1988/2005: Provea, 17 años por los derechos sociales y contra la impunidad

DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 
* Estado venezolano avanza en cumplir sus compromisos con ANTJUVIASA y Provea
* Se realizó el seminario de Provea sobre el derecho humano a una vivienda y hábitat adecuados
* CDH UCAB y Provea continúan acción penal contra José Vicente Rangel
* Participe en la campaña a favor del Protocolo Facultativo al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
* FAO debate las oportunidades que el Protocolo de Kyoto ofrece a los países pobres
* Damnificados de las lluvias de febrero denunciaron incumplimiento de promesas
* Movimiento campesino nacional se movilizó ante la indiferencia estatal
* Poder legislativo dio nuevos pasos hacia la promulgación de las leyes de régimen prestacional pendientes
* Movimiento sindical unido contra el proyecto de reforma parcial del Código Penal que da carácter punitivo al derecho a huelga
* Tras declaración de zonas libres de analfabetismo, Misión Robinson I pasó a fase II
* Ejecutivo Nacional promete que Misión Barrio Adentro III estará dedicada al fortalecimiento de la red hospitalaria nacional
* Universidad Central de Venezuela auspicia una investigación sobre el impacto de las misiones
* Indicadores del derecho a la alimentación y a un salario justo
* Propuestas y exigencias de Provea a los poderes públicos sobre el derecho a la seguridad social  

DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
* Provea ante la Masacre de Kennedy
* Estado venezolano prometió reparar íntegramente a familiares de víctimas de desapariciones de Vargas 
* En absoluta indefensión se encuentra Ayala Corao ante la demanda entablada por la fiscal Luisa Ortega
* Movimiento Amplio de Mujeres presentó sus señalamientos contra ausencia de perspectiva de genero y equidad en el Código Penal
* Indicadores de los derechos de las personas detenidas y encarceladas
* Se presentó nueva situación de solicitantes de asilo en Machiques
* Propuestas y exigencias de Provea a los poderes públicos sobre el derecho a la seguridad ciudadana

INVITACIONES A EVENTOS
* V Coloquio Internacional de Derechos Humanos Diálogo SUR-SUR para Fortalecer los Derechos Humanos

ARTÍCULOS
* Andrés Cañizalez: "¿Y qué pasa con las otras víctimas?"

NOVEDADES DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN TODOS LOS DERECHOS PARA TODOS
* "Educación popular en derechos humanos: 24 guías de actividades participativas para maestros y facilitadores"
* "Los derechos humanos económicos, sociales y culturales de las trabajadoras de la maquila"
* "La cultura de paz en las alternativas al neoliberalismo"
* "La Corte Penal Internacional y los países andinos"
 
DOCUMENTOS
* Frente Nacional Campesino Ezequiel Zamora: "Zamora toma Caracas"
* "CECODAP exige respeto a los derechos humanos de adolescentes y jóvenes privados de libertad"
*  “La CIDH expresa satisfacción por el reconocimiento de responsabilidad de la República Bolivariana de Venezuela”
* Andrés Pérez Esquivel: "Han desatado una guerra sin fronteras, donde la inseguridad y el miedo es el común denominador"
 

Se puso en marcha el extenso programa de actividades que Provea diseñó para el VI Seminario de Formación en DESC “Vivir con dignidad: el derecho humano a una vivienda y hábitat adecuados”. Los 65 participantes, provenientes de distintas regiones del país, cumplirán una apretada agenda que incluye un cine foro, plenarias, talleres y un foro público en los que se compartirán experiencias organizativas, análisis de la situación nacional, de las políticas públicas en desarrollo, instancias y mecanismos de exigibilidad en el ámbito nacional e internacional dedicada a esta materia, entre otros.
La instalación del evento estuvo a cargo de Carlos Correa, Coordinador General de Provea, mientras que Vicmar Morillo, investigadora y redactora del capítulo “Derecho a la Vivienda” del Informe Anual de Provea, introdujo a los presentes en la temática en cuestión. Seguidamente se abrió el panel “Situación nacional del derecho a la vivienda y hábitat”, que estuvo a cargo de José Rafael Núñez, investigador de Provea; Carlos Genatios, docente universitario y especialista en viviendas en riesgo; y el arquitecto Alfredo Cilento, profesor de la Universidad Central de Venezuela (UCV).
En la plenaria del 2do. día, dedicada a revisar la política del Ejecutivo Nacional para el derecho a la vivienda, estará presente David Díaz, Viceministro de Planificación del Ministerio de Hábitat y Vivienda. Más adelante, el panel “La Ley de Vivienda y Hábitat” contará con las ponencias de Absalón Menéndez, académico de la UCV, y Marino Alvarado, Coordinador del Área de Defensa de Provea.
Para el miércoles 13 se efectuará la plenaria “Experiencias nacionales de organización y lucha por el derecho a la vivienda”, que contará con la participación de Andrés Antillano, docente de la UCV que expondrá sobre el papel de los Comités de Tierras Urbanas (CTU); mientras que Santiago Arconada, Asesor de la C. A. Hidrológica de Caracas (Hidroven), disertará sobre la experiencia de las Mesas Técnicas de Agua; Jorge Moreno, representante de la Fundación Escuela de Gerencia Comunitaria, destacará el papel de su organización frente a la problemática habitacional. También participarán en esta plenaria Yaneth Calderón, integrante de Fe y Alegría, que hablará sobre las luchas reivindicativas del Consorcio Catuche; y finalmente, José Luis Bolívar, invitado del Equipo de Formación y Publicaciones (EFIP), sección Litoral, que explicará el trabajo de esta organización en la promoción de este derecho.
Ese mismo día se efectuará en la Sala A (piso 3) del Ateneo de Caracas el foro público “Vivir con dignidad: el derecho humano a una vivienda y hábitat adecuados”, en el que participarán los ponentes internacionales invitados por Provea: Georgina Sandoval, directora de la organización mexicana Centro de Asesoría, Capacitación e Investigación Urbana Casa y Ciudad; Enrique Ortiz Flores, Coordinador de la Oficina Regional para América Latina de la Coalición Internacional para el Hábitat (HIC); y Alejandro Florián, Director Ejecutivo de la organización colombiana Federación Nacional de Organizaciones de Vivienda Popular (FEDEVIVIENDA). La cita es para las 6:00 PM y será de acceso libre (Provea, 11.07.05, http://derechos.org.ve/actualidad/comunicados/notas_prensa_2005/np110705.pdf).


