Una lectura de la realidad venezolana
desde los derechos humanos

Boletín electrónico Nº 147
Del 0
5 al 18 de noviembre de 2004


1988/2004: Provea, 16 aÑos por los derechos sociales y contra la impunidad

CONTEXTO
* Provea exige justicia y llama a la unidad nacional en repudio al terrorismo
*
Provea demandó al Presidente Chávez por violar derecho de petición

DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 
* ACCSI logra admisión de amparos a favor del derecho a la salud
* CECODAP entrega a MSDS proyecto contra productos multimedia nocivos para niños, niñas y adolescentes
* Para la UNESCO el Estado venezolano avanza en garantizar el derecho a la educación
* Estado venezolano ratifica Protocolo de Kyoto
* Ejecutivo Nacional destina fondos para honrar deuda con pensionados del IVSS
* Logros de la
Ley Orgánica Procesal del Trabajo
*
Gobierno Nacional aplica nuevo ajuste de precios para productos alimenticios regulados
* Impacto del nuevo ajuste de precios de los productos regulados sobre el derecho a la alimentación 
* Industria farmacéutica venezolana contra el ALCA
* Propuestas y exigencias sobre el libre comercio y derechos humanos
 

DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
* Indicadores de la situación carcelaria nacional del OVP
* Defensoría del Pueblo acciona contra reglamentos de cuerpos policiales estadales
* Elecciones regionales, 2do. proceso electoral realizado en Venezuela durante 2004
* Del no-caso Bustillos al caso Molina
*
Instrumento de la CPI se discute en Asamblea Nacional
*
Propuestas y exigencias a los poderes públicos sobre los compromisos Internacionales en materia de derechos humanos      

ARTÍCULOS
* Son Derechos: “Jubilados/as de VIASA avanzan
* Fernando Fernández: "Muerte de las personas jurídicas" 


INVITACIONES A EVENTOS
* La Red Venezolana de Educación en y para los Derechos Humanos invita al foro: "Exclusión social y derechos humanos: los retos del momento en América Latina"
*
Premio en Derechos Humanos 2005 de la Academia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la American University  
* Actividades organizadas para conmemorar en noviembre el Mes de la No Violencia hacia la Mujer


NOVEDADES DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN TODOS LOS DERECHOS PARA TODOS
*
"Encender la esperanza I y II"
* "Temas de derechos humanos en debate"
* "Jurisprudencia sobre derechos de los pueblos indígenas en el sistema interamericano de protección"
* "La protección de la libertad de expresión en el sistema interamericano: manual" 
 
 
DOCUMENTOS
*
Declaración de la Red Iberoamericana de Defensorías de las Mujeres
* "Activistas latinoamericanos denunciamos las políticas y prácticas que se utilizan en las negociaciones de Tratados de Libre Comercio entre Estados Unidos y los países latinoamericanos"
* "Declaración Final del Seminario Internacional sobre los Derechos Humanos y las Maquilas"
* ACNUR: conclusiones ante el XX Aniversario de la Declaración de Cartagena


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CONTEXTO
Provea exige justicia y llama a la unidad nacional en repudio al terrorismo

Cuando el país parecía experimentar avances hacia un panorama más auspicioso para el diálogo y la consolidación de la paz, luego de una definición electoral sobre el mandato presidencial, tal como fue acordado en la Mesa de Negociación y Acuerdos en mayo de 2003, el atentado ocurrido ayer 18 de noviembre en el que fue asesinado el fiscal del Ministerio Público Danilo Anderson, parece estar orientado a obstaculizar tal posibilidad. La utilización de explosivos colocados en el vehículo del fiscal que investigaba algunos casos de relevancia política, aparentemente activados a distancia, hacen pensar que se trata de una actuación terrorista que maneja técnicas sofisticadas.
Ante estos hechos, una vez más Provea condena la violencia política y hace un llamado al pueblo venezolano y a sus representantes para que impidan que la misma se instale entre nosotros como forma para resolver los conflictos.
El camino para ello sigue siendo la justicia. Es fundamental que se realice una adecuada investigación que, respetando estrictamente los derechos de los imputados, determine quiénes son los responsables materiales e intelectuales y se adopte la sanción establecida en la ley para este grave delito. Si una vez más triunfa la impunidad, se estaría facilitando la profundización de una espiral de violencia, en la cual todo el país, y no sólo alguno de los bandos políticos perdería.
Provea le exige a todos los líderes políticos que no sólo condenen este atentado sino que den una lección de unidad nacional en torno al repudio del terrorismo como método político y su combate apegado a la letra de la ley y de la institucionalidad democrática.
Provea desea expresar sus condolencias a la familia y amistades del Fiscal Anderson, al Fiscal General de la República y a todos los miembros de esa institución. Finalmente, hace un llamado para que la comunidad vuelva a dar un ejemplo de templanza ante quienes atentan contra su decisión de vivir en paz y democracia (Provea, 19.11.04).


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CONTEXTO
Provea demandó al Presidente Chávez por violar derecho de petición


Provea se dirigió este 11.11.04 a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) con el objeto de interponer una Acción de Amparo Constitucional contra el Presidente Chávez a favor del derecho de petición. Esta sería la 5ta. ocasión que la organización de derechos humanos aplica esta estrategia jurídica ante el máximo tribunal en contra de altos funcionarios del Estado venezolano.
Basado en el artículo 51 de la Constitución, Provea introdujo ante la Sala Constitucional del TSJ una Acción de Amparo Constitucional, mediante la cual solicitó que se le ordene al Presidente de la República Hugo Chávez Frías dar respuesta a una petición de rectificación efectuada por Provea el 16.02.04 y ratificada el 30.08.04.
Como se recordará, en la edición No. 182 del programa “Alo Presidente”, transmitida el 15.02.04 por distintos medios televisivos y radiofónicos del Estado, el Presidente Chávez insinuó que varias organizaciones venezolanas de derechos humanos, entre ellas Provea, formaban parte de “una gran conspiración contra Venezuela”.
Marino Alvarado, Coordinador del Área de Defensa de Provea, recordó que Provea señaló en su momento que “es absolutamente falso que recibamos financiamiento del gobierno estadounidense u órgano alguno de dicho país, aún cuando insistimos en señalar que quien lo haga con fines lícitos no comete delito alguno. Tampoco participamos de estrategias contrarias a la profundización de la democracia”.
Explicó el vocero de Provea, que ante esta afirmación “el 16 de febrero, dirigió un derecho de petición a la Presidencia de la República, mediante el cual la organización le solicitó formalmente al ciudadano Presidente que procediera a rectificar la información que había sido agraviante para su labor de defensa de los derechos humanos. Dicha petición no fue respondida de manera oportuna y adecuada, por lo que insistimos con otra comunicación el pasado 30.08.04 que tampoco fue atendida”.
Es importante destacar que las opiniones emitidas por el Presidente en su programa causaron un daño a Provea. Recuerda Alvarado que “no sólo recibimos correos electrónicos insultantes y amenazantes, sino que sectores de comunidades populares con los cuales trabajamos y que tienen simpatía por el proyecto de gobierno, expresaron dudas sobre la transparencia del trabajo que realizamos”.
La medida implementada por Provea ante el TSJ busca fortalecer el derecho de petición como estrategia jurídica, dado el consecutivo irrespeto con el que los poderes públicos tratan las solicitudes de información, de respuestas y de audiencias efectuadas por ciudadanos u organizaciones sociales.
Al respecto, el vocero de la organización comentó que “esta no es la primera vez que nos dirigimos al TSJ por la violación de nuestro derecho de petición. En 2 ocasiones anteriores acusamos a distintos titulares del Ministerio de la Defensa (Raúl Salazar en 1999, para acceder al expediente de la masacre de Yumare y a José Luis Prieto en 2003 para acceder al Plan Ávila).
La 3ra. vez fue el año pasado contra Tobías Nóbrega, ministro de Finanzas, para conocer sobre el presunto uso indebido de fondos de pensionados y jubilados). Y en septiembre accionamos contra el Defensor del Pueblo por no brindar información solicitada para nuestro informe anual. De manera que con esta nueva acción, Provea vuelve a exigir al máximo tribunal que ordene a las instancias públicas el respeto al derecho de petición” (Provea, 11.11.04,
http://derechos.org.ve/actualidad/comunicados/notas_prensa_2004/np111104.pdf).

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DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
ACCSI logra admisión de amparos a favor del derecho a la salud


La Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo admitió 5 demandas de amparo interpuestas el 01.10.04 por la organización de derechos humanos Acción Ciudadana contra el Sida (ACCSI) en contra de Jesús Querales, presidente del Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel (INH), por violación de los derechos de petición e información (El Universal, 10.11.04,
http://www.eluniversal.com/2004/11/10/ccs_art_10286H.shtml).
El pasado 19.07.04 ACCSI solicitó al Dr. Querales informar y expedir copia certificada del registro sanitario, así como la  respectiva certificación de su bioequivalencia, de los siguientes compuestos que distribuye el Estado para el tratamiento del VIH/SIDA:
Didanosina, Duovir, Zidovir, Lamivir, Estavudina, Lamivudina, Virodin, Vorostav, Virocomb, Viroz y Nevipan, elaborados por laboratorios cubanos y de la India (Acción Ciudadana contra el Sida, 08.11.04, accsi@accsi.org.ve).
Transcurrido el lapso legal para recibir contestación sin que ésta se produjera, la organización estimó que esto configuraba una violación de los artículos 51 y 143 constitucionales para obtener respuesta oportuna y adecuada. Ante esta situación, ACCSI presentó 8 recursos de amparo en contra del INH ante las Cortes Primera y Segunda de lo Contencioso Administrativo, por violación de los derechos de petición e información. Tres correspondieron a la Corte Primera y 5 a la Corte Segunda las cuales fueron aceptadas el pasado 08.11.04 (Acción Ciudadana contra el Sida, Ídem.).
Estimó la organización que la falta de contestación por parte del Dr. Querales, vulnera el derecho constitucional de petición e información en una triple dimensión: falta de respuesta dentro de los 20 días de presentada la petición; falta de respuesta al requerimiento y falta de acceso a la información pública, a lo cual agrega una cuarta implicación: "y es que en atención a la naturaleza de la petición y a las personas que viven con VIH/SIDA, a quienes representa ACCSI, existiría una violación a los derechos de este grupo, quienes serían las beneficiarias o perjudicadas por la respuesta" (Acción Ciudadana contra el Sida, Ídem.).
El magistrado Jesús David Rojas de la Corte Segunda determinó en su sentencia que los 5 amparos introducidos por ACCSI ante dicha instancia sean acumuladas, examinadas y decididas dentro de un único proceso, con el objeto de evitar que se dicten sentencias contradictorias en procesos semejantes y para permitir la economía procesal. En este mismo sentido, la decisión de la Corte Segunda señaló que conoce acerca de las otras 3 causas que cursan ante la Corte Primera, por lo cual requirió a ese órgano jurisdiccional remitir a la Corte Segunda las mismas, quedando igualmente acumuladas. En consecuencia, las 8 causas contentivas de las acciones de amparo que presentó ACCSI contra el INH, se tramitarán y decidirán en un único expediente y procedimiento (Acción Ciudadana contra el Sida, Ídem.).
Con estas acciones, ACCSI busca conocer si el INH ha cumplido a cabalidad con los requisitos para la expedición de los registros sanitarios y permisos de los medicamentos que se distribuyen para el tratamiento del VIH/SIDA, y que los productos farmacéuticos que conforman estas terapias antirretrovirales, responden a los requisitos de biodisponibilidad y bioequivalencia que garantizan su efectividad, ello en atención a las implicaciones referidas a los derechos a la salud y vida de las personas que requieren recibir estas terapias antirretrovirales, con la puntualidad y calidad que son necesarias.

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DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
CECODAP entrega a MSDS proyecto contra productos multimedia nocivos para niños, niñas y adolescentes


El pasado 28.10.04, la organización de derechos humanos Centros Comunitarios de Aprendizaje (CECODAP) consignó ante el Ministerio de Salud y Desarrollo Social (MSDS), su proyecto de “Directrices sobre medidas de prevención contra juegos computarizados, electrónicos y cualesquiera multimedia e Internet nocivos para niños, niñas y adolescentes” (Centros Comunitarios de Aprendizaje, 05.11.04,. derechamos@cecodap.org.ve).
Estas directrices se constituyeron a los fines de avanzar en el establecimiento de una normativa para el ingreso al país, la producción y la venta de juegos computarizados, electrónicos o cualesquiera otra multimedia que se consideren nocivos para la salud o el desarrollo integral de los niños y adolescentes.
Entre los aspectos que contempla este proyecto, se puede señalar, por ejemplo, la necesidad de establecer una edad requerida para el uso, acceso, alquiler y compra de todos los juegos computarizados, electrónicos o multimedia, todo de conformidad con lo establecido en el Artículo 78 de la LOPNA.
A juicio de CECODAP, "el desarrollo y uso de las tecnologías de la información ejercen gran influencia en todos los ámbitos de la sociedad, siendo urgente y necesario que el Estado, las familias y la sociedad en general tomen conciencia de lo nocivo que resulta el uso inadecuado de la Internet. Así como algunos juegos computarizados, electrónicos o cualesquiera multimedia, cuyas imágenes son portadoras de información que transmiten mensajes explícitos, implícitos o subliminales que ocasionan una distorsión grave en el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes. Razón por la cual, es necesario implementar mecanismos de protección, con el objeto garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes el ejercicio y disfrute pleno y efectivo de su derecho a una información adecuada que sea acorde con su desarrollo integral" (Centros Comunitarios de Aprendizaje, Ídem.).

