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Una lectura de la realidad venezolana
desde los derechos humanos |
Boletín electrónico Nº 156
Del 20 al 30 de junio de 2005 |
1988/2005: Provea, 17 años por los derechos sociales y contra la impunidad
EFEMÉRIDES DE DERECHOS HUMANOS DEL MES DE JULIO
INVITACIONES A EVENTOS
*
Seminario de
Formación organizado por Provea.
Vivir
con dignidad: el derecho humano a una vivienda y hábitat
adecuados
DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
*
TSJ niega la posibilidad de
acceder al Plan Ávila
* Gobierno incumple 1er. compromiso de pago a jubilados de
VIASA
* Se
aproxima la audiencia constitucional en amparo contra
José Vicente Rangel
*
Sala Constitucional desconoce su propia jurisprudencia
en caso de violación del derecho a la vivienda adecuada
*
¿Mea culpa del Gobierno Nacional ante incumplimiento de
metas de construcción y entrega de soluciones
habitacionales?
* Misión
Barrio Adentro inicia fase de atención especializada en
contexto de conflicto con gremio médico
*
Indicadores oficiales de los derechos laborales
*
Diputado y dirigente campesino Braulio Álvarez fue
víctima de presunta acción de sicariato
* Demora
en la promulgación de la ley de demarcación de las tierras
indígenas anima acciones violentas contra las
comunidades indígenas
* Siguiendo los pasos a la política estatal frente a la
explotación carbonífera
* RAPAL-VE
denuncia doble discurso gubernamental frente a la
explotación y comercialización de OGM en el país
*
Propuestas y exigencias a poderes
públicos sobre el derecho a la alimentación
DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
*
Familiares de víctimas de desapariciones forzadas en
tragedia de Vargas serán resarcidos por el Estado
venezolano
* Día
Internacional en Apoyo a la Víctimas de la Tortura pasa
desapercibido para el sector político nacional
*
Debate sobre la discriminación a la mujer
presente en distintos escenarios
* La lucha GLBT se
afianza: POR UNA VENEZUELA LIBRE DE HOMOFOBIA
* Propuestas y exigencias a
poderes públicos sobre el derecho a la vida
ARTÍCULOS
*
Son derechos:
“Publicidad
discriminatoria”
* Son derechos:
“Vivir con dignidad”
* Son derechos:
“No a la explotación del carbón en Zulia I y II”
* Rigoberto Lanz:
"La cultura como problema"
*
Elio Gómez Grillo: "Los presos deben
trabajar I, II, III y IV"
NOVEDADES DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN TODOS LOS DERECHOS PARA TODOS
*
"Derecho humano a la alimentación en América Latina"
*
"El derecho de alimentos en la
legislación venezolana"
*
"El derecho a la educación: desafíos y propuestas para un
debate ciudadano"
* "Los derechos de las personas con discapacidad: un
balance sobre su protección en los Sistemas
Internacionales de Protección de los Derechos Humanos y
en los países de la región andina"
DOCUMENTOS
*
Red por una América Latina Libre de
Transgénicos: "Declaración sobre el proyecto marco
nacional de bioseguridad, financiado por el UNEP GEF y
en ejecución en 28 países de América Latina"
* Centro de Estudios de la Mujer
de la Universidad Central de Venezuela inicia
campaña de condena publicidad misógina
*
Servicio Jesuita a Refugiados - Venezuela:
"Declaración del Día Mundial del Refugiado: escuchar y
aprender de las personas desplazadas por la fuerza"
*
Amnistía Internacional:
"Las exportaciones de armas del G8 fomentan la
pobreza y los abusos contra los derechos humanos. Nuevo informe de la campaña Armas bajo Control de
Amnistía Internacional, Oxfam Internacional, y la
Red Internacional de Acción sobre Armas Pequeñas"
 
Agradecemos mencionar la fuente cuando el contenido sea citado o difundido
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EFEMÉRIDES DE DERECHOS HUMANOS DEL MES DE JULIO |
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INVITACIONES A EVENTOS
Seminario de
Formación organizado por Provea.
Vivir
con dignidad: el derecho humano a una vivienda y hábitat
adecuados |
Con el objeto de abordar la
temática habitacional desde la perspectiva de los
derechos humanos, se realizará el próximo mes de
julio en Caracas el VI Seminario de Formación en
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, con
invitados internacionales y una agenda de trabajo
que privilegia el intercambio de experiencias
locales y el análisis de los obstáculos, retos,
logros e instrumentos que caracterizan el estado
actual de este derecho.
Desde hace 6 años, Provea
organiza este evento con el fin de fortalecer los
aspectos conceptuales y prácticos de la promoción y
protección de los Derechos Económicos, Sociales y
Culturales (DESC). Para esta edición, se compartirán
las experiencias organizativas adelantadas para la
defensa y promoción del derecho a la vivienda y al
hábitat así como analizar su situación nacional
desde los aspectos conceptuales y principios
fundamentales, las políticas públicas en desarrollo,
las instancias y mecanismos de exigibilidad en el
ámbito nacional e internacional dedicada a esta
materia, entre otros.
Hasta el jueves 30.06.05 estuvieron abiertas las
inscripciones para este seminario, que se celebrará
del 11 al 15 de julio de 2005, en la sala Manuel
Segundo Sánchez, nivel AP2 de la Biblioteca
Nacional, ubicada en el Foro Libertador, parroquia
Altagracia del municipio Libertador, Caracas.
