Una lectura de la realidad venezolana
desde los derechos humanos

Boletín electrónico Nº 146
Del 25 de octubre al 04 de noviembre de 2004

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1988/2004: Provea, 16 años por los derechos sociales y contra la impunidad

EFEMÉRIDES DEL MES DE NOVIEMBRE

CONTEXTO
* Organizaciones de derechos humanos instaron a candidatos a presentar sus propuestas en materia de derechos humanos
*
Nueva estructura propuesta por la Secretaría General de la OEA afecta independencia y autonomía de la CIDH 
*
CIDH culminó su 121º período ordinario de sesiones
* Premio "Dr. José Gregorio Hernández" al Centro para la Paz y los Derechos Humanos de la UCV

INVITACIONES A EVENTOS

*
III Seminario Latinoamericano de Educación en Derechos Humanos: "Educación en Derechos Humanos e Inclusión Social"

DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 

*
CEJIL y Provea solicitaron a CIDH acercamiento a la situación de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) en Venezuela
* La CIDH abordó impacto del libre comercio sobre los derechos humanos
*
CIDH admitió caso de personas jubiladas de VIASA
* Corte admite acción por derecho de petición a favor del derecho
a la vivienda
*
Familias de Nueva Tacagua solicitan reunión con Ministerio de la Vivienda
* Red de Apoyo por la Justicia y la Paz lamenta otra década perdida en materia de educación en derechos humanos en Venezuela
*
Indicadores del derecho a la alimentación y al salario suficiente
*
Proyecto de ley de presupuesto y endeudamiento 2005: gasto social y deuda
* Campaña para impulsar Carta Mundial del Derecho a la Ciudad
*
Indicadores de los derechos laborales
* Propuestas y exigencias a poderes públicos sobre el derecho a un ambiente sano


DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
*
A 16 años de la Masacre de El Amparo continúa la impunidad
* Provea ante el caso de Linda Loaiza, la violencia contra la mujer y su impunidad
*
Caso Usón: grave violación al debido proceso y a la libertad de expresión
* Libertad de expresión en Venezuela, manzana de la discordia del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos y Gobierno Nacional
 
*
Mecanismos de impunidad asentados en la justicia venezolana fue observada por la CIDH
*
Ordenanza metropolitana contra la discriminación de las personas con discapacidades
*
Propuestas y exigencias a poderes públicos sobre el derecho al asilo y al refugio

ARTÍCULOS
* Son Derechos: “Mujer e impunidad”
* María Isabel Bertone: "Del hecho al derecho hay un gran trecho pero es posible recorrerlo... (Algunas herramientas para la lucha contra toda forma de discriminación)"
*
Elio Gómez Grillo: "El aborto (I, II, III)"
*
Fernando Fernández: "La injuria como problema de Estado"

NOVEDADES DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN TODOS LOS DERECHOS PARA TODOS
*
"¿Por qué la desigualdad importa para el desempeño económico?: una revisión de teorías y hallazgos empíricos recientes"
* "The right to health: a resource manual for NGOs"
* "Compilación sobre desplazamiento forzado: normas, doctrina y jurisprudencia nacional e internacional"

 
DOCUMENTOS
*
Carta de organizaciones internacionales de derechos humanos al Fiscal General de la República sobre financiamiento a ONG
* Coalición Internacional de Organizaciones para los Derechos Humanos en las Américas: Carta a la OEA en rechazo a la reorganización de la CIDH
* "Declaración presentada por el Foro de ONG de Iberoamérica en el marco de la Sexta Reunión de Ministras, Ministros y Altos Responsables de Niñez y Adolescencia de Iberoamérica"

*
Comunicado de la Asamblea de Mujeres reunidas en la Universidad Central de Venezuela
* Amnistía Internacional: "A pesar de las promesas, la violencia contra las mujeres continúa"
* Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas para América Latina (RAPAL): Pronunciamiento de Bogotá

 su opinión
desuscripción

Agradecemos mencionar la fuente cuando el contenido sea citado o difundido


EFEMÉRIDES DEL MES DE NOVIEMBRE


06 Día Internacional para la Prevención de la Explotación del Medio Ambiente en la Guerra y los Conflictos Armados
16 Día Internacional para la Tolerancia
18 Día Nacional de la Alimentación
20 Día Internacional de los Derechos de los Niños y Niñas
21 Día Nacional del Estudiante
25 Día Internacional Contra la Explotación de la Mujer
27 Segundo intento de Golpe de Estado contra Carlos Andrés Pérez (1992)
29 Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino

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CONTEXTO
Organizaciones de derechos humanos instaron a candidatos a presentar sus propuestas en materia de derechos humanos

