamente lo vieron rondar el
domicilio de la señora Sivira. A Rafael Blanco Sandoval lo
han observado a pocos metros de la casa de María Ramona
Daza [...] En el documento consignado ante el juez de
juicio, los familiares expresaban temores no sólo por su
integridad sino por las de quienes pueden declarar en el
proceso: 'Tememos que el amedrentamiento continúe contra ellos
y contra nosotros y que termine por asustar a los testigos, y
se abstengan de declarar haciendo imposible la realización de
la justicia'" (El Nacional, Ibídem.).
"Las inquietudes están centradas en la preservación de la
integridad personal de los familiares de las víctimas que
denunciaron a los funcionarios. Después de la liberación de
Blanco y Escalona, Mariela Mendoza —testigo de los
asesinatos de sus 3 hermanos [ocurrido el 28.11.00]— fue víctima
[el pasado 16.07.04] de un atentado
con armas de fuego. La Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) dictó medidas de protección para 5 personas que
han llevado la batuta en los señalamientos contra los
efectivos del organismo de seguridad. Las disposiciones de
la CIDH han sido incumplidas, según han denunciado voceros
del Comité de Víctimas de Familiares del 27 de Febrero y
Marzo de 1989 (COFAVIC)" (Ídem.).
Muchos de los testigos presenciales y referenciales de los
delitos cometidos "habían aceptado dar sus testimonios [...]
porque les habían garantizado que los imputados permanecerían
tras las rejas y además contarían con la protección
establecida en las leyes [...] Aunque la protección de
testigos está establecida en las leyes venezolanas ,
extraoficialmente se pudo conocer que en los actuales momentos
no hay disponibilidad de recursos para garantizar la
integridad física de las personas vinculadas a la
investigación" (El Mundo, 25.08.04, pág. 24).
Liliana Ortega, directora ejecutiva de COFAVIC, detalló que
"hasta la fecha han matado a 15 testigos de asesinatos [...]
Otros 20 que han denunciado a los presuntos homicidas son
víctimas de acoso y hostigamiento" (El Nacional, 23.08.04,
pág. B/17).
El expediente contra los 14 funcionarios "consta de 50 piezas en las que reposan, entre
otros elementos, las acusaciones fiscales a los que se señala en distintos grados de
responsabilidad por los homicidios intencionales de 9
personas:
César Agray, Jimmy Rodríguez y su padre José Ramón
Rodríguez, los hermanos Gonzalo, Alexander y Ender Mendoza,
Omar Galíndez, Gregorio Ramón Sivira y Juan Carlos Noguera [...]
La causa abierta por el asesinato de José Martín Rodríguez
Daza —por la que fueron acusados otros 2 policías, Rafael
Blanco Sandoval y Juan Andrés Escalona—, fue separada del
resto de los legajos por solicitud de los imputados y sus
defensores. [...] Dobobuto ha sido
imputado por 4 de los homicidios que constan en expediente;
Leal, por 3, y Freire, por 3. Se sospecha que
ellos eran los presuntos jefes de las operaciones [...] Un
grupo de personas que estaba dispuesta a declarar en el
proceso —según fuentes allegadas a las investigaciones—
prepararon maletas y se marcharon de Portuguesa con rumbo
desconocido, luego de que el viernes 20 de agosto se
confirmara la noticia de que el Tribunal 14º de Juicio había
beneficiado con libertad condicional a los 14 policías” (El Nacional, 29.08.04,
Ídem.).
Por su parte, los fiscales con competencia nacional 26º y
27º José Gregorio Castañeda y José Antonio Guerrero,
respectivamente, solicitaron ante el Tribunal 14º de Juicio
del área metropolitana de Caracas, el pasado 30.08.04, "la
suspensión de la ejecución de la medida cautelar sustitutiva
de privación de libertad a favor de 14 funcionarios de la
policía del estado Portuguesa, hasta tanto la Corte de
Apelaciones se pronuncie sobre el recurso de apelación
introducido por la Fiscalía 27 Nacional [...] según lo
previsto en el artículo 439 del COPP" (Gobierno en Línea,
31.08.04,
http://www.gobiernoenlinea.ve/noticias/viewNewsUser01.jsp?id_noticia=22277).
En esa fecha, el MP introdujo ante el mismo tribunal, el
recurso de apelación en el que solicita la revocación de la
decisión de la juez Estrada. El MP argumentó que el Tribunal
14 de Juicio "no consideró que los retardos procesales son
imputables a los propios acusados, quienes se han negado a
ser trasladados a Caracas, jurisdicción donde se radicó el
juicio por sentencia del Tribunal
Supremo Justicia, y los diversos cambios de abogados
defensores [...]
El fiscal Guerrero indicó que en el retardo procesal también
han incidido las recusaciones de jueces de juicios que la
defensa ha efectuado en varias oportunidades y que ha
generado la inhibición de varios de ellos; así como a la
ausencia de los abogados defensores en la depuración de
escabinos.
Señaló, a manera de ejemplo, que el pasado 27 de agosto, no
se presentaron los abogados defensores al acto de depuración
de escabinos, fijado para esa fecha. El Ministerio Público
ha dejado constancia en acta de las múltiples tácticas
dilatorias tanto de los acusados como de sus abogados
defensores, quienes cada vez que se ha constituido el
tribunal con escabinos, recusan a los jueces." (Gobierno en
Línea, Ídem.).
El magistrado
Iván Rincón, presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ),
consideró a este respecto que, si bien la medida de libertad
condicional ordenada por la juez Estrada a favor de los 14
funcionarios policiales está fundada sobre las garantías
otorgadas por el COPP y sobre los tratados internacionales que
coinciden en establecer con la legislación venezolana que después de 2 años sin
juicio la persona tiene que ser juzgada en libertad, la
legislación en esa materia también contempla que
ese tipo de beneficios se aplica "sólo en los casos en que el retraso es imputable al
Estado o a la administración de justicia. Hay una sentencia
donde precisamente yo soy el ponente que dice que no puede
otorgarse la libertad cuando el retardo ha sido creado por
la manipulación de los abogados defensores y del imputado en
el caso. Es muy sencillo para las personas que cometen
delitos abominables o delitos de penas grandes como
violación, secuestro, homicidio, terrorismo, etc., retardar
el proceso intencionalmente 2 años y luego salir en
libertad [...] Los jueces no pueden estar utilizando esa
excusa, deben leerse la jurisprudencia vinculante de la Sala
Constitucional que dice que no hay libertad cuando el
retardo es imputable al detenido. Se le da cuando es
imputable al Estado, y sin embargo hay que estudiar cada
caso por separado, no quedarse con lo que dicen el defensor
o el acusador, analizar lo que está en las actas” (Tribunal
Supremo de Justicia, 02.09.04,
http://www.tsj.gov.ve/informacion/notasprensa/notasdeprensa.asp?codigo=1408).
