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Una lectura de la realidad venezolana
desde los derechos humanos |
Boletín electrónico Nº 147
Del 05 al 18 de noviembre de 2004 |
1988/2004: Provea, 16 aÑos por los derechos sociales y contra la impunidad
CONTEXTO
* Provea exige justicia y llama a la unidad nacional en repudio al terrorismo
*
Provea demandó al Presidente Chávez
por violar derecho de petición
DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
*
ACCSI logra admisión de amparos a favor del
derecho a la salud
* CECODAP entrega a MSDS proyecto contra
productos
multimedia nocivos para niños, niñas y adolescentes
* Para la UNESCO el Estado venezolano avanza en
garantizar el derecho a la educación
* Estado venezolano ratifica Protocolo de Kyoto
* Ejecutivo Nacional destina fondos para honrar
deuda con pensionados del IVSS
* Logros de la
Ley Orgánica Procesal del Trabajo
*
Gobierno Nacional aplica nuevo ajuste de precios
para productos alimenticios regulados
* Impacto del nuevo ajuste de precios de los
productos regulados sobre el derecho a la
alimentación
* Industria farmacéutica venezolana contra el ALCA
* Propuestas y exigencias sobre el libre comercio
y derechos humanos
DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
*
Indicadores de la situación
carcelaria nacional del OVP
* Defensoría del Pueblo acciona contra reglamentos de
cuerpos policiales estadales
* Elecciones regionales, 2do.
proceso electoral realizado en Venezuela durante
2004
* Del no-caso Bustillos al
caso Molina
*
Instrumento de la CPI se discute en Asamblea
Nacional
*
Propuestas y exigencias a los poderes públicos sobre
los compromisos Internacionales en materia de derechos humanos
ARTÍCULOS
*
Son Derechos: “Jubilados/as de VIASA avanzan”
* Fernando Fernández: "Muerte de las personas
jurídicas"
INVITACIONES A EVENTOS
*
La Red Venezolana de Educación en y para los Derechos Humanos invita al foro:
"Exclusión social y derechos humanos: los
retos del momento en América Latina"
*
Premio en Derechos Humanos 2005 de la
Academia de Derechos Humanos y Derecho Internacional
Humanitario de la American University
*
Actividades organizadas para conmemorar en noviembre
el Mes de la No Violencia hacia la Mujer
NOVEDADES DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN TODOS LOS DERECHOS PARA TODOS
*
"Encender la esperanza I y II"
* "Temas
de derechos humanos en debate"
* "Jurisprudencia
sobre derechos de los pueblos indígenas en el
sistema interamericano de protección"
* "La
protección de la libertad de expresión en el sistema
interamericano: manual"
DOCUMENTOS
*
Declaración de la Red Iberoamericana de Defensorías de las Mujeres
* "Activistas latinoamericanos denunciamos las
políticas y prácticas que se utilizan en las
negociaciones de Tratados de Libre Comercio entre
Estados Unidos y los países latinoamericanos"
* "Declaración
Final del Seminario Internacional sobre los Derechos
Humanos y las Maquilas"
* ACNUR: conclusiones ante el XX Aniversario de
la Declaración de Cartagena
 
Agradecemos mencionar la fuente cuando el contenido sea citado o difundido
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CONTEXTO
Provea exige justicia y llama a la unidad nacional en repudio al terrorismo |
Cuando el país parecía experimentar avances hacia un panorama más auspicioso para el diálogo y la consolidación de la paz, luego de una definición electoral sobre el mandato presidencial, tal como fue acordado en la Mesa de Negociación y Acuerdos en mayo de 2003, el atentado ocurrido ayer 18 de noviembre en el que fue asesinado el fiscal del Ministerio Público Danilo Anderson, parece estar orientado a obstaculizar tal posibilidad. La utilización de explosivos colocados en el vehículo del fiscal que investigaba algunos casos de relevancia política, aparentemente activados a distancia, hacen pensar que se trata de una actuación terrorista que maneja técnicas sofisticadas.
Ante estos hechos, una vez más Provea condena la violencia política y hace un llamado al pueblo venezolano y a sus representantes para que impidan que la misma se instale entre nosotros como forma para resolver los conflictos.
El camino para ello sigue siendo la justicia. Es fundamental que se realice una adecuada investigación que, respetando estrictamente los derechos de los imputados, determine quiénes son los responsables materiales e intelectuales y se adopte la sanción establecida en la ley para este grave delito. Si una vez más triunfa la impunidad, se estaría facilitando la profundización de una espiral de violencia, en la cual todo el país, y no sólo alguno de los bandos políticos perdería.
Provea le exige a todos los líderes políticos que no sólo condenen este atentado sino que den una lección de unidad nacional en torno al repudio del terrorismo como método político y su combate apegado a la letra de la ley y de la institucionalidad democrática.
Provea desea expresar sus condolencias a la familia y amistades del Fiscal Anderson, al Fiscal General de la República y a todos los miembros de esa institución. Finalmente, hace un llamado para que la comunidad vuelva a dar un ejemplo de templanza ante quienes atentan contra su decisión de vivir en paz y democracia (Provea, 19.11.04).
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CONTEXTO
Provea demandó al Presidente Chávez
por violar derecho de petición |
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DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
ACCSI logra admisión de amparos a favor del
derecho a la salud |
La Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo
admitió 5 demandas de amparo interpuestas el
01.10.04 por la organización de derechos humanos
Acción Ciudadana contra el Sida (ACCSI) en contra de
Jesús Querales, presidente del Instituto Nacional de
Higiene Rafael Rangel (INH), por violación de los
derechos de petición e información (El Universal,
10.11.04,
http://www.eluniversal.com/2004/11/10/ccs_art_10286H.shtml).
El pasado 19.07.04 ACCSI solicitó al Dr. Querales
informar y expedir copia certificada del registro
sanitario, así como la respectiva
certificación de su bioequivalencia, de los
siguientes compuestos que distribuye el Estado para
el tratamiento del VIH/SIDA:
Didanosina, Duovir, Zidovir, Lamivir, Estavudina,
Lamivudina, Virodin, Vorostav, Virocomb, Viroz y
Nevipan, elaborados por
laboratorios cubanos y de la India (Acción Ciudadana
contra el Sida, 08.11.04,
accsi@accsi.org.ve).
Transcurrido el lapso legal para recibir
contestación sin que ésta se produjera, la
organización estimó que esto configuraba una
violación de los artículos 51 y 143 constitucionales
para obtener respuesta oportuna y adecuada. Ante
esta situación, ACCSI presentó 8 recursos de amparo
en contra del INH ante las Cortes Primera y Segunda
de lo Contencioso Administrativo, por violación de
los derechos de petición e información. Tres
correspondieron a la Corte Primera y 5 a la Corte
Segunda las cuales fueron aceptadas el pasado
08.11.04 (Acción Ciudadana contra el Sida, Ídem.).
Estimó la organización que la falta de contestación
por parte del Dr. Querales, vulnera el
derecho constitucional de petición e información en
una triple dimensión: falta de respuesta dentro de
los 20 días de presentada la petición; falta de
respuesta al requerimiento y falta de acceso a la
información pública, a lo cual agrega una cuarta
implicación: "y es que en atención a la naturaleza de
la petición y a las personas que viven con VIH/SIDA, a
quienes representa ACCSI, existiría una violación a
los derechos de este grupo, quienes
serían las beneficiarias o perjudicadas por la
respuesta" (Acción Ciudadana contra el Sida, Ídem.).
El magistrado Jesús David Rojas de la Corte Segunda
determinó en su sentencia que los 5 amparos
introducidos por ACCSI ante dicha instancia
sean acumuladas, examinadas y decididas dentro de
un único proceso, con el objeto de evitar que se
dicten sentencias contradictorias en procesos
semejantes y para permitir la economía
procesal.