Las organizaciones de derechos humanos abajo firmantes expresaron su preocupación por la ausencia de planes con perspectiva de derechos humanos expuestos por los diferentes candidatos. No hay municipio o estado del país donde no existan serias amenazas y/o violaciones a los derechos humanos de la población. Lo cual requiere una política pública en la materia que pueda estar expresada en Planes Estadales y Municipales de Derechos Humanos.
Son diversas las razones que explican la importancia de un Plan de Derechos Humanos. La principal es que los derechos humanos económicos, sociales, culturales, civiles, políticos y de los pueblos, tal como lo señala la Constitución de 1999, son considerados por el Estado y el pueblo venezolano como “fin supremo” (Preámbulo) y como “Principios Fundamentales” (artículos 1, 2, 3, 5, 6 y 7). Estos derechos, y su permanente interdependencia, ampliación y progresividad en función de las luchas y necesidades humanas, expresan y protegen la dignidad de todas las personas y los pueblos, sin discriminación de ningún tipo. Por ello, la elaboración, ejecución y evaluación de dicho Plan, es un poderoso instrumento para avanzar hacia la consolidación de esa dignidad.
Esta razón no es sólo de principios. Los derechos humanos son, además, obligaciones legales vinculantes para los estados, emanadas, tanto del ordenamiento jurídico interno, como del internacional. Por tanto, realizar un Plan como el propuesto es una manera de mejorar el desempeño estatal.
Además de estas razones generales, existen otras razones específicas, que justifican la realización de un Plan:
• Se Fortalecería la conciencia de derechos entre la población y se estimularía la participación protagónica de cara a la construcción de una ciudadanía inclusiva, abriendo un proceso participativo para la elaboración de dicho plan, en el que participarían de manera prioritaria las víctimas (que en su mayoría son pobres) y las instituciones y funcionarios responsables de garantizar tales derechos;
• El Plan permitiría el acoplamiento de planes existentes y en ejecución, diseñados desde distintas instancias, dándole una coherencia a partir de las claves de los derechos humanos, de manera tal que, si se trata de políticas consistentes con los principios de derechos humanos, quedan protegidos y blindados;
• Fortalecería la legitimidad de las instituciones que se comprometan con el Plan y mejoraría su desempeño en materia de derechos humanos, tanto ante la comunidad nacional como internacional;
• El Plan, en coherencia con la Constitución, serviría como marco para la negociación y resolución de conflictos en los ámbitos local, regional y nacional por la vía democrática, reduciendo así la posibilidad de una administración no democrática;
Pese a las especificidades de cada región o localidad, cualquier Plan debe tener: a) un diagnóstico de las necesidades y la situación actual (que incluya cuáles son las condiciones actuales respecto a las obligaciones de derechos humanos, en cuanto al modo y la medida en que la población accede al disfrute y ejercicio de sus derechos y a las medidas adoptadas o dejadas de adoptar por el Estado); b) objetivos claros (logros concretos a los que se aspira, priorizados y jerarquizados); c) medidas de corto, mediano y largo plazo (lo que se debe hacer o dejar de hacer para lograr las metas en períodos claramente definidos); d) indicadores de cumplimiento (referencias metodológicas que permitan, al Estado y a la sociedad, monitorear el desarrollo del plan y corregir sus errores de ejecución o de diseño); e) mecanismos institucionales para la supervisión del progreso y para la evaluación de los logros del plan (una institución coordinadora); f) debe contar con la asignación de recursos suficientes; g) responsabilidades claramente establecidas y; h) identificación de las posibles alianzas que favorecerían su desarrollo. i) amplia difusión para que la ciudadanía lo conozca y ejerza la contraloría social sobre su cumplimiento j) Integrarse en un Plan Nacional de Derechos Humanos.
Las organizaciones de derechos humanos abajo firmantes, hacemos un llamado a aquellas/os candidatas/os que resultaron triunfadoras/es, a diseñar de manera participativa y a implementar un Plan Estadal o Municipal de Derechos Humanos, compromiso asumido por el Estado Venezolano en su conjunto desde 1993 (Conferencia Mundial de Derechos Humanos, Viena). Hacemos, igualmente, un llamado a todos los factores políticos, a las organizaciones sociales y a la sociedad en general a iniciar un gran diálogo local, estadal y nacional, que permita la construcción e implementación progresiva de un Plan Nacional de Derechos Humanos, que sea un acuerdo base, construido participativamente, para alcanzar el país que todas y todos queremos.
Suscriben: Centros Comunitarios de Aprendizaje (CECODAP); Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH/UCAB); Centro para la Paz y los derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela; Comisión Justicia y Paz del Secretariado Conjunto de Religiosas y Religiosos de Venezuela (SECORVE); Fundación de Derechos Humanos del Estado Anzoátegui; Provea; y, Servicio Jesuita a Refugiados (SJR) (Provea, 28.10.04,
 http://derechos.org.ve/actualidad/comunicados/comu_prensa_2004/cp281004.pdf).

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CONTEXTO
Nueva estructura propuesta por la Secretaría General de la OEA afecta independencia y autonomía de la CIDH 


La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió el pasado 21.10.04, un comunicado a través del cual plantean que la nueva estructura pautada para la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA) "afecta su independencia y su autonomía" (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 21.10.04, http://www.cidh.oas.org/Comunicados/Spanish/2004/21.04.htm).
A juicio de la CIDH, dicha instancia "es un órgano técnico conformado por expertos independientes, que no puede sujetarse, ni directa ni indirectamente, a un departamento, unidad, o funcionario político de la OEA, toda vez que con tal sujeción se afectaría su independencia. La experiencia de larga data de la CIDH ha comprobado que la única manera de cumplir satisfactoriamente con sus delicadas y altas funciones es hacerlo sin interferencia de los Estados ni de funcionarios políticos de la Organización, quienes desempeñan funciones de extrema importancia, pero de naturaleza diferente a las que cumple la CIDH [...] Conforme al artículo 53 de la Carta de la OEA, la CIDH y la Secretaría General son 2 órganos principales de la OEA, separados entre sí, a través de los cuales la organización realiza sus fines. Las demás normas relacionadas con la CIDH, así como la práctica sobre la materia, consagran un régimen de independencia y autonomía de la CIDH, que ha sido plenamente respetado hasta el presente y ha sido clave para que la Comisión haya podido ejercer sus funciones adecuadamente" (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Ídem.).
La CIDH cuenta con autonomía para el manejo de sus recursos humanos y presupuestarios. Una ventaja que la nueva estructura pautada modifica totalmente. Reconociendo las atribuciones estatutarias
del Secretario General de la OEA, la CIDH considera que toda "interpretación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de las demás normas pertinentes y de la práctica sobre la materia no puede efectuarse de manera que conduzca a socavar, directa o indirectamente, la independencia y autonomía de la CIDH. Ello implica, entre otros aspectos, que no se coloque a la CIDH bajo jerarquía política de la Secretaría General, ni que se modifique la situación actual respecto al manejo de los recursos humanos y presupuestarios de la Comisión [...] La opinión de la Comisión, en su rol de órgano consultivo de la OEA en materia de derechos humanos contemplado en el artículo 106 de la Carta de la Organización, es que la existencia del Departamento de Asuntos de Derechos Humanos y las funciones del Director de tal Departamento afectan la independencia y autonomía de la CIDH" Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Ídem.).
La CIDH considera que una solución a cualquier interpretación restrictiva de su independencia y autonomía implicará una ratificación normativa de tales aspectos, mediante la modificación del Estatuto de la CIDH por parte de la Asamblea General.
Según informa el comunicado, estas preocupaciones fueron transmitidas por la CIDH personalmente a Luigi Einaudi, Secretario General Interino de la OEA.
Al respecto, conviene informar que la Coalición Internacional de Organizaciones para los Derechos Humanos en las Américas emitió el pasado 27.10.04 un pronunciamiento (que puede consultar en la sección DOCUMENTOS de esta edición), mediante el cual rechazó la reorganización de la CIDH propuesta por la Secretaría General de la OEA. Los argumentos esgrimidos por la Coalición están siendo apoyados por varios particulares e instituciones del continente. Si desea participar en esta campaña, puede enviar su adhesión a la dirección de correo-e:  cgravend@cejil.org.

