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Una lectura de la realidad venezolana
desde los derechos humanos |
Boletín electrónico Nº 149
10 de diciembre de 2004 |
1988/2004: Provea, 16 aÑos por los derechos sociales y contra la impunidad
NÚMERO ESPECIAL
PRESENTACIÓN DEL XVI INFORME ANUAL
DE PROVEA SOBRE LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS
EN VENEZUELA (Octubre 2003/Septiembre 2004)
NOTA DE
PRENSA
*
Provea: no hay avances
significativo en derechos humanos a 5
años de vigencia de la Constitución
CONTEXTO
DE LA SITUACIÓN
DE LOS DERECHOS HUMANOS
* Introducción
* Resumen de una
caracterización del conflicto
* El camino hacia el
referéndum
* El resultado del referéndum
* La Guarimba: estrategia
insurreccional y represión desproporcionada
* Notas
BALANCE DE LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS
* Introducción
Derechos
Económicos, Sociales y Culturales
* Derecho a la Alimentación
* Derecho a la Seguridad Social
* Derechos Laborales
* Derecho a la Salud
* Derecho a la Educación
* Derecho a la Vivienda
* Derecho a la Tierra
* Derechos de los Pueblos Indígenas
* Derecho a un Ambiente Sano
Derechos
Civiles y Políticos
*
Derecho a la Vida
* Derecho a la Libertad Personal
* Derecho a la Integridad Personal
* Derecho a la Manifestación Pacífica
* Derecho a la Seguridad Ciudadana
* Derecho a la Justicia
* Derechos de las Personas Detenidas y
Encarceladas
* Derecho a la Libertad de Expresión e
Información
* Derecho al Asilo y Refugio
Agradecemos mencionar la fuente cuando el contenido sea citado o difundido |
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PRESENTACIÓN
DEL XVI INFORME ANUAL DE PROVEA SOBRE LA SITUACIÓN
DE LOS DERECHOS HUMANOS EN VENEZUELA (Octubre 2003/Septiembre 2004) |
Como todos los
años, para de la presentación del Informe Anual de Provea
sobre la Situación de los Derechos Humanos en
Venezuela, ofrecemos una edición especial del
boletín electrónico "Derechos Humanos y Coyuntura" con el Contexto y
Balance de la Situación de los Derechos Humanos. Con la entrega
de ambos capítulos del Informe, facilitamos a nuestros/as
suscriptores/as una perspectiva general del contenido del
mismo, esperando despertar su interés.
Adicionalmente les ofrecemos la nota de prensa que
presenta una síntesis del trabajo de monitoreo
desarrollado.
Finalmente, no queda más que invitarles a consultar o descargar
gratuitamente el texto
íntegro de esta publicación en el sitio web de Provea, en la
dirección:
http://derechos.org.ve/publicaciones/infanual/2003_04/1presentacion.pdf, y en caso de estar
interesados/as en adquirirlo en su versión física, puede contactarnos por el
correo-e:
publicacionesprovea@derechos.org.ve.
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NOTA DE PRENSA
Provea: no hay avances significativo
en derechos humanos a 5 años de vigencia de la
Constitución |
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CONTEXTO
DE LA SITUACIÓN
DE LOS DERECHOS HUMANOS
Introducción |
Por tercer año consecutivo, la situación de los
derechos humanos, que se analiza en el presente
Informe, ocurre en el contexto de una intensa lucha
hegemónica, que sigue oscilando entre formas
violentas y no violentas. Pese a que en este período
(octubre 2003 - septiembre 2004) se redujeron los
escenarios de expresión de la confrontación a través
de formas violentas [1], un atentado terrorista que
le quitó la vida al Fiscal del Ministerio Público
Danilo Anderson, justo cuando este Informe estaba
por entrar a imprenta, hace muy difícil tener
certeza sobre los modos y tendencias que adoptará el
conflicto.
La expresión de la mayoría de los electores
ratificando el mandato del presidente Chávez en el
referéndum del 15.08.04 y el aval que, sin
excepciones, le dio a ese resultado la comunidad
internacional, constituyen fuertes contenedores de
legitimidad, que reducen los riesgos de
desbordamiento de la violencia. Pero, precisamente
por la fuerza que tienen esos contenedores
nacionales e internacionales,es factible que
sectores impotentes y fanatizados intenten desplazar
el conflicto a escenarios extralegales. De la
respuesta que el Estado, los dirigentes políticos de
todas las tendencias y la sociedad en general le den
a esos sectores, depende que logren ser exitosos en
arrastrar el conflicto al terreno de la violencia o
que se vean aislados por una mayoría que, pese a sus
diferencias, repudia el terrorismo y apuesta por la
democracia.
La polarización y la violencia continuaron
expresándose en este período, en el que registramos
un número mayor de muertes vinculadas con el
conflicto político, en comparación con las conocidas
en el período anterior. Al menos 24 personas
murieron en hechos que pueden vincularse con el
conflicto, 6 más que en el período anterior, cuando
se conocieron 18 muertes. Desde que Provea realiza
este conteo, a partir de octubre de 2001 se
produjeron 107 muertes atribuibles al conflicto. Las
muertes conocidas este período ocurrieron, en su
mayoría, en el contexto de manifestaciones políticas
(La Guarimba [2], en febrero y marzo de 2004; el día
del anuncio de que habría referéndum, 3 de junio de
2004; el día del referéndum, 15.08.04 y el día del
anuncio de los resultados, 16.08.04). Otras
ocurrieron en el contexto de politizadas luchas por
el derecho a la tierra o al empleo. Al igual que
viene ocurriendo desde al año 2001, ambos sectores
de la confrontación se cuentan entre las víctimas y
entre los presuntos victimarios. Funcionarios de
organismos de seguridad también fueron señalados
como victimarios en este período.
El lenguaje hiriente, belicoso, agraviante, que
incita o legitima la trasgresión de la legalidad
democrática, continuó siendo común en los dirigentes
políticos de los bandos enfrentados, incluyendo a
autoridades estatales (nacionales, estadales y
municipales), entre quienes se encuentra el
Presidente Chávez [3].
El abuso de poder estatal y las expresiones
insurreccionales por parte de sectores de la
oposición, constituyen deslealtades con el modelo
democrático, que impactaron negativamente en las
condiciones de vida de la población. En cuanto a la
actuación estatal, particularmente dañinos
resultaron, en este período, la aprobación de una
Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, que
debilita la autonomía del Poder Judicial; el uso de
la Justicia Militar para procesar a civiles; los
juicios y condenas por delitos de opinión; el uso
desproporcionado de la fuerza en la represión de las
manifestaciones de la oposición realizadas en
febrero y marzo; y la presión ejercida sobre el
Consejo Nacional Electoral (CNE) al denunciar que la
oposición no contaba, salvo que se tratara de un “megafraude”,
con el número de firmas necesario para convocar un
referéndum.
El modo polarizado de expresarse el conflicto, a
través de la violencia física y simbólica, sigue
teniendo un impacto negativo en la situación de
prácticamente todos los derechos humanos que se
analizan en este Informe. Solo un procesamiento
democrático de las diferencias entre las élites
políticas, los sectores socioeconómicos y los
proyectos de país que están en tensión, permitirá
una mejora sostenida de la situación de los derechos
humanos en Venezuela. El desempeño de las
instituciones del Estado, de todos los Poderes
Públicos y en todos sus niveles resulta capital para
esta meta.
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CONTEXTO
DE LA SITUACIÓN
DE LOS DERECHOS HUMANOS
Resumen de una caracterización del conflicto |
En el Informe anterior, Provea consideró necesario
hacer una exploración de las condiciones de
posibilidad del actual conflicto hegemónico, en la
certeza de que solo a partir de un acercamiento
comprensivo y de fondo, podríamos proponer líneas
estratégicas que apuntaran a la construcción de
realidades favorables a los derechos humanos.
Tratamos de alejarnos del simplismo que
caracterizaba el debate político, excesivamente
centrado en la figura presidencial. Señalamos, como
lo veníamos haciendo desde principios de 2002 [4],
que el conflicto no tiene el nombre de una persona,
y que por tanto no se “solucionaría” con una
consulta que ratificara o revocara el mandato
presidencial, aunque esto podría ayudar a reducir
las tensiones existentes, siempre que las partes
actuaran con una lógica democrática.
Aunque sugerimos una lectura de aquel texto [5] para
una mejor comprensión de la posición de Provea ante
el conflicto hegemónico, realizamos aquí un breve
resumen, prescindiendo de la sustentación empírica
que se presentó en el Informe anterior.
Un conflicto por tres crisis en resonancia
Desde principios de la década de los 80, se viene
manifestando en Venezuela una crisis socio-
económica, una crisis político-institucional y una
crisis modélica, que entraron en una poderosa
resonancia durante la gestión del Presidente Chávez
(en particular a partir del año 2001), generando una
polarización política excepcional, con rasgos
violentos de expresión.
La crisis socioeconómica, es expresión del
empobrecimiento sostenido del país, al tiempo que de
la profundización de sus inequidades sociales. La
separación y desconocimiento entre las minoritarias
capas medias y altas y el mayoritario resto del
país, excluido del disfrute de sus
Resumen de una caracterización del conflicto
derechos, produjo una contundente polarización
social. A esa polarización se le superpuso, en el
presente, aunque no de manera absoluta o perfecta,
una polarización política, según la cual los
sectores populares tienden a respaldar al Presidente
y su proyecto de gobierno y los sectores medios y
altos a adversarlo [6].
