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Una lectura de la realidad venezolana
desde los
derechos humanos |
Boletín
electrónico Nº 150
Del 24 de enero al 03 de febrero de 2005 |
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1988/2004: Provea, 16 años por los derechos sociales y contra la impunidad
EFEMÉRIDES DE DERECHOS HUMANOS DE FEBRERO
INVITACIONES A EVENTOS
*
Concurso de fotografía "Democracia,
derechos políticos y participación ciudadana"
DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
*
Celebrada V
edición del Foro Social Mundial
*
Resolución del CNE vulnera
libertad sindical
*
La
lucha contra el latifundio debe realizarse con pleno
respeto a la Constitución y a las leyes vigentes
*
¿Paramilitarismo traerá más seguridad al campo?
*
Indigenistas y ambientalistas ejecutan acciones
contra intensificación de explotación minera en
Zulia
* Vecinos de Nueva Tacagua
esperan por
Corte Primera de lo Contencioso Administrativo
* Plan de
Salud Yanomami intermitente
*
Derechos a la salud, alimentación y
educación: aumenta
aprobación y cobertura de las
misiones
*
Indicadores del derecho a la alimentación y a un
salario justo
*
Violan
derechos laborales
y
a la defensa de policías de Anzoátegui
*
Tribunal Supremo de Justicia dicta sentencia
favorable a personas pensionadas y jubiladas de
CANTV
DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
*
Torturan a
defensor de derechos humanos
*
Más civiles juzgados en tribunales militares
*
Foro por la
Vida llama a respetar el derecho a la participación en
directorio de responsabilidad social
*
Organizaciones
de derechos humanos se pronuncian ante crisis carcelaria
*
Indicadores del derecho de
las personas detenidas y encarceladas
* Asamblea Nacional actúa
ante denuncias de acción de grupos parapoliciales
* Situación de otras denuncias contra la acción de
grupos parapoliciales
ARTÍCULOS
*
Son Derechos:
“Derecho
a la tierra y latifundio”
* María
Gabriela Cuevas:
"El
financiamiento externo a las organizaciones de la sociedad
venezolana ¿Es delito?"
*
Hildegard Rondón de Sansó:
“Simbiosis entre jurisprudencia y
legislación"
* Rigoberto Lanz:
“¿Qué es eso de 'cultura'?"
* Ignacio
Avalos Gutiérrez: "Cuando lo obvio ya no es tan obvio"
* Elio Gómez Grillo:
“La cárcel nuestra de cada día"
NOVEDADES DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN TODOS LOS DERECHOS PARA TODOS
*
"Declaración
Universal de los Derechos Humanos"
* "Memorias
del V Seminario de Formación en DESC: ante el libre comercio
otra integración es posible"
* "Protección
estatal de los derechos de la niñez"
* "Los
derechos Humanos en la historia y la cultura de América
Latina"
DOCUMENTOS
*
"Llamamiento
de los movimientos sociales a la movilización contra la
guerra, el neoliberalismo, la explotación y exclusión por
otro mundo posible"
* Radio Alternativa de Caracas 94.9 FM: "radio silenciada"
Agradecemos mencionar la fuente cuando el contenido sea citado o difundido
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EFEMÉRIDES DE
DERECHOS HUMANOS DE FEBRERO |
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INVITACIÓN A
ACTIVIDADES
Concurso de fotografía "Democracia,
derechos políticos y participación ciudadana" |
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DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Celebrada V
edición del Foro Social Mundial |
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Entre
el 26 al 31.01.05, se efectuó
en Porto
Alegre, Brasil, la
V edición del Foro Social Mundial (FSM), que contó con la
participación de 155.000 personas, entre ellos, 35.000
integrantes, 6.880 comunicadores y 2.800 voluntarios y
voluntarias de 135 países. Para esta edición casi 6.000
organizaciones, redes y movimientos sociales de 122 países
participaron en la programación de 2.500 actividades, un
número que superó las desarrolladas en ediciones pasadas
(Foro Social Mundial, 31.01.05,
http://www.forumsocialmundial.org.br/dinamic.php?pagina=caminhada_esp).
Este evento nació con el fin de contraponerse a la
realización del Foro Económico Mundial, realizado anualmente
en Davos, Suiza por el Grupo de los 7 países más
industrializados del planeta y por los organismos económicos
multilaterales.
El FSM surgió en Porto Alegre, sede de su 1ra. edición en el
año 2001, como un espacio para el debate democrático de
ideas, profundización de la reflexión, formulación de
propuestas, intercambio de experiencias. Desde sus inicios
articula las propuestas de diversas organizaciones de la
sociedad civil opuestas al neoliberalismo y al dominio del
mundo por el capital y el imperialismo. Su carácter es no
confesional, no gubernamental y no partidario. Tampoco es
una entidad ni una organización. No pretende ser una
instancia representativa de la sociedad civil mundial, por
lo tanto no toma decisiones. Busca la construcción de una
sociedad basada en el ser humano como su centro.
Entre las propuestas temáticas del FSM están la construcción
de una globalización solidaria, de respecto a los derechos
humanos, entre las naciones y hacia el medio ambiente,
apoyada en sistemas e instituciones internacionales
democráticas al servicio de la justicia social, de la
igualdad y de la soberanía de los pueblos.
Actualmente el FSM contribuye al fortalecimiento de una
coalición internacional de diversos movimientos y
organizaciones sociales, dentro del principio del respeto a
las diferencias, la autonomía de ideas y formas de lucha.
Para ello, facilita la articulación descentralizada y en red
para emprender acciones concretas, en el ámbito local e
internacional.
Además del encuentro anual del FSM, se organizan Foros
Sociales Temáticos, cuya finalidad es la de profundizar en
temas específicos considerados prioritarios; y Regionales,
con el objetivo de acercarse a las realidades sociales
macro-regionales (Foro Social Mundial, Ídem.).
Las actividades de este año se organizaron en torno a
11 ejes: Resistencia a la Globalización Cultural; Oposición
a las Guerras; Defensa del Agua como bien No Privatizable;
Pensamiento Autónomo y Diversidades; Comunicación; Bienes
Comunes de la Tierra y los Pueblos; Orden Democrático y
Luchas Sociales; Economías Soberanas; Paz y
Desmilitarización; Ética, Cosmovisiones y Espiritualidad; El
Arte y la Creación, entre otros. El temario que recogió más
inscritos fue Derechos Humanos y Dignidad (Aporrea,
27.01.05,
http://www.aporrea.org/dameverbo.php?docid=55439).
Finalmente, conviene destacar que el Consejo Hemisférico
Américas del FSM resolvió
realizar el
II Foro Social Américas 2006 en Venezuela, de acuerdo con el
formato descentralizado adoptado para la próxima edición del
evento mundial (Lista de correo-e Pasalavoz, 31.01.05,
pasalavoz@movimientos.org).
El Comité Preparatorio del II Foro Social de América (FSA),
a cargo de la materialización de este evento, entre el 24 y el 26.01.06, quedó conformado por Jacobo Torres, de la
Fuerza Bolivariana de Trabajadores (FBT); Santiago Arconada,
dirigente de las Mesas Técnicas de Agua; y el Profesor de la
Universidad Central de Venezuela, Edgardo Lander (Servicio de Prensa Electrónica de Gobierno en Línea,
26.01.05,
gprensa@gobierno.ve).