 

El pasado 11.07.05, un grupo de 80 personas damnificadas, entre adultos/as y niños/as, de las lluvias ocurridas en febrero de este año, y que actualmente se encuentran ubicados en 21 refugios existentes en Guatire, Guarenas, Los Teques y el municipio Libertador (Últimas Noticias, 12.07.05, pág. 3), protagonizaron una protesta en las inmediaciones del Palacio de Miraflores, Caracas,  con el objeto de exigirle al Ejecutivo Nacional que les atienda su problema habitacional.
A pesar de que en varias ocasiones distintos voceros del Estado les han prometido asignarles vivienda, reclaman que esta promesa no se ha concretado (El Universal, 11.07.05,
 http://www.eluniversal.com/2005/07/11/ccs_ava_11A576669.shtml).
Anabel Ribero, damnificada del refugio de las parroquias Macarao y Caricuao, explicó que “a 5 meses de estar en el centro [donde se encuentra refugiada], no tienen donativos y 2 bebés han fallecido” (El Universal, Ídem.).
Otros damnificados expresaron que "no nos han entregado ninguna casa [...] A nosotros nos dijeron cuando nos trasladamos al Poliedro que a los de la parroquia Macarao nos quedaban 15 días en el refugio nada más [sin embargo] no existen estas casas, es falso. Los terrenos están vacíos" (El Universal, Ídem.).
Isabel Herrera dijo que desde las 12 de la noche estaban en la calle. "Contratamos unos autobuses para que nos trajeran a Miraflores, pero la policía nos impidió la salida y amenazaron a los choferes con quitarles las unidades. Nos vinimos caminando. Tardamos 3 horas y de aquí no nos vamos hasta tanto el presidente Chávez nos reciba personalmente" (Últimas Noticias, Ibíd.). Herrera acusó al Instituto de la Vivienda de la gobernación del Edo. Miranda de engañar a quienes, como ella se encontraban en el refugio de Filas de Mariche para luego entregarles "casas marca Acme" (Últimas Noticias, Ibíd.).
Según ésta fuente periodística, media cuadra de Miraflores “estaba ocupada por los refugiados de Macarao, El Paso (Los Teques), Terminal de Oriente, Rosendo Castillo, Mariches y Barrio Bolívar (Guarenas) y del Suniaga, que se encuentra en el municipio Libertador […] Algunos llevaban colchonetas y bolsos, y otros sólo cargaban de un lado para otro a sus bebés […] Dijeron que en esos centros hay casi tres mil damnificados y criticaron las malas condiciones de los albergues, en los que abundan pulgas y enfermedades, y escasean los alimentos y medicamentos” (Últimas Noticias, Ibíd.).
 Los damnificados no sólo se quejan por la falta de una política habitacional digna, sino que también sostienen que “no pueden seguir viviendo en lugares donde las enfermedades están a flor de piel: desde bronquitis, sarna, hepatitis hasta cardiopatías y malformaciones [...] Aseguraron que en el refugio de Fila de Mariches actualmente hay 15 enfermos de hepatitis y por lo menos 12 casos especiales de niños que deben ser operados con urgencia, como es el caso de un muchacho de 14 años a quien deben retirarle una traqueotomía; uno de dos años que tiene los pies volteados y otro de dos años y 8 meses que debe ser sometido a una intervención de corazón abierto” (Últimas Noticias, Ibíd.).
También los habitantes del albergue de Macarao denunciaron que una mujer con 8 meses de gestación sufrió un aborto y un bebé de 15 días murió por las malas condiciones higiénicas (Últimas Noticias, Ibíd.).
Una acción similar fue efectuada ese mismo día por un grupo de damnificados de los altos mirandinos, quienes interrumpieron el tránsito en la carretera Panamericana que comunica la ciudad de Los Teques con Caracas, por la demanda de una vivienda digna. Luego, el grupo se dirigió también a la sede del gobierno para exigir al presidente Hugo Chávez que se reúna con ellos y escuche sus solicitudes (El Universal, Ibíd.).
Ante las denuncias planteadas por las personas damnificadas, Juan Barreto, Alcalde Mayor, señaló que, si bien muchos de los reclamos hechos son justos, algunas de las acusaciones en contra de la alcaldía le parecen injustas: “no los hemos descuidado. Trabajamos en la medida de lo posible” (Cadena Global, 13.07.05,  
http://www.cadenaglobal.com/Default.asp?pgm=Detail&Not=92102&Sec=12). Barreto señaló que
entendía que estar en un albergue durante 4 meses “no debe ser bueno”, pero afirmó que de los 14.600 damnificados que produjo el fuerte temporal de febrero en toda el área metropolitana, a la fecha sólo hay 4.000 personas albergadas en los refugios (Cadena Global, Ídem.).
Más allá de las observaciones del funcionario, las quejas del grupo de personas damnificadas presentes en la acción de protesta a las puertas del palacio de Miraflores, relativas tanto a las condiciones de los refugios como a la tardanza de la entrega de una vivienda o de los recursos para adquirir una casa en el programa de mercado secundario, no obtuvo una respuesta unívoca de parte de las autoridades estatales.
Una fuente periodística reseñó que tan sólo el Ministerio de la Vivienda y Hábitat (MVH) intervino el mismo día de la marcha enviando a Carlos Infante al refugio de Las Adjuntas como su representante a una reunión con las personas damnificadas. A la reunión también acudieron representantes de la Asociación Civil Centro de Participación para la Transformación del Hábitat (CPTH), quienes aclararon que antes del 15.07.05, fecha tope que fijaron las personas damnificadas para obtener una respuesta, no podrían cumplir con sus expectativas. Uno de los reclamos hacia el CPTH es que éste ha adjudicado 17 viviendas al refugio de El Valle, mientras que en el de Las Adjuntas no han recibido la primera. En el CPTH disponen de un millardo de bolívares para la compra de 200 casas (El Nacional, 13.07.05, pág. B/16).
Con la promesa de que para antes de finalizar esta semana sería solucionado el problema de vivienda que están esperando desde hace más de 5 meses, las personas damnificadas volvieron a los albergues.   Giarín España, cuya familia se encuentra junto con otras 72 en el refugio de Mariche, indicó que la directiva del Instituto de Vivienda de Miranda (IVI-Miranda) "nos prometió que venían entre hoy [12.07.05] o mañana [13.07.05] para entregar unos cheques para 14 familias que ya tiene negociada la vivienda [por montos que varían entre 30 a 50.000.000 de bolívares " (El Universal, 13.07.05, pág. 4/3). También Jhonathan Sequera, representante del refugio de Macarao, donde habitan 48 familias, indicó que llegaron a un acuerdo con la directiva del Comité de Tierra Urbana (CTU), quienes " prometieron comenzar a entregar 5 viviendas por cada refugio, pero eso no es suficiente" (El Universal, Ídem.). Rafael Alcalá, también dirigente de Macarao, señaló que el 12.07.05 realizaron una asamblea en el refugio y "decidimos quedarnos tranquilos por unos días, hasta el 15.07.05, para ver si cumplen con lo prometido, o de lo contrario tendremos que volver a tomar las calles" (El Universal, Ídem.).