La crisis político-institucional, alude al
colapso del anterior acuerdo de conciliación de
élites, vigente desde el nacimiento de la
democracia, agonizante desde principios de los 80 y
cuya acta de defunción fueron las elecciones de
1998, en las que Chávez, sin vínculos con ese modelo
político, fue favorecido por la población. En el
presente, ese colapso no ha sido sustituido por un
acuerdo de nuevo tipo, más incluyente, que permita
la administración de las diferencias de proyectos y
actores, en un contexto de lealtad a las reglas del
juego democrático. Por el contrario, la competencia
por el control del Estado petrolero venezolano es
feroz y suele realizarse tanto dentro como fuera de
los márgenes de la legalidad. Entre tanto, los
partidos políticos, de todos los bandos y
orientaciones, continúan siendo organizaciones
débiles [7] y la actuación protagónica de sectores
sin experiencia en la negociación política, ni
mandatos que impliquen una visión del conjunto del
país y sus intereses, tales como los militares, los
empresarios, los dueños de medios de comunicación y
su personal, la tecnocracia petrolera, o las
organizaciones no gubernamentales tradicionalmente “antipolíticas”,
endureció las formas de la política y limitó las
mediaciones posibles en el conflicto.
La crisis modélica, es producto del
agotamiento del modelo de desarrollo a través de la
industrialización por sustitución de importaciones y
su posterior intento de reemplazarlo, en los 80 y
90, con el modelo del Estado Mínimo, caracterizado
por programas de ajuste estructural de corte
neoliberal, modelo que no logró reducir la pobreza y
aumentó la inequidad. El eje central de esta crisis
es la confrontación por los roles protagónicos del
Estado y el mercado en el proyecto nacional. En el
presente, es posible identificar que el proyecto del
gobierno, reflejado tanto en la Constitución de 1999
como en las “Líneas Generales del Plan de Desarrollo
Económico y Social de la Nación 2001-2007”, subraya
la participación del Estado en distintos ámbitos de
la vida colectiva, mientras que los proyectos de la
oposición tienen un cariz más liberal.
Intervenciones democráticas en las crisis: claves
para una estrategia de derechos humanos
El conflicto obliga a una intervención democrática
en cada una de las crisis que lo conforman, si lo
que se aspira es a una administración que permita
una mejora sostenida y permanente de la situación de
los derechos humanos. A partir de ese diagnóstico,
Provea ratifica sus líneas históricas de
intervención, en clave de autonomía y apego a los
principios de interdependencia de todos los derechos
humanos de todas las personas:
No discriminación y justicia social. Los
derechos humanos le pertenecen a todas las personas
y ello debe subrayarse aún más en contextos
polarizados en los que tiende a legitimarse la
violencia, la agresión o el menosprecio contra
personas de uno u otro bando político. Además de la
discriminación por orientación política, que es
fundamental prevenir y combatir, nuestra sociedad
adolece de una discriminación estructural por origen
socioeconómico. Los pobres son las principales
víctimas de violación de prácticamente todos los
derechos analizados en este Informe. El derecho a la
no discriminación implica que el Estado debe tratar
igual a los iguales y desigualmente a los
desiguales. En efecto, quienes son estructuralmente
discriminados deben ser particularmente atendidos,
entre otras vías, a través de la distribución de los
ingresos, y estimulados en su capacidad de construir
y ejercer poder [8]. El empoderamiento de los
sectores populares, su conversión en actores
sociales y políticos que impulsan su autodesarrollo
y satisfacción de derechos, ejerciendo presión sobre
las autoridades estatales desde una perspectiva de
no subordinación sino de autonomía, resulta esencial
a cualquier estrategia de derechos humanos para una
administración democrática del conflicto. La
búsqueda de la justicia social, sin la cual una
democracia no es realmente tal, debe tener a los
sectores populares como principales protagonistas.
Democracia y Derechos Humanos. La democracia
y los derechos humanos son interdependientes, por lo
que una democracia más profunda, con mayor justicia
social, fortaleza institucional, mecanismos
pacíficos de resolución o administración de
conflictos y ejercicio progresivo del derecho a la
participación política, es también un escenario más
favorable para el ejercicio de los derechos humanos.
En Venezuela, ello pasa por: reivindicar la
necesidad del fortalecimiento de los partidos
políticos ara que realicen mejores mediaciones
sociales y políticas, en la dirección planteada en
la Carta Democrática Interamericana; estimular la
participación democrática y contralora de toda la
sociedad; cuestionar las prácticas no democráticas
de cualquier actor político; la exclusión de la
deliberancia y el protagonismo político de la Fuerza
Armada Nacional; la exclusión de toda apología al
odio y la violencia, así como de las incitaciones a
delinquir, en los medios de comunicación (públicos y
privados) [9]; el fortalecimiento de la
institucionalidad estatal, particularmente en su
capacidad de brindar, de manera permanente,
servicios adecuados a la población desde una
perspectiva de derechos y no de dádivas; el
fortalecimiento de los contrapesos institucionales,
para que coadyuven a cualificar la gestión y
combatir la corrupción administrativa; el
fortalecimiento del sistema de administración de
justicia, para que sea accesible a toda la población
y esté regido por la ley y no por los intereses de
las élites políticas o económicas; y, finalmente, la
reivindicación de un acuerdo incluyente, entre las
fuerzas sociales y políticas, que permita
administrar las legítimas diferencias que existen en
la sociedad venezolana, dentro de un marco de
legalidad democrática.
Estado garante de derechos y Sociedad contralora.
La realización de los derechos humanos supone, según
ha señalado el Relator de Naciones Unidas para los
Derechos Económicos, Sociales y culturales, Danilo
Türk, la presencia de un Estado con suficiente
fortaleza como para hacerlo [10]. Esta fortaleza,
que nada tiene que ver con el autoritarismo, radica
en su capacidad de diseñar y ejecutar, con
transparencia, participación y control social,
políticas nacionales orientadas a garantizar una
justa distribución de la riqueza y la satisfacción
de todos los derechos humanos. Este Estado
necesario, que basa sus acciones y políticas en
leyes justas, supone al mismo tiempo una sociedad
contralora que, ejerciendo su derecho a la
participación, se hace parte del diseño, evaluación
y control de las políticas públicas.
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CONTEXTO
DE LA SITUACIÓN
DE LOS DERECHOS HUMANOS
El camino hacia el referéndum |
La Organización de Estados Americanos (OEA),
primero, y las partes en conflicto, después,
asumieron el camino de la consulta popular como
un componente estelar de la “solución a la
crisis venezolana”. En efecto, en el año 2002,
la resolución 833 del Consejo Permanente de la
OEA abogó para que todas las fuerzas políticas y
sociales de Venezuela procuraran “una solución
constitucional, democrática, pacífica y
electoral” [11], adjetivos que fueron
ratificados por el acuerdo del 23.05.03, logrado
por la oposición y el gobierno en el seno de la
Mesa de Negociación y Acuerdos.
Ahí, en el punto 12, agregaron que: “…en
cumplimiento del objetivo establecido en la
Síntesis Operativa para buscar acuerdos con el
fin de contribuir a la solución de la crisis del
país por la vía electoral, coincidimos en que
dicha solución se logra con la aplicación del
artículo 72 de la Constitución…” [12].
En el período analizado en este Informe, la
dinámica generada por la solicitud y realización
del Referéndum Revocatorio del mandato
presidencial, fue el signo más relevante de la
vida pública nacional.
Entre noviembre y diciembre de 2003 ocurrió el
proceso de recolección de firmas para solicitar
la realización de referenda revocatorios, tanto
del mandato presidencial como del mandato de
diputados nacionales afectos o adversos al
gobierno [13]. Entre enero y abril de 2004, el
CNE realizó el proceso de verificación y
validación de las firmas recogidas, encontrando
objeciones en un número importante de ellas. En
mayo se realizó el proceso de reparo o
ratificación de las firmas. El 03.06.04 el CNE
dio los resultados finales sobre el número de
firmas válidas, que resultaron suficientes para
la convocatoria del Referéndum presidencial, que
ocurrió, finalmente, el 15.08.04. La madrugada
del 16, luego de cerradas todas las mesas
activadas para el primer referéndum revocatorio
presidencial del continente y probablemente
también el proceso electoral con mayor
observación internacional, el CNE anunció que
los resultados favorecieron al Presidente
Chávez.
Por la magnitud de lo que se decidía, por su
carácter inédito, por no contarse con una
legislación adecuada y, particularmente, por la
intensa polarización política existente en el
país, el carácter conflictivo de este proceso
fue sensiblemente potenciado. Cada etapa implicó
enormes riesgos y activó los temores de que la
violencia se desbordara.
Como antecedente al inicio del proceso, hay que
recordar que a mediados de 2003, y con la
aceptación de las fuerzas políticas en
conflicto, el Tribunal Supremo de Justicia
designó a los miembros del CNE, dada la omisión
de la Asamblea Nacional. En un contexto de
polarización como el existente, era muy difícil
que los miembros del CNE no terminaran actuando
en afinidad con los sectores en conflicto [14].
