|
 |
|
Una lectura de la realidad venezolana
desde los
derechos humanos |
Servicio
informativo No. 144
Del 20 al 30 de septiembre de 2004 |
|
|
Números
anteriones |
|
1988/2003: Provea, 15 años por los derechos sociales y contra la impunidad
EFEMÉRIDES DE DERECHOS HUMANOS EN OCTUBRE
INVITACIONES A EVENTOS
* Prórroga de postulaciones para el diplomado “Políticas sociales con perspectiva de derechos”
* Abiertas las inscripciones para el III Seminario latinoamericano de educación en derechos humanos: "Educación en Derechos Humanos e Inclusión Social"
* Foro Derechos culturales: Una plataforma institucional y jurídica para la transformación cultural
CONTEXTO
* Organizaciones de derechos humanos se pronuncian ante los hechos de violencia acaecidos en el estado Apure
* Una propuesta para hacer avanzar la dignidad de todas y todos: Plan Nacional de Derechos Humanos para Venezuela
* Provea: La demanda al Defensor del Pueblo no vulnera la confidencialidad en el trato a los denunciantes y fortalece el derecho de petición
* Designada nueva Agente del Estado para los Derechos Humanos ante el Sistema Interamericano e Internacional
DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
* Organizaciones latinoamericanas de derechos humanos en audiencia con la CIDH para tratar impacto del libre comercio
* Vecinos de Nueva Tacagua y Provea demandan a presidente de INAVI
* Presidente de FONDUR también fue demandado por adjudicatarios de Ciudad Miranda y Provea
* La pobreza: Tema de cumbres de la ONU
* FAO define metodología para la realización progresiva del derecho a la alimentación
* Indicadores oficiales del derecho a la alimentación para agosto
* OIT reconoce avances en indicadores de los derechos laborales venezolanos durante el 1er. semestre 2004
* Indicadores de los derechos laborales del INE
* Movimiento ambientalista rechaza nuevo decreto sobre plan de ordenamiento territorial de la reserva de Imataca
* Más denuncias contra ineficacia de la reforma agraria
* Acordada medida que restituye derecho a la educación de hijos de ex trabajadores de PDVSA en centro educativo de Judibana
* Propuestas y exigencias a poderes públicos sobre el derecho a la tierra
DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
* Unión Afirmativa de Venezuela solicita apoyo para avanzar a favor de la lucha contra la discriminación de la población GLBT venezolana
* Corte IDH admitió tercer caso venezolano: Desapariciones de Vargas
* Red de Apoyo y familiares de víctimas de abusos policiales: La palabra dicha y la obra creada articulan nuevas maneras de conocer, actuar, vivir
* Corte revoca sobreseimiento a presuntos involucrados en hecho de El Caracazo
* Juicio sin escabinos para agentes acusados de participar en Grupo Exterminio
* Precedente positivo a favor del respeto de los derechos humanos de las personas detenidas
* Situación de las cárceles sigue preocupando a organizaciones de derechos humanos
* Propuestas y exigencias a poderes públicos sobre el derecho de las personas detenidas y encarceladas
ARTÍCULOS
* Son Derechos: “El deber de reparar (II)”
* Son Derechos: “El deber de reparar (I)”
NOVEDADES DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN TODOS LOS DERECHOS PARA TODOS
* "Descripción y perfiles de desigualdad e ingresos en Venezuela, 1975-2002"
* "Las exigencias de la sociedad civil. La responsabilidad del Estado: derechos económicos, sociales y culturales (DESC)"
* "El rostro del terror: análisis de los ataques en contra defensores de derechos humanos del 2000 al 2003"
* "Manual del promotor y promotora de derechos humanos"
DOCUMENTOS
* AMIGRANSA: "¡ALARMA EN IMATACA! Depredadores de Bosques en Acción"
* "III Consulta Latinoamericana de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos: Declaración Final"
* III Consulta Latinoamericana de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos: "Pronunciamiento de Organizaciones Frente al Militarismo"
Para cancelar su suscripción a este boletín haga click aquí
Para cualquier opinión haga click aquí
Agradecemos mencionar la fuente cuando el contenido sea citado o difundido |
|
|
EFEMÉRIDES DE DERECHOS HUMANOS EN OCTUBRE |
Concesión del Premio Nóbel de la Paz
01 Día Internacional de las Personas de la Tercera
Edad
02 Día Interamericano del Agua
04 Día Mundial del Hábitat (1er. lunes)
04 Día Mundial de la Amnistía
04 Día Interamericano de la Radiodifusión
10 Día Mundial Contra la Pena de Muerte
10 Conmemoración de la Masacre de Cantaura, Edo.
Anzoátegui (1982)
10 Día Mundial de la Salud Mental
10 Día Interamericano del Agua
12 Día Nacional de la Resistencia Indígena
15 Día Internacional de la Mujer Rural
15 Día Internacional de Reducción de Desastres (2do.
miércoles)
15 Aniversario de Provea
16 Día Mundial de la Alimentación
17 Día Mundial para la Erradicación de la Pobreza
18 Día de la Protección a la Naturaleza
24 Día de las Naciones Unidas
24 Día Mundial de la Información sobre el Desarrollo
24-30 Semana del Desarme
27 Primera elección universal, directa y secreta en
Venezuela (1946)
29 Conmemoración de la Masacre de El Amparo, Edo.
Apure (1988)
subir
|
INVITACIONES A EVENTOS
Prórroga de postulaciones para el diplomado “Políticas sociales con perspectiva de derechos” |
El Centro de Estudios del Desarrollo de la Universidad Central de Venezuela (CENDES/UCV), el Instituto Latinoamericano de Estudios Sociales (ILDIS), la Agencia de Cooperación Técnica Alemana GTZ y Provea invitan a funcionarios y gerentes públicos con responsabilidad en la formulación y/o ejecución de políticas, programas o proyectos sociales; investigadores, docentes y estudiantes; miembros de organizaciones de derechos humanos, sociales y de desarrollo; y a líderes comunitarios a participar en este diplomado, cuyo lapso de postulación concluye el 08.10.04.
Con este diplomado, los organizadores pretenden capacitar a los participantes en la formulación y evaluación de políticas sociales aplicando una perspectiva de derechos; promover el cumplimiento de los derechos sociales y proponer acciones públicas con un sentido ciudadano de corresponsabilidad social.
Se estipuló un tiempo de duración de 96 horas académicas, a través del cual se trabajarán 4 módulos con los siguientes temas generales: los Derechos Sociales como Derechos Humanos; Políticas sociales con perspectiva de derechos; Instrumentos para la evaluación de políticas sociales y la exigibilidad de los derechos; Presentación y análisis de experiencias en políticas de salud con perspectiva de derechos, medición de equidad como base para el diseño de políticas sociales con perspectiva de derechos, participación y corresposabilidad ciudadana, y exigibilidad de los derechos sociales.
Para más información puede consultar la dirección: http://derechos.org.ve/diplomado.htm.
subir
|
INVITACIONES A EVENTOS
Abiertas las inscripciones para el III Seminario latinoamericano de educación en derechos humanos: "Educación en Derechos Humanos e Inclusión Social" |
La Red Venezolana de Educación en y para los Derechos Humanos abrió el período de inscripciones para el III Seminario latinoamericano de educación en derechos humanos: "Educación en Derechos Humanos e Inclusión Social" que se realizará en Caracas entre el 29.11 al 01.12.04.
El objetivo del evento es analizar los resultados del Decenio de las Naciones Unidas para la Educación en Derechos Humanos 1995-2004 en Venezuela y en América Latina; y, perfilar los desafíos de la educación en derechos humanos, de cara al logro de una mayor inclusión social en América Latina en el nuevo decenio.
El período de inscripciones se extenderá hasta el 15.11.04. El costo de la inversión es de 150.000 bolívares si se incluye alojamiento y comida o de 90.000 bolívares si se incluye sólo almuerzo y materiales. Luego de la fecha de cierre, el costo de inscripción tendrá un incremento del 20%.
Para más información los interesados pueden contactar a la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, por los teléfonos: (0212) 574.19.49 / 574.80.05; al correo-e: redapoyo-educacion@cantv.net; o a Provea a los teléfonos: (0212) 860.66.69 / 862.53.33; al correo-e: educacionprovea@derechos.org.ve.
subir
|
INVITACIONES A EVENTOS
Foro Derechos culturales: Una plataforma institucional y jurídica para la transformación cultural |
La Fundación Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos (CELARG), el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual e Industrial (SAPI) y el Colectivo Cultural Pueblo Soberano organizaron el foro Derechos culturales: Una plataforma institucional y jurídica para la transformación cultural, a través del cual se pretende abordar, desde diferentes perspectivas, la problemática del libre ejercicio de los derechos culturales en Venezuela y ofrecer soluciones que favorezcan el ejercicio de estos derechos amparados por la Constitución.
El evento se realizará en la sala C del piso 6 de la sede del CELARG, ubicada en la avenida Luis Roche de Altamira, Caracas; cada miércoles comprendido entre el 29.09 y el 17.11.04.
