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Una lectura de la realidad venezolana
desde los derechos humanos |
Boletín electrónico Nº 160
Del 12 al 24 de agosto de 2005 |
DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
*
Pacientes hemofílicos cuestionaron capacidad de atención
de sistema nacional de salud
*
Inversión del Gobierno Nacional en mejoramiento de
cobertura y calidad de Misión Barrio Adentro I
*
Incumplimiento de la regulación de precios diluye
protección del derecho a la alimentación
* Venezuela participa en campaña
mundial por la alimentación
* Poder
Legislativo envió al Ejecutivo Nacional Ley del Régimen
Prestacional de Empleo para su promulgación
*
Indicadores del derecho a la alimentación y
al salario justo
*
Delegación de la UNESCO conoció alcance de la Misión
Robinson I
* Inversión y resultados de la
Misión Robinson
*
Propuestas
y exigencias de Provea a los poderes públicos sobre el
derecho a la educación
DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
*
Organizaciones de derechos humanos consideraron
insuficiente fallo condenatorio contra Grupo Extermino
* Receso judicial agrava el retardo procesal
* Ministerio Público precisó datos
sobre el derecho a la justicia
* Ministerio Público anunció que presentará al Tribunal
Supremo de Justicia un recurso de nulidad contra la
reforma del Código Penal
* Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial
de la ONU presentó observaciones al informe periódico
venezolano
* Propuestas y exigencias de Provea a los poderes públicos sobre
los
derechos políticos
ACTIVIDADES DE FORMACIÓN
*
Instituto Raoul Wallenberg y el Instituto
Interamericano de Derechos Humanos: Curso
especializado sobre derechos humanos de las mujeres
ARTÍCULOS
*
Son derechos:
"Seguridad
Social"
*
Elio Gómez Grillo: "La violencia carcelaria"
NOVEDADES DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN TODOS LOS DERECHOS PARA TODOS
*
"La
exclusión de los pobres de la educación superior
venezolana"
* "Informe
Anual 2004: Derechos Económicos, Sociales y Culturales
(DESC)"
* "Manual
formación: derechos de las mujeres indígenas"
* "Democracia
en América Latina y El Caribe: análisis y evaluación"
DOCUMENTOS
*
“Manifiesto de los premios Nóbel Nadine Gordimer, José
Saramago, Rigoberta Menchú y Adolfo Pérez Esquivel y de
los académicos Noam Chomsky y Salim Lamrani”

Agradecemos mencionar la fuente cuando el contenido sea citado o difundido
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DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Pacientes hemofílicos cuestionaron capacidad de atención
de sistema nacional de salud |
Desde la 2da. semana del mes en curso, distintos medios de
información reseñan las denuncias hechas por las
organizaciones sociales de pacientes hemofílicos contra
el desabastecimiento, los problemas en la distribución
de algunos medicamentos y la incorporación masiva de
otros que conforman el tratamiento para los pacientes
hemofílicos nacionales.
Efraín González, vocero de la Asociación Venezolana para
la Hemofilia (AVH), región andina, aseguró que, “en lo
que va de año, no han recibido algunos de los fármacos
para el tratamiento de esta condición médica” (Últimas
Noticias, 16.08.05, pág. 4).
Acotó que “el desabastecimiento ha obligado a que los
afiliados al programa del Instituto Venezolano de los
Seguros Sociales (IVSS) presten sus fármacos para
atender las emergencias de quienes dependen del
Ministerio de Salud y Desarrollo Social (MSDS): “por
ejemplo, mensualmente deberíamos recibir al menos 500
frascos de factores para los 110 pacientes de San
Cristóbal, pero están llegando sólo 20 o 30 al mes para
las estrictas urgencias” (Últimas Noticias, Ídem.).
La fuente reveló que el MSDS “introdujo el programa de
medicamentos Quimbiotec [empresa estatal adscrita al
Ministerio de Ciencia y Tecnología, a cargo de producir
el Factor VIII para la Hemofilia A] pero dejó de comprar
los otros fármacos. Quedando sin tratamiento los
enfermos de Hemofilia B que utilizan factor IX, los
pacientes que requieren el VIII en combinación con otros
y los que consumen los Factores II, V y VII”.
Por su parte, el MSDS garantizó la existencia y calidad
de 4.000.000 de unidades de Factor VIII, medicamento que
es administrado a los 1.545 pacientes hemofílicos del
país desde los servicios de hematología de la red
hospitalaria venezolana (El Universal, 19.08.05,
http://www.eluniversal.com/2005/08/19/ten_art_19406A.shtml).
Maryorie Chávez, coordinadora nacional de los Bancos de
Sangre del MSDS, “negó que el Banco Municipal de Sangre
hubiera colapsado por la carencia de Factor VIII en el
Área Metropolitana de Caracas y en diversos centros del
interior” (El Universal, Ídem.).
César Garrido, coordinador nacional de la AVH, aseguró
que la escasez de Factor VIII se hizo crítica en las
últimas semanas: "pues normalmente el problema se
resuelve cuando el Instituto Venezolano de los Seguros
Sociales (IVSS) presta el medicamento si el MSDS no lo
tiene, pero creemos que la escasez va a ser crítica en
dos o tres semanas" (El Universal, Ídem.).
Según la AVH, los centros de atención al paciente
hemofílico de Cumaná-Carúpano, Maracaibo, San Cristóbal
y Caracas son los que presentan mayores inconvenientes
con la dotación del fármaco. Además, el pasado 16.08.05,
se reportaron desabastecimiento en los Edos. Zulia,
Bolívar y Táchira, además de los casos denunciados de
Monagas y Guárico (Últimas Noticias, 17.08.04, pág. 4).
En opinión de Garrido: "todos están confundidos porque
se les dice que sí hay existencia de productos, pero
cuando van a los centros de atención (11 en total) no
les dan nada" (El Nacional, 19.08.05, pág. B/19).
En una rueda de prensa efectuada el pasado 18.08.05,
la
coordinadora nacional de los Bancos de Sangre
aseguró que “tenemos disponibilidad para cubrir
la totalidad de los medicamentos. Hay más de 4.000.000
de unidades” (Últimas Noticias, 19.08.05, pág. 4). No
obstante, Dana Miloslavich, gerente de Abastecimiento de
Quimbiotec, reconoció que la producción de Factor VIII
“sólo alcanza para brindar cobertura a 25% de los
pacientes hemofílicos A, es decir, 9.000.000 de
unidades” (Últimas Noticias, Ídem.). Según la fuente
periodística, “para garantizar el tratamiento a estos
enfermos crónicos del país, se requieren 38.000.000 de
unidades por año”. Al ser cuestionada sobre este
déficit, Chávez rectificó señalando que para octubre
Quimbiotec estaría en capacidad de cubrir 100% de la
demanda. Miloslavich, explicó que la fabricación no
abastece el mercado porque “sólo hay 250.000 donaciones
de plasma anuales y se necesitan 1.000.000 de donantes
para lograr producir los 38.000.000 de unidades”
(Últimas Noticias, Ídem.). A pesar de estos números, la
representante de Quimbiotec, reiteró que en todos los
centros de salud autorizados hay suficiente fármaco para
atender las emergencias: ”por lo cual no hay razón para
que los enfermos vengan a la capital” (Últimas Noticias,
Ídem.).