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CONTEXTO
CIDH culminó su
121º período ordinario de sesiones

Entre el 21 y el 27.10.04, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebró 44 audiencias relativas a casos y peticiones individuales, medidas cautelares y situaciones generales y específicas de derechos humanos en distintos Estados y regiones, en el marco de su 121º período ordinario de sesiones (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 28.10.04, http://www.cidh.org/Comunicados/Spanish/2004/23.04.htm#INFORME).
Integrada por José Zalaquett, Presidente; Clare Roberts, Primer Vicepresidente; Susana Villarán, Segunda Vicepresidenta; Santiago Cantón, Secretario Ejecutivo; los Comisionados Evelio Fernández Arévalos, Paulo Sérgio Pinheiro, Florentín Meléndez y el venezolano Freddy Gutiérrez;  la CIDH destacó positivamente, en su informe de este período ordinario de sesiones, con relación a Venezuela, "la masiva participación de la ciudadanía, en general en forma pacífica, en el referendo celebrado el 15 de agosto de 2004" (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Ídem.).
En dicho informe, la CIDH notificó que aceptó una reciente invitación del gobierno venezolano para  realizar otra visita al país, la cual "espera poder llevar a cabo en los próximos meses" (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Ídem.).
Indicó el informe asimismo,  que "la CIDH reitera su preocupación en torno al Proyecto de Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, actualmente en discusión en la Asamblea Nacional de Venezuela. Diversos artículos de dicho proyecto no reflejan los parámetros internacionales de protección a los derechos humanos, la jurisprudencia del sistema en la materia ni las recomendaciones de la CIDH" (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Ídem.) (ver nota "
Libertad de expresión en Venezuela, manzana de la discordia del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos y Gobierno Nacional" en la sección DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS de esta edición).
La CIDH destacó en dicho informe que recibió "con preocupación información según la cual algunas organizaciones no gubernamentales estarían siendo objeto de investigaciones judiciales por  'conspiración para destruir la forma política republicana', delito tipificado en el Código Penal o habrían sido señalados públicamente como conspiradores y traidores a la patria por autoridades estatales. Se pretende sustentar tales acusaciones, en la recepción de financiamiento económico de entidades extranjeras para la realización de programas educativos, cívicos y de promoción de los derechos humanos" (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Ídem.).
En su informe, la CIDH igualmente detalló que decidió, tanto la inadmisibilidad del caso elevado por Félix Esparragoza y Neiro Molina contra el Estado venezolano, registrado bajo el Nº P12.210, como la admisibilidad del caso elevado por la Asociación Nacional de Trabajadores Jubilados y Pensionados de VIASA (ANTJUVIASA), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y Provea contra el Estado venezolano, registrado bajo el Nº P667/01 (ver nota "
CIDH se pronuncia a favor de jubilados de VIASA" en la sección DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES de esta edición).
El informe de la CIDH señaló también que recibió información acerca del efecto de la impunidad por violaciones de derechos humanos en Venezuela (ver nota " " en la sección DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS); y que en su programa de audiencias incluyó un análisis sobre los derechos económicos, sociales y culturales en Venezuela (ver nota "CEJIL y Provea solicitaron a CIDH acercamiento a la situación de los DESC en Venezuela" en la sección DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES de esta edición).
En otra audiencia de esta sesión ordinaria, la CIDH recibió información referente a los derechos humanos y la integración económica en el hemisferio (ver nota "La CIDH abordó impacto del libre comercio sobre los derechos humanos" en la sección DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES de esta edición), en concordancia con otros temas comprendidos bajo su mandato de protección y promoción de los derechos humanos.
Finalmente, en su informe, la CIDH también reseñó los casos contenciosos sometido a la observación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y las medidas provisionales otorgadas desde el anterior período ordinario de sesiones de la CIDH.
Al respecto, vale destacar entre los casos contenciosos, el de
Oscar BLANCO, Roberto HERNÁNDEZ y José RIVAS, Venezuela (ver edición Nº 144 de este boletín electrónico en
 http://derechos.org.ve/actualidad/coyuntura/2004/coyuntura_144.htm#21); y, entre las medidas provisionales otorgadas por la Corte IDH a solicitantes venezolanos: Carlos Nieto PALMA, diario El Nacional, diario Así es la Noticia (Venezuela), emisora de televisión Globovisión, Eloisa BARRIOS y otros (Venezuela).

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CONTEXTO
Premio "
Dr. José Gregorio Hernández" al Centro para la Paz y los Derechos Humanos de la UCV

El Centro Coordinador de Servicios de Comunidades Eclesiásticas de Base de Caracas otorgó el premio “Dr. José Gregorio Hernández” a las Instituciones Públicas al Servicio Público en su edición 2004, a la organización Centro para la Paz y los Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela (Centro para la Paz y los Derechos Humanos de la UCV, 29.10.04,
lapazintegra@cantv.net).
Esta organización integrante del Foro por la Vida fue distinguida con este importante reconocimiento por la labor que desempeña en las comunidades del Área Metropolitana de Caracas, en especial las del suroeste de la ciudad, donde desarrolló los Observatorios de Derechos Humanos, proyecto piloto realizado con el apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Desde hace más de 5 años, el Centro para la Paz y los Derechos Humanos de la UCV comparte sus actividades de investigación en materia de seguridad y convivencia ciudadana, violencia, derechos humanos y educación para la paz, con una intensa labor de extensión que le permitió consolidar una importante presencia en comunidades más vulnerables del sur oeste capitalino.

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INVITACIONES A EVENTOS
III Seminario Latinoamericano de Educación en Derechos Humanos: "Educación en Derechos Humanos e Inclusión Social"


