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Una lectura de la realidad venezolana
desde los derechos humanos |
Boletín electrónico Nº 161
Del 26 de septiembre al 14 de octubre de 2005 |
EFEMÉRIDES DE DERECHOS HUMANOS EN
OCTUBRE
CONTEXTO
*
Provea. 17 años en la lucha por
los derechos sociales y contra la impunidad
*
Noticias del FSM 2006
DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
*
Comunidades indígenas exigieron el
derecho a sus territorios, sin minas ni
ganaderos
* Habitantes
de
Nueva
Tacagua
afectados por deslizamientos de tierra
*
Provea adelantó
acciones jurídicas contra FONDUR
* Discriminación laboral.
Agotados los recursos judiciales nacionales se abre la
posibilidad de elevar caso contra el CNF ante el Sistema
Internacional de
los Derechos Humanos
* En
vigencia Ley del Régimen Prestacional de Empleo
* Cumbre Nacional Sindical expresó condena a artículo de
reforma parcial del Código Penal
* Indicadores del derecho a la educación a la luz de la
perspectiva de género
*
Indicadores
del derecho a la alimentación y al salario justo
*
PNUD
presentó Informe 2005 del IDH. Venezuela desciende por
conflicto político de 2003
* Mecanismos para garantizar la seguridad en el sector
rural pueden volverse contraproducentes
* Además de retirar a la pequeña minería ¿el Gobierno
también revocará las concesiones y contratos mineros a
las empresas transnacionales?
*
Propuestas
y exigencias de Provea a los poderes públicos sobre el
derecho a la
vivienda
DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
*
Recientes estrategias de exigibilidad
del
Movimiento GLBT venezolano
* Derechos de la mujer, entre estancamientos y avances
legislativos
* Culminado Proyecto de Convención Contra la Desaparición
Forzada
* Violaciones de derechos humanos en décadas del ’60,
’70 y ’80. Ejecutivo Nacional advirtió que los
crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles
* Agentes de seguridad presidencial violan derechos
humanos en ceremonia pública
* Especialistas en derecho de las personas detenidas y
encarceladas rechazaron incorporación de componente
castrense como custodias en centros penitenciarios
* Política exterior mantiene punto de vista retrógrado de
las instancias de protección de los derechos humanos
* Propuestas y exigencias de Provea a los poderes públicos sobre
el
derecho a la
justicia
ACTIVIDADES DE FORMACIÓN
* Diplomado en derechos humanos y procesos de
democratización del
Centro de Derechos Humanos (CDH) de
la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile
ARTÍCULOS
*
Son derechos:
"FONDUR
incumple"
*
Son derechos:
"Educar
en
derechos humanos"
NOVEDADES DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN TODOS LOS DERECHOS PARA TODOS
*
"Bursatilización
de la cartera hipotecaria de vivienda"
* "Observatorio
DESC MERCOSUR 2004-2005: Compilación de la legislación
de derechos económicos, sociales y culturales en el
MERCOSUR: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay,
Uruguay"
* "Manual
de seguimiento. Derechos económicos, sociales y
culturales: aportes de los organismos civiles"
*
"Normas
e instrumentos legales sobre armas de fuego, municiones
y explosivos"
DOCUMENTOS
*
Asamblea de Mujeres: "El cuento de nunca acabar: de
nuevo excluidas las mujeres de las listas a la AN"
* "Manifiesto Juvenil de Apoyo a la Campaña 28 de
Septiembre Día por la Despenalización y Legalización
del Aborto en América Latina y El Caribe"
*
Movimiento ambientalista e indigenista: “Ley Orgánica de
Fronteras de Venezuela: atentado contra los parques
nacionales y pueblos indígenas”
*
"Red Alerta Petrolera Orinoco Oilwatch: El Plan
Estratégico de la Nueva PDVSA: Un nuevo salto al abismo"
* Amnistía Internacional: "Cumbre de la ONU: Los derechos humanos, traicionados
por una falta de liderazgo"
 
Agradecemos mencionar la fuente cuando el contenido sea citado o difundido
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EFEMÉRIDES DE DERECHOS HUMANOS EN
OCTUBRE |
Concesión del Premio Nóbel de la Paz
01 Día Internacional de las Personas de la
Tercera Edad
02 Día Interamericano del Agua
04 Día Mundial del Hábitat (1er. lunes)
10 Día Mundial Contra la Pena de Muerte
Masacre de Cantaura, Edo. Anzoátegui (1982)
Día Mundial de la Salud Mental
Día Interamericano del Agua
12 Día Nacional de la Resistencia Indígena
15 Día Internacional de la Mujer Rural
Día Internacional de Reducción de Desastres (2do.
miércoles del mes)
Aniversario de Provea
16 Día Mundial de la Alimentación
17 Día Mundial para la Erradicación de la
Pobreza
18 Día de la Protección a la Naturaleza
24 Día de las Naciones Unidas
Día Mundial de la Información sobre el Desarrollo
24-30 Semana del Desarme
27 Primera elección universal, directa y
secreta en Venezuela (1946)
29 Masacre de El Amparo, Edo. Apure (1988)
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CONTEXTO
Provea. 17 años en la lucha por los derechos
sociales y contra la impunidad |
Este sábado 15 de octubre, Provea celebra su
decimoséptimo aniversario. En 1988, Ligia Bolívar y
Dianorah Contramaestre fundaron esta asociación
civil sin fines de lucro con el objeto de ofrecer
apoyo integral gratuito a colectivos de personas
cuyos derechos sociales fueron atropellados,
brindándoles educación en el campo de los derechos
humanos y promoviendo la documentación,
investigación, monitoreo y divulgación de la
situación de los derechos humanos en el país.
A lo largo de estos años el catálogo de actividades
de Provea es muy amplio: desde haber logrado la
primera condena de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos (Corte IDH) al Estado venezolano
por el caso de El Amparo, hasta participar en la
redacción del Título de Derechos Humanos de la
Constitución de 1999.