Para
la coordinadora nacional de los Bancos de Sangre, la migración de pacientes del interior no
es por falta de medicamentos, tampoco porque existan
problemas en la distribución. Aseguró que la razón tiene
que ver con que “hemos tenido un poco de dificultad en
la aceptación del producto Factor VIII, aunque se han
hecho los estudios necesarios y pertinentes para
asegurar que este factor es tan efectivo como el que se
les suministraba antes” (Últimas Noticias, Ídem.).
Acotó la fuente periodística que “hasta noviembre de
2004, los hemofílicos recibían Inmunate, de un
laboratorio extranjero. El IVSS aún lo sigue dando a sus
afiliados. Este año el MSDS lo sustituyó por el Factor
VIII de Quimbiotec”.
Ante las denuncias acerca de posibles efectos
secundarios presentados por pacientes hemofílicos que
consumieron este medicamento, Francisco Armada, titular
del MSDS, avaló su calidad porque “cuenta con los
estándares internacionales de calidad y procesamiento:
‘no hay razones para dudar de la calidad, eficacia e
idoneidad de estos medicamentos producidos en Venezuela,
en una planta que forma parte del Ministerio de Ciencia
y Tecnología’” (Venezolana de Televisión, 18.08.05,
http://www.vtv.gov.ve/Ciencias.php?IdCiencia=363).
No obstante, en una reunión convocada el 22.08.05, por
la Oficina Panamericana de Salud (OPS), el MSDS se
comprometió a comprar los factores para las personas con
hemofilia. En la reunión, también se firmó un convenio
con el IVSS para que este organismo suministre los
medicamentos a la población dependiente del MSDS, hasta
que llegue en septiembre, el lote que comprará este
despacho con el cual espera garantizar el tratamiento
hasta fin de año (Últimas Noticias, 23.08.05, pág. 4).
Por su lado, la Federación Mundial de Hemofilia había
anunciado poco antes de la reunión, que entregará una
donación de 50.000 unidades de Factor VIII recombinante
de alta pureza. Antonia Luque, vocera de la AVH, informó
que la dotación llegará en los próximos días y será
destinada a los niños, los cuales constituyen 30% de las
personas que viven con esta enfermedad en el país
(Últimas Noticias, Ídem.).
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DERECHOS
ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Inversión del Gobierno Nacional en mejoramiento de
cobertura y calidad de Misión Barrio Adentro I |
De acuerdo con Robert Rodríguez, coordinador de la
Misión Barrio Adentro I, el Ministerio de Salud y
Desarrollo Social (MSDS) está invirtiendo 245
millardos de bolívares en la ampliación de la
capacidad de servicio de los consultorios populares
en todo el territorio nacional (El Mundo, 12.08.05,
pág. 5).
El funcionario indicó que el proyecto se realiza en
conjunto con el Ministerio de la Vivienda y el
Hábitat (MVH), que ha solicitado recursos para la
construcción y dotación de nuevos Consultorios
Populares, que permitirán alcanzar la meta de 2.238
para diciembre de este año.
Explicó Rodríguez que "el MSDS define la ubicación
de estos Consultorios Populares y, a través de
comisiones y Comités de Salud, le da seguimiento
junto a Petróleos de Venezuela (PDVSA), el Fondo de
Inversión Social de Venezuela (FONVIS), el Proyecto
salud y Proyecto País para, una vez construido,
dotarlo e inaugurarlo" (El Mundo, Ídem.).
Agregó que este proyecto "acondicionará ambulatorios
rurales Tipo I y Tipo II en comunidades con tendencia
al crecimiento poblacional, donde se adecuará una
vivienda como consultorio para que el médico
residente viva allí y a la vez atienda a la
comunidad" (El Mundo, Ídem.).
También destacó que "de los 8.500 puntos de consulta
que existen en todo el país, a la fecha 577 se
han sustituido por Consultorios Populares, y se espera
rehabilitar a 6.200 de ellos. Sólo queda por definir
la forma de financiamiento de la compra de viviendas
en los barrios, para reconvertirlos en Consultorios
Populares" (El Mundo, Ídem.).
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DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Incumplimiento de la regulación de precios diluye
protección del derecho a la alimentación |
Según destacó una fuente periodística, la regulación de
precios aplicada por el Gobierno Nacional desde
febrero de 2003 “no ha logrado revertir el alza de
los productos de la cesta básica […] la política de
regulación sólo es efectiva en las bodegas Mercal
que cuentan con un subsidio directo por parte del
Gobierno. En el sector privado rubros como la carne
de res, leche, pollo, arroz, azúcar, pastas,
caraotas y harina se venden hasta con 10% y 20% de
sobreprecio” (El Nacional, 21.08.05, pág. A/16).
Afirmó la fuente que “en los supermercados y
mercados municipales se expenden los alimentos a
precios superiores a pesar de que la Ley de
Protección al Consumidor y el Usuario prevé
sanciones como el cierre del establecimiento y
multas para quienes infrinjan la resolución”.
Según se desprende de la Gaceta Oficial N° 38.255,
publicada el pasado 22.08.05, el kg. de leche en
polvo completa se venderá en 7.773 bolívares y la
carne bovina 9.164 bolívares, con IVA
incluido de 8%, el kg. de los cortes de 1ra. como
solomo de cuerito, ganso y punta trasera; los demás
cortes (2da. y 3ra.) no experimentarán ninguna
variación (Globovisión, 23.08.05,
http://www.globovision.com/news.php?nid=7294).
No obstante, “pareciera que la situación no variará
mucho con la reciente autorización del ajuste de
precios en la carne de res y de la leche en polvo”
(El Nacional, Ibíd.). De acuerdo a la fuente
periodística, “los analistas de consumo reconocen
que el programa de alimentos Mercal ha compensado
parte de las necesidades de ese estrato de la
población, comercializando los productos hasta con
10% de descuento en comparación con el precio
regulado en la Gaceta Oficial. Pero en los mercados
privados que no cuentan con un subsidio directo por
parte del Gobierno, los precios continúan en
ascenso”.
Por su parte, Edmeé Betancourt, titular del
Ministerio de Industrias Ligeras y Comercio (MILCO),
espera que el Instituto para la Defensa y Educación
del Consumidor y del Usuario (INDECU) se encargue de
hacer cumplir con la nueva normativa: “a partir de
este martes, INDECU ha establecido su plan para
revisar el mercado de manera tal que la nueva
normativa se cumpla. Adicionalmente a eso estamos
trabajando desde hace 1 mes y medio con la ayuda del
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) con la finalidad de
revisar los precios de todos los productos” (Globovisión,
Ibíd.).
Betancourt explicó que en la Resolución N° DM/080
publicada en el número de Gaceta Oficial ya citado,
aparecen, además de los mencionados, otros 30
productos y que “ahora estamos en la revisión de más
productos, con la finalidad de analizar sus
respectivas matrices de costo y poder sincerar los
precios” (Globovisión, Ibíd.). Añadió que en su
despacho trabajan con apoyo del PNUD en una mesa técnica
que revisa el precio de todos los productos. Esta
mesa técnica elaborará una propuesta en la cual
plasman el decreto de control de precios que será
remitida a la consideración de la presidencia de la
República (Diario 2001, 23.08.05, pág. 4).

