1988/2004: Provea, 16 años por los derechos sociales y contra la impunidad

CONTEXTO
* Provea cumple 16 años en la lucha por los derechos sociales y contra la impunidad
* Proyecto de Carta de Derechos Humanos Emergentes

DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 
* Nueva publicación de la PIDHDD: La seguridad social abordada desde la perspectiva de los derechos humanos
* Nobel de la Paz para ambientalista y defensora de los derechos humanos
* Apoyo para las Normas ONU sobre la Responsabilidad de las Empresas en Derechos Humanos
* INE y PNUD publican Atlas digital del Desarrollo Humano en Venezuela
* Integrantes del movimiento ambientalista e indigenistas evalúan proyecto de ley orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas
* La resistencia indígena. Más allá de las estatuas y los actos públicos
* Indicadores del derecho a la alimentación y a un salario suficiente
* Nueva prórroga para la inamovilidad laboral
* Misión de Contacto Directo de la OIT en Venezuela
* Más denuncias por vulneraciones al derecho a la vivienda
* Propuestas y exigencias a poderes públicos sobre los derechos de los pueblos indígenas        

DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
* PIDHDD exige a CONATEL la restitución de la frecuencia de la Radio Alternativa de Caracas
* Red de Apoyo por la Justicia y la Paz promueve campaña internacional contra la tortura en Venezuela
* Estado actual de la investigación sobre los hechos del 11A
* Indicadores de los derechos de las personas detenidas del OVP
* Procedimiento aplicado en la zona fronteriza para otorgar de refugio provisional a solicitantes
* Propuestas y exigencias a poderes públicos sobre el derecho a la libertad de expresión e información      

ARTÍCULOS
* Son Derechos: “Aborto y Derechos Humanos”
* Horacio Verbitsky: "La OEA"  

NOVEDADES DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN TODOS LOS DERECHOS PARA TODOS
* "La equidad en el desarrollo humano: estudio conceptual desde el enfoque de igualdad y diversidad"
* "Un estudio conceptual sobre los determinantes institucionales de la equidad"
* "De la integración a la exclusión: Los avatares del trabajo productivo a finales del siglo XX"  
* "Pautas para la observación internacional de elecciones"

INVITACIONES A EVENTOS
* CDH de Chile abre postulaciones para el II Diplomado en Derechos Humanos y Procesos de Democratización 

DOCUMENTOS
* CECODAP: "Ni una muerte más"
* "COFAVIC rechaza actos judiciales y legislativos que pretenden penalizar a las ONG que trabajan con la cooperación internacional"  

 


Agradecemos mencionar la fuente cuando el contenido sea citado o difundido

Este viernes 15 de octubre, Provea celebró su décimosexto aniversario. En 1988, Ligia Bolívar y Dianorah Contramaestre fundaron esta asociación civil sin fines de lucro con el objeto de ofrecer apoyo jurídico gratuito a colectivos de personas cuyos derechos sociales fueron atropellados, brindándoles educación en el campo de los derechos humanos y promoviendo la documentación, investigación, monitoreo y divulgación de la situación de los derechos humanos en el país.
A lo largo de 16 años el catálogo de actividades de Provea se amplió: desde haber logrado la primera condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al Estado venezolano por el caso de El Amparo, hasta participar en la redacción del Título de Derechos Humanos de la Constitución de 1999 y en la redacción de la Ley de Refugiados/as y Asilados/as.
Igualmente hay que recordar la defensa jurídica de los estudiantes de la Universidad Simón Bolívar a favor de la gratuidad de la educación superior y la de los/as niños/as cardiópatas del Hospital J. M. de los Ríos por el derecho a la salud. Su participación en el reconocimiento del estatuto jurídico de los ciudadanos colombianos solicitantes de asilo en Venezuela, en el caso de los pensionados y jubilados de VIASA, de los habitantes de Lagunillas y de Nueva Tacagua en la lucha por el derecho a la vivienda, entre otros más.
Actualmente, y como consecuencia de la desidia que algunos entes públicos y funcionarios han manifestado en su comportamiento ante solicitudes de información hechas por distintas organizaciones y comunidades, Provea ha interpuesto en los tribunales nacionales 7 acciones judiciales contra aquellos que se niegan a dar respuesta oportuna y adecuada.
Esta línea de trabajo se integra a las acciones emprendidas contra el Estado por daños y prejuicios causados a los/as ciudadanos/as afectados/as por sus acciones u omisiones, como por ejemplo, el caso elevado contra el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por no brindar atención adecuada de salud a las víctimas de la intoxicación masiva ocurrida el 20.03.93 en el Hospital José Antonio Vargas del sector La Ovallera, Edo. Aragua.
Para Provea también es fundamental monitorear la situación de los derechos humanos. En este sentido, publica su Informe Anual sobre la Situación de los Derechos Humanos en Venezuela, expresión de su investigación sobre 18 derechos humanos acerca de los cuales se realizan propuestas y exigencias a los poderse públicos. Esta tarea es complementada por el boletín electrónico Derechos Humanos y Coyuntura, que se publica quincenalmente por vía electrónica y cuenta con casi 6.000 destinatarios. Por otro lado, el sitio web de la organización (http://www.derechos.org.ve) ofrece materiales educativos, información especializada sobre las distintas instancias de exigibilidad de los derechos humanos y la mayor parte de los documentos publicados por la organización los cuales pueden ser consultados gratuitamente.
Provea también se ha destacado en la organización de eventos para la promoción y formación de los derechos humanos: variados foros en los que se abordan diversos temas de actualidad, talleres de formación de monitores y el seminario anual sobre derechos económicos, sociales y culturales, que siempre cuentan con participación nacional e internacional.
A su vez, ha estimulado la constitución de espacios de articulación de organizaciones de derechos humanos, como el Foro por la Vida, la Red de Educación en y para los Derechos Humanos y el Capítulo Venezuela de la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD).