Conviene destacar la realización del foro público que
se realizará en el contexto de este seminario el
próximo 13.07.05, a las 6:30 PM, en la sala A,
ubicada en el piso 3 del Ateneo de Caracas (Bellas
Artes). En este foro, de acceso libre a todo
público, participará David Díaz, Viceministro de
Vivienda y Hábitat, así como los ponentes internacionales invitados por
Provea: Georgina Sandoval, Directora de
la organización mexicana Centro de Asesoría,
Capacitación e Investigación Urbana Casa y Ciudad;
Enrique Ortiz Flores,
Coordinador de la Oficina Regional para América
Latina de la Coalición Internacional para el Hábitat
(HIC); y Alejandro Florián, Director Ejecutivo de
la organización colombiana Federación Nacional de
Organizaciones de Vivienda Popular (FEDEVIVIENDA).
Para cualquier otra información puede contactarse
por los siguientes teléfonos: 0212 862 53 33/ 862 10
11/ 860 66 69; y por el correo-e del Área de
Educación de Provea antes reseñado.
(Provea, 23.06.05,
http://derechos.org.ve/actualidad/comunicados/notas_prensa_2005/np230605.pdf).
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DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
TSJ niega la posibilidad de acceder al Plan Ávila
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El pasado 22.06.05 la Sala Constitucional (SC) del Tribunal
Supremo de Justicia (TSJ),
decidió declarar inadmisible la acción de
amparo constitucional ejercida por Provea el
16.09.03, contra el general retirado (ej.) José Luis Prieto, para ese entonces titular del
Ministerio de la Defensa (MD).
Vale recordar que esta acción de amparo
constitucional tenía como finalidad lograr acceder
al Plan Ávila para evaluar en qué medida éste se
adapta a la Constitución y a los convenios
internacionales de derechos humanos, tal como lo
estableció la sentencia de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos (Corte IDH) sobre El Caracazo,
en la que ordenó al Estado venezolano la “adecuación
de los planes de seguridad para contingencias, entre
los que se cuenta el Plan Ávila” (Provea, 16.09.03,
http://derechos.org.ve/actualidad/comunicados/notas_prensa_2003/np120903.pdf).
La acción ejercida por Provea obedeció a la
negativa del funcionario público de responder a la
petición de remitir información acerca de este plan,
efectuada el 24.03.03. Dicha solicitud de
información, amparada por el artículo 51 de la
Constitución, no fue atendida derivando, entonces,
en una violación del derecho de petición y obligando
a la organización a recurrir a la acción de amparo
ante el TSJ (Provea, Ídem.).
En la ponencia redactada por el Magistrado Jesús
Eduardo Cabrera, la SC consideró que una
comunicación emitida por el despacho de Prieto el
15.03.04, resarcía el derecho de petición invocado
por Provea hacía casi 1 año.
En la comunicación del MD, que posteriormente Provea
calificó en otra comunicación como una mera
formalidad, sólo se informa que el Plan Ávila “atañe
a la conducción de operaciones militares a fin de
reestablecer el orden público a nivel del área
metropolitana de Caracas y colaborar con el Gobierno
Nacional, en garantizar a la ciudadanía y a las
instituciones [y] que contempla la materia de
seguridad y defensa de la Nación, existe una reserva
en torno a la clasificación y divulgación de los
aspectos operacionales que contempla el mismo, todo
ello con fundamento legal en la normativa jurídica
prevista en el artículo 325 de la Constitución” (ver
sentencia de la SC en sitio web de Provea:
http://derechos.org.ve/recursos/alegal/ampdefensa/sala_constitucional220605.doc).
Además, el titular del MD expresaba su disposición a
conversar con miembros de Provea sobre el contenido
del Plan. invitación que nunca se concretó,
pues no concretaron la fecha de la cita.
Al no realizarse esta reunión con el MD, Provea solicitó a la SC que
continuara conociendo de la acción de amparo.
A pesar de esto, la SC calificó este pedido de
Provea como una instrumentalización del recurso
jurídico empleado “para lograr otros objetivos, como
los que pretende, cuando la solicitud que ha sido
planteada excede el ámbito objetivo de potestades y
facultades del órgano accionado” (Provea, Ídem.).
Por otra parte, la SC -tras reiterar que la respuesta del
MD del 15.03.04 inicialmente era adecuada, razón por
la cual consideró que la petición de Provea, de dar continuidad
a la acción de amparo, reñía con los principios de la ética del ejercicio
del derecho-, introdujo opiniones subjetivas
en su fundamentación para la inadmisibilidad contra
los representantes jurídicos de Provea, dirigidas a
poner en duda su ética profesional. Para ello, es
evidente que en la sentencia de la SC se empleó un
procedimiento de descontextualización de conceptos y
hechos que originalmente justificaron la solicitud de
continuidad de la acción de amparo.
Además, la SC no consideró en ningún momento los
alegatos sobre economía procesal expuestos por
Provea para evitar interponer una nueva acción de
amparo contra el MD, luego de evaluar su conducta
como un incumplimiento reiterativo. Antes que esto,
el Área de Defensa de la organización de derechos
humanos prefirió solicitar a la SC la continuidad de
la acción judicial, por considerarlo como más
adecuado.
Basada en estos argumentos, Provea dirigirá una
comunicación a los magistrados del TSJ, por una
parte, para señalar la vulneración de los artículos
26 y 257 de la Constitución que, entre otros
asuntos, ordena a los jueces a no sacrificar la
justicia por formalismos no esenciales; y por otra,
para rechazar el cuestionamiento ético hecho contra
sus abogados.