De hecho, pese a que muchas decisiones fueron
adoptadas por consenso8, y el CNE mantuvo su
unidad en momentos difíciles, las más polémicas
decisiones reflejaron la división que existe en
su seno: 3 votos de los comisionados más
próximos al gobierno y 2 de los comisionados que
representaban a la oposición. Pese a esta tensa
situación, potenciada por la obligación de
suplir la ausencia de leyes específicas, tanto
la OEA como el Centro Carter, aunque de manera
muy crítica con varias de sus decisiones,
avalaron y respaldaron al CNE y su actuación
general. Ello le dio una importante legitimidad
internacional al árbitro y al proceso.
El proceso de recolección de firmas, realizado
desde el 21 al 24.11.03 (para solicitar el
referéndum revocatorio de diputados de la
oposición) y desde el 28 de noviembre al
01.12.03 (para solicitar el referéndum
revocatorio del Presidente y de diputados de la
alianza de gobierno), “culminó en paz y sin
mayores obstáculos que impidieran el libre
ejercicio de los derechos constitucionales…”
[15], según reportó la Misión Conjunta de la OEA
y el Centro Carter [16]. La Misión agregó que el
“CNE, y las distintas organizaciones vinculadas
a la organización y la supervisión de esta
etapa, demostraron su capacidad para llevar
adelante este proceso de acuerdo a los
principios de transparencia e integridad,
reafirmando una vez más la legitimidad y
credibilidad de la que gozan estas instituciones
electorales en la sociedad venezolana” [17]. No
obstante, antes de la finalización del proceso
de recolección de firmas,
dirigentes de las fuerzas que apoyan al gobierno
y el propio Presidente denunciaron un
“megafraude” en la recolección de firmas de la
oposición. El 30.11.03 Chávez señaló lo
siguiente: “Este intento de ‘megafraude’ el
pueblo no lo va a tolerar […] esas firmas deben
ser verificadas una por una, las huellas
dactilares […] la trampa no pasará” [18].
Según esa denuncia, la oposición no habría
logrado recoger las firmas necesarias para
convocar el referéndum [19] y sería solo por la
presentación de firmas fraudulentas que se
iniciaría un proceso de consulta. Al respecto,
la Misión señaló que “tales declaraciones, en el
momento en que la recolección de firmas aún no
había finalizado, afectaron el clima de
convivencia democrática en el que se desarrolló
el proceso [y reiteró] que el único poder con
facultad para dirimir o resolver las denuncias
presentadas es el CNE” [20].
Si bien se detectaron hechos que podían
constituir delitos electorales en el proceso de
recolección de firmas, lo que condujo a la
anulación definitiva de muchas de ellas, estos
no eran de tal magnitud como para crear una
voluntad popular en donde no la había. De hecho,
tanto los procesos posteriores de verificación
de firmas y de reparos, como los resultados del
referéndum, demostraron que existía suficiente
voluntad opositora como para convocar a un
referéndum. La insistencia del Ejecutivo
introdujo mucha presión sobre el CNE y el celo
de este, a su vez, puso en riesgo la posibilidad
de que se ejerciera, efectivamente, el derecho
de más de 2 millones de firmantes.
El CNE inició la verificación de las firmas el
13.01.04, en medio de intensos debates cuyos
polos de tensión eran las interpretaciones en
torno a los modos de garantizar el derecho a
elegir, el derecho a ser elegido y el derecho a
convocar un referéndum revocatorio. Por una
parte, las fuerzas que apoyan al gobierno y sus
representantes en el CNE señalaban que aceptar
firmas fraudulentas equivalía a vulnerar el
derecho a ser elegido del Presidente Chávez, y
el derecho a elegir de las personas que, en su
momento, lo eligieron. Por otra parte, las
fuerzas que adversan al gobierno y sus
representantes en el CNE señalaban que, con
excesivos tecnicismos, la mayoría del CNE estaba
intentando anular firmas válidas, lo que
equivalía a una vulneración del derecho
constitucional a convocar un referéndum
revocatorio.
Efectivamente, si las firmas falsas hubieran
tenido la magnitud suficiente como para activar
un referéndum presidencial creando una ficticia
voluntad popular, y ello fuera avalado por el
CNE, se hubiera producido una violación de
derechos políticos. Pero lo mismo hubiera
ocurrido si existiendo la cantidad de firmas
válidas necesarias, estas hubieran sido
rechazadas por el CNE, por intención expresa o
por un excesivo celo. Ante ese debate, nueve
organizaciones de derechos humanos exigieron “al
Consejo Nacional Electoral (CNE) un
reconocimiento fidedigno de la voluntad popular
en el proceso de revisión y verificación de las
firmas de las distintas solicitudes de
referéndum revocatorio. El mecanismo […] debe
garantizar frente al país que no se anule
ninguna firma lícita y que no se avale ninguna
firma fraudulenta” [21].
El mayor número de firmas cuestionadas eran
aquellas que se encontraban en planillas que
mostraban una caligrafía similar en los datos
del firmante y/o en las propias firmas. Estas
planillas se conocieron como “planas” y en ellas
se incluyeron cerca de un millón de firmas.
La OEA y el Centro Carter fueron muy críticos
del CNE que, a su juicio, por un celo particular
en la evaluación de las firmas, estaba poniendo
en riesgo la posibilidad de expresión de la
voluntad de una parte importante de los
electores. El entonces secretario general de la
OEA, César Gaviria, señaló lo siguiente sobre
esa etapa, en su Informe ante la Asamblea de la
organización: “La OEA y el Centro Carter
públicamente expresamos que éramos conscientes
de que podían existir intentos de manipular la
voluntad de los ciudadanos, pero era necesario
evaluar el impacto que determinadas decisiones
podían tener en el cumplimiento de los
requisitos constitucionales […] Comprendimos
entonces la preocupación del CNE pero
consideramos que se debía y se debe partir de la
buena fe del ciudadano como principio universal”
[22]. Pese a las críticas y discrepancias, la
Misión le dio un aval al CNE, lo que demostraba
la existencia de condiciones para que se
expresara la voluntad popular.
Sin embargo, la oposición estaba enardecida y
consideraba que el CNE le estaba secuestrando la
posibilidad de ejercer un derecho político.
Entre finales de febrero y principios de marzo
tuvo lugar una jornada de protesta de la
oposición contra las decisiones que venía
tomando el CNE, que se conoció como “La Guarimba”.
Varios sectores de la CD manifestaron su
negativa a ir a reparos. Entre ellos, el partido
Primero Justicia, cuyo diputado y dirigente
nacional, Julio Borges, señaló a comienzos de
marzo que: “Si no se va a reparos, por
imposibles e inviables, la señal es muy clara:
sería el CNE quien le cerró las puertas a los
venezolanos para lograr el referendo y en ese
escenario nosotros lo que tenemos que lograr es
que el Gobierno quede deslegitimado […] tenemos
que convertirlo en el acto final de un gobierno
que está sentado en las bayonetas, sostenido por
la fuerza y eso lo pone en cuenta regresiva […]
La OEA le va a quitar el velo al Gobierno en la
comunidad internacional” [23].
Sin embargo, un intenso proceso de negociación
política entre las dos fuerzas políticas
enfrentadas y el CNE, con la mediación de la OEA
y el Centro Carter, logró convencer a la
oposición de ir a los reparos bajo ciertas
condiciones que fueron acordadas por todos. Esto
permitió mantener el conflicto enmarcado en la
ruta del revocatorio. A mediados de abril la
Misión Conjunta señaló lo siguiente: “Saludamos
los esfuerzos realizados por las autoridades del
Consejo Nacional Electoral (CNE) así como de los
representantes de la Coordinadora Democrática y
del Comando Ayacucho con el fin de lograr un
mecanismo ágil, sencillo, seguro y transparente
para culminar el proceso de solicitud de
referendo revocatorio” [24]. Finalmente, el
proceso de verificación, que debía durar un mes,
duró más de tres, pero dio paso a la posibilidad
de avanzar a la realización de los reparos.
El 20.04.04, “finalizadas las conversaciones
[…], el CNE anunció las cifras definitivas para
el referéndum presidencial: validó 1.910.965
firmas, rechazó 375.241 y pasó a reparos
1.192.914” [25]. El objeto de los reparos, que
ocurrieron entre 28 y el 31.05.04, era “dar a
los firmantes la oportunidad de retirar sus
firmas (reparación de firmas válidas) o
confirmar el estampado de las mismas (reparación
de firmas rechazadas)” [25].
Antes de su realización, fueron profusas las
denuncias de distintos tipos de presiones
laborales para retirar o confirmar las firmas.
Ya antes, en ocasión del proceso de recolección
de firmas (noviembre y diciembre de 2003) cuando
era previsible que esto ocurriera, el Foro por
la Vida señaló que “Si bien […] el carácter de
las firmas es público, ya que no son, ni en este
ni en otro caso, equivalentes a un voto, y por
lo tanto no deben ser secretas, en este contexto
de confrontación, la publicidad de las firmas
puede afectar, de hecho, otros derechos de las
personas que decidan respaldar una u otra opción
o abstenerse de hacerlo. Por tal razón, el
Estado está obligado a adoptar de inmediato
medidas preventivas de protección, en
particular, de los derechos al empleo, la
seguridad ciudadana y la no discriminación”
[26]. Provea y el Centro de Derechos Humanos de
la Ucab invitaron públicamente a presentar
denuncias en sus sedes y ante las instancias
oficiales.