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DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Para la UNESCO el Estado venezolano avanza en garantizar el derecho a la educación

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) presentó el más reciente Informe de Seguimiento de la Educación Para Todos (EPT) en el Mundo 2015, un trabajo basado en datos administrativos que los gobiernos suministraron al Instituto de Estadística de la UNESCO (IEU) sobre el año escolar 2001/2002.
En dicha investigación se afirma que "la calidad de la educación es insuficiente para lograr la Educación para Todos en 2015 La proporción de niños escolarizados a nivel mundial es hoy en día mayor que nunca. Sin embargo, muchos abandonan la escuela antes de llegar al quinto grado de primaria o finalizan sus estudios elementales sin dominar un mínimo de conocimientos" (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 16.11.04,
http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=15006&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html).
Entre los datos que maneja el informe hay un conjunto de estadísticas de calidad garantizada que se han acopiado recurriendo a la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación, gracias a lo cual son comparables en la mayoría de los países. También se recurrió a otras muchas fuentes de datos, por ejemplo, las encuestas nacionales sobre las familias y algunos estudios encargados especialmente, a fin de enriquecer los análisis y detectar los cambios recientes de las políticas de educación de  los países, así como sus posibles repercusiones en la realización de los objetivos de la EPT.
Con el acopio de estos datos se logró en este informe determinar el Índice de Desarrollo de la Educación para Todos (IDE), el cual permite determinar en qué medida los países están alcanzando 4 objetivos del EPT: enseñanza primaria universal, paridad entre los sexos, alfabetización y calidad. Según el informe, varios países, incluidos algunos de los más pobres, han mejorado manifiestamente  sus niveles de consecución de la EPT en el periodo 1998-2001, "probando así que la pobreza no es un obstáculo insuperable para realizar progresos rápidos hacia el logro de la EPT" (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Ídem.).
UNESCO destacó que en la región de América Latina los progresos hacia el objetivo de calidad de la educación van rezagados. En este sentido, destaca una fuente periodística que, según este informe, "Venezuela se encuentra a medio camino para alcanzar los 4 objetivos mensurables del programa EPT" (El Universal, 09.11.04, http://noticias.eluniversal.com/2004/11/09/ten_art_09252D.shtml).
El informe colocó al país en un grupo de 14 naciones latinoamericanas que han logrado significativos avances en la EPT, siendo superado por otro grupo de países de la región cuyos logros los ubican cerca de conseguir los objetivos propuestos.
Subraya la investigación que Venezuela está entre los 10 primeros países de América Latina con mayor índice de alfabetización de adultos: "los datos de 2001 muestran que para entonces la taza de alfabetización de adultos en nuestro país era de 93,1%. Esta cifra, aunada a los logros en cuanto a la universalización de la educación primaria, a la paridad entre ambos sexos en la educación y a la mejora de la calidad de la enseñanza, hace que Venezuela comparta un concurrido quinto lugar en América Latina" (El Universal, Ídem.).
Según la fuente, para 2001 en Venezuela, "la tasa neta de escolarización que corresponde al número de alumnos matriculados en primaria alcanzó 92,4% de la población con edad para cursar los estudios de ese nivel. Se trata del 10mo. mejor registro en América Latina, siendo el promedio regional 96%. No obstante, el estudio precisa que, aunque el grado de participación en primaria es elevado en la mayoría de los países, no todos los niños que tienen acceso a este nivel de educación terminan sus estudios. Explica que el fenómeno se debe a los altos costos de la enseñanza, entornos escolares poco propicios o escasamente acogedores, la necesidad de aportar ingresos a sus familias y la escasa calidad de la educación impartida. En tal sentido, la tasa de supervivencia en el quinto grado, en Venezuela, fue de 96,3% en 2001, el segundo más alto de la región" (El Universal, Ídem.).
Otro dato que se señala en este estudio es que en nuestro país la tasa bruta de escolaridad para la secundaria fue de 68,5%, mientras que en la enseñanza superior apenas fue de 27,1%, 10mo. y 8vo. mejor registro de la región.
Sin embargo, el informe de la UNESCO advirtió que el Estado venezolano no aportó cifras sobre el monto de la inversión destinado al sector educativo (El Universal, Ídem.).
Puede consultar o descargar el resumen ejecutivo de este informe en la página web de la UNESCO: http://www.unesco.org/education/gmr_download/es_summary.pdf.

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DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Estado venezolano ratifica Protocolo de Kyoto


Ana Elisa Osorio, titular del Ministerio de Ambiente y de los Recursos Naturales (MARN), anunció el pasado 03.11.04 que el gobierno venezolano ratificó el Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre el Cambio Climático, tratado internacional establecido en 1997 como complemento de la Convención Marco sobre el Cambio Climático de 1992 que busca disminuir la emisión de gases con efecto invernadero entre el periodo 2008-2012.
La Ley Aprobatoria para este instrumento internacional fue sancionada por la AN el pasado 22.07.04 (Asamblea Nacional, 26.07.04, http://www.asambleanacional.gov.ve/ns2/leyes.asp?id=618), lo que representaba un paso preliminar para su definitiva ratificación por el Estado Venezolano.

La funcionaria recordó que
el objetivo principal de este marco jurídico "es lograr que para 2008-2012, los países desarrollados disminuyan sus emisiones de gases con efecto invernadero, en un 5% menos del nivel de emisiones de 1990" (Ministerio de Comunicación e Información, 04.11.04,
http://www.minci.gov.ve/noticia.asp?numn=3746).
Anunció Osorio que una de las primeras medidas a ejecutar por Venezuela siendo parte de este acuerdo será  "la creación de una oficina compuesta por varios despachos del Ejecutivo -incluido Ambiente-, como Energía y Minas, Planificación y Desarrollo, Agricultura y Tierras, Infraestructura, Petróleos de Venezuela [...] que deberá formular políticas públicas en el corto, mediano y largo plazo, que deberán ser asumidas tanto para la mitigación como para la reducción de emisiones" Ídem.).

La ministra recordó que el año pasado su despacho culminó el inventario nacional de gases efecto invernadero con un resultado "muy alentador" (Ministerio de Comunicación e Información, Ídem.).. Sostuvo Osorio que "aunque Venezuela es un país petrolero, la cantidad de emisiones de estos gases es relativamente baja y corresponde al 0,48% de todas las emisiones mundiales, mientras que dentro de América Latina, se encuentra en el cuarto lugar después de Brasil, México y Argentina" (Ministerio de Comunicación e Información, Ídem.).
Osorio "exhortó a los medios de comunicación de todo el país a colaborar con esta iniciativa en el sentido de difundir lo que significa el fenómeno del cambio climático y como influye negativamente sobre las especies animales y vegetales, así como, por el contrario, su control, redunda en beneficios. Asimismo,
Explicó la funcionaria que "las oscilaciones de temperatura entre el día y la noche se están reduciendo y ello perjudica la producción de leche, de frutas y en definitiva es un factor que se opone a la lucha contra la pobreza [...] los científicos han determinado que la temperatura global podría aumentar entre uno y tres grados centígrados a mediados del presente siglo a causa de la polución" (Ministerio de Comunicación e Información, Ídem.).
Vale la pena destacar que en el mes de octubre la Federación Rusa anunció la ratificación del Protocolo, un hecho relevante si se toma en cuenta que, junto con Estados Unidos, forman parte del grupo de países cuyo desarrollo industrial que mayor impacto provocan sobre la atmósfera. A propósito de esta decisión
, la ministra Osorio "felicitó al gobierno de Rusia por haberse adherido también al Protocolo de Kyoto, lo que posibilita la entrada en vigencia del tratado para el próximo año y consideró como negativo el hecho que Estados Unidos se niegue a ratificar este acuerdo" (Ministerio de Comunicación e Información, Ídem.).
Con relación a la adhesión de Venezuela al Protocolo de Kyoto, Diego Díaz Martín, presidente de la organización ambientalista venezolana Vitalis, manifestó que "ve con buenos ojos la inclusión de Venezuela en esta iniciativa mundial" (El Universal, 15.11.04,
http://noticias.eluniversal.com/2004/11/15/ten_art_15255C.shtml).
Díaz Martín aclaró que "el Protocolo no impone compromisos de reducción de gases a países en desarrollo como Venezuela pero, plantea herramientas de flexibilización para involucrar a este tipo de naciones en el logro del desarrollo sostenible, como lo es el mecanismo de producción limpia que les permite contribuir con otros países a la mitigación de las sustancias perjudiciales. Esto implica que Venezuela podría tener acceso a tecnologías y financiamiento para alcanzar mayor eficiencia energética que favorezca la producción limpia" (El Universal, Ídem.).
De acuerdo con Franklin Rojas Suárez, presidente de Conservación Internacional Venezuela, la adhesión del país al Protocolo de Kioto implica beneficios para los sectores energético y forestal. Explica que ello se debe a que es el único país de la OPEP signatario del documento que tiene capacidad para comercializar petróleo bajo en contaminantes.
Ello es posible gracias a que los bosques del territorio nacional permiten producir el hidrocarburo con bajas concentraciones de dióxido de carbono, y es precisamente la reducción de emanaciones de este gas uno de los compromisos vitales del protocolo. "Esto se traducirá en fuente de recursos económicos" (El Universal, Ídem.).
Según el Protocolo, los gases contaminantes cuyas emanaciones deben ser reducidas son dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, hidrofluorocarbonos, perfluorocarbonos y hexafluoruro de azufre.

Conviene recordar que con la aprobación de este instrumento, el Estado venezolano acogerá una exigencia que Provea ha hecho desde la edición Nº 14 de su Informe Anual
sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela (ver en :
http://www.derechos.org.ve/publicaciones/infanual/2001_02/derecho_amb_sano.htm).

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DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Ejecutivo Nacional destina fondos para honrar deuda con pensionados del IVSS

Según Andrés Izarra, titular del Ministerio de Comunicación e Información, el Consejo de Ministros Nº 400, realizado el pasado 08.11.04, aprobó un crédito adicional  por 149.907.000 de bolívares para el  Ministerio del Trabajo (MINTRA) y el Instituto Venezolano del Seguro Social (IVSS), destinados a cubrir el monto restante de la deuda de los pensionados del IVSS desde el año 92 hasta el 2001 (Gobierno en Línea, 09.11.04,
http://www.gobiernoenlinea.ve/noticias/viewNewsUser01.jsp?id_noticia=25819). 


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DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Logros de la
Ley Orgánica Procesal del Trabajo


Recientes datos ofrecidos por Omar Mora, presidente de la Sala Social y primer vicepresidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ),  acerca de la aplicación del procedimiento de los juicios laborales permiten revisar los alcances de
la Ley Orgánica Procesal del Trabajo (LOPT) a más de un año de su promulgación (14.08.03) (ver edición Nº 123 de este boletín electrónico en http://derechos.org.ve/actualidad/coyuntura/2003/coyuntura_123.htm#08).
Según el magistrado: "el 92,5% de los juicios laborales están siendo resueltos por la vía de la mediación con un juez especializado en medios alternos de resolución de conflictos" (El Universal, 11.11.04, http://www.eluniversal.com/2004/11/11/pol_art_11108D.shtml). 
Explicó Mora que "estamos resolviendo los casos en un promedio de 6 meses en primera, segunda instancia y casación, a diferencia de antes que se hacía en 8 años, y esos son los primeros resultados preliminares que se arrojan en este encuentro" (El Universal, Ídem.).
El magistrado aseguró que los procesos son inmediatos, rápidos y transparentes y también permitieron humanizar el proceso laboral. "Este es un servicio de justicia de primera categoría con rostro humano al servicio del ciudadano" (El Universal, Ídem.).
Recordó que antes de entrar en vigencia ese instrumento había 120.000 causas, de las cuales ya se han resuelto el 80%; y con el nuevo proceso han ingresado 110.000 causas y se han resuelto 94.000.
Además informó que la mayoría de los procesos corresponden a trabajadores del sector privado y se concentran en el Distrito Capital, Zulia, Puerto Ordaz y Barcelona.

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DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Gobierno Nacional aplica nuevo ajuste de precios para productos alimenticios regulados

Mediante la Gaceta Oficial Nº 38.060 publicada el 08.11.04, el Ministerio de la Producción y el Comercio (MPC) informó sobre su decisión de aumentar el precio máximo de venta al público de 152 productos alimenticios declarados de primera necesidad por el Ejecutivo Nacional  que permanecían regulados desde el 05.02.03 (Tribunal Supremo de Justicia, 16.11.04,
http://www.tsj.gov.ve/gaceta/Noviembre/081104/081104-38060-00.html).
En la Gaceta Oficial se explica que la medida se acuerda "en el marco de la política de diálogo adelantada por el Ejecutivo Nacional [y luego de que fueran] oídas las observaciones de diversos sectores productivos y de los consumidores" (Tribunal Supremo de Justicia, ídem.). Sin embargo, la medida se ejecutó "pese a que la semana pasada [del 01 al 07.11.04] el ministro de la Producción, Wilmar Castro, dijo que no habría incremento" (El Nacional, 10.11.04,
http://www.el-nacional.com/Articulos/DetalleArticulo.asp?idSeccion=65&id=51761). 
Según fuentes periodísticas, "los incrementos aprobados por el Ejecutivo alcanzan en promedio 20% sobre los precios acordados en el último ajuste hecho el 15 de abril de este año" (El Universal, 10.11.04, http://www.eluniversal.com/2004/11/10/eco_art_10176A.shtml).  
Destaca la fuente que "este constituye el 3er. ajuste de precios de alimentos regulados en lo que va de año. El arroz, la harina de maíz precocida, la carne de res, el queso blanco duro, las caraotas negras, el azúcar refinado y el café tuvieron aumentos que promedian 20%. En el caso del arroz, en la Gaceta Oficial aparecen incrementos en los precios de los empaques de un kilo, y además se insertaron a la regulación las presentaciones de 900 gramos. En promedio el incremento de este rubro fue de 13,6%. Por ejemplo, la presentación de un kilo de arroz blanco de 2% granos partidos costaba 1.490 bolívares y fue aumentado a 1.605 bolívares. A principio de este año este mismo producto costaba 1.045 bolívares, lo que representa un alza de 53,5% en 11 meses [...] La harina de maíz precocida fue ajustada en 13,7% y pasó de costar 1.100 a 1.250 bolívares el kilo. Cabe recordar que las hallacas del año pasado se hicieron con harina precocida a 1.000 bolívares el kilo [...] Uno de los alimentos que ha presentado más distorsiones en su precio es la carne de res. En esta oportunidad el kilo de carne de primera fue aumentado de 7.500 bolívares a 7.888 bolívares, lo que representa un alza de 5,1% [...] Los cortes de segunda tuvieron un incremento de 26%, mientras que los cortes de tercera sufrieron un alza de 64,8%. Es extraño que el Gobierno Nacional aprobara estos incrementos tan dispares, y justamente enfocara el mayor aumento en los cortes que consumen las clases más populares del país, mientras que la carne de primera sufrió la menor alza" (El Universal, Ídem.).
Recuerda la fuente que "en el mes de abril se hizo un ajuste en los precios de la carne de res para tratar de equipararlos con los valores verdaderos que mostraba el mercado. Sin embargo, en aquella oportunidad, al igual que en ésta, los precios en Gaceta quedaron muy por debajo de lo que es la realidad. Desde hace varios meses las consumidoras que desean comprar un kilo de carne de primera deben pagar aproximadamente 10.000 bolívares" (El Universal, Ídem.). 
En otro orden de ideas, la Gaceta Oficial acota en su artículo 12, que todos los establecimientos comerciales que expenden alimentos básicos deben disponer de las presentaciones que están establecidas en la resolución. El incumplimiento injustificado de esta disposición generará sanciones. Sin embargo, señala un diario de circulación nacional que "las estanterías y vitrinas de los supermercados o mercados libres ofrecen precios mucho más elevados que los que aparecen en la Gaceta Oficial. Ni siquiera los 3 ajustes hechos al control de precios en lo que va de año han logrado compensar este diferencial" (El Universal, 11.11.04,
http://www.eluniversal.com/2004/11/11/eco_art_11182A.shtml).