 

Con el propósito de dar cuenta de los nuevos desafíos en materia de derechos humanos, representantes de la sociedad civil mundial reunidos en el Diálogo "Derechos Humanos, necesidades emergentes y nuevos compromisos", enmarcado en el Forum de las Culturas Barcelona 2004, redactaron un documento titulado "Proyecto de Carta de Derechos Humanos Emergentes".
El mismo expone un catálogo de valores y principios que pretende actualizar la Declaración Universal de los Derechos Humanos promulgada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 1948. La idea es visibilizar en una nueva escala las nuevas necesidades humanas que no hayan sido recogidas por instrumentos jurídicos internacionales vinculantes y que "debe ser considerada como parte de un proceso normativo consuetudinario, pero también debe de ser considerada para los individuos y los Estados como un nuevo imperativo ético del siglo XXI" (América Latina en Movimiento N° 388, 28.09.04, pág. 32).
En la primera parte del documento se hace un replanteamiento de los valores considerados como base de la convivencia de los seres humanos, destacando la relevancia de la dignidad, la vida, la igualdad, la solidaridad, la paz, la libertad y el conocimiento.
Dividida en 6 títulos que contemplan, entre otros, el derecho a la democracia igualitaria, la democracia plural, paritaria, solidaria y garantista, los derechos de la mujer, el derecho a vivir en un mundo pluricultural y multiético, a la renta básica, al desarrollo, a la comunicación.
Los promotores de esta iniciativa aspiran a que el documento sea debatido por la sociedad civil mundial para que, con los nuevos aportes, sea adoptado en el próximo Foro Social de Porto alegre del 2005.
El documento íntegro puede consultarlo en nuestra página web, en la dirección:
http://www.derechos.org.ve/actualidad/coyuntura/2004/derechosemergentes.pdf.


 

La vigencia del derecho humano a la seguridad social implica esfuerzos de educación, difusión e incidencia para que los ciudadanos asuman el seguimiento de las obligaciones estatales ante este derecho. En ese esfuerzo se inscribe la nueva publicación de la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD), que espera contribuir en la elaboración de informes nacionales y regionales sobre la situación de la seguridad social, que motiven a la sociedad y a los Estados a procurar la realización de este derecho.
Según la Organización Internacional del Trabajo, el 80 % de la población mundial carece de un nivel adecuado de cobertura de seguridad social. Esta es una situación reiterada en los países latinoamericanos. Los hechos demuestran que los/as trabajadores/as que confrontan contingencias (jubilación, enfermedad, desempleo, accidentes, etc.) sufren dificultades para mantener condiciones de vida dignas.
La seguridad social es un derecho humano incluido en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Este es un derecho cuya realización es imprescindible en la tarea de sostener la seguridad humana, la dignidad y la justicia social; constituyéndose en una base para la inclusión política y profundización de la democracia.
La seguridad social tiene que atender una variedad de contingencias: atención de la salud, , maternidad, enfermedad, vejez e invalidez, desempleo, accidentes del trabajo responsabilidades familiares y muerte. Igualmente, debe incorporar la perspectiva de género y la discriminación positiva a favor de los grupos tradicionalmente discriminados.
Con la publicación de Derecho Humano a la Seguridad Social: Apuntes y reflexiones desde la experiencia de América Latina, la PIDHDD, presenta, en primer lugar, una síntesis histórica de la seguridad social. Seguidamente recopila sus principales conceptos; analiza las bases normativas del derecho, así como las obligaciones del Estado respecto de este derecho humano. También incluye los principales indicadores que pueden permitir el monitoreo de su situación. Finalmente, analiza la actual situación de este derecho en América Latina, para contribuir a una visión de conjunto que ayude a construir una agenda para fortalecer políticas públicas tendientes a universalizar su garantía y vigencia.
La PIDHDD, es una asociación plural, convergente y autónoma de organizaciones de la sociedad civil de América Latina y El Caribe, conformada en forma de red, mediante 12 capítulos nacionales, entre los que se cuenta el venezolano. Tiene por objeto desarrollar una cultura y conciencia de derechos y de paz con justicia en la sociedad, a través de un consenso en torno a la integralidad de los derechos humanos, la democracia y el desarrollo.
El libro puede ser adquirido en la sede de Provea, ubicada en la parroquia Altagracia, bulevar Panteón, Puente Trinidad a Tienda Honda, edificio Centro Plaza Las Mercedes, PB, local 6. También puede solicitarlo por los teléfonos (0212) 862 10 11, 862 53 33 y 860 66 69; o por el correo-e: publicaciones@derechos.org.ve. Tiene un precio de lanzamiento de 13.000 bolívares. Además, puede consultarlo o descargarlo en el sitio web: http://derechos.org.ve/publicaciones/otros/index.htm.
Caracas, 05.10.04.


 

El comité noruego del Nobel decidió atribuirle el premio Nobel de la Paz correspondiente a este año 2004 a Waangari Maathai, ecologista keniata fundadora del movimiento ambientalista Green Belt Movement, en reconocimiento a su compromiso en la “contribución al desarrollo sustentable, la democracia y la paz” (El Nacional, 13.10.04, pág. A/14).
Maathai es profesora especializada en Biología, y fue la primera mujer de su país en obtener la Cátedra de Veterinaria en la Universidad de Nairobi.
Entre 1981 y 1987 fue presidenta del Consejo Nacional de Mujeres de Kenia, a través del cual difundió la idea de plantar árboles, y al año siguiente fundó el Green Belt Movement, (movimiento del cinturón verde), que plantó unos 30.000.000 de árboles en el continente africano para contrarrestar la deforestación y recrear las condiciones de biodiversidad.
Desde 1986, las iniciativas del Green Belt Movement fueron adoptadas en otros países africanos, como Tanzania, Uganda, Malawi, Lesotho, Etiopía y Zimbawe.
Sus objetivos principales son la salvaguarda de la biodiversidad y la creación de puestos de trabajo, con una atención particular en el liderazgo de la figura femenina en las áreas rurales. Muchos de estos objetivos fueron alcanzados en los últimos 20 años:  aumentó la conciencia del problema ambiental en África y se crearon miles de puestos de trabajo.
Con los años, Maathai recibió numerosos reconocimientos internacionales, incluyendo el premio Global 500 del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), el Goldman Enviromental Award y el premio África para los Líderes.
Su compromiso con el ambiente, le hizo sufrir en Kenia durísimos ataques, inclusive la cárcel en los años '80.
En el año 2002 fue elegida parlamentaria, y llamada a ocupar un puesto en el gobierno como viceministra de Ambiente.
Luego de conocer esta decisión, Maathai declaró que “la causa ecologista es un aspecto importante de la paz, porque cuando los recursos disminuyen, hay que luchar para volver a recuperarlos: plantemos semillas de la paz hoy para nuestro mañana” (El Nacional, Ídem.).
Por 2do. año consecutivo el galardón fue otorgado a una mujer, en el año 2003 el premio recayó en Shrin Ebadi, abogada iraní defensora de los derechos humanos.
En su fundamentación para otorgarle a la ambientalista africana este premio, el Comité del Nobel argumentó que “la paz sobre la tierra depende de nuestra capacidad de asegurar el ambiente donde vivimos. Maathai está en primera línea en la batalla para promover ecológicamente un desarrollo social, económico y cultural en Kenia y en Africa [...] Ella adoptó una aproximación holística hacia el desarrollo sustentable, que comprende democracia, derechos humanos y derechos de las mujeres en particular.
Piensa globalmente y actúa localmente” (El Nacional, Ídem.).
El Comité reconoció además la lucha de Maathai contra el precedente régimen opresivo en Kenia: “Sus personales modos de actuar contribuyeron a atraer la atención sobre la opresión política en el plano nacional e internacional” (El Nacional, Ídem.).
También destacó que “combina ciencia, compromiso social y política activa. Más que proteger simplemente el hábitat existente, su estrategia tiende a asegurar y reforzar la verdadera base para el desarrollo ecológicamente sustentable” (El Nacional, Ídem.).
El Comité recordó que “todos somos testigos de cómo la deforestación y la pérdida del verde llevaron a la desertificación de Africa y amenazaron otras regiones del globo. Proteger las selvas de la deforestación es un factor vital en la lucha para reforzar el ambiente donde vivimos, en nuestra Tierra común” (El Nacional, Ídem.).


