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Una lectura de la realidad venezolana
desde los
derechos humanos |
Boletín
electrónico Nº 151
Del 14 al 25 de febrero de 2005 |
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1988/2005: Provea, 17 años por los derechos sociales y contra la impunidad
CONTEXTO
*
Provea presenta nuevo servicio electrónico de bases
de datos sobre derechos humanos
* CEJIL y CIOSL/ORIT condenan candidatura de Francisco Flores para
la Secretaría General de la OEA
* Nueva Orden Ejecutiva de la OEA restituye autonomía
e independencia de la CIDH
DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
*
Situación del derecho a la vivienda ante
emergencia por vaguada
*
Situación del derecho a la seguridad alimentaria
ante los efectos de la vaguada
*
Papel de Mercal
en la garantía del derecho a la alimentación
* Indicadores oficiales del derecho a la alimentación
* FAO
advierte sobre los actuales obstáculos para garantizar el
derecho a la seguridad alimentaria
* En
vigencia Reglamento Parcial de la Ley de Tierras y
Desarrollo Agrario
* Protocolo de Kyoto es ley en Venezuela pero todavía
espera culminación de su ratificación ante la ONU
*
El
Protocolo de Kyoto: letra muerta según ambientalismo
venezolano
DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
*
Estado venezolano adelantó
nuevas acciones con motivo de la
conmemoración de El Caracazo
* Red de
Apoyo por la Justicia y la Paz presenta indicadores sobre la
situación de los derechos civiles durante 2004
* Red de
Apoyo por la Justicia y la Paz denunció hostigamiento a
familiares de víctimas de ejecuciones en Carabobo
*
Situación de las investigaciones sobre los casos
de ejecuciones
*
Ejecutivo
Nacional observó inconstitucionalidades en reforma del
Código Penal aprobada por la AN
*
ACNUR reporta impacto de la vaguada en la situación de
solicitudes de refugio
INVITACIONES A EVENTOS
*
Diplomado de Estudios
Avanzados en Educación en Derechos Humanos
*
XXXVIII Curso Básico de
Derechos Humanos de la Vicaría de Derechos
Humanos de Caracas
*
Defensoría
del Pueblo abre I Concurso Nacional de Ensayos sobre
Derechos Humanos y Juventud
*
IV
Encuentro Hemisférico de Lucha contra el ALCA será en abril
ARTÍCULOS
*
Lusbi
Portillo: "Los Proyectos anunciados por Corpozulia obedecen
a intereses exógenos"
* Carlos
Genatios: "Vargas de rodillas"
*
Rigoberto Lanz:
“Diversidad cultural... suena bien"
*
Fernando Fernández: "Devolución
del Código Penal"
NOVEDADES DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN TODOS LOS DERECHOS PARA TODOS
*
"La
educación y los derechos del niño y del adolescente"
* "Promesas
que cumplir: el presupuesto público como herramienta para
promover los derechos económicos, sociales y culturales.
Reporte de conferencia"
* "Revista
Trabajo"
* "Revista
América Latina en Movimiento"
DOCUMENTOS
*
CECODAP: "Los
niños, niñas, adolescentes y familias en los refugios ¿Qué
se requiere garantizar?"
* Asociación
Civil Los del Medio: "Por un periodismo sin
intimidación"
* "Amnistía Internacional pide poner fin al
derramamiento
de sangre tras el asesinato de una activista"
* "Declaración
de las organizaciones sociales andinas, reunidas
paralelamente en Cartagena durante la ronda de negociación
del TLC"
Agradecemos mencionar la fuente cuando el contenido sea citado o difundido
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CONTEXTO
Provea presenta nuevo servicio electrónico de bases
de datos sobre derechos humanos |
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CONTEXTO
CEJIL y CIOSL/ORIT condenan candidatura de Francisco Flores para
la Secretaría General de la OEA |
Viviana Krsticevic, directora Ejecutiva del Centro por la
Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), presentó ante la Organización de Estados Americanos (OEA) un
documento mediante el cual la organización internacional de
derechos humanos con sede en Washington manifestó su
preocupación por la candidatura presentada por Francisco
Flores, ex presidente de El Salvador, para la secretaría
general de la instancia hemisférica.
A juicio de la vocera de CEJIL, “sería muy preocupante que
pusieran a la cabeza de la OEA a alguien que socavó las
tareas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
a través de su gestión como presidente de El Salvador” (El
Nacional, 12.02.05, pág. A/10). Especialmente, señalan el
hecho de que, en su gestión presidencial, Flores minimizó
las resoluciones y recomendaciones emitidas por la CIDH para
el Estado salvadoreño, con el argumento de que “prestar
atención a las sugerencias del documento atentaría contra la
paz del país” (El Nacional, Ídem.).
Dichas resoluciones de la CIDH urgían a El Salvador a
reabrir el juicio por el asesinato de monseñor Oscar Arnulfo
Romero, obispo de El Salvador, y el caso de los 6 sacerdotes
jesuitas asesinados junto al ama de llaves y su hija, el
16.11.89. Durante el mandato de Flores “el Estado
salvadoreño no cumplió ninguna de las recomendaciones de la
CIDH”, indicó CEJIL en su documento.
El desconocimiento de estas resoluciones de la CIDH por
parte de Flores, representa para CEJIL un obstáculo para su
candidatura y posible elección “debido a que el sistema se
basa en la buena voluntad de los Estados para cumplir con
las recomendaciones” (El Nacional, Ídem.).
Igualmente, en su documento la organización internacional
señaló que las credenciales democráticas de Flores se pueden
cuestionar al recordar el apoyo que el mismo dio al golpe de
Estado ocurrido en Venezuela el 11.04.02, hecho ante el cual
aseguró que esperaba “poder trabajar con el gobierno de
transición. Depositamos nuestra confianza en el nuevo
liderazgo de Venezuela” (El Nacional, Ídem.).
Por su parte, en una reunión realizada a mediados del
presente en Ciudad de Panamá, el Consejo Ejecutivo de la
Organización Regional Interamericana de Trabajadores (ORIT),
rama hemisférica de la Confederación Internacional de
Organizaciones sindicales Libres (CIOSL), resolvió exhortar
a “todos los gobiernos democráticos de la región a desistir
en el apoyo de la candidatura del ex presidente Francisco
Flores a la Secretaria General de la OEA y en contraposición
a ésta, presentar propuestas de candidaturas con el
suficiente respaldo y consenso de los gobiernos y la
sociedad civil del continente” (Organización Regional
Interamericana de Trabajadores, 25.02.05,
http://www.cioslorit.org/).
El Consejo Ejecutivo de la organización argumentó que
durante su mandato presidencial, Flores practicó de manera
arbitraria y autoritaria su poder, imposibilitando el
dialogo y la negociación con los distintos actores sociales
de ese país, especialmente las organizaciones sindicales y
de otros sectores no vinculados al poder económico
tradicional del país.
Además señaló que el gobierno de Flores “aplicó de manera
estricta una política económica de orientación neoliberal
que condujo a un mayor empobrecimiento del pueblo
salvadoreño y profundizó el poder económico de las grandes
familias oligárquicas de ese país” (Organización Regional
Interamericana de Trabajadores, ídem.).
Asimismo, acusó a Flores de ejecutar una política exterior
caracterizada por “su alineación con la política exterior
norteamericana, cuyo contenido unilateral y guerrerista ha
puesto en riesgo la paz y la seguridad en el mundo los
últimos 4 años” (Organización Regional Interamericana de
Trabajadores, Ídem.).
Finalmente, condenó que durante su mandato, Flores fuera
“uno de los mayores entusiastas y promotores del ALCA y del
CAFTA, tratados de libre comercio que representan la
negación de la integración y el desarrollo para los países
de la región y por el contrario se corresponden con la
visión de libre mercado que solo favorece los intereses
transnacionales” (Organización Regional Interamericana de
Trabajadores, Ídem.).