El programa de las ponencias incluye la materia legislativa relacionada con el ámbito cultural (anteproyectos de Ley de cultura., Ley de cine, Ley de derecho de autor, Ley de protección y defensa del patrimonio cultural), la evaluación de la situación de las culturas indígenas venezolanas y la defensa de la diversidad cultural.
Para mayor información, puede comunicarse con la Dirección de Artes Visuales del CELARG, por los Teléfonos: 285 29 90 / 285 2721 ext. 214 y 212; fax: 286 78 59; o al correo-e: artesvisuales@celarg.org.ve; y la página http://www.celarg.org.ve
subir
|
CONTEXTO
Organizaciones de derechos humanos se pronuncian ante los hechos de violencia acaecidos en el estado Apure |
Ante los hechos ocurridos el pasado viernes 17 de septiembre, en los que tres soldados y un subteniente del Ejército, un guardia nacional y una ingeniera de Petróleos de Venezuela (PDVSA) fueron acribillados en una emboscada realizada por grupos armados irregulares aún no identificados en el sector Mata de Caña, Parroquia Urdaneta del Municipio Páez del estado Apure, Las organizaciones abajo firmantes manifestamos que:
Repudiamos
• La acción violenta y criminal que arrebató la vida a los miembros de la Fuerza Armada Nacional Carlos Pérez Fernández, Julio Alberto Castro, Ildemaro Isasi, Luis Rojas González y Jean Narváez y a la ingeniera Ana Laura Carrasco, levantamos nuestra voz de protesta ante este tipo de acciones viles y cobardes;
• La presencia de grupos armados irregulares que, a lo largo y ancho de nuestra frontera, extorsionan, secuestran, asesinan y siembran el pánico entre la población civil;
Nos condolemos
Con los familiares de las víctimas de esta masacre y nos solidarizamos con la Fuerza Armada Nacional en este momento de dolor.
Exigimos que:
• Los organismos del Estado, procedan en lo inmediato a investigar, identificar y castigar a los responsables de tales hechos. Al mismo tiempo les hacemos un llamado para que implementen acciones y tomen las medidas conducentes a garantizar la seguridad de los ciudadanos en las froteras.
• El Estado encuentre y aplique mecanismos que garanticen la seguridad en la zona sin menoscabar los derechos humanos de sus habitantes.
• A raíz de este atentado no se criminalice a los habitantes de la frontera, ni a las personas solicitantes de refugio que llegan a nuestro país huyendo de la violencia colombiana. Por ello, nos oponemos radicalmente a la suspensión de garantías constitucionales, debido a que este tipo de medidas en la frontera ha significado en otros tiempos, muertes, desapariciones, detenciones arbitrarias y abusos generalizados; no queremos esto para la gente de la frontera.
• El Estado venezolano se ocupe no solo de la seguridad sino también del desarrollo integral de la frontera.
• Se tomen medidas urgentes para que haya una mayor presencia de las instituciones civiles del Estado, especialmente Fiscalía y Defensoría del Pueblo.
• Se produzca mayor coordinación, no jerarquizada, entre las instituciones civiles y militares.
Suscriben:
Acción Ciudadana Contra el Sida (ACCSI)
Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH-UCAB)
Centros Comunitarios de Aprendizaje (CECODAP)
Fundación de Derechos Humanos del Estado Anzoátegui
Oficina de Derechos Humanos del Vicariato Apostólico de Puerto Ayacucho
Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea)
Servicio Jesuita a Refugiados de Venezuela (SJR)
Caracas, 30.09.04.
subir
|
CONTEXTO
Una propuesta para hacer avanzar la dignidad de todas y todos: Plan Nacional de Derechos Humanos para Venezuela |
Las coaliciones de organizaciones venezolanas Foro por la Vida, Red Venezolana de Educación en y para los Derechos Humanos y las que participan en el Capítulo Venezuela de la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD), presentaron el 20.09.04 una propuesta para un Plan Nacional de Derechos Humanos para Venezuela .
En el documento final, las 23 organizaciones que participan en estas redes presentan un conjunto de propuestas metodológicas conducentes a la elaboración de un plan nacional de derechos humanos adecuado al concepto planteado en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos realizada en Viena, en 1993.
La misión de esta propuesta es coadyuvar a la consolidación de una sociedad y un Estado democráticos, participativos, de justicia social, en donde se respeten, protejan y garanticen los derechos humanos.
Igualmente se pretende propiciar una discusión con autoridades de los poderes públicos, partidos políticos, organizaciones y movimientos sociales, alrededor de las siguientes preguntas: ¿Qué es un Plan Nacional de Derechos Humanos?; ¿Por qué es importante un Plan Nacional de Derechos Humanos?; ¿Cuáles son los antecedentes del Plan Nacional de Derechos Humanos en Venezuela? y; ¿Cómo hacer un Plan Nacional de Derechos Humanos venezolano que permita hacer avanzar la dignidad de todas y todos?.
Actualmente el documento se está enviado a distintas instancias del poder público y puede ser consultado en la dirección-e: http://derechos.org.ve/nosotros/redes/forovida/planac_ddhh.pdf. Cualquier opinión puede ser enviada al correo-e: plannacional_ddhh@derechos.org.ve.
subir
|
CONTEXTO
Provea: La demanda al Defensor del Pueblo no vulnera la confidencialidad en el trato a los denunciantes y fortalece el derecho de petición |
El pasado 23.09.04, Provea se dirigió a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) con el objeto de solicitarle que le ordene a Germán Mundaraín, en su condición de Defensor del Pueblo, dar respuesta a una solicitud de información efectuada por Provea el pasado 27.05.04.
Explicó Marino Alvarado, Coordinador del Área de Defensa de Provea que en esa fecha se le dirigió al Defensor del Pueblo un escrito solicitándole información sobre aspectos relacionados con violaciones al derecho a la integridad personal tanto en el sector civil como en el militar; agresiones contra defensores de derechos humanos, denunciantes de violación de derechos humanos o familiares de víctimas de violación de derechos humanos, registrados desde el IV trimestre de 2003 y los primeros 4 meses de 2004; evolución de estos casos de acuerdo con la actuación de la Defensoría y su papel ante la situación generada por los solicitantes de asilo desplazados desde Colombia hasta la Sierra de Perijá, así como su evaluación del impacto de esas migraciones sobre la población indígena.
Esta información fue solicitada a propósito de la realización del informe anual de Provea sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela. Esta publicación efectúa un balance de la situación de estos derechos en Venezuela utilizando insumos provenientes de instancias públicas y privadas.
Explicó el vocero de Provea que “año tras año nos servimos de informaciones oficiales. Sin embargo, desde el año 2002 la Defensoría del Pueblo no ha publicado su Anuario, gracias al cual hubiésemos podido consultar su información oficial sin necesidad de dirigirle estas peticiones de información” (Provea, 23.09.04, http://derechos.org.ve/actualidad/comunicados/notas_prensa_2004/np230904.pdf).
Provea acusó al Defensor del Pueblo no sólo de incumplir con su deber de dar oportuna y adecuada respuesta, sino también de violar el principio de accesibilidad a la información, establecido en el artículo 8 de la novel Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo (LODP) y 28 de la Ley Orgánica del Poder Ciudadano.
Antonio González Plessmann, Coordinador del Área de Investigación de Provea a cargo de la realización del informe anual agregó que “la Defensoría ha ignorado su obligación de impulsar la participación ciudadana para vigilar los derechos y garantías constitucionales. Todo ciudadano y organización social tiene el derecho de ejercer contraloría social. Esto implica el libre acceso a la información oficial. En este caso, resulta una paradoja que sea la propia Defensoría del Pueblo la que viole este derecho” (Provea, Ídem.).
Ante esta acción adelantada por Provea, la Defensoría emitió un comunicado el 24.09.04, mediante el cual aseguró que "la Defensoría del Pueblo no tiene obligación de suministrar a Provea, ni a embajadas de ningún país del mundo, la información que éstas soliciten para la elaboración de sus informes" (Defensoría del Pueblo, 24.09.04, http://www.defensoria.gov.ve/detalle.asp?sec=20&id=466&plantilla=1). Tal afirmación la fundamentó en 2 argumentos: primero, que el artículo 64 de la LODP establece que "con el ánimo de proteger a los denunciantes [...] la información que maneja la Defensoría del Pueblo tiene carácter reservado" (Defensoría del Pueblo, Ídem.); segundo, que el acceso público a la información manejada por dicho ente público ya está asegurado a través del informe anual que la Constitución y la LODP le obligan a presentar ante la Asamblea Nacional (AN).
No obstante, en su comunicado, la Defensoría adelanta que su informe anual "será presentado al Poder Legislativo" (Defensoría del Pueblo, Ídem.), acentuando así lo señalado por Provea en su demanda respecto a que desde hace 2 años ésta no presenta su informe a la AN.
En cuanto al primer argumento, Provea aclara que en atención a la pertinente cautela con la que debe manejarse toda información sobre los denunciantes, en su carta del 27.05.04 solicitó información sobre "hechos conocidos por la Defensoría (sin que sea necesario el suministro de nombres u otros datos que puedan afectar el deber de confidencialidad que tiene la Defensoría con los denunciantes)" (Comunicación N° 146 de Provea dirigida a Germán Mundaraín el 27.05.04 y recibida el 31.05.04).
