Una lectura de la realidad venezolana
desde los derechos humanos

Boletín electrónico Nº 160
Del 12 al 24 de agosto de 2005

 

DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 
*
Pacientes hemofílicos cuestionaron capacidad de atención de sistema nacional de salud
*
Inversión del Gobierno Nacional en mejoramiento de cobertura y calidad de Misión Barrio Adentro I
*
Incumplimiento de la regulación de precios diluye protección del derecho a la alimentación
* Venezuela participa en campaña mundial por la alimentación
* Poder Legislativo envió al Ejecutivo Nacional Ley del Régimen Prestacional de Empleo para su promulgación
*
Indicadores del derecho a la alimentación y al salario justo
*
Delegación de la UNESCO conoció alcance de la Misión Robinson I
* Inversión y resultados de la Misión Robinson
*
Propuestas y exigencias de Provea a los poderes públicos sobre el derecho a la educación

DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
*
Organizaciones de derechos humanos consideraron insuficiente fallo condenatorio contra Grupo Extermino
* Receso judicial agrava el retardo procesal
* Ministerio Público precisó datos
sobre el derecho a la justicia
* Ministerio Público anunció que presentará al Tribunal Supremo de Justicia un recurso de nulidad contra la reforma del Código Penal
* Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU presentó observaciones al informe periódico venezolano
* Propuestas y exigencias de Provea a los poderes públicos sobre los
derechos políticos

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN
*
Instituto Raoul Wallenberg y el Instituto Interamericano de Derechos Humanos: Curso especializado sobre derechos humanos de las mujeres

ARTÍCULOS
* Son derechos: "Seguridad Social"
*
Elio Gómez Grillo: "La violencia carcelaria"

NOVEDADES DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN TODOS LOS DERECHOS PARA TODOS
*
"La exclusión de los pobres de la educación superior venezolana"
* "Informe Anual 2004: Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC)"
* "Manual formación: derechos de las mujeres indígenas"
* "Democracia en América Latina y El Caribe: análisis y evaluación"

 
DOCUMENTOS
*
“Manifiesto de los premios Nóbel Nadine Gordimer, José Saramago, Rigoberta Menchú y Adolfo Pérez Esquivel y de los académicos Noam Chomsky y Salim Lamrani”
 

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DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Pacientes hemofílicos cuestionaron capacidad de atención de sistema nacional de salud

Desde la 2da. semana del mes en curso, distintos medios de información reseñan las denuncias hechas por las organizaciones sociales de pacientes hemofílicos contra el desabastecimiento, los problemas en la distribución de algunos medicamentos y la incorporación masiva de otros que conforman el tratamiento para los pacientes hemofílicos nacionales.
Efraín González, vocero de la Asociación Venezolana para la Hemofilia (AVH), región andina, aseguró que, “en lo que va de año, no han recibido algunos de los fármacos para el tratamiento de esta condición médica” (Últimas Noticias, 16.08.05, pág. 4).
Acotó que “el desabastecimiento ha obligado a que los afiliados al programa del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) presten sus fármacos para atender las emergencias de quienes dependen del Ministerio de Salud y Desarrollo Social (MSDS): “por ejemplo, mensualmente deberíamos recibir al menos 500 frascos de factores para los 110 pacientes de San Cristóbal, pero están llegando sólo 20 o 30 al mes para las estrictas urgencias” (Últimas Noticias, Ídem.).
La fuente reveló que el MSDS “introdujo el programa de medicamentos Quimbiotec [empresa estatal adscrita al Ministerio de Ciencia y Tecnología, a cargo de producir el Factor VIII para la Hemofilia A] pero dejó de comprar los otros fármacos. Quedando sin tratamiento los enfermos de Hemofilia B que utilizan factor IX, los pacientes que requieren el VIII en combinación con otros y los que consumen los Factores II, V y VII”.
Por su parte, el MSDS garantizó la existencia y calidad de 4.000.000 de unidades de Factor VIII, medicamento que es administrado a los 1.545 pacientes hemofílicos del país desde los servicios de hematología de la red hospitalaria venezolana (El Universal, 19.08.05,
 http://www.eluniversal.com/2005/08/19/ten_art_19406A.shtml).
Maryorie Chávez, coordinadora nacional de los Bancos de Sangre del MSDS, “negó que el Banco Municipal de Sangre hubiera colapsado por la carencia de Factor VIII en el Área Metropolitana de Caracas y en diversos centros del interior” (El Universal, Ídem.).
César Garrido, coordinador nacional de la AVH, aseguró que la escasez de Factor VIII se hizo crítica en las últimas semanas: "pues normalmente el problema se resuelve cuando el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) presta el medicamento si el MSDS no lo tiene, pero creemos que la escasez va a ser crítica en dos o tres semanas" (El Universal, Ídem.).
Según la AVH, los centros de atención al paciente hemofílico de Cumaná-Carúpano, Maracaibo, San Cristóbal y Caracas son los que presentan mayores inconvenientes con la dotación del fármaco. Además, el pasado 16.08.05, se reportaron desabastecimiento en los Edos. Zulia, Bolívar y Táchira, además de los casos denunciados de Monagas y Guárico (Últimas Noticias, 17.08.04, pág. 4). En opinión de Garrido: "todos están confundidos porque se les dice que sí hay existencia de productos, pero cuando van a los centros de atención (11 en total) no les dan nada" (El Nacional, 19.08.05, pág. B/19).
En una rueda de prensa efectuada el pasado 18.08.05, la
coordinadora nacional de los Bancos de Sangre aseguró que “tenemos disponibilidad para cubrir la totalidad de los medicamentos. Hay más de 4.000.000 de unidades” (Últimas Noticias, 19.08.05, pág. 4). No obstante, Dana Miloslavich, gerente de Abastecimiento de Quimbiotec, reconoció que la producción de Factor VIII “sólo alcanza para brindar cobertura a 25% de los pacientes hemofílicos A, es decir, 9.000.000 de unidades” (Últimas Noticias, Ídem.). Según la fuente periodística, “para garantizar el tratamiento a estos enfermos crónicos del país, se requieren 38.000.000 de unidades por año”. Al ser cuestionada sobre este déficit, Chávez rectificó señalando que para octubre Quimbiotec estaría en capacidad de cubrir 100% de la demanda. Miloslavich, explicó que la fabricación no abastece el mercado porque “sólo hay 250.000 donaciones de plasma anuales y se necesitan 1.000.000 de donantes para lograr producir los 38.000.000 de unidades” (Últimas Noticias, Ídem.). A pesar de estos números, la representante de Quimbiotec, reiteró que en todos los centros de salud autorizados hay suficiente fármaco para atender las emergencias: ”por lo cual no hay razón para que los enfermos vengan a la capital” (Últimas Noticias, Ídem.). 
Para
la coordinadora nacional de los Bancos de Sangre, la migración de pacientes del interior no es por falta de medicamentos, tampoco porque existan problemas en la distribución. Aseguró que la razón tiene que ver con que “hemos tenido un poco de dificultad en la aceptación del producto Factor VIII, aunque se han hecho los estudios necesarios y pertinentes para asegurar que este factor es tan efectivo como el que se les suministraba antes” (Últimas Noticias, Ídem.).
Acotó la fuente periodística que “hasta noviembre de 2004, los hemofílicos recibían Inmunate, de un laboratorio extranjero. El IVSS aún lo sigue dando a sus afiliados. Este año el MSDS lo sustituyó por el Factor VIII de Quimbiotec”.
Ante las denuncias acerca de posibles efectos secundarios presentados por pacientes hemofílicos que consumieron este medicamento, Francisco Armada, titular del MSDS, avaló su calidad porque “cuenta con los estándares internacionales de calidad y procesamiento: ‘no hay razones para dudar de la calidad, eficacia e idoneidad de estos medicamentos producidos en Venezuela, en una planta que forma parte del Ministerio de Ciencia y Tecnología’” (Venezolana de Televisión, 18.08.05, http://www.vtv.gov.ve/Ciencias.php?IdCiencia=363).
No obstante, en una reunión convocada el 22.08.05, por la Oficina Panamericana de Salud (OPS), el MSDS se comprometió a comprar los factores para las personas con hemofilia. En la reunión, también se firmó un convenio con el IVSS para que este organismo suministre los medicamentos a la población dependiente del MSDS, hasta que llegue en septiembre, el lote que comprará este despacho con el cual espera garantizar el tratamiento hasta fin de año (Últimas Noticias, 23.08.05, pág. 4).
Por su lado,  la Federación Mundial de Hemofilia había anunciado poco antes de la reunión, que entregará una donación de 50.000 unidades de Factor VIII recombinante de alta pureza. Antonia Luque, vocera de la AVH, informó que la dotación llegará en los próximos días y será destinada a los niños, los cuales constituyen 30% de las personas que viven con esta enfermedad en el país (Últimas Noticias, Ídem.). 