No obstante, fueron pocas las denuncias
recibidas en comparación con las aparecidas en
los medios de comunicación, con lo que es muy
difícil medir en qué magnitud estas presiones
estaban produciéndose.
Finalmente los reparos tuvieron lugar, y a
partir de ellos la oposición logró obtener las
firmas necesarias para convocar al referéndum.
El CNE anunció su realización para el mes de
agosto.
Con el anuncio del CNE, se produjeron hechos de
violencia en el centro de Caracas. Sectores
afectos al gobierno, pero cuyas acciones fueron
rechazadas por este, atacaron a distintos medios
de comunicación social.
El mismo día, el Presidente se dirigió al país
en cadena de radio y televisión. En ella recordó
que el referéndum revocatorio había sido una
propuesta suya a la Asamblea Nacional
Constituyente; celebró que la oposición hubiera
hecho uso de ese mecanismo de la democracia
participativa, considerándolo una victoria para
la Constitución; y, finalmente, reconoció los
resultados presentados por el CNE y se declaró
en campaña por el NO.
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CONTEXTO
DE LA SITUACIÓN
DE LOS DERECHOS HUMANOS
El resultado del referéndum |
El 15 agosto, casi 10 millones de
venezolanas y venezolanos asistieron a un proceso
electoral que hacía historia en el continente y que
contaba con la mayor cantidad de observadores
internacionales en elección alguna realizada en
Venezuela, para responder la siguiente pregunta:
“¿Está usted de acuerdo con dejar sin efecto el
mandato popular, otorgado mediante elecciones
democráticas legítimas al ciudadano Hugo Rafael
Chávez Frías, como Presidente de la República
Bolivariana de Venezuela para el actual período
presidencial?”.
En la mayoría de los centros de votación el voto fue
automatizado, con máquinas que transmitían la
información a los centros de totalización y
producían un comprobante impreso en papel que se
quedaba en cada centro como respaldo. Durante el día
se generaron larguísimas colas, que fueron
explicadas por la Misión Conjunta como producto de
varios factores: a) el aumento del Registro
Electoral Permanente sin que se hubieran abierto
nuevos centros de votación, b) la novedad del
proceso, c) la disminución de la abstención en cerca
de 10 puntos y, d) la novedad de la máquinas
captahuellas, introducidas para impedir el doble
voto y para comenzar a desarrollar una base de datos
de huellas dactilares.
Pese al tiempo de espera en las colas, que llegó a
sobrepasar las 12 horas en algunos lugares, no se
generaron conflictos relevantes. Provea apreció
“como un hecho muy positivo para la democracia
venezolana que el comportamiento de la población se
enmarcara en su misma tradición pacífica y
democrática de jornadas electorales anteriores. La
solidaridad manifiesta entre los ciudadanos, el
respeto mutuo y su paciencia crítica frente a los
contratiempos de este inédito proceso, son un
poderoso ejemplo a seguir por todo el liderazgo
venezolano” [27]. El Embajador Walter Pecly Moreira,
Jefe de la Misión de Observación Electoral de la
OEA, señaló que “el pueblo de Venezuela ofreció al
mundo y en especial a los pueblos hermanos de las
Américas un extraordinario ejemplo” [28] y agregó,
en su informe presentado a la Asamblea de la OEA que
todo “se desarrolló normalmente, sin incidentes que
pusieran en duda la transparencia e integridad del
mismo. Los ciudadanos que participaron de la
convocatoria lo hicieron libremente, sin obstáculos
que impidieran o limitaran la expresión de su
voluntad, no registrándose casos de intimidación o
violencia” [29].
En la madrugada del 16 de agosto, el CNE presentó
los resultados que, con una tendencia irreversible,
mostraban el triunfo del Presidente Chávez. Ese día,
5.800.629 de personas (59,0958% de los electores que
asistieron a la consulta) votaron por el NO y
3.989.008 (40,6393%) por el SÍ [30].
La oposición denunció fraude esa misma madrugada y
los dos rectores que le son aliados no participaron
del anuncio oficial. No obstante, en una rueda de
prensa conjunta, Jimmy Carter y César Gaviria, ese
mismo día, avalaron el resultado presentado por el
CNE. La Misión Conjunta venía realizando un proceso
de contraloría de todo el proceso y contaba con
información coincidente con la del CNE.
Posteriormente, la Misión participó de dos
auditorías realizadas por el CNE, que confirmaron el
resultado. No obstante, la oposición se mantuvo
incrédula de los resultados.
Frente a los resultados, Provea se pronunció en los
siguientes términos: “ratificamos el respeto a los
resultados hechos públicos por el ente comicial […]
En este sentido, rechazamos el desconocimiento de
tales resultados efectuado por voceros de la
oposición y les recordamos que existen
procedimientos administrativos y judiciales,
establecidos en la legislación venezolana para
procesar sus desacuerdos. Todos los actores
políticos deben favorecer la paz y la administración
democrática de los conflictos que surcan nuestra
sociedad; Solicitamos al CNE que implemente los
mecanismos correspondientes para aclarar y disipar
las dudas planteadas por la oposición con respecto a
los resultados preliminares anunciados” [31].
El entonces secretario general de la OEA señaló en
su Informe a la Asamblea de la organización lo
siguiente: “…la actitud de la oposición, de no abrir
siquiera un pequeño espacio para reconocer el
triunfo del presidente Chávez, la ha colocado en una
situación compleja frente a la comunidad
internacional que no alcanza a comprender cómo el
referendo no contribuyó más a resolver la
conflictividad política y, hasta donde hemos podido
observar, no entiende sus razones para desconocer el
resultado” [32].
El 26.08.04, el Consejo Permanente de la OEA, luego
de superar los obstáculos colocados por los Estados
Unidos, emite su Resolución 869, reconociendo los
resultados del Referendo Revocatorio Presidencial.
Se cerraba así, a efectos de la OEA, el ciclo
iniciado con la Resolución 833 que abogaba por una
“solución constitucional, democrática, pacífica y
electoral”. No obstante, por tratarse de un
conflicto más complejo que el de la interrupción o
continuidad de un mandato presidencia, tal como
hemos señalado, las crisis siguen instaladas entre
nosotros.
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CONTEXTO
DE LA SITUACIÓN
DE LOS DERECHOS HUMANOS
La Guarimba: estrategia insurreccional y
represión desproporcionada |
El 27.02.04 se inició una ola de protestas de
sectores de la oposición, que tendría
expresiones pacíficas y violentas. El conjunto
de estas manifestaciones, que duraron cinco días
consecutivos y ocurrieron fundamentalmente en
urbanizaciones donde habitan los sectores medios
y altos de Caracas y otras 15 ciudades del país,
se conoció como La Guarimba. Se trata de una
modalidad de protesta promovida inicialmente por
el Bloque Democrático [33], un sector radical de
la oposición que nunca apostó al referéndum por
considerarlo una trampa del “régimen” [34]. La
Guarimba consistía en hacer barricadas cerca de
las viviendas, con basura y fuego, y mantenerse
ahí siempre que no llegaran los organismos de
seguridad de carácter nacional o personas
afectas al gobierno. En ese caso, los
manifestantes debían refugiarse en sus casas o “Guarimbas”.
El objetivo de la estrategia promovida era
generar una desobediencia civil generalizada que
ameritara la intervención de la Fuerza Armada
Nacional en solidaridad con los manifestantes.
En muchos lugares, los cierres de calle no
generaron mayor confrontación con el Estado o
con particulares, ni ocurrieron hechos de
violencia, pero en algunos otros, los
manifestantes se enfrentaron con los organismos
de seguridad o con particulares afectos al
gobierno, destruyeron bienes públicos y
activaron armas de fuego.
La actuación estatal tuvo distintos momentos y
características. Mientras los organismos de
seguridad dependientes de Alcaldías dirigidas
por la oposición, como la Policía Metropolitana
(organismo responsable del resguardo de las
manifestaciones en Caracas) y las policías de
los municipios Baruta y Chacao, se abstuvieron
de controlar a los manifestantes y, en algunos
casos, les ayudaron a levantar barricadas; los
organismos dependientes del Gobierno Nacional,
en particular la Guardia Nacional (GN), actuaron
en la contención y represión de las
manifestaciones. La actuación de la GN varió
dependiendo del lugar y el momento, estando en
unas ocasiones ajustada a derecho y en otras
fuera de él [35]. Fueron denunciados múltiples
manifestantes heridos y golpeados, así como
personas detenidas arbitrariamente [36].
También, en ese contexto, 11 personas fueron
asesinadas, de las cuales al menos cuatro lo
fueron por la acción de funcionarios de
seguridad.
Aunque posteriormente reconoció que podían haber
“excesos”, en un primer momento, el Gobierno
negó que la GN o la Disip hubieran reprimido o
golpeado a los manifestantes. El Vicepresidente,
José Vicente Rangel señaló, al inicio de la ola
de protesta, lo siguiente: “no caeremos en
provocaciones, tendremos el control de la
fuerza, de la represión, porque éste no es un
gobierno represivo como los de Punto Fijo” [37].
El Presidente Chávez felicitó a la GN por su
actuación en estos hechos, pese a que ya
entonces existían imágenes audiovisuales que
mostraban, con poco margen de duda, que la GN
había actuado de manera desproporcionada en
varios lugares.