Igualmente, en su Acción de Amparo, Provea precisó "que la información que se le solicita al Defensor del Pueblo no tiene nada de que ver con asuntos confidenciales, pues se trata de datos estadísticos en algunos casos, descripción de casos de manera general en otros y es información que bien puede suministrar el Defensor, tal como lo hace cuando presenta su informe de gestión" (Provea, 23.09.04, http://derechos.org.ve/recursos/alegal/ampdefpueblo/ampDefPueblo_230904.doc).
De modo que, además de recibir con respeto las excusas presentadas por la Defensoría del Pueblo en dicho comunicado, ante la posible falta de respuesta "por razones administrativas [de] alguna de sus comunicaciones", Provea insiste en sus denuncias y le recuerda a los entes públicos su obligación constitucional a garantizar el acceso a la información y a responder efectiva y adecuadamente a solicitudes de información pública.
subir
|
CONTEXTO
Designada nueva Agente del Estado para los Derechos Humanos ante el Sistema Interamericano e Internacional |
Por disposición del Presidente de la República, el Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE) estableció en su resolución Nº 267, publicada el 17.09.04 en Gaceta Oficial Nº 38.026, que María Auxiliadora Monagas ocupará el cargo de Agente del Estado para los Derechos Humanos ante el Sistema Interamericano e Internacional (Ministerio de Comunicación e Información, 21/9/2004, http://www.minci.gov.ve/noticia.asp?numn=2986).
La nueva designación cumple con el requisito establecido en el artículo 236, numeral 4, de la Constitución y llena el vacío dejado por el abogado Fermín Toro Jiménez quien, luego de ocupar este cargo por menos de un año, fue transferido como Representante Permanente ante las Naciones Unidas desde el pasado 19.06.04.
Toro Jiménez sucedió a Jorge Dugarte, quien luego de haberlo ejercido desde el 14.08.01, puso su cargo a la orden el 30.06.03.
Monagas se suma a lista de 4 Agentes del Estado que ha designado este gobierno. El primero fue Raúl Arrieta, quien fue sustituido por el ex constituyente Hermánn Escarrá.
La renuncia de Dugarte fue significativa en su momento, pues ocurrió como consecuencia de la objeción a la medida cautelar a Globovisión planteada por el gobierno . Sin embargo, el funcionario también señaló razones objetivas y subjetivas, como algunas dificultad para obtener respuestas oportunas del gobierno sobre el cumplimiento de las medidas dictadas por órganos del SIPDH .
Conviene señalar que en su informe al Consejo de Ministros, Dugarte mismo exhortó a las autoridades a evaluar “si como Estado estamos dispuestos a acatar a los organismos internacionales contemplados en los pactos, convenios, tratados, y por tanto sus resoluciones, decisiones, recomendaciones o medidas, para ver cuál será entonces la labor de las cancillerías y cuál sería la razón de ser, en este caso, del Agente del Estado para los derechos humanos” (El Universal, 13.10.03, http://www.eluniversal.com/2003/10/11/11157A.shtml).
El cargo que ahora ocupa Monagas tiene la responsabilidad de "representar a Venezuela en los casos que cursen ante el sistema interamericano e internacional de derechos humanos, así como ante los órganos de supervisión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). También elaborará la respuesta del Estado contra las denuncias y alegatos presentados ante por los reclamantes y peticionarios ante los órganos anteriormente anunciados. Además, realizará gestiones ante organismos y tribunales nacionales para recabar información necesaria en cada uno de los casos; adelantará las negociaciones y acuerdos en los casos sometidos al procedimiento de solución amistosa; presentará las solicitudes de inadmisibilidad o cierre de aquellos casos que lo ameriten, entre otras funciones" (Ministerio de Comunicación e Información, Ídem.).
subir
|
DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Organizaciones latinoamericanas de derechos humanos en audiencia con la CIDH para tratar impacto del libre comercio |
A petición de Provea, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) decidió convocar a la organización venezolana de derechos humanos a una audiencia para el 22.10.04, en el contexto de su 121º período de sesiones ordinarias.
La decisión fue comunicada por Santiago Cantón, Secretario Ejecutivo de la instancia hemisférica, el pasado 22.09.04, respondiendo a una solicitud dirigida por Provea el 01.09.04.
El motivo de esta audiencia será informar a los comisionados sobre la actual situación de los derechos económicos, sociales y culturales en Venezuela. Por Provea estará presente su coordinador general, Carlos Correa.
Además de esta audiencia especial, Provea estará presente en una audiencia temática dedicada al impacto de los procesos de integración económica en los derechos humanos.
"Con el propósito de realizar un análisis sobre la relación entre los procesos de integración económica y las obligaciones que en materia de derechos humanos han adoptado los miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA)" (Proceso, 28.09.04, http://www.proceso.com.mx/noticia.html?nid=27101&cat=1), Provea, junto con el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) de Argentina; el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL); el Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP) de Colombia; la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Perú; Derechos y Democracia, de Canadá y el Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, de México; coincidieron en solicitar esta audiencia a la CIDH.
Esta será la primera vez que el organismo regional de derechos humanos concede una audiencia para tratar esta materia.
En el marco del Sistema Interamericano de Protección a los Derechos Humanos, las organizaciones pretenden explorar las posibles acciones que permitan avanzar en la construcción de un diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos en este contexto y en la adopción de medidas que aseguren su protección.
Ya sea por la vía de políticas adoptadas de manera unilateral, por la de acuerdos bilaterales, o con base en los compromisos multilaterales, de facto o de manera institucionalizada, los procesos de integración económica avanzan en el continente americano, siendo sus efectos cada vez más visibles en la vida de las personas, los colectivos y de los pueblos mismos.
Por otro lado, la oposición social a la progresión de dichos procesos se ha intensificado y los movimientos que la sustentan tienen una comprensión cada vez más sólida y articulada de la amenaza que estos acuerdos representan para el pleno goce de los derechos humanos, lo cual ha sido denunciado en diversas instancias.
Dentro del ámbito de las instituciones universales, la reflexión sobre la relación entre el goce de los derechos humanos y la liberalización del comercio se ha desarrollado de una manera significativa e inspiradora, reflejándose en los informes emitidos por las instancias de las Naciones Unidas como los informes de la ex comisionada para los Derechos Humanos, Mary Robinson; el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos, y de varios de los relatores del Sistema Universal.
En este contexto, la realización de esta audiencia, no tiene precedentes. Es la primera vez que un organismo internacional creado para la protección de los derechos humanos escuchará de manera directa a organizaciones preocupadas por los efectos que estos procesos están ocasionando en los derechos reconocidos por los Estados y a expertos en el tema.
Las organizaciones participantes esperan que la Audiencia contribuya a la reflexión del propio tema por parte de la CIDH, a la identificación de los obstáculos que puedan afectar la capacidad de los Estados de cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos, así como a la de las medidas que puedan tomarse para atender la situación.
subir
|
DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Vecinos de Nueva Tacagua y Provea demandan a presidente de INAVI |
Por haber violado el derecho de petición establecido en el artículo 51 de la Constitución, un grupo de familias que habitan en la urbanización Nueva Tacagua, con la asesoría de Provea, interpusieron una Acción de Amparo Constitucional contra Jesús Hernández, presidente del Instituto Nacional de la Vivienda (INAVI).
La medida fue ejercida el pasado 29.09.04 ante la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo.
Asistidos por Provea, las ciudadanas Violeta BAILLIE, Ana URIBE, Irma CARPIO, Teresa USECHE, Carmen NÚÑEZ, Juana ÁLVAREZ, Francis GARCÍA, Felipa GONZÁLEZ y Mélida BRUZUAL solicitaron por séptima ocasión, el pasado 13.08.04, a este funcionario que respondiera de manera escrita una serie de interrogantes acerca de su estatus legal ante dicho ente público en el proceso de reubicación que actualmente se desarrolla en esta urbanización (consulte el documento en la dirección-e: http://derechos.org.ve/recursos/alegal/ntacagua/amparo_inavi.pdf).
Estas ciudadanas son habitantes de los edificios 11 y 12 de la terraza “KK”, sector “C” de Nueva Tacagua, y sufren una situación no aclarada que les genera zozobra y no pocas dudas acerca de su futuro y el de sus familias. A pesar de que estas familias llevan más de 15 años habitando en sus residencias, no aparecen registradas en los archivos deI INAVI como propietarios y además, los 2 edificios aparecen registrados como demolidos. Además, aparecen como adjudicatarias de viviendas en los Valles del Tuy que nunca han recibido. Las afectadas presumen que mediante un hecho de corrupción se le otorgó viviendas a otras personas y por ello se les quiere ignorar jurídicamente.
Es importante destacar que el INAVI tiene 2 años sin dar respuesta a las solicitudes de petición que ha presentado la comunidad.
Las demandantes le solicitaron al presidente del INAVI información relacionada con su condición de personas a quienes se les debe adjudicar viviendas, que no fue atendida en el lapso de 20 días que estipula la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos (LOPA).