La Red Venezolana de Educación en y para los Derechos Humanos abrió el período de inscripciones para el III Seminario Latinoamericano de Educación en Derechos Humanos (EDH): "Educación en Derechos Humanos e Inclusión Social", dirigido a todas aquellas personas vinculadas al proceso educativo en Venezuela o que tengan alguna participación en el área y estén interesadas en formarse en el ámbito de educación en y para los derechos humanos.
Objetivos
• Analizar los resultados del Decenio de las Naciones Unidas para la Educación en Derechos Humanos 1995 – 2004 en Venezuela y en América Latina.
• Perfilar los desafíos de la educación en derechos humanos, de cara al logro de una mayor inclusión social en América Latina en el nuevo decenio.
Ponencias
• Exclusión social y educación en América Latina: una lectura desde los derechos humanos (Alicia Cabezudo – Argentina)
• Educación en Derechos Humanos en América Latina: Balance del Decenio 1995-2004 (Ana María Rodino – IIDH)
• Tendencias y perspectivas para la Educación en Derechos Humanos en América Latina: los retos del momento (Soraya el Achkar – Red de Apoyo por la Justicia y la Paz)
• ¿Qué desafíos se presentan a los educadores en Derechos Humanos para incidir en las políticas públicas educativas que favorezcan la inclusión social? (Nacarid Rodríguez – UCV; Luisa Pernalete – Fe y Alegría; Xiomara Lucena – Ministerio de Educación y Deportes, MED)
• ¿Qué retos se le presentan al Estado y a la sociedad civil para lograr corresponsablemente una educación inclusiva? (Ana Barrios – Centro de Derechos Humanos/UCAB; Fernando Pereira – CECODAP, Antón Marquiegui – AVEC)
• ¿Qué elementos del contexto venezolano favorecen o dificultan el desarrollo de procesos de inclusión social? (Soraya El Achkar; Soraya Medina –  CECODAP; Elvira Morcillo – Vicaría de Derechos Humanos de la Arquidiócesis de Caracas)
• ¿Qué desafíos deben tener las políticas educativas para que favorezcan la inclusión social? (Greta Papadimitriou – Red Latinoamericana, México; Amalia Sanoja – MED; Anna Lucía de Emilio – UNICEF; María Isabel Bertone – Provea)
• La EDH y la inclusión social desde sectores discriminados: líneas de acción urgentes y mecanismos desde el Estado y la sociedad Civil:
- Inclusión de elementos de las Metas del Milenio en educación de derechos humanos (Ana María Rodino).
- EDH e inclusión social desde la perspectiva de los niños, niñas y adolescentes: mecanismos de defensa de los derechos de la niñez (Yuri Buaiz – UNICEF).
- EDH e inclusión social desde la perspectiva de los pueblos indígenas (Jorge Pocaterra – Director de Educación intercultural Bilingüe del MED).
- EDH e inclusión social desde la perspectiva de los afrodescendientes (Jesús “Chucho” García).
- EDH e inclusión social desde la perspectiva de los refugiados y refugiadas (Alfredo Infante – Servicio Jesuita para los Refugiados).
- EDH e inclusión social desde la perspectiva de la educación especial.
Programa
Para consultar o descargar el programa de las actividades contempladas en el Seminario, consulte el sitio web de Provea en la dirección: http://derechos.org.ve/propuesta_estudio/programa.pdf.
Fecha y lugar
Este seminario se realizará entre los días 29 de noviembre y 01 de diciembre de 2004, en la sede de La Conferencia Episcopal Venezolana, Casa “Monseñor Ibarras”, desde las 08:00 a.m. hasta las 5:30 p.m.
Inversión
La participación en el seminario tiene un costo por persona de Bs. 150.000,00 que incluye el material del seminario, las comidas, Certificado de Asistencia y la estadía durante los tres días para las personas que necesiten hospedarse en las instalaciones de la Conferencia Episcopal, para quines no requieran de este servicio . En el caso que los participantes no requieran la estadía en la Conferencia, el costo será de Bs. 90.000,00 que incluye igualmente el material de apoyo, certificado, almuerzos y meriendas.
Inscripciones
La inscripción puede hacerse directamente en la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz y en Provea. El plazo de inscripción estará abierto hasta el día viernes 19 de noviembre de 2004, ya que no se realizarán inscripciones posteriores a esta fecha ni en el lugar del evento, a fin de poder garantizar a los participantes todas las provisiones logísticas.
Descargue la planilla de inscripción en el sitio web de Provea en la dirección:
http://derechos.org.ve/propuesta_estudio/planilla_inscripcion.doc.
Información
Los interesados pueden contactarse con:
- Red de Apoyo por la Justicia y la Paz
Dirección física: Edif. Caroata, Nivel 2, Oficina 220, Parque Central. Caracas.
Teléfonos: (0212) 574.1949 / 574 8005 (telefax)
Correo-e: redapoyo-educacion@cantv.net; o
- Provea
Dirección física: Bulevard Panteón, Puente Trinidad a Tienda Honda, Edif.. Centro Plaza Las Mercedes, PB, Local 6. Caracas.
Teléfonos: (0212) 862.1011 / 862.5333 / 860.6669 (telefax).
Correo-e: educacionprovea@derechos.org.ve.

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DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
CEJIL y Provea solicitaron a CIDH acercamiento a la situación de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) en Venezuela


A petición del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y de Provea, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concedió una audiencia a ambas organizaciones en la que los comisionados fueron informados sobre la actual situación de los DESC en Venezuela y la relación que ello tiene con el actual conflicto político. La audiencia se efectuó el pasado 22.10.04, en la sede de este órgano hemisférico.
Existe un vínculo indisoluble entre los derechos humanos, la democracia, la paz y la erradicación de la pobreza. No es posible pensar en una democracia sustantiva y una sociedad en paz con los niveles de pobreza e inequidad existentes en Venezuela, como tampoco es posible su reducción por vías que no sean democráticas y que no cuenten con la participación fundamental de los sectores populares.
Desde esta perspectiva, CEJIL y Provea abordaron la situación de algunos DESC en Venezuela tales como los derechos a la salud, a la vivienda, laborales y seguridad social.
“La actual polarización política tiene tras de sí una polarización social que se añejó durante 25 años, en los que se fue generando un apartheid social que interpela a la democracia en su capacidad de garantizar los derechos de las mayorías. La pobreza es la violación estructural del derecho a la no discriminación: los pobres sufren discriminación y la discriminación los hace más pobres”, explicó durante la audiencia Carlos Correa, Coordinador General de Provea.
La importancia de esta audiencia radica en el interés del órgano del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos en escuchar una exposición sobre la situación de los DESC en Venezuela, lo que representa un avance en la visión interdependiente e indivisible de todos los derechos humanos.
A juicio de las organizaciones, un examen de los DESC en los últimos 25 años no sólo ayuda a explicar el modo polarizado en que se expresa el conflicto entre diferentes sectores sociales y sus proyectos de país, sino que, al mismo tiempo, las políticas orientadas a lograr la plena vigencia de los DESC, fortaleciendo la capacidad de ejercer poder de los sectores populares, representan una condición indispensable para alcanzar una administración democrática del conflicto político venezolano.
En su diagnóstico, CEJIL y Provea señalaron como caso paradigmático al derecho a acceder a un empleo, cuyo “seguimiento permite establecer una correspondencia casi absoluta entre los momentos de mayor convulsión política y el aumento del desempleo durante los últimos 5 años”, señaló el representante de Provea.
En un informe entregado a los comisionados, las organizaciones desplegaron una serie de peticiones a la CIDH a fin de lograr la continuidad de este acercamiento en materia de DESC. En primer lugar, proponen que la CIDH complemente el informe de la visita in loco efectuada a Venezuela en el año 2002, con un informe sobre la situación de los DESC en Venezuela, que incluya la perspectiva de interdependencia e indivisibilidad de los derechos humanos. Igualmente, solicitan a la CIDH que se mantenga atenta al tema de la pobreza en Venezuela y su vínculo con el actual conflicto político polarizado. También solicitaron a la CIDH que recomiende al Estado venezolano trabajar en conjunto con el movimiento nacional de derechos humanos en la elaboración de un Plan Nacional de Derechos Humanos en Venezuela. Y, finalmente, pidieron al órgano hemisférico mantener un seguimiento de la evolución de la situación de los DESC en Venezuela. Específicamente plantearon la realización de una visita al país del comisionado Relator de Venezuela.
El documento completo entregado por CEJIL y Provea a la CIDH, puede ser consultado o descargado actualmente en el sitio web de Provea http://derechos.org.ve/actualidad/coyuntura/2004/descvzla.pdf. (Provea, 22.10.04, http://derechos.org.ve/actualidad/comunicados/notas_prensa_2004/np221004.pdf).