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DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Gobierno incumple 1er. compromiso de pago a jubilados de
VIASA |
En recientes reuniones acordadas entre la Agencia del Estado
para los Derechos Humanos ante el Sistema
Interamericano e Internacional (AEDHSII) y Provea,
en representación de las personas jubiladas de Venezolana Internacional de Aviación
Sociedad Anónima (VIASA) agrupadas en la Asociación
Nacional de Trabajadores Jubilados y Pensionados de
VIASA (ANTJUVIASA), el Estado venezolano ha
expresado la imposibilidad de cumplir oportunamente
con parte de los compromisos alcanzados en la
reunión de trabajo convocada en el marco del 122º
período ordinario de sesiones de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), realizada
el 02.03.05 en la sede del organismo hemisférico
(ver edición Nº 152 de este boletín en el sitio web
de Provea:
http://derechos.org.ve/actualidad/coyuntura/2005/coyuntura_152.htm#06).
En dicha oportunidad, el Estado venezolano,
representado por María Auxiliadora Monagas en su
condición de titular de la AEDHSII, se comprometió a
pagar, a más tardar para la fecha 03.07.05, las
pensiones adeudadas a las personas agrupadas en
ANTJUVIASA, así como a garantizar que tanto
jubilados/as como viudas sobrevivientes empezarían a
cobrar sus pensiones a futuro. Igualmente se
comprometió a pagar, a más tardar el 03.09.05, un
moto de 6.000 dólares americanos como pago de
indemnización por concepto de daños y perjuicios a
los/as jubilados/as y sus herederos.
No obstante, al término del lapso para el
cumplimiento del 1er. compromiso de pago, la AEDHSII
dio a conocer que no es posible para el Estado
cancelar dicha deuda, a pesar de que se adelantó un número importante de gestiones
administrativas dirigidas a garantizar el pago, tal
como Provea ha podido constatar.
Sin embargo, funcionarios gubernamentales anunciaron que, probablemente, a finales del mes de
julio puedan cancelarse los 2 compromisos de pago.
De hacerse realidad estos pagos, quedarían
pendientes las otras reparaciones de carácter no
monetario asentadas en marzo pasado ante los
magistrados de la CIDH. Entre estas, puede señalarse
la realización de un programa de televisión
orientando a todos los jubilados del país sobre los
derechos que les asisten y la manera de reclamarlos
(Provea, Ídem.).
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DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Se
aproxima la audiencia constitucional en amparo contra
José Vicente Rangel |
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Fue admitida por el Tribunal 4to. Laboral del Área
Metropolitana de Caracas, a cargo de la jueza
Lisbeth Bolívar, la acción de amparo constitucional
interpuesta con la asistencia del Centro de Derechos
Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH-UCAB)
y Provea, por Rocío San Miguel, Thaís Peña y Magally
Chang, ex empleadas del Consejo Nacional de
Fronteras (CNF) que fueron despedidas por José
Vicente Rangel (El Universal, 21.06.05, pág. 1/4).
El 22.07.04, demandaron a Rangel por haberlas
despedido cuando éste ejercía el cargo de presidente
de este organismo adscrito al Ministerio de
Relaciones Exteriores (MRE) presuntamente por avalar
el referendo revocatorio del mandato del Presidente
Hugo Chávez. San Miguel, Chang y Peña se
desempeñaban en el CNF como asesora jurídica,
ejecutiva de Relaciones Publicas y asistente de
Personal, respectivamente, hasta que el 01.05.04,
fueron objeto de despido sin existir ninguna
amonestación en sus expedientes ni tampoco algún
proceso de reorganización en el órgano. Al momento
de entregarles las notificaciones, Feijoo Colomine,
Secretario Ejecutivo del organismo, les informó
verbalmente y en forma individual que el despido se
producía por haber firmado contra el Presidente de
la República (ver edición Nº 140 de este boletín en
el sitio web de Provea:
http://derechos.org.ve/actualidad/coyuntura/2004/coyuntura_140.htm#02).
Conviene recordar que, tras considerar la actual
envestidura del demandado como Vicepresidente de la
República, el mismo tribunal laboral declinaba su
competencia el 04.08.04. Sin embargo,
el TSJ,
dando razón a los alegatos expuestos por las
demandantes, determinó el
pasado 26.05.05 (El Universal, Ibíd.), que dicho
tribunal laboral debía dar respuesta a la solicitud
de tutela judicial porque Rangel “no tenía la
condición de alto funcionario público cuando, en su
carácter de presidente del CNF, habría ordenado” ((El
Nacional, 01.06.05, pág. A/4) estos despidos.
Luego de disipadas las dudas sobre la competencia,
la Jueza Bolívar deberá convocar para la 1ra. semana
de julio la audiencia pública y oral en virtud de
que el tribunal ya procedió a realizar las
notificaciones respectivas.
Por otro lado, en la jurisdicción penal las copeticionarias no han
tenido mucha suerte con la solicitud hecha ante el
Ministerio Público (MP) para abrir una averiguación
penal contra Rangel, así como contra Colomine e Ilia
Azpúrua, asesora jurídica de la Vicepresidencia de
la República. El pasado 04.04.05, el Tribunal 21º de
Control del Circuito Judicial Penal del Área
Metropolitana de Caracas, integrado por Maikel
Moreno, Jesús Orángel García y Samer Richani, acordó
una decisión de sobreseimiento de la causa, que fue
solicitada por La Fiscalía 37º con competencia
nacional, a cargo de Gledys Carpio, porque, en su
opinión, no se corroboró que el motivo de la
terminación de los contratos fue la participación de
las ciudadanas en el referendo revocatorio, tampoco
que hayan sido objeto de presiones para modificar su
voluntad política. Ante esta decisión las
copeticionarias presentaron el pasado 15.04.05, un
recurso de apelación (ver edición Nº 154 de este
boletín en el sitio web de Provea:
http://derechos.org.ve/actualidad/coyuntura/2005/coyuntura_154.htm#05)
que tuvo una respuesta desfavorable en la sentencia
dictada el pasado 12.05.05 por la Sala 7 de la Corte
de Apelaciones del Área Metropolitana de Caracas, en
ponencia de Samer Richani que confirmó la decisión
del tribunal 21º (El Nacional, 08.06.05, pág. A/6).