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CONTEXTO
Nueva Orden Ejecutiva de la OEA restituye autonomía
e independencia de la CIDH |
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DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Situación del derecho a la vivienda ante
emergencia por vaguada |
La
vaguada -término con que se define el fenómeno metereológico
de estacionamiento de nubes durante varios días en vastas
porciones territoriales y que produce fuertes
precipitaciones-, ocurrida entre la 2da. y 3ra. semana de
febrero en Caracas y 11 estados del centro-norte y oeste del
país, ha provocado 62 muertos, 61 desparecidos, 44
lesionados, 146.326 personas afectadas, 21.528 damnificados
y 44.409 viviendas afectadas en todo el país, según un
reporte preliminar hecho público por Jesse Chacón, titular
del Ministerio del Interior y Justicia (MIJ) (El Universal,
24.02.05,
http://www.eluniversal.com/2005/02/24/pol_art_24A535515.shtml).
El titular del MIJ anunció la creación de 4 comisiones a
cargo del diseño de un Sistema Nacional de Riesgo. Destacó
que “una de las comisiones se encargará de estudiar las
amenazas y vulnerabilidad de las cuencas en todo el ámbito
nacional, haciendo énfasis en las cuencas que afectaron las
zonas declaradas en emergencia; y otra, integrada por los
Ministerios de la Defensa, de Ambiente y de Ciencia y
Tecnología, definirá el sistema de medición meteorológica,
con el fin de crear las alarmas necesarias para prever
cualquier contingencia natural” (El Nacional, 19.02.05, Op.
cit.). Aseguró Chacón que en los próximos días los
integrantes de estas comisiones deberán presentar su
cronograma de trabajo.
En un registro preliminar del Ministerio de Vivienda y
Hábitat (MVH), se contabilizaron 7.500 viviendas afectadas.
Como paliativos contra los daños provocados por esta
situación, Julio Montes, titular de éste despacho, informó
que pondrá en marcha distintas medidas. Prometió que las
comunidades organizadas recibirán asistencia técnica y se
les proveerá de todos los insumos para que construyan sus
propias viviendas con sistemas modulares. Apuntó que el
directorio del Consejo Nacional de la Vivienda (CONAVI)
aprobó la resolución 008, publicada en Gaceta Oficial N°
38.125, que dispone la compra de contado de viviendas
unifamiliares y multifamiliares ejecutadas por los
promotores o constructores con recursos del Fondo de Aportes
del Sector Público o del Fondo Mutual Habitacional, a través
de financiamientos a corto plazo, con el objetivo de
adjudicarlas en venta a los beneficiarios del programa VIII Atención
habitacional para familias damnificadas o en situación de
riesgo. Y su despacho dispondrá de los recursos del fondo
petrolero para solucionar el problema de los damnificados
(El Nacional, 15.02.05, pág. B/15).
El titular de la Vivienda aseguró, además, que su despacho
destinará 500 millones de dólares para financiar los
programas de sustitución y rescate de las unidades
habitacionales afectadas por las lluvias. Asimismo, que se
utilizarán 15.000 parcelas pertenecientes al Fondo de
Desarrollo Urbano (FONDUR) para construir viviendas en el
corto plazo. También se comprometió a que en un mínimo de 3
meses se podrán ver las primeras unidades asignadas a las
familias que perdieron su residencia por efecto de las
precipitaciones (Tal Cual, 18.02.05, pág. 8).
No obstante, Montes afirmó que la asistencia a las personas
perjudicadas por las lluvias no afectará la Misión Vivienda,
impulsada por el Gobierno a finales del año pasado: “no
entra en contradicción, más bien acelerará la producción”
(El Nacional, Ídem.).
Néstor Noguera, director del CONAVI, indicó que la
emergencia se cubrirá con distintas estrategias, "debido a
que el número de familias afectadas asciende a 8.180 y ello
puede subir cuando se termine de realizar el censo en los
estados andinos" (El Universal,
16.02.04,
http://www.eluniversal.com/2005/02/16/eco_art_16150B.shtml).
Explicó el funcionario que la 1ra. estrategia es adquirir
viviendas en el mercado secundario para entregárselas a los
damnificados. “Hasta ahora el CONAVI ha recibido propuestas
para comprar unas 200 soluciones en varios estados del país”
(El Universal, Ibíd.). Como esta cifra es insuficiente para
cubrir la excepcional demanda, la 2da. estrategia es pagar
alquileres de hasta 500.000 bolívares; y, la 3ra. es
construir viviendas.
En ese sentido, Noguera indicó que su despacho “estimó
realizar en un período de 3 a 6 meses 15.000 soluciones
habitacionales a escala nacional a fin de atender a los
afectadas. Aunque la meta inicial eran 10.000 unidades, el
director del organismo, indicó que el escenario tuvo que
cambiar ante los problemas que se han presentado en los
estados andinos y el sur del lago de Maracaibo” (El
Universal, 23.02.05,
http://www.eluniversal.com/2005/02/23/eco_art_23155A.shtml).
Para realizar esas viviendas se contempla una inversión de
400 millardos de bolívares, y esos recursos saldrían del
fondo de aportes del sector público (presupuesto ordinario)
y del fideicomiso que está en la Corporación Venezolana de
Petróleo (CVP). Las soluciones se construirían en parcelas
que están urbanizadas, por ello, expresó el funcionario, el
levantamiento de las unidades se hará en un período corto.
(El Universal, Ídem.).
Noguera aclaró que los damnificados no van ser traslados a
los desarrollos que ya tienen los entes ejecutores, porque
son viviendas que ya fueron adjudicadas (El Universal,
16.02.05, Op. cit.).
Acotó que una vez que se culmine con las estrategias de
entrega de viviendas, el despacho definirá otra fase: la
entrega de financiamientos para la remodelación de las
casas. Para tales casos se tiene previsto “dar préstamos de
10.000.000 de bolívares con una tasa social de 6% y un plazo
de 10 años. En este programa se contempla dar un subsidio
equivalente a 40 o 50% del monto del préstamo, de manera que
las personas pagarían por una cantidad más baja” (El
Universal, 16.02.05, Op. cit.).
Junto con la construcción, “CONAVI seguirá con el programa
de compra de viviendas en el mercado secundario” (El
Universal, 23.02.05, Op. cit.). Según la fuente, “hasta esta
semana el ente público había adquirido 150 soluciones en los
estados centro occidentales para entregarlas a los
afectados. El organismo ha erogado en total 12 millardos en
la compra de 447 viviendas, pero ese monto agrupa no sólo a
los damnificados por las lluvias de los últimos días sino
también a los afectados por la tragedia de Vargas en 1999”.
Neptalí García, presidente de la Comisión de Desarrollo
Urbano del Concejo Metropolitano, informó que a partir de
una propuesta realizada por Juan Barreto, Alcalde
Metropolitano del Distrito Capital, “el Cabildo
Metropolitano aprobó la expropiación de varios edificios
residenciales en Caracas donde serán reubicadas las personas
que resultaron damnificadas por la reciente vaguada que
afectó la ciudad capital” (Gobierno en Línea, 23.02.05,
http://www.gobiernoenlinea.gob.ve/noticias/viewNewsUser01.jsp?id_noticia=30642).
El funcionario informó que se acordó “la afectación por
causa de utilidad pública y social del conjunto residencial
Vista Hermosa, ubicado en La Boyera del municipio El
Hatillo; de 4 torres y un centro comercial de la
urbanización Paulo VI, ubicado en el municipio Sucre; así
como el edificio 9-1 de la calle Perú de Catia, en el
municipio Libertador” (Gobierno en Línea, Ídem.).
Barreto explicó que esta medida “está respaldada por una Ley
de Emergencia que establece que se comprarán los inmuebles
al precio que sea justo pero sin la especulación de algunos
empresarios” (Gobierno en Línea, Ídem.).
García añadió que el Cabildo también acordó prohibir la
construcción de viviendas en las zonas que sean determinadas
por Protección Civil y las autoridades municipales como de
alto riesgo.
Por su parte, el diputado Rafael Ríos (Movimiento Quinta
República), integrante de la Comisión de Desarrollo Social
de la Asamblea Nacional (AN), manifestó que piensa revisar
el proyecto de ley, a fin de añadir un articulado que
contemple la atención de este tipo de emergencias (Agencia
Bolivariana de Noticias, 14.02.05,
http://www.abn.info.ve/go_news5.php?articulo=1384).