En este mismo sentido, la decisión de la Corte
Segunda señaló que conoce acerca de las otras 3 causas que
cursan ante la Corte Primera, por lo cual
requirió a ese órgano jurisdiccional
remitir a la Corte Segunda las mismas,
quedando igualmente acumuladas. En consecuencia, las
8 causas contentivas de las
acciones de amparo que presentó ACCSI contra el INH,
se tramitarán y decidirán en un único expediente y
procedimiento (Acción Ciudadana contra el Sida,
Ídem.).
Con estas acciones, ACCSI busca conocer si el INH
ha cumplido a cabalidad con los requisitos para la
expedición de los registros sanitarios y permisos de
los medicamentos que se distribuyen para el
tratamiento del VIH/SIDA, y que los productos
farmacéuticos que conforman estas terapias antirretrovirales, responden a los requisitos de
biodisponibilidad y bioequivalencia que garantizan
su efectividad, ello en atención a las implicaciones
referidas a los derechos a la salud y vida de las
personas que requieren recibir estas terapias
antirretrovirales, con la puntualidad y calidad que
son necesarias.
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DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
CECODAP entrega a MSDS proyecto contra productos
multimedia nocivos para niños, niñas y adolescentes |
El pasado 28.10.04, la organización de derechos
humanos Centros Comunitarios de Aprendizaje (CECODAP) consignó ante el Ministerio de Salud y
Desarrollo Social (MSDS), su proyecto de “Directrices sobre
medidas de prevención contra juegos computarizados,
electrónicos y cualesquiera multimedia e Internet
nocivos para niños, niñas y adolescentes” (Centros
Comunitarios de Aprendizaje, 05.11.04,.
derechamos@cecodap.org.ve).
Estas directrices se constituyeron a los fines de
avanzar en el establecimiento de una
normativa para el ingreso al país, la producción y
la venta de juegos computarizados, electrónicos o
cualesquiera otra multimedia que se consideren
nocivos para la salud o el desarrollo integral de
los niños y adolescentes.
Entre los aspectos que contempla este proyecto, se
puede señalar, por ejemplo, la necesidad de establecer
una edad requerida para
el uso, acceso, alquiler y compra de todos los
juegos computarizados, electrónicos o multimedia,
todo de conformidad con lo establecido en el Artículo
78 de la LOPNA.
A juicio de CECODAP, "el desarrollo y uso de las tecnologías de la
información ejercen gran influencia en todos los
ámbitos de la sociedad, siendo urgente y necesario
que el Estado, las familias y la sociedad en general
tomen conciencia de lo nocivo que resulta el uso
inadecuado de la Internet. Así como algunos juegos
computarizados, electrónicos o cualesquiera
multimedia, cuyas imágenes son portadoras de
información que transmiten mensajes explícitos,
implícitos o subliminales que ocasionan una
distorsión grave en el desarrollo integral de niños,
niñas y adolescentes. Razón por la cual, es
necesario implementar mecanismos de protección, con
el objeto garantizar a todos los niños, niñas y
adolescentes el ejercicio y disfrute pleno y
efectivo de su derecho a una información adecuada
que sea acorde con su desarrollo integral" (Centros
Comunitarios de Aprendizaje, Ídem.).
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DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Para la UNESCO el Estado venezolano avanza en
garantizar el derecho a la educación |
La Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)
presentó el más reciente Informe de Seguimiento
de la Educación Para Todos (EPT) en el Mundo
2015, un trabajo basado en datos administrativos
que los gobiernos suministraron al Instituto de
Estadística de la UNESCO (IEU) sobre el año
escolar 2001/2002.
En dicha investigación se afirma que "la calidad
de la educación es insuficiente para lograr la
Educación para Todos en 2015 La proporción de
niños escolarizados a nivel mundial es hoy en
día mayor que nunca. Sin embargo, muchos
abandonan la escuela antes de llegar al quinto
grado de primaria o finalizan sus estudios
elementales sin dominar un mínimo de
conocimientos" (Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura, 16.11.04,
http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=15006&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html).
Entre
los datos que maneja el informe hay un conjunto
de estadísticas de calidad garantizada que se
han acopiado recurriendo a la Clasificación
Internacional Normalizada de la Educación,
gracias a lo cual son comparables en la mayoría
de los países. También se recurrió a otras muchas fuentes
de datos, por ejemplo, las encuestas nacionales
sobre las familias y algunos estudios encargados
especialmente, a fin de enriquecer los análisis
y detectar los cambios recientes de las
políticas de educación de los países, así
como sus posibles repercusiones en la
realización de los objetivos de la EPT.
Con el acopio de estos datos se logró en este
informe determinar el Índice de Desarrollo de la Educación para
Todos (IDE), el cual permite determinar en qué medida los
países están alcanzando 4
objetivos del EPT: enseñanza primaria
universal, paridad entre los sexos,
alfabetización y calidad. Según el informe, varios países, incluidos algunos de los más pobres, han
mejorado manifiestamente sus niveles de
consecución de la EPT en el periodo 1998-2001, "probando
así que la pobreza no es un obstáculo
insuperable para realizar progresos rápidos
hacia el logro de la EPT" (Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y
la Cultura, Ídem.).
UNESCO destacó que en la región de América
Latina los progresos hacia el objetivo de
calidad de la educación van rezagados. En este
sentido, destaca una fuente periodística que,
según este informe, "Venezuela se encuentra a medio camino para alcanzar los
4 objetivos mensurables del programa
EPT" (El Universal, 09.11.04,
http://noticias.eluniversal.com/2004/11/09/ten_art_09252D.shtml).
El
informe colocó al país en un grupo de 14
naciones latinoamericanas que han logrado
significativos avances en la EPT, siendo superado
por otro grupo de países de la región cuyos
logros los ubican cerca de conseguir los objetivos
propuestos.
Subraya la investigación que Venezuela está entre los
10 primeros países de América Latina con mayor
índice de alfabetización de adultos: "los datos de 2001 muestran que para entonces la
taza de alfabetización de adultos en nuestro
país era de 93,1%. Esta cifra, aunada a los
logros en cuanto a la universalización de la
educación primaria, a la paridad entre ambos
sexos en la educación y a la mejora de la
calidad de la enseñanza, hace que Venezuela
comparta un concurrido quinto lugar en América
Latina" (El Universal, Ídem.).
Según la fuente, para 2001 en Venezuela, "la tasa neta de
escolarización que corresponde al número de
alumnos matriculados en primaria alcanzó 92,4%
de la población con edad para cursar los
estudios de ese nivel. Se trata del 10mo. mejor
registro en América Latina, siendo el promedio
regional 96%. No obstante, el estudio precisa
que, aunque el grado de participación en
primaria es elevado en la mayoría de los países,
no todos los niños que tienen acceso a este
nivel de educación terminan sus estudios.
Explica que el fenómeno se debe a los altos
costos de la enseñanza, entornos escolares poco
propicios o escasamente acogedores, la necesidad
de aportar ingresos a sus familias y la escasa
calidad de la educación impartida. En tal
sentido, la tasa de supervivencia en el quinto
grado, en Venezuela, fue de 96,3% en 2001, el
segundo más alto de la región" (El Universal,
Ídem.).
Otro dato que se señala en este estudio es que en
nuestro país la tasa bruta de escolaridad para
la secundaria fue de 68,5%, mientras que en la
enseñanza superior apenas fue de 27,1%, 10mo. y
8vo. mejor registro de la región.
Sin embargo, el informe de la UNESCO advirtió
que el Estado venezolano no aportó cifras sobre
el monto de la inversión destinado al sector educativo
(El Universal, Ídem.).
Puede consultar o descargar el resumen ejecutivo de
este informe en la página web de la UNESCO:
http://www.unesco.org/education/gmr_download/es_summary.pdf.