En tal sentido, se acusó a Hernández de no haber cumplido con su deber de dar oportuna y adecuada respuesta. Se espera que el respectivo tribunal acoja la solicitud de ordenarle al presidente del INAVI dar respuesta a la petición hecha por este grupo de vecinos en defensa de su derecho a la vivienda y, finalmente, tome en cuenta su reclamo para ser definitivamente beneficiaros de adjudicación de viviendas.
Sobre este caso, sugerimos consultar la edición N° 142 de este boletín electrónico en la dirección-e: http://derechos.org.ve/actualidad/coyuntura/2004/coyuntura_142.htm#07.
subir
|
DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Presidente de FONDUR también fue demandado por adjudicatarios de Ciudad Miranda y Provea |
El pasado 29.09.04, se presentó ante la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo un grupo de familias apoyadas por Provea para manifestar su intención de sumarse a la Acción de Amparo Constitucional introducida por esta organización el 21.09.04, contra Edgar Camejo, presidente del Fondo Nacional de Desarrollo Urbano (FONDUR), debido a su negativa a dar respuesta oportuna y adecuada a informaciones solicitadas por Provea con relación al mencionado proyecto habitacional.
Las familias llevan 5 años esperando que el FONDUR entregue sus viviendas, luego de haber dado su cuota inicial para adquirir viviendas en el proyecto habitacional Ciudad Miranda ubicado en el Edo. Miranda.
Las familias tienen más de 1 año esperando que FONDUR responda varias comunicaciones mediante las cuales exigen respuestas sobre los motivos por los cuales no ha culminado el proyecto habitacional y los criterios utilizados para adjudicar las pocas viviendas concluidas hasta el momento.
subir
|
DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
La pobreza: Tema de cumbres de la ONU |
Un total de 193 oradores solicitaron la palabra para dirigirse al plenario de la 59° Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), que se inició el 21.09.04. Este año, el encuentro tiene, entre otros temas protagónicos, a la pobreza y la reforma de la ONU, a fin de prepararla para el abordaje efectivo de las Metas del Milenio y fortalecer el sistema multilateral creado hace casi 60 años (Cadena Global, 21.09.04, http://www.cadenaglobal.com/Default.asp?pgm=Detail&Not=75966&Sec=6).
La pobreza fue abordada a la luz de los logros alcanzados en el Encuentro de Líderes Mundiales para la Lucha contra el Hambre y la Pobreza, promovida por Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil, con el apoyo de Chile, Francia y España, celebrada el 20.09.04 (Organización de Naciones Unidas, 20.09.04, http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=3078&criteria1=&criteria2=).
El principal de estos logros fue la recolección de la firma de un total de 113 países que avalaron la declaración resultante. El documento final estará abierto a la adhesión de todos los países que lo deseen y tendrá un complemento que propondrá los mecanismos alternativos para financiar el desarrollo.
El documento propone mecanismos de financiación de la ayuda al desarrollo, como la imposición de un gravamen para las transacciones financieras o la venta de armas (Cadena Global, Ídem.) .
En el discurso inaugural de este evento, Kofi Annan, Secretario General de la ONU, pidió a la comunidad internacional actuar con rapidez en la búsqueda de alternativas para financiar el desarrollo y erradicar el hambre y la pobreza.
Según la ONU, más de 1.000 millones de personas viven en condiciones de pobreza extrema, con menos de 1 dólar al día y más de 840 millones padecen hambre o desnutrición.
El Secretario General aseguró que el combate de estos flagelos no es sólo cuestión de dinero sino que se trata de una batalla en numerosos frentes que van desde la educación hasta los derechos de las mujeres, pasando por muchos otros.
subir
|
DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
FAO define metodología para la realización progresiva del derecho a la alimentación |
Tras 2 años de negociaciones, el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) aprobó la metodología que determina las directrices voluntarias para la realización progresiva del derecho a la alimentación en el ámbito de la seguridad alimentaria nacional.
La decisión se tomó en el marco del 30º período de sesiones de la FAO realizado en Roma, entre el 20 y 23.09.04 ((Comité de Seguridad Alimentaria Mundial, 27.09.04, http://www.fao.org/docrep/meeting/008/J2660s.htm).
Según la FAO, el objetivo de esta metodología es ofrecer una orientación práctica a los países para que cumplan con sus obligaciones relacionadas con el derecho a la alimentación. Este paso debería facilitar el cumplimiento del objetivo de reducción del hambre, establecido por la Cumbre Mundial sobre la Alimentación (Organización de Naciones Unidas, 24.09.04, http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=3128&criteria1=&criteria2=) .
Las directrices voluntarias toman en consideración una amplia variedad de indicadores como la equidad y no discriminación, la participación e inclusión, la rendición de cuentas y el estado de derecho, así como el principio de que todos los derechos humanos son universales, indivisibles, están intercomunicados y mantienen una dependencia recíproca.
Las directrices constituyen, a juicio de la FAO, un instrumento práctico en materia de derechos humanos básicos para todos los países. Contemplan el conjunto de acciones necesarias a nivel nacional a fin de crear un entorno propicio para que las personas puedan alimentarse con dignidad, y ofrecer redes de protección adecuadas para los que no pueden hacerlo.
Para conocer en detalle el Modelo de Informe de Seguimiento del Plan de Acción de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación que contiene a esta metodología, puede consultar la dirección-e: http://www.fao.org/docrep/meeting/008/J2660s.htm.
subir
|
DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Indicadores oficiales del derecho a la alimentación para agosto |
Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el valor de la Canasta Alimentaria Normativa (CAN) del mes de agosto de 2004 se ubicó en 330.094,22 bolívares, lo que representó un incremento de 0,9% (3.190,12 bolívares) con respecto al mes anterior, cuando estuvo valorada en 326.904,11 bolívares. Sin embargo, la variación de agosto mostró un aumento menos acentuado que el experimentado en julio (1,5%) (Cadena Global, 30.09.04, http://www.cadenaglobal.com/Default.asp?pgm=detail&Not=76508&Sec=8).
Revela el informe que 5 grupos de alimentos sufrieron alza en sus precios y 5 disminuyeron. Los grupos de alimentos más sensibles al alza fueron frutas y hortalizas con una variación de 5,84%; café, té y similares de 4,11%; y pescados y mariscos de 4,02%. Entretanto que los grupos de alimentos que bajaron sus precios fueron grasas y aceites, con variación negativa de 1,90%; cereales y productos derivados de 1,00%; semillas, oleaginosas y leguminosas de 0,80%; y carnes y sus preparados de 0,19%.
La variación acumulada de la CAN para el período enero-agosto de 2004 se ubica en 15,9%, un 4,2%menor al mismo período de 2003 (20,19%). Mientras que la comparación anualizada del indicador para el período agosto 2003-agosto 2004, reflejó un aumento de (26,4%), un 0,8% menos que la variación interanual de julio 2003–julio 2004 (27,2%), lo que indica una desaceleración de la tendencia del incremento del valor de la CAN.
subir
|
DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
OIT reconoce avances en indicadores de los derechos laborales venezolanos durante el 1er. semestre 2004 |
En su Avance del Panorama Laboral 2004, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) advirtió que "el mercado laboral de América Latina registra en el primer semestre de 2004 un desempeño alentador que se refleja en una disminución del desempleo y un aumento de los salarios reales e industriales" (Organización Internacional del Trabajo, 23.09.04, http://www.oit.org.pe/portal/noticias.php?docCodigo=122).
Como un ejemplo de esta situación, el reporte de la OIT informa que para el 1er. semestre del año 2004 la tasa de desempleo abierta urbano en la región disminuyó a 10.9%, un 0,4% menos que la registrada
en igual período de 2003 (11.3%). De mantenerse esta tendencia durante el año, la OIT estima que la tasa anual media de desempleo de la región estaría alrededor de 10.6%, un 0,5% menos en comparación con la registrada en 2003 (11.1%). Aún así, advierte el informe, "la tasa de desempleo regional continúa siendo elevada, afectando mayormente a los jóvenes y las mujeres" (Organización Internacional del Trabajo, Ídem.).
Al analizar el desempeño del mercado laboral en 9 países de la región que representan casi el 90% de la Población Económicamente Activa (PEA) urbana y contribuyen con el 93% del producto regional, entre ellos Venezuela, el reporte de la OIT observa que en los 2 primeros trimestres del año 2004 la desocupación urbana disminuyó significativamente en Argentina con un 6% (de 20.4% a 14.4%), Uruguay con 4,6% (de 18.1% a 13.5%) y Venezuela con 2.4% (de 19.7% a 17.3%), en comparaciòn con el mismo perìodo del año anterior. El informe de la OIT calificó como un avance moderado el comportamiento de estos indicadores en los casos de Colombia y Venezuela, durante el 1er. semestre de 2004 con respecto al mismo período del año 2003.
El desempleo sigue afectando en mayor grado a las mujeres y a los jóvenes. Para los 7 países en los que se cuenta con información sobre la tasa de desempleo por sexo, la tasa de desempleo femenina equivale a 1.4 veces la tasa de desempleo masculina, una relación prácticamente idéntica a la del año pasado.