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DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Resolución del CNE vulnera
libertad sindical |
Ante la Resolución del Consejo Nacional Electoral (CNE) que
invalidó los comicios sindicales que realizó la
Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) el
25.10.01, Provea se dirigió el pasado 18.01.05 a la sociedad
venezolana en los siguientes términos:
1. Condenamos la resolución aludida, por considerar que la
misma forma parte de una violación continuada por parte del
CNE del derecho de libertad sindical, reconocido en el
artículo 95 de la Constitución, así como en el derecho
internacional de los derechos humanos, particularmente el
Convenio Nº 87 de la Organización Internacional del Trabajo
(OIT). Este derecho comporta la libertad de los trabajadores
de elegir a sus representantes de acuerdo a sus propios
estatutos sindicales, sin que en modo alguno esa facultad
pueda recaer en un organismo ajeno al propio sindicato.
2. Pese a que el artículo 293 de la Constitución faculta al
CNE para la organización de las elecciones sindicales; en
virtud del artículo 23 de la Constitución se deben aplicar
preferentemente las disposiciones del Convenio Nº 87 de la
OIT, el cual tiene jerarquía constitucional y prevalece en
el orden interno, por contener normas más favorables al goce
y ejercicio de los derechos humanos que las establecidas en
la normativa nacional. De acuerdo con dicho Convenio, las
autoridades públicas deben abstenerse de participar en la
administración y las actividades de los sindicatos, así como
de intervenir en la elección de los representantes de tales
organizaciones.
3. Por tal razón, tal como lo venimos señalando desde 1999,
reiteramos que el CNE carece de competencia para organizar
elecciones sindicales, por cuanto ello constituye una
injerencia indebida en el derecho de los trabajadores a
organizarse sindicalmente.
4. Instamos al Gobierno a que dé cumplimiento a las
Recomendaciones dadas por el Comité de Libertad Sindical, y
la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y
Recomendaciones de la OIT, quienes reiteradamente señalaron
la necesidad de suprimir las funciones del CNE en lo que
respecta a las elecciones sindicales, a través de la
derogatoria del # 6, artículo 293 de la Constitución, así
como del artículo 33 de la Ley Orgánica del Poder Electoral,
que otorga competencia al CNE para organizar las elecciones
de los sindicatos, proclamar a los candidatos electos,
conocer y declarar la nulidad de la elección, así como
conocer recursos y resolver las quejas y reclamos. En este
sentido, cabe subrayar que sólo el Poder Judicial está
facultado para resolver las controversias sobre la
legitimidad de la representación de las organizaciones
sindicales, por lo que lo instamos a decidir con celeridad,
y en apego al derecho a la libertad sindical, en todas las
demandas interpuestas.
5. Exhortamos a las organizaciones sindicales del país,
independientemente de sus inclinaciones de naturaleza
política o sindical a reivindicar la autonomía de las
organizaciones sindicales, a adelantar procesos de
democratización y participación interna y a no interponer
los intereses políticos coyunturales en desmedro de
principios y conquistas históricas del movimiento sindical
(Provea, 18.01.05,
http://derechos.org.ve/actualidad/comunicados/comu_prensa_2005/cp_180204.pdf)
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DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
La
lucha contra el latifundio debe realizarse con pleno
respeto a la Constitución y a las leyes vigentes |
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Ante el debate generado en el país por la aplicación de
medidas estatales enmarcadas dentro de un proceso de reforma
agraria, Provea se manifestó el pasado 25.01.05 en los
siguientes términos:
1.-Evaluamos de manera positiva la voluntad política
expresada por el gobierno nacional y los gobernadores de
estado, tanto de la alianza gubernamental como de la
oposición, de adoptar medidas orientadas a combatir el
latifundio y democratizar la propiedad de la tierra, pues
ello es consistente con los derechos a la tierra y la
seguridad agroalimentaria. Considerando los antecedentes de
extrema polarización política vivida en los últimos años,
saludamos la coincidencia entre el gobierno y sectores de la
oposición en cuanto al diseño y ejecución de una política
pública de dimensiones nacionales, entre otros aspectos.
2.- Recordamos que es una vieja aspiración de los sectores
pobres del campo, ser beneficiarios del otorgamiento de
tierras para ser trabajadas, teniendo de esta forma mayores
posibilidades de mejorar sus condiciones de vida. La
democratización de la tenencia de la tierra puede ser un
paso importante para avanzar hacia una modificación de la
estructura económica y social agraria del país.
3.- Sin embargo, esta adjudicación no basta. Como la
experiencia lo ha demostrado, el mejoramiento de las
condiciones de vida de la población campesina dependerá
también de que se garantice a los beneficiarios de la
adjudicación, asesoría técnica y crédito para que la tierra
recibida pueda ser convertida en unidades productivas; así
como la satisfacción de otros de sus derechos: salud,
educación, seguridad ciudadana, entre otros.
4.- Ratificamos que el proceso de lucha contra el latifundio
debe darse en el marco del estado de derecho. En tal
sentido, rechazamos la posibilidad de que entes distintos a
los establecidos en la Ley de Tierra y Desarrollo Agrario (LTDA),
adelanten procesos de afectación o futuros procesos de
expropiación de tierra agraria. Los gobernadores pueden
promover y facilitar los procesos que le corresponden al
Instituto Nacional de Tierras, (INTI), pueden prestar apoyo
técnico y facilitar la organización de los productores y
campesinos, pero no pueden afectar tierras, ni entregar
cartas agrarias, ni realizar expropiaciones, funciones que
le corresponden única y exclusivamente al INTI.
5.- El Estado en sus distintas instancias y componentes,
debe garantizar a todo propietarios sus derechos a la
propiedad, a procesos judiciales y administrativos justos y
transparentes y al pago oportuno y justo de indemnización,
en caso de ser afectados por medidas de expropiación. De la
misma manera, en el caso de tierras ociosas, deben
garantizar a los propietarios la expedición de los
certificados de finca mejorable, tal como lo establece el
artículo 52 de la LTDA.
6.- El gobierno nacional no debe otorgar cartas agrarias
sobre tierras de propiedad privada si previamente no se
realizan los procedimientos de expropiación de las mismas,
de conformidad con la Constitución y la ley. Si por causa de
utilidad pública o interés social, el Ejecutivo Nacional
considera que una determinada extensión de tierra debe ser
expropiada, lo exhortamos a cumplir con el artículo 115 de
la Constitución que establece que “la expropiación de las
tierras agrarias sólo podrá realizarse mediante sentencia
definitivamente firme, compensando al afectado con un pago
oportuno de justa indemnización".
7.- Consideramos necesario que tanto el Ejecutivo Nacional,
como los gobernadores, promuevan instancias que faciliten la
participación de los diversos sectores interesados en
intervenir en el proceso de reforma agraria o de aquellos
que se pudieran ver afectados. Estas instancias deben
garantizar la participación de las organizaciones
campesinas, de las organizaciones de grandes y medianos
productores, de las universidades con carreras en el área
agraria y sin discriminación de algún tipo, en particular,
por razones de orientación política. Mientras mayor sea el
consenso construido para el diseño y ejecución de las
políticas para el campo venezolano, mayores serán las
posibilidades de disminuir los niveles de violencia política
y social y de éxito en la transformación de la estructura
agraria del país.
8.- Solicitamos al Ministerio Público, mayor celeridad en
las investigaciones relacionadas con los numerosos
asesinatos cometidos contra luchadores sociales en el campo.