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DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Estado venezolano ratifica Protocolo de Kyoto |
Ana Elisa Osorio, titular del Ministerio
de Ambiente y de los Recursos Naturales (MARN),
anunció el pasado 03.11.04 que el gobierno
venezolano ratificó el Protocolo de Kyoto
de la Convención Marco
de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)
sobre el Cambio Climático,
tratado internacional
establecido
en 1997 como complemento de la Convención Marco
sobre el Cambio Climático de 1992
que busca disminuir la
emisión de gases con efecto invernadero entre el
periodo 2008-2012.
La Ley
Aprobatoria para
este instrumento
internacional fue
sancionada
por la AN el pasado 22.07.04
(Asamblea Nacional,
26.07.04,
http://www.asambleanacional.gov.ve/ns2/leyes.asp?id=618),
lo que representaba un paso preliminar para su
definitiva ratificación por el Estado Venezolano.
La funcionaria recordó que
el
objetivo principal de este marco jurídico "es lograr
que para 2008-2012, los países desarrollados
disminuyan sus emisiones de gases con efecto
invernadero, en un 5% menos del nivel de emisiones
de 1990" (Ministerio de Comunicación e Información,
04.11.04,
http://www.minci.gov.ve/noticia.asp?numn=3746).
Anunció Osorio que una de las primeras medidas a
ejecutar por Venezuela siendo parte de este acuerdo
será "la creación de una oficina compuesta por
varios despachos del Ejecutivo -incluido Ambiente-,
como Energía y Minas, Planificación y Desarrollo,
Agricultura y Tierras, Infraestructura, Petróleos de
Venezuela [...] que deberá formular políticas
públicas en el corto, mediano y largo plazo, que
deberán ser asumidas tanto para la mitigación como
para la reducción de emisiones" Ídem.).
La
ministra recordó que el año pasado su despacho culminó el
inventario nacional de gases efecto invernadero con
un resultado "muy alentador" (Ministerio
de Comunicación e Información, Ídem.).. Sostuvo
Osorio que "aunque
Venezuela es un país petrolero, la cantidad de
emisiones de estos gases es relativamente baja y
corresponde al 0,48% de todas las emisiones
mundiales, mientras que dentro de América Latina, se
encuentra en el cuarto lugar después de Brasil,
México y Argentina" (Ministerio de Comunicación
e Información, Ídem.).
Osorio "exhortó a los medios de comunicación de todo
el país a colaborar con esta iniciativa en el
sentido de difundir lo que significa el fenómeno del
cambio climático y como influye negativamente sobre
las especies animales y vegetales, así como, por el
contrario, su control, redunda en beneficios.
Asimismo,
Explicó la funcionaria que "las oscilaciones de temperatura entre el día y la
noche se están reduciendo y ello perjudica la
producción de leche, de frutas y en definitiva es un
factor que se opone a la lucha contra la pobreza
[...] los científicos han
determinado que la temperatura global podría
aumentar entre uno y tres grados centígrados a
mediados del presente siglo a causa de la polución"
(Ministerio de Comunicación e Información, Ídem.).
Vale la pena destacar que en el mes de octubre la
Federación Rusa anunció la ratificación del
Protocolo, un hecho relevante si se toma en cuenta
que, junto con Estados Unidos, forman parte del
grupo de países cuyo desarrollo industrial que mayor
impacto provocan sobre la atmósfera. A propósito de
esta decisión,
la ministra Osorio "felicitó
al gobierno de Rusia por haberse adherido también al
Protocolo de Kyoto, lo que posibilita la entrada en
vigencia del tratado para el próximo año y consideró como negativo el hecho que Estados Unidos
se niegue a ratificar este acuerdo" (Ministerio de
Comunicación e Información, Ídem.).
Con relación a la adhesión de Venezuela al Protocolo
de Kyoto, Diego Díaz Martín, presidente de la
organización ambientalista venezolana Vitalis,
manifestó que "ve con buenos ojos la inclusión de
Venezuela en esta iniciativa mundial" (El Universal,
15.11.04,
http://noticias.eluniversal.com/2004/11/15/ten_art_15255C.shtml).
Díaz Martín aclaró que "el Protocolo no impone
compromisos de reducción de gases a países en
desarrollo como Venezuela pero, plantea herramientas
de flexibilización para involucrar a este tipo de
naciones en el logro del desarrollo sostenible, como
lo es el mecanismo de producción limpia que les
permite contribuir con otros países a la mitigación
de las sustancias perjudiciales. Esto implica que
Venezuela podría tener acceso a tecnologías y
financiamiento para alcanzar mayor eficiencia
energética que favorezca la producción limpia" (El
Universal, Ídem.).
De acuerdo con Franklin Rojas Suárez, presidente de
Conservación Internacional Venezuela, la adhesión
del país al Protocolo de Kioto implica beneficios
para los sectores energético y forestal. Explica que
ello se debe a que es el único país de la OPEP
signatario del documento que tiene capacidad para
comercializar petróleo bajo en contaminantes.
Ello es posible gracias a que los bosques del
territorio nacional permiten producir el
hidrocarburo con bajas concentraciones de dióxido de
carbono, y es precisamente la reducción de
emanaciones de este gas uno de los compromisos
vitales del protocolo. "Esto se traducirá en fuente
de recursos económicos" (El Universal, Ídem.).
Según el Protocolo, los gases contaminantes cuyas
emanaciones deben ser reducidas son dióxido de
carbono, metano, óxido nitroso, hidrofluorocarbonos,
perfluorocarbonos y hexafluoruro de azufre.
Conviene recordar que con la aprobación de este
instrumento, el Estado venezolano acogerá una
exigencia que Provea ha hecho desde la edición Nº 14
de su Informe Anual
sobre la
situación de los derechos humanos en Venezuela
(ver en
:
http://www.derechos.org.ve/publicaciones/infanual/2001_02/derecho_amb_sano.htm).
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DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Ejecutivo Nacional destina fondos para honrar
deuda con pensionados del IVSS |
Según Andrés Izarra, titular del Ministerio de
Comunicación e Información, el Consejo de
Ministros Nº 400, realizado el pasado 08.11.04, aprobó
un crédito adicional por 149.907.000 de
bolívares para el
Ministerio del Trabajo (MINTRA) y el Instituto Venezolano
del Seguro Social (IVSS), destinados a
cubrir el monto restante de la deuda de los pensionados del
IVSS desde el año 92 hasta el 2001 (Gobierno en
Línea, 09.11.04,
http://www.gobiernoenlinea.ve/noticias/viewNewsUser01.jsp?id_noticia=25819).
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DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Logros de la
Ley Orgánica Procesal del Trabajo |
Recientes datos ofrecidos por Omar
Mora, presidente de la Sala Social y primer vicepresidente
del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), acerca
de la aplicación del procedimiento de los juicios
laborales permiten revisar los alcances de
la Ley
Orgánica Procesal del Trabajo (LOPT) a más de un año
de su promulgación (14.08.03) (ver edición Nº 123 de
este boletín electrónico en
http://derechos.org.ve/actualidad/coyuntura/2003/coyuntura_123.htm#08).
Según el magistrado: "el 92,5% de los juicios
laborales están siendo resueltos por la vía de la
mediación con un juez especializado en medios
alternos de resolución de conflictos" (El Universal, 11.11.04,
http://www.eluniversal.com/2004/11/11/pol_art_11108D.shtml).
Explicó Mora que "estamos resolviendo los casos
en un promedio de 6 meses en primera, segunda
instancia y casación, a diferencia de antes que se
hacía en 8 años, y esos son los primeros resultados
preliminares que se arrojan en este encuentro"
(El Universal, Ídem.).
El magistrado aseguró que los procesos son inmediatos, rápidos y
transparentes y también permitieron humanizar el
proceso laboral. "Este es un servicio de justicia de
primera categoría con rostro humano al servicio del
ciudadano" (El Universal, Ídem.).