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DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
La CIDH abordó impacto del libre comercio sobre los derechos humanos


Con el propósito de realizar un análisis sobre la relación entre los procesos de integración económica actualmente en marcha en la región y las obligaciones que en materia de derechos humanos tienen los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), el Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), de Colombia; la Coordinadora Peruana de Derechos Humanos de Perú; Derechos y Democracia, de Canadá; el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), de Washington; el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, de México; el Centro de Asesoría Laboral (CEDAL) de Perú; el Centro de Estudios Legales y Sociales, de Argentina (CELS); y  Provea, coincidieron el pasado  22.10.04, en una audiencia temática solicitada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el marco del 121º período de sesiones ordinarias efectuadas en la última semana de octubre.
La importancia de esta audiencia sin precedentes radicó en que, por primera vez en el marco del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, organizaciones civiles de diferentes países del continente, presentan un análisis sobre la relación entre los procesos de integración económica y las obligaciones que en materia de derechos humanos han adoptado los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
El propósito central de esta audiencia fue plantear a la CIDH la necesidad de que, en cumplimiento del mandato conferido por los Estados miembros de la OEA y en uso de sus facultades, se involucre en el impulso de acciones para hacer efectivo el principio de primacía de los derechos humanos frente a los compromisos asumidos por los Estados en los tratados comerciales que tienen efectos sobre las personas y colectivos de los países de la región.
En un documento suscrito por las organizaciones latinoamericanas que se entregó a los comisionados presentes en la audiencia se plantea que “la oposición social a la progresión de los acuerdos de libre comercio tienen una comprensión cada vez más sólida y articulada de la amenaza que estos acuerdos representan para el pleno goce de los derechos humanos, lo cual ha sido denunciado en diversas instancias”.
En el documento, las organizaciones solicitan a la CIDH que elabore un informe sobre la manera en que los Estados están tomando o no en cuenta los derechos humanos en las negociaciones comerciales; promover frente a los Estados un espacio de participación para la sociedad civil involucrada en el análisis crítico y propuestas frente a los procesos de integración económica regional; considerar la intervención de los órganos del sistema interamericano de protección y promoción de los derechos humanos en el proceso de elaboración de una Carta Social Americana que asegure el respeto al principio de primacía de los derechos humanos y siente las bases para el fortalecimiento de la participación de la sociedad civil en los procesos de integración regional y subregional.
Finalmente, instarán a la CIDH a considerar el monitoreo de los impactos actuales y futuros de los procesos de integración económica en curso, especialmente las prácticas de comercio que pueden adoptar las empresas, con la omisión del Estado, lesionando los derechos humanos consagrados en los instrumentos de protección regional.
Por último, las organizaciones participantes invitan a particulares e instituciones a apoyar este trabajo,  suscribiendo el documento presentado ante la CIDH, que puede  consultar en el sitio web de Provea:
http://www.derechos.org.ve/actualidad/coyuntura/2004/CIDHlibrecomerciodef.doc.
Para adherirse, puede enviar un mensaje a la dirección de correo-e:
ddhhylibrecomercio@derechos.org.ve. (Provea, 22.10.04,
http://derechos.org.ve/actualidad/comunicados/notas_prensa_2004/np211004.pdf).

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DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
CIDH admitió caso de personas jubiladas de VIASA

La Comisión Interamericana  de Derechos Humanos (CIDH) admitió el caso elevado por la Asociación Nacional de Trabajadores Jubilados y Pensionados de VIASA (ANTJUVIASA), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y Provea contra el Estado venezolano, ante dicha instancia en septiembre de 2001. La decisión de la CIDH se desprende del informe del período  ordinario de sesiones N° 121de la instancia regional, publicado el pasado 28.10.04 (Comisión Interamericana  de Derechos Humanos, 28.10.04, http://www.cidh.org/Comunicados/Spanish/2004/23.04.htm#INFORME).
Registrado bajo el Nº P667/01, este caso corresponde a la acción jurídica mediante la cual se acusa al Estado de violar los derechos contemplados en los Artículos 1, 25 y 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y los Artículos XVI y XVIII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que consagran el respeto de los derechos por parte de los Estados, a la protección judicial de los ciudadanos, el compromiso estatal con los derechos económicos, sociales y culturales, el derecho a la seguridad social, y el derecho a la justicia (Provea, 06.09.01,
 http://derechos.org.ve/actualidad/comunicados/index.htm).
Las acciones judiciales que antecedieron la elevación de este caso a la instancia regional se iniciaron cuando el Gobierno Nacional conducido por segunda vez por Carlos Andrés Pérez, suscribió un contrato con las compañías Iberia, Banco Provincial y el Fondo de Inversiones de Venezuela (FIV), compradores de la empresa estatal Venezolana Internacional de Aviación S. A. (VIASA), en cuyas cláusulas laborales se establec
ía que los/as trabajadores/as perdían su condición de empleado público y, en consecuencia, el beneficio del Plan de Jubilación (Provea, Ídem.).
De esta forma se violó el artículo 85 de la Constitución vigente en ese entonces, en el que se garantizaba la irrenunciabilidad de los derechos laborales de los/as trabajadores/as.
Las personas jubiladas acudieron a las instancias judiciales internas obteniendo a su favor un mandato judicial emanado el 20.05.99 del Juzgado Séptimo de Primera Instancia del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas, confirmado el 13.08.99 por el Tribunal Tercero Superior del Trabajo y ratificado el 23.05.00 por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Este mandato judicial ordenaba la nulidad de la transacción que en 1998 VIASA había obligado a firmar a los/as jubilados/as, mediante la cual renunciaban a su derecho a la jubilación. El tribunal también exigía a VIASA, al FIV (hoy denominado Banco de Desarrollo Económico y Social-BANDES y dueño del 40% de las acciones de la compañía), así como a los órganos estatales relacionados con el caso, a garantizar la ejecución y cumplimiento del fallo judicial que les restituía los derechos violados a los pensionados (Provea, Ídem.).

En la dilación de este proceso han fallecido Raúl RODRÍGUEZ, Tulio PACHANO y Jesús NARANJO (ver artículo de opinión “Otro rostro de la impunidad, En memoria de Jesús Manuel Naranjo” en: http://derechos.org.ve/actualidad/opinion/2003/ao180303.pdf), 3 de los jubilados beneficiados por la acción judicial, a la espera de la efectiva la restitución de sus derecho humanos
. 
Ante la CIDH los peticionarios demandaron al Estado venezolano el cumplimiento de la sentencia antes señalada; la cancelación del pago en conformidad con la ley laboral y su indexación considerando los índices de inflación actuales; la indemnización de los daños y perjuicios causados; el pago a los herederos inmediatos de los jubilados fallecidos; una exhortación para que el Estado no continúe violando los derechos de los jubilados y pensionados; y, la adopción de medidas para cumplir con los compromisos internacionales que garantizan a todos/as los/as ciudadanos/as el derecho a la seguridad social (Provea, Ídem.).
Provea espera que, a la luz de esta decisión de la CIDH, el Gobierno Nacional, en concordancia con su manifiesta preocupación por la situación de los jubilados y pensionados del país, resuelva de manera definitiva el pago de esta deuda con las personas jubiladas de VIASA.