Igualmente hay que recordar la defensa jurídica de
algunos casos, como por ejemplo el de los
estudiantes de la Universidad Simón Bolívar, a favor
de la gratuidad de la educación superior y la de
los/as niños/as cardiópatas del Hospital J. M. de
los Ríos, por el derecho a la salud. También se
destaca su participación en el reconocimiento del
estatuto jurídico de los ciudadanos colombianos
solicitantes de asilo en Venezuela y la exitosa
experiencia en el caso de los pensionados y
jubilados de VIASA, a quienes el Estado está
restituyendo sus derechos a la seguridad social
perdidos, gracias a un acuerdo amistoso logrado en
este último año.
Actualmente Provea acompaña la lucha de varias
comunidades como las Nueva Tacagua, Ciudad Miranda y
Yulesca I por el derecho a la vivienda. Este
acompañamiento se realiza desde una perspectiva
integral, aplicando estrategias jurídicas con un
componente formativo que fortalece los mecanismos de
exigibilidad de sus derechos y a la vez promueve el
protagonismo de las propias comunidades.
Esta línea de trabajo se integra a las acciones
emprendidas contra el Estado por daños y prejuicios
causados a los/as ciudadanos/as afectados/as por sus
acciones u omisiones, como por ejemplo, el caso
elevado contra el Instituto Venezolano de los
Seguros Sociales (IVSS) por no brindar atención
adecuada de salud a las víctimas de la intoxicación
masiva ocurrida el 20.03.93 en el Hospital José Antonio Vargas del sector La Ovallera, Edo. Aragua.
Provea también realiza un seguimiento de la
situación de los derechos humanos. Es así que, desde
hace 16 años, publica su Informe Anual sobre la
Situación de los Derechos Humanos en Venezuela,
producto de su investigación sobre 18 derechos
humanos, sobre los cuales realiza propuestas y
exigencias a los poderse públicos. Esta tarea es
complementada por el boletín electrónico Derechos
Humanos y Coyuntura, que se difunde quincenalmente y
cuenta con más de 6.000 destinatarios nacionales,
internacionales, particulares e institucionales.
Además, en su sitio web (http://www.derechos.org.ve)
ofrece a los internautas materiales educativos,
información especializada sobre las distintas
estrategias de exigibilidad de los derechos humanos
y la mayor parte de los documentos publicados por la
organización los cuales pueden ser consultados
gratuitamente.
Provea también se destaca en la organización de
eventos para la promoción y formación de los
derechos humanos: variados foros en los que se
abordan diversos temas de actualidad y el seminario
anual de formación sobre derechos económicos,
sociales y culturales, que desde hace 6 años cuenta
con amplia participación nacional e internacional.
A su vez, Provea contribuye de modo activo en los
espacios de articulación de organizaciones de
derechos humanos, como el Foro por la Vida, la Red
Venezolana de Educación en y para los Derechos
Humanos y el Capítulo Venezuela de la Plataforma
Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y
Desarrollo (PIDHDD).
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CONTEXTO
Noticias del FSM 2006 |
Desde el 21.09.05, se encuentra disponible la herramienta
para inscripción y preparación de actividades en el
Foro Social Mundial (FSM) 2006 policéntrico, en sus
versiones de inglés y castellano.
La nueva herramienta facilitará la preparación de
las actividades conjuntas tanto para el FSM 2006
como de las otras actividades relacionadas con el
proceso. A través de este espacio virtual, las
organizaciones, movimientos, redes, y ONG de todo el
mundo podrán inscribir sus actividades para los 3
eventos policéntricos del VI FSM, que serán
realizados en las ciudades de Bamako (Malí),
Caracas (Venezuela) y Karachi (Pakistán) en enero de
2006 (Minga Informativa de Movimientos Sociales,
21.09.05,
pasalavoz@listas.movimientos.org).
Para utilizar eficientemente esta herramienta, las
personas y organizaciones interesadas deberán seguir
las siguientes instrucciones:
1) Ingresar al sitio web de las inscripciones de
actividades. Hay 2 formas de hacerlo:
a) Directamente en
http://www.wsf2006.org/spanish/spanish.
b) A través del sitio de cada foro policéntrico que
aún están en fase de preparación y donde se podrá
encontrar toda la información sobre el
mismo: Caracas (http://www.forosocialmundial.org.ve),
Bamako (http://www.fsmmali.org)
o Karachi (http://www.wsf2006karachi.org).
2) Inscríbase como individuo;
3) En seguida, haga la inscripción de su
organización;
4) A continuación, rellene el formulario señalando
las actividades que su organización tiene la
intención de realizar en los eventos FSM (opciones
Bamako, Caracas o Karachi) o para el proceso (opción
"General").
Solamente las organizaciones pueden proponer
actividades. En este primer momento, será posible
que las personas de las organizaciones registren
actividades. Después, será posible formar grupos
para discusión de interconexiones entre las diversas
actividades.
Las inscripciones están disponibles en español e
inglés. En breve, estará en línea la versión en
francés.
El sitio web
http://www.wsf2006.org solamente permite la
inscripción y preparación de las actividades para
los 3 eventos. La inscripción y el pago de las
organizaciones, sus delegados/as, participantes
individuales y medios de comunicación se harán en
los sitios web de cada FSM policéntrico.
Las organizaciones inscritas en el sitio de
actividades podrán:
- Invitar a otras organizaciones para preparar
actividades comunes
- Identificar organizaciones interesadas en un
mismo tema
- Buscar organizaciones con tipos de actividades
comunes
- Contactar organizaciones para articulaciones
comunes
- Invitar a organizaciones que tienen intereses
similares a programar actividades conjuntas y/o unir
varias propuestas en solamente una
- Articular actividades simultáneas en uno o más
eventos policéntricos
Para dudas sobre la inscripción de las actividades,
escriba al correo-e:
programa@forumsocialmundial.org.br.
Para información sobre el foro policéntrico América,
ver sitio web:
fsmcaracas@forosocialamericas.org.