 

Como parte de la campaña en apoyo a las Normas de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre la Responsabilidad de las Empresas en materia de Derechos Humanos, la Red Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Red-DESC) invita a todos y todas a apoyar la presentación conjunta ante la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas (OACDH) del documento sobre las Responsabilidades de las Empresas respecto de los Derechos Humanos (Choike, 06.10.04, http://www.choike.org/nuevo/informes/1638.html).
En esta presentación, que puede consultar en la dirección URL:
http://www.escr-net.org/GeneralDocs/Joint_Submission_sp.pdf, se destaca la importancia de las Normas de la ONU sobre las Responsabilidades relacionadas con los Derechos Humanos de las Corporaciones Transnacionales y otras Empresas, y la necesidad de fortalecer dichas responsabilidades de las empresas.
Una vez que se hayan recolectado las firmas de apoyo, el documento será entregado a la OACDH el próximo 22.10.04, en su sede de Ginebra, en carácter de declaración de apoyo a las Normas de la ONU. La idea es que constituya la base para seguir realizando actividades de información y defensa, como preparativo para la próxima reunión de la Comisión de Derechos Humanos.
Se espera que estos aportes contribuyan a que la OACDH redacte un informe en apoyo de las Normas de la ONU para la Comisión de la ONU para los Derechos Humanos.
La fase posterior de la campaña es difundir las Normas de la ONU y comenzar a llevarlas a la práctica.
Las Normas de la ONU sobre las Responsabilidades de las Empresas relacionadas con los Derechos Humanos fueron adoptadas el pasado mes de agosto en la Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos. Basadas en estándares internacionales sobre derechos humanos, las Normas definen de manera integral las responsabilidades clave de las empresas en la esfera de los derechos humanos. Por ello, constituyen una herramienta importante de defensa a los derechos humanos y, al mismo tiempo, proporcionan una lista de control muy útil para las empresas interesadas en mejorar su desempeño en relación con los derechos humanos.
Rights and Accountability in Development (RAID) y Amnistía Internacional, junto con la Red-DESC, por medio del Grupo de Discusión sobre Responsabilidad de las Corporaciones (al cual se puede suscribir enviandoi un mensaje en blanco a la dirección de correo-e:
ESCR-corp-accountability-subscribe@yahoogroups.com), lanzaron una campaña a favor de las Normas de la ONU, coincidiendo con otros grupos y coaliciones que trabajan en el campo de la responsabilidad corporativa.
El objetivo de la primera fase de la campaña fue asegurar que la Comisión de Derechos Humanos se abstuviera de tomar una decisión o debatir las Normas en forma apresurada, a fin de que se las pudiera seguir debatiendo con posterioridad al período de sesiones.
Aproximadamente 200 organizaciones, sindicatos, empresas y 175 personas de todo el mundo firmaron una Declaración de Apoyo que se presentó ante el 60º período de sesiones de la Comisión (abril de 2004). Debido a este apoyo, y a la presión que ejercieron las organizaciones presentes en Ginebra, las Normas salieron airosas de la Comisión.
La fase posterior de la campaña es difundir las Normas de la ONU y comenzar a llevarlas a la práctica, para que los grupos puedan documentar casos y hacer aportes a favor del fortalecimiento de las Normas mediante su aplicación.
Para apoyar esta presentación en carácter institucional, puede enviar el nombre de la organización, país sede y dirección de correo-e a: cgrove@escr-net.org. Para apoyos individuales, puede enviar a la misma dirección su nombre, afiliación a organización (si corresponde), país de residencia o trabajo, y dirección de correo electrónico. Como asunto del correo puede escribir la palabra endorsement  o apoyo. La Red-DESC se ocupará de recolectar las firmas y enviarlas a la OACDH.
Para acceder a información actualizada sobre las actividades actuales pueden visitar los sitios web de las siguientes organizaciones: Red-DESC (http://www.escr-net.org/EspGeneral/home.asp); Amnistía Internacional (http://www.amnistiainternacional.org/); y, Business and Human Rights Resource Centre (http://www.developmentgateway.com.au/jahia/Jahia/cache/offonce/lang/en/pid/493).


 