Con respecto a la situación especial en que se encuentra el
Edo. Vargas, su infraestructura y sus habitantes, se
recomienda la lectura del escrito
"Vargas de rodillas",
de
Carlos
Genatios,
quien ejerció el cargo de Autoridad Única de esta entidad
federal, en la sección
ARTÍCULOS de esta
edición.:
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DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Situación del derecho a la seguridad alimentaria
ante los efectos de la vaguada |
Freddy Escalona, viceministro de Desarrollo Rural Integral
del Ministerio de Agricultura y Tierras (MAT), señaló que su
despacho está evaluando los daños sufridos por las cosechas
luego de las fuertes precipitaciones. Además, el despacho
está recibiendo reportes de sus unidades estadales para
analizar la situación de la producción agrícola.
El funcionario agregó que se ha reunido con representantes
del sector agrícola para evaluar con carácter de urgencia el
Plan de Siembra 2005, de cara a los daños ocurridos en
algunas plantaciones por los efectos de la vaguada (El
Universal, 15.02.05,
http://www.eluniversal.com/2005/02/15/eco_art_15150A.shtml).
Por su parte, representantes de la Confederación Nacional de
Asociaciones de Productores Agropecuarios, (FEDEAGRO)
reportaron que en el Edo. Mérida, quedaron seriamente
afectados los cultivos de café y se perdió el vivero del
rubro de la zona, también se dañaron algunos cultivos de
hortalizas, como lechuga, repollo y zanahoria, entre otros.
En Yaracuy se afectaron los cultivos de naranja, mientras
que en la zona Sur del Lago se dañaron seriamente las
plantaciones de plátano. También en el Estado Zulia se
afectó la producción de ganado y por ende la producción
lechera.
Entre otros rubros afectados, enumeraron: palma aceitera,
frutas y quesos; hortalizas, café, frutas y cacao (Cadena
Global, 18.02.05,
http://www.cadenaglobal.com/Default.asp?pgm=Detail&Not=83893&Sec=8).
Representantes de la Federación Nacional de Ganaderos (FEDENAGA)
aseguran que se han perdido varios cargamentos de leche
debido a que las vías terrestres de la zona están dañadas.
Como consecuencia de esta situación, José Luis Betancourt,
presidente de FEDENAGA, alertó sobre el peligro de que
ocurra un “desabastecimiento de productos agrícolas” (Cadena
Global, Ídem.).
Ambos gremios no descartan la posibilidad de solicitar
planes de contingencia, que entre otras cosas prevean
mecanismos para flexibilizar los pagos de préstamos así como
nuevos financiamientos (El Universal, Ídem.).
FEDENAGA, además pide al Gobierno que garantice el
suministro de gasolina mientras dure la emergencia y la
reparación de los daños ocasionados a las vías principales o
troncales y carreteras de penetración agrícola.
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DERECHOS
ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Papel de Mercal
en la garantía del derecho a la alimentación
|
Según
destacó una fuente oficial, el programa Mercal llevado a
cabo por el Estado venezolano desde hace 2 años con el fin
de garantizar la seguridad alimentaria del país, promedió
para el mes de enero de este año un total de ventas diarias
de 3.827 toneladas de alimentos de la cesta básica,
favoreciendo a 9.500.000 de personas (Gobierno en Línea,
21.02.05,
http://www.gobiernoenlinea.gob.ve/noticias/viewNewsUser01.jsp?id_noticia=30524).
Con una red que abarca a 13.490 establecimientos, Mercal
cuenta con 47.584 trabajadores/as que laboran en los
distintos módulos que se encuentran ubicados en el
territorio nacional.
A juicio de la fuente, los precios de los productos que
ofrece Mercal permiten, un ahorro de 40% con respecto a los
precios del mercado libre.
Por otra parte, los proveedores regionales aportaron en el
mes de enero un total de 9.446 toneladas de alimentos a la
red. Mercal “ofrece productos que compra directamente a
productores, microempresas, procesadoras de alimentos, y
cooperativas beneficiando al productor y al consumidor, en
el proceso hacia la desconcentración del monopolio de la
producción y comercialización de alimentos en el país”
(Gobierno en Línea, Ídem.).
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DERECHOS
ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Indicadores oficiales del derecho a la alimentación
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Canasta Alimentaria Normativa |
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MES |
Valor Mensual
(en
bolívares) |
Tasa de Variación
Intermensual |
Tasa de Variación
Acumulada 2004
|
Tasa de
Acumulación
Interanual 2004/2005 |
Déficit del Poder Adquisitivo (*)
(en
%) |
|
Diciembre |
345.167,42 (**) |
1,18 (**) |
X |
X |
6,9 |
|
Enero |
350.487 ▲ (***) |
1,54
(5.320,10 bolívares) (**) |
X |
X |
8,3
▲ |
Fuente:
Instituto Nacional de Estadística
Notas:
(*) Déficit del poder adquisitivo de 1 salario
mínimo mensual (321.235,20 bolívares).
(**) Globovisión, 23.02.05,
http://www.globovision.com/economia/2005.02/22/canasta/index.php.
(***) El Universal, 23.02.05,
http://www.eluniversal.com/2005/02/23/eco_art_23154G.shtml.
Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el valor
de los alimentos de la Canasta Alimentaria Normativa (CAN)
indicada para un grupo familiar de 5 personas, continúa
manifestando una desaceleración en la tendencia ascendente
que inició en el año 2004.
El INE revela que durante el primer mes del año los
productos más sensibles al alza fueron: raíces y tubérculos
(9,05%); café, té y similares (3,75%); frutas y hortalizas
(2,26%); pescados y mariscos (2,11%) y leche, queso y huevos
(0,78%). Mientras que los grupos que bajaron sus precios en
enero fueron: semillas, oleaginosas y leguminosas (1,17%) y
azúcar y similares (0,34%) (El Universal, 23.02.05,
http://www.eluniversal.com/2005/02/23/eco_art_23154G.shtml).
Elías Eljuri, presidente del INE, indicó que la variación en
enero es menor a la registrada en el mismo mes del año 2004,
que fue 5,14% (El Universal, Ídem.).
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DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
FAO
advierte sobre los actuales obstáculos para garantizar el
derecho a la seguridad alimentaria |
Un nuevo informe presentado el pasado 15.02.05 por la
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación (FAO), advirtió que la prolongada tendencia a
la baja de los precios de los productos básicos agrícolas
pone en peligro la seguridad alimentaria de los países en
desarrollo, cuyos ingresos a menudo proceden exclusivamente
de la venta de estos productos (Organización de las Naciones
Unidas para la Agricultura y la Alimentación, 15.02.05,
http://www.fao.org/newsroom/es/news/2005/89721/index.html).
El informe, titulado “El estado de los mercados de productos
básicos agrícolas 2004”, afirma que la disminución de los
precios de los productos básicos agrícolas permitieron a
muchos países pobres importadores de alimentos, y a sus
consumidores especialmente en las zonas urbanas, satisfacer
sus necesidades alimentarias a un costo menor y así pudieron
tener acceso a dietas más nutritivas.
El informe advierte que "las distorsiones del mercado
resultantes de los aranceles y subvenciones en los países
desarrollados, los aranceles en los países en desarrollo y
el poder de mercado de algunas cadenas de suministro de
productos básicos integradas por las grandes compañías
transnacionales” (Organización de las Naciones Unidas para
la Agricultura y la Alimentación, Ídem.), agravan los
problemas de comercialización de los productos
agroalimentarios provenientes de los países en vías de
desarrollo.
El informe subraya la necesidad de eliminar las distorsiones
del mercado y advierte que los elevados aranceles agrícolas
y subvenciones de los países desarrollados a sus productores
limitan el acceso al mercado y presionan los precios de los
productos básicos a la baja.
El informe de la FAO presenta un programa de acción para
combatir los problemas cada vez mayores producidos por el
exceso de oferta y las distorsiones del mercado. Señala la
necesidad de que las negociaciones de la Organización
Mundial del Comercio (OMC) den prioridad a la reducción de
los aranceles agrícolas, el apoyo a los productores y las
subvenciones a las exportaciones en los países
desarrollados. Indica la conveniencia de eliminar la
progresividad arancelaria que penaliza la exportación de
productos elaborados de los países en desarrollo.
A la vez, insta a los países en desarrollo a reducir sus
aranceles, con el objetivo de alentar el comercio entre
ellos mismos y permitir que sus consumidores se beneficien
de la caída de los precios mundiales.