Señaló Rincón además que "la
Constitución establece por ejemplo que los delitos de lesa
humanidad y los delitos imprescriptibles no tienen ningún
tipo de beneficios [...] no se puede actuar con una filosofía de criminalística sólo en beneficio del imputado, hay
suficientes sentencias de este Tribunal y el mismo COPP, que
establecen la igualdad entre los derechos de la víctima y
los del imputado, hay que proteger a los presos pero también
a las víctimas de delito" (Tribunal Supremo de
Justicia, Ídem.).
Para el 01.09.04, el juez deberá informar a los imputados
sobre esta apelación y "en las 24 horas siguientes remitirá
las actuaciones a la Corte de apelaciones (El Mundo, 31.08.04,
pág. 24). Igualmente se espera para esta semana que el
Tribunal 14º de Juicio decida si prescinde de los escabinos
para adelantar el juicio oral y público (El Nacional, 29.08.04,
Ídem.). Conviene recordar que el pasado 27.08.04, el Tribunal
14º de Juicio intentó por 2da. ocasión seleccionar escabinos y nadie se presentó al
acto. José Antonio Guerrero, fiscal nacional 27º, pidió a la
jueza Estrada la constitución del llamado
tribunal unipersonal, sin ciudadanos comunes, para darle
celeridad al proceso (EL Nacional, Ibídem.).
Fuentes del Ministerio Público consideraron que la cantidad
de 50 UT establecida por la juez Estrada era similar a otras aplicadas a individuos
juzgados por delitos menores, pero Chacín señaló que pedirá ante el tribunal de juicio la aplicación del
mecanismo denominado caución juratoria: "De acuerdo con éste,
los imputados manifiestamente impedidos de pagar la fianza
pueden eximirse de ella si se comprometen a cumplir el
régimen de libertad condicional impuesto por el tribunal" (El Nacional, 25.08.04,
pág. B/16).
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DERECHOS
CIVILES Y POLÍTICOS
Comisión policial que investiga
violencia política está limitada de recursos |
Según fuentes periodísticas, la comisión de funcionarios del Cuerpo de Investigaciones
Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), que desde el
año 2002 investiga los hechos violentos ocurridos en
manifestaciones públicas y en las que se
registraron muertos y heridos, ha visto reducida su capacidad
de acción luego de que el número inicial de efectivos
adscritos inicialmente a este departamento se redujera de 16
investigadores a sólo 6, "que carecen de los
recursos para adelantar las averiguaciones. No cuentan con
servicio de Internet, disquetes, papelería, y cuando es
imprescindible buscar uno de estos implementos los gastos
corren por cuenta de los investigadores" (El Nacional, 27.08.04,
pág. B/22).
Otra fuente advierte que "la mayoría de los funcionarios que
fundaron la comisión han solicitado ser transferidos a otros
despachos" (El Universal, 29.08.04, pág. 2/26).
La comisión ha iniciado la apertura de 97 expedientes (Ibídem.) de los cuales actualmente sólo procesan 16
que registran hechos en los que hubo 46 fallecidos y más de 211
heridos de bala (Últimas Noticias, 27.08.04, pág. 19).
El último hecho violento con motivaciones políticas
denunciado, ocurrió el 16.08.04, cuando Pablo Medina, dirigente
del partido opositor Gente de Pueblo, junto
con Alfredo Ramos, representante del partido opositor La
Causa R, encabezaban una manifestación que salió del hotel Meliá
Caracas para dirigirse a la Plaza Francia de Altamira. Del
lugar partieron unas 150 personas y "de repente llegó un motorizado que hacía fotografías a los
manifestantes y cuando éstos se lo reclamaron, el individuo,
que vestía una franela y una gorra rojas, sacó a relucir una
pistola con la cual disparó contra quienes protestaban por
los resultados del referéndum.
Dos de los tiros impactaron al menor Álvaro José PEREIRA, otro dio en un vidrio de la camioneta de Ramos"
(El Universal, Ídem.), quien no ha declarado el hecho ante las
autoridades (Últimas Noticias, Ídem.).
A Provea le resulta preocupante que el Gobierno Nacional no
destine los recursos y el personal suficiente para investigar
estos hechos. La lucha contra la impunidad requiere que sean
sancionados los responsables y se generan precedentes que
desestimulen la repetición de situaciones lamentables como las
ocurridas en los últimos 3 años.
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DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
Venezuela calificada como "moderadamente
incluyente" en materia de derechos de personas con discapacidad |
Venezuela figura entre los 10 países clasificados como
“moderadamente incluyentes”, junto con Argentina, Chile,
Colombia, República Dominicana, México, Panamá, Perú, Uruguay
y
Ecuador,
según
el Informe Regional de las Américas, presentado ante el
Comité Especial de Naciones Unidas para una Convención
Internacional Amplia e Integral para Proteger y Promover los
Derechos y la Dignidad de las Personas con Discapacidad (CENU),
por una coalición continental de organizaciones de derechos
humanos dedicada a la eliminación de la discriminación contra
personas con discapacidad.
Sólo Estados Unidos, Canadá, Brasil, Costa Rica y Jamaica
brindan protección y tratamiento adecuados a sus ciudadanos
con discapacidades, de acuerdo con lo contemplado en los
tratados internacionales en esta materia.
La fuente periodística indicó que "la clasificación se basa en 11 preguntas divididas en
6
rubros: adhesión al tratado de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU), protección legal de los incapacitados,
oportunidades de educación y empleo, facilidad de acceso,
salud y vivienda y comunicación.
Brasil figura primero con las máximas calificaciones en los
6 rubros. Estados Unidos tiene las máximas calificaciones
en cinco rubros, pero está segundo porque el presidente George W. Bush se opone a un tratado global de protección y
promoción de los derechos humanos de los incapacitados,
señalando que la acción nacional es más eficaz.