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DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Impacto del nuevo ajuste de precios de los productos regulados sobre el derecho a la alimentación 


Ante la medida gubernamental de ajustar por 3ra. vez los precios de 152 productos alimenticios regulados, Oscar Meza, presidente del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (CENDAS), estimó que "actualmente los alimentos objetos de la regulación de precios muestran un sobreprecio real de 46,7% si se compara con los valores impuestos por el Gobierno [...] el ejemplo más emblemático de lo irreal de los precios regulados es el del queso blanco duro que debería venderse en 5.200 bolívares cuando en la realidad se consigue en 11.500, un sobreprecio de 112%" (El Universal, 10.11.04,
http://www.eluniversal.com/2004/11/10/eco_ava_10A506151.shtml).
Si embargo, el presidente del CENDAS,  no descarta que pueda darse un incremento especulativo, "es decir, que se repita el fenómeno que ha venido ocurriendo desde marzo de 2003 cuando entró en vigencia la regulación" (Tal Cual, 11.11.04, pág. 8).
Meza señaló "que se necesita cerca de 1.468.577 bolívares -sin contar ajustes de precios de alimentos o de transportes urbanos- para cubrir con todos los requerimientos básicos. De manera que para noviembre - y por el aumento en los alimentos y el que se espera para el transporte público urbano estimado en un 30%- se producirá un incremento importante. Este monto sólo puede ser costeado por 6,7% de la población" (Unión Radio, 10.11.04,
http://www.unionradio.com.ve/Noticias/Noticia.aspx?noticiaid=124812). Con respecto al indicador de la Canasta Alimentaria Familiar (CAM), Meza sostiene que cerrará en 600.000 bolívares (Tal Cual, Ídem.)
Conviene recordar que el
Índice de Precios al Consumidor (IPC) del área metropolitana de Caracas, por medio del cual el Banco Central de Venezuela (BCV) estima el comportamiento inflacionario de los precios, marcó una tasa de variación acumulada hasta el mes de octubre del 15,4% (ver edición Nº 146 de este boletín electrónico en http://derechos.org.ve/actualidad/coyuntura/2004/coyuntura_146.htm#13).

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DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Industria farmacéutica venezolana contra el ALCA

En el marco del II Congreso Internacional de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) acerca del Área de Libre Comercio de Las Américas (ALCA), celebrado en Caracas durante la primera semana de noviembre, Héctor García, vicepresidente de la Cámara de la Industria Farmacéutica (CIFAR), se pronunció en contra de este tratado de libre comercio: "en las actuales negociaciones se perfilan dificultades para el acceso a los medicamentos y un atentado contra el derecho básico de la salud, al incluir a la propiedad intelectual y las patentes farmacéuticas entre los puntos, estableciéndose limitaciones adicionales a las ya existentes para la aparición y permanencia de medicamentos similares a bajos precios" (El Universal, 03.11.04,
http://www.eluniversal.com/2004/11/03/eco_art_03172A.shtml).
García enfatizó que la falta de acceso a los medicamentos constituye un problema social preocupante: "80% de la producción mundial de medicamentos se consume en los países ricos y cerca de un tercio de la población mundial -2.000 millones de seres humanos- carece de acceso a los medicamentos esenciales, tal como lo señala la Acción Internacional para la Salud" (El Universal, Ídem.).
Explicó que actualmente en la región se aplican las disposiciones de la Organización Mundial del Comercio (OMC), en la que 151 socios aprobaron el Acuerdo sobre Derechos de propiedad intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), cuyos lineamientos son recogidos en la Decisión 486 de la CAN. Esas normas establecen flexibilidades para que los países ejerzan protecciones a la salud y, en particular, a promover el acceso a los medicamentos.
"Ahora tememos que la propiedad intelectual sea introducida como punto de honor dentro de las negociaciones bilaterales con la expresa intención de protecciones adicionales a las acordadas en el ADPIC, constituyéndose la tan criticada figura del ADPIC-Plus. Estos plus o agregados reducirían la capacidad de los Estados para fijar sus propias políticas en caso de emergencia, caducidad de patentes, posición dominante de mercado o precios excesivos del producto patentado. Adoptar tales medidas implicaría poner barreras adicionales a la competencia, incremento en los gastos de medicamentos y del acceso a ellos, así el debilitamiento de la CAN como mecanismo institucional" (El Universal, Ídem.).
Añadió García que "la posición del Gobierno venezolano es crítica frente a estos acuerdos bilaterales y muy clara en cuanto a la aplicación de todas las flexibilidades previstas en el ADPIC. Esta posición es compartida por gobiernos de otras naciones como Argentina y Brasil, mientras que los otros integrantes del grupo andino están tomando posiciones que retardan la firma de TLC, que comprometan el acceso a los medicamentos en la población" (El Universal, Ídem).
Respecto a este tema, se recomienda consultar la posición de un grupo de activistas latinoamericanos que actualmente llevan a cabo una Campaña Mundial Contra la Comercialización de la Salud y la Vida. Su documento declarativo puede leerse en la sección DOCUMENTOS de esta edición.

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DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Propuestas y exigencias sobre el libre comercio y derechos humanos

- El Estado venezolano debe garantizar el carácter abierto, público y transparente de las negociaciones de integración económico comercial (incluyendo las negociaciones del Área de Libre Comercio de las Américas-ALCA, la OMC y los bilaterales), permitiendo el acceso ciudadano a la información sobre lo que se negocia, cómo se negocia y quién propone cada aspecto o elemento en la negociación.
- El Estado venezolano debe ratificar prioritariamente todos los instrumentos internacionales de protección y garantía de los derechos humanos antes de suscribir cualquier tratado de integración económica comercial; y en particular, debe suscribir sin dilación alguna el Protocolo de San Salvador, y tomar la iniciativa en la discusión de la Carta Social Americana,
garantizando la participación ciudadana en dicho proceso.
- El Estado venezolano debe solicitar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos una opinión consultiva acerca del impacto del ALCA en los Derechos Humanos, así como de otros acuerdos de integración comercial o de los Planes de Ajuste Estructural (PAE), en tanto dinámicas basadas en la apertura de libre mercado.
- El Estado venezolano debe solicitar la realización de Audiencias extraordinarias en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para tratar el impacto del ALCA en cada uno de los DESC.
- El Estado venezolano debe garantizar el control social soberano de la política económica nacional, mediante la creación de espacios, medios e instrumentos de participación ciudadana en su formulación y decisión. En específico, debe garantizarse la participación ciudadana en la discusión, elaboración y formulación de las propuestas que lleven los negociadores ante las mesas de negociación de los acuerdos de integración comercial, particularmente en las de la OMC, ALCA y bilaterales.
- El Estado venezolano debe garantizar una política de información concreta para la discusión pública del ALCA. En específico, debe abrir espacios o canales de comunicación e información suficientes que permitan la democratización plena de la discusión y las propuestas respecto al
ALCA; así como impulsar una campaña masiva de información hacia la ciudadanía, garantizando financiamiento para las iniciativas informativas provenientes de las organizaciones sociales venezolanas. iniciativas informativas provenientes de las organizaciones sociales venezolanas.
- Deben fortalecerse, en la legislación y jurisprudencia nacionales, la funciones garantistas del estado social de derecho y de justicia, y garantizarse la preeminencia del derecho internacional de los derechos humanos por sobre el derecho internacional comercial (Provea, 08.11.04,
http://www.derechos.org.ve/publicaciones/infanual/2002_03/24exigencias.pdf).

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DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
Indicadores de la situación carcelaria nacional del OVP
 
El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), notificó que durante los 3 trimestres del año 2004 y parte de noviembre han muerto asesinados 247 reclusos y han resultado heridos otros 536  en los 30 centros de reclusión que constituyen la red penitenciaria del país "como consecuencias del hacinamiento y la carencia de una vigilancia eficaz y efectiva" (Diario 2001, 11.11.04,
http://www.2001.com.ve/20041111/Sucesos/Sucesos1.asp?tp=8). 
Humberto Prado, coordinador general de la organización destacó que "es deplorable la situación de los reclusos. No se toman acciones útiles para facilitar la vida de 9.940 reos o procesados, que hacen vida común en 30 centros penales, 16 internados judiciales y otras dependencias que están bajo jurisdicción del Ministerio de Relaciones Interiores (MRI)" (Diario 2001, Ídem.).
Durante el 3er. trimestre de este año, se registró un incremento de 48 fallecidos con respecto al período anterior. Precisa el reporte de la OVP que entre enero y septiembre de este año, 120 presos fallecieron por armas de fuego y otros 59 por armas blancas (Así es la Noticia, 11.11.04, pág. 19).
Detalla Prado que "quienes por alguna razón caen en las cárceles venezolanas permanecen en un limbo judicial. Los fiscales del Ministerio Público (MP) deben atender numerosas acusaciones, lo cual va dejando un sedimento en los calabozos que se complementa con el excesivo trabajo de los jueces, quienes, a su vez, quedan limitados para prestarle atención a las necesarias sentencias" (Diario 2001, Ídem.).
Para el activista de derechos humanos los 1.172 extranjeros que permanecen en estos centros penitenciarios tienen mayor limitación "si no son atendidos por los cónsules, se les pone cuesta arriba contactar a los abogados que los defiendan" (Diario 2001, Ídem.).
Preocupa a la OVP que "el común de la población penal no tiene colchones, la alimentación es precaria, y los traslados a los tribunales son esporádicos. El MRI dispone de un presupuesto de 2.700 bolívares diarios para la comida de cada uno de los reclusos, y no son precisamente especialistas los que preparan el condumio. Quienes son ingresados a las cárceles del país por delitos menores, al poco tiempo regresan vinculados a delitos mayores" (Diario 2001, Ídem.).
Destaca en su reporte el OVP que "de todas estas dificultades y de otra más grave como el tráfico de narcótico y de armas, emanan los problemas que vienen dejando una estela de muertos en cada cárcel. Los chuzos carcelarios están siendo remplazados por armas de fuego y por granadas de mano, que los presos reciben de manos de quienes deben ejercer la vigilancia de los penales" (Diario 2001, Ídem.).
Prado señaló también que entre enero y marzo se registraron 59 muertos y 115 heridos. Entre abril y mayo 86 muertos y 157 heridos. Entre julio y septiembre 71 muertos y 206 heridos. En el mes de octubre 31 muertos y 58 heridos. En lo que va de este mes han asesinado a 8 reclusos y hay uno herido en riñas ocurridas en 3 centros penitenciarios del interior del país.
Observó Prado que el hacinamiento persiste en los centros penitenciarios. La población reclusa actualmente es cercana a los 20.000, entre penados y procesados, mientras que el cupo debe ser para 16.000. Este problema, además contribuye con la condición infrahumana que existe en estos centros (El Carabobeño, 11.11.04, pág. B/20).
Ante esta situación, Prado aboga por decretar una emergencia carcelaria como medida inmediata que debe implementar el Estado venezolano conjuntamente (El Carabobeño, Ídem.).
Concluyó Humberto Prado, director del OVP, al señalar que se cumple un año de la masacre ocurrida en la cárcel de Vista Hermosa, en Ciudad Bolívar, donde fueron ultimados 7 presos. Fueron sindicados un capitán de la Guardia Nacional, un teniente, dos sargentos y un distinguido, pero todos ellos gozan de libertad plena a raíz de una decisión judicial, sin embargo los acusadores apelaron a la primera sentencia, y el caso se encuentra ahora en el Tribunal Supremo de Justicia. Prado aseguró que el Observatorio Venezolano de Prisiones se mantendrá en el juicio para que no quede impune, como ya ocurrió con casos similares que se originaron en el retén La Planta y en otros centros de reclusión del país. (Diario 2001, Ibíd.).

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DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
Defensoría del Pueblo acciona contra reglamentos de cuerpos policiales estadales

La Defensoría del Pueblo acudió a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para solicitar la eliminación de varios artículos contenidos en los reglamentos de los cuerpos policiales de los Edos. Trujillo, Aragua, Miranda, Amazonas y Mérida, por considerar que son inconstitucionales e ilegales y para "evitar la existencia de grupos paramilitares y exigir el respeto de los derechos humanos"(El Nacional, 14.11.04, pág. A/8).
La sala designó como ponentes en este caso a los magistrados Jesús Cabrera Romero, Pedro Rondón Haaz y Antonio García García, y a la magistrada Carmen Zuleta de Merchán.
"Paralelamente, la Defensoría exigió derogar el artículo 70 del Decreto-Ley de los Cuerpos de Bomberos y Administración de Emergencias Carácter Civil, al alegar que vulnera los principios constitucionales y de derechos humanos y por ser contrario a las normas existentes. Se espera que las acciones sean respondidas en los próximos meses" (El Nacional, Ídem.).