Con esta respuesta, las copeticionarias esperan
interponer un recurso de casación ante el TSJ que
hasta la fecha no han ejercido como consecuencia de
la paralización de la Corte de Apelaciones, que
tiene más de 15 días sin administrar justicia
(Provea, 30.06.05).
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DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Sala Constitucional desconoce su propia jurisprudencia
en caso de violación del derecho a la vivienda adecuada |
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El pasado 31.05.05 la Sala Constitucional (SC) del
Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), con ponencia de la
magistrada Luisa Estella Morales Lamuño, declaró
inadmisible (Tribunal Supremo de Justicia, 31.05.05, http://www.tsj.gov.ve/informacion/notasprensa/notasdeprensa.asp?codigo=2128)
una acción jurídica presentada el pasado 17.03.05 por
Provea
en
representación de la Asociación de Vecinos Urbanización
Yulesca I, contra las actuaciones y omisiones del Fondo
Nacional de Desarrollo Urbano (FONDUR), que afectaron
los derechos de las personas propietarias de la
mencionada urbanización, ubicada en Barcelona, Edo.
Anzoátegui (ver edición Nº 153 de este boletín en el
sitio web de Provea:
http://derechos.org.ve/actualidad/coyuntura/2005/coyuntura_153.htm#05).
En su denuncia, Provea señaló que en 1997 se construyó esta urbanización compuesta por 270
viviendas, con el financiamiento de FONDUR. Sin embargo,
a 2 años de su entrega se presentaron problemas como
agrietamiento en las paredes; hundimiento de los techos;
columnas de soporte de metal fuertemente oxidadas; e,
irregularidades en la construcción de las áreas comunes
de la urbanización, entre otros. Por esta situación, la
comunidad de esta urbanización, a través de Provea,
solicitaba al TSJ declarar a FONDUR violador, por acción
y por omisión, del derecho a una vivienda adecuada de
las personas propietarias de la urbanización Yulesca I.
También solicitó que ordene a FONDUR que en un lapso no
mayor a 6 meses, restablezca el derecho a una vivienda
adecuada a las personas afectadas, garantizando la
participación de la comunidad en todas sus fases
(Provea, Ídem.).
Luego de declararse competente para conocer del recurso
presentado, la SC indicó, con relación a las denuncias
planteadas, entre otras cosas, que "si a criterio de los
quejosos, el FONDUR, era responsable por la falta de
vigilancia y supervisión en la construcción de la obra
por parte de dicha empresa - más no por la construcción
en si -, debieron intentar una demanda patrimonial
contra dicho Instituto Autónomo, para así procurar la
indemnización correspondiente si fuera el caso […] la
única forma de resarcir la situación jurídica que aquí
se alega como presuntamente infringida, es mediante la
erogación económica a favor de los actores que compense
los posibles desperfectos de sus casas en la referida
Urbanización y tiendan a proporcionar a dichos
propietarios herramientas monetarias para solventar las
deficiencias en sus viviendas y evite el posible
derrumbe de las mismas" (Tribunal Supremo de Justicia,
Ibíd.).
A juicio de Provea, tal interpretación de la SC no
corresponde con el espíritu del recurso jurídico
implementado pues, pese a que la acción judicial
interpuesta por la comunidad de Yulesca I, a través de
Provea, fue una demanda ordinaria por la defensa de
intereses colectivos y difusos aplicando la propia
doctrina de la SC, relativa a la admisibilidad de la
conocida acción judicial de los créditos indexados, la
SC asumió dicho recurso como una acción de amparo y
sobre la base de dicho razonamiento alegó la
inadmisibilidad.
En opinión de Provea, la SC erró al calificar la acción
como de amparo, pues nunca se planteó de esa manera. A
la organización le extraña que la SC, a diferencia de
otras actuaciones, haya dado relevancia a algunos
aspectos formales de 2do. orden para tomar su decisión,
en detrimento de la búsqueda de justicia, contradiciendo
incluso su propia jurisprudencia, tal como se observa en
el caso de los créditos indexados.
La decisión de la SC puede consultarse en el sitio web
de Provea:
http://www.derechos.org.ve/recursos/alegal/yulescaI/decision_sconstitucional.pdf.