Según el informe, las constituciones nacionales de 50% de
los países americanos protegen los derechos de los
incapacitados; menos de 1/3 de los niños con
discapacidades asisten a la escuela y casi 70% de los
minusválidos no tiene trabajo" (El Nacional, 26.08.04, pág. B/12).
Al respecto conviene destacar que el Estado venezolano no ha
ratificado la Convención Interamericana para la Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con
Discapacidad que suscribió el 06.08.99.
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DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
ACNUR valoró positivamente Misión Identidad |
En un encuentro sostenido
el pasado 25.08.04 con José Vicente Rangel, Vicepresidente
Ejecutivo,
María Virginia Trimarco, representante
regional de la Alta Comisión de las Naciones Unidas para los
Refugiados (ACNUR), manifestó su interés en que la población
de extranjeros recientemente regularizados, además de acceder
a la regularización migratoria, "tenga la oportunidad de poder
acceder a los programas sociales y a las misiones" (Gobierno
en Línea, 25.08.04,
http://www.gobiernoenlinea.ve/noticias/viewNewsUser01.jsp?id_noticia=22092).
Asimismo, anunció la apertura de su despacho a apoyar este
tipo de misiones sociales.
Trimarco manifestó que la ACNUR valoró como positiva la
Misión Identidad adelantada por el Gobierno Nacional porque "favoreció a
una población que se encontraba en un limbo político por no
tener la documentación adecuada. Con la regularización
migratoria de esta naturaleza el Gobierno ha ido más allá
de lo que la propia Convención establece como medida
promedio para tratamiento de este tipo de población".
Recalcó que muchos de los migrantes beneficiados son
solicitantes de refugios y refugiados que "a través de ese
proceso, podrán acceder a la protección que brindan las leyes venezolanas, mayor
aún del que
podían tener de acuerdo a lo que la legislación vigente en
el tema de refugio estaba otorgando [con]
el nuevo proceso de regularización migratoria el Gobierno
venezolano permitió a muchos migrantes irregulares, que
reunieran los requisitos adecuados, acceder a documentación de
residentes o naturalizarse dentro de los cuales como dije,
población de solicitantes y refugiados estaban beneficiándose"
(Gobierno en Línea, Ídem.).
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DERECHOS
CIVILES Y POLÍTICOS
SJR acompaña inserción de familias
colombianas en Alto Apure |
Eduardo Soto, Coordinador del Servicio Jesuita a Refugiados (SJR)
adscrito al Alto Apure, Edo. Apure, informó que la
organización de derechos humanos está trabajando en la
inserción de un grupo de casi 40 familias colombianas
provenientes de Puerto LLera, Arauca que llegaron el pasado
06.07.04 a una hacienda denominada La Palma, situada en esa
entidad federal fronteriza.
De acuerdo con Soto: "nuestra esperanza es que el grupo
pueda sostenerse económicamente, lograr su inserción en la
comunidad venezolana y obtener el estatuto de refugiado"
(Servicio Jesuita a Refugiados, Agosto de 2004,
http://www.serviciojesuitaarefugiados-vzla.org/visibilidad.html#Anchor-16175).
La mayoría de las personas integrantes de este grupo huyen de
la indefensión ante las acciones violentas ocurridas en sus
tierras y solicitan al Estado venezolano que se les otorgue de
manera temporal la condición de refugiados.
En un primer momento, el SJR-Alto Apure se dedicó a evaluar
las necesidades de la comunidad y brindarles atención
humanitaria. Con su establecimiento en el sector, el
acompañamiento de la organización se dirige más hacia el
estímulo del desarrollo de la comunidad.
La mayoría de los solicitantes son pescadores, por lo que se
encuentran cómodos al estar en las proximidades del río y
aunque estén muy cerca de la frontera, se sienten seguros.
El equipo del SJR, está evaluando, junto con la comunidad y
los dueños de las tierras donde habitan, iniciar un cultivo de
maíz para el sostenimiento de las familias.
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DERECHOS
CIVILES Y POLÍTICOS
Propuestas y
exigencias a poderes públicos sobre el
derecho a la justicia |
- Intensificar el proceso de reforma integral del sistema de
administración de justicia para garantizar el acceso de la
ciudadanía a los órganos de administración de justicia, la
aplicación justa de la ley, la transparencia y celeridad en
los procesos y la independencia del Poder Judicial. En este
proceso de reforma deben respetarse los principios de
independencia y colaboración de los Poderes Públicos.
- Asegurar el respeto de los principios constitucionales y
legales destinados a garantizar la independencia del Poder
Judicial en áreas tales como asignación presupuestaria y
realización de concursos públicos de oposición para la
provisión de jueces titulares.
- Poner fin al mandato de la Comisión de Reestructuración y
Funcionamiento del Sistema Judicial, trasladando sus
atribuciones y funciones a la Dirección Ejecutiva de la
Magistratura, órgano que, por
mandato constitucional, cuenta con las facultades necesarias
para la ejecución de esa tarea.
- Garantizar la más amplia participación ciudadana y de los
actores que intervienen en la administración de justicia en
el proceso de reforma judicial.
- Desclasificar los expedientes procesados en la Justicia
Militar, considerados como secretos, relacionados con
investigaciones sobre violaciones a los derechos humanos, en
especial los casos de personas desaparecidas o muertas en
supuestos enfrentamientos con las fuerzas de seguridad,
ocurridas en los años 60, 70 y 80.
- Asegurar que en razón del derecho de los familiares a
conocer la verdad de los hechos ocurridos en El Amparo en
1988, se investigue en jurisdicción ordinaria la posible
responsabilidad de funcionarios del
Estado sobre los cuales no hay decisión definitivamente
firme, y se establezca la responsabilidad intelectual, toda
vez que al no sancionar a los responsables de aquellos
hechos, el Estado está aún en mora con la sentencia de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos de fecha 14.09.96.
- Asegurar la efectiva vigencia de la justicia en otros
casos de violaciones a los derechos humanos ocurridos en el
pasado: los sucesos de febrero-marzo de 1989, la represión
de los intentos golpistas de
febrero y noviembre de 1992, las muertes en manifestaciones
desde 1989 hasta el presente, las masacres ocurridas en
establecimientos penitenciarios, las ejecuciones de los
denominados “grupos de exterminio”, así como las violaciones
a los derechos humanos ocurridas en el marco del frustrado
Golpe de Estado de abril de 2002, independientemente de que
se constituya o no la Comisión de la Verdad, entre otros.