Recordó que antes
de entrar en vigencia ese instrumento había 120.000
causas, de las cuales ya se han resuelto el 80%; y
con el nuevo proceso han ingresado 110.000 causas y
se han resuelto 94.000.
Además informó que la mayoría de los procesos
corresponden a trabajadores del sector privado y se
concentran en el Distrito Capital, Zulia, Puerto
Ordaz y Barcelona.
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DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Gobierno Nacional aplica nuevo ajuste de precios
para productos alimenticios regulados |
Mediante la Gaceta Oficial Nº 38.060 publicada
el 08.11.04, el Ministerio de la Producción y el
Comercio (MPC) informó sobre su decisión de
aumentar el precio máximo de venta al público de
152 productos alimenticios declarados de primera
necesidad por el Ejecutivo Nacional que
permanecían regulados desde el 05.02.03
(Tribunal Supremo de Justicia, 16.11.04,
http://www.tsj.gov.ve/gaceta/Noviembre/081104/081104-38060-00.html).
En la Gaceta Oficial se explica que la medida se
acuerda "en el marco de la política de diálogo
adelantada por el Ejecutivo Nacional [y luego de
que fueran] oídas las observaciones de diversos
sectores productivos y de los consumidores"
(Tribunal Supremo de Justicia, ídem.). Sin
embargo, la medida se ejecutó "pese a que la
semana pasada [del 01 al 07.11.04] el ministro
de la Producción, Wilmar Castro, dijo que no
habría incremento" (El Nacional, 10.11.04,
http://www.el-nacional.com/Articulos/DetalleArticulo.asp?idSeccion=65&id=51761).
Según fuentes periodísticas, "los incrementos aprobados
por el Ejecutivo alcanzan en promedio 20% sobre
los precios acordados en el último ajuste hecho
el 15 de abril de este año" (El Universal,
10.11.04,
http://www.eluniversal.com/2004/11/10/eco_art_10176A.shtml).
Destaca la fuente que "este constituye el 3er.
ajuste de precios de alimentos regulados en lo
que va de año. El arroz, la harina de maíz
precocida, la carne de res, el queso blanco
duro, las caraotas negras, el azúcar refinado y
el café tuvieron aumentos que promedian 20%. En
el caso del arroz, en la Gaceta Oficial aparecen
incrementos en los precios de los empaques de un
kilo, y además se insertaron a la regulación las
presentaciones de 900 gramos. En promedio el
incremento de este rubro fue de 13,6%. Por
ejemplo, la presentación de un kilo de arroz
blanco de 2% granos partidos costaba 1.490
bolívares y fue aumentado a 1.605 bolívares. A
principio de este año este mismo producto
costaba 1.045 bolívares, lo que representa un
alza de 53,5% en 11 meses [...]
La harina de maíz precocida fue ajustada en
13,7% y pasó de costar 1.100 a 1.250 bolívares
el kilo. Cabe recordar que las hallacas del año
pasado se hicieron con harina precocida a 1.000
bolívares el kilo [...]
Uno de los alimentos que ha presentado más
distorsiones en su precio es la carne de res. En
esta oportunidad el kilo de carne de primera fue
aumentado de 7.500 bolívares a 7.888 bolívares,
lo que representa un alza de 5,1% [...]
Los cortes de segunda tuvieron un incremento de
26%, mientras que los cortes de tercera
sufrieron un alza de 64,8%. Es extraño que el
Gobierno Nacional aprobara estos incrementos tan
dispares, y justamente enfocara el mayor aumento
en los cortes que consumen las clases más
populares del país, mientras que la carne de
primera sufrió la menor alza" (El Universal,
Ídem.).
Recuerda la fuente que "en el mes de abril se hizo un
ajuste en los precios de la carne de res para
tratar de equipararlos con los valores
verdaderos que mostraba el mercado. Sin embargo,
en aquella oportunidad, al igual que en ésta,
los precios en Gaceta quedaron muy por debajo de
lo que es la realidad. Desde hace varios meses
las consumidoras que desean comprar un kilo de
carne de primera deben pagar aproximadamente
10.000 bolívares" (El Universal, Ídem.).
En otro orden de ideas, la Gaceta Oficial acota en
su artículo 12, que
todos los establecimientos comerciales que
expenden alimentos básicos deben disponer de las
presentaciones que están establecidas en la
resolución. El incumplimiento injustificado de
esta disposición generará sanciones. Sin
embargo, señala un diario de circulación
nacional que "las estanterías y vitrinas de los
supermercados o mercados libres ofrecen precios
mucho más elevados que los que aparecen en la
Gaceta Oficial. Ni siquiera los 3 ajustes hechos
al control de precios en lo que va de año han
logrado compensar este diferencial" (El Universal, 11.11.04,
http://www.eluniversal.com/2004/11/11/eco_art_11182A.shtml).
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DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Impacto del nuevo ajuste de precios de los
productos regulados sobre el derecho a la
alimentación |
Ante la medida gubernamental de ajustar por
3ra. vez los precios de 152 productos alimenticios
regulados, Oscar Meza, presidente del Centro de
Documentación y Análisis Social de la Federación
Venezolana de Maestros (CENDAS), estimó que
"actualmente los alimentos objetos de la regulación
de precios muestran un sobreprecio real de 46,7% si
se compara con los valores impuestos por el Gobierno
[...] el ejemplo más emblemático de lo
irreal de los precios regulados es el del queso
blanco duro que debería venderse en 5.200 bolívares
cuando en la realidad se consigue en 11.500, un
sobreprecio de 112%" (El Universal, 10.11.04,
http://www.eluniversal.com/2004/11/10/eco_ava_10A506151.shtml).
Si embargo, el presidente del CENDAS, no
descarta que pueda darse un incremento especulativo,
"es decir, que se repita el fenómeno que ha venido
ocurriendo desde marzo de 2003 cuando entró en
vigencia la regulación" (Tal Cual, 11.11.04, pág.
8).
Meza señaló "que se necesita cerca de 1.468.577
bolívares -sin contar ajustes de precios de
alimentos o de transportes urbanos- para cubrir con
todos los requerimientos básicos. De manera que para
noviembre - y por el aumento en los alimentos y el
que se espera para el transporte público urbano
estimado en un 30%- se producirá un incremento
importante. Este monto sólo puede ser costeado por
6,7% de la población" (Unión Radio, 10.11.04,
http://www.unionradio.com.ve/Noticias/Noticia.aspx?noticiaid=124812).
Con respecto al indicador de la Canasta Alimentaria
Familiar (CAM), Meza sostiene que cerrará en 600.000
bolívares (Tal Cual, Ídem.)
Conviene recordar que el
Índice de Precios al Consumidor (IPC) del área
metropolitana de Caracas, por medio del cual el
Banco Central de Venezuela (BCV) estima el
comportamiento inflacionario de los precios, marcó
una tasa de variación
acumulada hasta
el
mes de octubre
del 15,4% (ver edición Nº 146 de este boletín
electrónico en
http://derechos.org.ve/actualidad/coyuntura/2004/coyuntura_146.htm#13).
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DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Industria farmacéutica venezolana contra el ALCA |
En el marco del II
Congreso Internacional de la Comunidad Andina de
Naciones (CAN) acerca del Área de Libre Comercio
de Las Américas (ALCA), celebrado en Caracas
durante la primera semana de noviembre, Héctor
García, vicepresidente de la Cámara de la
Industria Farmacéutica (CIFAR), se pronunció en
contra de este tratado de libre comercio: "en
las actuales negociaciones se perfilan
dificultades para el acceso a los medicamentos y
un atentado contra el derecho básico de la
salud, al incluir a la propiedad intelectual y
las patentes farmacéuticas entre los puntos,
estableciéndose limitaciones adicionales a las
ya existentes para la aparición y permanencia de
medicamentos similares a bajos precios" (El Universal,
03.11.04,
http://www.eluniversal.com/2004/11/03/eco_art_03172A.shtml).