Por otra parte, Edgardo Lander, representante del
Consejo Hemisférico del FSM, sostuvo el pasado
27.09.05, una reunión con José Vicente Rangel,
Vicepresidente Ejecutivo, para facilitar información
sobre la organización del FSM, que tendrá lugar en
Caracas, del 24 al 29.01.06 (Vicepresidencia de la
República Bolivariana de Venezuela, 27.09.05,
boletines@vicepresidencia.gov.ve).
Lander señaló que el Consejo Hemisférico del FSM
informó al Vicepresidente Ejecutivo sobre los
detalles del proceso organizativo del FSM y expresó
la necesidad de avanzar en los apoyos logísticos
necesarios para esta actividad: "esperamos que
vengan aproximadamente 80.000 o quizás 100.000
personas a Venezuela. Sería el evento internacional
más numeroso en la historia del país, y esto
obviamente requiere un esfuerzo organizativo, de
infraestructura, instalación de carpas para
reuniones y de acceso a internet, que obviamente
requiere el apoyo público" (Vicepresidencia de la
República Bolivariana de Venezuela, Ídem.).
Añadió que este VI FSM y II Foro Social de las
Américas (FSA), constituirá un escenario de
encuentros significativos: "puesto que se trata de
la presencia en Caracas de miles de representantes
de organizaciones, sobre todo de América, pero de
todo el mundo, que tendrán la oportunidad de ponerse
en contacto con los procesos que ocurren hoy en
Venezuela. Tenemos la confianza de que podrán
enriquecer los debates sobre el proceso
venezolano"(Vicepresidencia de la República
Bolivariana de Venezuela, Ídem.).
Por esta razón, Lander hizo un llamado a las
organizaciones venezolanas para que se informen
sobre el evento para garantizar la formulación de
sus propuestas. Asimismo aseguró que para la
obtención de información están disponibles los
sitios web:
http://www.forumsocialmundial.org.br y
http://www.forosocialmundial.org.ve/, en las cuales
se puede encontrar no sólo datos generales sobre el
evento, sino también detalles sobre el proceso de
preinscripción.
El sociólogo también informó que el llamado
Territorio FSM en Caracas será una franja continua
que abarcará parte del Paseo Vargas, las
instalaciones de Parque Central, el Hotel Caracas
Hilton, los museos de la zona, el Teatro Teresa
Carreño, la Casa del Artista, el parque Los Caobos y
una parte importante de la Universidad Central de
Venezuela y la Universidad Bolivariana.
Para información sobre este evento, puede visitar
también el sitio web de Provea:
http://www.derechos.org.ve/campanas/FSA/IIfsa.htm.
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DERECHOS
ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Comunidades indígenas exigieron el derecho a sus territorios, sin minas ni
ganaderos |
El
pasado 11.10.05 representantes de las comunidades
Wayuu del Socuy, Barí y Yukpa de la Sierra de Perijá,
Edo. Zulia, se concentraron en la Plaza Bolívar de
Caracas con el fin de protestar la entrega de tierras pertenecientes a
estas comunidades a empresas extractoras del carbón.
Leonardo Martínez, líder
Yukpa del sector El Tukuko, Edo. Zulia, señaló que
”estamos rechazando el título de tierra […] porque
[…] es a cambio de (la explotación de) minas de
carbón'' (Aporrea, 12/10/05) -
http://www.aporrea.org/dameverbo.php?docid=67165).
Los/as manifestantes indicaron que para enero del 2006,
3 minas (Socuy, Cachiri y Caño Seco) entrarán en
producción “a pesar de una promesa de Chávez de
revocar las concesiones mineras que causarían daño
al ambiente y a las comunidades indígenas” (Aporrea,
Ídem.).
Angela Aurora, líder Wayuu, explicó que la
explotación de carbón en otras zonas de Zulia ocasionaron la deforestación de miles de hectáreas,
contaminación de ríos y la muerte o la
enfermedad de muchos, a causa de problemas
respiratorios derivados de la presencia de polvo de
carbón en el aire: “la explotación del carbón y es
contaminación para nuestra vida y nuestro ambiente''
(Aporrea, Ídem.).
En un comunicado presentado ante una rueda
de prensa convocada por representantes indígenas,
explicaron que el proceso de
demarcación de tierras y hábitats indígenas es un
fraude porque, afirman, que a la asignación de
tierras le seguirá, paradójicamente, su desalojo con
el fin de permitir la explotación de carbón por
parte de Corpozulia y/o las trasnacionales mineras
(Vale do Rio Doce, Anglo American Coal, Peabody,
Inter American Coal/Chevron, Carbonífera Caño Seco,
Minera MAICCA, Carbones del Perijá, Carboperca,
Carboca y Consulminca).
Igualmente denunciaron que la Misión Guaicaipuro
desestimó la incorporación de los terrenos de
algunas haciendas de Perijá que fueron
autodemarcadas por las comunidades siguiendo la
norma planteada en la ley de demarcación de tierras
y hábitats indígenas, “pese a que los ganaderos […]
están dispuestos a negociar con el Gobierno Nacional
las bienhechurías existentes”.
Asimismo, revelaron que varias comunidades Yukpas
han sido desalojadas a la fuerza de sus territorios
ancestrales por ganaderos con el apoyo de la Guardia
Nacional (GN) y la Fiscalía de Machiques, con el
silencio cómplice del Ministerio del Ambiente y los
Recursos Naturales (MARN), la Comisión de
Demarcación de Tierras y Hábitats, Misión
Guaicaipuro, Defensoría del Pueblo delegación
Maracaibo y Caracas.
Por otra parte, señalan que a la comunidad Wayuu
del Socoy se le ha negado el derecho a la tierra
“por el simple hecho de que en Manao el 14 y
15.09.04 Chávez y Lula a dedo convinieron
asignárselas a Vale do Rio Doce y el estatal
brasileño Banco Nacional de Desarrollo Social
entregó 1.000 millones de dólares americanos a Vale
do Rio Doce/Carbozulia (Carbosuramérica) para
emprender la explotación e infraestructura minera”.