- Garantizar que las víctimas de violaciones a los derechos
humanos y/o sus familiares sean indemnizadas y reciban
rehabilitación hasta su total recuperación.
- Aumentar el número de Defensores Públicos de Presos, con
nombramientos de titulares escogidos por concurso público de
oposición, con la finalidad de agilizar y garantizar una
defensa efectiva y certera.
Garantizar que en la reforma al Código de Justicia Militar
se desarrolle el mandato constitucional de que los militares
pueden ser juzgados en tribunales militares solo por delitos
de naturaleza militar. Asimismo, que la selección de los
jueces se realice mediante concurso público de oposición.
Igualmente, deberá promoverse una amplia participación
social en el debate sobre esa reforma.
- Poner fin a la mora legislativa mediante la pronta
aprobación de la legislación referida al Sistema Judicial,
al Poder Ciudadano y a la Defensa Pública, tal como lo
establece la Disposición Transitoria Cuarta, numeral 5 de la
Constitución.
- Garantizar protección a la vida, integridad y seguridad de
las víctimas, testigos y denunciantes de violación de
derechos humanos.
- Proceder, en el plazo más corto posible, a la renovación
de las máximas autoridades de los poderes Judicial y
Ciudadano, con estricto apego a los mecanismos establecidos
a tal efecto en la Constitución(Provea, 23.08.04,
http://www.derechos.org.ve/publicaciones/infanual/2002_03/24exigencias.pdf).
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ARTÍCULOS
Son Derechos:
“¿Para
qué un Plan Nacional de Derechos Humanos?” |
“El movimiento nacional de derechos humanos en Venezuela ha
venido señalando desde hace varios años la necesidad de que el
país elabore un Plan Nacional de Derechos Humanos.
En algunas oportunidades algunos funcionarios de alto nivel de
la actual gestión gubernamental han respondido que el mejor
plan que tiene el país es la Constitución y que ante ella no
es necesario tener otro plan.
Quisiéramos hoy dar algunos argumentos en contrario. Una
Constitución y un Plan son dos instrumentos de distinto nivel
y función. La primera es la ley máxima de un país y en tal
sentido delinea el Proyecto de país que una sociedad se da en
un momento determinado de su historia social y política. Un
plan es un camino a seguir para que los derechos establecidos
en la Constitución se hagan realidad a través de acciones
públicas. Un plan debe decir quién hará qué, en qué tiempo,
dónde y con qué recursos. El Plan también debe contener de
antemano indicadores o señales que nos digan si vamos por el
buen camino o nos estamos desviando del camino trazado. Sirve
también para que todos los ciudadanos podamos estar vigilantes
del cumplimiento del mismo y por tanto también de la
Constitución" (Provea, 02.09.04, son@derechos.org.ve).
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ARTÍCULOS
Martin Khor:
"Basta
de acuerdos bilaterales de comercio"
|
"Ahora que se reanudaron las negociaciones comerciales en la
OMC, los defensores del sistema multilateral esperan que
esto frene la proliferación de acuerdos bilaterales de libre
comercio. Muchos grupos exhortan a una revisión de las
consecuencias de tales pactos.
Tras el acuerdo alcanzado el 31 de julio de 2004 en la
Organización Mundial del Comercio (OMC) para reanudar las
negociaciones multilaterales, ¿se detendrá la tendencia a la
proliferación de los acuerdos comerciales bilaterales?
Muchos partidarios del sistema multilateral de comercio
esperan que así sea. 'El multilateralismo ha alcanzado un
triunfo menor', declaró el director general de la OMC,
Supachai Panitchpakdi, y sugirió que 'el aumento de la
confianza en el sistema multilateral de comercio' reducirá
la motivación para celebrar acuerdos bilaterales de libre
comercio.
En general se reconoce que los acuerdos bilaterales, en
particular entre países en desarrollo y países
industrializados, no son la mejor opción para aquéllos, y
que las negociaciones y los acuerdos multilaterales son
menos discriminatorios y ofrecen a los países del Sur una
posición negociadora más favorable.
La necesidad de negociar tantos acuerdos a la vez ejerce una
enorme presión sobre los funcionarios y los recursos
financieros de los países en desarrollo.
Los acuerdos bilaterales de libre comercio son impopulares
en muchos países del Sur, donde grupos de interés público
temen que sus gobiernos caigan bajo intensa presión para
ceder a las demandas de socios más poderosos.
En Tailandia, académicos y grupos de la sociedad civil
exhortaron al gobierno a abandonar sus planes de firmar
acuerdos bilaterales de comercio y sustituirlos por una
agenda comercial multilateral.
'El gobierno tailandés tendrá que reconsiderar su énfasis en
las negociaciones comerciales bilaterales. Será difícil para
el gobierno privilegiar ese tipo de acuerdos sobre los de la
OMC, porque Tailandia debe prestar atención a la plataforma
comercial mundial más amplia', dijo Sompop Manarang,
profesor de economía de la Universidad de Chulalongkorn.
La Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) como
bloque y muchos de sus miembros individuales impulsan
actualmente marcos y acuerdos comerciales y económicos con
países externos a la agrupación. A nivel regional, ASEAN ha
firmado acuerdos marco para establecer áreas de libre
comercio con Japón e India. Mientras, Estados Unidos impulsa
una 'iniciativa de ASEAN' mediante acuerdos bilaterales con
miembros del bloque.
Singapur ha firmado acuerdos de libre comercio con Nueva
Zelanda, Japón, Australia, Estados Unidos, la Asociación
Europea de Libre Comercio y Jordania. Tailandia ha firmado o
está negociando pactos comerciales con Estados Unidos, Nueva
Zelanda, Australia, China y Japón.
Malasia y Estados Unidos acordaron un marco para un acuerdo
bilateral en mayo de 2004. La lista de temas incluye la
liberalización de servicios, la facilitación del comercio y
las inversiones, la promoción y protección de las
inversiones y la propiedad intelectual, la reducción de
aranceles para productos industriales y agrícolas, y normas
ambientales y laborales. Malasia y Japón están negociando
una asociación económica, mientras Malasia y Australia
consideran un área de libre comercio bilateral.
Aunque algunas ventajas específicas que ofrecen los países
industrializados en acuerdos bilaterales pueden resultar
tentadoras para un país en desarrollo, por ejemplo un mayor
acceso al mercado para sus productos, también existen varias
desventajas potenciales.