García enfatizó que la falta de acceso a los
medicamentos constituye un problema social
preocupante: "80% de la producción mundial
de medicamentos se consume en los países ricos y
cerca de un tercio de la población mundial
-2.000 millones de seres humanos- carece de
acceso a los medicamentos esenciales, tal como lo
señala la Acción
Internacional para la Salud" (El Universal,
Ídem.).
Explicó que actualmente en la región se aplican las
disposiciones de la Organización Mundial del
Comercio (OMC), en la que 151 socios aprobaron
el Acuerdo sobre Derechos de propiedad
intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC),
cuyos lineamientos son recogidos en la Decisión 486 de
la CAN.
Esas normas establecen flexibilidades para que
los países ejerzan protecciones a la salud y, en
particular, a promover el acceso a los
medicamentos.
"Ahora tememos que la propiedad intelectual sea
introducida como punto de honor dentro de las
negociaciones bilaterales con la expresa
intención de protecciones adicionales a las
acordadas en el ADPIC, constituyéndose la tan
criticada figura del ADPIC-Plus. Estos plus o
agregados reducirían la capacidad de los
Estados para fijar sus propias
políticas en caso de emergencia, caducidad de
patentes, posición dominante de mercado o
precios excesivos del producto patentado.
Adoptar tales medidas implicaría
poner barreras adicionales a la competencia,
incremento en los gastos de medicamentos y del
acceso a ellos, así el debilitamiento de la CAN
como mecanismo institucional" (El Universal,
Ídem.).
Añadió García que "la posición del Gobierno
venezolano es crítica frente a estos acuerdos
bilaterales y muy clara en cuanto a la
aplicación de todas las flexibilidades previstas
en el ADPIC.
Esta posición es compartida por gobiernos de
otras naciones como Argentina y Brasil, mientras
que los otros integrantes del grupo andino están
tomando posiciones que retardan la firma de TLC,
que comprometan el acceso a los medicamentos en
la población" (El Universal, Ídem).
Respecto a este tema, se recomienda consultar la
posición de un grupo de activistas
latinoamericanos que actualmente llevan a cabo
una Campaña Mundial Contra la Comercialización
de la Salud y la Vida. Su documento declarativo
puede leerse en la sección DOCUMENTOS de esta
edición.
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DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Propuestas y exigencias sobre el libre comercio
y derechos humanos |
- El Estado venezolano debe garantizar el carácter abierto, público y transparente de las negociaciones de integración económico comercial (incluyendo las negociaciones del
Área de Libre Comercio de las Américas-ALCA, la OMC y los bilaterales), permitiendo el acceso ciudadano a la información sobre lo que se negocia, cómo se negocia y quién propone cada aspecto o elemento en la negociación.
- El Estado venezolano debe ratificar prioritariamente todos los instrumentos internacionales de protección y garantía de los derechos humanos antes de suscribir cualquier tratado de integración económica comercial; y en particular, debe suscribir sin dilación alguna el Protocolo de San Salvador, y tomar la iniciativa en la discusión de la Carta Social Americana,
garantizando la participación ciudadana en dicho proceso.
- El Estado venezolano debe solicitar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos una opinión consultiva acerca del impacto del ALCA en los Derechos Humanos, así como de otros acuerdos de integración comercial o de los Planes de Ajuste Estructural (PAE), en tanto dinámicas basadas en la apertura de libre mercado.
- El Estado venezolano debe solicitar la realización de Audiencias extraordinarias en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para tratar el impacto del ALCA en cada uno de los DESC.
- El Estado venezolano debe garantizar el control social soberano de la política económica nacional, mediante la creación de espacios, medios e instrumentos de participación ciudadana en su formulación y decisión. En específico, debe garantizarse la participación ciudadana en la discusión, elaboración y formulación de las propuestas que lleven los negociadores ante las mesas de negociación de los acuerdos de integración comercial, particularmente en las de la OMC, ALCA y bilaterales.
- El Estado venezolano debe garantizar una política de información concreta para la discusión pública del ALCA. En específico, debe abrir espacios o canales de comunicación e información suficientes que permitan la democratización plena de la discusión y las propuestas respecto al
ALCA; así como impulsar una campaña masiva de información hacia la ciudadanía, garantizando financiamiento para las iniciativas informativas provenientes de las organizaciones sociales venezolanas. iniciativas informativas provenientes de las organizaciones sociales venezolanas.
-
Deben fortalecerse, en la legislación y jurisprudencia nacionales, la funciones garantistas del estado social de derecho y de justicia, y garantizarse la preeminencia del derecho internacional de los derechos humanos por sobre el derecho internacional comercial (Provea, 08.11.04,
http://www.derechos.org.ve/publicaciones/infanual/2002_03/24exigencias.pdf).
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DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
Indicadores de la situación
carcelaria nacional del OVP |
El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP),
notificó que durante los 3 trimestres del año
2004 y parte de noviembre han muerto asesinados
247 reclusos y han resultado heridos otros 536
en los 30 centros de reclusión que constituyen
la red penitenciaria del país "como
consecuencias del hacinamiento y la carencia de
una vigilancia eficaz y efectiva" (Diario 2001,
11.11.04,
http://www.2001.com.ve/20041111/Sucesos/Sucesos1.asp?tp=8).
Humberto Prado, coordinador general de la organización destacó que
"es
deplorable la situación de los reclusos. No se toman
acciones útiles para facilitar la vida de 9.940 reos
o procesados, que hacen vida común en 30 centros
penales, 16 internados judiciales y otras
dependencias que están bajo jurisdicción del
Ministerio de Relaciones Interiores (MRI)"
(Diario 2001, Ídem.).
Durante el 3er. trimestre de este año, se
registró un incremento de 48 fallecidos con
respecto al período anterior. Precisa el reporte
de la OVP que entre enero y septiembre de este
año, 120 presos fallecieron por armas de fuego y
otros 59 por armas blancas (Así es la Noticia,
11.11.04, pág. 19).
Detalla Prado que "quienes por alguna razón caen en las cárceles
venezolanas permanecen en un limbo judicial. Los
fiscales del Ministerio Público (MP) deben atender
numerosas acusaciones, lo cual va dejando un
sedimento en los calabozos que se complementa con
el excesivo trabajo de los jueces, quienes, a su vez,
quedan limitados para prestarle atención a las
necesarias sentencias" (Diario 2001, Ídem.).
Para el activista de derechos humanos los 1.172
extranjeros que permanecen en estos centros
penitenciarios tienen mayor limitación "si no son
atendidos por los cónsules, se les pone cuesta arriba
contactar a los abogados que los defiendan" (Diario
2001, Ídem.).
Preocupa a la OVP que "el común de la población penal no
tiene colchones, la alimentación es precaria, y los
traslados a los tribunales son esporádicos. El MRI
dispone de un presupuesto de 2.700 bolívares diarios
para la comida de cada uno de los reclusos, y no son
precisamente especialistas los que preparan el
condumio. Quienes son ingresados a las cárceles del
país por delitos menores, al poco tiempo regresan
vinculados a delitos mayores" (Diario 2001, Ídem.).
Destaca en su reporte el OVP que "de todas estas dificultades y de otra más grave como
el tráfico de narcótico y de armas, emanan los
problemas que vienen dejando una estela de muertos
en cada cárcel. Los chuzos carcelarios están siendo
remplazados por armas de fuego y por granadas de
mano, que los presos reciben de manos de quienes
deben ejercer la vigilancia de los penales" (Diario
2001, Ídem.).