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DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Venezuela participa en campaña mundial por la
alimentación |
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En el marco del próximo lanzamiento de la campaña Telefood
2005 que se iniciará el 16.10.05 en todas las
escuelas bolivarianas, durante la celebración del
Día Mundial de la Alimentación, Elisa Panades,
representante de la Organización de las Naciones
Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO),
informó que la campaña forma parte de las metas para
el milenio trazadas por esta organización, para
reducir en 50% la pobreza en el mundo (Últimas
Noticias, 23.08.05, pág. 2).
Agregó Panades que durante el tiempo que dure la
campaña, los/as educadores/as y estudiantes recibirán
información y serán concientizados sobre hábitos
alimenticios. El pasado 22.08.05, se instaló el
Comité Nacional que organizará las actividades,
integrado por los ministerios de Alimentación (MA) y
de Educación y Deportes (MED), el Programa de
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y Mercal,
y se firmó el Memorando de Responsabilidad en el que
el Estado venezolano aceptó ser sede de la
Conferencia Regional de la FAO, entre el 24 y
28.04.06.
Panades opinó que ha observado en Venezuela un
aumento en el suministro de alimentos a la población
a través de los distintos programas que ha
implementado el Gobierno Nacional.

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DERECHOS
ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Poder
Legislativo envió al Ejecutivo Nacional Ley del Régimen
Prestacional de Empleo para su promulgación |
Fue aprobada en 2da. discusión de la plenaria de la Asamblea
Nacional (AN) la Ley del Régimen Prestacional de
Empleo (LRPE) el pasado 17.08.05 (Asamblea Nacional,
17.08.05,
http://www.asambleanacional.gov.ve/ns2/noticia.asp?numn=7887).
Según la fuente oficial, la
presidencia del Poder Legislativo ordenó su remisión
a la Comisión de Desarrollo Social Integral “a los
fines de elaborar el informe final donde se
incorporen los cambios sufridos durante la segunda
discusión y pueda ser sancionada por el parlamento
para su envió al Ejecutivo Nacional para su
promulgación y publicación en la Gaceta Oficial”.
Establecida en la Ley Orgánica del Sistema de
Seguridad Social (LOSSS), la LRPE tiene como objeto
garantizar a todas las personas que integran la
fuerza de trabajo en situación de desempleo y
subempleo atención integral a través de la red de
servicios de atención integral, coordinada por el
Instituto Nacional de Empleo, así como asegurar al/a
trabajador/a dependiente una prestación dineraria en
caso de pérdida involuntaria o de finalización del
contrato por tiempo u obra determinado.
Como se recordará, el pasado 20.07.05 se dio inició
al debate de la 2da. discusión, del proyecto de esta
Ley que, junto con la del Régimen Prestacional de
Salud y la del Régimen Prestacional de Pensiones y
otras Asignaciones Económicas, permanecían en espera
de este paso hacia su respectivo aprobación (ver
edición Nº 158 de este boletín en el sitio web de
Provea:
http://www.derechos.org.ve/actualidad/coyuntura/2005/coyuntura_158.htm#09).
En otra fuente periodística, Ríos señaló que "los
trabajadores también recibirán capacitación, para
mejorar la calificación de la mano de obra en
nuestro país […]La normativa también contempla la
creación de centros para que cada trabajador sepa
dónde hay oportunidades laborales y para tener mayor
cobertura de la población con respecto a las
políticas de empleo a escala nacional" (Agencia
Bolivariana de Noticias, 17.08.05,
http://www.abn.info.ve/go_news5.php?articulo=15962&lee=1).
Ríos también adelantó que sólo faltan por sancionar
el proyecto de Salud y el de la Ley del Régimen
Prestacional de Pensiones y otras Asignaciones
Económicas (LRPPAE), tal como con lo que los/as
trabajadores/as tendrán un régimen de Seguridad
Social ajustado a la Constitución (Agencia
Bolivariana de Noticias, Ídem.).
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DERECHOS
ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Indicadores del derecho a la alimentación y
al salario justo |
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Canasta Alimentaria Normativa |
|
MES |
Valor Mensual
(en bolívares) |
Tasa de Variación
Intermensual
(en %) |
Tasa de Variación
Acumulada 2005
(en
%) |
Tasa de
Acumulación
Interanual 2004/2005
(en %) |
Déficit del Poder Adquisitivo (*)
(en %) |
|
Enero |
350.487,15 |
1,54
(5.320,10 bolívares) |
1,54 |
17,14 |
8,3 |
|
Febrero |
349.369,61 |
-0,31
(- 1117,39
bolívares) |
0,45 |
14,99 |
8 |
|
Marzo |
350.958,75 |
0,45
(471 bolívares) |
1,99 |
13,81 |
8,4 |
|
Abril |
350.903 |
0,02
(54,97 bolívares) |
2 |
12,13 |
8,4 |
|
Mayo |
359.606,42 |
2,48
(8.702,64 bolívares) |
4,48 |
13,53 |
- 12,6 |
|
Junio |
369.432,22 |
2,73
(9.827,80 bolívares) |
7,21 |
14,70 |
- 9,6 |
|
Julio (**) |
374.629,49▲ |
1,41 ▼
(5.197,27 bolívares) |
8,54 ▲ |
14,87 ▲ |
- 8,10 |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)
Notas: (*) Déficit del poder adquisitivo de 1
salario mínimo mensual (321.235,20 bolívares hasta
el 30.04.05 y
405.000 bolívares a partir del
01.05.05).
(**) El Nacional, 13.08.05, pág. A/15.
Informó Elías Eljuri, presidente del Instituto
Nacional de Estadística (INE), que el
porcentaje de alza en
el costo de la Canasta Alimentaria Normativa (CAN)
en los primeros 7 meses de 2005 (8,54%), está dentro
de los límites del Índice de Precios al Consumidor
(IPC) de 8,9%, reportado por el Banco Central de
Venezuela (BCV) para ese mismo lapso (El Nacional,
Ídem.).
A juicio del funcionario, “la desaceleración en el
ritmo de encarecimiento en la CNA verificada en el
período enero-julio de 2005 se hace evidente también
en la variación acumulada de julio 2004-julio 2005,
al ubicarse en 14,60% inferior a la del lapso junio
2004-junio 2005, con 10,70%” (El Nacional, Ídem.).
De acuerdo con el informe del INE, en julio, 7
grupos de alimentos que componen la canasta
experimentaron alzas de precios, principalmente
raíces, tubérculos y otros (5,57% ) y frutas y
hortalizas (4,44% ). No obstante, este último
renglón de alimentos experimentó una disminución en
comparación con junio, cuando el alza fue de 10,84%
respecto de mayo. El resto de los grupos registró
variaciones inferiores a 2% en promedio. Por otra
parte, las grasas y aceites, carnes y sus preparados
y azúcar y similares disminuyeron sus precios en
0,31%,0,29% y 0,14%, respectivamente.
Con respecto al poder adquisitivo del salario
mínimo, éste reflejó un superávit de 30.380,51
bolívares en julio al compararlo con el costo de la
CAN.
Recordó la fuente que “los precios que se utilizan
para determinar el valor de la cesta de alimentos se
corresponden únicamente a transacciones de contado
en establecimientos minoristas, no son de
liquidación o remate, deben ser asequibles a los
consumidores y son estadísticamente confiables, y
son referencias que se aplican en todo el país. El
INE recaba la información en más de 900 expendios de
las 13 ciudades más importantes de Venezuela”.