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DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
¿Mea culpa del Gobierno Nacional ante incumplimiento de
metas de construcción y entrega de soluciones
habitacionales? |
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DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Misión
Barrio Adentro inicia fase de atención especializada en
contexto de conflicto con gremio médico |
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DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Indicadores oficiales de los derechos laborales |
Situación Mensual de la Fuerza de Trabajo
|
Indicador/Mes |
Enero |
Febrero |
Marzo |
Abril |
Mayo |
|
Tasa de Ocupación Mensual
|
84.5
(10.049.167
personas ocupadas) |
86
(10.261.405 personas ocupadas) |
86,5
(10.349.976 personas ocupadas) |
87.9 (10.540.532 personas ocupadas) |
X |
|
Tasa de Ocupación Intermensual |
X |
1,5
(212.238 personas ocupadas) |
0,5
(88.571 personas ocupadas) |
1,4
(190.556 personas ocupadas) |
(378.183
personas ocupadas) (*) |
|
Tasa de Ocupación
Interanual
2004/2005 |
84,5 ▲ |
X
|
6,6
(169.194 personas ocupadas) |
4,2
(521.688 personas ocupadas) |
X |
|
Tasa de Desocupación Mensual |
15,5
(1.844.470 personas desocupadas)
|
14
(1.674.628 personas desocupadas) |
13,5
(1.611.037 personas desocupadas) |
12,1
(1.450.732
personas desocupadas) |
12,6
▲ (*)
(1.463.449
personas desocupadas) |
|
Tasa de Desocupación Intermensual |
4,4
(506.670 personas desocupadas) |
1,5
(169.842 personas desocupadas) |
0,5 |
1,4
(160.305 personas desocupadas)
|
0,5 (*) |
|
Tasa de Desocupación Interanual
2004/2005 |
3,6
(473.408 personas desocupadas) |
3,1
(391.678 personas desocupadas) |
2,1
(261.726 personas desocupadas) |
X |
3,2
(*)
(422.114
personas desocupadas) |
|
Tasa de Informalidad Mensual |
X |
47,6
(4.863.832 personas ocupadas) |
48,5
(4.978.613 personas ocupadas) |
47,1 (4.951.599
personas ocupadas)
|
46,8
▼ (*)
(4.753.646
personas ocupadas) |
|
Tasa de
Informalidad
Interanual
2004/2005 |
X |
2,9 |
2,7
(221.182 personas ocupadas) |
X |
3,6
(322.941
personas ocupadas) (*) |
|
Tasa de Formalidad Mensual |
51,9 |
52,4
(5.347.775 personas ocupadas) |
51,5
(5.292.673 personas ocupadas) (***) |
52,9
(5.572.227 personas ocupadas) |
53,2
▲ (*)
(5.401.526
personas ocupadas)
|
|
Tasa de Formalidad
Intermensual |
X |
0,5 |
0,9 |
1,4
(279.554
personas ocupadas) |
0,3
(170.701 personas ocupadas) |
|
Tasa de
Formalidad
Interanual
2004/2005 |
X |
2,9
(391.159 personas ocupadas) |
2,7
(331.017 personas ocupadas) |
2,5
(473.132 personas ocupadas) |
3,6
▲ (*)
(396.379
personas ocupadas) |
Fuente: Instituto Nacional de
Estadística (INE)
Notas: (*)
Datos extraídos de la Agencia Bolivariana de
Noticias,
29/06/2005
http://www.abn.info.ve/go_news5.php?articulo=11143.
Según
Elías Eljuri, presidente del INE, la población
desocupada tuvo un comportamiento estadísticamente
estable en mayo, con respecto al mes anterior,
reflejándose un aumento en la población ocupada del
sector formal (El Universal, 30.06.05,
http://www.eluniversal.com/2005/06/30/eco_art_30208A.shtml).
Según el organismo estatal, esta
tendencia se observa desde enero de 2005, a partir
de cuyo mes ha habido una disminución progresiva
intermensual de 10,4% y 10,3% en febrero, marzo y
abril, respectivamente (Agencia
Bolivariana de Noticias, Ibíd.).
Eljuri aseguró que "estos indicadores ratifican los
pronósticos de que el desempleo alcanzará un dígito
a finales de 2005" (El Universal, Ibíd.).
Según las estimaciones del INE, la tasa de actividad
en mayo fue de 64,6% (11.625.798 personas activas) y
que al compararla con la estimación del mes anterior
(66,8%, es decir, 11.991.798 personas), muestra una
disminución de 2,2% (365.466 personas activas) para
mayo, básicamente mujeres (312.482) (El Universal,
Ibíd.).
En cuanto a desocupación por sexo, se mantiene la
tendencia de que sea más en las mujeres que en los
hombres. El INE reportó que en mayo el índice de
desocupación en la población femenina se ubicó en
18,4%, mientras que en los hombres alcanzó 14,0% (El
Universal, Ibíd.).
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DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Diputado y dirigente campesino Braulio Álvarez fue
víctima de presunta acción de sicariato |
Según informó el Colectivo Nuestra Tierra y la
Asociación Nacional de Medios Comunitarios, Libres y
Alternativos (ANMCLA), el pasado 23.06.05, Braulio
Álvarez, dirigente campesino del Frente Nacional
Ezequiel Zamora y diputado del Consejo Legislativo
Regional del Edo. Yaracuy, fue víctima de una
presunta acción de sicariato mientras conducía su
automóvil particular.
El hecho ocurrió en el municipio Peña de la entidad
federal, lugar donde fue interceptado por varios
hombres armados a bordo de un vehículo desde el cual
dispararon varias veces logrando acertarle 2
disparos, uno con orificio de entrada y salida en la
región de su hombro izquierdo y el otro en su
rodilla derecha (Aporrea, 24.06.05,
http://www.aporrea.org/dameverbo.php?docid=62382).
Luego del frustrado asesinato, Álvarez fue
trasladado por habitantes de la zona al hospital de
San Felipe, capital yaracuyana, donde en horas de la
madrugada del 24.06.05, fue sometido a una
intervención quirúrgica de la cual salió con un
estado de salud estable (Aporrea, Ídem.).
Señaló la fuente que miembros de la dirigencia
campesina y política del Edo. Yaracuy rechazaron la
versión del atraco, pues todas las pruebas indican
que el móvil fue el intento de asesinato. Pocos
meses antes el diputado Álvarez fue públicamente
amenazado de muerte por el terrateniente Vicente
Lecuna, quien advirtió que “los problemas de
tenencia de la tierra en ese estado se acabarían con
un disparo en la cabeza a Braulio Álvarez” (Aporrea,
Ídem.).