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DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Inversión del Gobierno Nacional en mejoramiento de cobertura y calidad de Misión Barrio Adentro I

De acuerdo con Robert Rodríguez, coordinador de la Misión Barrio Adentro I, el Ministerio de Salud y Desarrollo Social (MSDS) está invirtiendo 245 millardos de bolívares en la ampliación de la capacidad de servicio de los consultorios populares en todo el territorio nacional (El Mundo, 12.08.05, pág. 5).
El funcionario indicó que el proyecto se realiza en conjunto con el Ministerio de la Vivienda y el Hábitat (MVH), que ha solicitado recursos para la construcción y dotación de nuevos Consultorios Populares, que permitirán alcanzar la meta de 2.238 para diciembre de este año.
Explicó Rodríguez que "el MSDS define la ubicación de estos Consultorios Populares y, a través de comisiones y Comités de Salud, le da seguimiento junto a Petróleos de Venezuela (PDVSA), el Fondo de Inversión Social de Venezuela (FONVIS), el Proyecto salud y Proyecto País para, una vez construido, dotarlo e inaugurarlo" (El Mundo, Ídem.).
Agregó que este proyecto "acondicionará ambulatorios rurales Tipo I y Tipo II en comunidades con tendencia al crecimiento poblacional, donde se adecuará una vivienda como consultorio para que el médico residente viva allí y a la vez atienda a la comunidad" (El Mundo, Ídem.).
También destacó que "de los 8.500 puntos de consulta que existen  en todo el país, a la fecha 577 se han sustituido por Consultorios Populares, y se espera rehabilitar a 6.200 de ellos. Sólo queda por definir la forma de financiamiento de la compra de viviendas en los barrios, para reconvertirlos en Consultorios Populares" (El Mundo, Ídem.).

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DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Incumplimiento de la regulación de precios diluye protección del derecho a la alimentación

Según destacó una fuente periodística, la regulación de precios aplicada por el Gobierno Nacional desde febrero de 2003 “no ha logrado revertir el alza de los productos de la cesta básica […] la política de regulación sólo es efectiva en las bodegas Mercal que cuentan con un subsidio directo por parte del Gobierno. En el sector privado rubros como la carne de res, leche, pollo, arroz, azúcar, pastas, caraotas y harina se venden hasta con 10% y 20% de sobreprecio” (El Nacional, 21.08.05, pág. A/16).
 Afirmó la fuente que “en los supermercados y mercados municipales se expenden los alimentos a precios superiores a pesar de que la Ley de Protección al Consumidor y el Usuario prevé sanciones como el cierre del establecimiento y multas para quienes infrinjan la resolución”.
Según se desprende de la Gaceta Oficial N° 38.255, publicada el pasado 22.08.05, el kg. de leche en polvo completa se venderá en 7.773 bolívares y la carne bovina 9.164 bolívares, con IVA incluido de 8%, el kg. de los cortes de 1ra. como solomo de cuerito, ganso y punta trasera; los demás cortes (2da. y 3ra.) no experimentarán ninguna variación (Globovisión, 23.08.05,
http://www.globovision.com/news.php?nid=7294).
No obstante, “pareciera que la situación no variará mucho con la reciente autorización del ajuste de precios en la carne de res y de la leche en polvo” (El Nacional, Ibíd.).  De acuerdo a la fuente periodística, “los analistas de consumo reconocen que el programa de alimentos Mercal ha compensado parte de las necesidades de ese estrato de la población, comercializando los productos hasta con 10% de descuento en comparación con el precio regulado en la Gaceta Oficial. Pero en los mercados privados que no cuentan con un subsidio directo por parte del Gobierno, los precios continúan en ascenso”.
Por su parte, Edmeé Betancourt, titular del Ministerio de Industrias Ligeras y Comercio (MILCO), espera que el Instituto para la Defensa y Educación del Consumidor y del Usuario (INDECU) se encargue de hacer cumplir con la nueva normativa: “a partir de este martes, INDECU ha establecido su plan para revisar el mercado de manera tal que la nueva normativa se cumpla. Adicionalmente a eso estamos trabajando desde hace 1 mes y medio con la ayuda del
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) con la finalidad de revisar los precios de todos los productos” (Globovisión, Ibíd.).
Betancourt explicó que en la Resolución N° DM/080 publicada en el número de Gaceta Oficial ya citado, aparecen, además de los mencionados, otros 30 productos y que “ahora estamos en la revisión de más productos, con la finalidad de analizar sus respectivas matrices de costo y poder sincerar los precios” (Globovisión, Ibíd.). Añadió que en su despacho trabajan con apoyo del  PNUD en una mesa técnica que revisa el precio de todos los productos. Esta mesa técnica elaborará una propuesta en la cual plasman el decreto de control de precios que será remitida a la consideración de la presidencia de la República (Diario 2001, 23.08.05, pág. 4).  

