1988/2005: Provea, 17 años por los derechos sociales y contra la impunidad

CONTEXTO
* Provea convoca a concurso para personal en su Área de Investigación
* Foro Social Américas, acuerdos y actividades recientes
* Provea felicita al SJR en su 25 aniversario

DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 
* Provea celebra aprobación del Protocolo de San Salvador
* La causa continúa vigente para personas despedidas por razones políticas
* Anuncio del CNE restituye respeto a la libertad sindical
* Personas jubiladas y pensionadas de la CANTV manifiestan preocupación por retraso de ejecución de sentencia
* Indicadores oficiales de los derechos laborales
* Estudio revela efectos de las misiones educativas adelantadas por el Gobierno Nacional
* Organismos relacionados con el sector vivienda ya forman parte del despacho del Hábitat y la Vivienda
* Misión Vivienda, primeros pasos
* Comunidades indígenas: entre medidas favorables y mora legislativa
* AN aprobó reforma parcial de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario
* Indicadores del derecho a la alimentación del INN
* Indicadores del derecho a la alimentación del INE

DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
* Sentencia de la Sala Constitucional afecta el ejercicio del derecho de petición, a la participación y la contraloría social
* Organizaciones de derechos humanos opinan sobre adquisición de nuevas armas para las FAN y destino de las desincorporadas
* "Si, yo apoyo la adopción de un Día Mundial Contra la Homofobia: 17 de Mayo"
* Poder Judicial promete acabar con la provisionalidad y llevar la justicia a los sectores excluidos
* Reporte trimestral del OVP sobre situación de los derechos de las personas privadas de libertad
* Situación de las investigaciones relacionadas con casos de ejecuciones  

INVITACIONES A EVENTOS
* Inauguración de la Cátedra Fundacional Sergio Vieira de Mello en la UCAB
* La CAJ realiza curso sobre la Carta Democrática Interamericana y la defensa colectiva de la democracia

ARTÍCULOS
* Son Derechos: "Instrucción Premilitar"
* Elio Gómez Grillo: La reforma del Código Penal (I y II)
* Rigoberto Lanz: "Educación superior: preguntas más frecuentes"
* Alejandro Teitelbaum: Los tratados bilaterales de libre comercio

NOVEDADES DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN TODOS LOS DERECHOS PARA TODOS
* "Derecho de las personas privadas de libertad: marco teórico-metodológico básico"
* "Normas internacionales para la protección de los derechos humanos de la niñez y la adolescencia: compilación"
* "Cumpliendo las metas del milenio"
* "Derechos humanos. Apuntes para la reflexión 2: no discriminación"
 
DOCUMENTOS
* Homo et Natura: "Los recursos del carbón no son para el pueblo zuliano"
* Alianza Internacional de Habitantes: "Principios Fundadores de la Alianza Internacional de Habitantes"
 