Asimismo, denunciaron la persecución de la que está
siendo objeto la ingeniera Laura Lorenzo, Secretaria
de Tierras y Seguridad Agroalimentaria del gobierno
regional, “quien ha estado al frente de la ejecución
del decreto regional O90,que tiene previsto la
inspección de 65 fundos en una primera etapa, con
miras a recuperarlos para entregarlos a sus
legítimos dueños: las diferentes organizaciones
campesinas que fueron desplazados de sus tierras por
miembros de poderosos capitales nacionales y
foráneos. Las decisiones del mencionado decreto, que
serán publicadas en los próximos días, en su casi
totalidad, reivindican las históricas luchas
campesinas por el legítimo derecho a la tierra.
Quedará de parte del INTI, la decisión final del
rescate de los fundos en manos de falsos dueños y la
posterior entrega al sector campesino” (Aporrea,
Ídem.).
Por su parte, el diputado Willian Lara (Movimiento
Quinta República), anunció que exigió al Ministerio
Público (MP) abrir una investigación sobre la
autoría material e intelectual de este atentado.
Igualmente afirmó que "si algo pone en peligro
nuestro sistema político es la impunidad, una
impunidad que se ha cultivado desde el año 2002
cuando hubo una secuencia de delitos que se han
quedado impunes y ahora vemos que se revierte esa
situación" (El Universal, 28.06.05, pág. 1/4).
También el diputado
Ricardo Gutiérrez (Podemos) repudió el hecho y
"afirmó que la muerte de 120 campesinos ocurridas en
el lapso de un año, no quedará impune" (Asamblea
Nacional,
29.06.05,
http://www.asambleanacional.gov.ve/ns2/noticia.asp?numn=7594).
En su condición de presidente de la Comisión
Especial designada por la plenaria de la
AN
para
investigar las agresiones y asesinatos de que son
víctimas campesinos e indígenas por terratenientes,
aseguró que "desarrollaran todas las actividades
necesarias para acabar con la impunidad desatada en
el campo venezolano" (Asamblea
Nacional, Ibíd.).
Informó que los atentados a campesinos e indígenas
se registraron en su mayoría en los estados Zulia,
Barinas, Portuguesa, Apure, Lara y Yaracuy. Precisó
que ante tales hechos, reclamaban la acción del
Poder Judicial y de los organismos de seguridad.
Tales declaraciones se efectuaron en el
acto de instalación de dicha comisión parlamentaria.
Alexis Monsalve,
representante de la Coordinadora Agraria Nacional
Ezequiel Zamora, mostró su satisfacción por la
creación de esta instancia legislativa.
Conviene destacar que pocos días antes de este
suceso la Asamblea Nacional (AN) acordó publicar en
la Gaceta Oficial N° 38.199, publicada el 01.06.05,
el “Acuerdo condenando las agresiones sufridas por
campesinos e indígenas, asesinados como consecuencia
de sus luchas antilatifundistas” (Asamblea Nacional,
29.06.05,
http://www.asambleanacional.gov.ve/ns2/acuerdos.asp),
a través del cual el parlamento convino no sólo en
condenar las agresiones, violencia y muerte de que
son objeto campesinos e indígenas, sino brindar
apoyo a las organizaciones campesinas e indígenas,
designar una comisión especial que investigue los
hechos denunciados; exhortar al resto de los Poderes
Públicos Nacionales a coordinar acciones que
contribuyan al esclarecimiento de los crímenes y
solicite la aplicación de todo el peso de la ley a
los responsables; y exhortar al Ejecutivo Nacional a
profundizar mecanismos que proporcionen seguridad a
la vida de los campesinos e indígenas que luchan
contra el latifundio y por la democratización de la
tenencia de la tierra (Asamblea Nacional, Ídem.).
Similares señalamientos fueron hechos por Provea a
inicios del año en curso, cuando en un comunicado
público se le solicitó al MP, “mayor celeridad en
las investigaciones relacionadas con los numerosos
asesinatos cometidos contra luchadores sociales en
el campo. El castigo a los culpables de dichas
muertes, es imprescindible para generar precedentes
de justicia que desestimulen a quienes consideran
que la violencia es un instrumento para disminuir
cualquier tipo de conflicto o diferencia” (ver
edición Nº 150 en el sitio web de Provea:
http://derechos.org.ve/actualidad/coyuntura/2005/coyuntura_150.htm#05).
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DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Demora
en la promulgación de la ley de demarcación de las tierras
indígenas anima acciones violentas contra las
comunidades indígenas |
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Un grupo de voceros de las comunidades Yukpa en la Sierra de
Perijá, Edo. Zulia, denunciaron que éstas fueron
víctimas de un desalojo violento practicado el 18.06.05.
Señaló Efraín Romero, representante de la Dirección
Regional de Asuntos Indígenas, que Adelso Sánchez,
propietario de la hacienda Campo Libre, ubicada en ese
sector, acompañado de su hijo Miguel Ángel Sánchez y
otros 27 sujetos armados con distintas armas de fuego
“arrasaron copn la com,unidad Yucpa de Koroco y
Yusubrire […] Todo quedó reducido a cenizas, después de
quemar sus chozas, las escuelas, el hogar de cuidad
diario, las siembras y matar a sus animales, afectando a
unas 57 familias” (El Regional del Zulia, 22.06.05, pág.
26).