El informe expone la necesidad de establecer medidas para
ayudar a los países menos adelantados a aprovechar las
oportunidades del mercado y participar con mayor eficacia en
las negociaciones comerciales. Sugiere compensar a las
economías de bajos ingresos por la pérdida de preferencias
comerciales resultante de las negociaciones en curso de la
OMC.
También recomienda incrementar las inversiones con miras a
aumentar la productividad interna de alimentos en los países
en desarrollo, movilizar recursos en apoyo de campañas de
promoción genérica, diversificar las exportaciones a través
de productos agrícolas no tradicionales, así como de
productos elaborados con valor añadido.
Otra recomendación del informe es la ejecución de programas
de ayuda a los agricultores para protegerse, mediante la
aseguración de sus cultivos, contra crisis que pudieran
dañar sus cosechas o hacer bajar los precios. Los seguros
contra los fenómenos del clima, los sistemas de precios
futuros y los seguros de precios basados en el mercado son
algunos de los medios propuestos para afrontar la inherente
inestabilidad de los mercados agrícolas.
Asimismo, la FAO reconoce que muchos de esos estados
dependen de las ventas de ese rubro para financiar sus
importaciones de alimentos, por lo cual la disminución de
los precios de los productos agrícolas constituye un riesgo
para la seguridad alimentaria (Aporrea, 15.02.05,
http://www.aporrea.org/dameverbo.php?docid=56283).
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DERECHOS
ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
En
vigencia Reglamento Parcial de la Ley de Tierras y
Desarrollo Agrario |
Con la publicación en Gaceta Oficial N° 38.126, de fecha
14.02.05, del Reglamento Parcial de la Ley de Tierras y
Desarrollo Agrario para la Determinación de la Vocación de
Uso de la Tierra Rural, el Ejecutivo Nacional establece las
normas que determinan los criterios de clasificación de la
tierra rural en clases y subclases para su uso, según su
mayor vocación de uso, señalando los rubros agrícolas
(vegetales, acuícolas, pecuarios y forestales) a ser
producidos en las unidades de producción agrícolas (fundos,
fincas, parcelas y conucos) (Tribunal Supremo de Justicia,
21.02.05,
http://www.tsj.gov.ve/gaceta/Febrero/140205/140205-38126-02.html).
Dicho reglamento clasifica los suelos en 8 clases según su
composición y los nutrientes que contienen para el cultivo
de determinados rubros. Por ejemplo, los Clase I serán para
la siembra de hortalizas y leguminosas, los Clase V y VI a
la cría de ganado y los Clase VIII a plantaciones forestales
(Cadena Global, 16.02.05, http://www.cadenaglobal.com/Default.asp?pgm=Detail&Not=83743&Sec=5).
El artículo 15 del Reglamento establece que la actividad
productiva de las tierras debe cumplir los lineamientos del
Plan de Seguridad Agroalimentaria y Desarrollo Sustentable.
Además, se anexa una tabla contentiva del número de
hectáreas improductivas que se declararán como latifundio,
dependiendo de la clase de suelo que contengan.
El reglamento también crea una Comisión Técnica cuyo rol
fundamental será hacer seguimiento y evaluar las áreas que
teniendo actividad productiva agrícola dañan el ambiente y
cambian el uso de la tierra en el país. Esta instancia
estará dirigida por el Instituto Nacional de Tierras (INTI)
con el apoyo de representantes de las universidades, el
Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARN) e
institutos de investigación (Agencia Bolivariana de
Noticias, 15.0.05,
http://www.rnv.gov.ve/noticias/?act=ST&f=4&t=13642).
Entre sus funciones, también figuran velar por el
cumplimiento del Plan de Rotación de Cultivos y Tierras,
establecido por el Ministerio de Agricultura y Tierras (MAT),
así como recuperar, mantener y conservar los suelos,
cuencas, valles y montañas, a fin de evitar su degradación.
También será competencia de la mencionada comisión evitar la
explotación indiscriminada de las tierras agrícolas e
impedir la cartelización y el monopolio de las tierras por
parte de la agroindustria.
En el caso de las tierras con potencial agrícola afectadas
por el urbanismo o por modos o sistema de explotación
contrarios a los principios de equidad y justicia social
establecidos en la Constitución, el artículo 20 del
reglamento especifica que deben someterse a un Plan Especial
de Educación y Capacitación que fomente el cooperativismo y
trabajo colectivo, con el propósito de recuperar los valores
ancestrales, históricos, culturales y el arraigo.
Este reglamento parcial tiene como objetivo contribuir al
ordenamiento del aparato productivo nacional, de manera de
proveer de nutrientes a la población, especialmente a los
excluidos y lograr la soberanía alimentaria, para así romper
con la dependencia de las importaciones.
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DERECHOS
ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Protocolo de Kyoto es ley en Venezuela pero todavía
espera culminación de su ratificación ante la ONU |
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Luego de más
de 7 años de espera, el pasado 16.02.05 entró en vigencia el
Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de la Organización
de las Naciones Unidas (ONU) sobre el Cambio Climático.
Con la puesta en marcha del Protocolo de Kyoto se pretende
reducir entre 2008 y 2012, un promedio de 5,2% las emisiones
de la atmósfera de los 6 gases que provocan el efecto
invernadero: dióxido de carbono, metano, óxido nitroso,
hidrofluocarbono, perfluorocarbono y el hexafluorocarbono de
azufre (Cadena Global, 16.02.05,
http://www.cadenaglobal.com/Default.asp?pgm=Detail&Not=83728&Sec=6).
A pesar de la abstención de China e India, que junto con
Canadá, Japón, Estados Unidos y la Unión Europea son
responsables del 75% de las emisiones de gases que producen
el efecto invernadero (Economista, 15.02.05,
www.economista.com.mx), con la anexión en noviembre de
2004 de la Federación Rusa, el protocolo entró en vigor como
un tratado legalmente vinculante para sus signatarios.
La aceptación de Rusia era fundamental para que el acuerdo
fuera efectivo, ya que se requería el apoyo de las naciones
responsables del 55% de las emisiones contaminantes.
No obstante, debido a la ausencia de Estados Unidos (EEUU),
que contribuye con el 36.1% de las emisiones mundiales, la
efectividad del protocolo se verá reducida. Fuentes del
gobierno británico aseguraron que como encargado actual de
la presidencia del Grupo de los Ocho (G-8), el Reino Unido
mantienen negociaciones con EEUU respecto al cambio
climático: "nuestro objetivo es lograr una solución de
consenso que concilie la preocupación por el cambio
climático con el crecimiento económico y tecnológico. Y
estamos seguros de que lograremos un acuerdo con la
administración estadounidense" (Economista, Ídem.).
Klaus Toepfer, director del Programa de Naciones Unidas para
el Medio Ambiente (PNUMA), declaró que Kyoto es sólo un
primer paso y que todavía falta mucho por hacer para frenar
el calentamiento global y sus posibles efectos en el clima
mundial (BBC, Ídem.). Se han establecido metas particulares
para cada país, según sus niveles de contaminación. Sin
embargo, las naciones al margen del tratado han afirmado que
tomarán medidas por su cuenta. "Seguiremos pidiéndoles que
suscriban el Protocolo", comentó a la fuente Nobutaka
Machimura, ministro de Relaciones Exteriores de Japón.
Al respecto, una fuente advirtió que la entrada en vigor del
pacto, suscrito por 136 países y ratificado por 55 (que
juntos suman un 55% de las emisiones mundiales) supone
necesariamente el recorte efectivo de las emisiones. Pero,
según informes de la Organización de Naciones Unidas (ONU),
las principales potencias no están cumpliendo con las metas
impuestas, por lo que las emisiones crecerán un 10% a
finales de 2010, respecto a los niveles de 1990 (Economista,
Ibíd.).
En cuanto a Venezuela, en la edición N° 147 de este boletín
electrónico se reseñó el anuncio hecho público el 03.11.04
por Ana Elisa Osorio, titular para ese entonces del
Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARN), de
la ratificación de este protocolo (ver en
http://derechos.org.ve/actualidad/coyuntura/2004/coyuntura_147.htm#05).