Alicia García y María Eugenia Bustamante activistas ambientalistas integrantes del comité ejecutivo de la Sociedad de Amigos en Defensa de la Gran Sabana (AMIGRANSA); Alexander Luzardo, ex presidente de la Comisión de Ambiente de Senado y profesor universitario; Esteban Emilio Monsonyi, profesor universitario y asesor de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO); y Julio Cesar Centeno, profesor universitario, dirigieron un comunicado a la Asamblea Nacional (AN) mediante el cual solicitan que se efectúe una revisión del proyecto de ley orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas.
El texto de este instrumento fue aprobado en primera discusión el 05.12.02 y el 11.08.04 la Comisión Permanente de Pueblos Indígenas finalizó una revisión del mismo que fue distribuida al plenario el 28.09.04 (Asamblea Nacional, 14.10.04,
http://www.asambleanacional.gov.ve/ns2/leyes.asp), para su segunda discusión, la cual debía realizarse entre el 05 o 06.10.04 (El Nacional, 05.10.04, pág. B/11).
Las personalidades antes nombradas analizaron esta versión e identificaron "graves fallas jurídicas y conceptuales que desmejoran las conquistas en materia de Derecho de los Pueblos indígenas establecidas en la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela" (Sociedad de Amigos en Defensa de la Gran Sabana, 06.10.04, amigransa@cantv.net).
A efectos de superar las inconsistencias observadas específicamente en los artículos dedicados a la prohibición de uso de tierras indígenas por terceros, a la explotación minera o de Yacimientos en Tierras Indígenas, a la creación de Áreas Bajo Régimen de Administración Especial, y al desplazamiento de los Pueblos Indígenas; los/as especialistas/as propusieron ampliar la discusión de los mismo a fin de desarrollar una correcta adecuación a la norma constitucional.
En cuanto a la prohibición de uso de tierras indígenas por terceros, consideran que la propuesta parlamentaria "abre las puertas para el despojo de las tierras por parte de empresas trasnacionales mineras, forestales y petroleras u otros intereses, que aprovechándose de la vulnerabilidad de diversos pueblos y comunidades pudieran desarrollar planes concretos para lograr sus propósitos, tal como ha sucedido en otros países, particularmente en pequeñas poblaciones" (Sociedad de Amigos en Defensa de la Gran Sabana, Ídem.).
Sobre el tratamiento que la propuesta parlamentaria hace del tema de la explotación minera o de Yacimientos en Tierras Indígenas, los/as remitentes de este comunicado observaron que "constituye un retroceso con respecto a la Constitución aprobada en 1999 y las propuestas de leyes anteriores que abrieron el camino para la consagración de los derechos de los pueblos indígenas" (Sociedad de Amigos en Defensa de la Gran Sabana, Ídem.). Además plantearon que "se debe consultar a los Pueblos Indígenas y respetar sus modos de vida, patrón de ocupación de espacio cultural, idiomas y demás derechos constitucionales, pero el Derecho Ambiental, es un derecho transgeneracional" (Sociedad de Amigos en Defensa de la Gran Sabana, Ídem.).
Acerca del artículo dedicado a la creación de Áreas Bajo Régimen de Administración Especial, y al desplazamiento de los Pueblos Indígenas, consideraron "no debe incluirse ya que esto se rige por los Tratados Internacionales. El Proyecto de Ley Orgánica de Pueblos indígenas y comunidades repite lo establecido en la Constitución de 1999. Creemos que se podría elaborar un proyecto mas corto ya que la Constitución es abundante en disposiciones indígenas y este proyecto lo desmejora sustancialmente ya que es extremadamente reglamentista y especifico cuando se trata de una Ley Orgánica. Es una camisa de fuerza que perjudicaría a los propios indígenas y al país" (Sociedad de Amigos en Defensa de la Gran Sabana, Ídem.).
Finalmente proponen que se realice "un análisis y discusión mas profundo y su diferimiento con el propósito sincero de mejorarlo" (Sociedad de Amigos en Defensa de la Gran Sabana, Ídem.).
Para conocer el texto propuesto para este proyecto de ley, puede consultarse la dirección-e: http://www.asambleanacional.gov.ve/ns2/leyes.asp.


 