Frente a esta posición, Provea se pronunció
condenando “la felicitación pública que, tanto
el
Presidente de la República (Gobierno en Línea,
01.03.04,
http://www.gobiernoenlinea.ve/), como el
Ministro de la Defensa (Últimas Noticias,
28.02.04, pág. 12), realizaron a la GN por su
actuación en el control de las manifestaciones
ocurridas desde el 27.02.04. Aunque no puede
hacerse una generalización, resulta evidente la
comisión de delitos por parte de diversos
funcionarios de este cuerpo de seguridad
estatal. La felicitación gubernamental, así como
la descalificación de toda denuncia de violación
a los derechos humanos, se convierte en un
mecanismo que estimula la impunidad de las
violaciones a los derechos humanos ocurridas
durante estos días y hacen al Alto Gobierno
corresponsable de los delitos cometidos.
Asimismo, alientan la comisión de nuevos excesos
por parte de este organismo de seguridad” [38].
Igualmente, Provea consideró como
“Particularmente lamentables […] las omisiones
de la Defensoría del Pueblo en estos días de
violencia. Esa institución tiene un mandato
constitucional de facilitar mediaciones sociales
y velar por el respeto a los derechos humanos,
sin discriminación de ningún tipo. Lejos de
honrar ese mandato, la Defensoría ha actuado
sólo en defensa de unos derechos (entre ellos el
de la seguridad ciudadana), efectivamente
vulnerados por unas autoridades (alcaldes y
gobernadores de oposición) y no en defensa de
todos los derechos vulnerados, de todas las
partes involucradas en el conflicto. Su ausencia
de mediación, así como la parcialidad de su
intervención, aleja a la Defensoría de su misión
constitucional” [39].
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CONTEXTO
DE LA SITUACIÓN
DE LOS DERECHOS HUMANOS
Notas |
1. Nos referimos a los escenarios y no al
número de víctimas de la violencia política, pues
como se verá más adelante, estas aumentaron. Al
hacer la comparación por escenarios tenemos en mente
el número de días en los que, de manera general,
ocurrieron más confrontaciones violentas, como el
paro de dos meses entre diciembre de 2002 y febrero
de 2003 o la semana conocida como “La Guarimba” en
febrero y marzo de 2004.
2. Ver recuadro sobre el tema en la página 24.
También en los capítulos “Derecho a la
manifestación” y “Respuestas organizativas de la
sociedad”, en este Informe.
3. El discurso del Presidente y su responsabilidad
en la radicalización de la polarización ha sido un
tema harto discutido en el país. Provea considera
que por su alta investidura tiene una
responsabilidad mayor de modelaje democrático y de
preservación y estímulo de la convivencia pacífica.
En tal sentido, compartimos el análisis de la
historiadora Margarita López Maya, quien señala que:
“El fenómeno de la polarización política […] no lo
produjo el discurso de Chávez, si bien éste lo
ahondó y exacerbó, ni lo resuelve un mero cambio de
discurso de Chávez, si bien esto ayudaría”
(Margarita López Maya. Exposición con motivo del
reconocimiento en la Asamblea Nacional de la
ratificación del Presidente. 27.08.04; Mimeo).
4. Ver comunicado de Provea “Mitos que obstaculizan
el diálogo y la profundización de los cambios
democráticos”. 27.02.04. [en línea] <http://www.derechos.org.ve>
5. Ver Contexto en el Informe 2002-2003, disponible
en el sitio Web de Provea:
<http://www.derechos.org.ve>.
6. Esto, que era palpable a través de estudios de
opinión y del propio trabajo de calle, quedó
confirmado por los resultados del referéndum
presidencial. La información disponible en el sitio
Web del Consejo Nacional Electoral <http://www.cne.gov.ve>
permite comparar los resultados de los municipios y
parroquias donde habitan los sectores populares y
donde habitan los sectores medios y altos de la
población.
7. Cabe recordar que el Artículo 5 de la Carta
Democrática Interamericana señala que “El
fortalecimiento de los partidos y de otras
organizaciones políticas es prioritario para la
democracia” (Asamblea General de la Organización de
Estado Americanos.11.09.01).
8. PAUL HUNT, MANFRED NOWAK Y SIDDIQ OSMANI, Los
derechos humanos y la reducción de la pobreza: Un
marco conceptual. Naciones Unidas. Nueva York y
Ginebra, 2004. [en línea http://www.unhchr.ch/>
9. El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha
señalado que “…los Estados tienen la suprema
obligación de evitar las guerras, los actos de
genocidio y demás actos de violencia […] A este
respecto, el Comité observa, en particular, que
existe una vinculación entre el artículo 6 [que
consagra el derecho a la vida en el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos] y el
artículo 20, que dispone que estará prohibida por la
ley toda propaganda en favor de la guerra (párr. 1),
así como toda actividad que constituya incitación a
la violencia”.COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS DE LA ONU
Observación General N° 6 “Del derecho a la
vida”.30.04.82. Consulta en línea: <http://www.unhchr.ch/>.
10. DANILO TÜRK: Realización de los Derechos
Económicos, Sociales y Culturales. Informe
definitivo, 03.07.92, párrafo 85 y siguientes.
11. Consejo Permanente de la OEA. Resolución 833. CP/RES.
833 (1348/02) [en línea] <www.oas.org>.
12. José Vicente Rangel, Américo Martín y otros.
Acuerdo entre la representación del Gobierno de la
República Bolivariana de Venezuela y los factores
políticos y sociales que lo apoyan y la Coordinadora
Democrática y las organizaciones políticas y de la
sociedad civil que la conforman. Caracas, 23.05.04
[en línea] <http://www.analitica.com/bitblioteca>
13. Insistiremos poco sobre los referenda de
diputados, porque tienen menor impacto en la
situación política.
14. “Las divisiones internas en el cuerpo eran muy
problemáticas, pero reflejaban las divisiones del
país. En un ambiente político sumamente cargado era
difícil, y quizás hasta imposible que los directores
del CNE se mantuvieran al margen de la división y de
la confrontación política. Los directores de CNE no
se comunicaban eficazmente uno con el otro”. CENTRO
CARTER: Resumen Ejecutivo del Informe Integral.
30.09.04; Mimeo.
15. Más del 95% de las decisiones del CNE han sido
por unanimidad […] En todo caso, el CNE es un órgano
colegiado que decide por mayoría, como cualquier
órgano colegiado Jorge Rodríguez, Rector Principal
del CNE. Programa de TV “Tribuna de Cambio”,
dirigido por Vladimir Villegas, Venezolana de
Televisión, 06.06.04.
16. Misión Conjunta en Venezuela de la OEA y el
Centro Carter. Recolección de firmas en Venezuela:
comunicado de la misión conjunta de la Organización
de los Estados Americanos (OEA) y el Centro Carter.
01.12.03. [en línea] <www.oas.org>
17. La Misión estuvo compuesta por más de 50
observadores internacionales, desplegados en 20 de
los 24 estados del país (Ídem).
18. Misión Conjunta en Venezuela de la OEA y el
Centro Carter, op. Cit.
19. Cable de la Agencia EFE, 30.11.03. [ en línea] <http://www.terra.com.mx>
20 Las firmas necesarias eran un número igual o
superior al 20% de los electores inscritos, según lo
señalado en el artículo 72 de la Constitución; es
decir, un poco más de 2 millones de firmas.
21. Ídem.
22. Julio Borges. El Universal, 07.03.04. [en línea]
<www.eud.com>
23. Misión Conjunta OEA y Centro Carter. Comunicado
de Prensa de la Mision de la Organización de los
Estados Americanos y el Centro Carter. 15.04.04.
Consulta en línea en el sitio Web de la Unidad para
la Promoción de la Democracia de la OEA: <www.upd.oas.org>
24. César Gaviria: op. cit.
25. Ídem.
26. Foro por la Vida. Comunicado Foro por la Vida se
pronuncia ante el proceso de recolección de firmas.
Caracas 19.11.03. [Consulta en línea] <www.derechos.org.ve>
27. PROVEA: Comunicado Provea felicita al pueblo
venezolano y exhorta a la oposición a respetar los
resultados dados por el CNE y avalados por los
observadores internacionales.17.08.04 [en línea] <www.derechos.org.ve>
28. Valter Pecly Moreira. Jefe de la Misión de
Observación Electoral de la OEA en Venezuela
presenta informe sobre resultados del referendo.
25.08.04. Consulta en línea: <www.oas.org>
29. Valter Pecly Moreira. Misión de Observacion de
la OEA reitera transparencia del referendo
revocatorio.24.09.04 [en línea] <http://www.venezuela-oas.org>
30. Consejo Nacional Electoral: Resultados obtenidos
para el dia: 03/09/2004, hora: 11:47:00 AM. [en
línea] <http://www.cne.gov.ve/resultados>
31. PROVEA, op.cit
32. César Gaviria, op. cit.
33. Ver Robert Alonso: La Guarimba (en cinco pasos
bien sencillos y simples) [en línea] <http://www.robertalonso.com.ve>.
También <http://www.bloquedemocratico.org> En una
propiedad de Robert Alonso, se descubrirían meses
más tarde un grupo de más de 100 hombres que
estarían recibiendo entrenamiento militar y entre
quienes se encontraban jefes paramilitares
colombianos.