La funcionaria agregó en esa ocasión que una de las primeras
medidas a ejecutar por el Estado venezolano de cara a dicho
pacto sería "la creación de una oficina compuesta por varios
despachos del Ejecutivo [...] que deberá formular políticas
públicas en el corto, mediano y largo plazo, que deberán ser
asumidas tanto para la mitigación como para la reducción de
emisiones" (Provea, Ídem.).
Con motivo de la entrada en vigencia del protocolo los
medios de comunicación nacionales dieron a conocer la
noticia de que, a pesar de éstas declaraciones y de que la
Gaceta Oficial N° 38.081 del 07.12.04, publicaba el decreto
de la Ley Aprobatoria de la adhesión a dicho pacto (El
Universal, 16.02.05,
http://www.eluniversal.com/2005/02/16/ten_art_16257B.shtml),
el Estado venezolano no aparecía en la lista de países
ratificantes suministrada por el sitio web de de la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambios
Climáticos (http://www.unfccc.int)
(El Universal, Ídem.).
Ante esta situación, el MARN confirmó a través de un
comunicado de prensa que Venezuela aún “no ha consignado su
decisión en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) […]
Actualmente, se encuentra en trámite de depósito del
instrumento ante el Secretario General de las Naciones
Unidas, quien es el depositario según el Artículo 28 del
Protocolo, siendo esta la razón por la cual aún la República
Bolivariana de Venezuela no es reconocida por la comunidad
internacional como parte contratante de dicho Protocolo”
(Últimas Noticias, 16,02.05, pág. 12).
Jacqueline Faría, actual titular del MARN explicó que con la
publicación en la Gaceta Oficial de la Ley Aprobatoria, el
protocolo se refrendaba como ley nacional (El Nacional,
17.02.05, pág. B/17).
Por su parte, el embajador Fermín Toro Jiménez,
Representante Permanente de Venezuela ante la ONU indicó que
la misión nacional espera que la Cancillería venezolana
envíe el instrumento original de adhesión al Protocolo de
Kyoto para hacer su depósito ante la ONU, procedimiento
administrativo con el que culminaría formalmente la
ratificación de este pacto (Unión Radio, 18.02.05,
http://www.unionradio.com.ve/Noticias/Noticia.aspx?noticiaid=131651).
Finalmente, cabe destacar que “el hecho de que Venezuela
haya decidido adherirse al Protocolo de Kyoto lanza a la
comunidad ambiental internacional una señal bien importante,
porque es miembro de la Organización de Países Exportadores
de Petróleo (OPEP), donde la mayoría de ellos están en
contra del Protocolo básicamente por la vulnerabilidad
económica”
(El
Nacional, 17.02.05, Op. cit.)
según destacó Gerardo Carrillo, director general adjunto de
Planificación y Ordenación del Ambiente del MARN.
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DERECHOS
ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
El
Protocolo de Kyoto: letra muerta según ambientalismo
venezolano |
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A
través de la Lista Electrónica Ambiental (LEA) de Venezuela
se denunció que un día antes de la entrada en vigor del
Protocolo de Kyoto, la intencionalidad gubernamental de
formar parte de este instrumento quedó cuestionada, luego de
que la empresa minera brasileña Vale do Río Doce anunciara
que en los próximos 60 días se creará una nueva empresa
carbonífera llamada Carbosuramérica, una empresa mixta entre
ésta y Carbozulia para explotar el yacimiento de Socuy, y
otros en el Edo. Zulia (Lista Electrónica Ambiental,
17.02.05,
lea@eListas.net).
Según una fuente oficial, el pasado 14.02.05 se firmó “la
carta de declaración reafirmando la intención de crear
Carbosuramérica” (Gobierno en Línea, 17.02.05,
http://www.gobiernoenlinea.gob.ve/noticias/viewNewsUser01.jsp?id_noticia=30394).
Con dicho documento, ambas empresas “esperan concluir los
entendimientos en los próximos 60 días, inclusive en lo que
respecta a los términos finales de la creación de la nueva
compañía […] Este proyecto fue mencionado por el presidente
brasileño Luiz Inácio (Lula) da Silva a inicios de esta
semana, durante una visita oficial a Venezuela, en la que
ambos gobiernos destacaron la cooperación bilateral en
varias áreas de negocios […] ‘Son enormes las posibilidades
de exploración de hierro, carbón, bauxita y níquel por una
empresa constituida por Vale do Rio Doce y Carbozulia’ dijo
Lula en Caracas durante un discurso" (Gobierno en Línea,
Ídem.).
Según la fuente, la empresa brasilera, junto a Carbozulia,
prevé invertir 1.000 millones de dólares en la explotación
del carbón zuliano. Por su parte, Corpozulia informó que
“mantiene ‘un acuerdo general de confidencialidad de
negocios’ y estudia además la creación de un polo industrial
integrado con inversiones conjuntas, inclusive en una
siderúrgica y una fábrica de acero inoxidable. Los proyectos
en estudio con Corpozulia, en los que participarían empresas
brasileñas incluyen además la producción de químicos
derivados del carbón, petróleo y la construcción de obras de
energía e infraestructura, incluyendo un línea férrea y un
nuevo puerto de aguas profundas. Las inversiones previstas
en ellas ascienden a unos 2.500 millones de dólares en cinco
años, sólo en infraestructura” (Gobierno en Línea, Ídem.).
Conviene recordar que en la edición N° 150 de este boletín
electrónico se reseñaron las acciones que contra la
intensificación de la explotación minera llevada a cabo por
Corpozulia-Carbozulia, están organizando distintos
movimientos indigenistas y ambientalistas del Edo. Zulia
(ver en
http://derechos.org.ve/actualidad/coyuntura/2005/coyuntura_150.htm#07).
Con la noticia de esta asociación auspiciada por los
gobiernos de Brasil y Venezuela, sectores del ambientalismo
nacional se preguntan sobre el significado que la adhesión
de Venezuela al Protocolo de Kyoto tiene para Corpozulia-Carbozulia,
empresas del Estado venezolano. Para conocer con detalle
estas opiniones recomendamos consultar en la sección
ARTÍCULOS de esta edición el
escrito
"Los
Proyectos anunciados por Corpozulia obedecen a intereses
exógenos", realizado por
Lusbi
Portillo, profesor de La Universidad del Zulia (LUZ) y
coordinador de la organización “Homo et Natura”.
Un hecho que ilustra el rechazo que la explotación minera en
el Edo. Zulia provoca en las comunidades más afectadas se
reportó recientemente. La agencia de noticias ANPA informó
el desmantelamiento hecho a las instalaciones de la
trasnacional Carbones de Perijá, por las comunidades
indígenas Barí residentes del sur de la Serranía de Perijá
el pasado 21.02.05. Los Barí denunciaron que dicha empresa
invadió su territorio, amparada en unas concesiones que el
Ministerio de Energía y Minas (MEM) otorgó el año pasado a
estos particulares (Aporrea, 23.02.05,
http://aporrea.org/dameverbo.php?docid=56657).
La acción
practicada según la fuente periodística, por guerreros Barí,
en mandato de sus comunidades, dañaron parcialmente la
maquinaria y, hasta la fecha del reporte, mantenían retenido
a un integrante de la cuadrilla de trabajadores en espera de
acordar una medida de suspensión de las presuntas invasiones
y un acuerdo de respeto a su territorio.
ANPA afirmó que, para el momento en que se efectuaba su
reporte, la Fuerza Armada Nacional (FAN) se movilizaba hacia
la zona de conflicto, ubicada en una zona de bosques de
difícil acceso en el sur de la Serranía de Perijá.
La fuente recordó
que “desde
hace más de 20 años estas comunidades se juegan su
supervivencia frente al plan de explotación del carbón en
todo el piedemonte de la Sierra de Perijá última tierra de
la nación Barí”.
Finalmente, hizo “un llamado a las autoridades a sostener
una actitud de equilibrio […] y en consideración a la
prevalencia contitucional de los derechos de las comunidades
indígenas” (Aporrea, Ídem.).
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DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
Estado
venezolano adelantó nuevas acciones con motivo de la
conmemoración de El Caracazo |
Con motivo
de cumplirse el próximo 27.02.05, 16 años de los sucesos
conocidos como El Caracazo, la plenaria de la Asamblea
Nacional (AN) consagró la fecha como Día Nacional de la
Participación Protagónica del Pueblo.