El castigo a los culpables de dichas muertes, es
imprescindible para generar precedentes de justicia que
desestimulen a quienes consideran que la violencia es un
instrumento para disminuir cualquier tipo de conflicto o
diferencia. (Provea, 25.01.05,
http://derechos.org.ve/actualidad/comunicados/comu_prensa_2005/cp_250105.pdf)
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DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
¿Paramilitarismo traerá más seguridad al campo? |
Eliézer Otaiza, presidente del Instituto Nacional de Tierras
(INTI), informó el pasado 17.01.05, que solicitó al
Ministerio de la Defensa (MD) permisos para el porte de
escopeta para los reservistas que trabajarán en las unidades
de producción ubicadas en zonas fronterizas, como “parte de
esquemas agroproductivos, en donde estos reservistas van a
trabajar en ganadería y siembra, al tiempo que ofrecerán
seguridad a los lugareños de zonas fronterizas” (El
Universal, 18.01.05, pág. 1/12).
Otaiza había anunciado el pasado 03.01.05, que solicitaría
la contribución de los reservistas de la Fuerza Armada
Nacional (FAN) en la custodia de las tierras y en las
fronteras, donde los campesinos son víctimas de "insurgentes
y paramilitares" (El Universal, Ídem.).
El funcionario explicó que esta medida se enmarca en el
programa que contempla la instalación de unidades militares,
dedicadas a la producción agrícola en puntos estratégicos de
la zona fronteriza, como los Edos. Táchira, Mérida y
Barinas. Acotó
Otaiza que dicho programa busca proteger a los trabajadores
del campo, así como evitar que ocurra cualquier tipo de
atropello o incidente mayor con estos campesinos, en ocasión
del decreto contra el latifundio.
Recordó que la petición al MD no representa una novedad,
pues fue implantado en el país por el propio presidente
Chávez hace tiempo. Añadió que, con el fin de retomar esta
medida, se encuentra “en la búsqueda de personal […] pues no
serían todos los de la tropa los que porten escopeta. Eso
dependerá de la zona en la que se encuentren” (El Universal,
Ídem.).
Marisol Plaza, Procuradora General de la República, comentó
que “no debe haber alarma de la población, sino que debe
comprenderse como una medida de protección”
(El Carabobeño, 19.01.05, pág. A/9). Detalló Plaza que la
medida busca impedir que se repitan la escalada de la
violencia que devino en la muerte de decenas de dirigentes
campesinos, ocurridas en los últimos 4 años mientras
defendían el proceso de democratización de la tenencia de la
tierra.
En el mismo sentido de Otaiza y Plaza se pronunció Elías
Jaua, titular del Ministerio de Economía Popular (MEP),
quien anunció que se tiene contemplado que 147.000 personas
adiestradas en la Misión Vuelvan Caras, que formarán
cooperativas agrícolas e industriales en nuevas zonas de
desarrollo endógeno, “recibirán capacitación y
adiestramiento militar para que puedan defender sus tierras”
(El Nacional, 25.01.05, pág. A/18).
A juicio de Jaua la formación militar es parte de la política
de desarrollo endógeno: “estas personas no sólo
cumplirán una labor social de desarrollar el campo, sino que
también ejercerán la defensa de la soberanía nacional al
ocupar áreas que han estado abandonadas y a la orden de
grupos armados fomentados por terratenientes y paramilitares
[…] no sólo corresponde a los militares la defensa militar
de la nación, sino al país […] el modelo de desarrollo
endógeno busca la ocupación de todo el territorio. Y la
garantía de la defensa de la soberanía nacional, de modo que
esto no tiene porque ser motivo de alarma. Nuestra
Constitución lo establece y la ley orgánica de las Fuerzas
Armadas estipula el ejercicio de la reserva como un derecho
y deber de todos los venezolanos y eso es lo que ha venido
aplicando este gobierno” (El Nacional, Ídem.).
Además, Jaua confirmó que todas las personas participantes
de la Misión Vuelvan Caracas, denominadas por el Ejecutivo
con el nombre de “lanceros” recibirán en un futuro
capacitación militar “como orden cerrado, maniobras
militares uso de armamentos y otras actividades propias en
cualquier entrenamiento militar de una reserva en este y
otros países” (El Nacional, Ídem.).
En relación con este plan llevado a cabo por el Ejecutivo,
Provea advierte sobre la potencial situación de peligro que
representa la creación de estas unidades paramilitares. Este
tipo de planes en vez trabajar en la disminución de la
violencia en el campo y garantizar la seguridad, pudiera
incrementarla.
El otorgar porte de armas y armas a civiles para que asuman
la seguridad ciudadana, puede conllevar a abusos por uso
indiscriminado de las armas. De la misma manera puede dar
pie a la actuación de grupos que, al margen del control
estatal, asuman el ejercicio de la justicia por su cuenta y
a situaciones de violencia parecidas a las ocurridas con las
denominadas “Rondas Campesinas” Fujimori, en
Perú o a situaciones semejantes al paramilitarismo en El
Salvador, Honduras y Colombia.
La seguridad ciudadana es responsabilidad del Estado que, si
bien puede incorporar a civiles para que cooperen, esto no
debería implica la distribución de armas para descargar en
ellos la responsabilidad fundamental de preservar la
seguridad.
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DERECHOS
ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Indigenistas y ambientalistas ejecutan acciones
contra intensificación de explotación minera en
Zulia |
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Los
movimientos indigenistas y ambientalistas del Edo. Zulia
están preparando una marcha hasta el Palacio de Miraflores,
sede del Ejecutivo en Caracas, para manifestar su desacuerdo
con la autorización de nuevas concesiones para la
explotación de carbón en un sector de la Sierra de Perijá,
que es reserva ecológica y territorio donde habitan
integrantes de las comunidades barí y yukpa.
Lusbi Portillo, profesor de La Universidad del Zulia (LUZ) y
coordinador de la organización “Homo et Natura”, denunció
que las nuevas concesiones fueron otorgadas a 2 compañías que
operan desde hace tiempo en la Sierra con procedimientos que
han contaminado a los ríos Guasare y Socuy, obligando a los
habitantes de los municipios Páez y Mara de dicha entidad
federal a ingerir agua con residuos de este mineral e
inhalar polvillo del carbón.
Portillo advirtió que los efectos de la intensificación de
estas prácticas extractoras de carbón “dejarían sin agua a
Maracaibo [capital del Zulia], Miranda, La Concepción, La
Paz y El Moján, por cuanto las 2 represas que surten a
estos municipios –Tulé y Manuelote- serían contaminadas.
‘Eso es demasiada explotación para unos suelos tan frágiles
en el piedemonte de la Sierra de Perijá, que son montaña […]
Además, el impacto que han generado las Minas Norte y Paso
Diablo en la zona de La Guajira ha mermado el agua” (El
Mundo, 01.02.05, pág. 6).
Además de identificar el impacto presente y futuro de la
extracción carbonífera, Portillo calificó esta apertura de
nuevas concesiones mineras como contradictoria con respecto
al discurso ambientalmente sostenible e indigenista que el
Ejecutivo Nacional siempre ha sostenido, así como también
con la tendencia mundial al cierre de industrias mineras y
termoeléctricas para poder cumplir con el Protocolo de Kyoto
de la Convención Marco de la Organización de las Naciones
Unidas (ONU) sobre el Cambio Climático, del cual Venezuela
es signatario (ver edición N° 147 de este boletín
electrónico en
http://www.derechos.org.ve/actualidad/coyuntura/2004/coyuntura_147.htm#05).
Vale recordar que este tratado internacional, establecido en
1997 como complemento de la Convención Marco sobre el Cambio
Climático de 1992, busca disminuir la emisión de gases con
efecto invernadero entre el periodo 2008-2012.
Ángela González, activista wayuu e integrante de la radio
comunitaria Nikiza Cachirí, comentó que “por las empresas
carboníferas nos van a hacer salir de nuestras tierras que
son productivas. Nosotros tenemos ganadería y agricultura.