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DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Venezuela participa en campaña mundial por la alimentación

E
n el marco del próximo lanzamiento de la campaña Telefood 2005 que se iniciará el 16.10.05 en todas las escuelas bolivarianas, durante la celebración del Día Mundial de la Alimentación, Elisa Panades, representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), informó que la campaña forma parte de las metas para el milenio trazadas por esta organización, para reducir en 50% la pobreza en el mundo (Últimas Noticias, 23.08.05, pág. 2).
Agregó Panades que durante el tiempo que dure la campaña, los/as educadores/as y estudiantes recibirán información y serán concientizados sobre hábitos alimenticios. El pasado 22.08.05, se instaló el Comité Nacional que organizará las actividades, integrado por los ministerios de Alimentación (MA) y de Educación y Deportes (MED), el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y Mercal, y se firmó el Memorando de Responsabilidad en el que el Estado venezolano aceptó ser sede de la Conferencia Regional de la FAO, entre el 24 y 28.04.06. 
Panades opinó que ha observado en Venezuela un aumento en el suministro de alimentos a la población a través de los distintos programas que ha implementado el Gobierno Nacional.

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DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Poder Legislativo envió al Ejecutivo Nacional Ley del Régimen Prestacional de Empleo para su promulgación

Fue aprobada en 2da. discusión de la plenaria de la Asamblea Nacional (AN) la Ley del Régimen Prestacional de Empleo (LRPE) el pasado 17.08.05 (Asamblea Nacional, 17.08.05,
http://www.asambleanacional.gov.ve/ns2/noticia.asp?numn=7887). Según la fuente oficial, la
presidencia del Poder Legislativo ordenó su remisión a la Comisión de Desarrollo Social Integral “a los fines de elaborar el informe final donde se incorporen los cambios sufridos durante la segunda discusión y pueda ser sancionada por el parlamento para su envió al Ejecutivo Nacional para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial”.
Establecida en la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social (LOSSS), la LRPE tiene como objeto garantizar a todas las personas que integran la fuerza de trabajo en situación de desempleo y subempleo atención integral a través de la red de servicios de atención integral, coordinada por el Instituto Nacional de Empleo, así como asegurar al/a trabajador/a dependiente una prestación dineraria en caso de pérdida involuntaria o de finalización del contrato por tiempo u obra determinado. 
Como se recordará, el pasado 20.07.05 se dio inició al debate de la 2da. discusión, del proyecto de esta Ley que, junto con la del  Régimen Prestacional de Salud y la del Régimen Prestacional de Pensiones y otras Asignaciones Económicas, permanecían en espera de este paso hacia su respectivo aprobación (ver edición Nº 158 de este boletín en el sitio web de Provea:
http://www.derechos.org.ve/actualidad/coyuntura/2005/coyuntura_158.htm#09).

En otra fuente periodística, Ríos señaló que "los trabajadores también recibirán capacitación, para mejorar la calificación de la mano de obra en nuestro país […]La normativa también contempla la creación de centros para que cada trabajador sepa dónde hay oportunidades laborales y para tener mayor cobertura de la población con respecto a las políticas de empleo a escala nacional" (Agencia Bolivariana de Noticias, 17.08.05, http://www.abn.info.ve/go_news5.php?articulo=15962&lee=1).
Ríos también adelantó que sólo faltan por sancionar el proyecto de Salud y el de la Ley del Régimen Prestacional de Pensiones y otras Asignaciones Económicas (LRPPAE), tal como con lo que los/as trabajadores/as tendrán un régimen de Seguridad Social ajustado a la Constitución (Agencia Bolivariana de Noticias, Ídem.).

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DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Indicadores del derecho a la alimentación y al salario justo

Canasta Alimentaria Normativa

MES

Valor Mensual
(en bolívares)

Tasa de Variación
 Intermensual
(en %)


Tasa de Variación
Acumulada 2005
 
(en %)

Tasa de
Acumulación
Interanual 2004/2005
(en %)


Déficit del Poder Adquisitivo (*)
(en %)

Enero

350.487,15  

1,54
(5.320,10 bolívares)

1,54

17,14

8,3

Febrero

349.369,61

-0,31
(- 1117,39
bolívares)

0,45

14,99

8

Marzo

350.958,75

0,45
(471 bolívares)

1,99

13,81

8,4

Abril

350.903

0,02
(54,97 bolívares)

2

12,13

8,4

Mayo

359.606,42

2,48
(8.702,64 bolívares)

4,48

13,53

- 12,6

Junio

369.432,22

2,73
(9.827,80 bolívares)

7,21

14,70

- 9,6

Julio (**)

374.629,49▲

1,41 ▼
(5.197,27 bolívares)

8,54 ▲

14,87 ▲

- 8,10

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)
Notas: (*) Déficit del poder adquisitivo de 1 salario mínimo mensual (321.235,20 bolívares hasta el 30.04.05 y
                405.000 bolívares a partir del 01.05.05).
          (**) El Nacional, 13.08.05, pág. A/15.

         

Informó Elías Eljuri, presidente del Instituto Nacional de Estadística  (INE), que el porcentaje de alza en el costo de la Canasta Alimentaria Normativa (CAN) en los primeros 7 meses de 2005 (8,54%), está dentro de los límites del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de 8,9%, reportado por el Banco Central de Venezuela (BCV) para ese mismo lapso (El Nacional, Ídem.).
A juicio del funcionario, “la desaceleración en el ritmo de encarecimiento en la CNA verificada en el período enero-julio de 2005 se hace evidente también en la variación acumulada de julio 2004-julio 2005, al ubicarse en 14,60% inferior a la del lapso junio 2004-junio 2005, con 10,70%” (El Nacional, Ídem.).
De acuerdo con el informe del INE, en julio, 7 grupos de alimentos que componen la canasta experimentaron alzas de precios, principalmente raíces, tubérculos y otros (5,57% ) y frutas y hortalizas (4,44% ). No obstante, este último renglón de alimentos experimentó una disminución en comparación con junio, cuando el alza fue de 10,84% respecto de mayo. El resto de los grupos registró variaciones inferiores a 2% en promedio. Por otra parte, las grasas y aceites, carnes y sus preparados y azúcar y similares disminuyeron sus precios en 0,31%,0,29% y 0,14%, respectivamente.
Con respecto al poder adquisitivo del salario mínimo, éste reflejó un superávit de 30.380,51 bolívares en julio al compararlo con el costo de la CAN.
Recordó la fuente que “los precios que se utilizan para determinar el valor de la cesta de alimentos se corresponden únicamente a transacciones de contado en establecimientos minoristas, no son de liquidación o remate, deben ser asequibles a los consumidores y son estadísticamente confiables, y son referencias que se aplican en todo el país. El INE recaba la información en más de 900 expendios de las 13 ciudades más importantes de Venezuela”.