Prado señaló también que entre enero y marzo se
registraron 59 muertos y 115 heridos. Entre
abril y mayo 86 muertos y 157 heridos. Entre
julio y septiembre 71 muertos y 206 heridos. En
el mes de octubre 31 muertos y 58 heridos. En lo
que va de este mes han asesinado a 8 reclusos y
hay uno herido en riñas ocurridas en 3 centros
penitenciarios del interior del país.
Observó Prado que el hacinamiento persiste en
los centros penitenciarios. La población reclusa
actualmente es cercana a los 20.000, entre
penados y procesados, mientras que el cupo debe
ser para 16.000. Este problema, además
contribuye con la condición infrahumana que
existe en estos centros (El Carabobeño,
11.11.04, pág. B/20).
Ante esta situación, Prado aboga por decretar
una emergencia carcelaria como medida inmediata
que debe implementar el Estado venezolano
conjuntamente (El Carabobeño, Ídem.).
Concluyó Humberto Prado, director del OVP, al
señalar que se cumple un año de la masacre ocurrida
en la cárcel de Vista Hermosa, en Ciudad Bolívar,
donde fueron ultimados 7 presos. Fueron sindicados
un capitán de la Guardia Nacional, un teniente, dos
sargentos y un distinguido, pero todos ellos gozan
de libertad plena a raíz de una decisión judicial,
sin embargo los acusadores apelaron a la primera
sentencia, y el caso se encuentra ahora en el
Tribunal Supremo de Justicia. Prado aseguró que el
Observatorio Venezolano de Prisiones se mantendrá en
el juicio para que no quede impune, como ya ocurrió
con casos similares que se originaron en el retén La
Planta y en otros centros de reclusión del país.
(Diario 2001, Ibíd.).
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DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
Defensoría del Pueblo acciona contra reglamentos de
cuerpos policiales estadales |
La Defensoría del Pueblo acudió a la Sala
Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia
(TSJ) para solicitar la eliminación de varios
artículos contenidos en los reglamentos de los
cuerpos policiales de los Edos. Trujillo,
Aragua, Miranda, Amazonas y Mérida, por
considerar que son inconstitucionales e ilegales
y para "evitar la existencia de grupos
paramilitares y exigir el respeto de los
derechos humanos"(El Nacional, 14.11.04, pág.
A/8).
La sala designó como ponentes en este caso a los
magistrados Jesús Cabrera Romero, Pedro Rondón
Haaz y Antonio García García, y a la magistrada
Carmen Zuleta de Merchán.
"Paralelamente, la Defensoría exigió derogar el
artículo 70 del Decreto-Ley de los Cuerpos de
Bomberos y Administración de Emergencias
Carácter Civil, al alegar que vulnera los
principios constitucionales y de derechos
humanos y por ser contrario a las normas
existentes. Se espera que las acciones sean
respondidas en los próximos meses" (El Nacional,
Ídem.).
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DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
Elecciones
regionales, 2do.
proceso electoral realizado en Venezuela durante
2004 |
El pasado 31.10.04 se efectuaron en 22
entidades federales venezolanas y en el Distrito
Capital las elecciones para gobernadores,
alcaldes y diputados a los consejos municipales.
Es el 2do. evento electoral que se efectúa en el
país durante este año, luego del referendum
revocartorio del mandato presidencial que se
llevó a cabo el pasado 15.08.04.
Según la Junta Nacional Electoral del Consejo
Electoral Nacional (CNE), la abstención a escala nacional
alcanzó el 54, 27
%, un "porcentaje similar a comicios anteriores
de este tipo, lo cual indica que se mantuvo
dentro de los márgenes históricos" (Consejo
Nacional Electoral, 08.11.04,
http://www.cne.gov.ve/notideta.asp?id=474).
Los comicios fueron observados por cerca de 100 observadores internacionales
así como por casi 300 veedores nacionales de la
organización Ojo Electoral autorizados por el CNE
(El Universal, 31.10.04,
http://www.eluniversal.com/2004/10/31/ereg_art_31111A.shtml).
La mayoría de los veedores internacionales fueron
individualidades provenientes de tribunales
electorales, instituciones judiciales,
legislativas y universidades de América Latina y
España, así como los embajadores en Venezuela de Corea y Canadá.
En conjunto, los observadores
internacionales presentaron una declaración
mediante la cual mostraron "su satisfacción por
el desarrollo de la Jornada Electoral, en la
cual la ciudadanía venezolana se ha pronunciado
en un clima de paz y serenidad, que permite
pronosticar una consolidación de la cultura
democrática de respeto a las reglas de la
competición electoral" (Consejo Nacional
Electoral, 08.11.04,
http://www.cne.gov.ve/notideta.asp?id=471).
Igualmente, valoraron como positiva "las medidas
introducidas por el Consejo Nacional Electoral y
entre ellas, especialmente, la creación de un
número significativo de mesas electorales, han
contribuido a una mayor fluidez y efectividad en
el ejercicio del derecho de voto" (Consejo
Nacional Electoral, Ídem.). Subrayaron la
necesidad de reforzar "los mecanismos de
designación, acreditación y comunicación a los
miembros de las mesas electorales, la
capacitación de todo el proceso electoral y la
más clara visualización de las opciones
electorales en el momento de la votación"
(Consejo Nacional Electoral, Ídem.).
Asimismo, calificaron el procedimiento electoral aplicado
en los comicios regionales como
satisfactorio respecto a las garantías "de fiabilidad, transparencia y rigor técnico
[ofrecidas], asentadas sobre
premisas que reducen al máximo las
irregularidades y reflejan fielmente la voluntad
de los votantes" (Consejo Nacional Electoral,
Ídem.).
No obstante, y a pesar de que en general
reinó la calma durante la jornada comicial, el
Ministerio Público (MP) reportó 20 personas
detenidas en todo el país: (1 en el Edo.
Portuguesa; 2 en Caracas, Edo. Apure y Zulia; 3
en Bolívar y 10 en Aragua). Según la fuente
oficial, a la mayoría de estas personas se les
imputó delitos electorales: acreditación falsa
como testigo de mesa, presunto sabotaje a
máquinas de escrutinio, destrucción de material
electoral, entre otros (Gobierno en Línea,
01.11.04,
http://www.gobiernoenlinea.ve/noticias/viewNewsUser01.jsp?id_noticia=25346).
Durante las jornadas electorales también se
presentaron enfrentamientos entre grupos de
distintas toldas políticas en el municipio
Camatagua del Edo. Aragua, que prontamente
fueron controlados por fuerzas de seguridad
estatal sin daños materiales ni heridos de
gravedad (El Aragüeño, 01.11.04, pág. 7).
Episodios similares se repitieron el día
siguiente de los comicios en la ciudad de
Valencia, capital del Edo. Carabobo, con el
agravante de saqueos focalizados y destrozos a
un reciento educativo donde estuvo un
centro de votación. Los sucesos fueron
provocados por presuntos seguidores de los
sectores políticos que se medían en la contienda
regional y se adjudicaban el triunfo antes del
reporte oficial del CNE. Mas, sin embargo, no se
reportaron heridos ni fallecidos (Últimas
Noticias, 02.11.04,pág. 6).
Fuentes periodísticas también registraron hechos
violentos sucedidos luego de la culminación del
proceso comicial, específicamente en los
municipios Cantaura y Mapire del Edo.
Anzoátegui, donde se contabilizaron 6 heridos el
día 01.11.04, durante manifestaciones de rechazo
a la proclamación del candidato electo (El Nacional, 02.11.04,
pág. A/7).
El Edo. Delta Amacuro fue el único que reportó
una muerte resultado del choque entre presuntos
militantes políticos que supuestamente
rechazaban la proclamación del alcalde electo en
el municipio Casacoima (El Universal, 04.11.04,
pág. 4/1). Según la misma fuente periodística,
"también en Monagas, Anzoátegui y Táchira las
autoridades debieron tomar acciones para
controlar la situación".