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DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Corte admite acción por derecho de petición a favor del derecho
a la vivienda

Fue admitida el pasado 20.10.04 la Acción de Amparo Constitucional introducida por Provea el 21.09.04  ante la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo contra Edgar Camejo, presidente del Fondo Nacional de Desarrollo Urbano (FONDUR), por su negativa a dar respuesta oportuna y adecuada a informaciones solicitadas por Provea con relación al proyecto habitacional Ciudad Miranda, ubicado en el Edo. Miranda (consulte la edición Nº 144 de este boletín electrónico en:
http://d321686.p38.paxsoft.net/actualidad/coyuntura/2004/coyuntura_144.htm)
La acción ejecutada por Provea busca beneficiar un grupo de familias habitantes del proyecto habitacional Ciudad Miranda que llevan 5 años esperando que FONDUR entregue sus viviendas, luego de haber dado su cuota inicial para adquirir viviendas en ese proyecto habitacional.

Las familias tienen más de 1 año esperando que FONDUR responda varias comunicaciones mediante las cuales exigen respuestas sobre los motivos por los cuales no ha culminado el proyecto habitacional y los criterios utilizados para adjudicar las pocas viviendas concluidas hasta el momento.

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DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Familias de Nueva Tacagua solicitan reunión con Ministerio de la Vivienda


Este 04.11.04, un grupo de 260 habitantes de la urbanización Nueva Tacagua acompañadas por Provea solicitaron a través de un escrito de petición dirigido a Julio Montes, titular del Ministerio de Vivienda (MV), una audiencia a fin de expresarle un conjunto de preocupaciones sobre la forma como se ha venido atendiendo por parte del Instituto Nacional de la Vivienda (INAVI) la grave situación de esa zona residencial. De la misma manera, presentaron un conjunto de ideas sobre lo que consideran debe ser la política de Estado frente a los habitantes de Nueva Tacagua y la difícil situación por la cual atraviesan.
En su misiva, los habitantes de Nueva Tacagua consideran que “cualquier política que se diseñe y ejecute para la zona debe partir de respetar a sus habitantes, escuchar sus opiniones y propuestas. Dicha política debe igualmente orientarse a ofrecer a todas aquellas familias a quienes el INAVI les vendió viviendas, soluciones habitacionales de igual o mejor calidad.
Igualmente consideraron importante plantearle al funcionario el establecimiento de un mecanismo de coordinación interinstitucional que permita una acción coordinada, planificada y eficiente de los distintos entes y órganos del Estado que, directa o indirectamente, tienen que involucrarse con la problemática existente y la garantía del funcionamiento adecuado de todos los servicios públicos.
Además propusieron al titular del despacho de la Vivienda declarar a Nueva Tacagua como zona de atención urgente e integral, a través de una resolución ministerial.
Finalmente, observaron que, habiendo adquirido vivienda en Caracas y construido en esta ciudad un proyecto de vida que incluye trabajo, estudio, relaciones interpersonales, el Estado venezolano debe realizar todos los esfuerzos posibles para garantizar su reubicación a viviendas en esa misma ciudad, en los casos que fuera perentorio su traslado.

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DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Red de Apoyo por la Justicia y la Paz lamenta otra década perdida en materia de educación en derechos humanos en Venezuela

La Red de Apoyo por la Justicia y la Paz instó a las autoridades venezolanas a cumplir con la declaración del “Decenio de la Educación en la esfera de los derechos humanos” de las Naciones Unidas, en la cual se insta a los Estados miembros a que desarrollen los medios y las estrategias que permitirán la concreción real de una cultura educativa en la materia.
Reconociendo la importancia clave de la educación para la paz y los derechos humanos en un mundo tan convulsionado como el nuestro, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) declaró el período 1995-2004 como el Decenio de la Educación en Derechos Humanos en el Mundo.
Pablo Fernández, coordinador del Área de Educación de la Red, señaló que “el decenio culmina este año, pero en Venezuela aunque ya se han iniciado algunas acciones interesantes, aun falta mucho para impulsar una política clara y consistente en esta materia […] Quienes trabajamos en el campo de los derechos humanos, no podemos menos que llamar la atención sobre este aspecto e invitar nuevamente a las autoridades a asumir el tema como eje vertebral en su política educativa, comprendiendo que sin formación ciudadana coherente, sin educación para el reconocimiento y ejercicio de los derechos humanos, y sin prácticas que favorezcan una cultura de paz, conduciremos a la deriva nuestro proyecto como nación reflejado en la Constitución de le República Bolivariana de Venezuela” (Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, 02.11.04, redapoyo@cantv.net).
Por otra parte, en el mes de abril de este año, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU emitió una resolución apoyando el lanzamiento de un Programa Mundial para la Educación en Derechos Humanos, que se iniciará el primero de enero del 2005. El lanzamiento del referido programa, así como la consideración y posible adopción de su Plan de Acción, podría tener lugar en la Asamblea General de la ONU del 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos.
A juicio de Fernández, “ante esta realidad mundial y las necesidades educativas persistentes en nuestro país, Venezuela tiene que asumir múltiples desafíos en el campo de educación. Ellos serán fáciles de concretar siempre y cuando logremos asumir una nueva actitud, entendiendo la educación como un derecho humano y como una preparación para la vida en democracia, justicia y paz, que todas y todos anhelamos. Ojala esta vez el compromiso se asuma con seriedad y no tengamos que decir también, como en el año 2004, que ésta fue otra década perdida” (Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, Ídem.).


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DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Indicadores del derecho a la alimentación y al salario suficiente

Canasta Alimentaria Normativa

MES

Valor Mensual
(en bolívares)

Tasa de Variación
 Intermensual


Tasa de Variación
Acumulada 2004
 

Tasa de
Acumulación
Interanual 2003/2004


Déficit del Poder Adquisitivo (*)
(en %)

Agosto

 330.094,22

0,98%
(3.190,12
bolívares)


15,9
 

 26,4

 2,6

Septiembre
(**)

 334.192,65 ▲

1,24%  ▲
(4.098,43
bolívares)

17,4 ▲

 26 ▼

3,8 ▲

Fuente: Instituto Nacional de Estadística
Notas:
(*) Déficit del poder adquisitivo de 1 salario mínimo mensual (321.235,20 bolívares).
(**) Cadena Global, 29.10.04, 
http://www.cadenaglobal.com/Default.asp?pgm=Detail&Not=77816&Sec=8