En cuanto a los salarios mínimos a nivel regional, durante el 1er. semestre del 2004 la OIT reportó un aumento en términos reales de 10.8% en promedio. Para la OIT, esto se debe, en parte, a que ha continuado el éxito en reducir la inflación, la que anualizada llegó a 5.6% en los primeros 6 meses de este año en el conjunto de los países seleccionados. Además influyeron los aumentos de los salarios nominales otorgados por los gobiernos, en particular en Argentina y Venezuela.
El salario mínimo real aumentó en los países considerados, excepto en México donde no varió, y en Uruguay donde cayó 1.5%. La capacidad adquisitiva del salario mínimo aumentó de manera importante en Argentina (69.5%), Venezuela (12.6%), Perú (8.7%) y Brasil (6.2%), produciéndose aumentos más moderados en Chile (3.8%), Colombia (1.8%) y Ecuador (0.8%).
Por su parte, los salarios industriales reales experimentaron, en el promedio ponderado de los países considerados, un incremento del 6.6% en el 1er. semestre de este año respecto a igual período del año 2003.
Si bien se producirían importantes reducciones en las tasas de desempleo en Argentina (3.4%), Uruguay (3.3%) y Venezuela (2.4%), al establecer las proyecciones para las tasas de desempleo por país, la OIT no observa una recuperación generalizada en los mercados de trabajo para el año 2004.
subir
|
DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Indicadores de los derechos laborales del INE |
De acuerdo al informe sobre la situación de los indicadores laborales de agosto realizado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la tasa de desempleo para ese mes se ubicó en 14,2%, lo que representa 1.704.000 personas desocupadas de la fuerza de trabajo de 12 millones de personas. Este comportamiento representa una disminución de 3,6% (444.974 personas) en relación con agosto de 2003, cuando el indicador del desempleo llegó a 17,8%, (2.149.000 desempleados) (Últimas Noticias, 28.09.04, pág. 16).
La tasa de desempleo también mostró una reducción de 1,1% (139.478 personas) respecto a julio del 2004, cuando los desempleados representaron el 15,3% (El Universal, 28.09.04, http://noticias.eluniversal.com/2004/09/28/eco_art_28156G.shtml).
En cuanto a la tasa de ocupación para el mes de agosto (49,5%, es decir, 5.119.222 trabajadores), el INE reportó en el sector formal de la economía un aumento de 2,5% (465.475 trabajadores) con respecto a la alcanzada en agosto de 2003 (47,0%, es decir, 4.653.747 ocupados). El INE aclaró que este nuevo contingente de trabajadores en este sector, son mayoritariamente del sexo masculino: 64,3% (299.102 trabajadores), mientras que 37,5% son mujeres (166.373 trabajadoras). El sector informal registró una disminución de 2,5%, al pasar de 53% en el 2004 a 50,5% del 2003.(Últimas Noticias, Ídem.).
La tasa de ocupación del 1er. semestre de 2004 se ubicó en 83,4% (10.035.741 de trabajadores), lo que representó un aumento de 2,6% (510.966 personas) con respecto al mismo lapso del año 2003 (80.8% , es decir, 9.524.775 personas).
De este total, corresponde al sector formal de la economía un 49,1% (4.923.168 personas), lo que implica un aumento de 1,8% (198.889 personas) con respecto al mismo período de 2003 (47,3%). Mientras que el resto de la población económicamente activa ocupada en el 1er. semestre de 2004, laboran en el sector informal de la economía, es decir, 20,9% (5.11.573 personas).
Por su parte, la población desocupada en el 1er. semestre de 2004 tuvo un comportamiento estable en términos estadísticos en comparación con el mismo lapso del año 2003: se ubicó en 16,6% (2.000.591 personas), reduciéndose en 2,6% (268.103 personas) (El Globo, 13.09.04, pág. 11).
subir
|
DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Movimiento ambientalista rechaza nuevo decreto sobre plan de ordenamiento territorial de la reserva de Imataca |
El pasado 08.09.04 se realizó en el auditorio del Jardín Botánico de la Universidad Central de Venezuela el foro público Imataca, oportunidad para el desarrollo sustentable, convocado por el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARN), en el cual dio a conocer el informe: Reserva Forestal Imataca. Ecología y bases técnicas para el ordenamiento territorial. Sin embargo, la relevancia del evento estuvo, a juicio de los asistentes, en el anuncio dado por las autoridades del MARN presentes sobre la aprobación del nuevo decreto de ordenamiento territorial de la reserva de Imataca (Lista Electrónica Ambientalista, 10.09.04, lea@elistas.net).
Según información ofrecida a los medios de comunicación por Ana Elisa Osorio, titular del MARN, la medida adelantada en el foro se hizo efectiva a través de un nuevo decreto aprobado el 07.09.04 (Tal Cual, 28.09.04, pág. 3), en Consejo de Ministros que regula el Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso para la Reserva Forestal de Imataca. Con la nueva norma se deroga el polémico Decreto 1850, que autorizó en 1997 la apertura minera en esta zona protegida. La ministra aseguró que, luego de la consulta pública de 3 meses abierta para diseñar el nuevo decreto, el Ejecutivo acordó la reducción del uso minero a 12%, asignó un uso forestal a 62,5% del territorio y un 23,1% de la extensión se dejó para protección y conservación (El Nacional, 10.09.04, pág. B/14).
Para Julio César Centeno, experto ambientalista, el decreto "pretende legalizar la explotación minera en el área, la cual es incompatible con el concepto de reserva forestal. Aunque reconoce la reducción en casi un tercio, de 40 a 12, del porcentaje de bosque destinado a la actividad extractiva, si se compara con el plan del año 1997" (Tal Cual, Ídem.).
Centeno estimó que el instrumento legal pueda sentar un precedente para que en el futuro otras áreas protegidas, incluyendo parques nacionales, puedan ser destinadas a actividades que atentan contra su conservación y aprovechamiento.
Añadió que "no se ha hecho un estudio para determinar si se obtienen mayores beneficios económicos explotando o conservando los bosques. actualmente las regalías por concepto de extracción de oro se ubican entre el 3% y el 5%, en comparación con el 30% que se carga al petróleo. En cambio, se calcula que el estado venezolano podría obtener en créditos de carbono hasta 2.400 millones de dólares si decide limitar a 50% el área de explotación maderera de la reserva" (Tal Cual, Ídem.).
Laura Hernández , activista ambientalista que tuvo acceso al contenido del informe presentado por el MARN en las jornadas del 08.09.04, denunció que "este informe carece de información sobre biodiversidad de la zona (ni siquiera sabemos cuánto de biodiversidad vamos a perder con tal intervención), además de los aspectos sociales básicos. El área con concesiones para la minería es mucho mayor a lo ya afectado. El área de concesiones forestales es prácticamente toda la reserva, que actualmente está representada por un continuo de bosque tropical húmedo y siempre verde. Así mismo, en el propio informe puede verse que las ganancias para el Estado por tal destrucción del bosque son ínfimas en comparación con la renta petrolera y que podríamos ganar más con bonos de carbono y ecoturismo ¿Se justifica entonces? La extracción del oro contamina el ambiente (vapores de mercurio, cianuro), el agua y el aire, perjudicando tanto a la flora y la fauna como a los propios mineros e indígenas de la zona. En la explotación del oro se encuentra una transnacional canadiense llamada Crystalex. Si se legaliza la explotación, la devastación del bosque será aún mayor, al haber participación de grandes empresas. Los bosques proveen de servicios ambientales como proporcionar agua, purificar el aire, regulación del clima, control de la erosión, reciclaje de nutrientes, recursos genéticos, recreativos y culturales (indígenas y campesinos). Se ha calculado el valor en dólares por hectárea de bosque húmedo tropical, se estima que es aproximadamente $ 2.007/ha año o aún mayor (Nature, 1997,387) ¿Entonces?" (Lista Electrónica Ambientalista, Ídem.).
En la misma línea crítica se manifestó la organización ambientalista Sociedad de Amigos de la Gran Sabana (AMIGRANSA), que expuso sus observaciones a esta decisión ejecutiva en un pronunciamiento que puede consultar en la sección DOCUMENTOS de este boletín electrónico.
Aquellos interesados en el informe del MARN, pueden adquirirlo en la sede de Fundambiente, Centro Simón Bolívar, Nivel Plaza Caracas, Edificio Sur, Local 9. El Silencio, Caracas; al teléfono 0212 408 15 45 o a través del correo fundamb@cantv.net.
subir
|
DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Más denuncias contra ineficacia de la reforma agraria |
Luis Amesty, adjudicatario de la parcela Nº 46 de Caño Caimán margen izquierda, Edo. Zulia, denunció que, a pesar de haber sido de los primeros beneficiarios de Cartas Agrarias hace más de 3 años, “aún estamos como el primer día” (El Nacional, 14.09.04, pág. B/12). Amesty se refirió especialmente a la situación de abandono oficial en el que se encuentra junto con otros más beneficiarios de esta política de adjudicación de Cartas Agrarias. Como se recordará, la entrega de este documento se acompañó del compromiso gubernamental de otorgar créditos a bajo interés, entregar de maquinarias e insumos, así como la construcción de vías y puentes que les permitieran ingresar a sus propiedades.