Este 12 de octubre se conmemoró por tercera vez el Día de la Resistencia Indígena. según lo dispuesto en el decreto 2.028 de fecha 11.10.o2, en reconocimiento “a la autoafirmación americanista por la unidad y diversidad cultural y humana, reivindicando tanto a los pueblos indígenas de América como los aportes de estos pueblos a las culturas africanas, asiáticas y europeas en la conformación de nuestra nacionalidad, en el espíritu del diálogo de civilizaciones, la paz y la justicia” (Gobierno en Línea, 13.10.04, http://www.gobiernoenlinea.ve/noticias/viewNewsUser01.jsp?id_noticia=24228).
Cabe destacar que uno de los considerandos del referido decreto hace hincapié en los derechos de los pueblos indígenas, consagrados en la Carta Magna de 1999 y explica que esta decisión estuvo precedida por la incorporación simbólica del Cacique Guaicaipuro al Panteón Nacional. 
Con la participación de representantes de distintas comunidades indígenas de todo el país, se realizaron distintos actos organizados por el Gobierno Nacional y por el movimiento indigenista nacional.
Representantes de los poderes públicos efectuaron en el Panteón Nacional un tributo a los restos simbólicos del Cacique Guaicaipuro (Últimas Noticias, 13.10.04, pág. 2).
En otro acto organizado por el Consejo Nacional Indio de Venezuela (CONIVE), la Coordinadora Popular de Caracas y otras asociaciones, realizado en el parque El Calvario, hicieron entrega de una petición a Freddy Bernal, alcalde del Municipio Libertador, para sustituir la estatua de Cristóbal Colón ubicada en este espacio público, por la de un cacique venezolano.
En el mismo evento, los asistentes cubrieron con una tela blanca la estatua de Colón con la intención de simbolizar “la llegada de nuevos tiempos para nuestros indígenas, y la toma de conciencia identificada como el Día de la Resistencia Indígena, y no el Día de la Raza como históricamente se había hecho” (Gobierno en Línea, 13.10.04,
http://www.gobiernoenlinea.ve/noticias/viewNewsUser01.jsp?id_noticia=24260).
Voceros de CONIVE, explicaron que propondrán el nombre del indígena venezolano cuya estatua podría sustituir la de Colón.
Raúl Tempo, coordinador general de la Organización de los Pueblos indígenas del Edo. Anzoátegui (OPIA), informó que propondrá formalmente a la alcaldía del municipio Sotillo y a todas las instituciones de la región, que sea modificado el nombre del bulevar Paseo Colón de esta localidad, con una denominación que reivindique los derechos de las etnias asentadas en ese territorio del oriente venezolano. La propuesta acompañará otra para que los sitios que desde ahora se inauguren, lleven nombres de indígenas de esta región (Gobierno en Línea, Ídem.).
En otro monumento erigido en Caracas para conmemorar la llegada de Colón a estas tierras, otro grupo de manifestantes decidió derribar una estatua del almirante y otras 2 piezas integrantes del conjunto escultórico “Colón en el Golfo Triste”, ubicado en Plaza Venezuela.
La escultura que representaba a Colón fue llevada en un vehículo de carga hasta el Teatro Teresa Carreño, donde se efectuaba otro acto oficial en el que estaba presente el Primer Mandatario. Los manifestante fueron reprimidos por la policía municipal y un grupo de ellos fue detenido (Últimas Noticias, 13.10.04, Ídem.).
Ante ello, Provea solicita a las autoridades que los implicados en este hecho sean juzgados en libertad y con estricto respeto a las garantías procesales.
Sin embargo, más allá de los actos públicos y el reconocimiento político y moral de las comunidades indígenas ante el pensamiento colonialista, éstas no dejan de sufrir la estructural exclusión social heredada de las prácticas derivadas de dicha ideología. 
Nelson Mavio, de la Organización Regional de los Pueblos Indígenas de Amazonas (ORPIA), denunció que "La salud es definitivamente el principal problema que aflige a los indígenas amazonienses […] Nuestra medicina tradicional no basta; necesitamos recurrir a la occidental para atacar sobre todo nuevas enfermedades, traídas en su momento por la llamada modernización a nuestras tierras" (Últimas Noticias, 11. 10.04, pág. 18).
Este educador de origen Baré, coordinador para el período 2003-2006 de esta organización creada en 1993 para defender los derechos de los pueblos indígenas amazonenses, advirtió que la situación se complica en el interior del estado, donde existen comunidades indígenas completamente aisladas.
Aparte de medicinas, insumos, ambulancias y equipos técnicos, en el principal centro asistencial del Edo. Amazonas faltan camas para recibir desde el interior a todos los convalecientes y sus familiares. Un problema que en el caso de los 20 pueblos indígenas amazonienses, que representan el 80% de la población total, según los cálculos de ORPIA, reviste de mayor gravedad por las barreras del idioma, el tradicional abandono oficial, las enormes distancias entre sus poblados y las carencias del transporte tanto aéreo como terrestre.
”Aunque el enfermo consiga los recursos, para movilizarse hasta los centros asistenciales más próximos, muchas veces no se dispone de medios de transporte más rápidos como el avión para actuar a tiempo”.
En esta entidad federal, “moverse entre poblados puede tomar hasta 3 días navegando en canoa, o 5 días a pie […] Se trata del segundo estado más grande del país (178,095 km2) y uno de los menos habitados del país (0,3 habitantes por cada km2). Los teléfonos celulares sólo sirven en la capital Puerto Ayacucho […] Los pasajes en avioneta a poblaciones como San Fernando de Atabapo, Maroa, San Carlos de Río Negro o la Esmeralda cuestan desde 60.000 hasta 120.000 bolívares. Bastante inaccesible para la mayoría de los 40.000 habitantes diseminados en los 7 municipios amazonienses, que viven fundamentalmente de la caza y la agricultura para sustento propio. Eso sin contar que la reserva de puestos en estas líneas privadas puede demorar varios días” (Últimas Noticias, Ídem.). 
Por su parte, Pablo López, capitán de la comunidad piaroa de Betania señaló que “nuestras denuncias sólo llegan hasta Puerto Ayacucho. En Betania no tenemos medicinas para resolver casos menores como diarreas, vómitos y gripe. Si es más grave, tenemos que ir hasta el hospital en la ciudad y es difícil el transporte. No nos asignan docentes bilingües y promotores de deporte para la escuela, aunque tenemos los candidatos. No contamos con el apoyo de la gobernación; dicen que no tienen presupuesto” (Últimas Noticias, Ídem.).
Pese a que han llegado misiones del gobierno nacional como Vuelvan Caras, Ribas, Mercal, y Selva Adentro, éstas medidas han resultado “insuficientes para controlar todas las patologías del clima tropical como el paludismo. Mucho menos los casos de emergencia. El cuadro de inasistencia médica y sanitaria tiende a empeorar en los municipios del interior” (Últimas Noticias, Ídem.).
Mavio añadió que “el asunto indígena es demasiado amplio para ser englobado en un solo programa. La idea inicial de demarcación territorial se quedó corta. Falta aclarar muchos puntos sobre la Misión Guaicaipuro, que está practicamente en cero. Desde Orpia, como conocedores del tema, esperamos ser tomados en cuenta para las definiciones sobre la propiedad colectiva de tierras indígenas” (Últimas Noticias, Ídem.).
José Otero, coordinador del movimiento yekuana Puama observó que “nadie nos ha consultado sobre la Misión Guaicaipuro. Como ejecutivos deberían abrir una mesa de diálogo sobre este programa, que incluya a todos los sectores. En nuestra cultura, no tomamos ninguna decisión sin analizarlo en comunidad. En Amazonas somos 20 pueblos con diferentes idiomas y costumbres, pero hemos logrado unirnos después de muchos años de lucha y trabajo de base” (Últimas Noticias, Ídem.).
Al respecto, José Liborio Jiménez, estudiante jivi de educación denunció que “para un indígena que vive en comunidades alejadas de la capital, es muy caro pagar un transporte, porque no tiene un sueldo, vive de la agricultura. Sólo conozco la Misión Guaicaipuro por las gorras” (Últimas Noticias, Ídem.).
 “Me encargo de cuidar el Tobogán de la Selva, pero no cuento con ayuda de la Gobernación ni la oficina de turismo regional. En Coromoto (jivi) necesitamos médicos permanentes, no sólo los cubanos. Hernando Pérez, portavoz de la asociación civil indígena Ucyabyrn expuso que “en el Municipio de Río Negro nos sentimos abandonados por el gobierno municipal y regional. Estamos amenazados por la guerrilla, que opera en la zona, y acosados por los mineros ilegales, que contaminan nuestras aguas en complicidad con la Guardia Nacional, que traiciona sus valores. No queremos a la GN, sino a militares en la frontera” (Últimas Noticias, Ídem.).
Esta situación se repite en el Edo. Zulia,  el de mayor población indígena del país: según el censo 1992 existen cerca de 360.000 wayuu, 13.000 añú y 6.000 yukpas.
Zuleima Zuleta, una de las médicas a cargo del ambulatorio Puerto Cuervito, que atiende a casi 7.000 habitantes de la población añú de El Junquito, ubicada en la Laguna de Sinamaica, explicó que “los principales problemas que atendemos son la parasitosis, afecciones pulmonares y la desnutrición, que es severa […] El sistema de transporte es con lanchas y no todos pueden llevar a los niños a la escuela, hay mucha pobreza, diarreas y lo que llaman “sabrosita” (sarna), que de tanto descuido se suele convertir en graves piodermitis y accesos en la piel” (Últimas Noticias, 10.10.04, pág. 37).
En el Centro de Nutrición Nawalayuu, Antonio María Sinamaica -que atiende los municipios Mara y Páez, Edo. Zulia- el médico Vicente Urdaneta y la nutricionista Yoleida Martínez explicaron que 50% de los niños que atienden en la zona están desnutridos. Incluso, allí es común la pelagra, una enfermedad de la piel que padecen en gran medida los pueblos africanos, consecuencia de la falta de vitaminas.
Cuentan los especialistas que los pequeños llegan edematizados (hinchados) o huesudos. La educación es precaria y están muy desasistidos. De la misión Guaicaipuro no conocen más que el nombre” (Últimas Noticias, 10.10.04, Ídem.).
Según la Defensoría del Pueblo, los indígenas venezolanos hoy  constituyen unas 1.500 comunidades, repartidas en 32 etnias con culturas diferentes, ubicadas en 8 entidades federales: Zulia, Apure, Amazonas, Bolívar, Delta Amacuro, Monagas, Anzoátegui y Sucre. Se calcula que hay unas 700.000 personas pertenecientes a las etnias más importantes: Acuahayo, Arahuacos, Cariñas, Guahíbos, Guaiqueríes, Mapoyos, Maquiritares, Pemones, Piaroas y  Wayuu.  Las cuales se abarcan en 3 familias lingüísticas: la Arauaca (Wayuu, Paraujano, Curripaco, Yavitero, Piapoco, Guarequena, Baré, Aruaco); la Caribe (Cariña, Pemón, Maquiritare, Panare, Yabarana, Yucpa, Japreria, Acahuayo, Mapoyo, Chaima); y la Chibcha (Barí, Tunebo). Las comunidades Yanomami, Guarao, Yaruro, Guahíbo, Piaroa, Puinabe, Joti, Sapé y arrutan, no tienen filiación precisa. (El Universal, 18.10.04,
http://www.eluniversal.com/2004/10/13/apo_art_13102B.shtml).