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DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Delegación de la UNESCO conoció alcance de la Misión Robinson I

De acuerdo a una fuente periodística, Namtip Aksornkool, jefa de la Sección de Alfabetización y Educación No Formal, y Nina Heinshon, experta asociada de la Sección de Alfabetización de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), integrantes de la delegación de la  UNESCO, que visitaron el país con el objeto de conocer los alcances de la Misión Robinson I; expresaron su satisfacción por la aplicación del método "Yo Sí Puedo" a más de 1.500.000 de ciudadanos/as (Gobierno en línea, 19.08.05,
http://www.gobiernoenlinea.gob.ve/noticias/viewNewsUser01.jsp?id_noticia=39194).
Señaló la fuente que la visita de la misión forma parte de un proceso de revisión impulsado por la UNESCO para conocer  la experiencia alfabetizadora no sólo de Venezuela, sino de otras metodologías en muchas naciones de América Latina y el mundo que también han tenido buenos resultados.
Para Heinshon lo que más llamó la atención del caso venezolano, es el carácter masivo del método aplicado, que permitió llegar a una gran población, incluidos indígenas, personas con necesidades especiales en áreas auditivas, visuales y lingüísticas, entre otros, "lo cual significa que todos han sido tomados en cuenta" (Gobierno en línea, Ídem.).
La delegación de la UNESCO tuvo la oportunidad, durante su estadía en el país, de conocer una variedad de programas educativos, como los ambientes Robinson en Caracas y en los estados Monagas y Bolívar, así como a participantes con diferentes discapacidades y necesidades. Igualmente, visitaron zonas rurales en las que participantes pertenecientes a comunidades indígenas venezolanas aprenden a leer y escribir en su lengua materna y conocieron a las madres solteras y desempleadas que se alfabetizan para mejorar las condiciones de vida de su familia (Agencia Bolivariana de Noticias, 18.08.05, http://www.abn.info.ve/go_news5.php?articulo=16070&lee=6).  
En ese sentido, Aksornkool comentó que “este método funciona particularmente para acciones masivas, esa es una de sus fortalezas. Otra es la gran voluntad política con la que cuenta y debido a esto tiene el apoyo económico para llevarse a cabo" (Agencia Bolivariana de Noticias, Ídem.).
Con respecto al informe que redactará la misión sobre la visita al país, puntualizó Heinshon que se enfocará en la descripción de las actividades en los ambientes robinsonianos y las experiencias vividas por ellas, los/as participantes y facilitadores/as del método alfabetizador. Estos resultados serán difundidos por el sector de educación de la UNESCO y formará parte de un informe general que se presentará durante la 33ª Conferencia General de dicha organización a realizarse el mes de octubre (Agencia Bolivariana de Noticias, Ídem.). 


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DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Inversión y resultados de la Misión Robinson

Aristóbulo Istúriz, titular del Ministerio de Educación y Deportes (MED), afirmó que “hasta el momento el Gobierno Nacional ha invertido 100.000.000 de dólares en la misión Robinson I” (El Nacional, 16.08.05, pág. B/14).
Señaló que “alfabetizar a 1 persona le cuesta al Estado venezolano 20 dólares, es decir, 50.000 bolívares al cambio oficial. Agregó que el método Yo Sí Puedo, ideado por la educadora cubana Lonella Reyes, representa la suma de 100.000.000 de dólares invertidos en el pago de 130.000 facilitadores, más la ayuda entregada a 100.000 becados en todo el país” (El Nacional, Ídem.).
De acuerdo a la fuente periodística, Istúriz añadió que los municipios Santa Bárbara, Acosta, Piar y Cedeño, y parroquias Maturín como La Pica, La Cruz, San Vicente y El Corozo, del Edo. Monagas han sido declarados libres de analfabetismo. Próximamente le tocará el turno a Jusepín y Los Godos: “el objetivo es alfabetizar a 2.133 maturineses. Faltan 870 personas, que deben estar graduadas para 28.10.05”.
El funcionario indicó que el otorgamiento de nuevas becas en la Misión Robinson I estará de ahora en adelante condicionado: “pues los interesados primero deberán capacitarse y formar cooperativas para optar por los créditos. Así quedará enlazada misión Robinson I con la Vuelvan Caras, que en la actualidad cancelan el beneficio a 100.000 personas en todo el territorio […] todos los promovidos de la Misión Robinson II -la cual tiene en sus registros a 1.350.000 de estudiantes pasarán a la Misión Rivas, en la cual estudian 850.000 personas en todo el país. Ellos tendrán la opción de pasar a Misión Sucre” (El Nacional, Ídem.). 


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DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Propuestas y exigencias de Provea a los poderes públicos sobre el derecho a la educación

- Continuar con el incremento de la matrícula de educación preescolar y de educación media a fin de lograr, por lo menos, un 55% de cobertura neta en un plazo no mayor de 5 años sin desatender el crecimiento necesario de los niveles restantes.
Velar por el cumplimiento efectivo de:
i) La política que garantiza el acceso a la educación pública sin el condicionamiento de cobros de ninguna naturaleza;
ii) Todas las Resoluciones del Ministerio de Educación y Deportes destinadas a impedir cualquier forma de discriminación de alumnos en el ingreso y/o permanencia dentro del sistema educativo;
iii) La asignación eficiente, equitativa y oportuna de recursos financieros a los establecimientos educativos para que puedan funcionar sin que dependan de las cuotas de la Sociedad de Padres y Representantes.
- Elaborar y dar a conocer un Plan Nacional de Reparación de Escuelas con metas a corto, mediano y largo plazo a fin de que la ciudadanía pueda controlar la efectividad en el cumplimiento del mismo.
Iniciar un proceso gradual de construcción de aulas, priorizándose el nivel preescolar y la 2° etapa de educación básica.
- Desarrollar planes específicos y entrenamiento docente para disminuir progresivamente los índices de repitencia, especialmente los constatados en 1° y 7° grados.
- Aprobar la Ley Orgánica de Educación acorde con los principios y fundamentos establecidos tanto en la Constitución vigente como en los acuerdos internacionales de derechos humanos; incluir las resoluciones y recomendaciones de los organismos internacionales tanto a nivel regional como universal.
- Garantizar la participación social en la formulación del Plan Nacional de Educación para Todos.
- Evaluar el proyecto de Escuelas Bolivarianas a fin de potenciar sus logros y minimizar las fallas del mismo, o dar a conocer sus resultados de la evaluación si se hubiere hecho.
- Desarrollar un plan nacional de formación docente para adecuar las prácticas pedagógicas a una concepción de la educación no excluyente, democrática y participativa.
- Continuar la tendencia a incrementar el porcentaje del PIB dedicado a la educación. Así mismo, lograr que el porcentaje del presupuesto nacional destinado a la educación se ajuste a los estándares internacionales.
- Garantizar presupuestos acordes con las necesidades de cada uno de los niveles educativos.
- Garantizar que el ingreso a la docencia sea solo a través de concursos públicos organizados en forma periódica, transparente y de acuerdo con parámetros legales.
- Revitalizar el Sistema Nacional de Medición y Evaluación del Aprendizaje (Sinea).
- Eliminar el carácter obligatorio de la asignatura Instrucción Premilitar.
- Elaborar un nuevo instrumento normativo que actualice y mantenga el espíritu de la Resolución N° 1.484, la cual establece, en el sistema curricular venezolano, la educación en valores y derechos humanos.
- Dar a conocer públicamente el estado de la reforma curricular en los distintos niveles educativos.
- Avanzar hacia una mayor institucionalidad de los Programas Sociales, conocidos como las misiones Robinson I y II, Ribas y Sucre, minimizando la lógica de operativo y favoreciendo controles democráticos.
- Prestar especial atención a la formación docente de las personas responsables de las Misiones educativas, para que no se repitan viejos errores metodológicos presentes en la estructura escolar venezolana (Provea, 30.06.05, http://derechos.org.ve/publicaciones/infanual/2003_04/24exigencias.pdf).