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DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Delegación de la UNESCO conoció alcance de la Misión
Robinson I |
De acuerdo a una fuente periodística, Namtip
Aksornkool, jefa de la Sección de Alfabetización y
Educación No Formal, y Nina Heinshon, experta
asociada de la Sección de Alfabetización de la
Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), integrantes de la delegación de la UNESCO, que
visitaron el país con el objeto de conocer los
alcances de la Misión Robinson I; expresaron su
satisfacción por la aplicación del método "Yo Sí
Puedo" a más de 1.500.000 de ciudadanos/as (Gobierno en
línea, 19.08.05,
http://www.gobiernoenlinea.gob.ve/noticias/viewNewsUser01.jsp?id_noticia=39194).
Señaló la fuente que la visita de la misión forma
parte de un proceso de revisión impulsado por la
UNESCO para conocer la experiencia alfabetizadora
no sólo de Venezuela, sino de otras metodologías en
muchas naciones de América Latina y el mundo que
también han tenido buenos resultados.
Para Heinshon lo que más llamó la atención del caso
venezolano, es el carácter masivo del método
aplicado, que permitió llegar a una gran población,
incluidos indígenas, personas con necesidades
especiales en áreas auditivas, visuales y
lingüísticas, entre otros, "lo cual significa que
todos han sido tomados en cuenta" (Gobierno en
línea, Ídem.).
La delegación de la UNESCO tuvo la oportunidad,
durante su estadía en el país, de conocer una
variedad de programas educativos, como los ambientes
Robinson en Caracas y en los estados Monagas y
Bolívar, así como a participantes con diferentes
discapacidades y necesidades. Igualmente, visitaron
zonas rurales en las que participantes
pertenecientes a comunidades indígenas venezolanas
aprenden a leer y escribir en su lengua materna y
conocieron a las madres solteras y desempleadas que
se alfabetizan para mejorar las condiciones de vida
de su familia (Agencia Bolivariana de Noticias,
18.08.05,
http://www.abn.info.ve/go_news5.php?articulo=16070&lee=6).
En ese sentido, Aksornkool comentó que “este método
funciona particularmente para acciones masivas, esa
es una de sus fortalezas. Otra es la gran voluntad
política con la que cuenta y debido a esto tiene el
apoyo económico para llevarse a cabo" (Agencia
Bolivariana de Noticias, Ídem.).
Con respecto al informe que redactará la misión
sobre la visita al país, puntualizó Heinshon que se
enfocará en la descripción de las actividades en los
ambientes robinsonianos y las experiencias vividas
por ellas, los/as participantes y facilitadores/as del
método alfabetizador. Estos resultados serán
difundidos por el sector de educación de la UNESCO y
formará parte de un informe general que se
presentará durante la 33ª Conferencia General de
dicha organización a realizarse el mes de octubre
(Agencia Bolivariana de Noticias, Ídem.).
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DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Inversión y resultados de la Misión Robinson |
Aristóbulo
Istúriz, titular del Ministerio de Educación y
Deportes (MED), afirmó que “hasta el momento el
Gobierno Nacional ha invertido 100.000.000 de
dólares en la misión Robinson I” (El Nacional,
16.08.05, pág. B/14).
Señaló que “alfabetizar a 1 persona le cuesta al
Estado venezolano 20 dólares, es decir, 50.000
bolívares al cambio oficial. Agregó que el método Yo
Sí Puedo, ideado por la educadora cubana Lonella
Reyes, representa la suma de 100.000.000 de dólares
invertidos en el pago de 130.000 facilitadores, más
la ayuda entregada a 100.000 becados en todo el
país” (El Nacional, Ídem.).
De acuerdo a la fuente periodística, Istúriz añadió
que los municipios Santa Bárbara, Acosta, Piar y
Cedeño, y parroquias Maturín como La Pica, La Cruz,
San Vicente y El Corozo, del Edo. Monagas han sido
declarados libres de analfabetismo. Próximamente le
tocará el turno a Jusepín y Los Godos: “el objetivo
es alfabetizar a 2.133 maturineses. Faltan 870
personas, que deben estar graduadas para 28.10.05”.
El funcionario indicó que el otorgamiento de nuevas
becas en la Misión Robinson I estará de ahora en
adelante condicionado: “pues los interesados primero
deberán capacitarse y formar cooperativas para optar
por los créditos. Así quedará enlazada misión
Robinson I con la Vuelvan Caras, que en la
actualidad cancelan el beneficio a 100.000 personas
en todo el territorio […] todos los promovidos de la
Misión Robinson II -la cual tiene en sus registros a
1.350.000 de estudiantes pasarán a la Misión Rivas,
en la cual estudian 850.000 personas en todo el
país. Ellos tendrán la opción de pasar a Misión
Sucre” (El Nacional, Ídem.).
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DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Propuestas
y exigencias de Provea a los poderes públicos sobre el
derecho a
la educación |
- Continuar con el incremento de la matrícula de
educación preescolar y de educación media a fin de
lograr, por lo menos, un 55% de cobertura neta en un
plazo no mayor de 5 años sin desatender el
crecimiento necesario de los niveles restantes.
Velar por el cumplimiento efectivo de:
i) La política que garantiza el acceso a la
educación pública sin el condicionamiento de cobros
de ninguna naturaleza;
ii) Todas las Resoluciones del Ministerio de
Educación y Deportes destinadas a impedir
cualquier forma de discriminación de alumnos en el
ingreso y/o permanencia dentro del sistema
educativo;
iii) La asignación eficiente, equitativa y oportuna
de recursos financieros a los establecimientos
educativos para que puedan funcionar sin que
dependan de las cuotas de la Sociedad de Padres y
Representantes.
- Elaborar y dar a conocer un Plan Nacional de
Reparación de Escuelas con metas a corto, mediano y
largo plazo a fin de que la ciudadanía pueda
controlar la efectividad en el cumplimiento del
mismo.
Iniciar un proceso gradual de construcción de aulas,
priorizándose el nivel preescolar y la 2° etapa de
educación básica.
- Desarrollar planes específicos y entrenamiento
docente para disminuir progresivamente los índices
de repitencia, especialmente los constatados en 1° y
7° grados.
- Aprobar la Ley Orgánica de Educación acorde con
los principios y fundamentos establecidos tanto en
la Constitución vigente como en los acuerdos
internacionales de derechos humanos; incluir las
resoluciones y recomendaciones de los organismos
internacionales tanto a nivel regional como
universal.
- Garantizar la participación social en la
formulación del Plan Nacional de Educación para
Todos.
- Evaluar el proyecto de Escuelas Bolivarianas a fin
de potenciar sus logros y minimizar las fallas del
mismo, o dar a conocer sus resultados de la
evaluación si se hubiere hecho.
- Desarrollar un plan nacional de formación docente
para adecuar las prácticas pedagógicas a una
concepción de la educación no excluyente,
democrática y participativa.
- Continuar la tendencia a incrementar el porcentaje
del PIB dedicado a la educación. Así mismo, lograr
que el porcentaje del presupuesto nacional destinado
a la educación se ajuste a los estándares
internacionales.
- Garantizar presupuestos acordes con las
necesidades de cada uno de los niveles educativos.
- Garantizar que el ingreso a la docencia sea solo a
través de concursos públicos organizados en forma
periódica, transparente y de acuerdo con parámetros
legales.