Se sabe que países industrializados como Estados Unidos y
Japón se valen del instrumento de los acuerdos bilaterales
para obtener de sus socios lo que no pudieron obtener en la
OMC, donde los países en desarrollo han podido oponerse o
resistir ciertos elementos negativos en varios acuerdos.
Aunque es posible que un país en desarrollo que ya se ha
liberalizado en gran medida pueda soportar la presión de una
liberalización más rápida, otros posiblemente no sean
capaces de resistir una apertura más rápida de sus mercados
ni otras demandas del país industrializado.
Las siguientes son algunas áreas en que los países en
desarrollo deben tener precaución.
En materia de servicios, la OMC permite a los países en
desarrollo liberalizar su mercado en la medida y el ritmo
que elija, de acuerdo con sus propias condiciones. Es
posible que un país quiera intentar la liberalización en
ciertos sectores para ver en qué grado lo beneficia, pero
puede decidir si comprometerse o no a esas medidas en la
OMC, dado que ese compromiso es irreversible o difícil de
revertir.
La OMC aplica el criterio de 'lista positiva', por el que un
país se compromete a liberalizar sólo los rubros incluidos
en una lista, en contraste con el criterio más drástico de
la 'lista negativa', por el que los países comprometen todos
sus rubros menos los especificados.
Al parecer, Estados Unidos prefiere el enfoque de la lista
negativa. Por ejemplo, en el área de libre comercio con
Singapur rige ese criterio, es decir que sólo aquellos
sectores incluidos en una lista no están sujetos a
liberalización plena.
En materia de inversiones, muchos países en desarrollo,
incluido Malasia, se opusieron a un acuerdo sobre
inversiones en la OMC, preocupados porque el tratado
eliminara o redujera su espacio político para determinar sus
propias políticas de inversión, tales como la entrada de
inversiones extranjeras, los requisitos de propiedad, los
requisitos de desempeño y las limitaciones a la
transferencia de fondos.
La mayoría de los tratados bilaterales con países
industrializados contienen acuerdos sobre inversión, que
pueden incluir los elementos y 'normas' preferidos por esos
países. Por ejemplo, el acuerdo entre Estados Unidos y
Singapur prevé amplios derechos de establecimiento para los
inversores extranjeros, trato nacional, prohibición de
requisitos de desempeño, libertad para transferir fondos,
cláusula de expropiación, y solución de disputas entre el
inversor y el Estado, es decir que el propio inversor
extranjero y no sólo su gobierno pueden demandar al Estado
receptor de las inversiones ante un tribunal internacional.
Los miembros de ASEAN deberían tener cautela en cuanto a la
inclusión de elementos sobre inversiones en sus acuerdos de
libre comercio, y en todo caso, que no los sujete a
compromisos perjudiciales para sus políticas de inversión y
desarrollo.
Cabe señalar que el tipo de políticas emprendidas por
Malasia durante la crisis financiera de 1997 a 2000 no
serían permitidas bajo un acuerdo de libre comercio.
Los acuerdos bilaterales también pueden regir otros asuntos,
como la competencia y la contratación pública, que
actualmente están fuera del ámbito de negociaciones de la
OMC. Muchos países en desarrollo, como Malasia, Indonesia y
Filipinas, trabajaron duro para mantener esos temas fuera de
la agenda multilateral de comercio.
Sin embargo, esas cuestiones sí están incluidas en el texto
del acuerdo del Área de Libre Comercio de las Américas y en
el tratado entre Estados Unidos y Singapur. Algunos países
de América Latina han señalado que tales asuntos no deberían
incluirse en pactos bilaterales.
Los derechos de propiedad intelectual son otro elemento
importante de los tratados bilaterales de libre comercio, y
países como Estados Unidos y Japón se esfuerzan por promover
sus intereses en esa área más allá de lo estipulado en el
acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectual Relacionados con el Comercio (TRIPS), de la OMC.
El TRIPS permite a los países en desarrollo eludir las
patentes mediante licencias obligatorias, uso público e
importaciones paralelas, por ejemplo de medicamentos
esenciales. Por otra parte, los acuerdos bilaterales
firmados por Estados Unidos con varios países o grupos de
países limitan esa flexibilidad. Como resultado, a los
países en desarrollo socios les resulta difícil o imposible
adoptar ese tipo de medidas para proveer fármacos genéricos
a los enfermos, por ejemplo. Por lo tanto, quizá ASEAN
debería crear un grupo de expertos para estudiar qué
derechos y medidas de flexibilidad quedarían comprometidos o
reducidos en las propuestas de acuerdos bilaterales, y
ofrecer sugerencias y opciones al respecto.
Third World Network Features/Red del Tercer Mundo"
(Choike, 24.08.04,
http://www.choike.org/nuevo/informes/2123.html).
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NOVEDADES DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN TODOS LOS DERECHOS
PARA TODOS
"El
ALCA y los derechos de las mujeres: Un horizonte de
negaciones" |
Autor: Olga Amparo Sánchez; Clara Elena Cardona;
Plataforma Colombiana de Derechos Humanos Democracia y
Desarrollo
Año: 2004
Sinopsis: "El punto de partida de esta investigación
es la visión de género y una concepción integral de los
derechos, en la que los derechos económicos sociales y
culturales son universales y deben ser incluyentes de los
derechos de las mujeres en una economía globalizada.
Es fundamental construir propuestas a partir de los procesos
de globalización y de los ajustes al modelo de desarrollo.
Además, se deben tener en cuenta las modernas políticas
económicas, que si bien ofrecen algunas oportunidades de
comunicación, tecnología y manejo de información, también
han agudizado y generado para las mayorías la exclusión y la
pobreza, al tiempo que profundizan la discriminación de los
derechos de las mujeres"
(centrodocumentacion@derechos.org.ve).
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NOVEDADES DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN TODOS LOS DERECHOS
PARA TODOS
"El
movimiento indígena y los riesgos del ALCA: Una reflexión
desde la historia" |
Autor: Carlos Andrés Zapata; Plataforma Colombiana de
Derechos Humanos Democracia y Desarrollo
Año: 2004
Sinopsis: "El presente trabajo pretende generar una
reflexión sobre las restricciones que el ALCA podría traer
para el ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas
de Colombia. El texto interroga por la desventajosa
situación que se prefigura para las comunidades aborígenes
del país con plena liberalización del mercado y la movilidad
de capitales y de producción, en las que se renuncia a la
función social que deben cumplir el Estado y la propiedad en
beneficio de la riqueza de unos pocos. Lo hace a través de
la descripción y el análisis de casos en los que ha primado
el interés de la inversión sobre los derechos étnicos"
(centrodocumentacion@derechos.org.ve).