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DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
Organizaciones de derechos humanos consideraron insuficiente fallo condenatorio contra Grupo Extermino

Tras la reciente absolución por parte del Juez 17º de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana, Iván Darío Bastardo, en 4 de los 7 casos por los cuales fueron acusados 13 funcionarios de la Policía del Edo. Portuguesa señalados de formar parte del Grupo Exterminio, la Vicaría de Derechos Humanos de la Arquidiócesis de Caracas y el Comité de Familiares de Víctimas de los Sucesos del 27 de Febrero y Marzo de 1989 (COFAVIC), instaron al Ministerio Público (MP) a apelar la decisión, a través de un comunicado público (El Universal, 19.08.05, pág. 4/1).
El pasado 12.08.05, Omar Merchán, Segundo Dodobuto, Arturo Azuaje, Julio González, Joel Castillo, Régulo Salazar, Félix Rojas, José Fernández, Alvis Leal, Edgar Mendoza y Guinson Freire fueron condenados por los homicidios de los hermanos Ender Alexander y Gonzalo MENDOZA; así como de Omar MEDINA y Alfonso HIDALGO. Sin embargo, en opinión del juez Bastardo, los fiscales José Gregorio Castañeda, Gilberto Landaeta, Didier Rojas y Noel Pantoja no presentaron pruebas suficientes para condenar a los policías por los homicidios de César Agray, Jimmy Rodríguez, José Rodríguez y Gregorio Sivira.
En este sentido, solicitaron que sean aclaradas las denuncias de violaciones de derechos humanos y que, aún cuando la sentencia incluyó a los funcionarios acusados en estos hechos, se establezcan las circunstancias en las cuales fallecieron, en respuesta a los reclamos hechos por los familiares de las víctimas (El Nacional, 19.08.05, pág. B/23). En el comunicado, las organizaciones opinaron que “la idea de que los presuntos culpables estén en la cárcel pagando un delito distinto al homicidio de César AGRAY, Jimmy RODRÍGUEZ, José Ramón RODRÍGUEZ y Gregorio SIVIRA, es ‘un resarcimiento incompleto para estas víctimas’” (El Nacional, Ídem.).
Indican que, en el caso de Sivira, sus familiares reclaman su derecho a que se imparta justicia y se determine quiénes son los responsables de la muerte del joven, toda vez que “el Estado está obligado a investigar y sancionar legalmente los delitos contra los derechos humanos cometidos por sus autoridades” (El Nacional, Ídem.).
Con respecto al caso de la muerte de los hermanos Ender, Alexander y Gonzalo MENDOZA, las organizaciones consideraron positiva la sentencia del juez Bastardo (La Prensa, 19.08.05, pág. 11).    
En otro orden de ideas, las referidas organizaciones consideran que el retardo procesal afectó negativamente el resultado del juicio, a pesar de que 11 de los 13 acusados permanecen detenidos. Recuerdan los voceros de las organizaciones que ”en el transcurso de 5 años, 17 testigos fueron asesinados y otros no pudieron ser ubicados para comparecer ante el tribunal […] la demora también contribuyó a que los peritos que practicaron las experticias no recordaran información valiosa para el debate oral y público: ‘En los casos más dramáticos, hasta confundieron pruebas’" (El Universal, Ibíd.).
También lamentaron la rotación de los fiscales del MP que estuvieron al frente del caso. Precisaron que ninguno de los que presentaron la acusación estuvieron presentes en el debate final: "durante la etapa de conclusiones, la Fiscalía no pudo presentar una relación entre los hechos y las pruebas que sustentaban cada una de las acusaciones" (El Universal, Ídem.).
Igualmente, la Vicaría y COFAVIC denunciaron que en la noche del pasado 13.08.05, 1 día después del fallo del juez Bastardo, un grupo de encapuchados irrumpió en la vivienda de los fallecidos hermanos Mendoza con el propósito de amedrentar a la madre de las víctimas, quien es una anciana y se encontraba sola con sus nietos. La denuncia se formalizó ante las autoridades respectivas del Edo. Portuguesa, sin embargo, esta familia se mantiene alerta pues temen una represalia similar a la que sufrió Mariela MENDOZA el 17.07.04, cuando recibió 3 impactos de bala que casi le costaron la vida (Notitarde, 19.08.05, pág. 15).
Recordaron los representantes de las organizaciones que sobre este caso, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) acordó medidas de protección el 25.10.02, a favor de los Mendoza y de otros familiares de las víctimas (El Universal, Ídem.).

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DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
Receso judicial agrava el retardo procesal