Provea busca un/a investigador/a de derechos humanos que coordine el Informe Anual de Provea sobre la Situación de los Derechos Humanos en Venezuela.
La persona que desee optar a este cargo de tiempo completo en el Área de Investigación de Provea debe, preferiblemente, ser egresada universitaria de una disciplina vinculada con las Humanidades o Ciencias Políticas, Jurídicas o Sociales. Su experiencia profesional/laboral y/o de activismo o militancia, debe incluir desempeños en actividades vinculadas con la investigación social y el análisis político, directa o indirectamente, relacionado con los Derechos Humanos, en especial con los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC).
Es indispensable que esté comprometida con la defensa de los derechos humanos de todas las personas y, en particular, que privilegie la perspectiva de defensa y promoción de los sectores sociales más discriminados y excluidos. Debe poseer habilidades para la investigación, redacción de documentos, formulación de análisis políticos con perspectiva de derechos, elaboración de propuestas de políticas públicas con perspectiva de derecho, facilitación de procesos pedagógicos (formales o informales), vocería pública y representación institucional, con públicos diversos (instituciones públicas, organizaciones sociales de diverso tipo o medios de comunicación); así como para la planificación, monitoreo y evaluación de proyectos y programas y la coordinación de actividades complejas. Debe tener experiencia en alguna lucha colectiva por la exigencia de algún derecho social.
La persona que desee optar, debe estar dispuesta a residir en el área metropolitana de Caracas o sus zonas adyacentes y a viajar fuera de la ciudad o el país cuando los requerimientos del cargo lo exijan, así como a trabajar en horario no convencional. Debe manejar adecuadamente los más comunes programas de computación y es deseable que tenga un dominio básico del inglés.
Características personales
La persona que estamos buscando debe ser:
• Dinámica, organizada y eficiente.
• Analítica y estudiosa.
• Con impecable capacidad de expresión escrita.
• Con alta motivación por los logros colectivos.
• Con un compromiso ético con las luchas por la dignidad de personas y sectores sociales más excluidos y discriminados, en las que éstos son los principales protagonistas.
• Con capacidad y disposición para pensar y actuar de manera despolarizada, de manera tal que esté dispuesta a solidarizarse con las víctimas de violación a los derechos humanos, independientemente de sus opciones políticas o ideológicas.
• Con visión estratégica y capacidad para establecer prioridades y medir las consecuencias de sus decisiones.
• Con capacidad para dar respuesta adecuadas en situaciones de presión, con sentido de la oportunidad y paciencia.
• Con capacidad para establecer y mantener buenas relaciones interpersonales con personas diversas, tanto dentro del equipo de Provea, como de otras organizaciones sociales.
• Con capacidad para recibir críticas y aplicar correctivos oportunamente cuando estos sean adecuados.
Se recibirán Currículum Vitae hasta el lunes 02 de mayo de 2005.
Las entrevistas con las personas preseleccionadas serán entre el 09 y el 13 de mayo de 2005.
La incorporación de la persona seleccionada será el martes 17 de mayo de 2005.
Las condiciones laborales se especificarán en la entrevista.
Enviar Currículum Vitae dirigido a Antonio González Plessmann, Coordinador de Investigación, a las siguientes direcciones físicas o electrónicas: Dirección oficina: Bulevar Panteón, Tienda Honda a Puente Trinidad, Edificio Centro Plaza Las Mercedes, PB, Local 6, Caracas. Dirección electrónica:
investigacionprovea@derechos.org.ve. Teléfonos/fax: 0212 8606669, 8621011 y 8625333.