34. Su objetivo declarado es “que las soluciones
modernas, aplicables a las crisis como la que vive
Venezuela, no son solamente de carácter electoral,
sino más bien de desobediencia civil generalizada,
que es definitivamente apoyada por las Fuerzas
Armadas, las cuales obligan al Dictador a someterse
a la voluntad de las mayorías” [en línea]: <http://www.bloquedemocratico.org>.
35. Ver capítulos “Derecho a la manifestación” y
“Respuestas organizativas de la sociedad”, en este
Informe.
36. Ver en este Informe “Derecho a la integridad
personal” y “Derecho a la libertad personal”.
37. José Vicente Rangel, Últimas Noticias, 29.02.04.
Pág.9.
38. PROVEA: “Servicio informativo Derechos Humanos y
Coyuntura Nº. 134”. Del 27 de febrero al 12 de marzo
de 2004 [en línea] <http://www.derechos.org.ve>.
39. Ídem.
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BALANCE DE LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS
Introducción |
El balance que se presenta a continuación es un
resumen del análisis de la situación de los
derechos humanos, que se realiza, con mayor
detalle, en cada uno de los capítulos que
componen esta edición, la XVI, del Informe Anual
de Provea. Como todos los años, aspiramos con
ello a promover debates y diálogos que apunten a
cualificar la acción estatal en materia de
derechos humanos.
En medio de la intensa polarización política,
Provea, junto al movimiento nacional de derechos
humanos articulado en el Foro por la Vida, viene
insistiendo en la necesidad de generar espacios
para algunos acuerdos básicos, que tengan como
piso mínimo o punto de partida las obligaciones
estatales en materia de derechos humanos. Con
esta XVI edición, queremos insistir una vez más,
pues estamos convencidos de que los modos
violentos de expresión del conflicto, que
afectan a todos los derechos analizados en este
Informe, pueden ser reducidos para darle paso a
una administración más democrática del
conflicto.
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BALANCE DE LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS
Derechos
Económicos, Sociales y Culturales: Derecho a la Alimentación |
La situación del derecho a la alimentación
no presenta mayores variaciones con respecto al
período anterior. En términos generales puede
destacarse que se mantiene una leve tendencia al
aumento en los índices de desnutrición,
especialmente en la población menor de 15 años, para
el año 2002, último año del que se disponen cifras
oficiales. En promedio, el déficit nutricional de
esta población se ubicó en 24,4%. Al analizar los
indicadores de desnutrición por región geográfica,
se evidencian diferencias sustanciales entre las
entidades federales. Los estados con presencia de un
porcentaje significativo de población indígena o con
los mayores índices de pobreza, tienen a su vez un
mayor índice de déficit nutricional. Según la
categoría Combinación de Indicadores, en los menores
de 2 años el mayor déficit nutricional se encuentra
en los estados Delta Amacuro (37,84%), Monagas
(35,45%), Amazonas (33,64%) y Apure (30,25%). Son
entidades que poseen más de 10 puntos porcentuales
por encima de la media nacional (23,6%) y donde
existe un importante porcentaje de población
indígena que, por su grado de exclusión, padece de
notables problemas nutricionales.
También se constató un aumento importante en uno de
los indicadores clásicos que miden la situación
nutricional de un país: el bajo peso al nacer. Las
cifras oficiales para este indicador corresponden al
año 2003 y muestran un retroceso significativo con
respecto a 2002, al registrarse un incremento de
1,5% en el número de bebés que nacen con menos de
2,5 kg de peso.
En el área de la seguridad alimentaria, uno de los
indicadores es la disponibilidad de alimentos, que
debería satisfacer el consumo diario referencial de
kilocalorías, establecido para la población
venezolana en 2.300 Kcal/persona/día. Según fuentes
oficiales, desde 1999 se registra una tendencia
creciente en este indicador, aunque admiten que el
comportamiento ha sido cíclico, debido a las
fluctuaciones que experimenta la importación de
alimentos. El indicador de suficiencia alimentaria
experimentó una mejoría, pasando Venezuela de la
categoría de insuficiencia crítica, en la cual se
encontraba para el año 1999, a suficiencia precaria
en el año 2001. Lo que se expresa en que 29% de la
población más pobre consume menos de 1.781 calorías
diarias, cuando el requerimiento es de 2.300.
Respecto a la autonomía en materia alimentaria,
informes oficiales señalan que Venezuela mantiene
una marcada dependencia externa y para el año 2002
la producción nacional aportó 60,4% de los
requerimientos calóricos, cuando el mínimo
referencial debe ubicarse, según la FAO, en 70%. Los
esfuerzos por desarrollar políticas destinadas a
garantizar la seguridad alimentaría tropiezan con
obstáculos derivados de la ausencia de consulta y
construcción de consensos mínimos entre todos los
actores involucrados en los procesos de producción y
comercialización de alimentos, más necesarios en
momentos en que parecen existir proyectos políticos
e intereses claramente diferenciados en materia
agrícola. La seguridad alimentaria en Venezuela, aun
con las medidas adoptadas, no logra alcanzar un
estado aceptable y sostenible, manteniéndose
vulnerable a factores de orden político y económico.
Como indicadores positivos en el lapso destacan la
leve recuperación del poder adquisitivo del salario
-lo que facilita mayor acceso a la canasta
alimentaria- y los programas estatales, cuyas cifras
oficiales expresan un aumento en la cobertura de
distribución de alimentos a precios más accesibles.
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BALANCE DE LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS
Derechos
Económicos, Sociales y Culturales:
Derecho a la Seguridad Social
|
En relación con el derecho a la seguridad
social, continúa la mora del Estado, por una
parte, en su obligación de legislar en materia
de los subsistemas de la seguridad social y, por
otra, en su obligación de implementar el nuevo
sistema contemplado en la Ley Orgánica aprobada
en diciembre de 2002. Ni la Asamblea Nacional (AN)
ni el Ejecutivo Nacional actuaron con la
celeridad necesaria para desarrollar
integralmente el nuevo sistema de seguridad
social que debe brindar, progresivamente,
protección y cobertura al conjunto de la
población. En la AN, las leyes que deben regular
los diversos regímenes prestacionales de la
seguridad social no tuvieron tratamiento
prioritario, y solo fueron aprobadas en primera
discusión las leyes del Régimen Prestacional de
Vivienda y Hábitat, del Régimen Prestacional de
Empleo y la del Régimen
Prestacional de Servicios Sociales al Adulto
Mayor y Otras Categorías de Personas, mientras
que las restantes no se sometieron al debate
parlamentario. Por su parte, el Ejecutivo
Nacional continúa en mora con la aprobación
oportuna del Plan que debe diseñar la nueva institucionalidad del sistema de seguridad
social. Por otro lado, el Tribunal Supremo de
Justicia (TSJ) incurrió en denegación de
justicia por mora procesal en el caso del
recurso de nulidad por inconstitucionalidad
introducido por Provea contra la omisión en la
que incurrió el órgano legislativo que derogó la
prestación de Paro forzoso establecido en la Ley
Orgánica del Sistema de Seguridad Social (LOSSS),
que afecta a los beneficiarios de esta
prestación en caso de la pérdida, voluntaria o
no, del empleo. Transcurridos once meses desde
que Provea introdujo un recurso de nulidad por
inconstitucional, y diez meses desde la admisión
de la acción judicial por inconstitucionalidad,
el TSJ todavía no decidió en una materia que
afecta a las personas que queden desempleadas.
Además de ello, la AN no rectificó, ni tampoco
propició en su seno un debate que permitiera la
presentación de un proyecto de reforma del
cuestionado artículo 138 de la mencionada Ley.
En relación con la obligación del Estado de
satisfacer y garantizar el derecho a la
seguridad social, el Instituto Venezolano de los
Seguros Sociales (IVSS) continuó pagando
regularmente las pensiones de vejez homologadas
al salario mínimo urbano, y logró incorporar una
mayor cantidad de pensionados que cumplen con
los requisitos y que esperaban ser incorporados
en la nómina de cobro de pensiones, con lo que
se comienza a saldar una deuda histórica de este
Instituto.
Para el mes de diciembre de 2003 existían
626.795 pensionados registrados, 16,3% más,
comparados con los 538.840 de diciembre de 2002.
Esto implica la incorporación de 87.955 nuevos
pensionados, 7.330 pensionados por mes, cifra
que, aunque se ubica por debajo de la meta
prevista (30.000 nuevos pensionados al mes),
supera con creces el promedio de 1.892
incorporaciones mensuales de 2002.
Adicionalmente, en el curso del año 2004, el
IVSS canceló la deuda acumulada desde 1992 hasta
marzo de 2001 por concepto de homologación y
retroactivo, beneficiando a aproximadamente
550.000 pensionados.
Para diciembre de 2003, el IVSS daba cobertura a
un total de 2.275.824 personas, lo que
representa apenas el 48% de las personas
ocupadas en el sector formal de la economía y
solo el 19% de la población económicamente
activa. Persiste la tendencia histórica de la
alta morosidad acumulada, tanto del sector
privado (33,4%) como del sector público (66,6%),
lo que sigue siendo un obstáculo estructural que
afecta la viabilidad y sostenibilidad del
sistema de seguridad social. El Fondo de
Asistencia Médica (FAM) ejecutó en el año 2003
un presupuesto con un déficit de Bs. 955
millardos, muy superior al déficit de 2002,
cuando alcanzó la suma de Bs. 496 millardos.
Este incremento del 92,5% agrava y confirma la
tendencia sostenida de la insuficiencia
presupuestaria del fondo de salud del IVSS.