No es posible que nos expropien, ni siquiera han dicho a
dónde nos reubicarían pero no nos sacarán porque el problema
es la contaminación del agua, del ambiente” (El Mundo,
Ídem.).
Los activistas señalaron que previamente a la convocatoria a esta
marcha, han enviado comunicaciones al Ejecutivo y
establecido algunos contactos con el Ministerio del Ambiente
y los Recursos Naturales (MARN), sin obtener mayor atención.
Observó Portillo que con esta marcha esperan que el
Presidente Chávez “escuche la otra versión, porque la que él
tiene es la economicista, no tiene la visión ecológica, de
bioregión, de centro de agua, de biodiversidad. Ellos
justifican la explotación alegando que aquí hay una baja
densidad demográfica pero resulta que es una importante
reserva ecológica” (El Mundo, Ídem.) Al Ejecutivo entregarán
un documento, en el que solicitarán “la derogación de
concesiones de carbón en La Guajira y en Perijá, en las
tierras de los Barí, los Wayuu, por un bien público, un bien
social” (El Mundo, Ídem.).
Para implementar esta y otras estrategias de presión
pública, los movimientos involucrados en esta lucha formaron
un Comité de Agua por la Vida como contrapeso a la
explotación carbonífera liderada por la empresa estatal
Corpozulia-Carbozulia, que produce 10.000.000 de toneladas
anuales, pero aspira a triplicarse en 3 años (Tierramérica,
01.02.05,
http://www.tierramerica.net/2005/0129/ecobreves.shtml)
Dicho Comité también participó en la V edición del Foro
Social Mundial (FSM), donde planteó las amenazas de la
explotación carbonífera a las étnias aborigenes Yucpa, Barí
y Wayúu y a las fuentes de agua que surten las poblaciones
del norte del Zulia (Lista Electrónica Ambientalista,
30.01.05,
lea@eListas.net). A este foro asistieron Elpidio
González y Portillo.
Conviene recordar que, a favor de éste último, Provea
efectuó un llamado urgente el pasado mes de diciembre de
2004, a la comunidad nacional e internacional con el objeto
de denunciar las amenazas de las que viene siendo victima
por parte del General de Brigada Carlos Martínez, presidente
de Corpozulia-Carbozulia, y también por el ingeniero Juan
Rojas, funcionario del Ministerio de Energía y Minas del
Gobierno de Venezuela.
Los detalles sobre esta denuncia, pueden consultarse en el
sitio web de Provea:http://derechos.org.ve/actualidad/au161204.htm.
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DERECHOS
ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Vecinos de Nueva Tacagua esperan por
Corte Primera de lo Contencioso Administrativo |
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La Corte
Primera de lo Contencioso Administrativo viene incumpliendo
lo establecido en los artículos 26 y 27 de la Constitución.
Numerosas acciones de amparo reposan en la Corte esperando
pronunciamiento de admisibilidad y que se establezca el día
en el cual se realizará la audiencia constitucional.
Un conjunto de habitantes de la urbanización Nueva Tacagua
esperan desde el 29.09.04 que la Corte se pronuncie sobre la
admisibilidad de una acción de amparo que fue interpuesta
contra el presidente del Instituto Nacional de la Vivienda (INAVI).
Pese a que la Constitución garantiza el derecho a una
justicia expedita y establece que los tribunales deben
tramitarlo con preferencia a otro asunto. Un total de 120
días no ha sido tiempo suficiente para que los magistrados
analicen si el amparo cumple con los requisitos de forma que
establece la Ley de Amparo.
En conversaciones sostenidas por
abogados de Provea con abogados que acuden a la Corte, estos
expresaron su disgusto por el excesivo retardo procesal
existente. A diferencia de la Corte Segunda, desde que
reinició sus actividades, la Corte Primera no ha realizado
ninguna audiencia constitucional.
El retardo que acusa la Corte tiene aún menos justificación
si tomamos en cuenta que dicho órgano judicial estuvo
cerrado durante más de 10 meses y se produjo una
considerable paralización de las diversas causas que en él
se tramitaban (Provea, 02.02.05).
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DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Plan de
Salud Yanomami intermitente |
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Según
informó a Provea la Oficina de Derechos Humanos del
Vicariato Apostólico de Puerto Ayacucho, el pasado 07.01.05
se reactivó el Consejo Regional de Salud del Edo. Amazonas,
después de permanecer aproximadamente 8 meses inactivo. En
esta reunión se presentaron 9 proyectos de ejecución del
Plan de Salud Yanomami. Además, la Coordinación de Pueblos
Indígenas del MSDS nombró a José Antonio Kelly como
coordinador de Salud del Plan Yanomami, e igualmente, se
programaron las próximas reuniones para establecer la
metodología y aplicabilidad del mismo.
Esta reunión brindó esperanzas para la solución de la
continua denuncia por la falta de asistencia médica a las
poblaciones de difícil acceso de la región, la cual
permanece en situación de emergencia desde julio del año
pasado. Desde esa fecha la situación en la zona se tornó más
precaria porque las autoridades públicas no reemplazaron los
médicos que asistían a los sectores de Mavaca, Platanal,
Parima, permanecieron sólo los médicos cubanos adscritos a
la Misión Selva Adentro en La Esmeralda, sin posibilidades
de movilizarse ni de cubrir las necesidades que se
presentaban.
Entre las medidas que surgieron en la reunión de enero para
saldar esta situación de emergencia, el Ministerio de Salud
y Desarrollo Social (MSDS) adelantó el envío de 3 médicos y
medicinas a las bases de Mavaca, Mavaquita y Platanal, en el
interior de la entidad federal.
Este equipo se encuentra realizando una gira en los
distintos asentamientos Yanomami de la zona fronteriza con
Brasil a objeto de compartir experiencias y conocer la
situación de las comunidades yanomamis que habitan este
territorio.
Vale destacar que en el pasado mes de diciembre y a inicios
de enero, la Oficina de Derechos Humanos de la Vicaría de
Puerto Ayacucho obtuvo un registro de defunciones infantiles
en el Alto Orinoco, el cual da cuenta de 8 defunciones en
las comunidades más cercanas a las misiones religiosas, sin
tener noticias de las comunidades mas alejadas.
Nelson Briceño, sacerdote de las Misiones Salesianas del
Alto Orinoco denunció que estas muertes ocurrieron a pesar
de la vigencia del estado de emergencia en todo el Edo.
Amazonas: “todos los meses de Diciembre y Enero se repite
la misma historia, por las fiestas de Navidad y de Fin de
año, se baja la guardia en la salud, los médicos brillan por
su ausencia y los enfermeros se marchan a Puerto Ayacucho a
cobrar sus aguinaldos, quedando los ambulatorios
desguarnecidos y a merced del paludismo y las afecciones
respiratorias, causas por las que mueren los niños yanomami
en esta época. Luego de esta tragedia vienen los operativos
relámpagos por parte de las autoridades de salud que por lo
general son a mediados del mes de Enero. Estos operativos
llegan tarde, cuando se hubiese podido evitar estas muertes
de niños tomando medidas preventivas o simplemente asumiendo
cada uno la responsabilidad que le corresponde en esta zona”
(Oficina de Derechos Humanos de la Vicaría de Puerto
Ayacucho, 18.01.05,
ddhhayacucho@cantv.net).