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DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
Elecciones regionales, 2do. proceso electoral realizado en Venezuela durante 2004 

El pasado 31.10.04 se efectuaron en 22 entidades federales venezolanas y en el Distrito Capital las elecciones para gobernadores, alcaldes y diputados a los consejos municipales. Es el 2do. evento electoral que se efectúa en el país durante este año, luego del referendum revocartorio del mandato presidencial que se llevó a cabo el pasado 15.08.04.
Según la Junta Nacional Electoral del Consejo Electoral Nacional (CNE),  la abstención a escala nacional alcanzó el 54, 27 %, un "porcentaje similar a comicios anteriores de este tipo, lo cual indica que se mantuvo dentro de los márgenes históricos" (Consejo Nacional Electoral, 08.11.04, http://www.cne.gov.ve/notideta.asp?id=474).
Los comicios fueron observados por cerca de 100 observadores internacionales así como por casi 300 veedores nacionales de la organización Ojo Electoral autorizados por el CNE (El Universal, 31.10.04, http://www.eluniversal.com/2004/10/31/ereg_art_31111A.shtml). La mayoría de los veedores internacionales fueron individualidades provenientes de tribunales electorales, instituciones judiciales, legislativas y universidades de América Latina y España, así como los embajadores en Venezuela de Corea y Canadá.
En conjunto, los observadores internacionales presentaron una declaración mediante la cual mostraron "su satisfacción por el desarrollo de la Jornada Electoral, en la cual la ciudadanía venezolana se ha pronunciado en un clima de paz y serenidad, que permite pronosticar una consolidación de la cultura democrática de respeto a las reglas de la competición electoral" (Consejo Nacional Electoral, 08.11.04, http://www.cne.gov.ve/notideta.asp?id=471).
Igualmente, valoraron como positiva "las medidas introducidas por el Consejo Nacional Electoral y entre ellas, especialmente, la creación de un número significativo de mesas electorales, han contribuido a una mayor fluidez y efectividad en el ejercicio del derecho de voto" (Consejo Nacional Electoral, Ídem.). Subrayaron la necesidad de reforzar "los mecanismos de designación, acreditación y comunicación a los miembros de las mesas electorales, la capacitación de todo el proceso electoral y la más clara visualización de las opciones electorales en el momento de la votación" (Consejo Nacional Electoral, Ídem.).
Asimismo, calificaron el procedimiento electoral aplicado en los comicios regionales como satisfactorio respecto a las garantías "de fiabilidad, transparencia y rigor técnico [ofrecidas], asentadas sobre premisas que reducen al máximo las irregularidades y reflejan fielmente la voluntad de los votantes" (Consejo Nacional Electoral, Ídem.).
No obstante, y a pesar de que en general reinó la calma durante la jornada comicial, el Ministerio Público (MP) reportó 20 personas detenidas en todo el país: (1 en el Edo. Portuguesa; 2 en Caracas, Edo. Apure y Zulia; 3 en Bolívar y 10 en Aragua). Según la fuente oficial, a la mayoría de estas personas se les imputó delitos electorales: acreditación falsa como testigo de mesa, presunto sabotaje a máquinas de escrutinio, destrucción de material electoral, entre otros (Gobierno en Línea, 01.11.04, http://www.gobiernoenlinea.ve/noticias/viewNewsUser01.jsp?id_noticia=25346). 
Durante las jornadas electorales también se presentaron enfrentamientos entre grupos de distintas toldas políticas en el municipio Camatagua del Edo. Aragua, que prontamente fueron controlados por fuerzas de seguridad estatal sin daños materiales ni heridos de gravedad (El Aragüeño, 01.11.04, pág. 7). Episodios similares se repitieron el día siguiente de los comicios en la ciudad de Valencia, capital del Edo. Carabobo, con el agravante de saqueos focalizados y destrozos a un reciento educativo donde  estuvo un centro de votación. Los sucesos fueron provocados por presuntos seguidores de los sectores políticos que se medían en la contienda regional y se adjudicaban el triunfo antes del reporte oficial del CNE. Mas, sin embargo, no se reportaron heridos ni fallecidos (Últimas Noticias, 02.11.04,pág. 6).
Fuentes periodísticas también registraron hechos violentos sucedidos luego de la culminación del proceso comicial, específicamente en los municipios Cantaura y Mapire del Edo. Anzoátegui, donde se contabilizaron 6 heridos el día 01.11.04, durante manifestaciones de rechazo a la proclamación  del candidato electo (El Nacional, 02.11.04, pág. A/7).
El Edo. Delta Amacuro fue el único que reportó una muerte resultado del choque entre presuntos militantes políticos que supuestamente rechazaban la proclamación del alcalde electo en el municipio Casacoima (El Universal, 04.11.04, pág. 4/1). Según la misma fuente periodística, "también en Monagas, Anzoátegui y Táchira las autoridades debieron tomar acciones para controlar la situación".
Otro hecho preocupante con el que cerró el evento electoral fue el procedimiento de allanamiento efectuado en la madrugada del 01.11.04 en una hacienda donde se hallaba Eduardo Lapi, gobernador del Edo. Yaracuy hasta ese momento y candidato a la reelección, junto con su familia, por parte de efectivos de la Dirección de Inteligencia Militar (DIM) y de la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP), según reseñó una fuente periodística.
Relató Lapi que "durante el procedimiento revisaron documentos y objetos personales de toda mi familia, sin encontrar nada" (El Universal, 01.11.04, pág. 1/5).
Por su parte, la Asamblea Nacional (AN) decidió, por unanimidad, la constitución de una comisión especial para investigar las circunstancias de esta acción y "la actuación al margen de lo previsto en la ley, de fiscales del MP que no respetaron su fuero vigente y la obligación de solicitar un antejuicio de mérito mientras éste prevalezca, cuando allanaron su residencia particular en respuesta a una acusación previa en su contra", según detalló el parlamentario Juan José Caldera (Convergencia). 

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DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
Del no-caso Bustillos al caso Molina

A una semana de que Miguel Ángel Nieto, director de medios del Bloque Democrático, denunciara la presunta detención del coronel retirado de la Aviación Silvino Bustillos, integrante de esta organización opositora, por parte de un grupo de funcionarios de la Dirección de Inteligencia Militar (DIM) el pasado 31.10.04, día de las elecciones regionales (El Nacional, 01.11.04, pág. B/14), el periodista Manuel Isidro Molina denunció en su columna "Pasando la hoja" publicada por el semanario La Razón en su edición del 07.11.04, "que el coronel Silvino Bustillos habría estado en los sótanos de la Dirección de Inteligencia Militar, donde fue supuestamente golpeado y habría muerto" (El Nacional, 12.11.04, pág. B/27).
El mismo día que se hizo pública esta noticia Jorge Luis García Carneiro, titular del Ministerio de la Defensa (MD), anunció en la emisora de televisión estatal Venezolana de Televisión (VTV) que en los registros de la DIM no aparecía la detención de Bustillos. No obstante, aseguró que tenía conocimiento de que 3 efectivos practicaron el 31.10.04 una persecución cuyo objetivo era el coronel retirado, un procedimiento que negó haber autorizado (Venezolana de Televisión, 17.11.04). En esa misma ocasión el ministro anunció la apertura de las investigaciones e invitó al periodista Molina y a cualquier otra persona que tuviera conocimiento de la presunta desaparición de Bustillos a que facilitara información al respecto.
Un día después García Carneiro informó que se entrevistó con el teniente de la Guardia Nacional (GN) Daniel Daniels Pérez, el efectivo que comandó el procedimiento que se llevó a cabo el 31.10.04 contra Bustillos, quien afirmó que junto con los oficiales de inteligencia de la GN Henry Carrizo y Pedro Velis Mendoza, participó en la persecución de Bustillos, pero que habían "abortado la misión y desmintieron haberlo capturado" (El Universal, 09.11.04,
http://www.eluniversal.com/2004/11/09/ccs_art_09298A.shtml).
El ministro señaló que solicitó a la Fiscalía Militar abrir una investigación penal al respecto y que el teniente Pérez quedaba a la orden de los tribunales militares (El Universal, Ídem.).
El 09.11.04 Guillermo Heredia, abogado de Bustillos, informó a los medios de comunicación que su representado "apareció vivo en Valencia, Carabobo, en horas de la noche, y en perfecto estado de salud" (El Universal, 10.11.04, http://www.eluniversal.com/2004/11/10/ccs_art_10292G.shtml).
La noticia disolvió la matriz de opinión formada alrededor de la denuncia hecha por Molina 3 días antes y que hizo eco en gran parte de los programas de opinión de medios televisivos y radiales privados y numerosos medios impresos que convirtieron esta denuncia en una realidad irrefutable. Igualmente provocó el cuestionamiento, por parte de algunos sectores de la opinión pública, de Molina y del rol del periodista en una sociedad democrática.
Por su parte, el comunicador aceptó que incurrió en “una sobrevaloración” de la fuente informativa que le facilitó la noticia de la presunta desaparición de Bustillos (El Nacional, Ibíd.). Por iniciativa propia Molina acudió el 11.11.04 a una reunión con el fiscal militar Eladio Aponte para hablar sobre el caso y le explicó la naturaleza del trabajo periodístico. Durante la reunión, el fiscal general militar le entregó al comunicador social la citación para que comparezca en calidad de imputado el próximo 19.11.04 por el delito de difamación e injuria de la Fuerza Armada Nacional (FAN), contemplado en el artículo 508 del Código Militar (El Nacional, Ibíd.).
Por su lado, Isaías Rodríguez, Fiscal General de la República, anunció que el Ministerio Público (MP) mantiene abierta la investigación sobre la presunta desaparición de Bustillos, pues aún no se ha determinado su paradero. Hasta la tarde del 11.11.04, los servicios de inteligencia de los organismos de seguridad del Estado que investigan el paradero de Bustillos no habían localizado la llamada que éste habría hecho el martes pasado a su hermana Ada en Valencia. En el rastreo telefónico tampoco han ubicado contactos adicionales que Bustillos pudiera haber hecho a otras personas. La búsqueda está concentrada en la región central del país, desde donde supuestamente llamó a su hermana.
Sin embargo, aún ahora el militar ligado a la disidencia castrense de Plaza Altamira ocurrida entre octubre de 2002 y noviembre de 2003, no se ha mostrado en los medios de comunicación, ni había indicado las razones que lo llevaron a permanecer de incógnito durante estos días.
Ante estos hechos, desde la perspectiva de los derechos humanos, es importante reiterar las observaciones que Provea ha hecho
sobre los límites y condicionantes de la jurisdicción penal militar dentro del marco de un Estado de derecho. Conviene recordar que la misma tiene un alcance restrictivo y excepcional y está encaminada a la protección de intereses jurídicos especiales, vinculados con las funciones que la ley asigna a las fuerzas militares. En ese sentido, está excluido del ámbito de la jurisdicción militar el juzgamiento de civiles.
Con la causa abierta por la Fiscalía Militar al periodista Molina, se suma otro referente negativo a la aplicación de la justicia militar en el país. En la edición Nº 146 de este boletín electrónico se reseñó que hay más de 120 civiles que están siendo juzgados en tribunales militares, una situación preocupante que Provea deplora (ver en
http://www.derechos.org.ve/actualidad/coyuntura/2004/coyuntura_146.htm#20).
En otro orden de ideas, es necesario destacar que ha sido señalado como moralmente cuestionable el manejo que los medios de comunicación hicieron de la especie informativa hecha pública por Molina. Todos los sectores políticos se conmocionaron ante lo que se presumía iba a ser el primer caso de desaparición forzada por razones políticas ocurrido en esta administración gubernamental. Y a la luz de la discusión parlamentaria del proyecto de ley de responsabilidad social de los medios de comunicación, que plantea medidas punitivas contre el ejercicio de la opinión, el peso emotivo de estos hechos favorece las posiciones que abogan por restringir o penalizar la información y la opinión. Desde esta óptica, el no-caso Bustillos/caso Molina no hizo más que enturbiar el debate y agudizar las posiciones extremas.


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DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
Instrumento de la CPI se discute en Asamblea Nacional


La Comisión Permanente de Política Exterior de la Asamblea Nacional (AN) ratificó para la segunda discusión el informe  del Proyecto de Ley Aprobatoria del Acuerdo sobre los Privilegios e Inmunidades de la Corte Penal Internacional (CPI), instrumento suscrito por el Estado venezolano ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el 16.07.03.
Según la fuente oficial, "el acuerdo fue analizado y discutido por las delegaciones asistentes de los países y como resultado de las negociaciones llevadas a cabo en la ONU" (Asamblea Nacional, 10.11.04,  http://www.asambleanacional.gov.ve/ns2/noticia.asp?numn=6176).
Este instrumento surge como consecuencia del Estatuto de Roma de la CPI, adoptado el 17.07.98, que estableció que dicha instancia tiene la facultad de ejercer competencia sobre personas respecto a los crímenes más graves de trascendencia internacional.
Un conjunto de 39 artículos conforman este acuerdo, cuyo objetivo es velar por los privilegios e inmunidades contemplados en el artículo 48 del Estatuto de Roma que consagra que la corte gozará, en su condición de ente con personalidad jurídica internacional en el territorio de cada Estado, parte de los privilegios e inmunidades que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones.
La ratificación de este acuerdo, por parte de Venezuela, indicará a la comunidad internacional el compromiso del país de adquirir las obligaciones emanadas en el texto suscrito, así como la disponibilidad plena de facilitar la actuación de la CPI a nivel nacional.
El Estado venezolano forma parte de la CPI desde el 07.06.00 (ver edición Nº 12 del Informe Anual de Provea sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela Octubre 1999/Septiembre 2000, en http://derechos.org.ve/publicaciones/infanual/1999_00/gestiones_org_int.htm#04).