- Revitalizar el Sistema Nacional de Medición y
Evaluación del Aprendizaje (Sinea).
- Eliminar el carácter obligatorio de la asignatura
Instrucción Premilitar.
- Elaborar un nuevo instrumento normativo que
actualice y mantenga el espíritu de la Resolución N°
1.484, la cual establece, en el sistema curricular
venezolano, la educación en valores y derechos
humanos.
- Dar a conocer públicamente el estado de la reforma
curricular en los distintos niveles educativos.
- Avanzar hacia una mayor institucionalidad de los
Programas Sociales, conocidos como las misiones
Robinson I y II, Ribas y Sucre, minimizando la
lógica de operativo y favoreciendo controles
democráticos.
- Prestar especial atención a la formación docente
de las personas responsables de las Misiones
educativas, para que no se repitan viejos errores
metodológicos presentes en la estructura escolar
venezolana
(Provea, 30.06.05,
http://derechos.org.ve/publicaciones/infanual/2003_04/24exigencias.pdf).
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DERECHOS CIVILES Y
POLÍTICOS
Organizaciones de derechos humanos consideraron
insuficiente fallo condenatorio contra Grupo Extermino |
Tras la reciente absolución por parte del Juez 17º de Juicio
del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana,
Iván Darío Bastardo, en 4 de los 7 casos por los
cuales fueron acusados 13 funcionarios de la Policía
del Edo. Portuguesa señalados de formar parte del
Grupo Exterminio, la Vicaría de Derechos Humanos de
la Arquidiócesis de Caracas y el Comité de
Familiares de Víctimas de los Sucesos del 27 de
Febrero y Marzo de 1989 (COFAVIC), instaron al
Ministerio Público (MP) a apelar la decisión, a
través de un comunicado público (El Universal,
19.08.05, pág. 4/1).
El pasado 12.08.05, Omar Merchán, Segundo Dodobuto,
Arturo Azuaje, Julio González, Joel Castillo, Régulo
Salazar, Félix Rojas, José Fernández, Alvis Leal,
Edgar Mendoza y Guinson Freire fueron condenados por
los homicidios de los hermanos Ender Alexander y
Gonzalo MENDOZA; así como de Omar MEDINA y Alfonso
HIDALGO. Sin embargo, en opinión del juez Bastardo,
los fiscales José Gregorio Castañeda, Gilberto
Landaeta, Didier Rojas y Noel Pantoja no presentaron
pruebas suficientes para condenar a los policías por
los homicidios de César Agray, Jimmy Rodríguez, José
Rodríguez y Gregorio Sivira.
En este sentido, solicitaron que sean aclaradas las
denuncias de violaciones de derechos humanos y que,
aún cuando la sentencia incluyó a los funcionarios
acusados en estos hechos, se establezcan las
circunstancias en las cuales fallecieron, en
respuesta a los reclamos hechos por los familiares
de las víctimas (El Nacional, 19.08.05, pág. B/23).
En el comunicado, las organizaciones opinaron que
“la idea de que los presuntos culpables estén en la
cárcel pagando un delito distinto al homicidio de
César AGRAY, Jimmy RODRÍGUEZ, José Ramón RODRÍGUEZ y
Gregorio SIVIRA, es ‘un resarcimiento incompleto
para estas víctimas’” (El Nacional, Ídem.).
Indican que, en el caso de Sivira, sus familiares
reclaman su derecho a que se imparta justicia y se
determine quiénes son los responsables de la muerte
del joven, toda vez que “el Estado está obligado a
investigar y sancionar legalmente los delitos contra
los derechos humanos cometidos por sus autoridades”
(El Nacional, Ídem.).
Con respecto al caso de la muerte de los hermanos
Ender, Alexander y Gonzalo MENDOZA, las
organizaciones consideraron positiva la sentencia
del juez Bastardo (La Prensa, 19.08.05, pág. 11).
En otro orden de ideas, las referidas organizaciones
consideran que el retardo procesal afectó
negativamente el resultado del juicio, a pesar de
que 11 de los 13 acusados permanecen detenidos.
Recuerdan los voceros de las organizaciones que ”en
el transcurso de 5 años, 17 testigos fueron
asesinados y otros no pudieron ser ubicados para
comparecer ante el tribunal […] la demora también
contribuyó a que los peritos que practicaron las
experticias no recordaran información valiosa para
el debate oral y público: ‘En los casos más
dramáticos, hasta confundieron pruebas’" (El
Universal, Ibíd.).
También lamentaron la rotación de los fiscales del
MP que estuvieron al frente del caso. Precisaron que
ninguno de los que presentaron la acusación
estuvieron presentes en el debate final: "durante la
etapa de conclusiones, la Fiscalía no pudo presentar
una relación entre los hechos y las pruebas que
sustentaban cada una de las acusaciones" (El
Universal, Ídem.).
Igualmente, la Vicaría y COFAVIC denunciaron que en
la noche del pasado 13.08.05, 1 día después del
fallo del juez Bastardo, un grupo de encapuchados
irrumpió en la vivienda de los fallecidos hermanos
Mendoza con el propósito de amedrentar a la madre de
las víctimas, quien es una anciana y se encontraba
sola con sus nietos. La denuncia se formalizó ante
las autoridades respectivas del Edo. Portuguesa, sin
embargo, esta familia se mantiene alerta pues temen
una represalia similar a la que sufrió Mariela
MENDOZA el 17.07.04, cuando recibió 3 impactos de
bala que casi le costaron la vida (Notitarde,
19.08.05, pág. 15).
Recordaron los representantes de las organizaciones
que sobre este caso, la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) acordó medidas de protección
el 25.10.02, a favor de los Mendoza y de otros
familiares de las víctimas (El Universal, Ídem.).
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DERECHOS CIVILES Y
POLÍTICOS
Receso judicial agrava el retardo procesal |
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Carlos Nieto, coordinador general de Una Ventana a
la Libertad, bloque de organizaciones para la
transformación penitenciaria de Venezuela, consideró
que las vacaciones judiciales acordadas por la
Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)
y que se iniciaron el 15.08.05 hasta el 16.09.05,
“impiden que durante este tiempo se adelanten las
causas penales con retardo procesal así como sean
otorgadas medidas sustitutivas a la prisión,
principales pedimentos de los reclusos” (Una Ventana
a la Libertad, 17.08.05,
ventana2@cantv.net).
Nieto manifestó que hace varios años esta modalidad
de vacaciones judiciales había sido suspendida por
una sentencia del mismo TSJ alegando que la justicia
no podía paralizarse “pero este año los magistrados
miembros de la Comisión Judicial del TSJ acordaron
darlas” (Una Ventana a la Libertad, Ídem.).
Para el vocero de Una Ventana a la Libertad, “con la
emergencia penitenciaria que vivimos en estos
momentos, paralizar la justicia por 1 mes es una
bomba de tiempo. En el caso de la justicia penal
solo se atienden los casos que lleguen por
flagrancia, es decir de aquellas personas que han
sido sorprendidas cometiendo un hecho punible, de
allí son pasados a un Juez de Primera Instancia en
lo Penal en Funciones de Control a los fines de que
se efectué la audiencia de presentación y este
determine si el imputado permanece en libertad o va
preso” (Una Ventana a la Libertad, Ídem.).