Fue sancionada por la Asamblea Nacional (AN), en su segunda discusión efectuada el pasado 29.03.04 (Asamblea Nacional, 18.04.05, http://www.asambleanacional.gov.ve/ns2/leyes.asp), la Ley Aprobatoria del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, conocido como el Protocolo de San Salvador. Adoptado por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) el 17.11.88, este instrumento jurídico entró en vigencia el 16.11.99, tan pronto como 11 estados depositaron sus respectivos instrumentos de ratificación. Un procedimiento que desde hace 16 años se esperaba que cumpliera el Estado venezolano (ver en sitio web de Provea:
http://derechos.org.ve/actualidad/comunicados/notas_prensa_2005/np180305.pdf).
Este instrumento surgió con el propósito de ampliar y hacer específico el contenido del artículo 26, capítulo III, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que consagra los derechos económicos sociales y culturales (DESC). Compuesto por 22 artículos y un preámbulo, el Protocolo de San Salvador subraya la importancia de desarrollar, perfeccionar y proteger los DESC sobre la base del respeto integral a los derechos de la persona, para lograr la consolidación continental de un régimen de libertad personal y justicia social que favorezca el desarrollo de los pueblos y la libre determinación de sus riquezas y recursos naturales.
En opinión de Provea, con la puesta en vigor del Protocolo de San Salvador se fortalece, en el ámbito nacional, la seguridad jurídica de los DESC al facilitar la implementación de mecanismos de control que permiten ampliar hacia el ámbito continental las garantías de exigibilildad y justiciabilidad de los DESC. Es decir, la capacidad y calidad de la defensa jurídica de estos derechos por parte de los ciudadanos y el movimiento organizado existente alrededor de los derechos humanos.
Tales mecanismos de control están contemplados en el artículo 19 de dicho instrumento, relativo a los medios de protección que los Estados partes se comprometen a poner en marcha para este fin. Entre estos mecanismos se destacan los siguientes:
- La presentación, por parte del Estados signatarios, de informes periódicos sobre la situación nacional de los DESC y las medidas progresivas adoptadas para asegurar su debido respeto;
- La presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de denuncias o quejas de violación de los derechos humanos estipulados en el artículo 8 (a la libertad sindical) y en el artículo 13 (a la educación) por parte de cualquier persona, grupo de personas, u organización no gubernamental, siempre y cuando se hayan agotado los recursos de la jurisdicción interna, además, que no exista legislación interna que trate el debido proceso legal para la protección del derecho o no se haya permitido al presunto lesionado el acceso a los recursos de la jurisdicción interna o haya retardo injustificado en la decisión;
- La formulación, por parte de la CIDH, de las observaciones y recomendaciones que considere pertinentes sobre la situación de los DESC en todos o en algunos de los Estados partes; y, finalmente,
- La presentación ante la Asamblea General de la OEA de informes anuales con un resumen de la información recibida por el Consejo Interamericano Económico y Social y del Consejo Interamericano para la Educación, la Ciencia y la Cultura de los Estados y de los organismos especializados, acerca de las medidas progresivas adoptadas a fin de asegurar el respeto de los DESC y las recomendaciones de carácter general correspondientes.
Contar con estos medios de protección en el ámbito internacional, constituye una excelente soporte para el fortalecimiento de los DESC, así como de las herramientas para su monitoreo por parte de organizaciones o activistas de derechos humanos. Por esta razón, Provea –en su condición de organización dedicada a la promoción, defensa e investigación de los DESC–, celebra la puesta en vigor de este instrumento.
Las personas interesadas pueden consultar o descargar este instrumento internacional desde el sitio web de Provea: http://derechos.org.ve/instrumentos/sisinteramericano/inst_6_1.htm.