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DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
Propuestas y exigencias a los poderes públicos sobre los compromisos Internacionales en materia de derechos humanos

- Ratificar los siguientes instrumentos internacionales:
Del Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos:
i) El Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Adoptado por la Asamblea General de la ONU el 18.12.02, con la aprobación de Venezuela;
ii) La Convención Internacional para la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migrantes y sus Familias en vigor desde el 01.07.03;
iii) Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados; y
iv) El Convenio 183 de la OIT Sobre la Protección de la Maternidad (2000);
Del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos:
i) La Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad. Suscrita por Venezuela el 06.08.99; y
ii) El Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador). Suscrito por Venezuela el 27.01.89.
- Cumplir y respetar los convenios internacionales de la OIT.
- Ejecutar de manera expedita las sentencias de los tribunales regionales e internacionales y los dictámenes de las instancias cuasijurisdiccionales y jurisdiccionales de carácter regional e internacional, y promulgar una ley nacional que reglamente este procedimiento, según lo previsto en el artículo 31 de la Constitución.
- Atender y aprovechar las recomendaciones y observaciones hechas por las instancias cuasijurisdiccionales y jurisdiccionales de carácter regional e internacional, y promulgar una ley nacional que reglamente este procedimiento, según lo previsto en el artículo 31 de la Constitución.
- Difundir ampliamente los informes del Estado a los Comités de las Naciones Unidas y discutir sus contenidos, antes y después de las sesiones de estudio fijadas por los Comités. Dichos informes deben ser presentados de manera oportuna, mejorando además su proceso de elaboración, sus contenidos, y la composición y calidad de las misiones oficiales que los sustentan, en desarrollo de los parámetros internacionales.
- Atender y aprovechar las recomendaciones y observaciones hechas por los Comités de las Naciones Unidas, sobre los informes del Estado presentados ante dichas instancias, para la adecuación de su infraestructura y de su sistema de protección de derechos humanos.
- Difundir ampliamente los instrumentos internacionales de derechos humanos, así como las decisiones sobre Venezuela adoptadas por instancias internacionales, así como educar a los agentes del Estado en el respeto y observancia de los mismos.
- Informar a la opinión pública, nacional e internacional, de las medidas implementadas por el Estado venezolano para dar cumplimiento a las recomendaciones, formuladas a Venezuela por el Comité de Derecho Humanos de la ONU el 06.03.01.
- Adecuar las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia en materia de derechos humanos, para que respeten y garanticen el derecho al amparo internacional y, en general, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. (Provea, 08.11.04).
 

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ARTÍCULOS
Son Derechos: Jubilados/as de VIASA avanzan

"Las personas jubiladas de la empresa Venezolana Internacional de Aviación S. A. (VIASA), que fueron afectados/as en sus derechos a la seguridad social cuando fue privatizada en 1992, acaban de lograr un importante avance en las instancias regionales d e protección de los derechos humanos.
La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos admitió su petición, presentada en septiembre de 2002, por el incumplimiento de Iberia, VIASA y BANDES de la sentencia de un tribunal que ordenaba el pago de las pensiones atrasadas y la restitución de la pensión de jubilación.
La perseverancia de las personas jubiladas de VIASA y de sus familias en la defensa de sus derechos es un ejemplo de lucha para los/as trabajadores/as del país.
La solución definitiva de este caso queda ahora en manos del Presidente de la República, quien afronta el reto de ser consistente en su reiterada preocupación y voluntad de atender los graves problemas que aquejan a los jubilados y pensionados del país.
En espera de que se haga justicia han fallecido 6 jubilados de VIASA ¿El Gobierno esperará que mueran más jubilados para cumplir con el mandato de esta acción de amparo?" (Provea,04.11.04, son@derechos.org.ve)
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ARTÍCULOS
Fernando Fernández: "Muerte de las personas jurídicas"

"En el Anteproyecto de Código Penal elaborado por el Dr. Alejandro Angulo Fontiveros y un destacado elenco de abogados, se prevé la disolución y cierre de las personas jurídicas, de 'cometer' estas, o sus representantes, cualquier delito.
El cierre total o la disolución de una persona jurídica equivale a una pena de muerte legal. El cierre temporal es un “matamiento” parcial. Lo mismo pasa con la suspensión de actividades.
Ese es el riesgo que correrían empresas, corporaciones de todo tipo, fundaciones ONG de toda naturaleza y fines, cooperativas, partidos políticos, clubes, sindicatos, el Estado, todas las instituciones públicas y privadas con personalidad jurídica y , en general cualquier estructura asociativa que se vea incursa en alguno de los casi 1.000 delitos o faltas que se han propuesto en dicho proyecto. Inclusive, si esa persona jurídica “difama” a cualquiera.
La dogmática penal establece como axioma la imposibilidad técnica de responsabilizar penalmente a una persona jurídica, dado que existe gracias a una ficción legal: carecen de vida humana y de voluntad, por lo que no podrían incurrir en un hecho punible de forma intencional.
De aprobar dicho proyecto, un juez penal podría disolver, clausurar o cerrar a una persona jurídica. Pero si se trata del Estado, el proyecto prevé excepciones, con lo que se crea una desigual injusticia, habida cuenta que es el mismo Estado el que administra justicia. En otras palabras, tal asimetría podría servir para clausurar, cerrar o disolver a todo, o casi todo, el sector privado y cualquier forma de asociación civil en Venezuela.
En mi opinión el único tipo de asociaciones que podrían ser clausuradas son aquellas falsas, de tipo ilícito y orientadas a actividades delictivas como el terrorismo y su financiamiento, el tráfico de drogas, de personas, de armas ilegales, de desechos peligrosos e ilegales, etc., las que, generalmente, son fachadas que persiguen burlar los controles legales, pero que se dedican a esas actividades ilegales. Ese es el límite fijado en Tratados Internacionales y el derecho penal codificado comparado, excepto Francia.
Asimismo, el derecho de asociación es esencial a la vida. En efecto, luego de la esfera individual, el de asociación es el primero en la lista de los derechos humanos. Toca al legislador, evitar cualquier violación de la Constitución. Ojalá salve la 'vida' de las personas jurídicas" (Tal Cual, 04.11.04, 14).

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INVITACIONES A EVENTOS
La Red Venezolana de Educación en y para los Derechos Humanos invita al foro: "Exclusión social y derechos humanos: los retos del momento en América Latina"

Dentro del marco del III Seminario Latinoamericano de Educación en Derechos Humanos: “Educación en Derechos Humanos e Inclusión Social” se realizará éste foro en la sala A del piso 3 del Ateneo de Caracas, Los Caobos, Caracas, el próximo 29.11.04 a las 5:00 PM.
Como ponentes participarán Ana María Rodino, Instituto Interamericano de Derechos Humanos(IIDH), con el tema: Educación en Derechos Humanos en América Latina: Balance del Decenio 1995-2004; Alicia Cabezudo, Ciudades Educadoras, Argentina, con la ponencia titulada: "Exclusión Social y educación en América Latina: una lectura desde los derechos humanos"; y, Arnaldo Esté, Universidad Central de Venezuela (UCV), exponiendo sobre "¿Qué desafíos deben tener las Políticas Educativas para que favorezcan la Inclusión Social?".
La entrada es abierta a todos los/as interesados/as.

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INVITACIONES A EVENTOS
Premio en Derechos Humanos 2005 de la Academia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la American University  

La Academia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la American University anuncia su convocatoria al Premio en Derechos Humanos del 2005. Este premio incluye una beca completa para los ganadores en inglés y en español para participar en el programa 2005 de la Academia.
Los ganadores serán seleccionados sobre las base de los siguientes criterios:
- Deben tener titulo de abogado con experiencia demostrada o interés en el área del derecho internacional de los derechos humanos
- Deben presentar un artículo jurídico escrito en español o inglés, de carácter inédito y de producción individual del participante.
La Academia concederá 2 premios, uno para el mejor trabajo en español y el otro para el mejor trabajo en inglés. El premio consistirá en:
a) Una beca de estudio* para participar en la Academia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario;
b) Gastos de traslado (sujetos a restricciones) a Washington D.C. para los ganadores; y
c) Gastos de alojamiento (sujetos a restricciones) así como un estipendio para gastos de estadía (sujetos a restricciones) durante las 3 semanas de duración de la Academia de Derechos Humanos.
Para presentarse a este concurso, los candidatos deben elegir un tema relacionado con la prohibición de la tortura en el derecho internacional. Los participantes tendrán flexibilidad para seleccionar el tema relacionado con el derecho de fondo y de forma relevante en este campo.
La extensión de los artículos deberá ser de 25 a 30 páginas, incluidas las notas de pie de página, a doble espacio y en tamaño de letra 12 Times New Roman.
Los artículos deberán ser enviados por correo electrónico a hracademy@wcl.american.edu en formato Microsoft Word o por correo postal a la American University, Washington College of Law, Academy on Human Rights and Humanitarian Law, 4801 Massachusetts Ave., NW, Washington D.C. 20016. No se aceptarán trabajos enviados por fax.
El plazo límite para hacer entrega de los trabajos es el 11.02.05 a las 18:00 horas (horario de Washington, D.C.).
El fallo del jurado se dará a conocer el 11.03.05.
Los miembros del jurado del concurso en español son: Roberto Cuellar, Ariel Dultizky, Sergio García Ramírez, Claudio Grossman, Fernando Mariño, Flávia Piovesan, Gabriela Rodríguez, Diego Rodríguez-Pinzón. Los miembros del jurado del concurso en inglés son: Robert Goldman, Charlotte Ku, Claudia Martin, Sir Nigel Rodley, Susana SáCouto, Tanya Terrell-Collier, Theo Van Boven, Leo Zwaak.
Para consultar la versión completa del reglamento del Premio en Derechos Humanos, visite la página web: http://www.wcl.american.edu/humright/hracademy/2005/premio.cfm.
Para recibir mayor información, contacte a la Academy on Human Rights and Humanitarian Law, American University Washington College of Law, 4801 Massachusetts Avenue, NW Washington, DC 20016-8181, USA, Tel: (202) 274-4070, Fax: (202) 274-4198, Correo electrónico:
hracademy@wcl.american.edu, Washington College of Law; American University, Netherlands Institute of Human Rights (SIM), University of Utrecht, The Netherlands.
La Academia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del American University, ofrece un diplomado de verano de 3 semanas intensivas (del 31.05 al 17.06.05) que ofrece un programa diverso y novedoso elaborado para responder a los intereses de activistas de derechos humanos, funcionarios de organizaciones internacionales, funcionarios gubernamentales, representantes de ONG, académicos y estudiantes de derecho especializados en el área de derechos humanos.
Para más información puede visitar la página web: http://www.wcl.american.edu/humright/hracademy/; o contacte a la Red Interamericana de Educación en Derechos Humanos al correo-e:
educa-dh@iidh.ed.cr.

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INVITACIONES A EVENTOS
Actividades organizadas para conmemorar en noviembre el Mes de la No Violencia hacia la Mujer


- II Congreso de los Círculos Femeninos Populares: “30 años construyendo la equidad”, entre el 18 y el 19.11.04, Hotel Ávila, Caracas.
- III  Jornada de Investigación de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales (FACES) de la Universidad Central de Venezuela (UCV), entre el 16 y el 19.11.04, piso 7 del edificio de FACES, Caracas.
- Foro “Las mujeres en el próximo código penal”, con la participación de Fernando Fernández, Comisión Técnica de la Asamblea Nacional (AN);  María Cristina Parra (CISFEM) y Paula Guarisco (INAMUJER), el 18.11.04, de 8:00AM a 11:00AM, en FACES.
- Ciclo de conferencias sobre las diversas formas de violencia contra la mujer, organizado por Amnistía Internacional. Intervendrán Adicea Castillo y Gioconda Espina, ambas del Centro de EStudios de la Mujer (CEM) de la UCV,  del 22 al 25.11.04.
- Foro "Violencia y Salud", convocado por el CEM de la UCV, el Banco de Desarrollo de la Mujer, INAMUJER, Círculos Femeninos Populares y el Grupo Temático de Género del Fondo de las Naciones Unidas para la Población (FNUP), para el 24.11.04, en el Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos (CELARG), Av. Luis Roche de Altamira, Caracas.
- Cine-foro “Violencia de género y políticas públicas”, el 23.11.04, a las 2:00PM en la Casa de la Mujer “Juana Ramírez la Avanzadora”, urbanización Calicanto, de Maracay, Edo. Aragua.
- Encuentro Nacional de Demógrafos y Estudiosos de la Población, del 24 al 26.11.04, en la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), Caracas.
- Entrega a la Comisión Mixta de la A.N de una propuesta única que analiza las diversas propuestas de código penal respecto a los artículos referidos a la interrupción voluntaria del embarazo y delitos sexuales, el 01.12.04.

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NOVEDADES DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN TODOS LOS DERECHOS PARA TODOS
"Encender la esperanza I y II"


Autor: Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH)
Año
: 2004
Editorial: IIDH
Sinopsis:
"Son programas radiofónicos, presentados en 5 casettes, preparados por el Programa de Derechos Humanos de las Mujeres del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH), como parte de un paquete pedagógico en derechos humanos de las mujeres.
Forma parte del Proyecto Capacitación de Promotoras en Derechos Humanos de las Mujeres. Por medio de sus personajes y de las diferentes situaciones que enfrentan, pretende ampliar la información sobre la temática, sugerir nuevas interrogantes y también encender la esperanza en todas aquellas personas que trabajan cotidianamente en la promoción de los derechos humanos, ya sea individualmente o en virtud de su participación con distintos grupos de organizaciones
" (centrodocumentacion@derechos.org.ve).

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NOVEDADES DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN TODOS LOS DERECHOS PARA TODOS
"Temas de derechos humanos en debate"


Autor: José Zalaquett (coord.)
Año: 2004

Editorial: Instituto de Defensa Legal; Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la  Universidad de Chile
Sinopsis:
"En este trabajo se analizan diferentes líneas de trabajo que las organizaciones de derechos humanos han venido desarrollando. En tal sentido, a partir de la definición de las principales características de los derechos humanos y de su estructura, se estudian las posibilidades de exigibilidad ante instancias judiciales, así como los problemas y limites de las estrategias de justiciabilidad"
(centrodocumentacion@derechos.org.ve). 

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NOVEDADES DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN TODOS LOS DERECHOS PARA TODOS
"Jurisprudencia sobre derechos de los pueblos indígenas en el sistema interamericano de protección"


Autor: Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
Año
: 2004
Editorial: CIDH
Sinopsis:
"La presente publicación es una compilación de jurisprudencia de pueblos indígenas. Tiene por objeto contribuir a la promoción de las decisiones sobre derechos de los pueblos indígenas y sus miembros emitidas por la Comisión Interamericana y Corte Interamericana de Derechos Humanos, órganos principales y autónomos del sistema interamericano de derechos humanos. Según este estudio los pueblos indígenas están recurriendo con mayor frecuencia al sistema interamericano de derechos humanos, como una instancia donde denunciar violaciones a sus derechos, sea individual o colectivamente"
(centrodocumentacion@derechos.org.ve).