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DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Derechos a la salud, alimentación y educación:
aumenta
aprobación y cobertura de las
misiones |
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Según
la firma privada Datos Information Resources, 55% de la
población se favorece con los subsidios o misiones del
Ejecutivo. Así lo dio a conocer Edmond Saade, presidente de
la empresa encuestadora, quien afirmó que el proyecto de
Mercal, mediante el cual el Estado proporciona a precios
controlados los productos de la canasta alimentaria, está
desempeñando un papel importante no sólo en los sectores
populares que tradicionalmente lo frecuentan, sino también
sectores de mayor poder adquisitivo quienes últimamente se
benefician de este programa social (El Nacional, 26.01.05,
pág. A/18).
Los estudios realizados recientemente por Datos demuestran
que 45% de la población compra siempre o con frecuencia en
las bodegas populares; mientras que 22% admite que “algunas
veces” se abastece de alimentos en los locales del Gobierno.
Por otra parte, Saade consideró que las misiones y los
planes del gobierno incidieron en la mejora del poder
adquisitivo del estrato socioeconómico más bajo.
Otra encuestadora privada, Datanálisis, observó que la
aprobación de las misiones se encuentra entre 49% y 64,7%.
Mientras que la cobertura de atención obtenida por algún
programa está entre 14,8% y 52,3%, cuando hace un año
oscilaba entre 0,4 y 6%. De todas las misiones, la mayor
acogida pública la tienen Mercal y Barrio Adentro (El
Universal, 31.01.05, pág. 1/20).
Al desagregarse los datos acerca de los niveles de
aprobación, Mercal es avalado por el 64,7% de la población,
le siguen las misiones Robinson, con 57%, Barrio Adentro con
54%, Sucre con 53% e Identidad con 49%.
En cuanto al contacto con algún plan, se observa que Mercal
ha atendido a 44,3% de la población; Barrio Adentro 28,7%,
Ribas 28,5% e Identidad 14,8%. Luis Vicente León, director de Datanálisis, apunta que en el caso
específico de Mercal en las últimas semanas se ha
incrementado su cobertura y ya está en 52,3%.
León explica que el
programa especial de los mercados populares "tiene un nivel
de aceptación alto en relación con la cobertura, sin embargo
hay un grupo importante que al menos una vez ha sido
atendido por el plan, con lo cual se convierte en uno de los
más sólidos […] Esa misión ha funcionado porque ofrece
productos a precios solidarios y el mercado está cerca de
los hogares. La calidad de los productos es aceptable y por
ello se tiene que su evaluación es favorable, de hecho las
personas piden que marcas conocidas participen en el
programa. En niveles de distribución ha sido un monstruo,
porque ha podido competir con los sistemas tradicionales"
(El Universal, Ídem.).
Agregó León que "aunque un 52% ha manifestado tener contacto
con Mercal ello no significa que siempre se acuda a esos
establecimientos, pero un 22% de la población sí compra
siempre en esos mercados. El plan permite que las personas
de menos recursos puedan comprar productos más económicos y
acudir varias veces al sitio. Cuando esas variables son
atendidas el plan evidentemente funciona" (El Universal,
Ídem.).
Junto a Mercal, la otra misión que presta más atención es la
de Barrio Adentro. Sobre ésta, León indicó que "sus niveles
de aprobación son de 54% y más de la mitad de esa población
que acepta el plan ha recibido algún tipo de atención en los
centros en los que funciona […] Tenemos que 2 tercios del
mercado objetivo han sido atendidos por los médicos de
Barrio Adentro, de manera que el éxito ha fortalecido la
estrategia del Ejecutivo" (El Universal, Ídem.).
Por otra parte, afirmó León que el apoyo a esos planes
estuvo favorecido por una política expansiva del gasto. “El
ambiente político junto con el incremento en los precios del
crudo y la recuperación de la recaudación interna
permitieron al Gobierno elevar sus erogaciones en 2004 y de
un presupuesto total programado en 49,9 billones se llegó a
Bs. 60 billones. Las misiones específicamente contaron con 3
fuentes de financiamiento. Por la vía ordinaria se creó una
partida denominada Programa Social Especial para atender los
pagos a los becarios y facilitadores por un monto de 750
millardos de bolívares, al final terminó en 1,23 billones de
bolívares. A lo que se suman los aportes adicionales por el
impuesto al débito bancario (IDB), del total de recursos más
de 400 millardos de bolívares cubrieron mediante créditos
adicionales las deficiencias de los programas […] Pero el
mayor peso lo tuvo Petróleos de Venezuela (PDVSA). La
industria, a través de la Corporación Venezolana de Petróleo
(CVP) constituyó un fideicomiso para las misiones por 600
millones de dólares (1,1 billones de bolívares), sin
embargo, al cierre de diciembre de 2004 ese fondo se
incrementó a 911 millones de dólares (1,7 billones
de
bolívares),
dado que la cantidad programada fue insuficiente” (El
Universal, Ídem.).
Según la fuente, “en el presupuesto de este año, el gasto
social con énfasis en las planes especiales equivale a 12,5%
del Producto Interno Bruto (PIB), mientras que por vía de la
Ley de Endeudamiento hay 600 millones de dólares. La partida
Programa Social Especial del despacho de las finanzas tiene
1,3 billones de bolívares. Entretanto, Pdvsa mediante los
tres fideicomisos destinará 1,86 millardos de dólares (3,5
billones
de
bolívares),
las misiones recibirán 760 millones de dólares (1,4 billones
de
bolívares).
A ello se suma el fondo especial que según el Primer
Mandatario es rotatorio, de manera que la industria
petrolera tendrá que depositar otros 2 millardos de dólares”
(El Universal, Ídem.).
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DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Indicadores del derecho a la alimentación y a un
salario justo |
|
Índice de Precios al Consumidor |
|
Mes |
Tasa de Variación intermensual |
Tasa de Variación
Acumulada 2004 |
Tasa de Crecimiento
Interanual 2003/2004 |
|
Agosto |
1,3 |
14,1 |
21,9 |
|
Septiembre |
0,6 |
14,7 |
20,8 |
|
Octubre |
0,6
|
15,4 |
19,7 |
|
Noviembre |
1,7 |
17,3 |
24,8 |
|
Diciembre |
1,6 |
19,2 |
27,1 |
|
Enero (**) |
1,9 ▲ |
X |
18,5▼ |
Fuente:
Banco Central de Venezuela
Nota:
(**) Banco Central de Venezuela, 02.02.05,
http://www.bcv.org.ve/c4/notasprensa.asp?
Codigo=3870&Operacion=2&Sec=False
El Índice de
Precios al Consumidor (IPC) del área metropolitana de
Caracas registró un resultado ascendente atribuible,
principalmente, al aumento de precios de los bienes y
servicios que se rigen por el libre juego de la oferta y la
demanda, los cuales, en conjunto, crecieron un 2,7%,
mientras que los sometidos a regulación y control
registraron una variación de 1,1%.
Según el Banco Central de Venezuela (BCV), el crecimiento en
la tasa de variación intermensual del IPC para el primer mes
del año, se asocia, por una parte, a las desaceleraciones
registradas en 3 de las 13 agrupaciones que integran el
indicador: bebidas alcohólicas y tabacos, restaurantes y
hoteles y transporte; y por otra, a las aceleraciones
registradas en 5 grupos: comunicaciones, esparcimiento y
cultura, bienes y servicios diversos y servicios de la
vivienda. El grupo alimentos y bebidas no alcohólicas
mantuvo, aproximadamente, el nivel del mes anterior, al
pasar de 3,0% a 3,2%.
Estos resultados determinaron que tanto los bienes, como los
servicios registraran una variación por encima de la del mes
previo.