 

Con el fin de exigir garantías procesales para la causa que un grupo de ex funcionarias de la Consejo Nacional de Fronteras (CNF) llevan contra el Vicepresidente Ejecutivo José Vicente Rangel, en su condición de Presidente de esta entidad estatal (ver edición N° 140 de este boletín electrónico en sitio web de Provea: http://derechos.org.ve/actualidad/coyuntura/2004/coyuntura_140.htm),
el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH UCAB) y Provea presentaron el pasado 15.04.05, un recurso de apelación contra la decisión del Juzgado 21° de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas que decidió dar por terminada la investigación que se seguía en contra del Presidente y otros funcionarios del CNF por aplicar medidas de presión a fin de que estas ciudadanas retiraran sus firmas de la convocatoria al referéndum revocatorio presidencial.
Rocío San Miguel, Magally Chang y Thaís Peña, acudieron al tribunal para ratificar su denuncia por despido por razones políticas, del cual fueron objeto en el año 2004 y sobre la cual vienen adelantando varios recursos judiciales. Las ciudadanas se desempeñaban en el CNF como asesora jurídica, ejecutiva de Relaciones Publicas y asistente de Personal, respectivamente. El 01.05.04, fueron despedidas sin existir ninguna amonestación en sus expedientes ni tampoco algún proceso de reorganización en el órgano que planteara una reducción de personal. Al momento de entregarles las notificaciones, el Secretario Ejecutivo del CNF les informó verbalmente y en forma individual que el despido se producía por haber firmado contra el Presidente de la República.
El pasado 04.04.05 el tribunal antes mencionado acordó una decisión de sobreseimiento que fue solicitada por la Fiscalía 37° con competencia nacional porque, en su opinión, no se corroboró que el motivo de la terminación de los contratos fue la participación de las ciudadanas en el referendo revocatorio, tampoco que hayan sido objeto de presiones para modificar  su voluntad política.
La apelación intentada por el CDH UCAB y Provea, reitera que la denuncia por discriminación con motivos políticos constituye una violación a varios derechos humanos, así como que las presiones de índole laboral constituyen un abuso de autoridad y que la petición de la Fiscalía 37° obedece a que ésta no desarrolló una investigación adecuada.
Alegan las denunciantes y las organizaciones de derechos humanos que es improcedente un sobreseimiento de su causa, tal como pretende el juzgado de Control, bajo el argumento de que los hechos denunciados no son típicos de conformidad con lo previsto en el ordinal 2° del artículo 318 del Código Orgánico Procesal Penal (COPP). Y que, por el contrario, estos hechos se encuentran contemplados en los artículos 166, 176, 203, 242, 254 y 286 del Código Penal; el artículo 256, ordinal 12, de la Ley del Sufragio y el artículo 68 de la Ley Anticorrupción.
Con esta acción, las demandantes y las organizaciones que las acompañan insisten en su lucha por dejar sin efecto el acto administrativo de despido en su contra y por la restitución de sus derechos y garantías constitucionales de manera inmediata (Provea, 15.04.05,
 http://derechos.org.ve/actualidad/comunicados/notas_prensa_2005/np150405.pdf).  
Con esta acción judicial coincidió el pronunciamiento público hecho por el Presidente Hugo Chávez Frías en esa misma fecha, a través del cual expresó su preocupación por las denuncias sobre personas a las que se le negó un puesto de trabajo por haber solicitado el revocatorio (El Nacional, 16.04.05, pág. A/4).
Durante la celebración del 5to. Gabinete Móvil efectuado en Puerto Ordaz, Edo. Bolívar, el jefe del Estado señaló que constantemente recibía denuncias de ciudadanos a quienes se les negaba el derecho al trabajo por aparecer registrados en una lista hecha pública por el diputado Luis Tascón (Movimiento Quinta República) a través de su sitio web y que contenía los números de identidad y nombres de los ciudadanos que el año pasado firmaron a favor de la convocatoria a un referéndum revocatorio presidencial: “me han llegado cartas que me hacen pensar que todavía en algunos espacios tienen la lista de Tascón para determinar si alguien va a trabajar o no va a trabajar. ¡Entiérrese la lista de Luis Tascón!” (El Nacional, Ídem.). “Fue un momento que ya quedó atrás. Si alguno de nosotros para tomar una decisión personal con alguien va a buscar la lista, lo que está es trayendo situaciones pasadas al presente y contribuyendo a recrearlas” (El Universal, 16.04.05, pág. 1/6).
Por su parte, el parlamentario Tascón aseguró que el 16.08.04, justo un día después de efectuado el revocatorio presidencial, decidió sacar esa lista de su sitio web “porque la verdad no tenía sentido su presencia luego de celebrado el proceso de consulta” (El Universal, Ídem.). Igualmente señaló que hace un mes le envió una carta al Primer Mandatario en la que le daba cuenta de casos de persecución política sufrido por algunas personas luego de haber estampado su rúbrica en contra del jefe del Estado: “gente a la que no le daban los documentos, que le retardaban los trámites, que le negaban la posibilidad de trabajar” (El Universal, Ídem.).