 

Fuente: Banco Central de Venezuela, 01.10.04,
http://www.bcv.org.ve/c4/notasprensa.asp?Codigo=3622&Operacion=2&Sec=False.

Según el Banco Central de Venezuela (BCV), el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del área metropolitana de Caracas correspondiente al mes de septiembre, alcanzó la variación más baja observada en los últimos 44 meses.
Con este resultado, la variación acumulada del IPC hasta septiembre de 2004 fue inferior a la registrada en igual período del año 2003 (20,6%).
A juicio del BCV, "el descenso en la tasa de variación intermensual de los precios en septiembre fue el resultado combinado de una mayor oferta de bienes agrícolas y de la reducción de un punto porcentual en la tasa del Impuesto al Valor Agregado (IVA), de 16% a 15%. Por otra parte, la desaceleración del indicador en el mes en cuestión, se debe a que los precios de los rubros no controlados retrocedieron, de 1,9% a -0,3%; no obstante, que los bienes y servicios sujetos a control y regulación mostraron, en promedio, un aumento en su tasa de variación de precios (de 0,7% a 1,4%), impulsado principalmente por los ajustes en los servicios de educación que tradicionalmente se realizan en esta época del año" (Banco Central de Venezuela, Ídem.).
Por su parte, el Centro de Documentación y Análisis para los Trabajadores (CENDA) aseguró que la Canasta Básica de los Trabajadores (CBT) se comportó del siguiente modo:

Fuente: Últimas Noticias, 05.10.04, pág. 19 
Nota: (*) El poder adquisitivo representa la suma de 2 salarios mínimos.

Advirtió el CENDA que, a causa de este aumento en el costo de la CBT,  "un grupo familiar requiere por lo menos 4 salarios mínimos para cubrirla" (Últimas Noticias, Ídem.).
La CBT está conformada por los gastos en alimentos, artículos de aseo personal y limpieza del hogar, servicios públicos básicos, educación, vivienda, vestido y calzado, de un familia conformada por 5 miembros, en la que por lo menos 2 perciben salario mínimo mensual (321.235,20 bolívares).
Esto significa que dicho grupo familiar sólo puede cubrir el 48,7% de sus gastos básicos.
Para el mes en cuestión, los rubros que más subieron fueron: artículos escolares y educación (2,7% ), artículos de aseo personal y limpieza (1,0% ), así como los alimentos que durante septiembre también aumentaron 1%.

A la salida del Consejo de Ministros N° 391, celebrado el pasado 30.09.04, María Cristina Iglesias, titular del Ministerio del Trabajo (MINTRA), informó que el Gabinete Ejecutivo decidió prorrogar el período de inamovilidad laboral por 6 meses más (Gobierno en Línea, 04.10.04, 
http://www.gobiernoenlinea.ve/noticias/viewNewsUser01.jsp?id_noticia=23727)  
La titular del despacho laboral explicó que tal medida es de características similares a las de los decretos anteriores que se han extendido desde el año 2002, y cuya última prórroga venció el 30.09.04: la inamovilidad laboral será válida hasta el 30.05.05 y amparará a todos los trabajadores que devenguen un salario menor o igual a 633. 600 bolívares.
Iglesias detalló que el artículo 2 del decreto aprobado por el gabinete ejecutivo establece que "los trabajadores amparados por la prórroga de inamovilidad especial no podrán ser despedidos, desmejorados ni trasladados sin justa causa calificada previamente por el inspector del trabajo [...] El incumplimiento de esta norma dará derecho al trabajador a solicitar el reenganche y pago de los salarios caídos correspondientes," (Gobierno en Línea, Ídem.).
Iglesias recordó que el decreto no se aplica a los empleados públicos "ya que con la vigencia del Estatuto de la Función Pública, los trabajadores cuentan con una inamovilidad permanente" (Cadena Global, 05.10.04, http://www.cadenaglobal.com/Default.asp?pgm=Detail&Not=76521&Sec=8)
La Ministra del Trabajo aseguró que esta medida se resolvió después de hacer un estudio en el que se determinó que "la inamovilidad no ha afectado el crecimiento de la economía de los últimos meses. Por el contrario, en la actualidad el desempleo se ubica en 14,2%, una caída significativa en comparación con el mismo mes del año pasado, cuando apuntaba al 18%; y la informalidad ha descendido en los últimos meses" (Gobierno en Línea, Ídem.).
En el mismo orden de ideas se pronunció Ricardo Dorado, viceministro del Trabajo, quien reiteró que la política de inamovilidad laboral “ha sido asimilada e incorporada dentro de las variables económicas” (Ministerio del Trabajo, 14.10.04, http://www.mintra.gov.ve/sitio/noticias/inamovilidad_ricardo.htm)


 