El pasado 11.07.05, un grupo de casi 5.000 campesinos de distintas regiones del país estuvieron presentes en la marcha organizada por el Frente Nacional de Campesinos Ezequiel Zamora (FNCEZ), que transitó por algunas de las principales avenidas de Caracas, en dirección hacia distintas sedes del Poder Público.
La actividad se efectuó con el objeto de manifestar su condena ante los hechos de sicariato que han cobrado la vida de cerca de 130 campesinos desde la promulgación de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, en el año 2001 (Agencia Bolivariana de Noticias, 11.07.05, 
http://www.abn.info.ve/go_news5.php?articulo=12152&lee=1).
En su recorrido por distintas instancias del Poder Público presentaron un documento en el que expresan estar “en contra del sicariato, del asesinato a mansalva que se viene cometiendo en contra de nuestros dirigentes campesinos, y llevamos 138 dirigentes asesinados desde que se promulgó la Ley de Tierras. Suponemos que los sicarios los paga el latifundista que está en contra de este proceso, usurpando tierras que no le pertenecen” (El Nacional, 12.07.05, pág. B/19).  
Roberto Viera, representante del FNCEZ, apuntó que en el documento mencionado exigen al Ministerio Público (MP) “que se comprometa con la investigación y condene estos delitos lo antes posible” (Agencia Bolivariana de Noticias, Ibíd.). Igualmente rechazan los “abusos de los cuales son víctimas los campesinos por parte de funcionarios de la Fuerza Armada Nacional en el Sur del Lago de Maracaibo y en Apure  [así como el] ejercicio de los delegados de las instituciones adscritas al MAT, a las cuales juzgó por no atender de forma eficiente tal problemática” (Agencia Bolivariana de Noticias, Ibíd.)
Asimismo, Viera exigió al Instituto Nacional de Tierras (INTI) el otorgamiento de cartas agrarias y al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que se pronuncie en cuanto al curso de estos documentos “los cuales han sido rechazadas por los tribunales del interior del país” (Agencia Bolivariana de Noticias, Ibíd.).
Entre otras personas, Viera estuvo acompañado por Braulio Álvarez, líder campesino y diputado al Consejo Legislativo del Edo. Yaracuy, quien sufrió un atentado el pasado 24.06.05 (ver edición Nº 156 de este boletín en el sitio web de Provea: 
http://derechos.org.ve/actualidad/coyuntura/2005/coyuntura_156.htm#10) y por Hilda de Sanoja, viuda de
Manuel Eduardo Sanoja, líder campesino asesinado hace 5 años en el Edo. Portuguesa, supuestamente por terratenientes. Contó que su esposo fue secuestrado en la vía pública el 20.11.00 y que 7 días después apareció muerto. Acusó a la jueza que lleva este caso de no pronunciarse ni tomar acciones en contra de los presuntos asesinos. También hizo referencia al asesinato, a manos de sicarios, de Jacinto Mendoza, otro campesino de la misma entidad federal (Agencia Bolivariana de Noticias, Ibíd.).
Por su parte, Álvarez, en declaraciones a medios de comunicación estatales, hizo responsables de algunos de los asesinatos ocurridos a varias familias “como a los Contreras Barboza en Zulia (acusan a Carmelo Contreras, hacendado con más de 150 mil hectáreas en su haber, de ser autor intelectual de varios sicariatos), a los Figala Mendoza, a Vicente Lecuna, a Nelson Socorro; en Cojedes acusan a las familia Betancourt y Borges; en Yaracuy, afirman que Joaquín Jiménez Mendoza Cigala es acusado de la muerte del campesino Hermes Escalona, aún cuando fue liberados en sólo 48 horas y luego se fugó del país por varios meses” (Radio Nacional de Venezuela, 11.07.05,
http://www.rnv.gov.ve/noticias/index.php?act=ST&f=2&t=19918).
José Luis Romero, Domingo Santana y Ramón Virigai, entre otros representantes del FNCEZ, aprovecharon la ocasión para denunciar públicamente los atropellos del general Oswaldo Bracho, Jefe del Teatro de Operaciones Nº 1 (TO1), ubicado en el Alto Apure, quien persigue y maltrata a los campesinos del Alto Apure. Como muestra de su denuncia “revelaron que 4 campesinos tienen 24 días presos y fueron acusados por efectivos del T01 de tener vínculos con la guerrilla” (Aporrea, 12.07.05,  http://www.aporrea.org/dameverbo.php?docid=63070).
Agregaron que “a los pequeños y medianos productores se les prohíbe comprar gasolina y gasoil en las estaciones de servicio o bombas, por el supuesto incremento del contrabando de combustible […] Además, reclamaron que el financiamiento, los créditos y las maquinarias que asigna el Estado, muchas veces se quedan en manos de terratenientes” (Aporrea, Ídem.).
Santana apuntó que "para muchos de nosotros los beneficios de las políticas de tierras del Gobierno sólo las vemos a través del televisor. El campo está paralizado y el contrabando aumentó". Gerardo Cieveres del Edo. Portuguesa, dijo que “en su región el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), cita a los campesinos que ocupan tierras ociosas y baldías, amparándose en el artículo 471 del Código Penal” (Aporrea, Ídem.).
Por su parte, Miguel Ulises Moreno, presidente de la Federación Campesina de Venezuela (FCV), anunció que esta organización se encuentra en estado de emergencia permanente hasta que los distintos expedientes sobre los asesinatos de dirigentes del campo tengan una respuesta por parte del MP. Respecto a la marcha, observó que "fue una demostración de que no habrá balas ni atentados que nos detenga. Nosotros continuamos nuestra lucha contra el latifundio" (Aporrea, 14.07.05, http://www.aporrea.org/dameverbo.php?docid=63214). En respuesta a esta situación, Moreno indicó que se abrió una oficina en las instalaciones de dicha Federación para recibir las denuncias sobre los atropellos al campesinado.
Mientras, el vicepresidente de esta organización, Arturo Álvarez Vega, expresó que la marcha representó la unidad de todos los movimientos campesinos que existen en el país.