Según la fuente periodística, Tascón decidió convertir su página web en un medio receptor de denuncias: “la voy a transformar en una página en contra de la persecución. Recibiremos allí todas las denuncias, confidencialmente, y luego de que la persona llene la planilla y ponga allí sus datos, revisaremos si son ciertos o no. Posteriormente, los nombres que hayan sido confirmados serán remitidos a Miraflores para que desde allí se tomen las medidas pertinentes”.
Manuel Cova, Secretario General de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), aprovecho esta coyuntura para exigir el reenganche de los obreros y empleados de Petróleos de Venezuela (PDVSA) y del resto de la administración pública despedidos por firmar a favor del referéndum revocatorio presidencial.
Para Cova, la reinserción inmediata de estos trabajadores en sus puestos “es la única manera como el presidente Hugo Chávez puede demostrar que desconocía la existencia de la lista Tacón” (El Nacional,  19.04.05, pág. A/6). Para ello propone  la creación de una comisión integrada por las 5 centrales obreras del país y un representante del Gobierno.
Cova insistió que “se llegó incluso a pegar en las carteleras de los organismos —como en la Alcaldía de Libertador— los nombres de los firmantes” (El Nacional, Ídem.). Aseguró que también se le “impidió a muchos ciudadanos acceder a créditos, becas y uso del HCM, obtener empleo en el sector público y sacar documentos como cédula y pasaporte” (El Nacional, Ídem.)
Antonio Suárez, presidente de la Federación Unitaria Nacional de Empleados Públicos (FEDEUNEP), anunció que acudirá hasta Miraflores con el fin de exigir la incorporación de las personas afectadas por discriminación política y el sancionamiento de los/as funcionarios/as que aplicaron esta medida contra los firmantes del revocatorio presidencial: “sería el mejor regalo para el 1º de mayo” (El Nacional, 20.04.05, pág. A/4).
Suárez afirmó que ha logrado documentar 780 casos de esta naturaleza. De este total, 200 fueron despedidos, 400 coaccionados y 180 traslados. Según los registros de FEDEUNEP, en el Ministerio del Interior y Justicia (MIJ) fueron despedidas 20 personas; en el Fondo de Garantías de Depósitos y Protección Bancaria (FOGADE), 42, aunque calcula que hay 120; en la Operadora de Acueductos del Distrito Capital y Estados Vargas y Miranda (Hidrocapital), 12; en la Alcaldía del Municipio Sucre, 7; en el Consejo Nacional Electoral (CNE), 5; en el Ministerio de Educación Superior (MES), 2; en el Ministerio de Producción y Comercio (MPC), 2; en el Instituto Nacional de Parques (INPARQUES); en el Fondo de Transporte Urbano (FONTUR), 4; en la Compañía Anónima Metro de Caracas, 11; en la Corporación para la Recuperación y Desarrollo del Estado Vargas (CORPOVARGAS), 3; en Venezolana de Televisión (VTV), 1 e igual cantidad en la Gobernación de Guárico, en el Instituto Nacional del Deporte (IND), en el Instituto Nacional de Turismo (INATUR), en la Contraloría del Edo. Mérida, en el Consejo Nacional de la Cultura (CONAC), en el Instituto Universitario del Este, en la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI),  en el Ministerios del Trabajo (MINTRA), en el Ministerio de Finanzas (MF), en el Ministerio de Agricultura y Tierras (MAT), en el Ministerio de Infraestructura (MINFRA), en el Ministerio de Salud y Desarrollo Social (MSDS), en el Ministerio de Ciencia y Tecnología (MCT), en el Hospital Universitario; en el Municipio Libertador, y en la Zona Educativa Metropolitana.
En su opinión, estos casos demuestran que “la página del revocatorio fue pasada. Si existe una culpa, además del diputado Tascón, es de los patronos que utilizaron la lista para amenazar y despedir trabajadores [por eso] Proponemos a Chávez […] que ordene la reincorporación de quienes enfrentan una terrible crisis económica” (El Nacional, Ídem.).
El sindicalista pidió, además, que las personas afectadas sean indemnizadas y anunció que en su petición a Miraflores entregará “una lista con testimonios de lo que significó la persecución” (El Nacional, Ídem.).
Otra fuente periodística informó que unos 35 comisarios, inspectores y subinspectores de la Policía Metropolitana (PM) aseguran que, una vez designado el nuevo jefe de este cuerpo de seguridad por las actuales autoridades de la Alcaldía Mayor, se les abrió un proceso disciplinario “debido a que aparecen como firmantes del referendo revocatorio en la llamada lista de Tascón” (El Universal, 17.04.05, pág. 2/31).
Sin embargo, los comisarios e inspectores afectados “se encuentran optimistas porque hace pocos días el presidente Hugo Chávez reconoció la existencia de la llamada lista de Tascón como instrumento de persecución política y por ello esperan que en los próximos días se dé por concluido el proceso disciplinario” (El Universal, Ídem.).