Finalmente, el coordinador general de Una Ventana a
la Libertad exhortó a las autoridades competentes a
“hablarles con claridad a los hombres y mujeres
privados de libertad y aclararles que mientras duren
las vacaciones judiciales sus demandas de celeridad
procesal, no pueden ser satisfechas. Aquí lo único
que puede pasar es que el TSJ (que también se fue ya
de vacaciones) ordene la normalización de la
justicia penal, cuestión que vemos difícil pues ya
hay jueces que agarraron sus maletas y se fueron de
viaje ante el otorgamiento de sus vacaciones. Solo
resta esperar el 16.09.05, que es la fecha del
reingreso y hablarles con claridad a los reclusos y
familiares en conflicto, sin caer en lo que hacen
siempre promesas de imposible cumplimiento” (Una
Ventana a la Libertad, Ídem.).
Los señalamientos de Nieto coincidieron con los de
Humberto Prado, coordinador del Observatorio
Venezolano de Prisiones (OVP), quien observó que las
vacaciones judiciales […] afectarán varias normas,
entre ellas, la tutela judicial efectiva” (Últimas
Noticias, 17.08.05, pág. 14).
Prado consideró que la “justicia a destiempo no es
justicia. Todos los juicios y diligencias pendientes
se reanudarán dentro de un mes, es decir, ninguna
persona va a ser sometida a juicio y no va a haber
jueces para las cárceles […] Si un Tribunal de
Ejecución lleva el estudio técnico de un preso, éste
deberá esperar un mes para saber si obtuvo un
beneficio. Igualmente sucede con las personas que
mediante un juicio pudieran obtener la libertad”
(Últimas Noticias, Ídem.).
Prado hizo un llamado al magistrado Omar Mora,
presidente del TSJ, a evaluar la medida para que los
jueces tomen descansos individuales y sean
sustituidos por suplentes.
Por su parte, el presidente del TSJ, aclaró que lo
que “existe [es] un receso para mejorar la planta
física de los distintos establecimientos del Poder
Judicial” (Últimas Noticias, 19.08.05, pág. 14).
El presidente del TSJ indicó que la razón que motivó
a la Sala Plena a acordar este receso tiene que ver
con que “dentro del Plan de Transformación
Estructural y Modernización del Poder Judicial, que
fue aprobado en abril y prevé una nueva
institucionalidad, está no sólo una planta física
digna, una tecnología de punta, sino también jueces
proactivos que den respuesta oportuna a la
colectividad […] De allí que la Sala Plena, dijo,
acordó el receso judicial desde el 15 de agosto
hasta el 15 de septiembre próximo, tiempo en el cual
se realizará la primera parte de esa evaluación y
para la formación y capacitación de jueces que han
aprobado la evaluación e irán a los concursos de
oposición, previstos para septiembre y octubre del
presente año […] Este mes de asueto judicial no se
hizo con la intención de dar vacaciones colectivas
judiciales, como en el pasado, sino que se hizo en
sintonía con el Plan de Transformación Estratégico
“(El Nacional, 18.08.05, pág. A/4).
Pese a los señalamientos hechos por los voceros de
las organizaciones de derechos humanos y puestos en
manifiesto por distintos medios de información (“la
justicia penal está paralizada en un 99%[…] los
tribunales de juicio están cerrados, las salas
trabajan amparos y de los 52 de control, 7 están de
guardia” Últimas Noticias, 18.08.05, pág. 14), Mora
insistió en que la medida tomada por el TSJ no es un
receso judicial y anunció que había ordenado a la
Dirección Ejecutiva de la Magistratura (DEM) “dictar
una nueva resolución en la cual se garantice la
continuidad del servicio [e invitó] a denunciar los
casos de retardo procesal injustificado” (El
Nacional, Ibíd.).
La misma fuente precisó que la resolución será
publicada próximamente y que señalaría “que los
jueces penales que están en cursos serán sustituidos
por suplentes y en casos de emergencia aquellos
deberán incorporarse a sus labores”.
No sólo desde las organizaciones no gubernamentales
se denunció la agudización del retardo procesal
causada por el receso judicial, sino también Jesse
Chacón, titular del Ministerio de Interior y
Justicia (MIJ), objetó la medida del TSJ. A estas
observaciones, Mora respondió “Yo personalmente
hablé con él y le garanticé que no hay vacaciones
judiciales en el área penal, sobre todo en esos de
primera instancia, así como las cortes de
apelaciones […] nosotros garantizamos una lucha a
fondo para evitar el retardo procesal. Obviamente,
si estamos en un asueto judicial general, eso no
aplica para la jurisdicción penal. Estamos dando
instrucciones a los presidentes de todos los
circuitos judiciales penales para que supervisen y
garantices que los jueces de control y de juicio y
de ejecución atiendan con prioridad todas las
audiencias que estén programadas y sean necesarias
aún no estando programadas, para evitar el retardo
procesal” (El Nacional, Ibíd.).
El presidente del TSJ admitió que la jurisdicción
penal (jueces de control, juicio y ejecución)
concentra 99% del retardo procesal y por ello tiene
que garantizar la continuidad del servicio. Sin
embargo, reconoció que “en las otras áreas sí hay
asueto judicial” (El Nacional, Ibíd.).
Por otra parte, la situación parece agravarse a
causa de que “los defensores privados, con el
diferimiento de sus audiencias, aprovecharon para
compartir las vacaciones escolares de sus hijos y
salieron de la ciudad. La mayoría de las defensas
penales las ejercen los defensores públicos, y a
todos ellos les dieron también vacaciones
colectivas” (Últimas Noticias, 22.08.05, pág. 26).

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DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
Ministerio Público precisó datos
sobre el derecho a la justicia |
Elizabeth Gallardo, directora de Inspección y Disciplina del
Ministerio Público (MP), informó en un comunicado de
prensa hecho público el pasado 22.08.05, que su
despacho ha abierto, desde el año 2000 hasta el mes
de agosto de 2005, un total de 3.656 averiguaciones
administrativas contra funcionarios de esta
institución, lo cual involucra a 592 personas
investigadas (Gobierno en Línea, 22.08.05,
http://www.gobiernoenlinea.gob.ve/noticias/viewNewsUser01.jsp?id_noticia=39308).
Añadió que, en el caso concreto del 2004, se
iniciaron 529 averiguaciones previas, de las cuales
292 fueron sustanciadas y concluidas ese mismo año.
Un total de 90 de estas averiguaciones fueron
cerradas con observaciones, lo cual significa un
llamado de atención que se le hace al funcionario
para que no vuelva a cometer el hecho y enmiende su
conducta. Otras 88 averiguaciones concluyeron con
exhortos o una advertencia, en la que se le hace un
seguimiento a la conducta del funcionario
investigado, que, al contrario de la observación, no
se le incluye en su expediente personal.
De las averiguaciones preliminares tramitadas en el
año 2004, un total de 214 fueron cerradas sin
observación, porque se determinó que no hubo
conducta irregular por parte del fiscal denunciado.
De acuerdo con Gallardo, cuando su despacho concluye
una averiguación, eleva a consideración del Fiscal
General aquellos casos en los cuales se demuestra la
comisión de una falta grave.
La funcionaria reconoce que “muchos fiscales han
salido del MP por faltas graves como haber realizado
allanamientos sin una orden judicial, falta de
ética, negligencia o incumplimiento en el ejercicio
de sus deberes, revelación de asuntos de carácter
reservado en forma pública, pronunciamientos
políticos, abusos y excesos en sus funciones.