Según destacó otra fuente periodística, un total de 95
viviendas, dos espacios alternativos de educación
básica, un centro multihogar y varios sembradíos fueron
totalmente incendiados (El Universal, 28.06.05, pág.
1/10).
Trino Romero, cacique de la comunidad de Koroco, relató
a la fuente que en anteriores ocasiones ha sido víctima
de ataques físicos. Mientras que Segundo Romero, su par
en la comunidad Yusubrire fue amenazado de muerte y
privado de libertad durante 72 horas por agentes de un
cuerpo policial cuando fue a presentar una denuncia (El
Regional del Zulia, Ibíd.).
Efraín Romero advirtió que, aún cuando el proceso de
demarcación de las tierras indígenas lleva 4 años en
espera de su materialización, los pueblos indígenas “no
vamos a desocupar estas tierras, vamos a permanecer allí
hasta que la Comisión de demarcación Regional se
pronuncie a favor de estas comunidades que tratan de
recuperar lo que a la fuerza le fue arrebatado” (El
Regional del Zulia, Ídem.).
Los representantes indígenas realizaron la denuncia ante
la fiscalía 20 de Machiques, a cargo de Reyna Trujillo,
y ante la Defensoría del Pueblo regional (La Verdad del
Zulia, 22.06.05, pág. 26).
También la ex ministra del Ambiente, Atala Uriana,
declaró que "hubo niños lastimados y heridos que
corrieron asustados y están allá en una situación
terrible, igualmente los ancianos que no podían ni
moverse, quedaron paralizados en medio de la acción" (El
Universal, Ibíd.). Refirió que alrededor de 280 personas
entre niños y adultos fueron víctimas del atropello.
Durante el 27.06.05 se ejecutó la asamblea de las
máximas autoridades indígenas de la Sierra de Perijá
para discutir esta situación y la constante persecución
por parte de grupos armados (El Universal, Ibíd.). Entre
las medidas acordadas, se planteó la visita a las
autoridades del Poder Público Nacional, ubicadas en la
capital de la república el 30.06.05, para exponer “su
descontento ante la falta de respuesta oportuna respecto
a la violación de los derechos humanos del pueblo Yukpa
por parte de los ganaderos y, para exigirle al Ejecutivo
Nacional la celeridad en el proceso de demarcación de
las zonas indígenas, denuncias que han sido realizadas
en reiteradas ocasiones ante las oficinas de la Fiscalía
General de la República en el estado Zulia, sin
conseguir respuesta alguna” (Aporrea, 30.06.05,
http://www.aporrea.org/dameverbo.php?docid=62625).
Luego de la asamblea se dirigieron en una marcha hasta
la sede regional del Ministerio Público (MP) en la
ciudad de Machiques, “con la compañía solidaria de
estudiantes y profesores de la Universidad Bolivariana
de Venezuela, la cual los ha asistido en esta jornada de
denuncias y asistencia médica y social a las comunidades
desplazadas” (Aporrea, Ídem.).
Precisamente el retardo del proceso de demarcación “ha
sido una de las causas del recrudecimiento de la
violencia en contra de los yukpas de la Sierra de Perijá.
A partir de la descentralización del proceso de
reordenamiento de la tenencia de la tierra, los
ganaderos del Edo. Zulia, con la complicidad de las
autoridades regionales y municipales de Rosario y
Machiques de Perijá, han oxigenado sus clásicos
procedimientos de intimidación y terror a través de la
contratación de paramilitares y sicarios que amedrentan,
torturan y asesinan a campesinos e indígenas que ocupen
tierras. Cabe destacar que las haciendas ocupadas por
estas comunidades forman parte del territorio que
ancestralmente esta etnia ha habitado […] La
jurisprudencia venezolana a pesar de los avances
obtenidos con la Constitución, ha sido cómplice del
exterminio y expropiación de la que han sido víctimas
nuestros indígenas, los ganaderos y latifundistas han
sido los principales invasores, apropiándose de grandes
extensiones de tierras que no les pertenecen con
documentos forjados que datan de la época cuando
funcionarios de la cuarta república se repartían el
territorio a cuenta de compadrazgos[…] Los Indígenas
proponen como una solución de paz, la reocupación
protegida por la Fuerza Armada de las tierras, la compra
por parte del gobierno de las haciendas o de las bienhechurias en tierra indígena, una investigación y
control sobre la proliferación de los grupos armados al
servicio de los ganaderos, investigación de la actuación
de la Guardia Nacional en este conflicto” (Aporrea,
Ídem.).
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DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Siguiendo los pasos a la política estatal frente a la
explotación carbonífera |
Jacqueline Farías, titular del Ministerio de
Ambiente y los Recursos Naturales (MARN), afirmó que
“sería incongruente que [Venezuela] siendo un país
que firmó el Protocolo de Kyoto, vendiéramos carbón
para que sea quemado y se produzca anhídrido
carbónico. Por eso, entonces, nuestra venta del
carbón sólo puede ser que sea licuado, que no
produce gases de efecto invernadero. En cuanto a la
cantidad de hectáreas que vamos a explotar, sólo se
van a mantener las que hoy se están aprovechando en
el Táchira y en el Zulia. Sin embargo, aquellas que
están ya concedidas pero que no tienen el permiso de
afectación, aguas arriba de los embalses Tulé y
Manuelote en el Edo. Zulia, no van a ser
autorizadas, dado que su extracción contaminaría el
agua del Edo. Zulia” (Lista Electrónica
Ambientalista, 20.06.05,
lea@eListas.net).