El diputado Francisco Solórzano (Movimiento Quinta
República) destacó que “ese 27 de febrero de 1989 vive en la
conciencia democrática venezolana como una fecha de crímenes
horrendos y de impunidad, en la cual se ha puesto en tela de
juicio las definiciones y los valores más claros de la
democracia y el respeto de los derechos humanos” (El
Nacional, 25.02.05, pág. A/4).
En el acuerdo legislativo, además, se expresa solidaridad
con los familiares de los fallecidos, torturados y
desaparecidos; exhorta a distintas instancias del sistema
judicial
(Ministerio
Público, jueces, cuerpo de investigaciones judiciales, etc.)
a concluir el proceso de identificación de las víctimas
exhumadas en el Cementerio General del Sur, sector La Peste;
exalta el derecho a manifestar y a protestar “en
correspondencia con las libertades públicas y el respeto de
los derechos humanos” (El Nacional, Ídem.); y, reconoce la
voluntad del Gobierno Nacional de indemnizar a los
familiares de las víctimas.
En la misma jornada del 25.02.05, el Ministerio Público (MP)
informó que Indira Mora, fiscal 64º del Área Metropolitana
de Caracas, solicitó ante el Tribunal 2º de Control una
orden de captura “contra el ex presidente Carlos Andrés
Pérez por su presunta responsabilidad en la instrucción
implementación del Plan Ávila durante los sucesos de finales
de febrero de 1989” (El Nacional, Ídem.).
En su comunicado, el MP aclaró que tiene previsto que, una
vez que María Teresa Gómez Nieves, jueza 2° de Control,
acuerde la medida, gestionará “lo conducente para dar
cumplimiento a la orden y verificar la ubicación Pérez para
garantizar su comparecencia a la audiencia de presentación y
proceder a la imputación correspondiente” (El Nacional,
Ídem.).
El 20.02.04, Alis Fariñas, fiscal 21º del Área Metropolitana
de Caracas, acusó al general de División (Ejército) Ítalo
Del Valle Alliegro, ex ministro de la Defensa, por su
presunta responsabilidad penal respecto de los homicidios
durante los sucesos de los días 27, 28 y 29 de febrero de
1989.
En la edición Nº 126 de este boletín electrónico se reseñó el desacato total, por parte del Estado venezolano, de la
sentencia dictada sobre El Caracazo por la Corte
Interamericana de los Derechos Humanos (Corte IDH) el
29.08.02 (ver en el sitio web de Provea:
http://derechos.org.ve/actualidad/coyuntura/2003/coyuntura_126.htm#12).
Sin embargo, en el Informe Anual de Provea sobre la
situación de los Derechos Humanos en Venezuela octubre
2003/septiembre 2004, se recoge que “el 26.11.03 la Comisión
de Finanzas de la AN aprobó un crédito adicional de
8.918.814.600 bolívares solicitados por el Ministerio de
Finanzas (MF) que permitiría al Estado iniciar el proceso de
reparaciones en consonancia con parte del dictamen de la
Corte IDH” (Provea, 25.02.05,
http://derechos.org.ve/publicaciones/infanual/2003_04/23organismosINTERNA.pdf).
En esa edición de su informe, Provea también destacó que “el
05.02.04 fue abierto el proceso de recepción de documentos
para proceder al pago de la indemnización a las víctimas y
familiares de víctimas quienes, asesorados por Cofavic,
elevaron este caso ante las instancias del SIPDH. Días antes
fue publicada en prensa una lista de los 170 beneficiarios,
y el MF se comprometió a cancelar las indemnizaciones entre
el 18 y el 20.02.04” (Provea, Ídem.).
Paralelamente, el Ministerio Público había anunciado la
imputación del general de División (Ej.) Ítalo del Valle
Alliegro, ex Ministro de la Defensa, “por su presunta
responsabilidad penal respecto de los homicidios durante los
sucesos del 27, 28 y 29 de febrero de 1989” (Provea, Ídem.).
La acción la ejecutó la Fiscala 21º Alis Fariñas, bajo cuya
jurisdicción se encuentra el expediente abierto por la
denuncia sobre la muerte de Luis COLMENARES y Crisanto
MEDEROS, ocurrida en El Caracazo.
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DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
Red de
Apoyo por la Justicia y la Paz presenta indicadores sobre la
situación de los derechos civiles durante 2004 |
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De acuerdo a
un reporte hecho público recientemente por el Área de
Atención Integral de la Red de Apoyo por la Justicia y la
Paz, durante el año 2004 la violación de los derechos
civiles en Venezuela se incrementó en más de un 51%. Para el
año pasado, la Red de Apoyo recibió 91 denuncias de
violación a los derechos civiles, 31 más de las que
reportara en el año 2003 (Red de Apoyo por la Justicia y la
Paz, 11.02.05,
redapoyo@cantv.net).
La organización venezolana de derechos humanos detectó que
para el año 2004 el Cuerpo de Investigaciones Científicas,
Penales y Criminalísticas (CICPC) fue el cuerpo de seguridad
del Estado que presentó mayor número de denuncias por
violación al derecho a la vida en todo el ámbito nacional.
Le sigue consecutivamente la Guardia Nacional (GN), la
Policía del Municipio Libertador y la Dirección General
Sectorial de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP),
datos que coinciden con los registrados por Provea en su
Informe Anual sobre la Situación de los Derechos Humanos en
Venezuela octubre 2003/septiembre 2004 (ver en sitio web
http://derechos.org.ve/publicaciones/infanual/2003_04/12vida.pdf).
La Red de Apoyo señaló que el CICPC también ocupó el 1er.
lugar durante el año 2003 en cuanto a violación de los
derechos civiles.
Según las estadísticas de la Red de Apoyo, el derecho civil
más vulnerado durante el 2004 fue el derecho a la vida, con
un 42% (38 casos), seguido por la violación del derecho a la
integridad personal con un 41% (37 denuncias). En esta
última categoría se agrupan los casos de maltratos, torturas
y amenazas.
La organización observó que, en comparación con el año 2003,
que acumuló 25 denuncias por violaciones al derecho a la
vida, para el año 2004 éstas se incrementaron en más del
52%.
En cuanto a la violación del derecho a la integridad
personal, en contraste con el año 2003, en el 2004 se
incrementó un 32%.
Una aproximación a las entidades federales arrojó que en el
Distrito Capital y en el Edo. Miranda, se ubicó la mayor
frecuencia de casos. La Red de Apoyo atendió el año pasado
33 denuncias por violaciones a los derechos civiles de
personas residentes de estas entidades federales, lo que
equivale a un 36% del total nacional. La misma situación,
pero con un 12% más, se presentó en el año 2003.
Sobre la situación del derecho a la justicia, la Red de
Apoyo resaltó que aproximadamente un 7% de los casos
asumidos por la misma obtienen sentencia definitiva. En el
año 2004 sólo 1 caso fue sentenciado mientras que 5 se
encuentran en etapa de juicio.
El informe de la organización, también observó que un fiscal
del Ministerio Público (MP) puede tardar más de 2 años para
realizar una investigación y presentar una acusación en
casos de violación a los derechos humanos.
La Red de Apoyo cree que esta situación de impunidad viene
dada, entre otras cosas, por el excesivo número de causas
que lleva cada fiscal y la negligencia del CICPC al momento
de recabar las pruebas técnicas solicitadas y de responder
oportunamente a las diligencias impartidas por el MP.
Otro mecanismo de impunidad que se repitió este año es la
suspensión de audiencias preliminares y de juicios orales
por tácticas dilatorias de la defensa, ante la mirada
complaciente de fiscales y jueces, así como la tardanza en
la constitución de los tribunales mixtos (con escabinos).
En opinión de la Red de Apoyo, los niveles de impunidad se
acrecientan con la alta rotación o el cambio de fiscales en
un mismo caso y la resistencia de estos funcionarios del MP
para sustituir al CICPC de la investigación, en aquellos
casos concretos donde dicho cuerpo pudiera estar
involucrado.