Otro hecho preocupante con el que cerró el
evento electoral fue el procedimiento de
allanamiento efectuado en la madrugada del
01.11.04 en una hacienda donde se hallaba
Eduardo Lapi, gobernador del Edo. Yaracuy hasta
ese momento y candidato a la reelección, junto
con su familia, por parte de efectivos de la
Dirección de Inteligencia Militar (DIM) y de la
Dirección de los Servicios de Inteligencia y
Prevención (DISIP), según reseñó una fuente
periodística.
Relató Lapi que "durante el procedimiento
revisaron documentos y objetos personales de
toda mi familia, sin encontrar nada" (El
Universal, 01.11.04, pág. 1/5).
Por su parte, la Asamblea Nacional (AN) decidió,
por unanimidad, la constitución de una comisión
especial para investigar las circunstancias de
esta acción y "la actuación al margen de lo
previsto en la ley, de fiscales del MP que no
respetaron su fuero vigente y la obligación de
solicitar un antejuicio de mérito mientras éste
prevalezca, cuando allanaron su residencia
particular en respuesta a una acusación previa
en su contra", según detalló el parlamentario
Juan José Caldera (Convergencia).
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DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
Del no-caso Bustillos al caso Molina |
A una semana de que Miguel Ángel Nieto, director
de medios del Bloque Democrático, denunciara la
presunta detención del coronel retirado de la
Aviación Silvino Bustillos, integrante de esta
organización opositora, por parte de un grupo de
funcionarios de la Dirección de Inteligencia
Militar (DIM) el pasado 31.10.04, día de las
elecciones regionales (El Nacional, 01.11.04,
pág. B/14), el periodista Manuel Isidro Molina
denunció en su columna "Pasando la hoja"
publicada por el semanario La Razón en su
edición del 07.11.04, "que el coronel Silvino
Bustillos habría estado en los sótanos de la
Dirección de Inteligencia Militar, donde fue
supuestamente golpeado y habría muerto" (El
Nacional, 12.11.04, pág. B/27).
El mismo día que se hizo pública esta noticia
Jorge Luis García Carneiro, titular del
Ministerio de la Defensa (MD), anunció en la
emisora de televisión estatal Venezolana de
Televisión (VTV) que en los registros de la DIM
no aparecía la detención de Bustillos. No
obstante, aseguró que tenía conocimiento de que
3 efectivos practicaron el 31.10.04 una
persecución cuyo objetivo era el coronel
retirado, un procedimiento que negó haber
autorizado (Venezolana de Televisión, 17.11.04).
En esa misma ocasión el ministro anunció la
apertura de las investigaciones e invitó al
periodista Molina y a cualquier otra persona que
tuviera conocimiento de la presunta desaparición
de Bustillos a que facilitara información al
respecto.
Un día después García Carneiro informó que se
entrevistó con el teniente de la Guardia
Nacional (GN) Daniel Daniels Pérez, el efectivo
que comandó el procedimiento que se llevó a cabo
el 31.10.04 contra Bustillos, quien afirmó que
junto con los oficiales de inteligencia de la GN
Henry Carrizo y Pedro Velis Mendoza, participó
en la persecución de Bustillos, pero que habían
"abortado la misión y desmintieron haberlo
capturado" (El Universal, 09.11.04,
http://www.eluniversal.com/2004/11/09/ccs_art_09298A.shtml).
El ministro señaló que solicitó a la Fiscalía
Militar abrir una investigación penal al
respecto y que el teniente Pérez quedaba a la
orden de los tribunales militares (El Universal,
Ídem.).
El 09.11.04 Guillermo Heredia, abogado de
Bustillos, informó a los medios de comunicación
que su representado "apareció vivo en Valencia,
Carabobo, en horas de la noche, y en perfecto
estado de salud" (El Universal, 10.11.04,
http://www.eluniversal.com/2004/11/10/ccs_art_10292G.shtml).
La noticia disolvió la matriz de opinión formada
alrededor de la denuncia hecha por Molina 3 días
antes y que hizo eco en gran parte de los
programas de opinión de medios televisivos y
radiales privados y numerosos medios impresos
que convirtieron esta denuncia en una realidad
irrefutable. Igualmente provocó el
cuestionamiento, por parte de algunos sectores
de la opinión pública, de Molina y del rol del
periodista en una sociedad democrática.
Por su parte, el comunicador aceptó que incurrió
en “una sobrevaloración” de la fuente
informativa que le facilitó la noticia de la
presunta desaparición de Bustillos (El Nacional,
Ibíd.). Por iniciativa propia Molina acudió el
11.11.04 a una reunión con el fiscal militar
Eladio Aponte para hablar sobre el caso y le
explicó la naturaleza del trabajo periodístico.
Durante la reunión, el fiscal general militar le
entregó al comunicador social la citación para
que comparezca en calidad de imputado el próximo
19.11.04 por el delito de difamación e injuria
de la Fuerza Armada Nacional (FAN), contemplado
en el artículo 508 del Código Militar (El
Nacional, Ibíd.).
Por su lado, Isaías Rodríguez, Fiscal General de
la República, anunció que el Ministerio Público
(MP) mantiene abierta la investigación sobre la
presunta desaparición de Bustillos, pues aún no
se ha determinado su paradero. Hasta la tarde
del 11.11.04, los servicios de inteligencia de
los organismos de seguridad del Estado que
investigan el paradero de Bustillos no habían
localizado la llamada que éste habría hecho el
martes pasado a su hermana Ada en Valencia. En
el rastreo telefónico tampoco han ubicado
contactos adicionales que Bustillos pudiera
haber hecho a otras personas. La búsqueda está
concentrada en la región central del país, desde
donde supuestamente llamó a su hermana.
Sin embargo, aún ahora el militar ligado a la
disidencia castrense de Plaza Altamira ocurrida
entre octubre de 2002 y noviembre de 2003, no se
ha mostrado en los medios de comunicación, ni
había indicado las razones que lo llevaron a
permanecer de incógnito durante estos días.
Ante estos hechos, desde la perspectiva de los
derechos humanos, es importante reiterar las
observaciones que Provea ha hecho
sobre los límites y condicionantes de la
jurisdicción penal militar dentro del marco de
un Estado de derecho. Conviene recordar que la
misma tiene un alcance restrictivo y excepcional
y está encaminada a la protección de intereses
jurídicos especiales, vinculados con las
funciones que la ley asigna a las fuerzas
militares. En ese sentido, está excluido del
ámbito de la jurisdicción militar el juzgamiento
de civiles.
Con la causa abierta por la Fiscalía Militar al
periodista Molina, se suma otro referente
negativo a la aplicación de la justicia militar
en el país. En la edición Nº 146 de este boletín
electrónico se reseñó que hay más de 120 civiles
que están siendo juzgados en tribunales
militares, una situación preocupante que Provea
deplora (ver en
http://www.derechos.org.ve/actualidad/coyuntura/2004/coyuntura_146.htm#20).
En otro orden de ideas, es necesario destacar
que ha sido señalado como moralmente
cuestionable el manejo que los medios de
comunicación hicieron de la especie informativa
hecha pública por Molina. Todos los sectores
políticos se conmocionaron ante lo que se
presumía iba a ser el primer caso de
desaparición forzada por razones políticas
ocurrido en esta administración gubernamental. Y
a la luz de la discusión parlamentaria del
proyecto de ley de responsabilidad social de los
medios de comunicación, que plantea medidas
punitivas contre el ejercicio de la opinión, el
peso emotivo de estos hechos favorece las
posiciones que abogan por restringir o penalizar
la información y la opinión. Desde esta óptica,
el no-caso Bustillos/caso Molina no hizo más que
enturbiar el debate y agudizar las posiciones
extremas.