Una de las solicitudes hechas al Estado venezolano por la Comisión de Aplicación de Normas de la Organización Internacional del Trabajo (CANOIT), en el contexto de su 92º Conferencia Anual, celebrada entre el 01 y 17.06.04 (Organización Internacional del Trabajo, 17.06.04,
http://www.ilo.org/public/spanish/bureau/inf/pr/2004/32.htm), fue la aceptación de una Misión de Contacto Directo de la OIT en un lapso que no debía pasar de octubre de 2004 “para que los expertos entreguen su informe en la próxima reunión de noviembre” (El Nacional, 12.06.04, pág. A/8).
Esta solicitud fue respondida por el Ministerio del Trabajo (MINTRA), cuya titular envió a Juan Somavía, secretario general de la OIT, una comunicación mediante la cual autorizaba la visita de los expertos para las fechas del 12 al 14.10.04 (El Nacional, 12.09.04, pág. A/19).
Finalmente, la Misión efectuó la visita al país en el lapso contemplado, cumpliendo una apretada agenda que abarcó reuniones con representantes sindicales de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), la Central Unitaria de Trabajadores de Venezuela, (CUTV), la Unión Nacional de Trabajadores Petroleros, Petroquímicos de los Hidrocarburos y sus Derivados (UNAPETROL), la Federación Unitaria Nacional de Empleados Públicos (FEDEUNEP), trabajadores del Fondo de Garantía de depósitos y Protección Bancaria (FOGADE), del Metro de Caracas, trabajadores informales, la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (FEDECAMARAS).
Según fuentes periodísticas, la Misión "recibió más de 26.000 denuncias de despidos injustificados en el sector público" (El Nacional, 17.10.04, pág. A/16) sistematizados y presentados por los representantes de varias organizaciones sindicales. Se tratan de casos de empleados públicos despedidos desde el año 2003: 21.000 de Petróleos de Venezuela (PDVSA), 6.000 de la Gobernación del Edo. Guárico; 1.500 de la Gobernación del Edo. Trujillo; 1.800 del Instituto Agrario Nacional; 100 de FOGADE; y, del Consejo Nacional Electoral (El Nacional, 17.10.04, Ídem.).
Igualmente se reunió con los diputados integrantes de con la Comisión Social Integral de la Asamblea Nacional (AN), con María Cristina Iglesias, ministra del Trabajo, el viceministro Ricardo Dorado (Cadena Global, 14.10.04, http://www.cadenaglobal.com/Default.asp?pgm=Detail&Not=77165&Sec=5) y con magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) (Últimas Noticias, 14.10.04, pág. 18)..
Con el sector estatal, la Misión discutió la reforma de la Ley Orgánica del Trabajo (LOT) así como el régimen legal de las elecciones sindicales (Agencia Venpres, 14.10.04,
http://www.venpres.gov.ve/infgen/infgen1.htm#Como).
Al culminar las actividades de la Misión en el país, el MINTRA informó en una nota informativa "que el Jefe de esa misión, Jorge Sappia, le propuso 'la institucionalización y restablecimiento del diálogo social bajo el esquema cupular representrativo' [A lo que la titular del despacho respondió] que ese antiguo esquema de discusión 'no sirvió para resolver el problema de la pobreza ni contribuyó a desarrollar de manera armónica la economía del país [...] el diálogo es una institución fundamental y consustancial a la democracia participativa [que] se practica de manera cotidiana en todos los niveles e instancias sin exclusiones de ningún tipo [...] las constantes consultas realizadas en temas de interés en materia económica y social, el diálogo producto del proceso constituyente, el arduo trabajo de la Mesa de Diálogo, Negociación y Acuerdo que contó con la facilitación del Centro Carter y la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)'" (Últimas Noticias, 17.10.04, pág. 19).
La Misión de Contactos Directos estuvo encabezada por el ex viceministro y catedrático argentino Jorge Sappia, quien aseguró que el objetivo de la misma fue “contactar directamente los actores sociales y funcionarios del Estado para que proporcionen información sobre la libertad sindical" (Aporrea, 13.10.04, http://www.aporrea.org/dameverbo.php?docid=51505).
Sappia manifestó su satisfacción por la atención con la cual ha sido recibido por los diferentes factores, "quienes han tenido una amplitud de criterio al momento de suministrar la información" (Aporrea, Ídem.), pero rechazó adelantar opinión sobre la situación laboral venezolana (El Universal, 15.10.04, http://www.eluniversal.com/2004/10/15/pol_art_15108A.shtml). No obstante, aseguró el informe que llevará ante el pleno de la OIT será difundido en enero (Cadena Global, Ídem.).


 

La Asociación Civil de Desarrollo de Vivienda (ASOCIDE) del Edo. Falcón rechazó la situación de estancamiento en la que el Fondo de Desarrollo Urbano (FONDUR) mantiene la construcción de 125 viviendas en el sector Dabajuro de la entidad federal (Panorama, 27.09.04, pág. 1/5).
Neida Méndez, presidenta de ASOCIDE, explicó que el Consejo Municipal de Dabajuro le otorgó a FONDUR un lote de 49.764,76 mts2, en donde un año más tarde se aprobaría la construcción de estas soluciones habitacionales correspondientes a la organización social en cuestión.
A pesar de esta adjudicación, en el año 2003 FONDUR le comunicó a ASOCIDE que carecían de recursos para iniciar el plan de construcción.
Méndez agregó que ni la Gobernación ni la Alcaldía han prestado atención a su exigencia “ni siquiera nos han dado audiencia” (Panorama, Ídem.).
Ante estas denuncias, funcionarios de FONDUR afirmaron que el proyecto de construcción de estas viviendas “está aprobado, sin embargo el dinero necesario para ejecutar el plan habitacional no ha llegado. ‘Cuando el dinero presupuestado se destine a ese proyecto, la institución se comunicará con las asociaciones y cooperativas, en este caso para reajustar el presupuesto” (Panorama, Ídem.).
La Asociación Civil Altos del Sol Amado también elevaron su reclamaron contra FONDUR por la doble adjudicación de 11 viviendas en la etapa II de la urbanización homónima ubicada en el Edo. Zulia.
Virgen Álvarez, presidenta de la asociación explicó que, de 85 soluciones habitacionales entregadas el pasado 05.08.04 por el ente público, 11 “ahora tienen otros dueños, cuando ya había personas que llenaron la planilla hace 4 años” (Panorama, 30.09.04, pág. 1/3).
Gonzalo Medina, coordinador general de la asociación, señaló que “hay vicios, porque las actas de entrega están firmadas por Edgar Camejo, presidente de FONDUR” (Panorama, 30.09.04, Ídem.).
Katerín González, denunció que FONDUR entregó a otras personas la casa Nº 663, de la cual posee su contrato de compra.
Pero no sólo acusan de doble adjudicación a FONDUR, Marisel de Pérez comentó que “firmamos la planilla hace 4 años, dimos la inicial de 4.060.000 bolívares en el 2002 para una casa de 4 cuartos, estuvimos en Caracas 20 días peleando nuestras casas, y nos entregaron está, que es de 3 habitaciones” (Panorama, 30.09.04, Ídem.).
Ante estas denuncias, el mayor (Ej.) Carlos Gil, coordinador regional de FONDUR, expuso que se reunirá con los adjudicatarios para recoger pruebas que luego enviará a la sede principal del organismo en Caracas.