Por otra parte, la variación del Núcleo Inflacionario se
ubicó en 1,8%, superior a la registrada en el mes anterior
(1,5%).
La variación del IPC para el período enero 2005 / enero 2004
se ubicó un 8% por debajo a la registrada en enero del año
pasado para el mismo período (26,6%).
|
Canasta Alimentaria de los Trabajadores |
|
MES |
Valor Mensual
(en
bolívares) |
Tasa de Variación
Intermensual |
Tasa de Variación
Acumulada 2004 |
Tasa de Variación Interanual 2004/2005 |
Déficit del Poder Adquisitivo (*)
(en
%) |
|
Diciembre |
545.983 |
X |
X |
X |
41,1 |
|
Enero (**) |
547.065 ▲ |
0,2
▲ |
0,2 |
16,1 |
41,3
▲ |
Fuente:
Centro de Documentación y Análisis para los Trabajadores (CENDA)
Notas:
(*) Déficit del poder adquisitivo de 1 salario mínimo
mensual (321.235,20 bolívares).
(**) El Universal, 03.02.05,
http://www.eluniversal.com/2005/02/03/eco_art_03154G.shtml.
Por su
parte, el CENDA dio a conocer el estado de la Canasta
Alimentaria de los Trabajadores (CAT) para el mes de enero.
Según la organización privada, el aumento registrado en 4
rubros de los 11 que la conforman contribuyó a que la CAT
aumentara en el 1er. mes del año 2005.
El grupo de raíces, tubérculos y otros, subió sus precios
7,5%. Destacan el incremento del precio de la yuca (16%),
del ocumo (9%), del apio (6%) y de la papa (2%). Algunas
hortalizas también aumentaron sus costos, como la cebolla
(80%), la remolacha (45%) y la espinaca (35%). En el rubro
de leche, quesos y huevos se notó un alza de 4,5%. El queso
amarillo a 8%, el de los huevos de gallina (8%), y el de la
leche en polvo (4%). La carne y sus preparados subió 0,8%.
La carne porcina sufrió un incremento (8%) y la mortadela
(5%).
Paralelamente, bajaron sus precios el jamón, el bistec y el
lagarto. También
el pescado: el atún fresco (9%), el cazón (8%) y la sardina
enlatada (2%). Algunas frutas y hortalizas también
disminuyeron sus precios como el melón (60%), el tomate
(35%) y el pimentón (11%). Igualmente bajaron sus precios
los rubros de semillas, oleaginosas y leguminosas; aceites;
cereales y azúcar.
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DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Violan derechos laborales
y
a la defensa de policías de Anzoátegui |
|
En diciembre de 2004 26 funcionarios de la policía de
Anzoátegui fueron despedidos de manera injustificada de
dicho cuerpo policial. Los policías, según el defensor del
Pueblo de Anzoátegui, Licenciado Noel Azócar, no aparecen
involucrados en ninguna de las denuncias sobre ejecuciones
realizadas por ese cuerpo policial. La totalidad de los
funcionarios policiales participó en la huelga que efectivos
de ese cuerpo realizaron en el mes de octubre de 2004,
huelga que contó con el pleno respaldo del actual Gobernador
del Edo, Tarek William Saab. Antes de la huelga, los
funcionarios, habían denunciado desde el año 2002 un
conjunto de irregularidades de naturaleza laboral. Entre
ellas, el no pago de varios beneficios y hostigamiento
interno por parte de directivos de ese organismo policial.
Los funcionarios, quienes fueron acusados de estar
preparando un nuevo conflicto de naturaleza laboral, fueron
despedidos presuntamente por órdenes directas del
Gobernador, sin que se les hubiese dado la oportunidad de
defenderse. Del análisis realizado por Provea sobre las
circunstancias del despido y la forma en que se realizó, se
pudo constatar que la gobernación violó el artículo 49 de la
Constitución y 89 de la Ley del Estatuto de la Función
Pública. Según la ley, se debió abrir un procedimiento que
le permitiera a cada policía revisar el expediente,
enterarse de los cargos formulados, presentar pruebas y
alegar su defensa. Ese procedimiento se incumplió. Se
violó incluso un acuerdo, que dos días antes del despido
habían suscrito los funcionarios, con la directiva de la
policía y el aval del Defensor del Pueblo estadal.
Es importante destacar que según el Defensor del Pueblo de
Anzoátegui, en la Dirección del cuerpo policial fueron
designados comisarios que tienen graves denuncias de
violaciones a los derechos humanos.
Es lamentable que el gobernador Saab haya tomado la decisión
de despedir a este grupo de policías de manera arbitraria y
que no escuche las recomendaciones que tanto desde la
Defensoría del Pueblo como desde la Fundación de Derechos
Humanos del estado Anzoátegui, se le hicieron sobre las
medidas que tomó para reorganizar dicho cuerpo policial
(Provea, 03.02.05).
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DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Tribunal Supremo de Justicia dicta sentencia
favorable a personas pensionadas y jubiladas de
CANTV |
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El
pasado 25.01.05, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo
de Justicia (TSJ) sentenció a favor de reivindicar los
derechos contractuales de los pensionados y jubilados de la
Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV),
desconocidos por la empresa telefónica tras su privatización
en 1991.
La decisión de la Sala Constitucional ordenó remitir a la
Sala de Casación Social el expediente que guarda relación
con la demanda interpuesta por un grupo de jubilados y
pensionados de la empresa y miembros de la Asociación Civil
de Jubilados y Pensionados de la mencionada empresa (AJUPTEL-Caracas),
que agrupa a mas de 2.452 personas, quienes solicitaron la
revisión de una sentencia dictada por la citada Sala el 7
de septiembre del año pasado.
Según la ponencia del magistrado Iván Rincón Urdaneta, la
Sala Social deberá dictar un nuevo fallo adecuado a la
obligatoria aplicación del artículo 80 de la
Constitución, en el que se contempla que los diferentes
entes de derecho público o privado que hayan implementado
mecanismos alternativos de pensiones y jubilaciones, no
puede pagar a sus beneficiarios un monto inferior al salario
mínimo urbano en sus sistemas alternativos de jubilaciones y
pensiones (Tribunal Supremo de Justicia, 28.01.05,
http://www.tsj.gov.ve/informacion/notasprensa/notasdeprensa.asp?codigo=1742).
En su oportunidad, la Sala Social declaró sin lugar la
demanda propuesta por la Federación Nacional de Jubilados y
Pensionados de Teléfonos de Venezuela (FETRAJUPTEL), contra
CANTV; y sin lugar las demandas que por vía de intervención
como terceros interesados, propusieron los hoy solicitantes:
Luis Rodríguez Dordelly, Nelly Colmenares De Mendoza, Aura
Méndez, Carmen De Pisani, Gladys Fuentes, María Morales,
María Gutiérrez, Ramón Loreto, Jesús Milíam Espinoza, Juan
José Battaglini, Guillermo Rojas Chirinos, José Chacón,
Gavriel Viloria, Ramona De Estrada Y Felipe Marcan.
Tras analizar los alegatos presentados, la Sala
Constitucional observó que la sentencia dictada por la Sala
Casación Social, con fundamento en disposiciones legales
dictadas bajo la vigencia de la Constitución de 1961,
infringió lo dispuesto en el artículo 89 de la Constitución
de 1999, el cual consagra que es nula toda acción, acuerdo o
convenio que implique renuncia o menoscabo de estos
derechos.