La Canasta Alimentaria Normativa (CAN) es un indicador estadístico que mensualmente reporta el Instituto Nacional de Estadística (INE), y tiene por objeto determinar el valor o costo mensual en bolívares de un conjunto de alimentos que cubren la totalidad de los requerimientos de energía y nutrientes de una familia tipo de la población venezolana, tomando en cuenta sus hábitos de consumo, las disponibilidades de la producción nacional y el menor costo posible. Para esta medición se excluyen precios de remate y liquidación. Este indicador estadístico sirve de referencia para la formulación de políticas sociales, económicas, nutricionales y agrícolas, particularmente para establecer el salario mínimo y hacer mediciones de pobreza.
Elías Eljuri, presidente del INE explicó que el informe mensual de la CAN es un estudio que se hace en 13 ciudades de todo el país, para poder sacar un promedio. Las ciudades más representativas son Maracaibo, Mérida, San Cristóbal, Maracay, Valencia, Calabozo, Barcelona, Puerto la Cruz, Cumaná , Barquisimeto, Porlamar, Ciudad Bolívar y el área metropolitana de Caracas, y los municipios metropolitanos: Libertador, Chacao , Baruta y Sucre (Globovisión, 02/11/04, http://www.globovision.com/economia/2004.11/02/ine/index.php).
En opinión del INE, hubo un leve incremento (0,26%) de la Tasa de Variación Intermensual de septiembre con respecto a la variación de precios observada entre julio y agosto (0,98%). En detalle, tal comportamiento se explica observando los grupos de alimentos que componen la CAN: 3 registraron rebajas: semillas, oleaginosas y leguminosas con variación negativa de -0,49%; cereales y productos derivados -0,44% y grasas y aceites -0,42%. Por otra parte, fueron sensibles al alza de precios los grupos correspondientes a café, té y similares con una variación de 4,44%; leche, queso y huevos de 4,25%; pescados y mariscos de 3,07%; frutas y hortalizas de 2,23%. Por otro lado, el estudio del INE detectó que los precios de los productos controlados aumentaron en un 0,70% mientras que los no controlados se incrementaron en un 0,50%.
Para septiembre, el informe del valor de la CAN indica que la tasa variación acumulada 2004 es inferior  en un 4,59% a la del año 2003 (21,99%). A juicio del INE, “esto confirma la desaceleración del aumento de precios de los alimentos de la CAN que se ha venido observando en el presente año” (Instituto Nacional de Estadística, Ídem.).
A partir de estas estimaciones, Alberto Salas, director de Estadísticas del INE, aseguró que a final de este año la CAN oscilará entre 345 mil a 350 mil bolívares, mientras que para el mes de diciembre del año pasado se ubicó en 284 mil 581,88 bolívares.

Índice de Precios al Consumidor

Mes

Tasa de Variación intermensual

Tasa de Variación
Acumulada 2004

Tasa de Crecimiento
Interanual 2003/2004

Agosto

1,3

14,1

21,9

Septiembre

0,6

14,7

20,8

Octubre (**)

0,6 =

15,4 ▲

19,7 ▼

Fuente: Banco Central de Venezuela
Nota:
(**) Banco Central de Venezuela, 02.11.04,  
http://www.bcv.org.ve/c4/notasprensa.asp?Codigo=3679&Operacion=2&Sec=False

Otro indicador oficial presentado recientemente fue el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del área metropolitana de Caracas para el mes de octubre, reportando por 2do. mes consecutivo variaciones inferiores a un punto porcentual.
De esta manera, la variación acumulada del IPC hasta octubre de 2004 fue notablemente menor, un 7,1%, a la registrada en igual período del año 2003 (22,5%).
Según el Banco Central de Venezuela (BCV), el comportamiento de la tasa de variación intermensual de los precios en octubre fue el resultado combinado de la desaceleración mostrada por los bienes y servicios sujetos a control y regulación, de 1,4% a 0,7% , y de una recuperación de los niveles de precios de los rubros no controlados, de -0,3% a 0,5%. Estos últimos se ubicaron nuevamente por debajo de las variaciones observadas en los primeros 8 meses del año (1,8% en promedio), debido al efecto conjunto de las reducciones de precios que mantienen los productos agrícolas y la disminución de la tasa del IVA.
En detalle, el comportamiento de la tasa de variación intermensual del IPC, se asocia principalmente a la relativa estabilidad en los precios en seis de las trece agrupaciones que lo integran: Servicios de la vivienda, 0,2%; Alimentos y bebidas no alcohólicas, -0,2%; Equipamiento del hogar, 0,2%; Vestido y calzado, 0,4%; Esparcimiento y cultura, 0,1%; y Bienes y servicios diversos, 0,2%. El resto de las agrupaciones mostraron variaciones superiores al promedio general: Servicios de educación, 1,9%; Restaurantes y hoteles, 1,7%; Transporte, 1,3%; Salud, 1,3%; Bebidas alcohólicas y tabaco, 0,8%; Alquiler de vivienda, 0,7% y Comunicaciones 0,7%.
Los servicios, en su conjunto, mostraron una variación superior a la de los bienes (1,1% frente a 0,1%), debido al mayor crecimiento de los precios en educación, restaurantes y hoteles, transporte y salud, entre otros.
Por su parte, el Indicador del Núcleo Inflacionario reportó una variación superior a la del mes previo (de 0,2% a 1,0%), asociado a un mayor crecimiento de precios en todos sus grupos componentes. Es de resaltar que en el período, este indicador se ubicó por encima del IPC, con lo que se rompe la tendencia observada desde el pasado mes de junio. Esta diferencia obedece principalmente, a la desaceleración de los bienes y servicios administrados.
Con el resultado de este mes, el crecimiento anualizado del IPC en el período octubre 2004/octubre 2003 se redujo en un 6% al reportado en igual lapso 2003/2002 (25,7%).
La tasa de variación de precios en los diferentes estratos de ingresos, para el presente mes, registró un comportamiento similar a los del mes precedente oscilando las variaciones entre 0,4% y 0,7%, evidenciando una relativa estabilidad de precios y mostrando por segundo mes consecutivo, para cada estrato, la menor variación observada durante el presente año. 

Canasta Alimentaria de los Trabajadores

MES

Valor Mensual
(en bolívares)

Tasa de Variación
 Intermensual

Tasa de Variación
Acumulada 2004

Tasa de Acumulación Interanual 2003/2004


Déficit del Poder Adquisitivo (*)
(en %)

Agosto

505.062

2,9

13

26

36,4

Septiembre

509.932

0,9

X

X

37

Octubre (**)

512.282 ▲

0,5 ▼

14
(63.742 bolívares)

22,8
(95.114 bolívares)

37,2 ▲

Fuente: Centro de Documentación y Análisis para los Trabajadores (CENDA)
Notas:
(*) Déficit del poder adquisitivo de 1 salario mínimo mensual (321.235,20 bolívares).
(**)
Tal Cual, 02.11.04,  pág. 8

Por su parte, el CENDA dio a conocer el estado de la Canasta Alimentaria de los Trabajadores (CAT) para el mes de octubre. Según la organización privada, el alza en los precios de 6 rubros contribuyó a que la CAT aumentara en el décimo mes del año 2004. Las variaciones con tendencia al alza que se percibieron en algunos rubros fueron las siguientes: bebidas no alcohólicas (6,5%), azúcar y similares (4,6%), pescado (4,4%), lácteos y huevos (3%).
Paralelamente, las frutas y hortalizas; raíces y tubérculos; las grasas y los aceites; y, los cereales y productos derivados reportaron una variación descendente en octubre: 3,7%; 3,1%; 2,2%; y, 0,1%, respectivamente.