A esta situación de incumplimiento se le añade la indefensión jurídica que viven los beneficiarios de las Cartas Agrarias. Amenty dijo que "sólo han podido hacer mejoras en los patios por el litigio que aún permanece en el TSJ, y se les prohíbe trabajar la tierra" (El Nacional, Ídem.). Reveló que de los 140 campesinos del sector sólo quedan 47 personas en esa margen.
La fuente periodística recuerda que "los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia aún no han decidido la expropiación de las tierras entregadas a los campesinos, dado que en algunos casos se comprobó que al momento de las inspecciones estaban productivas".
Amesty aseveró que "hasta la fecha no ha podido disponer de las carteras crediticias así como de la maquinaria para la producción [...] del grupo total de campesinos con título en mano en los predios de Caño Caimán, —240 en total— han quedado 67 luchando y cifrando sus esperanzas en que los recursos lleguen algún día" (El Nacional, Ídem.).
Esta denuncia sigue la línea de la presentada a Provea por la Cooperativa Próspero del Tuy (ver artículo de opinión de Marino Alvarado "Otra cara del Plan Zamora", edición Nº 138 de este boletín electrónico en http://www.derechos.org.ve/actualidad/coyuntura/2004/coyuntura_138.htm#24) y la hecha por campesinos cooperativistas del Edo. Portuguesa, que denunciaron en Provea que no hay una política integral que conduzca a elevar la calidad de vida de los campesinos (ver edición N° 139 de este boletín electrónico en: http://derechos.org.ve/actualidad/coyuntura/2004/coyuntura_139.htm#07).
Como ante esos casos, Provea una vez más exhorta al Ejecutivo Nacional a que preste atención a este tipo de denuncia puesto que si no se corrigen a tiempo estas fallas denunciadas, pudiera avanzarse hacia otra frustración colectiva en materia de reforma agraria.
subir
|
DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Acordada medida que restituye derecho a la educación de hijos de ex trabajadores de PDVSA en centro educativo de Judibana |
|
Jesús Luongo, gerente general del Centro de Refinación Paraguaná, informó que los hijos de los ex trabajadores de Petróleos de Venezuela (PDVSA) que cursaban estudios en el liceo Don Bosco, en Judibana, municipio Los Taques del Edo. Falcón.tienen cupo garantizado (El Nacional, 21.09.04, pág. B/12).
Como se recordará, efectivos de la Guardia Nacional (GN) efectuaron el 26.08.04 una medida de desalojo a la comunidad educativa del Colegio Don Bosco, ubicado en la zona residencial del campo petrolero Judibana. La medida afectó a más de 200 niños, niñas y adolescentes hijos de ex empleados de Petróleos de Venezuela (PDVSA) que cursaban estudios en esta unidad de educación básica y diversificada (ver edición N° 143 de este boletín electrónico en: http://derechos.org.ve/actualidad/coyuntura/2004/coyuntura_143.htm).
La medida se decidió luego de una reunión entablada entre Luongo y miembros de la Comisión Permanente de Familia, Mujer y Juventud de la Asamblea Nacional (AN), luego de la desocupación efectuada el 26 de agosto.
Un boletín del centro indica que la medida permitirá recibir tanto a los hijos de los trabajadores activos como a los de los ex empleados. No obstante, la fuente advirtió que "la mayoría de los padres {ex trabajadores de PDVSA] manifestaron no estar interesados en inscribir a sus hijos en el nuevo liceo de PDVSA" (El Nacional, Ídem.).
subir
|
DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Propuestas y exigencias a poderes públicos sobre el derecho a la tierra |
- Continuar de manera progresiva con el proceso de adjudicación de tierras que contribuya a una mejor distribución de la misma, garantizando el cumplimiento adecuado de los procedimientos previstos en la
Ley de Tierras y Desarrollo Agrario;
- Eliminar el latifundio improductivo y en caso de expropiaciones, garantizar el pago oportuno de una justa indemnización;
- Descentralizar las instancias de decisión sobre la tenencia y administración de la tierra, haciéndolas accesibles al campesino;
- Promover y crear espacios para el diálogo entre los distintos sectores que hacen vida en el campo venezolano con la finalidad de aminorar las tensiones y diseñar políticas públicas que garanticen beneficio a todos los actores involucrados;
- Investigar y sancionar a los responsables de los asesinatos de campesinos y adoptar medidas adecuadas para brindar seguridad a los productores y trabajadores del campo;
- Garantizar mecanismos que permitan la mejora de las condiciones de vida del campesino,
entre ellos la dotación de servicios de salud y educación, el pago de un salario rural justo, la seguridad jurídica de la tenencia, y el apoyo técnico, crediticio y en los mecanismos de mercadeo;
- Realizar a la brevedad el catastro rural para garantizar seguridad jurídica de la tenencia de la tierra. (Provea, 30.10.04, http://www.derechos.org.ve/publicaciones/infanual/2002_03/24exigencias.pdf)
subir
|
DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
Unión Afirmativa de Venezuela solicita apoyo para avanzar a favor de la lucha contra la discriminación de la población GLBT venezolana |
Desde el 22.09.04, la organización de derechos humanos Unión Afirmativa de Venezuela (UAV) está desarrollando una campaña para solicitar a los magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que se aboquen a dar una respuesta al recurso interpretativo que introdujo el 06.10.03 acerca de la aplicación de las disposiciones antidiscriminatorias de la Constitución a favor de la lucha contra el estado de indefensión jurídica y de desigualdad en que vive la población homosexual, bisexual y transgénero (ver edición N° 127 de este boletín electrónico en: http://derechos.org.ve/actualidad/coyuntura/2003/coyuntura_127.htm#10).
Debido a la falta de una respuesta sobre la admisibilidad o no de este recurso, la UAV pide que se, con copia a la UAV (unionafirmativa@hotmail.com o joram3000@hotmail.com), se envíen cartas a los magistrados Iván Rincón Urdaneta, presidente de la Sala Constitucional (ivan.rincon@tsj.gov.ve); Jesús Eduardo Cabrera (jesus.cabrera@tsj.gov.ve), Antonio García García (antonio.garcia@tsj.gov.ve); Pedro Rondón Haz (pedro.rondon@tsj.gov.ve); José Delgado Ocando (jose.delgado@tsj.gov.ve); así como a la Secretaría de la Sala Constitucional (jose.requena@tsj.gov.ve).
La carta modelo que se les debe enviar es la siguiente:
"Doctor:
Con el debido respeto me dirijo a usted para llamar
su atención acerca del expediente AA50-T-2003-002630, contentivo de Recurso de Interpretación del artículo Artículo 21 ordinal primero, en conjunto con los artículos 19, 20 y 22, de la Constitución acerca de si incluyen en su protección la orientación sexual, con carácter indivisible e interdependiente en cuanto al reconocimiento de derechos a las parejas conformadas por dos personas del mismo sexo. En particular, es urgente la resolución de este caso en cuanto a si el estado venezolano reconoce los efectos de la decisión del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en el caso de Young c. Australia, donde afirma que el artículo 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos confiere la posibilidad de reconocer pensión de viudez al sobreviviente de una relación de pareja entre dos personas del mismo sexo.
Esperando su diligencia en este caso.
(Nombre, organización, dirección)" (Unión Afirmativa de Venezuela, 22.09.04, unionafirmativa@hotmail.com).
subir
|
DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
Corte IDH admitió tercer caso venezolano: Desapariciones de Vargas |
El pasado 22.09.04 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) admitió el caso de las desapariciones forzadas de Oscar BLANCO, Roberto HERNÁNDEZ y José RIVAS ocurridas durante la catástrofe natural del Edo. Vargas ocurrida en diciembre de 1999. Los 3 ciudadanos fueron detenidos ilegalmente por funcionarios del Batallón de Paracaidistas del Ejército, los dos primeros; y de la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP), el último; en el marco de las acciones de control de orden público, desconociéndose hasta la fecha su paradero.
Los 3 casos fueron denunciados por COFAVIC, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y Provea (que luego lo delegó a la Vicaría de Derechos Humanos de la Arquidiócesis de Caracas), ante la CIDH, instancia que luego de 4 años decidió elevar el caso ante la Corte IDH, el 30.06.04.
"La Comisión tomó en cuenta la resolución de la Asamblea General de la OEA que califica la desaparición forzada como un delito de lesa humanidad, para hacer su denuncia. Así presentó una acusación por la violación de los derechos a la vida, a la libertad individual, a la integridad personal, a una debida protección judicial y al debido proceso" (Comité de Víctimas de Familiares de los Sucesos del 27 de Febrero y Marzo de 1989, 22.09.04, cofavic@cofavic.org.ve).