Una semana antes de efectuarse la marcha, Lesbia Solórzano y Migdalia Pérez, dirigentes nacionales de  la Coordinadora Agraria Nacional Ezequiel Zamora (CANEZ), denunciaron en un medio de comunicación capitalino la ejecución de un nuevo atentado contra dirigentes campesinos, que afectó en esa ocasión al líder agrario José Gregorio Rivas, de la cooperativa Cieneguito, del Edo. Zulia (Últimas Noticias, 03.07.05, pág. 21).
Solórzano y Pérez explicaron que Rivas recibió 3 impactos de bala por parte de sujetos desconocidos que lo atacaron en el asentamiento campesino Roca Firme, ubicado en el municipio Sucre, en tierras que son reclamadas por la Finca Machado Aguilar (Últimas Noticias, Ídem.).
La diputada Marelis Pérez (Movimiento Quinta República), integrante de la Comisión Especial de la Asamblea Nacional (AN) para investigar las agresiones y asesinatos de que son víctimas campesinos e indígenas por parte de terratenientes, creada el 14.06.05 (Asamblea Nacional, 12.07.05,
http://www.asambleanacional.gov.ve/ns2/comis.asp?codd=113), afirmó que “el mayor número de casos de sicariato a campesinos ocurre principalmente en los estados Zulia, Mérida y Yaracuy. Posteriormente, se encuentran Barinas, Apure, Aragua y Miranda” (Gobierno en línea, 12.07.05, 
http://www.gobiernoenlinea.gob.ve/noticias/viewNewsUser01.jsp?id_noticia=37041).
Sobre los adelantos de las investigaciones que realiza la mencionada comisión parlamentaria, Pérez indicó que ya elaboraron un cronograma de comparecencias de altos funcionarios que estén relacionados con este tipo de casos. Al respecto, señaló al MP y al CICPC, como los organismos que deberán rendir cuentas a la comisión sobre el tratamiento dado a las denuncias de los campesinos. Precisó que han establecido enlaces con parlamentarios del interior del país, con el propósito de trabajar coordinadamente en la solución del problema. Explicó la parlamentaria que para afianzar la seguridad en el campo activarán a través de la reserva de la Fuerza Armada Nacional (FAN) la creación de cordones de seguridad que protejan la vida y la tierra de los campesinos. Finalmente, apuntó que la comisión “cuenta con 30 días para levantar un informe detallado de las investigaciones realizadas hasta ahora, documento que deberá contener los resultados e hipótesis encontrados con respecto al asesinato de los 130 campesinos venezolanos” (Gobierno en línea, Ídem.).
También el diputado Ricardo Gutiérrez (Podemos), quien preside la mencionada comisión parlamentaria, ante el pliego de denuncias que recibió de manos de los líderes de la FNCEZ indicó que se designará una comisión de 15 representantes de los campesinos para conformar una mesa de trabajo con la comisión de la AN encargada de investigar las muertes de los campesinos, donde también estarán el ministro de Agricultura y Tierras, Antonio Albarrán, y el ministro del Interior y Justicia, Jesse Chacón (Asamblea Nacional, 11.07.05,
http://www.asambleanacional.gov.ve/ns2/noticia.asp?numn=7646).
Días antes de la marcha del FNCEZ a Caracas, la comisión parlamentaria presidida por Gutiérrez informó que había acordado aprobar un plan de trabajo que incluye el traslado de sus integrantes a los estados donde han ocurrido los hechos, con el objeto de constatar en el sitio las denuncias. La fuente destacó que Gutiérrez  estaría a cargo de levantar la información en el Edo. Portuguesa, mientras que el diputado Edgar Zambrano (Acción Democrática) se dirigirá a los Edos. Yaracuy y Lara, el diputado Henry Tachinamo (Movimiento Quinta República) lo hará en Apure y Anzoátegui, y el parlamentario Israel Sotillo (Movimiento Quinta República) en Aragua y Carabobo. Igualmente, incorporarán a los parlamentarios regionales que han decidido participar y apoyar la investigación que adelantarán en dicha comisión. (Asamblea Nacional, 08.07.05,  http://www.asambleanacional.gov.ve/ns2/noticia.asp?numn=7640).
También decidieron la publicación de un remitido en periódicos de circulación nacional a través del cual informarán a la población sobre dónde consignar denuncias sobre el asesinato, agresiones y desalojos de tierras a campesinos e indígenas, entre estos sitios, a la sede de la comisión en las instalaciones de la AN (Asamblea Nacional, Ídem.).
En cuanto al despacho dedicado a esta materia,  el Ministerio de Agricultura y Tierras (MAT), su titular, Antonio Albarrán, también presente en la marcha, informó que la Comisión Agrícola Nacional (CAN) decidió recientemente crear 3 subcomisiones, una de ellas con carácter jurídico, orientada a la defensa de casos; otra denominada de Seguridad Rural, que está presidida por Alcides Rondón, viceministro de Seguridad Ciudadana, y formada por representantes del Comando Unificado de la Fuerza Armada Nacional (FAN) y del INTI, y que ejercerá acciones de carácter preventivo para garantizar la seguridad de los trabajadores del campo y crear un mecanismo de defensa para los campesinos y los líderes que acompañan al Gobierno Nacional en la lucha contra el latifundio; y, otra de carácter político, que servirá de enlace con la AN (El Universal, 03.07.05, pág. 1/7).
Además, resaltó que en los Consejos Agropecuarios Regionales, cuya instalación se inició el 07.07.05 en el Edo. Guárico, se activaron las Patrullas Sociales Endógenas para prevenir ataques contra los dirigentes y trabajadores del campo (El Universal, Ídem.).
Marino Alvarado, coordinador del área de defensa de Provea que también asistió a la marcha convocada por el FNCEZ, aseguró que en ninguno de los casos de muerte por encargo denunciados se han podido establecer las autorías material e intelectual: “preocupa que las investigaciones de la policía técnica no hayan establecido responsabilidades materiales y que el Ministerio Público sólo haya instalado 4 juicios cuando sobrepasan de 100 el número de asesinatos […] en Provea sólo existen registrados 66 casos pero que 95% pertenecen a los supuestos sicariatos” (El Nacional, Ibíd.).
Puede conocer el documento presentado por la marcha campesina en la sección DOCUMENTOS de esta edición.