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DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Proyecto de ley de presupuesto y endeudamiento 2005: gasto social y deuda


El pasado 02.11.04, la plenaria de la AN aprobó en primera discusión los proyectos de ley de presupuesto y endeudamiento 2005. El primero, por 69.3 billones de bolívares para el 2005, con inflación de 15%, déficit fiscal de 1.8 puntos del PIB, crecimiento de 5% y orientado en 40,5% al gasto social; y, el segundo, por la cantidad de 14.5 billones de bolívares (Asamblea Nacional, 03.11.04, http://www.asambleanacional.gov.ve/ns2/noticia.asp?numn=6137).
Ambos proyectos fueron presentados a finales del mes de octubre por Tobías Nóbrega, titular del Ministerio de Finanzas (MF).
Con respecto al presupuesto 2005, se conoció que el proyecto presentado por el MF contempla para el próximo año un “mejor control de gastos, un fortalecimiento de los ingresos estimado en 57 billones de bolívares, un menor nivel de endeudamiento y […] continuar con el refinanciamiento de la deuda pública. Con estos 4 aspectos, Nóbrega apuesta en el 2005 a una expectativa de inflación puntual de 15%. En total, se contemplan en esta Ley 69,3 billones de bolívares que representan un Producto Interno Bruto (PIB) cercano a los 224 billones de bolívares” (Tal Cual, 20.10.04, pág. 8).
Con relación al gasto capital, para el año venidero se estima en 21,3%, un 3,3% más que el alcanzado en el año en curso, según cifras del despacho. La inversión pública, por otra parte, se proyecta para un total de 14,9 billones del presupuesto.
C
on este proyecto el Ejecutivo aspira a darle continuidad a los programas vinculados a obras de construcción, financiamiento de viviendas, transporte y vialidad, entre los que se encuentran los planes ferroviarios. En materia de sectores productivos, el proyecto abarca los programas de desarrollo agropecuario y de estímulo de la economía popular, así como un componente de inversión de los sectores gasíferos, eléctrico y de aluminio.
En cuanto al gasto social, el despacho de hacienda consideró una partida de gastos para incorporar 400.000 estudiantes a la Misión Sucre, 940 estudiantes al Programa Alimentario Escolar, 40.000 infantes al Plan Simoncito, construir 700 nuevas escuelas bolivarianas,  incorporar a 80.000 estudiantes a los liceos bolivarianos, integrar a 80.000 estudiantes a la Misión Rivas, seguir el programa de subsidio del pasaje estudiantil, beneficiar a 30.000 nuevos pensionados del Instituto Venezolano del Seguro Social (IVSS), continuar con Barrio Adentro, abrir 200 Mercal más, etc.
Nóbrega aseguró que habrá un menor nivel de financiamiento de la deuda en relación con la Ley de Endeudamiento 2004 (30%). Un 22% de presupuesto de 2005 (14,96 billones de bolívares). De esta cantidad, 8,87 billones corresponden al servicio de la deuda pública externa para pagos de bonos, la deuda no reestructurada y la garantizada por la República. El mayor costo de la deuda externa lo representa el pago de bonos por 5,54 billones de bolívares y la deuda bilateral por 1,47 billones (Tal Cual, 22.10.04, pág. 8).


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DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Campaña para impulsar Carta Mundial del Derecho a la Ciudad


El Centro por el Derecho a la Vivienda Contra Desalojos (COHRE, por sus siglas en inglés), la Coalición Internacional del Habitat (HIC, por sus siglas en inglés), el Forum de la Reforma Urbana de Brasil, el Instituto POLIS y el Forum Urbano de Ecuador , están haciendo campaña para dar a conocer la propuesta de Carta Mundial del Derecho a la Ciudad, una iniciativa forjada por diferentes organizaciones de derechos humanos, movimientos sociales, gobiernos locales y nacionales, foros nacionales de reforma urbana, universidades y organizaciones no gubernamentales presentes en el Foro Social de Las Américas realizado en Quito, Ecuador, en julio de este año.
En el documento (que puede ser consultado o descargado en el sitio web del Centro por el Derecho a la Vivienda Contra los Desalojos-COHRE: http://www.cohre.org/lbcharterframe.htm) se argumenta que “hay una necesidad emergente de defensa del derecho a la ciudad que valorice su papel como espacio social de usufructo colectivo de sus riquezas, cultural, bienes y conocimientos por para todas las personas residentes, como contrapunto a la concepción discriminatoria de proteger apenas el derecho de las personas que tienen bienes y propiedades, con el objetivo de enfrentar la predominancia del valor económico sobre las funciones y usos sociales de la ciudad” (Centro por el Derecho a la Vivienda Contra los Desalojos, 22.10.04, http://www.cohre.org/lbcharterframe.htm).
Los auspiciantes de este documento consideran que “es un importante documento político referencial para las acciones y demandas de las organizaciones no gubernamentales, gobiernos, entidades internacionales y la sociedad civil que tienen relación con la promoción de la reforma urbana y de los derechos humanos en las ciudades, la cual podrá ser adoptada por las Naciones Unidas como a través de instrumentos internacionales de carácter legal de protección, cumplimiento y garantía del derecho a la ciudad. En este contexto, el derecho a la ciudad significa el uso socialmente justo y ambientalmente equilibrado del territorio urbano y rural de las ciudades; el usufructo equitativo y sin discriminación de su economía, cultura, recursos naturales y proyectos de desarrollo; el planeamiento democrático y la gestión participativa de los presupuestos, programas y políticas públicos; el cumplimiento de la función social de la propiedad; y el gozo de los derechos humanos y libertades fundamentales, por todos sus habitantes” (Centro por el Derecho a la Vivienda Contra los Desalojos, Ídem.).
Durante el Foro Social Mundial (FSM) de 2005, las entidades que apoyan la Carta se reunirán en Porto Alegre para consolidar el debate sobre su contenido, ampliar las adhesiones y definir una plataforma de acción para su implementación.
Invitan a los interesados a enviar sugerencias o propuestas de modificaciones antes del 30.11.04 al correo-e: cohreamericas@cohre.org.


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DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Indicadores de los derechos laborales

Situación Laboral de la Población Económicamente Activa (*)

Mes

Agosto

Septiembre (**)

Tasa de Ocupación Mensual

49,5
(5.119.222 personas ocupadas)

51,7 ▲
 (5.412.090 personas ocupadas)

Tasa de Ocupación Intermensual

X
 

2,2
(292.868 personas ocupadas)

Tasa de Desocupación Mensual

14,2
(1.704.704 personas desocupadas)