Precisaron que para enero de 2006 se explotará la
mina Socuy, posteriormente, en esta misma zona, las
minas Cachirí y Caño Seco (26 millones de toneladas
anuales), y en el 2007, desde Cachirí hasta Río de
Oro (36 millones de toneladas anuales), con lo que
–afirman-, se impide la recuperación de menos del 1%
del territorio indígena perdido a partir de la
explotación petrolera (1910-1945) y el crecimiento
de la frontera agrícola (1940-1970).
Los denunciantes recuerdan que, en mayo y junio del
presente año, el MARN negó la posibilidad de
explotar minas de carbón aguas arriba de los
embalses, es decir, en las cuencas de los ríos Socuy,
Maché y Cachirí. Además ordenó adecuar las minas del
Guasare a los protocolos ambientales para la
reducción de su impacto socioambiental.
Ante estos hechos, el MARN manifestó su preocupación por el
desalojo de varias familias Wayuu desplazadas del Guasare. Pero, el compromiso estatal que más
recuerdan los/as representantes indígenas fue el
anunciado por el Presidente Hugo Chávez Frías el
11.11.99, cuando en el sector Saimadoyi-Sierra de
Perijá, anunció “rescindir las concesiones que
afecten el ambiente y a los indígenas”.
Por esta razón, los/as voceros/as indígenas le exigieron
al Primer Mandatario “cumplir con su palabra y con
los indígenas. Chávez debe respetar el Informe del MARN”.
Por su parte, Carlos
Eduardo Martínez, presidente de Corpozulia, advirtió
el pasado 11.10.05 que “ningún yacimiento de carbón
esta siendo explotado en la Sierra de Perijá
[porque] el MARN 'acordó el retiro de todas las
concesiones existentes en la zona, debido a la
fragilidad del ecosistema'' (Aporrea, Ídem.).
De acuerdo a la fuente, “el Gobierno está revisando
todas las concesiones y contratos mineros y asegura
que cancelará los acuerdos con las empresas que
mantengan las minas inactivas o que no cumplan con
las leyes”.
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DERECHOS
ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Habitantes
de
Nueva
Tacagua
afectados por deslizamientos de tierra |
Una
habitante de Nueva Tacagua informó
el pasado 07.10.05
a
Provea sobre una situación que, desde la noche anterior, agravó la situación de peligro en la que viven
las
personas de algunos bloques (especialmente los
9 y 10) de la terraza A B, sector C.
Provea pudo comprobar en el lugar de los hechos que
esta situación
representa una violación al derecho
a una vivienda
y a un hábitat dignos, así como una amenaza a su
derecho a la salud y a la vida
(Provea,
07.10.05,
http://www.derechos.org.ve/actualidad/comunicados/notas_prensa_2005/np071005.pdf).
Explicó la residente que ocurrió un hundimiento del
terreno alrededor de estos bloques, presuntamente
por las fallas geológicas presentes en esta zona,
que dañó las tuberías de aguas servidas y afectó la
red eléctrica subterránea ocasionando un incendio.
Rápidamente, las personas afectadas solicitaron la
asistencia de las autoridades públicas. Al sitio se
presentaron funcionarios del Cuerpo de Bomberos del
Municipio Libertador, integrantes de Protección
Civil (PC) y técnicos de la Electricidad de Caracas
(EDC). Los primeros controlaron el incendio,
mientras que PC evaluó la situación y se comprometió
a solventar el problema de las aguas servidas. Por
su parte la EDC, realizó arreglos provisionales de
las averías ocasionadas en el sistema eléctrico.
Conviene destacar que esta situación no es nueva ni
exclusiva de esta zona de la urbanización.
Vecinos de la terraza H, del sector A B, también
detectaron un hundimiento del terreno que sostiene a
los bloques, el cual generó grietas y filtraciones
en las paredes. A ello se le suma el hecho de que no
tienen servicios públicos (agua, electricidad) y que
la vía de acceso está parcialmente obstruida por los
derrumbes. Esta situación provocó
que algunas
de las familias
se mudaran sin la esperanza de ver
resuelta su problemática habitacional.
De acuerdo a una fuente periodística, se informó que
Luis Figueroa, titular del Ministerio para la
Vivienda y Hábitat (MVH), “solicitó la declaración
en emergencia por la situación allí planteada y
propuso una serie de acciones para el desalojo total
de ese sector de la ciudad” (Aporrea, 12.10.05,
http://www.aporrea.org/dameverbo.php?docid=67129).
La decisión fue tomada 3 días después de los hechos
antes descritos, durante una asamblea con la
comunidad de Nueva Tacagua, y fue dada a conocer por
medio de un boletín de prensa del MVH, el cual
reseña que la primera iniciativa que llevará a cabo
este despacho será la colocación de una cartelera en
la entrada de la Terraza A. Esta cartelera servirá
para informar a la población sobre el avance de las
actividades destinadas al desalojo. Entre estas
actividades se tiene previsto realizar una serie de
giras a aquellos sitios en donde el Instituto
Nacional de la Vivienda (INAVI) y el Fondo Nacional
de Desarrollo Urbano (FONDUR) están construyendo
viviendas (Aporrea, Ídem.).
Figueroa indicó que “cuando se realicen las visitas,
una comisión del INAVI asistirá con las actas
redactadas, de manera que si una familia está
interesada en algún apartamento la firme
inmediatamente” (Aporrea, Ídem.).
En segundo término, anunció la instalación del
personal de Adjudicaciones del INAVI en uno de los
módulos de Nueva Tacagua para que revisen los
expedientes de las diversas familias y anoten las
opciones que éstas escojan, bien sea nuevos
urbanismos o compra de viviendas en el mercado
secundario.
Asimismo, hizo un llamado a los Comités de Tierra
Urbana (CTU) y a los Comités para la Transformación del
Hábitat (CPTH) para que presenten sus proyectos en
la Oficina Nacional de Tierras del MVH, pero
advirtió que estos proyectos son más lentos: “las
soluciones serán más rápidas o más lentas, de
acuerdo a cómo la planteen y quiero aclarar que el
INAVI no está en condiciones de comprar un
urbanismo, pero el Banco Nacional de la Vivienda y
Hábitat (BANAVIH) sí” (Aporrea, Ídem.).