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DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
Red de
Apoyo por la Justicia y la Paz denunció hostigamiento a
familiares de víctimas de ejecuciones en Carabobo |
La Red de Apoyo por la Justicia y la Paz inició
una campaña de acción urgente a favor de la familia Ceballos
Peña, residenciada en el Edo. Carabobo y que es víctima de
amedrentamientos y amenazas por continuar con la lucha por
la búsqueda de justicia para el caso de Carlos CEBALLOS,
quien fue asesinado presuntamente por funcionarios de la
Policía Regional de Carabobo (PRC) el 19.09.04 (Red de Apoyo
por la Justicia y la Paz, 17.02.05,
redapoyo@cantv.net).
La acción urgente busca presionar a las autoridades
nacionales, para que tomen medidas que permitan el cese de
tales acciones de hostigamiento contra César PEÑA, Areida
ROJAS de Peña, Lorian CEBALLOS Peña y su núcleo familiar. El
pasado 27.01.05, César Peña, (tío de Carlos Ceballos) fue
víctima de allanamiento, amenazas e intento de detención
arbitraria, por parte de 3 funcionarios adscritos a la PRC.
Relató Peña que en la fecha mencionada se estacionó al
frente de su casa una patrulla de la PRC identificada con la
placa 34-XGAT. De la misma descendieron 3 funcionarios, 1
vestido de civil y los otros 2 con uniforme, portando armas
de fuego. Uno de los uniformados le pidió la cédula de
identidad para luego arrebatársela. Posteriormente, el
funcionario se introdujo en su casa y, sin orden judicial ni
explicación practicó un allanamiento. Ante la preocupación
hecha manifiesta por Peña a los efectivos, el policía
desenfundó su arma. Peña reaccionó intentando desarmarlo.
Enseguida, sus acompañantes intervinieron arrastrándolo
hacia fuera de su casa, intentando llevárselo detenido.
Areida Rojas, Su esposa forcejeó con los policías para
impedirlo y uno de ellos la empujó, causándole hematomas en
la pierna. Otros familiares, vecinos y vecinas, lograron
intervenir resguardando a Peña en casa de sus
padres.Finalmente, el funcionario que inició el
procedimiento le amenazó diciéndole: “Cuídate porque me la
vas a pagar” (Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, Ídem.).
Estos hechos fueron presenciados por el hijo de Peña, de 7
años de edad y fueron denunciados ese mismo día ante
Fiscalía 3º de Carabobo y ante la Dirección de Asuntos
Internos de la PRC.
Ante esta situación, la Red de Apoyo solicitó a Isaías
Rodríguez, Fiscal General de la República; a Flavietta Di
Pede, Fiscal Superior del Edo. Carabobo; a Germán Mundaraín,
Defensor del Pueblo; a Yoel Pérez Marcano, Defensor Delegado
del Edo. Carabobo; a Luis Felipe Acosta Carles, Gobernador
del Edo. Carabobo; y, al Cnel. (GN) Nictor López, Director
de la Policía del Edo. Carabobo, que se ordene una
investigación inmediata, exhaustiva e imparcial con el
objeto de identificar a los funcionarios que intervinieron
para que se les ordene sus destitución.
También solicita la garantía de la seguridad e integridad
física de la familia Ceballos Peña y de los testigos de los
hechos, apostando en la puerta de sus viviendas agentes
policiales miembros de un cuerpo policial distinto al
involucrado.
Por último, exige que se vele por el respeto efectivo de los
derechos humanos, conforme a las leyes nacionales, las
normas internacionales ratificadas por el Estado Venezolano
y, en general, las normas internacionales de derechos
humanos.
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DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
Situación de las investigaciones sobre los casos
de ejecuciones |
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Guárico
En una inspección sorpresa ordenada por los diputados que
investigan las denuncias de abusos policiales, la Dirección
de Armamentos de la Fuerza Armada Nacional (DARFA) detectó
un total de 15 pistolas, revólveres, escopetas y municiones
ilícitas en la comandancia de la Brigada de Intervención y
Apoyo (BIA) en Valle de la Pascua. Los diputados Moisés Díaz
Zamora (COPEI), José Ernesto Rodríguez (Movimiento Quinta
República) y Moisés Villalba (Patria para Todos) integrantes
de la Comisión Permanente de Política Interior, Justicia,
Derechos Humanos y Garantías Constitucionales (CPPIJDHGC) de
la Asamblea Nacional (AN) que investiga las denuncias,
explicaron que las armas “no tienen identificación, es
decir, no están marcadas como propiedad de la Policía del
Edo. Guárico. Ahora el DARFA procede a incautarlas y ejecuta
los procedimientos de rutina, las experticias y otras
diligencias. Ellos van a custodiar este material” (El
Nacional, 12.02.05, pág. B/19).
La medida también fue practicada en la sede de patrullaje de
Poliguárico, donde se incautaron 250 cartuchos de fusil 7.62
y otras 14 armas sin marcaje: 11 revólveres calibre .38, 1
pistola y 2 escopetas.
Todo este material quedó bajo custodia de los funcionarios
del DARFA para practicarle las experticias de rigor y
determinar si estas armas fueron utilizadas en alguna
actividad ilícita (El Nacional, 13.02.05, pág. A/2).
Paralelamente a esta acción se efectuó, el 11.02.05, la
segunda ronda de interpelaciones al gobernador Eduardo
Manuit quien, como en la primera ocasión, se presentó
acompañado por poco más de 300 personas, apostadas desde
temprano frente a la sede militar que sirve de escenario
para las audiencias.
También fue interpelado el comisario Wuilfredo Febres, ex
jefe de la Brigada de Intervención y Apoyo (BIA), a quien
los diputados interrogaron sobre su participación en el caso
del asesinato del comerciante Arturo HERNÁNDEZ (El Nacional,
12.02.05, Op. cit.).
A propósito de este caso, el gobierno español, a través de
una delegación de funcionarios del Consulado General de
España en Caracas, solicitó al Ministerio del Interior y
Justicia (MIJ) información sobre las investigaciones
seguidas por el homicidio de este comerciante de origen
canario. Su caso es uno de los que la AN investiga en el Edo.
Guárico como presunta ejecución. Por este crimen, cometido
el 12.02.04, fue imputado –y se le dictó orden de captura–
el comisario Febres, junto a otros 5 funcionarios adscritos
al BIA (El Nacional, 16.02.05, pág. A/4).
A las citas pautadas por la comisión legislativa no asistió
la jueza Peggy Sevilla, titular del Tribunal 1º de Control
de Valle de la Pascua, quien es requerida por los diputados
para explicar las razones de la liberación de 4 funcionarios
de Poliguárico capturados in fraganti por la Guardia
Nacional (GN) en una hacienda en diciembre del año pasado
cuando cobraban una extorsión ((El Nacional, 13.02.05, Op.
cit.).
Otra medida acordada por la CPPIJDHGC relativa a esta
investigación, fue la exhumación de 10 cadáveres de las
supuestas víctimas (Agencia Bolivariana de Noticias,
17.02.05,
http://www.abn.info.ve/go_news5.php?articulo=1815),
procedimiento que será ejecutado por fiscales del Ministerio
Público (MP) y funcionarios del Cuerpo de Investigaciones
Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) (El
Universal, 16.02.05,
http://www.eluniversal.com/2005/02/16/ccs_art_16268E.shtml).
El diputado Nicolás Sosa (Movimiento al Socialismo),
presidente de la instancia investigadora, informó que los
diputados volverán el próximo 28.02.05 a la entidad
guariqueña para comenzar la primera ronda de exhumaciones.
Además, explicó que la secretaría de la comisión aceleró su
trabajo para cumplir con los procedimientos de ley que
permitan realizar este procedimiento en menos de 10 días:
“debemos tener órdenes judiciales de tribunales de Guárico y
formar un equipo multidisciplinario de fiscales, forenses y
nuestro personal técnico” (El Nacional, 18.02.05, pág.
B/23).
Por su parte, Iris Varela (Movimiento Quinta República),
vicepresidenta de la comisión investigadora, anunció nuevas
inspecciones a los parques de armas de todos los comandos de
Poliguárico y una nueva agenda de trabajo que incluye un
plan de interpelaciones que comenzará en Caracas
próximamente y que cita a 2 de los 15 alcaldes del Edo.