 

Manuel Cova, Secretario General de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), expresó su satisfacción por los anuncios realizados el pasado 01.04.05, por Jorge Rodríguez, presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), en los que despeja el panorama de las elecciones sindicales y el papel del CNE en las mismas (El Nacional, 05.04.05, pág. A/3).
Cova calificó “como un hecho bien positivo el anuncio del presidente del CNE en su última rueda de prensa, en la cual ratificó lo que ya había conversado con la CTV sobre que las elecciones de los sindicatos se harán respetando la autonomía de las organizaciones de los trabajadores” (El Nacional, Ídem.).
Explicó el dirigente sindical que la participación del organismo se circunscribirá solamente a prestar apoyo técnico y logístico para los comicios sindicales si las organizaciones laborales lo solicitaran. Agregó que también es positiva la decisión del CNE de “validar todas las elecciones de los sindicatos y federaciones que habían celebrado elecciones sin la participación del organismo y sin el reglamento electoral” (El Nacional, Ídem.).
Recordó que en esta situación están Fetramagisterio y el Sindicato Único de Empleados Públicos del Sector Salud.
Para Cova es acertado que se le dé luz verde a todas las solicitudes hechas por las organizaciones sindicales ante el Poder Electoral para elegir sus juntas directivas: “el CNE reconoce lo justo de los reclamos de la CTV y el resto de las centrales sindicales, lo cual es un logro y un triunfo bien importante que reivindica la libertad sindical en Venezuela” (El Nacional, Ídem.).
El dirigente sindical instó al CNE a oficializar, cuanto antes y por escrito la resolución con los anuncios efectuados. Por otra parte, indicó la conveniencia de celebrar la reunión que el presidente Rodríguez tiene pendiente con la central obrera con el fin de dar los detalles sobre el apoyo técnico y logístico que tendrá el CNE en las elecciones sindicales.
Vale recordar que, desde la promulgación de la Constitución, se suscitó una diatriba en cuanto al contenido y alcance de sus artículos 95 y 293 y su Disposición Transitoria 8va., en relación con el Convenio Nº 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) relativo a la libertad sindical y a la protección del derecho de sindicación.
Los principales cuestionamientos a la Constitución se refieren a que dispone que el Poder Electoral, a través del CNE, debe organizar las elecciones de los sindicatos y gremios profesionales y que mientras se promulgan las nuevas leyes electorales previstas en la Constitución, los procesos electorales serán convocados, organizados, dirigidos y supervisados por el CNE, todo lo cual constituye una intromisión estatal indebida.
Además, el 30.12.02 se sancionó la Ley Orgánica del Poder Electoral (LOPE), cuyo artículo 33 otorgó competencia al CNE para organizar las elecciones de los sindicatos, proclamar a los candidatos electos, conocer y declarar la nulidad de la elección, conocer los recursos y resolver quejas y reclamos.
Tanto el Comité de Libertad Sindical (CLS) de la OIT, como la Comisión de Expertos en la Aplicación de Tratados de esta organización, se han pronunciado en reiteradas ocasiones sobre este tema, señalando que la competencia del CNE para organizar las elecciones de los sindicatos, proclamar a los candidatos electos, conocer y declarar la nulidad de la elección, conocer los recursos y resolver las quejas y reclamos no está en conformidad con las disposiciones del Convenio Nº 87, y en este sentido, ha solicitado al Gobierno tomar medidas para modificar el artículo 293 (numeral 6) de la Constitución y el artículo 33 de la LOPE, en lo que se refiere a la intervención del CNE en las elecciones sindicales.
La OIT señaló, en su Observación individual a Venezuela sobre el Convenio Nº 87 publicado en 2002, que “la reglamentación de los procedimientos y modalidades de la elección de dirigentes sindicales debe corresponder a los estatutos sindicales y no a un órgano ajeno a las organizaciones de trabajadores, así como que los conflictos en el marco de las elecciones deberían ser resueltos por la autoridad judicial” (Organización Internacional del Trabajo, 21.04.05,
http://www.oit.org.pe/sindi/ceacr/ven/c87/obs10.html).  
En este sentido, el 20.12.04 el CNE dictó la Resolución Nº 041220-1710 donde delimitaba la participación del CNE en las elecciones sindicales. Sin embargo, esta resolución tampoco se ajusta totalmente con el contenido del derecho a la libertad sindical, ya que delega la mayor parte de las atribuciones a las Comisiones Electorales de los sindicatos, las cuales pueden ser intervenidas por el CNE. Asimismo, en esta Resolución el CNE continúa con las facultades de conocer y decidir los recursos contra los actos, omisiones, hechos y abstenciones de las Comisiones Electorales, relativas al proceso electoral de las organizaciones sindicales.
En este contexto, Provea coincide con el Secretario General de la CTV en el sentido de que este anuncio del presidente del CNE constituye una señal positiva para resarcir los efectos contrarios al respeto a la libertad sindical en Venezuela causados por la legislación antes mencionada.
En esa línea, es preciso emprender reformas que garanticen la adecuación de la constitución, las leyes y las resoluciones del CNE a los tratados internacionales (Convenio Nº 87) a fin de evitar interpretaciones a futuro de estos textos, reñidas con los DDHH.