La CIDH también tomó en cuenta que, luego de 10 años de transcurrida la experiencia de El Caracazo, el Estado "no hubiese asumido la enorme responsabilidad de adiestrar a sus funcionarios de seguridad en el respeto a los derechos humanos, en circunstancias de restablecimiento del orden público [...] En ese sentido, la CIDH consideró 'irregular que dentro de un contexto donde no se suspendieron garantías constitucionales ni se declaró un estado de emergencia se hayan enviado tropas militares para controlar el orden, por cuanto la experiencia que las mismas no están debidamente entrenadas para utilizar métodos respetuosos de los derechos humanos cuando se trata de controlar a la población civil'" (Comité de Víctimas de Familiares de los Sucesos del 27 de Febrero y Marzo de 1989, Ídem.).
La CIDH admitió el caso el 15.03.00 y dio cumplimiento al procedimiento para determinar la responsabilidad del Estado venezolano por la desaparición forzada de Blanco, Hernández y Rivas. En su informe sobre estos casos, la CIDH invitó al Estado venezolano a acoger 3 recomendaciones:
"• Identificar, procesar y sancionar penalmente a los agentes del Estado materiales e intelectuales responsables de las detenciones y posterior desaparición forzada de las víctimas.
• Adoptar las medidas necesarias para la ubicación y devolución de los restos de las víctimas a sus familiares. Adoptar las medidas conducentes para que los familiares de las víctimas reciban una justa reparación por las violaciones aquí establecidas en virtud de los daños materiales e inmateriales ocasionados.
• Adoptar las medidas necesarias para que evitar que el futuro se produzcan hechos similares. Se recomienda hacer un reconocimiento público de su responsabilidad que brinde satisfacción moral a los familiares e informe a la sociedad la verdad sobre los hechos ocurridos en el estado Vargas.
No obstante, el Estado venezolano luego de 4 años no cumplió con ninguna de estas recomendaciones ni dio muestras de buena fe para resarcir el daño ocasionado a los familiares de las víctimas" (Comité de Víctimas de Familiares de los Sucesos del 27 de Febrero y Marzo de 1989, Ídem.).
Este caso será el tercero que llega a ser atendido por la Corte IDH, luego de haber dictado sentencia contra el estado venezolano en los casos de El Amparo y de El Caracazo.
subir
|
DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
Red de Apoyo y familiares de víctimas de abusos policiales: La palabra dicha y la obra creada articulan nuevas maneras de conocer, actuar, vivir |
La Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, en el marco de su 19° aniversario, conjuntamente con un grupo de familiares de víctimas de abusos policiales, inauguraron el 14.09.04 la exposición “Razones para querer la Paz. De las emociones a la creación plástica”, en la Sala Ipostel del Museo de Arte Contemporáneo de Caracas Sofía Imber (MACCSI) e igualmente bautizaron el libro “La razón de la Paz. Escritos sobre la paz, la guerra y el sentido de la política y el derecho” (Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, 13.09.04, redapoyo@cantv.net).
En la muestra, los familiares de víctimas exploraron el tema de la paz y la guerra. Consta de más de 40 obras creadas bajo las técnicas de modelado en arcilla y dibujos. Esta muestra forma parte de un trabajo plástico dirigido por la artista Elena Cárdenas, la cual estará a la disposición del público hasta finales de octubre 2004 en esta sala del MACCSI, ubicada en el edificio sede de Ipostel en la Avenida José Ángel Lamas de San Martín, Caracas.
Mientras que el libro recoge más de 100 escritos realizados por los familiares participantes del taller “Acerca de la paz y la guerra”, realizado con el apoyo del escritor Juan Antonio Calzadilla, que incluyen poesías, ensayos y dramaturgias.
Para los familiares, la aproximación a lo artístico resultó ser un proceso pedagógico y terapéutico. La posibilidad de contar y compartir sus experiencias, nociones, emociones y sus concepciones del mundo, permitiéndoles reconstruir sus historias para moldear un nuevo proyecto de vida.
La Red de Apoyo cree definitivamente, que el proceso creador libera, posibilita nuevas formas de contar historias, de denunciar las violaciones a los derechos humanos, de procesar afectos y sanar heridas dejadas por la violencia policial.
subir
|
DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
Corte revoca sobreseimiento a presuntos involucrados en hecho de El Caracazo |
La Sala 10 de la Corte de Apelaciones del Área Metropolitana de Caracas revocó el sobreseimiento de 3 militares presuntamente involucrados en el homicidio de Crisanto MEDEROS el 03.03.89, durante los hechos de El Caracazo (El Globo, 14.09.04, pág. 7).
La Sala declaró parcialmente con lugar la apelación que hiciera el Ministerio Público (MP) contra la decisión del Tribunal 33 de Control que favoreció a los oficiales del ejército Pedro Colmenares, Jesús Francisco Blanco y Carlos Miguel Yánez.
Igualmente, ordenó la realización de una nueva audiencia para determinar la responsabilidad de estos oficiales en el asesinato de Mederos.
A las 10:00 AM del 03.03.89, Mederos se encontraba en su residencia cuando un grupo de 10 efectivos militares uniformados irrumpieron violentamente y lo asesinaron en su propia habitación, luego de golpearlo (Comité de Víctimas de Familiares de los Sucesos del 27 de Febrero y Marzo de 1989, 29.09.04, http://www.cofavic.org.ve/casos.htm).
La medida puede representar un paso favorable para el cumplimiento de la sentencia de El Caracazo, dictada el 29.08.02 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH ). Vale recordar que entre las medidas estipuladas por la Corte IDH se encuentra: ordenar al Estado a efectuar una investigación efectiva de los hechos; identificar a los responsables materiales e intelectuales así como a quienes hayan encubierto los hechos y aplicarles las sanciones administrativas y penales que correspondan.
subir
|
DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
Juicio sin escabinos para agentes acusados de participar en Grupo Exterminio |
El Tribunal 14 de Juicio del Área Metropolitana de Caracas declaró con lugar la solicitud hecha por el Ministerio Público (MP) relativa al proceso judicial desarrollado contra 14 funcionarios de la Policía del Edo. Portuguesa procesados por su presunta participación en más de 68 asesinatos en distintos sectores de la entidad federal, que se dieron a conocer con el nombre de "Grupo Exterminio" (Últimas Noticias, 09.09.04, pág. 24).
La solicitud del MP contemplaba la realización del juicio contra estos agentes sin necesidad de escabinos, a razón de los múltiples inconvenientes presentados con los escabinos quienes, luego de ser objeto de intimidaciones, decidían renunciar al caso (El Mundo, 09.09.04, pág. 23).
Ante la posibilidad de que los funcionarios se beneficiaran de la libertad condicional, como consecuencia del agotamiento de los lapsos establecidos en el Código Orgánico Procesal Penal (COPP), el pasado 31.08.04, el fiscal 27 con competencia nacional Antonio Guerrero, solicitó ante el tribunal respectivo la realización de un juicio unipersonal, es decir sin escabinos (El Mundo, Ídem.).
El 07.09.04 la nueva jueza encargada del Tribunal 14 de Juicio, Yuris López, "declaró con lugar la solicitud del fiscal basada en la sentencia N° 3744 de la sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), de fecha 22.12.03, en la cual establece que cuando en más de 2 ocasiones es imposible constituir un tribunal mixto, se procederá a la realización de un juicio unipersonal" (El Mundo, Ídem.).
En agosto de este año, la jueza Tania Estrada, en ese entonces a cargo del Tribunal 14º, benefició con medidas cautelares sustitutivas de libertad a este grupo de funcionarios (ver edición N° 143 de este boletín electrónico en: http://derechos.org.ve/actualidad/coyuntura/2004/coyuntura_143.htm#20.
subir
|
DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
Precedente positivo a favor del respeto de los derechos humanos de las personas detenidas |
Por disposición del Juez 4° de Control Jorge Luis Gavidia del circuito judicial de Guarenas, Edo. Miranda, fue aprehendido por una comisión de la Guardia Nacional (GN) el Jefe de régimen del internado judicial de El Rodeo II, Jefferson Vivas, acusado de haber lesionado al interno Arnel LOAIZA, quien denunció haber sido objeto de torturas (La Región, 12.09.04, pág. 37).
La fiscal 5° de Guarenas, Esther Durán pidió al juez Gavidia la privación de libertad de Vivas luego de que el Juez II de ejecución, José Berroterán, constatara el pasado 30.08.04 los maltratos ocasionados al interno y el examen médico forense que solicitó reportara los hematomas, contusiones en el hemitórax, cuero cabelludo y pabellón de la oreja izquierda, sangramiento del oído del mismo lado y fractura del brazo izquierdo producto de las agresiones que le provocara Vivas (La Región, Ídem.).
Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) indicó que esta medida sienta un precedente favorable a la defensa de los derechos humanos de las personas detenidas por ser la primera vez que un funcionario con jerarquía en ese circuito judicial es sancionado por torturar y maltratar a un detenido (La Región, Ídem.).
subir
|
DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
Situación de las cárceles sigue preocupando a organizaciones de derechos humanos |
Según registros del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), hasta el 23.09.04, el número de internos muertos en hechos de violencia, era aproximadamente de 250, mientras que los heridos son unos 450 (El Nacional, 24.09.04, pág. B/22).