Carlos Nieto, coordinador general de Una Ventana a la Libertad, bloque de organizaciones para la transformación penitenciaria de Venezuela, consideró que las vacaciones judiciales acordadas por la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y que se iniciaron el 15.08.05 hasta el 16.09.05, “impiden que durante este tiempo se adelanten las causas penales con retardo procesal así como sean otorgadas medidas sustitutivas a la prisión, principales pedimentos de los reclusos” (Una Ventana a la Libertad, 17.08.05, ventana2@cantv.net).
Nieto manifestó que hace varios años esta modalidad de vacaciones judiciales había sido suspendida por  una sentencia del mismo TSJ alegando que la justicia no podía paralizarse “pero este año los magistrados miembros de la Comisión Judicial del TSJ acordaron darlas” (Una Ventana a la Libertad, Ídem.).
Para el vocero de Una Ventana a la Libertad, “con la emergencia penitenciaria que vivimos en estos momentos, paralizar la justicia por 1 mes es una bomba de tiempo. En el caso de la justicia penal solo se atienden los casos que lleguen por flagrancia, es decir de aquellas personas que han sido sorprendidas cometiendo un hecho punible, de allí son pasados a un Juez de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Control a los fines de que se efectué la audiencia de presentación y este determine si el imputado permanece en libertad o va preso” (Una Ventana a la Libertad, Ídem.).
Finalmente, el coordinador general de Una Ventana a la Libertad exhortó a las autoridades competentes a “hablarles con claridad a los hombres y mujeres privados de libertad y aclararles que mientras duren las vacaciones judiciales sus demandas de celeridad procesal, no pueden ser satisfechas. Aquí lo único que puede pasar es que el TSJ (que también se fue ya de vacaciones) ordene la normalización de la justicia penal, cuestión que vemos difícil pues ya hay jueces que agarraron sus maletas y se fueron de viaje ante el otorgamiento de sus vacaciones. Solo resta esperar el 16.09.05, que es la fecha del reingreso y hablarles con claridad a los reclusos y familiares en conflicto, sin caer en lo que hacen siempre promesas de imposible cumplimiento” (Una Ventana a la Libertad, Ídem.).
Los señalamientos de Nieto coincidieron con los de Humberto Prado, coordinador del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), quien observó que las vacaciones judiciales […] afectarán varias normas, entre ellas, la tutela judicial efectiva” (Últimas Noticias, 17.08.05, pág. 14).
Prado consideró que la “justicia a destiempo no es justicia. Todos los juicios y diligencias pendientes se reanudarán dentro de un mes, es decir, ninguna persona va a ser sometida a juicio y no va a haber jueces para las cárceles […] Si un Tribunal de Ejecución lleva el estudio técnico de un preso, éste deberá esperar un mes para saber si obtuvo un beneficio. Igualmente sucede con las personas que mediante un juicio pudieran obtener la libertad” (Últimas Noticias, Ídem.).
Prado hizo un llamado al magistrado Omar Mora, presidente del TSJ, a evaluar la medida para que los jueces tomen descansos individuales y sean sustituidos por suplentes.
Por su parte, el presidente del TSJ, aclaró que lo que “existe [es] un receso para mejorar la planta física de los distintos establecimientos del Poder Judicial”  (Últimas Noticias, 19.08.05, pág. 14).
El presidente del TSJ indicó que la razón que motivó a la Sala Plena a acordar este receso tiene que ver con que “dentro del Plan de Transformación Estructural y Modernización del Poder Judicial, que fue aprobado en abril y prevé una nueva institucionalidad, está no sólo una planta física digna, una tecnología de punta, sino también jueces proactivos que den respuesta oportuna a la colectividad […] De allí que la Sala Plena, dijo, acordó el receso judicial desde el 15 de agosto hasta el 15 de septiembre próximo, tiempo en el cual se realizará la primera parte de esa evaluación y para la formación y capacitación de jueces que han aprobado la evaluación e irán a los concursos de oposición, previstos para septiembre y octubre del presente año […] Este mes de asueto judicial no se hizo con la intención de dar vacaciones colectivas judiciales, como en el pasado, sino que se hizo en sintonía con el Plan de Transformación Estratégico “(El Nacional, 18.08.05, pág. A/4).
Pese a los señalamientos hechos por los voceros de las organizaciones de derechos humanos y puestos en manifiesto por distintos medios de información (“la justicia penal está paralizada en un 99%[…] los tribunales de juicio están cerrados, las salas trabajan amparos y de los 52 de control, 7 están de guardia” Últimas Noticias, 18.08.05, pág. 14), Mora insistió en que la medida tomada por el TSJ no es un receso judicial y anunció que había ordenado a la Dirección Ejecutiva de la Magistratura (DEM) “dictar una nueva resolución en la cual se garantice la continuidad del servicio [e invitó] a denunciar los casos de retardo procesal injustificado” (El Nacional, Ibíd.).
La misma fuente precisó que la resolución será publicada próximamente y que señalaría “que los jueces penales que están en cursos serán sustituidos por suplentes y en casos de emergencia aquellos deberán incorporarse a sus labores”.
No sólo desde las organizaciones no gubernamentales se denunció la agudización del retardo procesal causada por el receso judicial, sino también Jesse Chacón, titular del Ministerio de Interior y Justicia (MIJ), objetó la medida del TSJ. A estas observaciones, Mora respondió “Yo personalmente hablé con él y le garanticé que no hay vacaciones judiciales en el área penal, sobre todo en esos de primera instancia, así como las cortes de apelaciones […] nosotros garantizamos una lucha a fondo para evitar el retardo procesal. Obviamente, si estamos en un asueto judicial general, eso no aplica para la jurisdicción penal. Estamos dando instrucciones a los presidentes de todos los circuitos judiciales penales para que supervisen y garantices que los jueces de control y de juicio y de ejecución atiendan con prioridad todas las audiencias que estén programadas y sean necesarias aún no estando programadas, para evitar el retardo procesal” (El Nacional, Ibíd.).

El presidente del TSJ admitió que la jurisdicción penal (jueces de control, juicio y ejecución) concentra 99% del retardo procesal y por ello tiene que garantizar la continuidad del servicio. Sin embargo, reconoció que “en las otras áreas sí hay asueto judicial” (El Nacional, Ibíd.).
Por otra parte, la situación parece agravarse a causa de que “los defensores privados, con el diferimiento de sus audiencias, aprovecharon para compartir las vacaciones escolares de sus hijos y salieron de la ciudad. La mayoría de las defensas penales las ejercen los defensores públicos, y a todos ellos les dieron también vacaciones colectivas” (Últimas Noticias, 22.08.05, pág. 26).


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DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
Ministerio Público precisó datos sobre el derecho a la justicia