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DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
Instrumento de la CPI se discute en Asamblea
Nacional |
La Comisión Permanente de Política Exterior de
la Asamblea Nacional (AN) ratificó para la segunda
discusión el informe del Proyecto de Ley
Aprobatoria del Acuerdo sobre los Privilegios e
Inmunidades de la Corte Penal Internacional (CPI),
instrumento suscrito por el Estado venezolano ante la
Organización de las Naciones Unidas (ONU) el
16.07.03.
Según la fuente oficial, "el acuerdo fue analizado y
discutido por las delegaciones asistentes de los
países y como resultado de las negociaciones
llevadas a cabo en la ONU" (Asamblea Nacional,
10.11.04,
http://www.asambleanacional.gov.ve/ns2/noticia.asp?numn=6176).
Este instrumento surge como consecuencia del
Estatuto de Roma de la CPI, adoptado el 17.07.98, que
estableció que dicha instancia tiene la facultad de ejercer
competencia sobre personas respecto a los crímenes
más graves de trascendencia internacional.
Un conjunto de
39 artículos conforman este acuerdo, cuyo objetivo
es velar por los privilegios e inmunidades
contemplados en el artículo 48 del Estatuto de Roma
que consagra que la corte gozará, en su condición de
ente con personalidad jurídica internacional en el
territorio de cada Estado, parte de los privilegios
e inmunidades que sean necesarios para el
cumplimiento de sus funciones.
La ratificación de este acuerdo, por parte de
Venezuela, indicará a la comunidad internacional el
compromiso del país de adquirir las obligaciones
emanadas en el texto suscrito, así como la
disponibilidad plena de facilitar la actuación de la
CPI a nivel nacional.
El Estado venezolano forma parte de la CPI desde el
07.06.00 (ver edición Nº 12 del Informe Anual de
Provea sobre la situación de los derechos humanos en
Venezuela Octubre 1999/Septiembre 2000, en
http://derechos.org.ve/publicaciones/infanual/1999_00/gestiones_org_int.htm#04).
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DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
Propuestas y exigencias a los poderes públicos sobre
los compromisos Internacionales en materia de derechos humanos |
- Ratificar los siguientes instrumentos internacionales:
Del Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos:
i) El Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Adoptado por la Asamblea General de la ONU el 18.12.02, con la aprobación de Venezuela;
ii) La Convención Internacional para la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migrantes y sus Familias en vigor desde el 01.07.03;
iii) Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados; y
iv) El Convenio 183 de la OIT Sobre la Protección de la Maternidad (2000);
Del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos:
i) La Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad. Suscrita por Venezuela el 06.08.99; y
ii) El Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador). Suscrito por Venezuela el 27.01.89.
- Cumplir y respetar los convenios internacionales de la OIT.
- Ejecutar de manera expedita las sentencias de los tribunales regionales e internacionales y los dictámenes de las instancias cuasijurisdiccionales y jurisdiccionales de carácter regional e internacional, y promulgar una ley nacional que reglamente este procedimiento, según lo previsto en el artículo 31 de la Constitución.
- Atender y aprovechar las recomendaciones y observaciones hechas por las instancias cuasijurisdiccionales y jurisdiccionales de carácter regional e internacional, y promulgar una ley nacional que reglamente este procedimiento, según lo previsto en el artículo 31 de la Constitución.
- Difundir ampliamente los informes del Estado a los Comités de las Naciones Unidas y discutir sus contenidos, antes y después de las sesiones de estudio fijadas por los Comités. Dichos informes deben ser presentados de manera oportuna, mejorando además su proceso de elaboración, sus contenidos, y la composición y calidad de las misiones oficiales que los sustentan, en desarrollo de los parámetros internacionales.
- Atender y aprovechar las recomendaciones y observaciones hechas por los Comités de las Naciones Unidas, sobre los informes del Estado presentados ante dichas instancias, para la adecuación de su infraestructura y de su sistema de protección de derechos humanos.
- Difundir ampliamente los instrumentos internacionales de derechos humanos, así como las decisiones sobre Venezuela adoptadas por instancias internacionales, así como educar a los agentes del Estado en el respeto y observancia de los mismos.
-
Informar a la opinión pública, nacional e internacional, de las medidas implementadas por el Estado venezolano para dar cumplimiento a las recomendaciones, formuladas a Venezuela por el Comité de Derecho Humanos de la ONU el 06.03.01.
- Adecuar las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia en materia de derechos humanos, para que respeten y garanticen el derecho al amparo internacional y, en general, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. (Provea, 08.11.04).
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ARTÍCULOS
Son Derechos: “Jubilados/as de VIASA avanzan” |
"Las personas jubiladas de la empresa Venezolana Internacional de Aviación S. A. (VIASA), que fueron afectados/as en sus derechos a la seguridad social cuando fue privatizada en 1992, acaban de lograr un importante avance en las instancias regionales d e protección de los derechos humanos.
La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos admitió su petición, presentada en septiembre de 2002, por el incumplimiento de Iberia, VIASA y BANDES de la sentencia de un tribunal que ordenaba el pago de las pensiones atrasadas y la restitución de la pensión de jubilación.
La perseverancia de las personas jubiladas de VIASA y de sus familias en la defensa de sus derechos es un ejemplo de lucha para los/as trabajadores/as del país.
La solución definitiva de este caso queda ahora en manos del Presidente de la República, quien afronta el reto de ser consistente en su reiterada preocupación y voluntad de atender los graves problemas que aquejan a los jubilados y pensionados del país.
En espera de que se haga justicia han fallecido 6 jubilados de VIASA ¿El Gobierno esperará que mueran más jubilados para cumplir con el mandato de esta acción de amparo?" (Provea,04.11.04, son@derechos.org.ve).
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ARTÍCULOS
Fernando Fernández: "Muerte de las personas
jurídicas" |
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"En el
Anteproyecto de Código Penal elaborado por el Dr.
Alejandro Angulo Fontiveros y un destacado elenco de
abogados, se prevé la disolución y cierre de las
personas jurídicas, de 'cometer' estas, o sus
representantes, cualquier delito.
El cierre total o la disolución de una persona
jurídica equivale a una pena de muerte legal. El
cierre temporal es un “matamiento” parcial. Lo mismo
pasa con la suspensión de actividades.
Ese es el riesgo que correrían empresas,
corporaciones de todo tipo, fundaciones ONG de toda
naturaleza y fines, cooperativas, partidos
políticos, clubes, sindicatos, el Estado, todas las
instituciones públicas y privadas con personalidad
jurídica y , en general cualquier estructura
asociativa que se vea incursa en alguno de los casi
1.000 delitos o faltas que se han propuesto en dicho
proyecto. Inclusive, si esa persona jurídica
“difama” a cualquiera.
La dogmática penal establece como axioma la
imposibilidad técnica de responsabilizar penalmente
a una persona jurídica, dado que existe gracias a
una ficción legal: carecen de vida humana y de
voluntad, por lo que no podrían incurrir en un hecho
punible de forma intencional.
De aprobar dicho proyecto, un juez penal podría
disolver, clausurar o cerrar a una persona jurídica.
Pero si se trata del Estado, el proyecto prevé
excepciones, con lo que se crea una desigual
injusticia, habida cuenta que es el mismo Estado el
que administra justicia. En otras palabras, tal
asimetría podría servir para clausurar, cerrar o
disolver a todo, o casi todo, el sector privado y
cualquier forma de asociación civil en Venezuela.
En mi opinión el único tipo de asociaciones que
podrían ser clausuradas son aquellas falsas, de tipo
ilícito y orientadas a actividades delictivas como
el terrorismo y su financiamiento, el tráfico de
drogas, de personas, de armas ilegales, de desechos
peligrosos e ilegales, etc., las que, generalmente,
son fachadas que persiguen burlar los controles
legales, pero que se dedican a esas actividades
ilegales. Ese es el límite fijado en Tratados
Internacionales y el derecho penal codificado
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