Adicionalmente, la mayoría de los funcionarios
incursos en situaciones como las antes descritas,
han sido removidos o destituidos” (Gobierno en
Línea, Ídem.).
Explicó Gallardo que el motivo del comunicado de la
Dirección de Inspección y Disciplina del MP fue para
clarificar unos datos presentados en el informe
anual de 2004 del MP(Radio Nacional de Venezuela,
23.08.05, http://www.rnv.gov.ve/noticias/?act=ST&f=27&t=22205),
en el que se afirmó que para el año 2004 un total de
3.381 fiscales, abogados adjuntos y personal
profesional tienen investigaciones disciplinarias
(ver edición Nº 159 de este boletín en el sitio web
de Provea:
http://www.derechos.org.ve/actualidad/coyuntura/2005/coyuntura_159.htm#16).
En este sentido, aclaró que “es muy diferente decir
que se han abierto 3.391 averiguaciones
preliminares, como lo refleja [el informe anual 2004
del MP], a afirmar que ese es el número de
funcionarios investigados” (Gobierno en Línea,
Ídem.).
Añadió que el MP cuenta con poco más de 5.000
funcionarios “de allí que señalar a 3.391
funcionarios como investigados, significaría que
aproximadamente el 70% de estos funcionarios tienen
averiguaciones disciplinarias, cuestión que no es
así, subrayó la Directora de Inspección y Disciplina
[…] Los empleados con problemas disciplinarios son
muy pocos si se compara el número de trabajadores y
el total de investigados que no llega ni al 10% de
todo el personal" (Gobierno en Línea, Ídem.).
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DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
Ministerio Público anunció que presentará al Tribunal
Supremo de Justicia un recurso de nulidad contra la
reforma del Código Penal |
Isaías Rodríguez, Fiscal General de la República, anunció que para finales de
agosto el Ministerio Público (MP) presentará ante la
Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia
(TSJ), un recurso de nulidad de la reforma del
Código Penal (CP). Dicho recurso “es consecuencia de
los señalamientos que el pasado 30.03.05, hizo
Rodríguez a la reforma del CP aprobada por la
Asamblea Nacional (AN), en los que señaló que los
cambios efectuados tienen un carácter muy punitivo
para quienes atenten de alguna forma contra los
funcionarios públicos, entre otras observaciones”
(Gobierno en línea, 16.08.05,
http://www.gobiernoenlinea.gob.ve/noticias/viewNewsUser01.jsp?id_noticia=38945).
Rodríguez aclaró que la solicitud de nulidad
abarcará lo relacionado con los delitos y los
artículos que fueron modificados para favorecer a
determinados funcionarios: "Estamos incluyendo
todos los delitos que fueron modificados en
beneficio de funcionarios. Creemos _insistió_ que no
debe haber desigualdad a la hora de atacar o de
condenar a las personas que de una u otra manera
prestan sus servicios como funcionarios. Establecer
un privilegio para unos funcionarios por el solo
hecho de serlos sería crear una discriminación
odiosa, que es a lo que se refieren los delitos de
desacato" (El Universal, 16.08.05, pág. B/20.).
No obstante, la fuente periodística observó que la
medida anunciada por el Fiscal General “es
especialmente significativa si se recuerda que
Rodríguez ordenó la apertura de una averiguación por
presunto vilipendio contra El Universal, a propósito
de la publicación del editorial Justicia
Arrodillada, el pasado 25.07.05. Una semana después,
se percató de que nada podía hacer contra el diario,
a menos de que el TSJ se sintiera ultrajado por la
mención genérica a las debilidades estructurales de
los tribunales penales. El Fiscal General pidió al
Máximo Tribunal que fijara posición y, a tales
efectos, fue designado ponente el magistrado Eladio
Aponte Aponte”.
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DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial
de la ONU presentó observaciones al informe periódico
venezolano |
El pasado 19.08.05 concluyó la 67º sesión del Comité para la
Eliminación de la Discriminación Racial (CERD),
celebrada desde el 02.08.05 en Ginebra, Suiza
(Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas
para los Derechos Humanos, 22.08.05,
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/8eac0eea92b7dcdcc125703b00456739?Opendocument).
Al cierre de las sesiones, José Lindren, experto
independiente integrante del CEDR, declaró que “la
defensa de la propia cultura se ha tornado tan
violenta que la situación ha degenerado” (Centro de
Noticias de la ONU, 18.08.05,
http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=5217&criteria1=&criteria2).
Lindren, además, aludió a la situación de los
migrantes “que no es tan clara como la de los
indígenas y pidió que se respeten sus costumbres y
tradiciones” (Centro de Noticias de la ONU, Ídem.).
No obstante, indicó que “también es importante que
los migrantes respeten los valores de la sociedad
que los acoge. De lo contrario, se estimulará la
creación de grupos de derecha” (Centro de Noticias
de la ONU, Ídem.).
En cuanto a la situación nacional, el CERD recomendó
al Estado venezolano adoptar medidas "’efectivas y
urgentes’ para erradicar los actos de violencia que
sufren sus pueblos indígenas y ‘afro-descendientes’,
y que ‘se han agravado desde el 2001’" (El Nacional,
22.08.05, http://www.el-nacional.com/Articulos/DetalleArticulo.asp?idSeccion=84&id=65585).
Esta y otras observaciones quedaron plasmadas en las
conclusiones presentadas por el órgano de vigilancia
de la Convención, tras las audiencias (del 02 y
03.08.05) en las que se examinó el informe periódico
que el Estado venezolano debió presentar en junio de
2005 (Provea, 22.08.05,
http://www.derechos.org.ve/publicaciones/infanual/2003_04/23organismosINTERNA.pdf).
El informe periódico venezolano incluyó los 4
reportes que Venezuela adeudaba (14º, 16º, 17º y
18º) (Oficina del Alto Comisionado de Naciones
Unidas para los Derechos Humanos, 22.08.05,
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/898586b1dc7b4043c1256a450044f331/
8eac0eea92b7dcdcc125703b00456739/$FILE/G0542669.pdf)
desde el año 1996 (Provea, Ídem.).
Tras examinar el último informe periódico presentado
por el Estado venezolano, los expertos
independientes que conforman al CEDR destacaron su
"’gran preocupación por el hecho de que entre 1995 y
el 2003, 61 personas -en su mayoría indígenas o
’afro-descendientes’- han sido asesinadas por
conflictos relacionados con las tierras […] los
responsables de esos actos son grupos armados
privados o sicarios, que ‘no deben quedar sin
castigo’" (El Nacional, Ibíd.).
En este sentido, instaron a las autoridades a
adoptar medidas que incluyan la creación de "’un
mecanismo de vigilancia independiente’" que
investigue esos hechos y castigue a los responsables
(El Nacional, Ibíd.).
Además, los miembros del CEDR “reiteraron su
preocupación por la ‘persistencia de desigualdades
socio-económicas profundas y estructurales que
afectan a los afro-descendientes y a los pueblos
indígenas’. Por ello instan a intensificar los
esfuerzos para garantizar los derechos a la
vivienda, a los servicios de salud y saneamiento, al
trabajo y a una nutrición adecuada de esos
colectivos, ‘con el fin de combatir la
discriminación racial y eliminar las desigualdades
estructurales’" (El Nacional, Ibíd.).