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NOVEDADES DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN TODOS LOS DERECHOS PARA TODOS
"La protección de la libertad de expresión en el sistema interamericano: manual"

Autor: Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
Año
: 2004
Editorial: CEJIL
Sinopsis:
"Este manual tiene como objetivo central dar a conocer las herramientas con las que cuenta el sistema interamericano de protección de los derechos humanos. En el primer capítulo del libro se desarrollan los mecanismos específicos de protección; ente estos, las mediadas urgentes de protección para casos graves de amenazas a los derechos humanos, las peticiones individuales y las audiencias. El segundo capítulo trata los estándares que se han establecido en el sistema interamericano para la protección de la libertad de expresión, incluyendo instrumentos, jurisprudencia y doctrina"
DOCUMENTOS
Declaración de la Red Iberoamericana de Defensorías de las Mujeres


"La Red Iberoamericana de las Defensorías de las Mujeres, reunida en Quito en el marco del IX Congreso y Asamblea Anual de la Federación Iberoamericana de Ombudsman (FIO), del 8 al 11 de noviembre de 2004 y,
Recordando que en la reunión ordinaria anual de la Asamblea General de la FIO realizada en Toledo en 1997, se decidió la creación de la Red Iberoamericana de Defensorías de las Mujeres, para garantizar una instancia especializada de alto nivel en la estructura de las instituciones del Ombudsman, encargada de la defensa y promoción de los derechos humanos de las mujeres en la región.
Desde 1997 hasta la fecha la Red, a través de las instancias de las Defensorías respectivas, hay impulsado el cumplimiento de los objetivos de defensa, vigilancia, promoción y divulgación de los derechos humanos de las mujeres.
En Cartagena de Indias en junio de 2004, se acordó que en la IX reunión de la Red se abordara como tema central la Participación Política de las Mujeres en la región iberoamericana. En cumplimiento de ello y,
Considerando que, de acuerdo a los informes de las distintas representaciones se evidencia una clara tendencia al incumplimiento por parte de los Estados de los compromisos de igualdad de la participación política de las mujeres.
Teniendo presente que existen factores económicos, sociales, políticos y culturales que obstaculizan el acceso y la participación política de las mujeres, es indispensable el diseño y la implementación de políticas públicas con enfoque de género.
Reconocemos como un hecho positivo la creación de instancias especializadas para atender los derechos humanos de las mujeres dentro de las Defensorías del Pueblo, Procuradurías, Proveedurías y Comisiones que integran la FIO e insistimos en ratificar el compromiso establecido en Panamá para que se concreten esos espacios en donde aún no existen y se fortalezcan los existentes.
Destacamos que la FIO haya priorizado para el II Informe la temática de los "Derechos de la Mujer" coordinado y compilado por la Universidad de Alcalá de Henares con los diagnósticos de cada país, elaborados por las/os integrantes de la Red y miembros de las Defensorías, Procuradurías, Proveedurías y Comisiones Integrantes de la Red.
Observamos con inquietud que las mujeres siguen siendo consideradas como “población vulnerable o tema” en lugar de señalar las condiciones de invisibilidad y vulnerabilidad social, económica, política y cultural en las que se encuentran, siendo las mismas susceptibles de ser superadas por medio de acciones afirmativas y políticas públicas incluyentes no discriminatorias.
Consideramos la importancia del aporte de la cooperación técnica internacional al fortalecimiento de las instancias defensoriales de la región y a los proyectos específicos dirigidos a la defensa y protección de los derechos de las mujeres,se hace necesario que los Estados garanticen la sostenibilidad y reforzamiento de estos recursos.
Alentamos la continuidad, la profesionalización y la especialización de las encargadas y encargados de las instancias en defensa de los derechos humanos de las mujeres dentro de las Defensorías, Procuradurías, Proveedurías y Comisiones que integran la FIO y la consolidación de los procesos iniciados.
Resuelve:
1.- Ratificar la solicitud a la Asamblea Anual de la FIO para que se incorpore a ésta una representante de la coordinación de la Red Iberoamericana de las Defensorías de Mujeres electa dentro de su seno, con voz y voto, con el propósito de garantizar una verdadera participación democrática e incluyente en esta instancia.
2.- Solicitar al Consejo Rector de la FIO que la información referida a las diversas actividades relacionadas con la temática de género sea dirigida hacia la totalidad de las instituciones miembros de esa Federación, es decir, instituciones nacionales, estatales, provinciales, regional-autonómicas y municipales, conforme a lo establecido en el
artículo 2do. de los Estatutos de la Federación.
3.- Solicitar a las Defensorías, Procuradurías, Proveedurías, Comisiones y Comisionados Nacionales integrantes de la FIO que hagan partícipe a las instituciones estatales, provinciales, regional-autonómicas y municipales (en los países donde existan estas instancias) de toda información y actividades referidas a la temática de género.
4.- Solicitar a las y los Ombudsman integrantes de la FIO que alienten a los Estados y Gobiernos a generar información y construir i8ndicadores y estadísticas desagregadas por sexo.
5.- Proponerla institucionalización y transversalización de la perspectiva de género en todo el quehacer de las Defensorías del Pueblo, Procuradurías, Proveedurías, Comisionados y Comisiones integrantes de la FIO y en las distintas temáticas desarrolladas en los Congresos de esta Federación.
6.- Solicitar a las y los Ombudsman integrantes de la FIO que recomienden a los Estados asegurar la participación plena de las mujeres a los cargos electivos conforme a los principios de igualdad, paridad y alternancia,garantizando el ejercicio de sus derechos libres de acoso político.
7.- Proponer a las y los Ombudsman integrantes de la FIO que recomienden a los Estados políticas de equidad de género que permitan la designación e incorporación de las mujeres en los puestos de decisión de los poderes públicos.
8.- Reiterar a la Asamblea Anual de la FIO la solicitud para que demande a los Estados y sus Gobiernos la ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), en aquellos países que aún no lo han hecho, así como otros instrumentos internacionales de derechos humanos.
9.- Proponer a las y los Ombudsman integrantes de la FIO que recomienden a los Estados y sus Gobiernos elaborar presupuestos con perspectiva de género y que destinen recursos financieros suficientes para el fortalecimiento de los entes rectores responsables de generar políticas en defensa de los derechos de las mujeres, así como a las Defensorías del Pueblo, Procuradurías, Proveedurías, Comisiones integrantes de la FIO.
10.- Instar a la Asamblea Anual de la FIO que privilegie los valores de la tolerancia y el respeto a las diferencias en sus programas de divulgación, promoción y educación en derechos humanos con un explícito enfoque de género.
11.- Insistir en redoblar esfuerzos destinados a contrarrestar, prevenir, sancionar y erradicar la violencia basada en razones de género y de dar continuo y sistemático seguimiento a la implementación de los objetivos de la Convención de Belém do Pará.
12.- Reiterara a la Asamblea de la FIO la cláusula cuarta de la Declaración de la Red en Panamá
para que inste a los Estados a impulsar el tratamiento de los temas sobre el ejercicio y reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos.
Suscrita en la Ciudad de Quito, el 11 de noviembre de 2004 por las representantes que conforman la Red de Defensorías de las Mujeres de las Defensorías del Pueblo de Iberoamérica" (Federación Iberoamericana de Ombudsman, 17.11.04,
http://www.portalfio.org/inicio/index.php?option=content&task=view&id=364&Itemid=2).

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DOCUMENTOS
"Activistas latinoamericanos denunciamos las políticas y prácticas que se utilizan en las negociaciones de Tratados de Libre Comercio entre Estados Unidos y los países latinoamericanos"

"Campaña Mundial Contra la Comercialización de la Salud y la Vida.
Antecedentes
El 27 de octubre de 2004, la policía ecuatoriana, siguiendo órdenes de la Ministra de Comercio del Ecuador, le retiraron las credenciales al sr. Roberto López Linares, Director de a organización Acción Internacional por la Salud (AIS), acreditado como participante en la Sala Adjunta, durante la 5ª Ronda de Negociación del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Estados Unidos y Colombia, Perú y Ecuador, en la Ciudad de Guayaquil, Ecuador.
Al Sr. López Linares, especialista en temas de propiedad intelectual e implacable defensor del derecho a la salud, se le acusó de entregar durante las negociaciones un folleto informativo que alerta sobre los posibles problemas para el acceso a los medicamentos que podría traer el TLC si se aceptan las condiciones exigidas por los Estados Unidos.
El documento en cuestión, era un documento público, divulgado masivamente en un periódico peruano, el cual fue facilitado por el Sr. López a una periodista, en un pasillo del hotel.
Este hecho demuestra que quienes defienden el derecho a la salud y la vida, aunque sean invitados a participar en (las salas adjuntas) de las negociaciones, no tienen la libertad de expresión mínima necesaria para garantizar que los procesos sean libres, transparentes y con una verdadera participación de la sociedad civil.
A este hecho se suman otros atropellos como el veto que impusiera Estados Unidos, en julio de este año, para que otro experto en materia de propiedad intelectual, el Sr. Carlos Correa, participara como negociador en las rondas del TLC por Colombia, lo que impidió tener en estas negociaciones a una persona con un amplio conocimiento y al mismo tiempo sensibilidad sobre el tema de patentes para medicamentos en estos acuerdos comerciales.
Además, en las recientes negociaciones concluidas entre Estados Unidos y los países centroamericanos, los negociadores salían a la prensa diciendo que Estados Unidos estaba 'aceptando' las posiciones flexibles sobre propiedad intelectual y que por lo tanto no se afectaría la compra de medicamentos, sin embargo poco tiempo después, cuando ya estaba firmado el tratado, (y no había posibilidad de cambiar nada), salió a la luz pública que los países centroamericanos aceptaron muchas cláusulas que imponen fuertes restricciones al uso de medicamentos genéricos, lo que impedirá que en unos cinco años las personas de estos países puedan comprar medicamentos a precios accesibles.
De la misma manera, en el acuerdo de libre comercio firmado entre Chile y Estados Unidos, así como en otros acuerdos comerciales de Estados Unidos con países en desarrollo de otras regiones, se han impuesto condiciones que reconocen un aumento desmedido en los derechos de los detentadores de patentes, lo que afectaría principalmente a los consumidores de medicamentos.
Los Estados Unidos están buscando a toda costa negociar tratados comerciales en donde, para pagar favores a las grandes compañías farmacéuticas, (principalmente el apoyo económico que estas compañías hacen en las campañas electorales estadounidenses) imponen cláusulas que impiden a los países utilizar las versiones genéricas de medicamentos a un costo muchas veces menor que el de los medicamentos originales.
Quienes negocian y firman estos tratados en nuestros países en desarrollo son personas sin conocimientos sobre el impacto que tendrán en el tema de salud (y si tuvieran conocimientos entonces habría que decir sin escrúpulos), para, a cambio de 'ventajas comerciales' (muy discutidas por cierto), comprometer e imposibilitar en los próximos años el suministro de medicamentos a precios accesibles para toda la población.
Fuerte preocupación en diferentes sectores sociales
Los TLC firmados y en negociación han generado una gran preocupación en diversos sectores sociales que han analizado y estudiado el impacto a mediano y largo plazo que tendrán estos tratados comerciales sobre la salud y la vida de los pueblos latinoamericanos. En diferentes foros y comunicados se han dirigido a gobernantes y autoridades mundiales tratando de frenar lo que se ha considerado una imposición comercial a costa de la salud y la vida de millones de personas, lo que podría considerarse como la preparación del próximo y más grande genocidio que haya conocido la historia de la humanidad. Genocidio en gestación que cuenta con el beneplácito o en el peor de los casos, con el silencio, de quienes no les importa condenar a millones de personas a condiciones infrahumanas y a la muerte.
Algunos congresistas y diputados/as, autoridades nacionales en salud, congresos internacionales en salud, activistas en SIDA, sectores religiosos comprometidos con la salud de los pueblos y muchos otros sectores se han pronunciado para solicitar un freno a los intereses que buscan imponer condiciones inflexibles en estos tratados de libre comercio, entre ellas citamos:
La Ministra de Salud de Perú, la Dra. Pilar Mazzetti Soler, el 3 de agosto de 2004 publicó en la página web de este Ministerio (http://www.minsa.gob.pe/index2.asp) un importante análisis del impacto negativo que tendría la aplicación de los TLC en el tema de acceso a medicamentos y denuncia como en estos tratados se incluyen de manera 'inapropiada' la vinculación entre registros sanitarios y patentes. En este pronunciamiento la Ministra de Salud, recuerda la Declaración de Doha al decir:
'En resumen, el Ministerio de Salud reconoce la importancia que tiene para nuestro país un acuerdo comercial con los EEUU. Por eso le está dando la mayor importancia a su participación en el proceso de negociación. La participación del Ministerio de Salud se da en el marco de la defensa de la salud de las personas y el respeto a los principios de la Declaración de Doha: los intereses de la salud pública están por encima de los intereses comerciales' (el subrayado es del original).
El 24 de septiembre de 2004, en una reunión de jefes de Programas Nacionales de SIDA de los países centroamericanos, la sociedad civil, PVVS y miembros de OPS y ONUSIDA en San Salvador, El Salvador, emitieron un comunicado dirigido al Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica (COMISCA), donde solicitan a los ministros de salud del área centroamericana, realizar un análisis del impacto que tendría el TLC entre Centroamérica y Estados Unidos, en el tema de acceso a tratamientos. Este análisis es indispensable antes que los congresos centroamericanos ratifiquen este tratado.
El 28 de septiembre, durante la reunión de la 'Coalición Internacional para Acceso a Tratamiento', realizada del 26 al 29 de septiembre en Lima, Perú, activistas en SIDA de toda la región latinoamericana se dirigieron al Dr. Peter Piot, Director Ejecutivo de ONUSIDA y al Sr. Kofhi Annan, Secretario General de las Naciones Unidas, para exhortarlos a que realizaran 'Acciones concretas e inmediatas a fin de detener los daños que causaría en la salud pública, especialmente en el acceso a medicamentos, la aprobación del Tratado de Libre Comercio entre los países centroamericanos, República Dominicana y los Estados Unidos. (CAFTA) y solicitan el análisis y la discusión de los efectos de este tratado, antes de las discusiones parlamentarias. En este comunicado también solicitan una participación más directa sobre las negociaciones que se llevan a cabo entre Colombia, Ecuador, Perú y los Estados Unidos y exigen de estas personalidades el cumplimiento de sus responsabilidades en la defensa de los derechos humanos de las personas que viven con VIH/SIDA, para no permitir que los intereses comerciales puedan derrumbarlos'. Sin embargo todavía no ha habido ninguna respuesta, ni reacción por parte del Dr. Piot, ni del Secretario de la ONU a este urgente pedido.
El 30 de septiembre de 2004, doce congresistas norteamericanos enviaron una carta al presidente Bush, criticando la forma como se han llevado a cabo estos TLC y donde lo instan a respetar el espíritu e intención de la Declaración de Doha, en donde los intereses de la salud pública están por encima de los intereses comerciales.
'A pesar del consenso reflejado en la Declaración de Doha, parece que su Administración está buscando acuerdos bilaterales y multilaterales que debilitan protecciones importantes de dicha declaración. Concretamente, estamos preocupados por la inclusión de medidas más restrictivas en propiedad intelectual en las negociaciones de los tratados de libre comercio de EEUU con países en desarrollo de América Latina, y de otros lugares, que otorgarían de cinco a ocho años de exclusividad a productos farmacéuticos de marca, aún cuando las barreras de patentes ya no existan. Durante ese periodo, los gobiernos no podrán contar con los datos de pruebas clínicas presentados para los productos de marca con el fin de obtener la aprobación de comercialización para copias genéricas, aún en situaciones de emergencia'.
Manifiesto:
Ante la gravedad y la urgencia de acciones concretas que condenen los actos impositivos, la falta de transparencia en las negociaciones y la inclusión de la comercialización de la salud y la vida en los tratados de libre comercio, La Coalición Internacional para Acceso a Tratamiento de Latinoamérica manifiesta:
- Una enérgica condena a los hechos ocurridos en Guayaquil contra el Sr. Roberto López Linares y a todos los actos cometidos contra la libertad de expresión, transparencia y honestidad por parte de los negociadores de los tratados de libre comercio.
- Un absoluto rechazo a los actos cometidos por el Gobierno de los Estados Unidos para presionar a los gobiernos de los países en desarrollo a firmar acuerdos comerciales desventajosos para la mayoría de la población.
- Un absoluto repudio a los negociadores y ministros de comercio que han o que están negociando la salud y la vida de las personas en estos tratados comerciales.
- Una fuerte condena a las autoridades de salud de los países negociadores, así como a los altos representantes de las Agencias Internacionales del Sistema de Naciones Unidas, que han callado y con su silencio se han convertido en cómplices por omisión, del genocidio que se está gestando en estos tratados comerciales.
- Un llamado urgente a todas las personas, grupos comunitarios, ONG, redes sociales, sindicatos, agrupaciones religiosas y cualquier otro grupo social, a manifestarse y apoyar la exclusión de los temas que afectan la salud de los tratados de libre comercio.
- Un especial llamado de conciencia a los y las congresistas de los países centroamericanos, República Dominicana y Estados Unidos, para que no ratifiquen el TLC que se ha firmado entre estos países, (CAFTA), porque de ratificarlo estarían condenando a muerte a millones de personas al negarles el acceso a tratamiento.
- Un especial llamado de conciencia a quienes están negociando el TLC entre Colombia, Perú y Ecuador con Estados Unidos, para que en las próximas rondas de negociación (Tucson-Arizona, noviembre 2004 y Washington DC, Enero 2005), excluyan el tema medicamentos y la salud de estas negociaciones y de esta manera no se conviertan en mercaderes de vidas humanas.
Llamado a la acción:
La Coalición Internacional para Acceso a Tratamiento de Latinoamérica, reúne a activistas latinoamericanos que luchan por el acceso a medicamentos para personas que viven con VIH/SIDA y forma parte de la Coalición Internacional para Acceso a Tratamiento a nivel mundial (ITPC). El tema de la propiedad intelectual, las patentes y la protección de los datos de prueba, afecta no sólo a las personas que vivimos con SIDA, sino también a toda la población necesitada de asistencia médica, por tal motivo hacemos un urgente llamado a todas las personas y organizaciones comprometidas con el tema de los Derechos Humanos, el desarrollo y la salud, a unirse en una campaña para obligar a los gobiernos a NO FIRMAR acuerdos comerciales que afecten la salud de los pueblos.
En ocasiones anteriores la sociedad civil internacional organizada pudo frenar el avance de estas aspiraciones, tal es el caso de una demanda que más de treinta compañías farmacéuticas internacionales habían puesto contra el gobierno de Sudáfrica, cuando este país aprobó leyes que permitían el ingreso de medicamentos genéricos para salvar la vida de millones de personas. Ante la presión de una fuerte campaña promovida por diferentes organizaciones humanitarias se logró frenar tales pretensiones y las compañías tuvieron que retirar su demanda.
Hoy, con carácter de urgencia, necesitamos el mismo apoyo mundial para lograr preservar la salud y la vida de millones de latinoamericanos/as.
Por tal motivo; en el marco del 1º de Diciembre, (Día Mundial del SIDA), hemos decidido, como sociedad civil amenazada, nombrar el 1º de diciembre como DÍA MUNDIAL CONTRA LA COMERCIALIZACIÓN DE LA SALUD Y LA VIDA.
Solicitamos a todas las personas y organizaciones que se unan a esta campaña y organicen sus actividades conmemorativas del 1º de diciembre, con pancartas y recolectas de firmas para reclamar la exclusión de los temas que afectan la salud de los tratados de libre comercio. Así mismo se solicita a las personas que viven con VIH/SIDA y a las ONG que trabajan en el tema del SIDA a programar para ese día (o a redirigir si ya estaban definidas), las manifestaciones o marchas hacia los congresos, (los ministerios de comercio, los Ministerios de Salud, Casa Presidencial, Oficinas de la OPS), de manera que Latinoamérica muestre una unidad ese día, al mismo tiempo que hagan solicitud a todos los sectores sociales para que se unan en esta campaña.
Exigimos que en todos los países donde todavía no se hayan ratificado, firmado o estén en proceso de negociación los tratados de libre comercio, se realice una consulta popular o REFERENDUM, para que los pueblos hagan escuchar su voz.
Si desea unirse a esta campaña y aportar ideas para organizar las acciones propuestas, puede comunicarse con activistas y grupos organizados en SIDA de tu país. También solicitamos una amplia difusión en los medios electrónicos, escritos, radiales y cualquier otra vía.
'Nunca dude de que un pequeño grupo de ciudadanos reflexivos y comprometidos pueda cambiar el mundo; de hecho es la única cosa que lo ha hecho alguna vez', Margaret Mead, Antropóloga.
Guillermo Murillo, Agua Buena, Costa Rica; Enrique Chavez, AID FOR AIDS; Pablo Anamaría, Coordinadora Peruana de PVVS “Peruanos Positivos”; Colectivo por la Vida, Perú; Germán Rojas,
AIS, Perú."
(Red Latinoamericana de Personas Viviendo con VIH/SIDA, 11.11.04, http://www.redla.org/).