 

Fueron sancionadas por la Asamblea Nacional (AN) 2 de las 6 leyes que conforman el sistema de seguridad social contemplado en la la Ley Orgánica de los Sistemas de Seguridad Social (LOSSS). Con el cumplimiento de esta etapa del proceso de promulgación necesario para activar una ley, ya son 3 los regímenes prestacionales que se encuentran actualmente vigentes. El Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat (LRPVH), sancionado el 17.03.05, fue el 1ro. de ellos (ver edición Nº 153 de este boletín en el sitio web de Provea:
http://derechos.org.ve/actualidad/coyuntura/2005/coyuntura_153.htm#06). El 2do. fue sancionado el pasado 30.06.05, por la plenaria de la AN. Se trata del contenido en la Ley de Reforma de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (LOPCMAT), con lo cual fue remitida al Ejecutivo para su promulgación (El Carabobeño, 01.07.05, pág. A/12).
Presentada el 22.06.04 por la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral, es uno de los 5 regímenes prestacionales que forman parte del sistema de seguridad social contemplado en  la LOSSS y tiene por objeto “establecer las instituciones, normas y lineamientos de las políticas, y los órganos y entes que permitan garantizar a los trabajadores y trabajadoras, condiciones de seguridad, salud y bienestar en un ambiente de trabajo adecuado y propicio para el ejercicio pleno de sus facultades físicas y mentales, mediante la promoción del trabajo seguro y saludable, la prevención de los accidentes de trabajo y las enfermedades ocupacionales, la reparación integral del daño sufrido y la promoción e incentivo al desarrollo de programas para la recreación, utilización del tiempo libre, descanso y turismo social” (Asamblea Nacional, 12.07.05,
http://www.asambleanacional.gov.ve/ns2/leyes.asp?id=619). 
Se regulan los derechos y deberes de los/as trabajadores/as, así como de los/as empleadores/as, en relación con la seguridad, salud y ambiente de trabajo, además de lo concerniente a la recreación, utilización del tiempo libre y turismo social. Igualmente establece las sanciones por el incumplimiento de la normativa y regula la responsabilidad del empleador (a) y sus representantes ante la ocurrencia de un accidente de trabajo o enfermedad ocupacional cuando existiere dolo o negligencia de su parte. También desarrolla lo dispuesto en la Constitución y en el régimen prestacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, establecido en la LOSSS (El Carabobeño, Ibíd.).
Según esta fuente periodística, “las disposiciones de esta ley son aplicables a los trabajos efectuados bajo relación de dependencia por cuenta de un empleador (a), cualesquiera sea su naturaleza, el lugar donde se ejecute, persiga o fines de lucro, sean públicos o privados existentes o que se establezcan en el territorio de la República y, en general toda prestación de servicios personales donde haya patronos y trabajadores, sea cual fuere la forma que adopte, salvo las excepciones expresamente establecidas por la Ley […] Quedan expresamente incluidos en el ámbito de aplicación de esta norma, el trabajo a domicilio, doméstico y de conserjería”.
Por su parte, Gaudys Martínez, representante del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Ciudadana (INPSASEL), explicó que este instrumento contempla sanciones leves, graves y muy graves para aquellos patronos que incurran en su incumplimiento: "’las faltas leves están vinculadas a problemas administrativos en materia de salud y seguridad en el trabajo y se sanciona hasta con 25 unidades tributarias’ […] Las tipificadas como graves de 26 a 75 unidades tributarias (UT) y las muy graves de 75 a 100 UT […] ‘Serán impuestas tomando en cuenta si los trabajadores están o no expuestos a riesgos en la actividad desarrollada’ […] También serán objeto de consideración ‘las medidas de protección colectivas e individuales que tome el empleador y el cumplimiento de las políticas de seguridad y planes de prevención’” (El Universal, 07.07.05,
http://www.eluniversal.com/2005/07/07/eco_art_07204F.shtml).  
Mientras, Francisco Casanova, del escritorio jurídico Andrade Casanova, sostuvo que esta ley "se adapta a las nuevas tendencias en materia de prevención, condiciones y medio ambiente de trabajo. Es una ley cuya intención es prevenir los accidentes laborales y las enfermedades ocupacionales, no penalizar a los empresarios" (El Universal, Ídem.).