Precisó, además, la Sala que “al establecerse una distinción
entre un funcionario público y un trabajador de la empresa
privada, en virtud de la privatización de la referida
empresa y posteriormente entre la condición de trabajador y
la de jubilado, la decisión objeto de examen resulta
discriminatoria e infringe el derecho a la igualdad
consagrado en el artículo 26 de la Constitución,
desconociendo precisamente la naturaleza progresiva e
intangible de los derechos laborales. De la misma manera, se
desconoció la intención del constituyente consagrada en la
referida norma, que hace prevalecer la realidad sobre las
formas o apariencias en materia laboral” (Tribunal Supremo
de Justicia, Ídem.).
Por su parte, la Dirección General del Trabajo, del
Ministerio del Trabajo (MINTRA) se reunió con representantes
del despacho, de la Procuraduría General de Trabajadores, de
la empresa CANTV y de AJUPTEL-Caracas para analizar el
mecanismo en que se operativizará esta sentencia.
Según José Chacón, presidente de AJUPTEL-Caracas, “lo que
estamos buscando es que se nos reactiven nuestros derechos
contractuales y que la empresa reconozca la violación de los
mismos desde el año 1993” (Ministerio del Trabajo, 27.01.05,
http://www.mintra.gov.ve/noticias/derechos_laborales.htm).
Ricardo Dorado, viceministro del despacho laboral señaló que
esta sentencia es importante porque ratifica la
irrenunciabilidad de los derechos laborales establecidos en
la Constitución Nacional. Igualmente, apuntó que esta
sentencia “reconoce que la responsabilidad social de las
empresas se lleva a cabo bajo el cumplimiento de acuerdos
establecidos en la convención colectiva, en este caso,
previos al momento de la privatización de la misma”
(Ministerio del Trabajo, Ídem.).
En dicho encuentro, Dorado planteó que “independientemente
de las instancias que estén por agotarse en los tribunales,
es posible ir cumpliendo con los contenidos de la decisión o
con la totalidad de ellos. Yo estoy convencido que es una
cuestión de justicia y de reivindicación de la
responsabilidad social empresarial indispensable en el
actual marco jurídico venezolano” (Ministerio del Trabajo,
Ídem.).
Explicó, también, que “estamos evaluando la trascendencia de
esta decisión para casos similares a éste, puesto que puede
marcar pauta en la ratificación de los derechos sociales”
(Ministerio del Trabajo, Ídem.).
Provea
saluda
la decisión de la Sala Constitucional del TSJ
y la iniciativa del MINTRA de aprovechar dicho fallo como
precedente extensible a casos similares. No obstante,
lamenta que las personas jubiladas y pensionadas de la
empresa Venezolana Internacional de Aviación Sociedad
Anónima (VIASA) no corran con la misma suerte, aún cuando
las características del caso se asemejen con el de CANTV.
Como se recordará este caso se encuentra actualmente elevado
ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
en espera de lograr un acuerdo amistoso favorable a las
personas jubiladas y pensionadas de VIASA (ver Informe Anual
de Provea sobre la Situación de los Derechos Humanos en
Venezuela. Octubre 2003/septiembre 2004, en el sitio web de
Provea:
http://derechos.org.ve/publicaciones/infanual/2003_04/23organismosINTERNA.pdf).
Sin embargo, Provea espera que esta jurisprudencia y la
iniciativa del despacho laboral representen una oportunidad
favorable para lograr posible un acercamiento.
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DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
Torturan a
defensor de derechos humanos |
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El
pasado 23.01.05, un grupo de 8 funcionarios de la Policía
Metropolitana (PM) allanaron sin orden judicial la vivienda
de Luis Rafael UGAS, quien preside la Fundación para las
Garantías, Prevención y Defensa de los Derechos Humanos (FUNGAPDEHCA),
con sede en Caracas.
Presuntamente los funcionarios actuaron por órdenes de la
Jueza del Tribunal 22 de Juicio del Circuito Judicial Penal
del Área Metropolitana de Caracas. En dicho tribunal cursa
juicio contra Ugas por presunta difamación del coronel de la
Guardia Nacional (GN) Pablo Daniel Medina. Este coronel fue
acusado ante el Ministerio Público (MP) por la FUNGAPDEHCA
de ser presuntamente responsable de la desaparición forzada
en
el año 1998
del distinguido (GN) Alejandro HERNÁNDEZ.
Según testigos, los agentes de la PM procedieron a llevarse
de manera arbitraria e ilegal al hermano de Ugas, luego de
constatar que éste no se encontraba en la vivienda y como
una forma de presionarle a presentarse ante ese tribunal.
Luego de 10 días de estos hechos, Ugas fue interceptado en
la vía pública por 4 individuos no identificados que lo
introdujeron en una camioneta rústica de color verde, en
cuyo interior fue golpeado y quemado en su espalda 10 veces
con cigarrillo, para luego ser liberado, no sin antes
amenazarlo de muerte.
Ambos hechos causan preocupación puesto
que implican un claro patrón de amedrentamiento y una situación de riesgo para
la vida
e integridad física de este defensor de derechos humanos.
Por su parte, el agraviado denunció estos hechos ante Provea
y el MP, esperando que éste último ordene que se adelanten
las investigaciones correspondientes.
Provea pudo constatar las evidencias físicas del ataque del
que fue víctima Ugas y solicitó del MP celeridad en las
investigaciones de la denuncia interpuesta por Ugas (Provea,
02.02.05).
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DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
Más civiles juzgados en tribunales militares |
|
En el mes de diciembre aproximadamente 19 civiles procesados
en tribunales militares se comunicaron con Provea para
denunciar la violación al derecho a ser juzgados en
tribunales ordinarios. Éstos ciudadanos, en su mayoría
campesinos acusados de pertenecer o colaborar con las
Fuerzas Bolivarianas de Liberación (FBL), el Ejército de
Liberación Nacional de Colombia (ELN) y las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC), denunciaron además que
la mayoría fueron torturados al momento de su detención por
efectivos policiales y/o militares.
Provea, una vez más, reitera que todo proceso judicial de
civiles en la justicia militar es nulo
y que el hecho en sí constituye una violación al derecho
humano a ser procesado por un juez natural con todas las
garantías del derecho a la defensa.
Provea solicitó el pasado 27.01.05 a Germán Mundaraín,
Defensor del Pueblo, que adelante una exhaustiva
investigación sobre estas irregularidades y que emprenda
ante los organismos competentes las actuaciones que
considere adecuadas para impedir que civiles sigan siendo
juzgados de manera inconstitucional en la justicia militar
(Provea, 03.02.05).
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DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
Foro por la
Vida llama a respetar el derecho a la participación en
directorio de responsabilidad social |
|
La coalición de organizaciones venezolanas de derechos
humanos Foro por la Vida manifiesta rechazo a la posibilidad
de que se vulnere el derecho a la participación de
representantes de la sociedad en el Directorio de
Responsabilidad Social. Este comunicado no tiene como
propósito pronunciarnos sobre el Órgano y sus potestades,
sino manifestar nuestra preocupación porque una vez en
marcha el proceso para su creación se respete el derecho a
la participación que la Ley establece con fundamento en la
Constitución.
El Ministro de Información y Comunicación,
Andrés Izarra, afirmó el 11.01.05, y fue recogido en la
prensa nacional, que aun cuando no han sido nombrados los
representantes de sectores de la sociedad (Iglesias, Comités
de Usuarios y Universidades), habiendo sido nombrados seis
representantes del Ejecutivo “ya el Directorio puede
trabajar y avanzar en la elaboración de su reglamento”.
Estas declaraciones del Ministro pueden interpretarse como
de desconocimiento a la importancia de la participación de
la sociedad.