Elizabeth Gallardo, directora de Inspección y Disciplina del Ministerio Público (MP), informó en un comunicado de prensa hecho público el pasado 22.08.05, que su despacho ha abierto, desde el año 2000 hasta el mes de agosto de 2005, un total de 3.656 averiguaciones administrativas contra funcionarios de esta institución, lo cual involucra a 592 personas investigadas (Gobierno en Línea, 22.08.05, http://www.gobiernoenlinea.gob.ve/noticias/viewNewsUser01.jsp?id_noticia=39308).
Añadió que, en  el caso concreto del 2004, se iniciaron 529 averiguaciones previas, de las cuales 292 fueron sustanciadas y concluidas ese mismo año. Un total de 90 de estas averiguaciones fueron cerradas con observaciones, lo cual significa un llamado de atención que se le hace al funcionario para que no vuelva a cometer el hecho y enmiende su conducta. Otras 88 averiguaciones concluyeron con exhortos o una advertencia, en la que se le hace un seguimiento a la conducta del funcionario investigado, que, al contrario de la observación, no se le incluye en su expediente personal.
De las averiguaciones preliminares tramitadas en el año 2004, un total de 214 fueron cerradas sin observación, porque se determinó que no hubo conducta irregular por parte del fiscal denunciado.
De acuerdo con Gallardo, cuando su despacho concluye una averiguación, eleva a consideración del Fiscal General aquellos casos en los cuales se demuestra la comisión de una falta grave.
La funcionaria reconoce que “muchos fiscales han salido del MP por faltas graves como haber realizado allanamientos  sin una orden judicial, falta de ética, negligencia o incumplimiento en el ejercicio de sus deberes, revelación de asuntos de carácter reservado en forma pública, pronunciamientos políticos, abusos y excesos en sus funciones. Adicionalmente, la mayoría de los funcionarios incursos en situaciones como  las  antes  descritas, han sido removidos o destituidos” (Gobierno en Línea, Ídem.).
Explicó Gallardo que el motivo del comunicado de la Dirección de Inspección y Disciplina del MP fue para clarificar unos datos presentados en el informe anual de 2004 del MP(Radio Nacional de Venezuela, 23.08.05, http://www.rnv.gov.ve/noticias/?act=ST&f=27&t=22205), en el que se afirmó que para el año 2004 un total de 3.381 fiscales, abogados adjuntos y personal profesional tienen investigaciones disciplinarias (ver edición Nº 159 de este boletín en el sitio web de Provea:
http://www.derechos.org.ve/actualidad/coyuntura/2005/coyuntura_159.htm#16). En este sentido, aclaró que “es muy diferente decir que se han abierto 3.391 averiguaciones preliminares, como lo refleja [el informe anual 2004 del MP], a afirmar que ese es el número de funcionarios investigados” (Gobierno en Línea, Ídem.).
Añadió que el MP cuenta con poco más de 5.000 funcionarios “de allí que señalar a 3.391 funcionarios como investigados, significaría que aproximadamente el 70% de estos funcionarios tienen averiguaciones disciplinarias, cuestión que no es así, subrayó la Directora de Inspección y Disciplina […] Los empleados con problemas disciplinarios son muy pocos si se compara el número de trabajadores y el total de investigados que no llega ni al 10% de todo el personal" (Gobierno en Línea, Ídem.).


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DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
Ministerio Público anunció que presentará al Tribunal Supremo de Justicia un recurso de nulidad contra la reforma del Código Penal

Isaías Rodríguez, Fiscal General de la República, anunció que para finales de agosto el Ministerio Público (MP) presentará ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), un recurso de nulidad de la reforma del Código Penal (CP). Dicho recurso “es consecuencia de los señalamientos que el pasado 30.03.05, hizo Rodríguez a la reforma del CP aprobada por la Asamblea Nacional (AN), en los que señaló que los cambios efectuados tienen un carácter muy punitivo para quienes atenten de alguna forma contra los funcionarios públicos, entre otras observaciones” (Gobierno en línea, 16.08.05, http://www.gobiernoenlinea.gob.ve/noticias/viewNewsUser01.jsp?id_noticia=38945).
Rodríguez aclaró que la solicitud de nulidad abarcará lo relacionado con los delitos y los artículos que fueron modificados para favorecer a determinados funcionarios:  "Estamos incluyendo todos los delitos que fueron modificados en beneficio de funcionarios. Creemos _insistió_ que no debe haber desigualdad a la hora de atacar o de condenar a las personas que de una u otra manera prestan sus servicios como funcionarios. Establecer un privilegio para unos funcionarios por el solo hecho de serlos sería crear una discriminación odiosa, que es a lo que se refieren los delitos de desacato" (El Universal, 16.08.05, pág. B/20.).
No obstante, la fuente periodística observó que la medida anunciada por el Fiscal General “es especialmente significativa si se recuerda que Rodríguez ordenó la apertura de una averiguación por presunto vilipendio contra El Universal, a propósito de la publicación del editorial Justicia Arrodillada, el pasado 25.07.05. Una semana después, se percató de que nada podía hacer contra el diario, a menos de que el TSJ se sintiera ultrajado por la mención genérica a las debilidades estructurales de los tribunales penales. El Fiscal General pidió al Máximo Tribunal que fijara posición y, a tales efectos, fue designado ponente el magistrado Eladio Aponte Aponte”.

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DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU presentó observaciones al informe periódico venezolano

El pasado 19.08.05 concluyó la 67º sesión del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD), celebrada desde el 02.08.05 en Ginebra, Suiza (Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 22.08.05,
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/8eac0eea92b7dcdcc125703b00456739?Opendocument).
Al cierre de las sesiones, José Lindren, experto independiente integrante del CEDR, declaró que “la defensa de la propia cultura se ha tornado tan violenta que la situación ha degenerado” (Centro de Noticias de la ONU, 18.08.05,
http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=5217&criteria1=&criteria2). Lindren, además, aludió a la situación de los migrantes “que no es tan clara como la de los indígenas y pidió que se respeten sus costumbres y tradiciones” (Centro de Noticias de la ONU, Ídem.). No obstante, indicó que “también es importante que los migrantes respeten los valores de la sociedad que los acoge. De lo contrario, se estimulará la creación de grupos de derecha” (Centro de Noticias de la ONU, Ídem.).
En cuanto a la situación nacional, el CERD recomendó al Estado venezolano adoptar medidas "’efectivas y urgentes’ para erradicar los actos de violencia que sufren sus pueblos indígenas y ‘afro-descendientes’, y que ‘se han agravado desde el 2001’" (El Nacional, 22.08.05, http://www.el-nacional.com/Articulos/DetalleArticulo.asp?idSeccion=84&id=65585).
Esta y otras observaciones quedaron plasmadas en las conclusiones presentadas por el órgano de vigilancia de la Convención, tras las audiencias (del 02 y 03.08.05) en las que se examinó el informe periódico que el Estado venezolano debió presentar en junio de 2005 (Provea, 22.08.05, http://www.derechos.org.ve/publicaciones/infanual/2003_04/23organismosINTERNA.pdf).
El informe periódico venezolano incluyó los 4 reportes que Venezuela adeudaba (14º, 16º, 17º  y 18º) (Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 22.08.05, http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/898586b1dc7b4043c1256a450044f331/
8eac0eea92b7dcdcc125703b00456739/$FILE/G0542669.pdf) desde el año 1996 (Provea, Ídem.).
Tras examinar el último informe periódico presentado por el Estado venezolano, los expertos independientes que conforman al CEDR destacaron su "’gran preocupación por el hecho de que entre 1995 y el 2003, 61 personas -en su mayoría indígenas o ’afro-descendientes’- han sido asesinadas por conflictos relacionados con las tierras […] los responsables de esos actos son grupos armados privados o sicarios, que ‘no deben quedar sin castigo’" (El Nacional, Ibíd.).
En este sentido, instaron a las autoridades a adoptar medidas que incluyan la creación de "’un mecanismo de vigilancia independiente’" que investigue esos hechos y castigue a los responsables (El Nacional, Ibíd.).
Además, los miembros del CEDR “reiteraron su preocupación por la ‘persistencia de desigualdades socio-económicas profundas y estructurales que afectan a los afro-descendientes y a los pueblos indígenas’. Por ello instan a intensificar los esfuerzos para garantizar los derechos a la vivienda, a los servicios de salud y saneamiento, al trabajo y a una nutrición adecuada de esos colectivos, ‘con el fin de combatir la discriminación racial y eliminar las desigualdades estructurales’" (El Nacional, Ibíd.).
Otra de las recomendaciones manifestadas por el CEDR a los representantes de la Misión Permanente de Venezuela fue la de adoptar medidas para reconocer y proteger "’en la práctica el derecho de los pueblos indígenas a poseer, explotar, controlar y utilizar sus tierras, territorios y recursos’ [Según el CEDR], ese derecho ‘continúa viéndose amenazado y restringido por las agresiones reiteradas contra las tierras de los pueblos indígenas" con el objetivo de desplazarlos’" (El Nacional, Ibíd.).
En el ámbito legislativo, el CEDR invitó a Venezuela a ratificar la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de los Miembros de su Familia, instrumento de la ONU en vigor desde el 01.07.03 (Provea, Ibíd.).
Junto con estas observaciones, el grupo de expertos reconoció la labor adelantada por el Poder Legislativo que recientemente aprobó “una legislación federal y estatal […] dirigida a garantizar la no discriminación racial y étnica” (El Nacional, Ibíd.).
Según la fuente, el CEDR también apreció positivamente “la creación de instituciones especializadas para luchar contra ese tipo de discriminación, el hecho de que los pueblos indígenas estén representados en la Asamblea Nacional, la existencia del Defensor Público Indígena y el desarrollo de una jurisdicción especial al respecto” (El Nacional, Ibíd.).
Otros aspectos resaltados favorablemente en el examen del CEDR fueron “la aprobación en 2002 de un decreto presidencial para la protección de los idiomas de los pueblos indígenas, la traducción de la Constitución a la lengua Wayuu, la ratificación del Convenio de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes y […] el hecho de que la Constitución […] reconozca el derecho a dirigir peticiones ante los órganos internacionales en materia de derechos humanos” (El Nacional, Ibíd.).
Conviene destacar que Provea, en reiteradas ocasiones ha expresado al Estado venezolano la conveniencia de difundir ampliamente los informes que presenta a los distintos comités de la ONU, así como de discutir sus contenidos, antes y después de las sesiones en las que son debatidos por estos órganos de vigilancia. Esta propuesta, hecha en sus informes anuales, incluiría la difusión de las recomendaciones hechas por los comités a los informes periódicos presentados por el Estado. Con  la implementación de esta medida, no sólo se beneficiaría el Estado a través del debate público, sino la sociedad organizada dedicada a promover y defender los derechos humanos.