Guárico: David Fares (PPT), del municipio Zaraza, y Valmore
García (Podemos), del municipio Infante, Valle de La
Pascua. En ambos casos, los diputados quieren conocer la
participación de ambos despachos en algunas denuncias por
supuestos abusos de autoridad (El Nacional, Ídem.).
Igualmente, será entrevistado el coronel (GN) Artemio Boada,
quien fuera comandante de Poliguárico hasta septiembre del
año 2000. El oficial fue el autor de varios informes en los
cuales se le recomendaba al gobernador Manuitt la
destitución de varios funcionarios, entre ellos el comisario
Febres (El Nacional, Ídem.).
Aragua
Este 24.02.05 se presentaría ante la plenaria de la AN
el informe sobre la situación de los casos de homicidios
reportados como ejecuciones ocurridas en el Edo. Aragua. El
diputado Ramón Rengifo, presidente de la Comisión de
Derechos Humanos del Consejo Legislativo responsable de su
preparación adelantó que desde 1998 se reportan 1.150
personas fallecidas en situaciones que presumiblemente
involucran la acción de agentes de la Policía Estadal de
Aragua (PEA). Con la presentación de este informe, se
marcará el inicio formal de la intervención legislativa para
investigar estos hechos (El Universal, 22.02.05, pág. 1/9).
El informe de Rengifo plantea la interpelación ante la
Comisión de Derechos Humanos del Consejo Legislativo de
Ángel Mercado, comandante de la policía estadal; María del
Valle Roversi, directora de Inspectoría de ese ente; Olga
Adames, Fiscal superior; y de Víctor Orta, delegado estadal
de la Defensoría del Pueblo.
Informó Sara Mier y Terán, coordinadora general de la
organización Comisión de Derechos Humanos Vida, Paz y
Libertad del Estado Aragua, que asiste a los familiares de
las víctimas, quienes simultáneamente han elevado estos casos a
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) (El
Universal, 21.02.05,
http://www.eluniversal.com/2005/02/21/pol_art_21183A.shtml).
Luis Aguilera, integrante de la organización de derechos
humanos Justicia y Paz de Aragua, explicó que la CIDH solicitó a la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que en su
1er. período de sesiones, a iniciarse en marzo, se incluya
una audiencia. En la misma estarán presentes Eloísa BARRIOS
y Caudy BARRIOS, familiares de 4 víctimas de ejecuciones, a
los que el 30.03.04, el Tribunal 9no. de Control del Edo.
Aragua favoreció con medidas de protección, que fueron
incumplidas por fiscales del MP a pesar de haber sido
ratificadas por la CIDH.
Agregó Aguilera que "esa medida de protección había sido
dictada pero la fiscal, en franca demostración de
negligencia, no la implementó y los policías ejecutaron las
amenazas de muerte que realizaron contra Luis Alberto y
Rigoberto [BARRIOS]. Funcionarios de la GN acudían de vez en
cuando a Guanayén [población donde reside Eloísa Barrios],
con papeles en blanco, y obligaban, con coacción y engaños,
a la señora Barrios a firmarlos, aprovechándose de su
condición humilde y a su desconocimiento de las leyes. Lo
grave es que no se trata sólo de un engaño de los GN pues la
fiscal, Olga Adames, envió a la Corte IDH esos formularios
fraudulentos para hacerle creer que si se cumplía la medida
de protección. Nosotros alertamos a la CIDH y ellos ya
tienen conocimiento […] Por eso pedimos también la
destitución de esa fiscal por parte del MP", alega
Aguilera.” (El Universal, 21.02.05,
http://www.eluniversal.com/2005/02/21/pol_art_21183C.shtml).
Según el último reporte de la Fiscalía de Derechos
Fundamentales de Aragua, se han recibido denuncias por 600
casos que Mier y Terán atribuye a enfrentamiento con
policías estatales, abuso de poder y ejecuciones. El 90% de
estos casos son imputados a la PEA (El Universal, 21.02.05,
Op. cit.).
Sin embargo, la activista de derechos humanos señaló que,
por ejemplo, durante el mes de enero la PEA “mató a 14
personas
[…] e hirió a 2 más. Y, de paso, 9 personas murieron en forma
violenta, sin que se conozcan los autores, y se encontraron
6 cadáveres de personas que fueron asesinadas de diferentes
maneras. De los 14, 8 murieron por acciones del cuerpo
policial de Aragua; 4 en supuestos enfrentamientos con
funcionarios de la policía científica y 2 por guardias
nacionales. Los heridos también son responsabilidad de la
PEA” (El Universal, 21.02.05, Op. cit.).
El perfil de la mayoría de las víctimas es común: hombres
con edades entre 14 y 25 años, sin antecedentes penales y de
origen humilde. Muy pocos presentan 1 solo disparo en el
cuerpo y, más bien presentan heridas por acribillamiento
por la espalda. Las zonas de mayor riesgo parecen ser Cagua,
San Mateo, Guanayén y Zuata (El Universal, 21.02.05, Op. cit.).
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DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
Ejecutivo
Nacional observó inconstitucionalidades en reforma del
Código Penal aprobada por la AN |
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Según
una fuente periodística, el Ejecutivo Nacional decidió
devolver a la Asamblea Nacional (AN) el proyecto de Reforma
del Código Penal (CP) que el pasado 09.12.04 fuera aprobado
por mayoría exclusiva de los diputados del Bloque del Cambio
(El Universal, 09.02.05, pág. 1/8). A decir de la fuente,
“el presidente Chávez […] vetó la reforma […] por
inconstitucional y por imprecisiones en la redacción”. En
detalle, “la principal objeción que hizo el Ejecutivo en el
escrito, mediante el cual le devuelve la ley a los
diputados, fue la eliminación de los beneficios procesales,
lo cual ‘indefectiblemente redundará en una crisis
carcelaria derivada del aumento de la población reclusa’. En
las 14 páginas en las que argumentó sus objeciones al
instrumento legal, el jefe de Estado solicitó al Parlamento
que modifique los artículos 215 (intimidación a los
funcionarios públicos, criticado por la oposición porque
penalizaría los cacerolazos), 297-A (difundir información
falsa para causar pánico), 357 (cierre de vías), 376
(violación), 453 (hurto) y el artículo 455 (robo), a partir
de las ‘observaciones de fondo’ entregadas. El Ejecutivo
rechazó la eliminación de los beneficios procesales y/o
medidas alternativas del cumplimiento de la pena, realizada
a los artículos que penalizan el robo y el hurto, por cuanto
violan los artículos 19 y 272 de la Constitución Nacional y
el capítulo III, del libro V, del Código Orgánico Procesal
Penal” (El Universal, Ídem.).
En otros extractos del documento destacados por la misma
fuente, el Ejecutivo explicó que “En Venezuela, los
imputados gozan de beneficios procesales, por tanto se han
erigido como derechos adquiridos de los cuales sería
imposible despojar. [La Constitución] hace prevalecer
siempre la rehabilitación y la reinserción social del
interno y las penas no privativas de la libertad a las
medidas de naturaleza reclusoria. Entonces, la eliminación
de beneficios procesales en la Reforma Parcial del Código
Penal, además de inconstitucional, indefectiblemente
redundará en una crisis carcelaria derivada del aumento de
la población reclusa".
En cuanto a la intimidación a funcionarios públicos
(artículo 215), destacó la fuente que “el Ejecutivo observó
‘la utilización excesiva de conceptos jurídicos
indeterminados’, lo cual deriva en una norma ‘imprecisa y
discrecional’, por lo cual ‘no puede ser incriminable’, ya
que en Derecho Penal una acción sólo puede imputarse cuando
es ‘precisa, descrita y definida, además de castigada por
una ley que con anterioridad ha sido puesta en vigencia […]
Expresiones como: cualquier tipo de amenaza, acto de
violencia contra su familia, alto funcionario y agente del
delito’, contenidas en el artículo, ‘pueden caracterizarse
como expresiones que remiten a una esfera de realidad cuyos
límites no se precisan, por lo cual su aplicación no permite
una solución justa en cada caso’. Requirió que se precise
que la amenaza puede ser ‘oral, escrita o real’, y que ‘el
sujeto que amenaza debe pretender causarle un daño grave e
injusto al sujeto pasivo’. Además, el veto destaca que se
establece la misma pena (prisión de 2 a 5 años) al delito de
‘pretende | | | |