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NOVEDADES DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN TODOS LOS DERECHOS
PARA TODOS
"Mecanismos
de protección del sistema interamericano de derechos humanos
y del sistema de derechos humanos de naciones unidas en
relación a los pueblos indígenas" |
Autor:
Plataforma Interamericana de Derechos Humanos Democracia y
Desarrollo
Año: 2004
Sinopsis: "Este material hace una síntesis de los
mecanismos específicos de protección del sistema universal
de derechos humanos de la ONU y del sistema de derechos
humanos de la OEA en relación a los pueblos indígenas.
En el sistema interamericano se incluye tanto la
jurisprudencia de la Corte Interamericana, como de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuando se ha
tratado de casos de pueblos indígenas.
Asimismo, se trascriben los dos proyectos de Declaración,
tanto de la Declaración de la OEA en estudio a la fecha,
como el proyecto de Declaración de la ONU de la Subcomisión
de Promoción y Protección de Derechos Humanos, que se
encuentra en estudio en la Comisión de Derechos Humanos hace
casi ya una década"
(centrodocumentacion@derechos.org.ve).
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NOVEDADES DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN TODOS LOS DERECHOS
PARA TODOS
"Para
exigir nuestros derechos: manual de exigibilidad en DESC" |
Autor: Plataforma Interamericana de Derechos Humanos
Democracia y Desarrollo
Año: 2004
Sinopsis: "Partimos por precisar que los logros en
términos de realización acumulados frente a un derecho
(salud, educación, etc.) no pueden ser regresivos sino, al
contrario, siempre deben demostrar avances. No se puede
alegar allí falta de recursos financieros. Esto nos lleva
entonces a tres ámbitos de exigibilidad: el local, el
nacional y el internacional.
Exigir el cumplimiento de los compromisos establecidos a
través de las declaraciones que han firmado nuestros países
es un punto de partida que debe ir acompañado de la
recreación y resignificación de las formas de lectura y de
acción de nuestras realidades, generando opiniones
definiendo nuevos retos y, sobre todo, dejando el miedo de
poner sobre la mesa 'maneras no convencionales' de incidir
sobre la realización como personas con derecho al respeto y
la dignidad"(centrodocumentacion@derechos.org.ve).
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NOVEDADES DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN TODOS LOS DERECHOS
PARA TODOS
"Herramientas
para la capacitación: Mujeres y derechos económicos,
sociales y culturales" |
Autor: Consorcio Regional de instituciones, Tribunal
de las mujeres por los DESC
Año: 2003
Sinopsis: "Este documento de trabajo […], elabora una
serie de lineamientos metodológicos para la capacitación en
género de los derechos económicos, sociales y culturales.
Constituye un eslabón dentro de un proceso que busca la
articulación de perspectivas y formas de trabajo comunes en
materia de derechos económicos, sociales y culturales de las
mujeres. La finalidad de dicho proceso es aportar a las
organizaciones de mujeres, en la creación de capacidades que
fortalezcan la acción política y ciudadana en relación a
dichos derechos"
(centrodocumentacion@derechos.org.ve).
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DOCUMENTOS
El Observatorio Global de Medios de Venezuela alerta ante
nuevas manipulaciones mediáticas |
"Con preocupación y alarma, el Observatorio Global de Medios
de Venezuela confirma, a través de sus investigaciones, una
creciente tendencia de un grupo de medios privados a
orientar los contenidos informativos y de opinión hacia
objetivos propagandísticos que, en la presente situación de
conflictividad política, puede generar comportamientos
individuales y grupales potencialmente violentos.
Esta distorsión de la función informativa de los medios
implica el abandono de su responsabilidad social en un
sistema democrático y la negación del derecho de los
ciudadanos a obtener una información oportuna y equilibrada,
indispensable para una convivencia pacífica de todos los
venezolanos.
En esta última semana, una vez conocidos los resultados
preliminares del Referéndum Presidencial, en los contenidos
de algunos canales de televisión, radioemisoras y medios
impresos se constata una orientación hacia la manipulación
informativa, incitadora al fanatismo y a la intolerancia,
como sucedió durante los lamentables acontecimientos del 11
de abril y durante el paro de diciembre de 2002 -enero 2003.
Estas técnicas manipulatorias, que consisten principalmente
en presentar como información periodística un mensaje de
carácter propagandístico, son percibidas, procesadas e
internalizadas por una parte de la audiencia como versión
periodística de hechos ciertos que, en combinación con los
testimonios y opiniones de personas con algún aval
académico, político o simplemente mediático, generan un
estado de alteración psicológica que no permite al receptor
mantener una capacidad mínima de comprensión de la realidad.
Se busca así reafirmar y potenciar el desequilibrio
informativo predominante durante la campaña pre referéndum,
tal como ha sido verificado por las investigaciones
realizadas y denunciadas por el Observatorio Global de
Medios de Venezuela. Es evidente -sobre todo en el caso de
los canales privados de televisión- la intención de
presentar ante su audiencia la inviabilidad de una solución
legal y pacífica de las divergencias en cuanto a los
resultados del Referéndum Revocatorio.
Más allá del abandono de los más elementales principios
éticos que deben regir el desempeño de los periodistas y de
los medios en una democracia, la acción de determinados
medios empresariales constituye una grave amenaza para una
solución pacífica de los problemas que enfrenta Venezuela.
No corresponde al Observatorio señalar los objetivos
políticos que subyacen en ese comportamiento. Sí nos
corresponde formular un llamado a la sensatez, a la
sindéresis de los periodistas y de los medios. Y solicitar
una intervención a tiempo de organizaciones de los derechos
humanos, de las instituciones tanto nacionales como
internacionales identificadas en la defensa de la libertad
de expresión y el derecho a la información con el fin de
preservar esos derechos y la salud mental de hombres,
mujeres y sobretodo de los menores de edad de Venezuela que
hoy son víctimas de esas manipulaciones mediáticas.