A juicio de Humberto Prado, director de la organización, “la violencia es una constante en las cárceles venezolanas, muchas vidas quedan en el camino del cumplimiento de condena, otras, simplemente en espera de justicia. Motines, huelgas de sangre y de hambre, mafias internas y torturas por parte de los organismos de seguridad encargados de la custodia de los establecimientos de reclusión constituyen los factores que llevan a un reo a ser víctima de un sistema penitenciario que no cumple con su objetivo” (El Nacional, Ídem.).
A propósito del día de Nuestra Señora de Las Mercedes, patrona de los presos, celebrado cada 24 de septiembre, Prado señaló que, a pesar de que la capacidad total de los 30 centros penitenciarios que funcionan en el país es de 12.000 cupos, la población penal alcanza el total de 19.984 internos, algunos de los cuales esperan por beneficios e indultos que tradicionalmente ofrecen las autoridades del Ministerio del Interior y Justicia (MIJ). De este número, 1.548 son extranjeros de cerca de 56 nacionalidades, 1.293 hombres y 265 mujeres.
Al analizar la situación de los centros carcelarios, el Observatorio Venezolano de Prisiones verificó la vulneración de los derechos humanos de los reclusos que padecen VIH. El número de casos conocidos es 35.
Mediante inspecciones, la organización también ha constatado el hacinamiento en que están 351 detenidos en sedes policiales de Caracas.
Por su parte, Carlos Nieto Palma, coordinador de la coalición de organizaciones de derechos humanos para las personas detenidas Una Ventana a la Libertad, observó que ha trazado 3 diagnósticos finales para explicar la situación de nuestros internados judiciales: "falta de personal calificado, falta de comunicación entre los actores del sistema de prisiones y ausencia de planes a corto, mediano y largo plazo para buscar salidas a la crisis” (El Nacional, Ídem.).
subir
|
DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
Propuestas y exigencias a poderes públicos sobre el derecho de las personas
detenidas y encarceladas |
- Llevar adelante las acciones requeridas para concretar el modelo penitenciario plasmado
en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 272. Principalmente, en lo relativo a la descentralización de los centros de reclusión, la creación de un ente penitenciario con
carácter autónomo y el fomento de políticas de rehabilitación;
- Garantizar que el control interno de los reclusos esté a cargo de personal civil debidamente capacitado y que el número de custodios asignado en cada centro guarde correspondencia con el total de reclusos;
- Normar los procedimientos de inspección a los visitantes de los centros de reclusión, garantizando un trato digno y respetuoso, y prohibir la práctica de inspecciones contrarias a la integridad personal;
- Garantizar un mayor número de Jueces de ejecución y una actuación efectiva de los mismos, incrementando el número de visitas a los establecimientos penales y de entrevistas con los detenidos;
- Lograr el establecimiento de criterios y prácticas comunes entre el Ejecutivo Nacional y el Poder Judicial para la debida aplicación de los beneficios que corresponde otorgar a la población reclusa, que califique para ellos. Sin más exigencias y limitaciones que las establecidas legalmente;
- Garantizar el traslado seguro de los internos a los tribunales, impidiendo la comercialización de este derecho y las situaciones que suponen riesgo para la vida e integridad física de los detenidos.
Separar a los internos en cada establecimiento penitenciario, según categorías de edad, sexo, motivos de detención, estado del proceso y medidas a ser aplicadas;
- Asegurar el pleno disfrute del derecho a la visita intima de la población penal femenina, sin más restricciones que las de seguridad general del recinto penitenciario;
- Garantizar el acceso de la población reclusa a los servicios de salud, asegurando el debido seguimiento y tratamiento a los casos específicos de alteraciones de salud que así lo ameriten;
- Suministrar a los internos una dieta alimentaria que garantice niveles óptimos de salud. La dieta debe contemplar los requerimientos especiales de las reclusas embarazadas, así como de las madres en
período de lactancia, y los menores de edad que permanecen en centros de reclusión junto a sus madres;
- Implementar programas educativos y laborales para la población penal, así como las instancias requeridas para el seguimiento y mantenimiento de los mismos;
- Garantizar equipos técnicos de profesionalesque funcionen en los centros de reclusión a objeto de dar seguimiento al comportamiento del recluso y certificar que éstos son aptos para el otorgamiento de los beneficios contemplados en las leyes vigentes;
- Procurar las condiciones óptimas de infraestructura y atención especializada para aquellos reclusos y reclusas beneficiados con medidas de pre libertad;
- Alcanzar una infraestructura y una asignación presupuestaria óptima que posibilite el cumplimiento a cabalidad de los programas de tratamiento y sanciones contemplados en la Ley Orgánica de Protección
del Niño y el Adolescente (Lopna);
- Garantizar a la población reclusa un sistema de recepción y trámite de denuncias de violaciones a los derechos humanos cometidas al interior de los penales con miras a que se investiguen, sancionen y
reparen. Este sistema debe contemplar la salvaguarda de la integridad y la vida de los denunciantes. Así mismo, debe producir informes, de carácter público, sobre la cantidad de denuncias presentadas y
los resultados obtenidos;
- Eliminar la práctica de los traslados de reclusos entre diferentes centros de reclusión como medida de castigo, dado que aumentan su vulnerabilidad frente a amenazas a su vida e integridad física.(Provea, 30.10.04, http://www.derechos.org.ve/publicaciones/infanual/2002_03/24exigencias.pdf).
subir
|
ARTÍCULOS
Son Derechos: “El deber de reparar (II)” |
“Osqueliz Campos fue herido por un funcionario de la PM el 28 de febrero de 1989, perdiendo la visión en ambos ojos. Denunció su caso ante la Fiscalía y logró, en primera instancia, la condena del funcionario policial a 4 años y 6 meses de prisión por el delito de lesiones personales intencionales gravísimas.
Posteriormente, un tribunal superior revocó la sentencia y absolvió al funcionario policial, con lo que se impuso la impunidad una vez más.
Osqueliz es una de las centenares de personas que no fueron beneficiarias de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor de las víctimas de El Caracazo y una de las que impulsa la organización de los familiares de las víctimas para convencer al Ejecutivo Nacional de la necesidad de aprobar una Ley que indemnice a estas personas.
Cabe señalar que las acciones indemnizatorias son sólo una parte de las reparaciones a las que tienen derecho y que la justicia y la verdad no son negociables bajo ninguna circunstancia. La reparación integral incluye la de investigar y sancionar a los responsables de la represión de febrero-marzo de 1989. El Ejecutivo Nacional y el Poder Judicial tienen la palabra" (Provea, 23.09.04, son@derechos.org.ve).
subir
|
ARTÍCULOS
Son Derechos: “El deber de reparar (I)” |
"En agosto de 2002, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó una sentencia que ordenó al Estado venezolano indemnizar a los familiares y víctimas de El Caracazo, que benefició a 44 familiares de víctimas agrupados en Cofavíc. Estas indemnizaciones ya han sido canceladas por el gobierno nacional.
Sin embargo, queda pendiente que el Estado venezolano cumpla con la obligación de realizar una efectiva investigación de estos hechos, identificar a los responsables, tanto materiales como intelectuales, así como a los eventuales encubridores y sancionarlos administrativa y penalmente según corresponda.
Oficialmente se informó que fueron 276 las personas fallecidas en estos sucesos, por lo que es evidente que en su oportunidad la mayoría de las víctimas no fueron parte de la demanda que originó el fallo de la mencionada Corte, a pesar de la amplia convocatoria realizada por Cofavíc.
Informamos a la opinión pública que en la sede de Provea se están reuniendo familiares interesados en plantearle al Ejecutivo Nacional que impulse la aprobación de una Ley de reparación e indemnización que incluya a todas las víctimas de la represión de febrero-marzo de 1989" (Provea, 14.09.04, son@derechos.org.ve).
subir
|
NOVEDADES DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN TODOS LOS DERECHOS PARA TODOS
"Descripción y perfiles de desigualdad e ingresos en Venezuela, 1975-2002" |
Autor: Daniel E. Ortega
Año: 2004
Sinopsis:
"Este trabajo muestra una radiografía de la desigualdad de ingresos en Venezuela desde 1975 hasta 2002. De acuerdo con estadísticas internacionales, Venezuela es un país con un nivel de desigualdad relativamente elevado, aunque no se encuentra entre los países más desiguales del mundo.
A pesar de que la desigualdad de ingresos laborales no ha cambiado de manera significativa en los últimos 27 años, la importancia de cada uno de los factores que la explican si ha cambiado y, en consecuencia, las causas y los efectos de desigualdad laboral también han evolucionado en el tiempo."(centrodocumentacion@derechos.org.ve).
subir
|
NOVEDADES DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN TODOS LOS DERECHOS PARA TODOS
"Las exigencias de la sociedad civil. La responsabilidad del Estado: derechos económicos, sociales y culturales (DESC)" |
Autor: Maribel Wolf (ed.)
Año: 2004
Sinopsis: "Los mecanismos internacionales, de manera general, establecen como principio, el agotamiento de las vías internas, lo que conlleva a una gran responsabilidad en construcción de ciudadanía nacional e internacional. Es sobre la base de una ciudadanía nacional que se puede constituir una ciudadanía internacional más consecuente, q | | | |