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DOCUMENTOS
"Declaración Final del Seminario Internacional sobre los Derechos Humanos y las Maquilas"


A continuación, un documento realizado por los/as participantes del Seminario Internacional sobre los Derechos Humanos en las Maquilas realizado en San Salvador, El Salvador, entre el 03 y el 05.11.04. 
"Los participantes al Seminario “Derechos Humanos y Maquilas” organizado por la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y por su afiliado en San Salvador, la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador (CDHES), reunidos en San Salvador del 3 al 5 de noviembre de 2004, adoptan la siguiente Declaración Final.
1. Considerando que los países representados en este seminario (Nicaragua, Honduras, Guatemala, El Salvador, Panamá, México y República Dominicana) han ratificado la mayoría de los instrumentos internacionales para la protección de los derechos humanos de las trabajadoras y los trabajadores, como el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), los Convenios fundamentales de la Organización Mundial del Trabajo (OIT), la Convención Americana de Derechos Humanos y el Protocolo Adicional de esta Convención en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, conocido como Protocolo de San Salvador, adoptado en 1988.
2. Teniendo en cuenta que aunque las Constituciones de los países objeto de este seminario y los códigos laborales persiguen en general adecuarse a la normativa internacional en la materia, persisten aun serias deficiencias y por lo que los Estados de estos países tienen la obligación de respetar y de hacer respetar estos derechos.
3. Lamentando que, a pesar de la existencia de una considerable legislación nacional e internacional en la materia, la mayoría de normas existentes en estos países no se cumple y que existe una significativa debilidad institucional que implica este incumplimiento en la práctica de las obligaciones del Estado en la materia.
4. Preocupados ante esta situación que se ve agravada por las nuevas tendencias de reforma de las legislaciones laborales en el sentido de aumentar la flexibilización laboral e incluir medidas que comportan una regresión en lo que se refiere a los derechos y garantías de las trabajadoras y trabajadores.
5.Considerando la existencia de violaciones recurrentes de los derechos laborales de las trabajadoras y trabajadores en las maquiladoras y en las zonas francas en México, en Centroamérica y en El Caribe de los países representados en este seminario y en particular, la falta de respeto de la libertad de asociación y de creación de sindicatos, los cierres de maquilas con objeto de evadir las obligaciones de las mismas respecto de las trabajadoras y trabajadores, unas condiciones de trabajo y de salud ocupacional que exponen a las trabajadoras y trabajadores a riesgos para su salud, la existencia de discriminación por edad y las violaciones especificas de genero.
Teniendo en cuenta estas consideraciones, los participantes en este seminario recomiendan lo siguiente:
A las autoridades nacionales
- La ratificación de todos los Convenios Internacionales que consagran los derechos y garantías de los trabajadores y la adecuación de la normativa interna a los mismos y su aplicación efectiva. En particular, se urge al gobierno de El Salvador que disponga de todo lo necesario para la ratificación de los Convenios 87 y 98 de la OIT, en el caso de México el Convenio 98 de la OIT y al Estado de Nicaragua la ratificación del Protocolo Adicional de la Convención Americana de Derechos Humanos o Protocolo de San Salvador y promover la adopción de otros instrumentos internacionales de proyección de los derechos humanos; como el Protocolo Facultativo al PIDESC;
- Implementar acciones eficaces y disuasivas para que los empresarios se comprometan con el cumplimiento de los derechos y garantías de las trabajadoras y trabajadores y fortalecer las sanciones; - Promover acuerdos a nivel de Centroamérica; México y El Caribe para asumir políticas comunes que incentiven la creación de industrias que ofrezcan un trabajo digno a los trabajadores y que impidan el dumping social entre los países centroamericanos;
- Incrementar de manera significativa el presupuesto y dotación de los ministerios de trabajo y demás despachos encargados del sector laboral en el país de modo que estos puedan cumplir con sus funciones constitucionales y legales. Fortalecimiento de las facultades de los funcionarios y mejora de sus condiciones laborales. Creación de inhabilidades para el acceso a cargos administrativos o judiciales relacionados con asuntos laborales a aquellos que hayan desempeñado cargos de relevancia en el sector privado que afecten la necesaria imparcialidad para el desempeño de sus funciones;
- Reforma de los sistemas de justicia nacionales, que incluya en particular el fortalecimiento del acceso a la justicia, la garantía de recursos efectivos (amparo, acción de cumplimiento, habeas data, acción de inconstitucionalidad, acción de referimiento y acción popular), aceleración de los procedimientos mediante acciones como la aplicación de mecanismos alternativos de resolución de los conflictos y la oralidad de los procesos, así como la abreviación de los términos, la descentralización de los tribunales, su independencia del poder ejecutivo, y la especialización de los operadores de justicia en lo laboral.
A las autoridades Nacionales y a las empresas
- El cumplimiento con la legislación nacional, regional e internacional respecto de los derechos de todas las trabajadoras y trabajadores, incluyendo todos los instrumentos arriba mencionados pero también mecanismos mas específicos como las normas sobre las responsabilidades en materia de derechos humanos de las empresas transnacionales y otras empresas comerciales en la esfera de los derechos humanos;
- Realizar una formación de los funcionarios del Estado y los empleados de las empresas respecto de sus obligaciones a nivel nacional e internacional y realizar una difusión amplia ante las trabajadoras y trabajadores de los derechos de estos últimos de modo que estos puedan reclamarlos cuando les sean violentados, incluyendo la utilización de medios tales como los cambios curriculares de los sistemas educativos y los medios de comunicación oficial;
- Abstenerse de tener relaciones o de realizar contratos, negocios o aceptar productos de empresas o de proveedores violadores de los derechos humanos y/o de los derechos de las trabajadores y trabajadoras. En lo que se refiere al Estado, abstenerse de dar acceso a las licitaciones de compras estatales o de bienes o servicios a las empresas incumplidoras de los derechos humanos.
Plan de Acción
Ante la situación arriba presentada, las organizaciones de la sociedad civil presentes en este seminario se comprometen a llevar a cabo el siguiente plan de acción:
1. Promoción de la adopción y ratificación de mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos (Protocolo Facultativo PIDESC, entre otros) y presentación de informes alternativos, denuncias, demandas y otros recursos ante los órganos regionales y universales de protección de los derechos humanos.
2. Litigio de casos en la jurisdicción nacional e internacional para generar y/o consolidar la jurisprudencia a favor de los DESC. Para favorecer este trabajo, se deben promover estudios de la normativa nacional e internacional para aprovechar al máximo sus potencialidades y combinar los mecanismos formales de demanda con mecanismos no formales (educación, conferencias de prensa, comunicados, etc.).
Se enfatiza la necesidad de invocar en todas las demandas el derecho internacional con el objetivo de que los jueces y magistrados al emitir sus laudos o sentencias apliquen el derecho internacional de los derechos humanos.
3. Orientación, acompañamiento y promoción de la organización de las victimas de violaciones de derechos en las maquilas (en particular ayuda económica y psicológica).
4. Promover las alianzas entre sindicatos organismos de mujeres y organismos de derechos humanos, tanto en los países donde existen zonas francas como con los países donde se consumen los bienes que fabrican estas zonas francas y los países de donde son originarias las empresas que operan en estas zonas francas.
5. Organizar campañas de información dirigidas a los medios de comunicación nacionales e internacionales acerca de algunos casos concretos con el objetivo de estigmatizar a las empresas responsables de violaciones de los derechos humanos o de los derechos laborales. Adoptado en San Salvador el 5 de noviembre de 2004.
Organizaciones participantes en el seminario: Organizaciones de Centroamérica, México y El Caribe y Organismos Internacionales: Centro Nicaragüense de derechos humanos (CENIDH); Comisión de Derechos Humanos de Guatemala (CDHG)-Guatemala; Centro de Acción legal en Derechos Humanos (CALDH)-Guatemala; Comisión Mexicana para la defensa y Promoción de los derechos humanos (CMDPDH); Liga Mexicana por la defensa de los derechos Humanos (LIMEDDH); Centro de Capacitación Social de Panamá (CCS); Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH)-Republica Dominicana; Campana por los Derechos Laborales- Estados Unidos; Iniciativa de Copenhague para América Central y México (CIFCA); Oxfam Internacional; Fondo de Cooperación al Desarrollo Solidaridad Socialista de Bélgica-Flandes (FOS); Federación Internacional de Derechos Humanos-FIDH; CST-JBE; Comisión de Derechos Humanos de El Salvador (CDHES); Federación de Asociaciones de Sindicatos Independientes de El Salvador (FEASIES); Asociación Coordinadora de Comunidades Marginales (CCM); Coordinadora Nacional de Comunidades Rurales de El Salvador (CRIPDES); Pro Vida; Sindicato de Trabajadores del Seguro Social (STISS); Unión de Comunidades Rurales del Sector Norte y La Libertad (UCRES); Movimiento de Solidaridad por la Vivienda Digna de El Salvador (MSVDES); Movimiento de Mujeres Mélida Anaya Montes (MAM); SITRAFOSVI, Sindicato de Trabajadores de Industrias Textiles (STIT); Sindicato General de Costureras (SGC)" (Red-Desc, 08.11.04,
INESCR@yahoogroups.com) .