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BALANCE DE LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS
Derechos
Económicos, Sociales y Culturales:
Derechos Laborales |
En cuanto a los derechos laborales, resulta
positivo destacar que para septiembre de 2004 el
desempleo se ubicó en 14,5% de la Población
Económicamente Activa (PEA), cifra 3,5 puntos
inferior al 18% registrado en septiembre de
2003. El desempleo afecta en mayor proporción a
las mujeres y a los jóvenes. En efecto, en
septiembre de 2004, el 16,9% de las mujeres con
edad y disposición de trabajar se encontraban
desempleadas, mientras que en los hombres, este
porcentaje disminuye, hasta alcanzar un 14,5%.
Para los jóvenes entre 15 y 24 años, el
desempleo alcanza un 27,9%. Para julio de 2004,
el 52,7% de la PEA se ubicó en el sector
informal de la economía, lo que representa un
aumento del 1,3% respecto de las cifras del
segundo semestre de 2002. En abril de 2004, el
Ejecutivo Nacional decretó un incremento de 30%
del salario mínimo, el cual se cancelaría
fraccionado en un 20% a partir del 01.05.04 y
otro 10% a partir del 01.08.04. Un aspecto
positivo del decreto de aumento del salario
mínimo fue la inclusión de las personas que
realizan trabajo doméstico, eliminando la
discriminación existente desde 1979, cuando
quedaba a la libre voluntad del patrono la
fijación de su remuneración. Asimismo, se
eliminó la discriminación entre trabajadores de
conserjería de edificios residenciales bajo el
régimen de propiedad horizontal y aquellos que
laboran en edificios comerciales. El Decreto
ordena el pago del salario mínimo de forma
íntegra, prohibiendo incluir en este el
arrendamiento de la vivienda.
El incremento salarial, aunque fue fraccionado y
sin carácter retroactivo, constituyó un esfuerzo
importante para recuperar el poder adquisitivo
del salario. En la fecha establecida para el
aumento del 20%, el 01.05.04, el incremento
salarial superó la inflación acumulada, teniendo
como efecto positivo que se recuperara el
terreno perdido frente a la inflación en el año
2003, cuando el incremento salarial fue 7,5
puntos menor a la inflación acumulada.
No obstante, continuó siendo insuficiente para
cubrir las canastas básica y alimentaria. En
relación con la primera, el valor de la canasta
básica oficial para el 30.04.04 era de Bs.
625.876, por lo que el déficit del salario
mínimo, en una familia donde solo uno de sus
miembros trabaja, a mayo de 2004, era de 52,7%,
mientras que si dos miembros lo hacen, sería del
5,3%. En cuanto a la canasta normativa
alimentaria oficial para el 30.04.04, que tenía
un valor de Bs. 312.938, el salario mínimo
vigente a mayo solo cubría el 94% de su valor.
Para diciembre de 2003, existían en Venezuela
5.901.012 hogares, de los cuales el 9 % no
percibía ningún tipo de ingreso; el 42,7% tenía
ingresos no mayores a Bs. 200.000, situación que
los colocaba en la línea de pobreza extrema; el
18 % eran hogares pobres, sus ingresos oscilaban
entre Bs. 200.001 y 350.000, es decir, solo
cubrían el costo de la canasta alimentaria
normativa oficial; el 13,5% tenía ingresos
mensuales entre Bs. 350.001 y 500.000. Solamente
el 7,2% de los hogares contaba con ingresos
suficientes como para cubrir la canasta básica
oficial y apenas el 15,4% restante los cubría
cómodamente. En promedio, la familia venezolana
está compuesta de 4,3 integrantes, donde solo
1,6 tiene un trabajo remunerado.
Durante el período se registraron presiones a
los trabajadores, tanto del Estado como del
ámbito privado, vinculadas con la coyuntura
política. La polarización social y política
siguió afectando el derecho a la libertad
sindical y a la negociación colectiva. La
representatividad de las dos principales
centrales de trabajadores que se disputan el
liderazgo (CTV y UNT), fueron motivo de pugnas
entre sindicatos y autoridades estatales,
incidiendo en la negociación de los contratos
colectivos y en la participación del sector de
los trabajadores ante instancias
internacionales.
En el ámbito legislativo, destaca la aprobación,
en primera discusión, del Proyecto de Ley del
Régimen Prestacional de Empleo, de la reforma de
la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y
Medio Ambiente de Trabajo, así como la mora de
la AN en la reforma de la Ley Orgánica del
Trabajo. Ello, a pesar de que la Sala
Constitucional del TSJ, en respuesta a un
recurso de inconstitucionalidad por omisión
contra la AN, interpuesto el 09.09.03 por la
Federación Nacional de Trabajadores de
Institutos Autónomos y Empresas del Estado,
ordenó a la AN reformar la LOT en un plazo
máximo de seis meses, a fin de dar cumplimiento
a la Disposición Transitoria Cuarta y al
artículo 92 del texto constitucional, referidos
al cálculo retroactivo de las prestaciones
sociales de los trabajadores de conformidad con
el último salario devengado.
Respecto al trabajo infantil, sigue sin
definirse una estrategia estatal para abordar
esta situación. Como aspecto positivo, la AN
sancionó, el 04.12.03, el convenio 182 de la
OIT, sobre la erradicación inmediata de las
peores formas de trabajo infantil.
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BALANCE DE LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS
Derechos
Económicos, Sociales y Culturales:
Derecho a la Salud
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La ampliación de la cobertura de los
servicios de atención primaria a través de la
Misión Barrio Adentro impactó positivamente el
derecho a la salud, particularmente de la
población que vive en áreas urbanas no
consolidadas de más difícil acceso. Hasta la
fecha, cuenta con 8.500 consultorios populares,
entre módulos de atención y casas comunitarias
tiene cobertura en todo el país (320 municipios
y 561 parroquias), salvo en el Edo. Táchira, y
cuenta con un cuerpo médico de 13.113
profesionales. Sin embargo, las debilidades en
la rectoría del Ministerio de Sanidad y
Desarrollo Social (MSDS), los déficit de gestión
por parte de los estados descentralizados y la
fragmentación institucional y financiera del
sistema de salud, obstaculizan la vigencia del
derecho a la salud. Aun cuando se valora
positivamente la orientación de las políticas de
salud establecidas en el Plan Operativo del MSDS,
por ser conceptualmente coherentes con el
derecho a la salud, el Ejecutivo nacional no
logró concretar soluciones a la crisis del
sistema público de salud. En relación con el
financiamiento, sigue sin superarse el 2% del
PIB. En el año 2004 fue de 1,3%, registrándose
incluso un decrecimiento de 0,5 puntos con
respecto a 2003, cuando fue de 1,8%.
En el
ámbito legislativo, continúa en mora la
aprobación de la Ley Orgánica de Salud, que
permitiría adecuar la ley a los preceptos
constitucionales y establecer normas que regulen
el nuevo sistema de salud integrado a la
seguridad social. Sobre el funcionamiento de la
red pública de asistencia a la salud, la falta
de medicamentos e insumos se agudizó durante el
año 2004, afectando directamente a los sectores
menos favorecidos y a los grupos más
vulnerables, entre ellos los enfermos crónicos,
niños, niñas y adolescentes y mujeres
embarazadas. El déficit presupuestario de la
mayoría de las instituciones de la red pública
de atención a la salud afectó, además, el
principio de gratuidad establecido en la CRBV.
Provea cuantificó 105 denuncias relacionadas con
el cobro directo o indirecto en los
establecimientos públicos. El número de
denuncias se incrementó en 42% en relación con
las 74 registradas en el lapso anterior.
También
se
registraron 527 denuncias sobre problemas de
funcionamiento en los centros públicos de salud,
la mayoría de las cuales se refieren a la falta
de insumos, problemas de infraestructura,
carencia de equipos médicos o equipos obsoletos,
y el cierre de algunos servicios de salud. En
relación con los conflictos laborales, el sector
salud registró un total de 68 protestas, 27 de
las cuales implicaron la suspensión de los
servicios de asistencia. La mayoría de estas
acciones se vincularon a demandas laborales y a
la dotación de insumos en los centros públicos
de atención.
En cuanto a la promoción y
prevención de la salud, hay avances y reveses.
El acceso a información estadística fiable y
actualizada presenta debilidades institucionales
crónicas, que dificultan el cumplimiento de los
fines y actividades
de la contraloría y el protagonismo popular.
Entre los avances está el incremento de la
inversión pública para garantizar una mayor
cobertura de inmunizaciones e incorporación de
nuevas vacunas al Programa Ampliado de
Inmunizaciones. Entre los reveses se evidenció
una tendencia al aumento de casos de malaria y
dengue con respecto a años anteriores.
La mortalidad materna tuvo una importante
reducción, al pasar de una tasa de 68 por cada
100.000 nacidos vivos, en el año 2002, a una de
57,6 en el año 2003. No ocurrió lo mismo con la
mortalidad infantil que, en 2003 (18,1), tuvo
una tasa prácticamente igual a la de 2002
(18,2). Se considera positiva la publicación de
la Norma Oficial para la Atención Integral en
Salud Sexual y Reproductiva, por parte de
Dirección de Salud Sexual y Reproductiva del
MSDS. Dicha norma establece las directrices
fundamentales de la Política Pública en la
materia, a fin de disminuir la prevalencia del
embarazo en adolescentes, las altas tasas de
mortalidad materna e infantil, la elevada
incidencia de morbi-mortalidad por cáncer
cérvico, mamario y próstata, el elevado índice
de niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso
sexual y el incremento de la violencia
intrafamiliar y de género.