Por la Comisión Coordinadora: Maryclen Stelling, Edgardo
Lander, Werther Sandoval
Por el Comité Asesor: Margarita López-Maya, Aram Aharonian,
Olga Dragnic
Caracas, 21 de agosto de 2004" (Observatorio Global de
Medios,
22.08.04)
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DOCUMENTOS
Grupo Social Cesap: Ante los resultados del Referéndum
Revocatorio Venezuela necesita recuperar la convivencia
democrática |
"El Grupo Social Cesap, organización de desarrollo
social, integrada por 22 asociaciones civiles con 30 años de
experiencia promoviendo la participación y la organización
comunitaria en sectores populares, urbanos y rurales de todo
el país,hace un llamado a todos los ciudadanos, a las
comunidades, a las organizaciones de la sociedad civil, a
las autoridades con responsabilidad en todos los niveles de
gobierno y a todas las instituciones de carácter público y
privado para que asumamos la urgente tarea de recuperar la
convivencia democrática.
Con diálogo, tolerancia e inclusión es posible construir la
convivencia.
Para ello requerimos que el reconocimiento y la inclusión
del otro, la tolerancia, la cooperación y la reflexión, se
impongan como “formas de hacer” en la vida democrática de
nuestro país.
Es necesario y en ello se basa la democracia, que los
venezolanos y venezolanas sigamos participando en las
organizaciones comunitarias, asambleas de ciudadanos,
círculos bolivarianos, asociaciones vecinales, y todas las
expresiones organizativas que la comunidad considere
necesarias y que defienden sus intereses, como expresión de
la voluntad de cada uno y de la voluntad colectiva en la
búsqueda de un mayor bienestar.
El país es de todos. Venezuela es trabajo de todos.
El país es de todos y por ello las soluciones a los graves
problemas de pobreza e injusticia social que vive la mayoría
de nuestra gente deben surgir de la participación de todos.
Una vez obtenidos los resultados del Referéndum Revocatorio,
necesitamos seguir construyendo la convivencia democrática.
El país no puede seguir en la incertidumbre.
La participación sigue siendo clave para encarar el futuro.
La participación comunitaria y la participación en los
asuntos que conforman la agenda pública son conquistas que
este pueblo no puede abandonar.
Con protestas y con propuestas debemos seguir contribuyendo
para que las instituciones funcionen y le cumplan a los
ciudadanos. El voto sigue siendo la herramienta que tiene
cada persona en su mano para expresar su voluntad soberana.
Desde el Grupo Social CESAP y el conjunto de sus
organizaciones asociadas, ofrecemos nuestra experiencia para
seguir promoviendo y fortaleciendo la participación
comunitaria.
El país sigue adelante, Venezuela es trabajo de todos.
Por el Consejo Directivo, Santiago Martínez, Presidente;
Déborah Van Berkel, Directora Ejecutiva.
Caracas, 25 de agosto 2004" (Grupo
Social Cesap, 25.08.04, gscesap@cesap.org.ve).
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DOCUMENTOS
"Resolución
869 de la OEA reconociendo los resultados del Referendo
Revocatorio Presidencial:
Resultados del Referéndum Revocatorio Presidencial celebrado
en Venezuela el 15 de agosto de 2004" |
"El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos
(OEA),
Habiendo escuchado los informes verbales que presentaron el
Embajador Valter Pecly Moreira, Representante Permanente de
la República Federativa del Brasil y Jefe de la Misión de
Observación Electoral de la OEA; el Secretario General de la
OEA, Dr. César Gaviria y los aportes del Representante
Permanente de Venezuela, Embajador Jorge Valero, sobre el
Referéndum Revocatorio Presidencial realizado en Venezuela
el pasado 15 de agosto de 2004;
Constatando la amplia y pacífica participación del pueblo
venezolano en el Referéndum Revocatorio Presidencial,
celebrada de acuerdo a lo establecido en el artículo 72 de
la Constitución Nacional de la República Bolivariana de
Venezuela;
Considerando que uno de los elementos esenciales de la
democracia representativa es el acceso al poder y el
ejercicio del poder de acuerdo con el estado de derecho, la
celebración de elecciones periódicas, libres e imparciales
basadas en el voto secreto y el sufragio universal, como
expresión de la soberanía del pueblo, en conformidad con las
disposiciones de la Carta Democrática Interamericana;
Considerando también que el Gobierno Constitucional del
Presidente Hugo Chávez Frías ha cumplido con las normas
constitucionales de su país y con los compromisos adquiridos
con la comunidad hemisférica, al cooperar en la realización
del referido Referéndum, contribuyendo así a fortalecer la
democracia en las Américas; y
Teniendo presente que la resolución CP/RES. 833 (1348/02)
abogó para que todas las fuerzas políticas y sociales de
Venezuela procuraran una solución constitucional,
democrática, pacífica y electoral,
RESUELVE:
1. Hacer un reconocimiento al pueblo de Venezuela y a sus
instituciones políticas democráticas por la conducta cívica
demostrada en el proceso refrendario y al Presidente Hugo
Chávez Frías por haber logrado una ratificación exitosa de
su mandato
2. Reconocer la contribución que brindaron el Secretario
General de la OEA, Dr. César Gaviria y el Grupo de Países
Amigos del Secretario General para Venezuela, en la
facilitación del proceso que condujo a la celebración del
Referéndum.
3. Reconocer, en particular, la manera responsable y
efectiva en la cual cumplió su mandato la Misión de
Observación Electoral de la OEA, presidida por el Embajador
Valter Pecly Moreira, Representante Permanente de la
República Federativa del Brasil.
4. Expresar su complacencia por la realización del
Referéndum Revocatorio Presidencial, celebrado de acuerdo al
artículo 72 de la Constitución de Venezuela, así como el
cumplimiento del mandato de la resolución CP/RES. 833
(1348/02) del 22 de diciembre de 2002, que instaba a
alcanzar en Venezuela una solución constitucional,
democrática, pacífica y electoral.
5.. Hacer un llamado a todos los actores a respetar los
resultados del Referéndum Revocatorio Presidencial, emitidos
por el Consejo Nacional Electoral y avalados por la Misión
de Observación Electoral de la OEA, el Centro Carter y demás
observadores internacionales. Asimismo, exhortar a todos los
sectores nacionales a abstenerse de promover la violencia y
la intolerancia, con el fin de facilitar la necesaria
búsqueda de la reconciliación nacional.