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DOCUMENTOS
ACNUR: conclusiones ante el XX Aniversario de la Declaración de Cartagena


"Conclusiones y Recomendaciones Foro de Celebración del XX Aniversario la Declaración de Cartagena
5 de noviembre de 2004, Caracas, Venezuela
Conclusiones y recomendaciones de carácter genérico
1. El Foro reconoce la contribución de América Latina, incluyendo la Declaración de Cartagena, al desarrollo progresivo del Derecho Internacional de los Refugiados y el apoyo de la región a su consolidación, subrayando el vínculo estrecho entre la protección de los refugiados y el respeto de los Derechos Humanos (DDHH) y del Derecho Internacional Humanitario (DIH).
2. El Foro recomienda desarrollar actividades que mejoren la capacidad de los Estados para brindar una protección más efectiva y eficaz, dentro del marco del Derecho Internacional de los Refugiados, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, a los solicitantes de la condición de refugiado, a los refugiados y a otras personas necesitadas de protección internacional.
3. El Foro recomienda promover una cooperación más estrecha entre los Estados y generar un sólido compromiso político en la región, para responder de forma más efectiva a las víctimas del conflicto colombiano, dentro del “Espíritu de Cartagena”, con pragmatismo y flexibilidad.
4. El Foro recomienda propiciar una cooperación más estrecha entre los Estados, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Sociedad Civil, en la búsqueda de soluciones duraderas a los desafíos de los refugiados en la región. Por ejemplo, a través de la integración local por medio de proyectos de autosuficiencia o acciones que favorezcan la integración legal; evaluando las condiciones para la repatriación voluntaria y tomado las medidas para garantizar su voluntariedad; por medio de seguimiento de procesos de repatriación espontánea; así como buscando alternativas de reasentamiento cuando críticas circunstancias de protección así lo requieran.
5. El Foro recomienda establecer un marco para una participación aún más activa en la protección de los refugiados en América Latina, contando con una amplia gama de actores de la Sociedad Civil, para consolidar el conocimiento y exigibilidad del derecho internacional y nacional de los refugiados, así como asistiendo a los solicitantes de la condición de refugiado, los refugiados y otras personas en necesidad de protección internacional en la defensa de sus derechos en los ámbitos nacional e internacional.
6. El Foro recomienda a los Estados de la región andina desarrollar un plan de acción para definir parámetros regionales de respuesta en materia de protección y asistencia humanitaria a las víctimas del conflicto colombiano.
7. El Foro endosa las conclusiones de consenso en los tres foros de San José, Brasilia, Cartagena y en la reunión de Sociedad Civil de Bogotá, todas actividades preparatorias de la Conmemoración del XX Aniversario de la Declaración de Cartagena, subrayando la vigencia e importancia de los puntos siguientes:
• Respuesta positiva a la convocatoria para analizar los desafíos que impone hoy en día la protección de los refugiados en América Latina y la identificación conjunta de las líneas de acción para proteger a estas personas y asistir a los países de asilo en la búsqueda de soluciones adecuadas.
• La consideración de la persona humana como sujeto de derechos, así sea un refugiado, un solicitante de refugio o una persona en necesidad de protección internacional.
• La consideración del principio de No Devolución (Non refoulement) contenido en la Convención del 51, el Protocolo del 67, y en la Legislación Venezolana como una norma de Jus Cogens.
• Los mecanismos nacionales de protección, en orden a su fortalecimiento y como garantía que las naciones brindan.
• La necesidad de enfatizar que la dicotomía entre refugio y seguridad no puede menoscabar la protección del refugiado y que el otorgamiento del refugio siempre debe tener carácter apolítico, humanitario y pacífico.
• El interés por conocer y atender las causas que originan el desplazamiento.
• La atención diferenciada y preferente en relación a género, niños, niñas y adolescentes, discapacitados y ancianos, al momento de establecer líneas de acción para la atención de los y las refugiadas.
• La necesidad de capacitación de los funcionarios públicos y de las comunidades de acogida en la temática de refugio y derechos humanos.
• La elaboración de políticas públicas respetuosas de los estándares internacionales de protección y asistencia de refugiados y el establecimiento de criterios para garantizar la vigencia del principio de no discriminación.
• La aceptación de la responsabilidad del Estado en cuanto a las situaciones de refugio que ocurran dentro de su territorio, con una visión complementaria de la cooperación internacional, con base en el principio de solidaridad internacional
Conclusiones y recomendaciones sobre la respuesta a personas en necesidad de protección internacional, el reconocimiento de la condición de refugiado en Venezuela y sobre el régimen de disfrute de derechos
1. El Foro destaca los aportes de la Declaración de Cartagena para el fortalecimiento de la protección de los refugiados y reitera la importancia de su desarrollo tanto normativo como operacional en la realidad de la respuesta a los refugiados en Venezuela, incorporando los elementos de su definición ampliada así como los componentes de soluciones duraderas, desarrollo y fortalecimiento institucional y consolidación de la paz.
2. El Foro recomienda consolidar, desde el espíritu de la Declaración de Cartagena, el carácter obligatorio de la complementariedad de los DDHH y del DIH como fuentes para la interpretación del Derecho Internacional de los Refugiados (DIR), de acuerdo a los términos del Artículo 4 de la Ley Orgánica sobre Refugiados o Refugiadas y Asilados o Asiladas (LORRAA).
3. El Foro recomienda, dentro del espíritu de Cartagena, endosar la opinio-juris adoptada por catedráticos de DDHH y DIH de siete universidades venezolanas y otros participantes del Estado y de la Sociedad Civil sobre el criterio de persecución aplicable a los solicitantes de la condición de refugiado de nacionalidad colombiana. Se consideró como persecución, desde la perspectiva del Derecho de los Refugiados aplicable en Venezuela, las posibles violaciones de los DDHH o del DIH que los solicitantes de la condición de refugiado aduzcan como fundamento de sus solicitudes así como las circunstancias agravantes de las perturbaciones del orden público.
4. El Foro ve con preocupación las dificultades en el acceso a la documentación oficial y las consecuencias que esta carencia genera en el disfrute de derechos, tanto para los solicitantes de la condición de refugiado como para los refugiados y, recomienda proseguir y reforzar los esfuerzos llevados a cabo por la Comisión Nacional para los Refugiados y la ONIDEX para garantizar la provisión de documentación de manera sistemática y a tiempo. Además, saluda los esfuerzos realizados por el ACNUR y por los actores relevantes de la Sociedad Civil y les invita a reforzarlos para facilitar el contacto e informar y asistir a los refugiados en el proceso de documentación en Venezuela.
5. El Foro recomienda consolidar, en el respeto de los criterios de DDHH aplicables en Venezuela, el régimen de derechos y modalidades operativas para el otorgamiento y disfrute de la protección temporal, que establece el artículo 32.2 de la LORRAA y sus normas reglamentarias.
6. El Foro ve con preocupación la tardanza en el procesamiento de solicitudes de refugio que a más de sobrepasar los plazos legales, afecta el disfrute de derechos de los solicitantes de la condición de refugiado, e invita a la Comisión Nacional para los Refugiados a proseguir sus esfuerzos y a desarrollar mecanismos operativos adecuados que le permitan a la institución procesar la solicitudes de refugio dentro de los lapsos definidos por la ley. Además, endosa los esfuerzos realizados por el ACNUR y por los actores relevantes de la Sociedad Civil y les invita a reforzar estos esfuerzos.
7. El Foro ve con preocupación el impacto negativo que el conflicto colombiano ha tenido con respecto a las comunidades y poblaciones indígenas que tienen sus territorios tradicionales en las áreas de frontera entre Venezuela y Colombia, afectando sus derechos individuales y colectivos. El Foro recomienda en consecuencia que se lleve a cabo una investigación especificando los derechos afectados en los últimos años del conflicto y proponiendo las posibles medidas de protección y desarrollo integral de estas poblaciones.
Conclusiones y recomendaciones en materia de soluciones duraderas
1. El Foro destaca los aportes de la Declaración de Cartagena frente a la crisis centroamericana de los años 80 para la promoción y materialización de soluciones duraderas e invita a explorar alternativas dentro de esta perspectiva para atender la realidad venezolana.
2. El Foro recomienda proseguir los esfuerzos desarrollados por medio de los programas de impacto comunitario e integración desarrollados por el ACNUR, Servicio Jesuita a Refugiados (SJR) y Cáritas y asociar en este sentido a otros actores de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales.
3. El Foro reconoce el impacto positivo que el proceso de regularización y naturalización de extranjeros en situación irregular ha tenido en Venezuela, que por su naturaleza amplia incluye a refugiados, solicitantes de la condición de refugiado y otras personas en necesidad de protección internacional. Dentro del espíritu de soluciones duraderas de la Declaración de Cartagena, el Foro recomienda que el ACNUR conjuntamente con la Comisión Nacional para los Refugiados y con el apoyo de la Sociedad Civil brinden asistencia a las personas en necesidad de protección internacional para quienes la regularización o el acceso a la naturalización constituyan la mejor alternativa de protección.
4. El Foro reconoce el impacto positivo que las políticas públicas ejecutadas a través de las Misiones gubernamentales, con respecto a los derechos a la educación, a la salud, a la vivienda, al reconocimiento y desarrollo de los pueblos indígenas y al acceso al trabajo, han tenido para los refugiados, solicitantes de la condición de refugiado y personas en necesidad de protección internacional. El Foro invita al Gobierno, al ACNUR y a la Sociedad Civil a brindar o facilitar un mayor acceso, cobertura e incidencia a la mencionada población en dichos programas del Gobierno.
5. El Foro recomienda explorar otras alterativas de soluciones duraderas diferentes a la integración local, dentro del respeto irrestricto a los DDHH y los principios de repatriación voluntaria y no-discriminación, para refugiados, solicitantes de la condición de refugiado y otras personas en necesidad de protección internacional.
Conclusiones en materia de formación y fortalecimiento institucional
1. El Foro recomienda proseguir los esfuerzos para consolidar en el ámbito venezolano el espacio humanitario, promover la solidaridad de los venezolanos con respecto a los refugiados y otras personas en necesidad de protección internacional.
2. El Foro recomienda consolidar la acción conjunta con la academia y demás actores presentes en el Foro, definiendo nuevas líneas de respuesta para los miembros del Grupo Amigos de los Refugiados en Acción (ARA), a fin de capacitar a un mayor número de venezolanos en el conocimiento y la aplicación del derecho de los refugiados y de la acción humanitaria en favor de esta población.
3. El Foro recomienda proseguir los esfuerzos de capacitación de los funcionarios públicos y formación de los miembros de la Sociedad Civil llamados a ser instrumentos de la protección y de la acción humanitaria en favor de los refugiados, solicitantes de la condición de refugiado y demás personas en necesidad de protección internacional.
4. El Foro reconoce el rol de la Defensoría del Pueblo en la promoción, defensa y vigilancia de los derechos y las garantías establecidos en la Constitución y tratados de DDHH, e invita a esta institución a proseguir su trabajo, desarrollando programas específicos en favor de la población refugiada y necesitada de protección internacional.
5. El Foro recomienda la consolidación de las redes de protección de las iglesias y de otros actores de la Sociedad Civil en las regiones remotas, proveyéndoles formación, sensibilización y guía para el tratamiento de solicitantes de la condición de refugiado y otras personas en necesidad de protección. El Foro saluda los esfuerzos del ACNUR, SJR, Cáritas y de los miembros del Grupo Refugio en este sentido y les invita a proseguirlos y reforzarlos, especialmente en lo referente a la sensibilización de las comunidades receptoras.
Recomendación final
El Foro recomienda elevar las presentes conclusiones y recomendaciones a la consideración de los participantes de la Conferencia Internacional a tener lugar en la Ciudad de México, los días 15 y 16 de noviembre de 2004 para su incorporación en las memorias de la conmemoración del vigésimo aniversario de la Declaración de Cartagena sobre los refugiados del 22 de noviembre de 1984" (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, 10.11.04).

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El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) es una organización no gubernamental especializada en la defensa y promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC), que tiene como fin la plena realización de los derechos humanos y el respeto al Estado de Derecho, en el marco de una sociedad democrática y participativa.
Toda acción que Provea lleva a cabo busca beneficiar a las víctimas o potenciales víctimas a las que el Estado no les garantiza o les viola sus derechos humanos, propiciando su protagonismo y la concientización de sus derechos.

 

 
Tienda Honda a Puente Trinidad, edificio Centro Plaza Las Mercedes, local 6, planta baja, Parroquia Altagracia
Apartado Postal 5156, Carmelitas 1010-A, Caracas, Venezuela
Teléfonos / fax: (0058) (0212) 862-10-11 / 862-53-33 / 860-66-69
Sitio web: http://www.derechos.org.ve
Correo electrónico: provea@derechos.org.ve
Provea, 2004