Mencionó que si existe una propuesta de venta de
viviendas nuevas por parte de una constructora
privada, los comités de tierras o CPTH deben hacerla
llegar con carácter de urgencia al MVH donde la
tramitarán: “en el plan entrará todo aquél que esté
censado por INAVI. En el caso de aquellas personas
que no aparecen en el censo les aconsejo revisar con
la comunidad zona por zona para que se levante un
acta y sean incluidas” (Aporrea, Ídem.).
Vale recordar que
en 1999, el Presidente de la
República, Hugo Chávez Frías, en un acto simbólico,
ordenó implosionar 2 de los edificios afectados y
prometió que en un año las familias tendrían
viviendas dignas. La realidad es que tales promesas
están lejos de cumplirse. Por el contrario, la
situación de los habitantes de toda la urbanización
ha empeorado.
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DERECHOS
ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Provea adelantó
acciones jurídicas contra FONDUR |
El pasado 13.09.05 Provea, en representación de 4 personas
adjudicatarias de viviendas de la 2da. etapa que
formará parte de la urbanización “Ciudad Miranda”,
ubicada en la ciudad de Charallave, Edo.
Miranda, presentaron un Antejuicio Administrativo
ante la Junta Liquidadora del Fondo Nacional de
Desarrollo Urbano (FONDUR) para demandar por
incumplimiento de contrato a este ente público
(Provea, 14.09.05,
http://www.derechos.org.ve/actualidad/comunicados/notas_prensa_2005/np140905.pdf).
En el año 2004, Carmen Pernía, Irene Gómez, Pedro
Morales, Roy González y Marisela Uzcátegui,
adjudicatarias/o de viviendas de la 2da. etapa de la
urbanización “Ciudad Miranda”, presentaron ante el
Provea una queja ante la mora del FONDUR en cumplir con la obligación contractual de
entregar sus viviendas en los lapsos acordados.
Como organización de derechos humanos, dedicada
específicamente a la promoción y defensa de los
derechos económicos, sociales y culturales (DESC),
Provea procesó las denuncias e inició el
procedimiento jurídico para buscar que el Estado
restituya a estas personas su derecho a una vivienda
adecuada.
La denuncia contra FONDUR se originó por el
incumplimiento del contrato con estas personas, a
las que el organismo estatal había prometido
construir sus viviendas en un lapso de 1 año con una
prórroga de 6 meses. Tras el vencimiento de dicho
lapso en los casos en cuestión, y sin haber obtenido
respuesta alguna de FONDUR sobre la fecha de entrega
de sus viviendas, estas personas decidieron actuar a
favor de la restitución de sus derechos.
Yael Bello, integrante del área de defensa de Provea, explicó que el
Antejuicio Administrativo presentado ante la Junta
Liquidadora de FONDUR el 13.09.05, es un
procedimiento previo a la demanda, a través del que
se le informa a sus autoridades los argumentos que
fundamentan la demanda. Luego de la consignación de
este documento, el organismo lo enviaría a la
Procuraduría General de la República, a fin de que
estudie el caso y se pronuncie sobre la viabilidad
de esta demanda.
Bello aclaró que estos casos tratan de contratos por
viviendas de interés social, lo que significa que
están dirigidos a personas de escasos recursos que
no pueden adquirir viviendas en el mercado
secundario y que, además, el contrato de FONDUR les
prohíbe adquirir otra vivienda sancionándolos con la
disolución del mismo, sin la devolución del monto de
la inicial cancelado.
Siendo un contrato de interés social, el Estado, a
través de FONDUR, debe cumplir con lo establecido en
el artículo 82 de la Constitución, el cual obliga al
Estado a garantizar los medios para que las familias
de escasos recursos accedan a las políticas sociales
y al crédito para la construcción, adquisición o
ampliación de viviendas.
En concreto, los/as denunciantes solicitaron que se le
ordene a FONDUR cumplir forzosamente en especie
con el contrato de promesa de compraventa
celebrado con las adjudicatarias, es decir, la
entrega inmediata de su vivienda a las personas adjudicatarias afectadas por el
incumplimiento. En caso de no poder cumplir estas
condiciones, las denunciantes exigieron que el
organismo público les otorgue una vivienda similar a
las originalmente adjudicadas, en un desarrollo
habitacional cercano o adyacente a la urbanización
“Ciudad Miranda”, bien sea construido por el Fondo o
por constructoras privadas al servicio del mismo,
respetando el precio de venta y las condiciones de
pago estipuladas en el contrato objeto de la
presente acción.
Para conocer más detalles sobre este caso, puede
consultar las denuncias en el sitio web de Provea:
http://www.derechos.org.ve/recursos/alegal/ciudadmiranda/index.htm.
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DERECHOS
ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Discriminación laboral.
Agotados los recursos judiciales nacionales se abre la
posibilidad de elevar caso contra el CNF ante el Sistema
Internacional de
los Derechos Humanos |
La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia del
magistrado Eladio Aponte, desestimó
por “manifiestamente infundado”, un recurso de
casación interpuesto contra un fallo dictado el
pasado 12.05.05 por la Sala N° 7 de la Corte de
Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área
Metropolitana de Caracas, que declaraba sin lugar un
recurso de apelación presentado por las ex
funcionarias del Consejo Nacional de Fronteras (CNF)
Rocío SAN MIGUEL, Magally CHANG y Thaís PEÑA, contra
la sentencia dictada el 04.04.05 por el Juzgado 21º
de 1ra. Instancia en Funciones de Control, que
decretó el sobreseimiento de la causa seguida a José Vicente Rangel y Feijoo Colomine, ex presidente y
Secretario Ejecutivo del CNF, respectivamente
(Tribunal Supremo de Justicia, 29.09.05,
http://www.tsj.gov.ve/informacion/notasprensa/notasdeprensa.asp?codigo=2427).