El Directorio de Responsabilidad Social no
puede comenzar a desempeñar su potestad normativa sin
haberse constituido previamente, y no puede válidamente
constituirse si no han sido nombrados todos sus miembros. El
hecho de que los representantes de sectores de la sociedad
sean minoría en el Directorio no justifica que se inicien
las labores del Órgano sin haber sido nombrados. Se estaría
impidiendo su participación en materias tan importantes como
la elaboración del proyecto de reglamento del Órgano, que
marcará el futuro desempeño de éste.
Aún cuando el acto de
decisión definitiva sobre el reglamento se reserve para el
momento en el que ya estén nombrados los representantes de
los sectores de la sociedad, se habría impedido el ejercicio
del derecho a participar en las consideraciones previas, que
es precisamente cuando los miembros tienen la posibilidad de
exponer razones y argumentos que podrían incidir en el
texto, a diferencia del momento final de la decisión, en el
que sólo se toma en cuenta si un texto tiene apoyo
mayoritario.
Los sectores de la sociedad a ser representados en el
Directorio tienen un derecho que se estaría violando y que
acarrearía la nulidad del Reglamento que en definitiva se
apruebe, debido a vicios en el procedimiento.
Hacemos un
llamado para que se aguarde el resultado de los
procedimientos correspondientes para el adecuado
nombramiento de los representantes de la sociedad en el
Directorio para que todos sus miembros tengan igual
posibilidad de intervenir en los trabajos preparatorios del
Reglamento.
Suscriben: Centro de Derechos Humanos de la
Universidad Católica Andrés Bello Acción Ciudadana Contra el
Sida (ACCSI) Centros Comunitarios de Aprendizaje (Cecodap)
Centro para la Paz y los Derechos Humanos de la Universidad
Central de Venezuela Comisión Justicia y Paz del
Secretariado Conjunto de Religiosos y Religiosas de
Venezuela (Secorve) Fundación Justicia y Paz de Petare
Fundación de Derechos Humanos del Estado Anzoátegui Oficina
de Derechos Humanos del Vicariato Apostólico de Puerto
Ayacucho Oficina Diocesana de Derechos Humanos de la
Diócesis de Ciudad Guayana “Humana Dignitas” Programa
Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea)
Servicio Jesuita a los Refugiados (SJR) (Foro por la Vida,
14.01.05,
http://derechos.org.ve/actualidad/comunicados/comu_prensa_2005/cp_140105.pdf)
|
DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
Organizaciones
de derechos humanos se pronuncian ante crisis carcelaria |
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Distintas organizaciones de derechos humanos y el Foro por
la Vida, coalición de organizaciones venezolanas de derechos
humanos, manifestaron su preocupación por la crisis
carcelaria, al tiempo que deploraron que, lejos de
establecerse las responsabilidades de fondo sobre el
problema, se produzcan declaraciones como las de la Diputada
Iris Varela donde se pretende descalificar la labor del
Director del Observatorio Venezolano de Prisiones, Dr.
Humberto Prado, tildándolo de "mafioso del infortunio de las
personas que están detenidas".
Las organizaciones recordaron
que el Estado venezolano tiene una deuda histórica con la
población penitenciaria del país, toda vez que, tanto con el
antiguo sistema inquisitivo, como con el actual sistema
procesal penal y sus sucesivas reformas, las autoridades de
la estructura penal penitenciaria no han demostrado la
suficiente voluntad política para resolver de raíz las
causas que llevan a los internos a tomar medidas de presión
para lograr la atención a sus reclamos.
En tal sentido,
hicieron memoria sobre una serie de episodios protagonizados
por los internos del país, entre los cuales destaca, por su
magnitud, la huelga general sostenida a comienzos de los
años 90. Tomando en cuenta esta información, resulta
aventurado afirmar que la actual protesta penitenciaria
pueda ser endosada a una organización de protección y
defensa de los reclusos que tiene tan solo dos años de
funcionamiento y cuyo fundador, habiendo experimentado en
carne propia las deficiencias del sistema, terminó siendo
director de una cárcel y funcionario defensorial en la
materia.
Estas organizaciones de derechos humanos exigen a
las autoridades penitenciarias, a la Defensoría del Pueblo,
al Ministerio Público y al Poder Judicial concertar acciones
inmediatas, efectivas y eficaces de corto, mediano y largo
plazo, que apunten, no solo a la solución de esta crisis
penitenciaria, sino a enfrentar radicalmente lo que
consideran una situación recurrente que afecta derechos de
procesados y sentenciados por igual.
Ligia Bolívar, vocera
del Foro por la Vida, afirmó que “algunos internos enfrentan
situaciones de olvido y abandono por parte de sus
familiares, producto de circunstancias personales, pero
mientras su vida e integridad esté en manos de instituciones
del Estado, éste tiene la obligación de preservarlos y de
brindar un entorno favorable a su reinserción social.
Pretender buscar 'culpables' entre quienes se dedican a la
defensa de sus derechos es una visión simplista del problema
que, lejos de erradicar las fallas, solo contribuye a
postergar soluciones y, con ello, a pronosticar nuevos
brotes de crisis”.
Carlos Nieto, Coordinador de Una Ventana
a la Libertad, agregó que “No es la primera vez que
organizaciones y dirigentes de derechos humanos del país son
descalificados por sus denuncias. Lo que preocupa a las ONG
es que este patrón recurrente sirva una vez más para tender
un manto que impida llegar a las verdaderas causas de la
situación, afectando con ello los derechos de las personas
privadas de libertad”. Suscriben: Acción Ciudadana Contra el
Sida (ACCSI) Centros Comunitarios de Aprendizaje (Cecodap)
Centro de Derechos Humanos de la UCAB Centro para la Paz y
los Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela
Comisión Justicia y Paz del Secretariado Conjunto de
Religiosos y Religiosas de Venezuela (Secorve) Comité de
Familiares y Víctimas de los Sucesos del 27 de Febrero y
Marzo del 89 (COFAVIC) Fundación Justicia y Paz de Petare
Fundación de Derechos Humanos del Estado Anzoátegui Oficina
de Derechos Humanos del Vicariato Apostólico de Puerto
Ayacucho Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos
Humanos (Provea); Una Ventana a la Libertad; Servicio
Jesuita a Refugiados (SJR). (28.01.05,
http://derechos.org.ve/actualidad/comunicados/comu_prensa_2005/cp_280105.pdf)
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DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
Indicadores del derecho de
las personas detenidas y encarceladas |
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Según Humberto Prado, director del Observatorio
Venezolano de Prisiones (OVP), el estudio semestral que
realiza esta organización señaló que en el segundo semestre
del 2004 hubo un total de 180 muertes en todos los penales
del país y 380 heridos. En esta cifra se incluyen los
fallecidos por muerte natural, asfixia, armas blancas o de
fuego. Y, si se suman las cifras del primer semestre, se
concluye que durante el 2004 hubo un total de 327 fallecidos
en los internados, y 655 lesionados (El Universal, 31.01.05,
pág. 2/22).
Informó el vocero del OVP que en los primeros quince días
del 2005 hubo 15 asesinatos y 27 lesionados, pero llama la
atención que durante los días que hubo la huelga de hambre
en varios penales del país, no ocurrieron asesinatos dentro
de los recintos (El Universal, Ídem.).
El estudio de la organización arrojó que para el cierre del
año 2004 habían 18.781 personas detenidas, de los cuales
9.866 eran penados/as y 8.915 procesados/as. Entre el
primero y el segundo semestre de 2004 hubo una disminución
de 6,71% en la población penal, debido a egresos, asesinatos
y muertes naturales (El Nacio | | | |