El 3er. régimen prestacional aprobado en segunda discusión de la plenaria de la AN, es el que está contemplado en la Ley del Régimen Prestacional de Servicios Sociales al Adulto Mayor y Otras Categorías de Personas (LRPSSAMOCP) (Asamblea Nacional, 14.07.05,
http://www.asambleanacional.gov.ve/ns2/noticia.asp?numn=7678).
La nueva ley entrará en vigencia al momento de su publicación en la Gaceta Oficial, menos los artículos relacionados con las asignaciones económicas para este sector, otorgándole un plazo de 12 meses al Ejecutivo Nacional para elaborar un censo y disponer del presupuesto para la nueva institucionalidad (Asamblea Nacional, Ídem.).
Señaló la fuente que, debido a las modificaciones sufridas durante el debate, la ley fue remitida a la Comisión de Desarrollo Social para la redacción del informe definitivo con la incorporación de nuevos artículos y capítulos.
Entre otras normas, esta nueva ley contiene severas sanciones para aquellos funcionarios y entes privados que presten servicio social a este sector, que maltraten, agredan a personas adultas mayores o con discapacidades, las cuales serán multadas con 10 a 20 UT, igual pena tendrá quien le suministre medicamentos en mal estado, de 12 a 34 UT para quienes priven injustificadamente a estas personas de sus prestaciones sociales. A quienes cercenen el derecho a la educación, recreación y deporte al adulto mayor se multarán con 10 a 20 UT; asimismo, aquellas unidades de transporte público que no cuenten con asientos para ancianos y ancianas y personas con discapacidad, serán sancionados con suspensión del servicio hasta por cuatro días. También se prevé pena privativa de libertad de 2 a 4 años para aquellos que engañen o defrauden al adulto mayor o con discapacidad en actos jurídicos (Asamblea Nacional, Ídem.).
Igualmente, fueron aprobadas las redacciones de 5 artículos diferidos: el 27, referido a las transferencia de servicios a estados y municipios, el 34 relacionado con la promoción de empleo, el 77 sobre los incentivos fiscales a favor de la ocupación de las personas adultas mayores y con discapacidades, el 78 sobre los servicios arquitectónicos y urbanísticos y el 82 referido a las reestructuración de INAGER (Asamblea Nacional, Ídem.).
Se agregó una nueva disposición transitoria, en la cual se establece en materia de asignación de recursos económicos a la población adulto mayor y discapacitados, que al entrar en vigencia la entrega de las asignaciones económicas, este sector recibirá 60 por ciento del salario mínimo que podrá ser incrementado hasta el tope de 80% (Asamblea Nacional, Ídem.).
Conviene destacar que, en espera de seguir los pasos recientemente dados por la LOPCMAT y la LRPSSAMOCP, se encuentran otras 3 leyes: la del  Régimen Prestacional de Salud; la del Régimen Prestacional de Pensiones y Otras Asignaciones Económicas; y la del  Régimen Prestacional del Empleo, cuya presentación fue anunciada para la segunda semana de julio por el diputado Rafael Ríos (Movimiento Quinta República) y presidente de la Subcomisión de Seguridad Social del parlamento (Agencia Bolivariana de Noticias, 11.07.05, http://www.aporrea.org/dameverbo.php?docid=63057).
Ríos indicó que actualmente concluyen los detalles del informe que enviarán a Cámara para que la Comisión de Desarrollo Social, proponente del proyecto de ley, presente su discusión en la plenaria. Destacó que la ley se dirige a crear en el país un sistema de protección del empleo y de prevención en caso de desempleo, fundamentado en redes nacionales, estadales y municipales que amparen a las empresas e industrias. En opinión del parlamentario, el instrumento es importante porque articula las instancias de coordinación nacional mediante organismos, bajo la dirección del Instituto Nacional de Empleo (INE), que serán creados por la misma Ley (Agencia Bolivariana de Noticias, Ídem.).
Ríos explicó que uno de los objetivos del proyecto es abrir todos los espacios posibles, con la participación del sector público y privado, para que los ciudadanos se incorporen al mercado del trabajo.
Refirió que bajo esta nueva ley, quienes hayan perdido sus trabajos por razones no inherentes a sí mismos recibirán por un tiempo determinado un beneficio, que le garantizará un ingreso, mientras entra nuevamente al mercado de trabajo (Agencia Bolivariana de Noticias, Ídem.).