Como se recordará, San Miguel, Chang y Peña fueron
objeto de despido el 01.05.04, sin existir ninguna
amonestación en sus expedientes ni tampoco algún
proceso de reorganización en el órgano que planteara
una reducción de personal. Al momento de entregarles
las notificaciones Colomine les informó verbalmente
y en forma individual que el despido se producía por
haber firmado la convocatoria a referendum
revocatorio presidencial. Con la asistencia del
Centro de Derechos Humanos de la Universidad
Católica Andrés Bello (CDH UCAB) y Provea, el
22.07.04 acudieron las afectadas al tribunal de
distribución en materia laboral, con el fin de
presentar un recurso de amparo constitucional contra
el presidente de dicho organismo, el actual
Vicepresidente Ejecutivo (Provea, 07.10.05,
http://www.derechos.org.ve/recursos/alegal/cnf/index.htm).
Señaló la fuente del TSJ que, en las 2 primeras
denuncias que fundamentaron el recurso de casación
presentado, la Sala Penal indicó que "las
recurrentes contrariaron el espíritu y propósito del
recurso de casación, establecido en el artículo 462
del Código Orgánico Procesal Penal (COPP), al
referirse conjuntamente en cada una de estas
denuncias a diferentes alegatos y disposiciones
legales, causando confusión y falta de certeza en su
pedimento" (Tribunal Supremo de Justicia, Op. cit.).
En relación a las 2 últimas denuncias presentadas
para fundamentar el recurso de casación, la ponencia
del magistrado Aponte precisó que "se declaran
desestimadas por manifiestamente infundadas estas
denuncias y según el artículo 465 del COPP, porque
las recurrentes no demostraron la utilidad del
recurso de casación y no expusieron en forma clara
sus argumentos" (Tribunal Supremo de Justicia,
Ídem.).
A juicio de una fuente periodística, la decisión de
la Sala Penal pone “fin al proceso penal emprendido
contra el vicepresidente Rangel” (El Universal,
30.09.05, pág. 1/8).
Consultada sobre esta sentencia, San Miguel dijo que “quedó demostrado que el Estado, por órgano de la
Fiscalía, ni siquiera tuvo voluntad para investigar”
(El Universal, Ídem.).
En este sentido, y agotados todos los recursos
ordinarios y extraordinarios establecidos en la
legislación venezolana para reivindicar los derechos
que consideran violados, las afectadas consideran
“que queda abierta la posibilidad de solicitar ante
los organismos internacionales de protección de los
derechos humanos la tutela que no encontraron en los
tribunales del país” (El Universal, 30.09.05,
http://www.eluniversal.com/2005/09/30/pol_art_30106H.shtml).
No obstante, San Miguel destacó que prefiere
analizar la situación con detenimiento sin descartar
“acudir a la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH). En ello las seguirían acompañando el
CDH UCAB y Provea” (El Universal, Ídem.).
|
DERECHOS
ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
En
vigencia Ley del Régimen Prestacional de Empleo |
En la Gaceta Oficial Nº.38.281 del 27.09.05, la Asamblea
Nacional (AN) publicó la Ley del Régimen
Prestacional de Empleo (LRPE) (El Universal,
29.09.05,
http://www.eluniversal.com/2005/09/29/eco_art_29204A.shtml),
la cual fue objeto de debate en 2da. discusión por
parte de la plenaria el pasado 20.07.05 (ver edición
Nº 158 de este boletín en el sitio web:
http://www.derechos.org.ve/actualidad/coyuntura/2005/coyuntura_158.htm#09).
Con la entrada
en vigencia de este nuevo instrumento las personas
que se queden sin trabajo tendrán una prestación por
5 meses equivalente a 60% del monto resultante de
promediar el salario de cotización de los últimos 12
meses. El instrumento también establece que la
cotización al sistema será 2,50% del salario normal
devengado por el trabajador y no el salario de
cotización. De esa cantidad 80% dará el patrono y
20%, el empleado (El Universal, Op. cit.).
La fuente destacó que “la LRPE permite a los
trabajadores no dependientes cotizar al sistema,
pero tienen que aportar la contribución completa, la
excepción se realiza a los empleados de bajos
ingresos. El instrumento indica que el Estado
subsidiará 50% de la cotización y mediante
resolución especial se establecerá la forma de
determinación del ingreso, cálculo de la cotización
así como las condiciones para percibir las
prestaciones dinerarias y el porcentaje de los
subsidios”.
Estas contribuciones serían depositadas en un fondo
y esos recursos utilizados por la tesorería de
seguridad social (cuando se constituya) para el pago
de las prestaciones. La ley indica que el dinero no
podrá ser transferido a otros fondos ni asignado a
otros fines. De existir un superávit, los recursos
permanecerán en el fondo para atender los déficits
futuros.
Asimismo, agregó la fuente, se crea un fondo no
contributivo que recibirá los aportes anuales del
Gobierno y con ese dinero se ejecutarán programas y
servicios de capacitación y se darán incentivos a la
ocupación productiva de la población con
dificultades especiales y a la red de servicios
de atención integral.
Por otra parte, precisó la fuente que la LRPE
propone la creación de los comités comunitarios de
activación socioproductiva, los cuales se encargarán
de tramitar las denuncias de las personas y
verificar que los trabajadores estén inscritos en el
régimen de seguridad social. Estos comités
promoverán la participación y la organización social
de la población; participarán en la discusión
pública de las políticas, planes y programas
dirigidos a los amparados por el esquema; ejercerán
la contraloría social de la gestión de las
instituciones; tramitarán ante las autoridades
competentes las denuncias; realizarán diagnósticos
sobre la situación de ocupación productiva y de las
capacidades humanas.
Detalló la fuente, además, que con la LRPE se crea
una red de servicios de atención integral para los
desempleados para lograr su inserción productiva.
Los servicios se activarán para la promoción de
programas de capacitación que le permitirán al
desempleado el desarrollo de diversas competencias
socioproductivas, asesorarán en la reconversión
laboral destinada a facilitar el cambio de oficio y
desarrollarán la intermediación laboral para
proporcionar el empleo adecuado, y orientarán los
servicios que ofrecen los institutos de los
regímenes.
|
DERECHOS
ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Cumbre Nacional Sindical expresó condena a artículo de
reforma parcial del Código Penal |
El pasado
27.09.05 dirigentes sindicales de los Edos.