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BALANCE DE LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS
Derechos
Económicos, Sociales y Culturales:
Derecho a la Educación |
El resultado más significativo del período en
cuanto al derecho a la educación radica en que
2.131.061 personas participaron o participan
actualmente en diversos espacios educativos a
través de programas sociales conocidos como
Misiones: Misión Robinson I y II, Misión Ribas y
Misión Sucre. Se espera que estos programas,
acordes con las obligaciones estatales, avancen
a una mayor institucionalización, minimizando la
lógica de operativo y favoreciendo los controles
democráticos, en aras de corregir errores e
impedir vicios de diverso tipo, incluida la
corrupción administrativa. Un ámbito de especial
atención remite a la formación docente de las
personas responsables de su desarrollo.
En el ámbito de la educación formal, a pesar de
que hubo crecimiento global de la matrícula, el
porcentaje de incremento interanual (1,3%) es
significativamente menor al observado a partir
del período 1999-2000. A esta señal negativa se
añade que el crecimiento se registró solo en
educación media y superior; decreciendo en
educación preescolar y en básica. Estos datos
constituyen una advertencia para las intenciones
formuladas por las autoridades educativas
venezolanas, de alcanzar ocho años antes la Meta
del Milenio de Naciones Unidas, de universalizar
la educación básica para el 2.015, lo que
requiere un ritmo sostenido y acelerado de
crecimiento, observado en los últimos tres
períodos y destacado en Informes anteriores. El
Proyecto de las Escuelas Bolivarianas y las
declaraciones oficiales sobre la meta de incluir
un mayor número de escuelas en el mismo se
evalúan como positivos, aunque es necesario
conocer la evaluación y viabilidad financiera de
esta meta de ampliación, que al 2006 espera
abarcar a todos los planteles de educación
básica dependientes de la administración
nacional. El porcentaje de meta cumplida para
este período respecto del planificado en el
anterior fue de 91%. Otra medida acorde con
políticas inclusivas en materia de educación es
el Proyecto Simoncito, creado para universalizar
la educación inicial (0 a 6 años), no obstante
su impacto cuantitativo es todavía reducido. Lo
mismo ocurre con los Centros Bolivarianos de
Informática y Telemática (CBIT). También se
cataloga positivamente el hecho de que la nueva
contratación colectiva entre las 9 federaciones
sindicales de la educación y las autoridades
respectivas, firmada el 05.05.04, se haya
logrado sin pérdida de días de clase por este
motivo.
La exclusión escolar, analizada en términos del
número de estudiantes que no prosiguen al grado
inmediatamente superior, observa una mejoría. El
año pasado señalamos que, de 100 estudiantes que
ingresaron a 1er grado en el período 1993-94,
solo 50 llegaron al 9°. Para este período, de
los 100 que ingresaron en el lapso 1994-95, 53
llegaron a 9°. Sin embargo, a lo largo de nueve
años de educación básica, casi la mitad de
quienes ingresan interrumpen sus estudios.
Asimismo, el porcentaje de repitientes (global y
para 1° y 7°grado) se mantuvo prácticamente
inalterado con respecto al año anterior. La
falta de cupos siguió siendo denunciada
públicamente. De acuerdo con cálculos de
investigaciones especializadas y propias, hay
déficit no solo en III etapa de básica y en
media, sino también, aunque en menor magnitud,
en 4° grado y en preescolar. Se mantuvo una
inequitativa distribución a lo largo del
territorio nacional y las poblaciones rurales e
indígenas son las más afectadas por falta de
aulas: 8 estados y las dependencias federales
registran porcentajes de exclusión escolar, en
las edades entre 7 y 12 años, mayores a la media
nacional (4,5%).
Desde el punto de vista del género, Venezuela
muestra índices de equidad en el ingreso escolar
hasta la media y diversificada. A partir de
allí, la exclusión comienza a ser
significativamente mayor para los varones y no
se conocen políticas para atender esta realidad.
En el período se conocieron situaciones de
discriminación por orientación política que
afectaron a niños, niñas y adolescentes de
diversa manera. Sigue siendo positiva la
política de ratificar la gratuidad de la
educación, pero las mismas autoridades reconocen
que se viola este principio en un 10% de
establecimientos oficiales. Es negativo que, a
pesar de anuncios oficiales, no se reactivara el
Sistema Nacional de Evaluación de los
Aprendizajes (SINEA), ni se desarrollaran
sistemas y programas para corregir deficiencias
en la calidad de la educación. Son preocupantes
asimismo las denuncias acerca de falta de
orientadores (hay menos de 1 por cada 1.000
estudiantes), la carencia de docentes de
matemáticas, física y química, y la suspensión
de los concursos desde 1999. En el período se
conocieron denuncias sobre distintos problemas
en la planta edilicia escolar que afectaron a
387 planteles y a 181.427 estudiantes. La
reforma curricular es un proceso que no termina
de concretarse y es imprescindible su
culminación para que los planes y programas de
estudio se adecuen a la CRBV. Mientras tanto,
continúa impartiéndose la asignatura Instrucción
Premilitar, cuestionada desde la perspectiva de
la educación en derechos humanos. El TSJ
continúa en mora ante un Recurso de Nulidad
interpuesto el 17.11.00 por tres organizaciones
de derechos humanos contra la obligatoriedad de
la misma, y la AN lo está respecto de la Ley
Orgánica de Educación aprobada en primera
discusión el 21.08.01.
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BALANCE DE LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS
Derechos
Económicos, Sociales y Culturales:
Derecho a la Vivienda |
Sobre el derecho a una vivienda adecuada,
la marcada brecha entre los requerimientos
habitacionales de la población -estimados en
135.000 viviendas anuales- y la menguada
respuesta del Estado en sus diferentes niveles
de actuación y en conjunto con otros sectores
sociales, se mantiene como la característica
principal de la situación en el sector de
vivienda y hábitat. La producción formal de
vivienda, pública y privada, para el lapso
1999-2002, se estimó en 63.500 viviendas
anuales, abarcando solo el 57% de la demanda
habitacional anual del país. De estas, en
promedio, solo 34.250 viviendas fueron
construidas anualmente con fondos públicos. El
desenvolvimiento del sector vivienda y hábitat
se caracterizó, según el Plan Nacional Anual de
Vivienda 2003, por un fuerte retraso en la
entrega de las asignaciones presupuestarias a
los entes de vivienda nacionales y regionales;
así como por una disminución sostenida, desde el
año 2001, en la producción y entrega de las
mismas. Todo ello ocurrió pese a que el gasto
público en vivienda se mantuvo constante, en
comparación con la inversión de vivienda de
gobiernos anteriores, y de que en 2003 se
registró un aumento de la partida para vivienda.
Este escenario prevaleció durante el 2003, lapso
que registra el reporte más bajo de ejecución de
los últimos cinco años, con un estimado de
11.000 viviendas concluidas y un aproximado de
42.000 en ejecución.
A contracorriente del déficit en el sector
vivienda y hábitat, los indicadores positivos se
relacionan con la cobertura lograda en el acceso
al servicio de agua potable de la población y en
el proceso de regularización de tierras urbanas
en asentamientos populares, que se adelanta
desde 1999, logros que tienen como principales
protagonistas a las comunidades populares que
hacen parte de las diferentes expresiones
organizativas como las Mesas Técnicas de Agua (MTA)
y los Comités de Tierra Urbanos (CTU), entre
otras. Al 2004, Venezuela cumplió con la Meta
del Milenio de Naciones Unidas para el año 2015,
suscrita por los Estados Partes, relativa a la
reducción a la mitad de la proporción de
personas sin acceso a agua potable. Datos
oficiales indican que 93% de la población urbana
y 87% de la rural se benefician del agua
potable. En materia de regularización urbana,
hasta septiembre de 2004 se encontraban activos
3.609 CTU y otros 2.045 en fase de registro; en
un 33% de los municipios del país habían sido
entregados 70.762 títulos de propiedad
protocolizados (individuales y colectivos).
A la par de estos avances, en materia del
derecho a la vivienda se mantienen los efectos
de un marcado déficit habitacional, estimado en
1.414.819 viviendas que requieren mejoramiento
(infraestructura, servicios o ambas) y nuevas
viviendas (981.9830); ante lo cual, para los
sectores excluidos -excluidos incluso de los
programas habitacionales destinados a los
sectores vulnerables-, las ocupaciones son una
vía para hacerse de un lugar de resguardo en
zonas que constituyen riesgos y no cuentan con
acceso a los servicios básicos. Al cierre de
2004, desde el Ejecutivo se adoptaron decisiones
que, en principio y en cuanto a enfoque,
introducen un giro en lo que hasta ahora ha sido
la política pública en materia de vivienda y que
podrían ayudar a lograr mayor coordinación en el
sector. Así, el Presidente de la República
anunció el comienzo de la Misión Vivienda y del
Ministerio de Hábitat y Vivienda. En el ámbito
legislativo, el Proyecto de Ley Orgánica del
Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat,
derivada de la Ley Orgánica del Sistema de
Seguridad Social (LOSSS), pasó al segundo
período legislativo, co
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