 

A través de la realización del foro "Protocolo Facultativo de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura”, la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz impulsa en Venezuela la campaña internacional para la firma, ratificación e implementación de este instrumento legal, promovida por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH) y la Asociación para la Prevención de la Tortura (APT) (Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, 18.10.04, redapoyo@cantv.net) .
El evento se efectuó el pasado 19.10.04 en la sede de la Embajada de Canadá,  y contó con Humberto Prado, Coordinador General de la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones; Álvaro Cabrera, Director de Relaciones Interinstitucionales de la Defensoría del Pueblo y Alfredo Ruiz, Coordinador General de la Red de Apoyo, como panelistas.
El IIDH y la APT, junto con más de 30 organizaciones de todo el mundo, están realizando esta campaña internacional con el objetivo de incidir en los gobiernos de las naciones que aún no han ratificado y adoptado el referido instrumento contra la tortura. Para ello están presentando en 20 países de América el libro “El Protocolo Facultativo de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes: Un Manual para la Prevención”.
La promoción de esta campaña internacional y la realización de este foro contra la tortura, cobra especial interés en nuestro país, toda vez que Venezuela no ha suscrito ese protocolo facultativo de la ONU y está en mora con la Disposición Transitoria Cuarta de la Constitución de la República la cual ordena que antes del año 2001 debía promulgarse una ley en contra de la tortura.
Para la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz resulta fundamental conocer y difundir la opinión que tienen los diversos sectores de la sociedad venezolana, acerca de dicho instrumento. Además, este encuentro es propicio para colocar en la agenda pública como asuntos prioritarios y de consenso la perentoria definición e implementación del Plan Nacional de Derechos Humanos y la lucha contra la tortura.


 

Ante las acusaciones sobre el estancamiento en el que presuntamente se encuentran las investigaciones adelantada por el el Ministerio Público (MP) respecto a los fallecimientos y heridos ocurridos en los sucesos de abril de 2002, el ente público explicó que los casos relacionados con los heridos leves todavía están siendo analizados, pues se presentaron dificultades debido a que los supuestos afectados no acudieron ante la Medicatura Forense para practicarse el respectivo examen para determinar los hechos que presumiblemente provocaron esos daños.
En comunicado de prensa, el MP aseguró que los expedientes relacionados con los fallecidos y heridos durante los sucesos de abril de 2002 están siendo revisados por el equipo fiscal constituido por Danilo Anderson, Danilo Jaimes, Sonia Buznego y Turcy Simancas. Un estudio adelantado por esta comisión "aclara que aún no han decidido archivar ningún expediente. Por el contrario, recuerdan que están a la espera de que la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) se pronuncie sobre la apelación introducida contra el fallo que absolvió al concejal Richard Peñalver, Henry Atencio, Rafael Cabrices y Nicolás Rivera" (El Universal, 08.10.04,
http://noticias.eluniversal.com/2004/10/08/ccs_art_08298A.shtml).
El MP también recuerda que "la acusación contra los 8 funcionarios de la Policía Metropolitana (PM) está paralizada hasta tanto el máximo juzgado del país resuelva si asume el conocimiento del caso, tal y como lo solicitó la defensa. La vicepresidenta de la Sala Penal, magistrada Blanca Rosa Mármol de León, debe presentar un proyecto de fallo en el que se resuelva si se ordena el reinicio del proceso en Caracas y si los detenidos serán enjuiciados en libertad" (El Universal, Ídem.).
Con respecto a las averiguaciones abiertas contra algunos efectivos de la Guardia Nacional (GN) acusados de dar muerte y herir a varias personas el 11.04.02, "fuentes cercanas al MP responsabilizaron de los retrasos al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), pues 'no ha entregado los resultados de las experticias ordenadas, para poder decidir si procede o no la acusación de los señalados'" (El Universal, Ídem.).
Este señalamiento ya fue tratado en la edición N° 143 de este boletín electrónico (ver en:
http://derechos.org.ve/actualidad/coyuntura/2004/coyuntura_143.htm#21), donde se reseñaron algunos llamados de atención relativos a la posible reducción de las capacidades de acción de la comisión de funcionarios del CICPC, responsable de investigar estos hechos.
A pesar de estas observaciones, en otras instancias judiciales recientemente se efectuaron medidas vinculadas a tales sucesos. A primera hora del 14.10.04, el Tribunal Segundo de Juicio del Estado Táchira encontró culpables por el delito de rebelión civil en grado de cooperación a 8 de los 9 acusados por los hechos ocurridos el 12.04.02 en la sede de la Gobernación de esa entidad federal (El Universal, 14.10.04, pág. 1/8).
El juzgado Mixto (con 2 escabinos), presidido por el juez Gerson Niño, condenó a 6 años de prisión a Saúl Lozano, Orlando Pantaleón y Dany Ramírez por la presunta comisión del delito de rebelión civil en la modalidad de cooperación inmediata, mientras que Elsy de Peña, Jacobo Sopelano, José Neira Celis, William Forero y Omar Guillén fueron sentenciados a 3 años por su participación en los hechos en grado de cooperación simple. Wilfredo Tovar, el noveno acusado, quedó inmediatamente en libertad.
Al conocer la decisión, los abogados defensores solicitaron al juez Niño una medida cautelar sustitutiva a los fines de que los condenados pudieran cumplir su pena en libertad, mientras se realizan los trámites para apelar del fallo.
El juzgado admitió la petición de la defensa, pero solo en el caso de las 5 personas sentenciadas a 3 años de prisión. Sin embargo, para que la medida sea procedente, cada uno de los solicitantes deberá presentar 2 fiadores. Una vez cumplida esta exigencia, los detenidos quedarán sometidos a régimen de presentación ante el Tribunal. Asimismo, se les decretará prohibición de salida del país. Mientras tanto, deberán permanecer recluidos, junto a los otros 3 condenados, en la cárcel de Santa Ana (El Universal, 14.10.04, Ídem.).