Aragua, Carabobo, Zulia, Guárico y el Distrito
Capital, acordaron recoger firmas para solicitar
a la Asamblea Nacional (AN) la modificación de
la norma contenida en el artículo 9, sección II
de la reforma parcial del Código Penal (CP), que
penaliza el derecho a manifestar del movimiento
laboral (Correo del Caroní, 28.09.05, pág. A/6).
La decisión fue acordada en el marco de la 1ra.
Cumbre Nacional Sindical efectuada en Ciudad
Guayana, Edo. Bolívar, durante la última semana
de septiembre. A fin de materializar la
recolección de firmas, los representantes del
movimiento obrero presentes decidieron
designaría un equipo técnico con competencia
nacional para llevar adelante esta iniciativa de
los trabajadores venezolanos (Correo del Caroní,
Ídem.).
El rechazo a este artículo del proyecto de ley,
en proceso de discusión por parte de la AN, se
basa en la penalización del derecho a manifestar
de los trabajadores/as con prisión de
16 a 18 años.
Señala el proyecto de ley que será sancionado
con dicha pena quien “ejecute
una actividad tendiente a interrumpir el
correcto desempeño o la normal actividad de una,
o varias, de las empresas básicas o estratégicas
del Estado”
(Asamblea Nacional, 07.10.05,
http://www.asambleanacional.gov.ve/ns2/leyes.asp?id=687).
La condena a esta norma fue compartida tanto
por dirigentes sindicales afectos al gobierno,
como por quienes le adversan (ver edición Nº 157
de este boletín en el sitio web de Provea:
http://www.derechos.org.ve/actualidad/coyuntura/2005/coyuntura_157.htm#09).
Ambos sectores del espectro sindical nacional
calificaron a esta norma como una propuesta
desproporcionada, porque permitiría imputar a
los trabajadores y su dirigencia por acciones de
estricto carácter sindical (Provea, Ídem.).
|
DERECHOS
ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Indicadores del derecho a la educación a la luz de la
perspectiva de género |
Según María Luz Monte, vocera de la Comisión Presidencial de
Misión Robinson, más del 55% de las personas
alfabetizadas por esta misión educativa son mujeres
(Gobierno en Línea, 09.09.05,
http://www.gobiernoenlinea.gob.ve/noticias/viewNewsUser01.jsp?id_noticia=40063).
A su juicio, esto representa un avance considerable
debido a que alrededor del género femenino se
desarrolla un círculo vicioso en el área social:
“aquellas mujeres que no tienen la posibilidad
de recibir estudios obtienen trabajos poco remunerados
y por ende sus familias son mal atendidas […] los/as
hijos/as de estas mujeres [...] pasan mucho
tiempo en la calle, no son atendidos adecuadamente
porque las madres trabajan largas jornadas"
(Gobierno en Línea, Ídem.).
Asimismo, la funcionaria aseguró que cuando estas
mujeres son alfabetizadas “les nace el deseo de que
sus hijos/as también se incluyan en este proceso de
aprendizaje, porque se les desarrolla unas nueva
visión de la vida que repercute en todo su ámbito
social” (Gobierno en Línea, Ídem.).
No obstante, en contraste con esta situación
nacional, el panorama mundial de la paridad de niños
y niñas en la educación se presenta desalentador en
términos cuantitativos. Datos preliminares del
Informe de Seguimiento de Educación para Todos 2006
(EPT), de próxima publicación, muestran que al menos
94 países han fallado en el objetivo de escolarizar
a tantas niñas como varones en 2005 (Organización de
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y
la Cultura, 15.09.05,
http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=28914&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html).
La noticia fue dada a conocer públicamente a través
de una declaración común de la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO), la Campaña Mundial por la
Educación y el Movimiento Mundial en favor de la
Infancia.
Las instituciones revelaron datos que muestran que
94 países no han conseguido eliminar las
disparidades entre los sexos, mientras que un
Informe anterior publicado en 2004 preveía que
solamente 71 países no iban a alcanzar este
objetivo. Con esta situación, advirtieron, es
preocupante el futuro de los Objetivos de Desarrollo
del Milenio en materia de educación y los progresos,
o su ausencia, en el cumplimiento del objetivo de
escolarizar de aquí a 2015 a los 100 millones de
niños, 57% de ellos niñas, que actualmente están sin
escolarizar (Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Ídem.).
Esta declaración es producto de una unión inédita de
grandes entidades de la sociedad civil activas en la
esfera de la educación con una institución del
sistema de Naciones Unidas, que se asociaron para
atraer la atención sobre la ausencia de progreso en
la realización de un objetivo fundamental de la ONU
(Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura, Ídem.).
|
DERECHOS
ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Indicadores
del derecho a la alimentación y al salario justo |
|
|
Índice de Precios al Consumidor |
|
Mes |
Tasa de Variación Mensual |
Tasa de Variación intermensual |
Tasa de Variación
Acumulada 2005 |
Variación Anualizada 2004/2005 |
|
Enero |
1,9 |
X |
X |
18,5 |
|
Febrero |
0,2 |
- 1,7 |
2,1 |
16,9 |
|
Marzo |
1,2 |
1 |
3,3 |
15,8 |
|
Abril |
1,3 |
0,1 |
4,7 |
15,8 |
|
Mayo |
2,5 |
1,2 |
7,4 |
17,4 |
|
Junio |
0,6 |
- 1,9 |
8 |
15,9 |
|
Julio |
0,9 |
0,3 |
8,9 |
15,3 |
|
Agosto |
1 |
0,1 |
9,9 |
14.9 |
|
Septiembre
(*) |
1,5▲ |
0,5▲ |
11,6▼ |
16 ▼ |
Fuente: Banco Central de Venezuela (BCV)
Nota: (*) Banco Central de Venezuela, 01.10.05,
http://www.bcv.org.ve/c4/notasprensa.asp?Codigo=4359&Operacion=2&Sec=False
El Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Área
Metropolitana de Caracas registró en el mes de
septiembre un comportamiento resultado de una
aceleración en el crecimiento de los precios en los
bienes y servicios sujetos a control y regulación
(de 0,9% a 2,3%); debido principalmente, al ajuste
realizado en servicios de educación (14,1% en
preescolar y básica, 9,5% en secundaria y 14,2% en
superior). En contraposición, los productos no
controlados registraron una menor tasa de variación
que en el mes precedente (de 1,0% a 0,7%).