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DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
Propuestas y exigencias de Provea a los poderes públicos sobre los derechos políticos

- Respetar la voluntad popular expresada mediante cualquier medio de participación y expresión de la soberanía, así como investigar y sancionar a quienes cometan fraudes orientados a desconocerla.
- Estimular la organización social y el protagonismo popular en el diseño, control y evaluación de las políticas públicas, en un marco de respeto y promoción de la autonomía de las organizaciones.
- Abstenerse de reprimir u obstaculizar las protestas pacíficas realizadas por cualquier grupo o sector social.
- Derogar los 8 decretos que crean igual número de zonas de seguridad en el Área Metropolitana de Caracas.
- Responder de manera adecuada y oportuna las demandas de información y otros datos que presenta la ciudadanía ante las instituciones del Estado, tal y como lo garantiza el artículo 51 de la Constitución.
- Las solicitudes que se dirigen a los organismos públicos hacen parte, entre otro conjunto posible de acciones, del ejercicio de la contraloría social y la participación ciudadana en los asuntos públicos. Lo que se considera un derecho necesario y transversal, tanto en la exigibilidad de los derechos humanos, como en el fortalecimiento de las instituciones democráticas (Provea, 30.06.05,
http://derechos.org.ve/publicaciones/infanual/2003_04/24exigencias.pdf).


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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN
Instituto Raoul Wallenberg y el Instituto Interamericano de Derechos Humanos: Curso especializado sobre derechos humanos de las mujeres

El curso tendrá lugar en San José, Costa Rica, del 14 a 25.11.05 y tiene por objetivo general brindar conocimientos sobre la protección internacional de los derechos humanos de las mujeres, a fin de permitir a profesionales de América Latina que trabajan en derechos humanos o en derechos de las mujeres, contar con mejores herramientas para la promoción y defensa de los derechos humanos de la mitad de la población con base en la plena aplicación de los principios de igualdad y no discriminación (Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 19.08.05, derechos.mujeres@iidh.ed.cr). 
Está dirigido principalmente a representantes de organizaciones no gubernamentales con trabajo en derechos humanos o en derechos humanos de las mujeres, de instituciones gubernamentales y académicas que trabajan en derechos humanos o en igualdad y equidad de género. Tanto hombres como mujeres son alentados a aplicar.
Se recibirán candidaturas de los siguientes países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Las candidaturas de países que no se encuentren en este listado, no serán consideradas.
Se reciben candidaturas hasta el 16.09.05; las solicitudes que se reciban después de esta fecha no serán consideradas
Para conocer los requisitos para este curso consulte el sitio web:
http://www.iidh.ed.cr/Documentos/Curso%20IIDH-RWI/RWI%20brochure%20050726.pdf. Para postular debe completar el formulario que se encuentra en el sitio web:
http://www.iidh.ed.cr/Documentos/Curso%20IIDH-RWI/RWI%20brochure%20050726.pdf y elaborar un documento de trabajo como se indica en el folleto informativo que puede consultar en el sitio web:
http://www.iidh.ed.cr/Documentos/Curso%20IIDH-RWI/RWI%20brochure%20050726.pdf.
No se tomarán en cuenta solicitudes incompletas; ambos documentos deben enviarse juntos y a las instituciones organizadoras. Ningún otro tipo de formulario o procedimiento de aplicación será aceptado.
De acuerdo a la fuente, han sido enviados folletos de información y formularios de solicitud a las embajadas o consulados de Suecia en los países indicados, durante la primera semana de agosto.
Los formularios de solicitud deben ser enviados a ambas instituciones debidamente firmados, por correo-e, fax o correo postal.
Si envía el formulario y el documento de trabajo por correo-e, deberá imprimirlos, completarlos y escanearlos pues se requiere el registro de su firma.

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ARTÍCULOS
Son derechos:
"Seguridad Social"

"Siguiendo con la tarea de facilitar información para la vigilancia social de los derechos humanos, Provea publicó el libro 'El derecho humano a la Seguridad Social. Marco Teórico-Metodológico Básico'.
El objetivo de este texto es brindar las herramientas básicas para conocer e indagar más sobre este derecho: sus leyes, su contenido teórico, sus obligaciones y las características para identificar sus violaciones. Además, la publicación ofrece una serie de propuestas para determinar los indicadores y un par de anexos ilustrativos.
La seguridad social es un derecho donde se cruzan otros derechos, de allí su relevancia. En él se encierran aspectos importantes para la protección de las mú