 

Franklin Rondón, presidente de la Federación Nacional de Trabajadores del Sector Público (FENTRASEP) y coordinador nacional de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), expresó su rechazo ante la norma contenida en el artículo 9 del proyecto de reforma parcial del Código Orgánico Procesal Penal (COPP) que actualmente se discute en la Asamblea Nacional (AN) (Últimas Noticias, 05.07.05, pág. 12).
El sindicalista presentó el pasado 07.07.05, a la presidencia del Poder Legislativo un documento por medio del cual señala que en la propuesta de reforma, la sección II del artículo 9, dedicado a normar situaciones de sabotaje de las empresas básicas y estratégicas del Estado, se le da “carácter punible al ejercicio del derecho a huelga establecido en el artículo 97 de la Constitución” (Diario de Caracas, 08.07.05, pág. 4).
Según una fuente periodística, ese artículo reza: “Quien, sin perjuicio, de la aplicación de lo previsto en el artículo anterior, ejecute una actividad tendiente a interrumpir el correcto desempeño o la normal actividad de una o varias de las empresas básicas o estratégicas del Estado, será sancionado con prisión de dieciséis (16) a diez y ocho (18) años” (Últimas Noticias Ibíd.).
Rondón argumenta que no se precisa cuáles son esas empresas, y que si el artículo queda finalmente así, los trabajadores no podrán ejercer su derecho a huelga para exigir sus legítimas reivindicaciones laborales.
El sindicalista observó que "no puede ser que en el contenido de una norma legislativa, se plantee entre 16 y 18 años de prisión por la interrupción de una actividad laboral o por luchar por una contratación colectiva" (Diario de Caracas, Ibíd.). Igualmente cuestionó que la sanción por la violación de dicho artículo esté por encima de delitos como el homicidio, la violación o la estafa (Diario de Caracas, Ídem.). 
En el documento que presentó al presidente de la Asamblea Nacional (AN), Nicolás Maduro, la UNT califica a este componente de la reforma parcial del COPP como una “propuesta desproporcionada”, porque permitiría imputar a los trabajadores y su dirigencia por acciones de “estricto carácter sindical”. En este sentido, plantea la supresión de este artículo o su “modificación sustancial” (Últimas Noticias, Ibíd.).
Los señalamientos fueron compartidos por la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), que en voz de uno de sus directivos, Dick Guanique, “alertó que el instrumento legal refuerza la estrategia del Gobierno de cortar cualquier mecanismo que implique la protesta y reclamo de derechos fundamentales como la huelga, consagrada por la Constitución, la Ley Orgánica del Trabajo y el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)” (El Nacional, 05.07.05, pág. A/18).
En otro orden de ideas, “la UNT propone que en la reforma del Código Penal se inserte en el título que trata los delitos contra las buenas costumbres y el buen orden de la familia, que el funcionario público o gerente privado que sin justificación alguna ‘paralice algún pago que por derecho corresponda al trabajador, o que no entere a los organismos correspondientes los montos debidamente deducidos de su sueldo o salario, sea sancionado con prisión de 5 a 10 años’. También si despiden ilegalmente a un padre o madre de familia” (Últimas Noticias, Ídem.).