Tales declaraciones fueron recogidas por fuentes
fidedignas en el acto de apertura del seminario
"Cambio Climático en Venezuela: Nuevos desafíos y
riesgos asociados. Contribución de la experiencia
italiana", efectuado el pasado 20.06.05.
Estas apreciaciones pueden representar un giro
favorable a la causa ambientalista contra la
explotación carbonífera en el Edo. Zulia. Las mismas
contrasta con las expuestas por la funcionaria
durante su visita a la región, efectuada el
18.04.05, en las que manifestó “estar de acuerdo con
la explotación del carbón ya que, con el dinero que
produce esa actividad se construirán sumideros de
carbono” (edición Nº 155 de este boletín electrónico
en el sitio web de Provea:
http://derechos.org.ve/actualidad/coyuntura/2005/coyuntura_155.htm#16).
Estas declaraciones fueron rechazadas en su momento
por la organización ambientalista Homo et Natura,
una posición crítica de la que se hace eco Provea y
el movimiento popular organizado contra la
degradación ambiental a manos de las empresas
extractoras de carbón en Zulia (ver
edición Nº 153 de este boletín electrónico en el
sitio web de Provea:
http://derechos.org.ve/actualidad/coyuntura/2005/coyuntura_153.htm#04).
Por
otra parte,
un
grupo de alumnos de la asignatura Ética Ecológica de
la Escuela Comunicación Social de La Universidad del
Zulia publicó en el ciberespacio un trabajo sobre la
explotación del carbón en la zona del Guasare, al
norte de la Sierra de Perijá,
que puede ser consultado en el sitio web:
http://www.palimpalem.com/1/impactoecologicodelcarbon/
(Lista Ambientalista Electrónica, 30.06.05,
lea@eListas.net).
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DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
RAPAL-VE
denuncia doble discurso gubernamental frente a la
explotación y comercialización de OGM en el país |
A
propósito de la celebración el 21.06.05 del Día por
una América Latina Libre de Transgénicos, declarado
por la Red de América Latina Libre de Transgénicos (RALLT)
reunida en Quito en 2002, la Red de Acción en
Alternativas al Uso de Agrotóxicos de Venezuela (RAPAL-VE)
alertó que, a pesar de la negativa pública del
Presidente venezolano frente a la producción y
comercialización de Organismos Modificados
Genéticamente (OMG) (ver edición Nº 137 de este
boletín en sitio web de Provea:
http://derechos.org.ve/actualidad/coyuntura/2004/coyuntura_137.htm#06),
pueden detectarse evidencias de que sectores del
poder público y gremios agroindustriales ligados al
oficialismo estén programando medidas que faciliten
la explotación de OMG (Rebelión, 21.06.05,
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=16731).
Lorna Haynes, vocera de RAPAL-VE aseguró que “el
diario El Clarín de Buenos Aires reportó la visita
de una delegación venezolana que incluía a Katiuzka
Angulo, diputada del Edo. Barinas, y a Balsamino
Belandria, representante de la Federación
Bolivariana de Ganaderos y Agricultores. Según este
ultimo, se está analizando la creación de ‘unidades
de producción mixta en soja, en maíz […] Con ese
objetivo, vinieron a la Argentina a buscar la
reconocida tecnología local en maquinaria, adaptada
y especializada en siembra directa“ (Rebelión,
Ídem.).
Advirtió Haynes que “no es secreto que Argentina es
el 2do. país productor de transgénicos del mundo
(los Estados Unidos es el 1ro.), que la tecnología
argentina de producción de soya y de maíz es la
tecnología transgénica y, además, que la tecnología
de siembra directa es parte del paquete tecnológico
de la soya RR , soya patentado por Monsanto,
tolerante al herbicida Roundup o glifosato […] Nos
preguntamos entonces ¿para qué se propone estas
empresas mixtas? ¿Para repetir el desastre
socio-económico y agrícola de la Argentina
‘transgénica’ en Venezuela? Exigimos al Presidente y
al Ministro de Agricultura una explicación”
(Rebelión, Ídem.).
Observó Haynes que “dentro del mismo gobierno se
sostiene un doble discurso sobre transgénicos y una
falta de coherencia política entre los diferentes
entes gubernamentales y el mismo Presidente Chávez.
Por un lado, el Presidente reitera su oposición a
los cultivos transgénicos, mientras que, por otro
lado, el Ministerio de Ciencia y Tecnología (MCT)
los promueve, el Ministerio de Agricultura y Tierra
ha hecho contratos para sembrar transgénicos
(cancelados por el Presidente), la Fiscalía ignora
las denuncias de la venta de OMG para consumo humano
y animal y la anterior Ministra del Ambiente nunca
plasmó el Principio de Precaución establecido en la
Ley de Diversidad Biológica, en una resolución
ministerial que prohibiera liberación de OMG al
ambiente. En adición, se hace toda clase de convenio
de intercambio comercial con países productores de
transgénicos (MERCOSUR.) Al mismo tiempo, se
importan soya y maíz transgénicos para consumo
humano y animal” (Rebelión, Ídem.).
Por otra parte, la activista reclamó al gobernador
del Edo. Mérida, Florencio Porras, la firma del
proyecto de decreto para restringir actividades con
transgénicos en esa entidad federal, un proyecto que
“ya fue revisado por la Procuraduría del Estado y le
fue entregado hace 8 meses” (Rebelión, Ídem).
Por último, invita a difundir la Declaración sobre
el proyecto marco nacional de bioseguridad,
financiado por el UNEP GEF y en ejecución en 28
países de América Latina, realizado por la RALLT, la
cual puede consultarse en la sección DOCUMENTOS de
esta edición.
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