Otra de las recomendaciones manifestadas por el CEDR
a los representantes de la Misión Permanente de
Venezuela fue la de adoptar medidas para reconocer y
proteger "’en la práctica el derecho de los pueblos
indígenas a poseer, explotar, controlar y utilizar
sus tierras, territorios y recursos’ [Según el CEDR],
ese derecho ‘continúa viéndose amenazado y
restringido por las agresiones reiteradas contra las
tierras de los pueblos indígenas" con el objetivo de
desplazarlos’" (El Nacional, Ibíd.).
En el ámbito legislativo, el CEDR invitó a Venezuela
a ratificar la Convención Internacional sobre la
Protección de los Derechos de todos los Trabajadores
Migratorios y de los Miembros de su Familia,
instrumento de la ONU en vigor desde el 01.07.03
(Provea, Ibíd.).
Junto con estas observaciones, el grupo de expertos
reconoció la labor adelantada por el Poder
Legislativo que recientemente aprobó “una
legislación federal y estatal […] dirigida a
garantizar la no discriminación racial y étnica” (El
Nacional, Ibíd.).
Según la fuente, el CEDR también apreció
positivamente “la creación de instituciones
especializadas para luchar contra ese tipo de
discriminación, el hecho de que los pueblos
indígenas estén representados en la Asamblea
Nacional, la existencia del Defensor Público
Indígena y el desarrollo de una jurisdicción
especial al respecto” (El Nacional, Ibíd.).
Otros aspectos resaltados favorablemente en el
examen del CEDR fueron “la aprobación en 2002 de un
decreto presidencial para la protección de los
idiomas de los pueblos indígenas, la traducción de
la Constitución a la lengua Wayuu, la ratificación
del Convenio de la Organización Internacional del
Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales en países
independientes y […] el hecho de que la Constitución
[…] reconozca el derecho a dirigir peticiones ante
los órganos internacionales en materia de derechos
humanos” (El Nacional, Ibíd.).
Conviene destacar que Provea, en reiteradas ocasiones ha
expresado al Estado venezolano la conveniencia de
difundir ampliamente los informes que presenta a los
distintos comités de la ONU, así como de discutir
sus contenidos, antes y después de las sesiones en
las que son debatidos por estos órganos de
vigilancia. Esta propuesta, hecha en sus informes
anuales, incluiría la difusión de las
recomendaciones hechas por los comités a los
informes periódicos presentados por el Estado. Con
la implementación de esta medida, no sólo se
beneficiaría el Estado a través del debate público,
sino la sociedad organizada dedicada a promover y
defender los derechos humanos.

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DERECHOS CIVILES
Y POLÍTICOS
Propuestas y exigencias de Provea a los poderes públicos sobre
los
derechos políticos |
- Respetar la voluntad popular expresada mediante
cualquier medio de participación y expresión de la
soberanía, así como investigar y sancionar a quienes
cometan fraudes orientados a desconocerla.
- Estimular la organización social y el protagonismo
popular en el diseño, control y evaluación de las
políticas públicas, en un marco de respeto y
promoción de la autonomía de las organizaciones.
- Abstenerse de reprimir u obstaculizar las
protestas pacíficas realizadas por cualquier grupo o
sector social.
- Derogar los 8 decretos que crean igual número de
zonas de seguridad en el Área Metropolitana de Caracas.
- Responder de manera adecuada y oportuna las
demandas de información y otros datos que presenta
la ciudadanía ante las instituciones del Estado, tal
y como lo garantiza el artículo 51 de la
Constitución.
- Las solicitudes que se dirigen a los organismos
públicos hacen parte, entre otro conjunto posible de
acciones, del ejercicio de la contraloría social y
la participación ciudadana en los asuntos públicos.
Lo que se considera un derecho necesario y
transversal, tanto en la exigibilidad de los
derechos humanos, como en el fortalecimiento de las
instituciones democráticas
(Provea, 30.06.05,
http://derechos.org.ve/publicaciones/infanual/2003_04/24exigencias.pdf).
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ACTIVIDADES
DE FORMACIÓN
Instituto Raoul Wallenberg y el Instituto
Interamericano de Derechos Humanos: Curso
especializado sobre derechos humanos de las mujeres |
El curso tendrá lugar en San José, Costa Rica, del
14 a 25.11.05 y tiene por objetivo general brindar
conocimientos sobre la protección internacional de
los derechos humanos de las mujeres, a fin de
permitir a profesionales de América Latina que
trabajan en derechos humanos o en derechos de las
mujeres, contar con mejores herramientas para la
promoción y defensa de los derechos humanos de la
mitad de la población con base en la plena
aplicación de los principios de igualdad y no
discriminación (Instituto Interamericano de Derechos
Humanos, 19.08.05,
derechos.mujeres@iidh.ed.cr).
Está dirigido principalmente a representantes de
organizaciones no gubernamentales con trabajo en
derechos humanos o en derechos humanos de las
mujeres, de instituciones gubernamentales y
académicas que trabajan en derechos humanos o en
igualdad y equidad de género. Tanto hombres como
mujeres son alentados a aplicar.
Se recibirán candidaturas de los siguientes países:
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa
Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala,
Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú,
República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Las
candidaturas de países que no se encuentren en este
listado, no serán consideradas.
Se reciben candidaturas hasta el 16.09.05; las
solicitudes que se reciban después de esta fecha no
serán consideradas
Para conocer los requisitos para este curso consulte
el sitio web:
http://www.iidh.ed.cr/Documentos/Curso%20IIDH-RWI/RWI%20brochure%20050726.pdf.
Para postular debe completar el formulario que se
encuentra en el sitio web:
http://www.iidh.ed.cr/Documentos/Curso%20IIDH-RWI/RWI%20brochure%20050726.pdf
y elaborar un documento de trabajo como se indica en
el folleto informativo que puede consultar en el
sitio web:
http://www.iidh.ed.cr/Documentos/Curso%20IIDH-RWI/RWI%20brochure%20050726.pdf.
No se tomarán en cuenta solicitudes incompletas;
ambos documentos deben enviarse juntos y a las
instituciones organizadoras. Ningún otro tipo de
formulario o procedimiento de aplicación será
aceptado.
De acuerdo a la fuente, han sido enviados folletos
de información y formularios de solicitud a las
embajadas o consulados de Suecia en los países
indicados, durante la primera semana de agosto.
Los formularios de solicitud deben ser enviados a
ambas instituciones debidamente firmados, por
correo-e, fax o correo postal.
Si envía el formulario y el documento de trabajo por
correo-e, deberá imprimirlos, completarlos y
escanearlos pues se requiere el registro de su
firma.
|
ARTÍCULOS
Son derechos:
"Seguridad
Social" |
|
"Siguiendo con la tarea de facilitar información
para la vigilancia social de los derechos humanos,
Provea publicó el libro 'El derecho humano a la
Seguridad Social. Marco Teórico-Metodológico
Básico'.
El objetivo de este texto es brindar las
herramientas básicas para conocer e indagar más
sobre este derecho: sus leyes, su contenido teórico,
sus obligaciones y las características para
identificar sus violaciones. Además, la publicación
ofrece una serie de propuestas para determinar los
indicadores y un par de anexos ilustrativos.
La seguridad social es un derecho donde se cruzan
otros derechos, de allí su relevancia. En él se
encierran aspectos importantes para la protección de
las mú | | | |