 

José Mendoza, viceministro de Salud, informó que el Gobierno Nacional dará inicio a la fase III de la Misión Barrio Adentro (MBAIII) con la recuperación de 50 hospitales en todo el país. Para ello su despacho realizará el 14.07.05 una reunión con los directores regionales de salud, equipos técnicos a escala nacional y la delegación médica cubana que trabaja en este programa social, con el fin de acordar las acciones a emprender en esta nueva fase de Barrio Adentro, orientada al fortalecimiento de la red hospitalaria de todo el país (Agencia Bolivariana de Noticias, 12.07.05,
http://www.abn.info.ve/go_news5.php?articulo=12210&lee=7).
Según el funcionario, MBAIII “no sólo implica la restauración de la red hospitalaria, sino además la recuperación de los centros del sistema público nacional de salud” (Agencia Bolivariana de Noticias, Ídem.).
Al respecto, manifestó que la idea del encuentro será hacer un diagnóstico de la red hospitalaria "que ya está bien avanzado, porque desde hace años se viene trabajando en esto. Prueba de ello es la inversión que se hará este año en un número de hospitales por vía de recursos extraordinarios, que el presidente Chávez decidió invertir en el sector" (Gobierno en Línea, 11.07.05,
http://www.gobiernoenlinea.gob.ve/noticias/viewNewsUser01.jsp?id_noticia=36959).
Destacó el funcionario que las áreas a recuperar son “la quirúrgica, de imagenología, neonatal, las salas de parto, gastroenterología y neurología.; además se refaccionará el sistema de calderas y ascensores. Eso se suma, acotó, a los proyectos que se tienen de provisión de los insumos como materiales para osteosíntesis, atención cardiovascular y marcapasos” (Gobierno en Línea, Ídem.).
Con relación al recurso humano, manifestó que "en este campo tenemos deficiencias acumuladas y se requiere la formación de un nuevo técnico y profesional de la salud que asuma el sector público como opción de ejercicio profesional y de vida. Eso exige modificar toda la gestión de recursos humanos partiendo del problema salarial hasta el tema de la actualización del personal, es decir, lo que implique dar una solución integral a nuestro problema hospitalario" (Gobierno en Línea, Ídem.).
Reconoció Mendoza que el problema hospitalario del país radica en un total abandono y un equipamiento inservible u obsoleto, "entonces se requiere de una acción integral, porque se trata de un problema estructural que se resuelve con soluciones estructurales a fondo […] en general nuestros hospitales tienen más de 30 años sin inversiones. La idea de todo este proceso que se vivió en el sector público fue la de desmantelar nuestros hospitales y hoy se encuentran con equipos obsoletos, ascensores dañados, sistemas de calderas sin funcionar, entre otros problemas; lo que exige un gran esfuerzo de recuperación y de inversión" (Gobierno en Línea, Ídem.).
El viceministro indicó que a finales de 2005 se realizarán las primeras inversiones en el sistema hospitalario y que la MBAIII regionalizará la atención en materia de dotación de hospitales. Al respecto, precisó que para los Edos. Aragua, Carabobo y Miranda se requieren centros de trauma shock y salas de atención de quemados, por la incidencia de accidentes de tránsito que se registran a diario en la autopista Regional del Centro, además de la actividad industrial que se genera en estas zonas. Igualmente, en la región andina se requieren centros de atención para tratar patologías de cáncer, debido a la alta incidencia de esta enfermedad en pacientes de la zona andina. También está prevista la construcción de nuevos centros, tales como el hospital de Zaraza, en el Edo. Guárico, y el hospital de Güiria, en el Edo. Sucre, así como la dotación de los hospitales Central de Maracay y José Maria Benítez, de La Victoria, en el Edo. Aragua (Agencia Bolivariana de Noticias, Ídem.).


 

Carlos Eduardo Febres, profesor de postgrado en Seguridad Social de la Universidad Central de Venezuela (UCV), informó que desde junio pasado un grupo de investigadores viene trabajando en la evaluación de la calidad y efectividad de las misiones, que desde hace 2 años viene desarrollando el Gobierno Nacional (El Universal, 08.07.05,
http://noticias.eluniversal.com/2005/07/08/pol_art_08110D.shtml).  
El docente precisó que se estudiarán los efectos de todas las misiones. Para ello trabajarán en 10% de los municipios a escala nacional, es decir, los 35 municipios más pobres del país. Después de seleccionar esas localidades se escogerán los 3 centros más poblados para finalmente seleccionar los 3 barrios más pobres y ahí practicar encuestas en 100 unidades habitacionales.
Por medio de un grupo que contará con la participación de 60 alumnos de las escuelas de Trabajo Social, Antropología, Sociología y Economía de esta casa de estudios, que serán guiados por catedráticos expertos en el área de política social, se evaluará las diversas misiones para conocer la percepción de los ciudadanos sobre éstas y sus efectos en la calidad de vida de los beneficiarios.
Resaltó el investigador que lo más importante del estudio de campo es que le ofrecerá a "la opinión pública venezolana datos reales sobre las misiones" (El Universal, Ídem.).
Asimismo, indicó que dentro de unos 5 meses se podrán contar con los resultados de la investigación, tiempo que demorará la realización de las 15.000 encuestas que amerita el trabajo de campo previsto.