6. Exhortar a todos los sectores en Venezuela a respetar los
derechos humanos, el estado de derecho, el pleno goce de la
libertad de expresión y de prensa, tal y como lo establecen
la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y
la Carta Democrática Interamericana.
7. Saludar el ofrecimiento que ha formulado el Presidente
Hugo Chávez Frías de impulsar un diálogo nacional. En ese
sentido, abogar por un proceso de reconciliación, con
respeto a los principios de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela y de la Carta Democrática
Interamericana, en el cual participen todos los sectores de
la vida pública venezolana, y donde las diferencias se
diriman en el marco del sistema democrático y dentro de un
espíritu de transparencia, pluralismo y tolerancia. Aprobada
en sesión celebrada el 26 de agosto de 2004 " (Organización
de Estados Americanos, 16.08.04,
http://www.oas.org/consejo/sp/resoluciones/res869.asp).
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DOCUMENTOS
Alianza
Internacional de Habitantes: Declaración de Quito: Vivienda
Digna para todas y todos |
"La Alianza Internacional de
Habitantes saluda la realización del primer Foro Social de
las Américas (Quito 25-30 de julio 2004) y se compromete a
seguir participando de manera activa en el esfuerzo
colectivo de las organizaciones sociales del continente
Americano por construir una América justa, fraterna y
solidaria. En las circunstancias actuales este reto requiere
más que nunca de la más firme unidad de todos aquellos que
luchamos por construir un mundo diferente y también, de la
coordinación efectiva de todas las iniciativas, todavía
dispersas, orientadas a resolver en paz y con respeto de los
derechos fundamentales de los pueblos americanos, todos los
conflictos y los graves problemas que nos aquejan,
garantizando la autonomía de los países de la región
En ese sentido invita a todos los pobladores, habitantes,
trabajadores, ciudadanos, profesionales, poderes locales y
gobiernos, hombres y mujeres, a:
1. impulsar la campaña internacional: "Desalojos Cero: Por
la seguridad de tenencia, acceso al suelo seguro para
familias de menores ingresos". Esta campaña promueve la
movilización
solidaria de pobladores e instituciones de la sociedad civil
a nivel internacional a fin de detener los desalojos
sensibilizando a las autoridades públicas para que se tomen
las medidas de política necesarias, con regímenes de
tenencia que les provea de seguridad jurídica e impida los
desalojos forzados. A este fin decidimos poner en marcha un
sistema unitario de alerta regional contra las violaciones
del derecho a la vivienda en el sitio
www.habitants.org/IAI.
Solicitamos
el respaldo decidido de las Naciones Unidas a esta
iniciativa.
2. Impulsar la creación de un Fondo Solidario Internacional
cuyos recursos provengan, entre otros, de la reducción de la
deuda externa de los países de la región. Este fondo debe
ser
administrado con participación de instituciones de la
sociedad civil y bajo control de organizaciones sociales.
Con los recursos del fondo se financiarán programas públicos
de acceso
al suelo, vivienda y mejoramiento del hábitat en los barrios
precarios.
3. Articulado a lo anterior, debemos formular e impulsar una
política de vivienda para la región, alternativa a la
promovida por organismos multilaterales en nuestros países.
Esta nueva política debe superar el enfoque basado
exclusivamente en la lógica del mercado, que centra sus
esfuerzos en la aplicación de subsidios altos y focalizados,
cuyo objetivo central es la reactivación de la industria de
la construcción y no la superación de las deplorables
condiciones de habitabilidad en la que viven millones de
personas en nuestra región.
Quito, 28 de Julio del 2004
Aurora Picazo Ramírez, Unión Popular Valle Gòmez A.C. México;
María Corria MDF, Brasil;
Luzmila Alvarez Coordinadora Política de Mujeres, Ecuador;
Roland Dunzendorfer, urbanista, Austria;
Juan Carlos Calizaya, Instituto de Desarrollo Urbano, Cenca,
Perú;
Cristina Reynals, FEDEVI, Argentina;
Sócrates Peguero, FREPROCA , República Dominicana;
Carlos Escalante, Comitè Peruano de Campaña por una Vivienda
Digna para todas y todos, Perú;
Guillermo Rodríguez, FCOC/ UCISVER México;
Lilia Santana, Aitec, Francia;
Edymar Cintra, MNLM, Brasil;
Roger Muro, Grupo de Iniciativas Urbanas, Perú;
José Quiñónez Colchado, Cenca, Perù;
Nicolás Carcelén, Ecuador;
Santos C. Mata, CODECOV, República Dominicana;
Gabriel Ramírez, COPEVI, A.C. México;
Grabriella Robba, Universidad de Venecia, Italia;
Cecilia Corsini, Universidad de Venecia, Italia;
Paul Maquet Makédonski, AIH, Perú;
Cesar Ottolini, AIH;
Yves Cabannes, CIGU;
John Jairo Calderón, Corporación de destechados, Popayán,
Colombia;
Manuel Dos Santos, MDF, SP, Brasil;
Sebastián Tello, GIU, Perù;
Epifania Inocente Meza, Estrategia, Perú;
Herirberto Flor Quirogo, Asociación de Vivienda Renacer,
Bogotá, Colombia;
Leticia Osorio, Cohre Américas, Brasil;
Susana Segovia, Foro Urbano, Ecuador;
Robelio Oña Ramírez, Federación de Barrios Populares de Nor-Occidente, Quito, Ecuador;
Luisa Recchia, CIGU;
Sandro Lucìa Cifuentes, Sintramuncipales, Ecuador"
(Alianza Internacional de Habitantes, 28.07.04,
http://alainet.org/docs/6580.html).
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El Programa
Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) es
una organización no gubernamental especializada en la defensa
y promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales
(DESC), que tiene como fin la plena realización de los
derechos humanos y el respeto al Estado de Derecho, en el
marco de una sociedad democrática y participativa. Toda acción
que Provea lleva a cabo busca beneficiar a las víctimas o
potenciales víctimas a las que el Estado no les garantiza o
les viola sus derechos humanos, propiciando su protagonismo y
la concientización de sus derechos.
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Tienda Honda a Puente Trinidad, edificio Centro Plaza Las
Mercedes, local 6, planta baja, Parroquia Altagracia
Apartado Postal 5156, Carmelitas 1010-A, Caracas, Venezuela
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