Al analizar el IPC según las agrupaciones que lo
integran se observa que las categorías que
registraron mayores variaciones de precios en
septiembre fueron: Servicios de educación (12,4%),
Bebidas alcohólicas y tabaco (4,4%), Comunicaciones
(2,9%) y Transporte (1,5%).
Por el contrario, 7 grupos registraron variaciones
inferiores a 0,5%: Equipamiento del hogar, Alquiler
de viviendas, Bienes y servicios diversos, Salud,
Servicios de la vivienda excepto teléfono, Vestido y
calzado y Esparcimiento y cultura.
Los servicios, en su conjunto, registraron en
septiembre una variación de precios superior a la
del mes anterior, al pasar de 0,8% a 2,5%; para los
bienes, por el contrario, se observó una tasa de
crecimiento muy por debajo de la alcanzada para el
mes de agosto pasado (de 1,1% a 0,5%).
|
Canasta Alimentaria Normativa |
|
MES |
Valor Mensual
(en bolívares) |
Tasa de Variación
Intermensual
(en %) |
Tasa de Variación
Acumulada 2005
(en
%) |
Tasa de
Acumulación
Interanual 2004/2005
(en %) |
Déficit del Poder Adquisitivo (*)
(en %) |
|
Enero |
350.487,15 |
1,54
(5.320,10 bolívares) |
1,54 |
17,14 |
8,3 |
|
Febrero |
349.369,61 |
-0,31
(- 1117,39
bolívares) |
0,45 |
14,99 |
8 |
|
Marzo |
350.958,75 |
0,45
(471 bolívares) |
1,99 |
13,81 |
8,4 |
|
Abril |
350.903 |
0,02
(54,97 bolívares) |
2 |
12,13 |
8,4 |
|
Mayo |
359.606,42 |
2,48
(8.702,64 bolívares) |
4,48 |
13,53 |
- 12,6 |
|
Junio |
369.432,22 |
2,73
(9.827,80 bolívares) |
7,21 |
14,70 |
- 9,6 |
|
Julio |
374.629,49 |
1,41
(5.197,27 bolívares) |
8,54 |
14,87 ▲ |
- 8,10 |
|
Agosto (**) |
380.673,52 ▲ |
1,61 ▲
(6.044 bolívares) |
8,56 |
X |
- 6,39 |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)
Notas: (*) Déficit del poder adquisitivo de 1
salario mínimo mensual (321.235,20 bolívares hasta
el 30.04.05 y
405.000 bolívares a partir del
01.05.05).
(**)Instituto Nacional de Estadística,
13.09.05,
http://www.ine.gov.ve/ine/indexine.asp#.
|
Canasta Alimentaria de los Trabajadores |
|
MES |
Valor Mensual
(en bolívares) |
Tasa de Variación
Intermensual |
Tasa de Variación
Acumulada 2005 |
Déficit del Poder Adquisitivo (*)
(en %) |
|
Enero |
547.065 |
X |
0,2 |
41,2 |
|
Febrero |
558.620 |
2,1
(11.555 bolívares) |
2,3
(12.637 bolívares) |
42.4 |
|
Marzo |
559.907 |
0,2
(1.287 bolívares) |
2,5
(13.924 bolívares) |
42,4 |
|
Abril |
568.080 |
1,5
(8.173 bolívares) |
4
(22.097 bolívares) |
43,4 |
|
Mayo |
576.934 |
1,6
(8.854 bolívares) |
6
(30.951 bolívares) |
29,8 |
|
Junio |
598.271 |
3,7
(21.337 bolívares) |
9,6
(52.288 bolívares) |
32,3 |
|
Julio |
605.547 |
1,2
(7.276 bolívares) |
10,8
(59.564 bolívares) |
33,1 |
|
Agosto |
611.812 |
1
(6.265 bolívares) |
11,8
(65.829 bolívares) |
33,8 |
|
Septiembre
(**) |
613.043 ▲ |
0,2▼
(1.231
bolívares) |
12,3
(67.060 bolívares) |
34 ▲ |
Fuente: Centro de Documentación y Análisis para los
Trabajadores (CENDA)
Notas: (*) Déficit del poder adquisitivo de 1
salario mínimo mensual (321.235,20 bolívares hasta
el 30.04.05 y
405.000 bolívares a partir del
01.05.05)
(**) Centro de Documentación y
Análisis para los Trabajadores, 03.09.05,
cenda_ac@cantv.net.
Según el boletín mensual del CENDA, la baja en el
rubro frutas y hortalizas fue determinante en el
costo total de la Canasta Alimentaria de los
Trabajadores (CAT), sólo este rubro bajó 7.723
bolívares (5,9%), luego de alzas significativas
durante los meses de abril, mayo y junio por ser
productos estacionales (El Universal, 04.10.05,
http://noticias.eluniversal.com/2005/10/04/eco_art_04204E.shtml).
Desde septiembre de 2004 el alza de la CAT es de
20,2% (103.111 bolívares).
En la variación de la CAT influyó el incremento de
los precios registro en 8 rubros. Las raíces,
tubérculos y otros aumentaron 6,5%, los productos
alimenticios también se incrementaron 6,5%, las
grasas y aceites subieron 2,9%, mientras que carnes
y sus derivados los hicieron en 2,2% y bebidas
alcohólicas en 1,6% (El Universal, Ídem.).
En el de productos alimenticios subió la mayonesa
(10%), vinagre (4,0%), salsa de tomate (1,0%).
De las carnes y sus preparados subió el largato
(12%), carne de cochino (5,0%), hígado de res
(2,0%), carne de res molida (2,0%), jamón (1,0%) (El
Universal, Ídem.).
La fuente destacó que desde junio, CENDA incluyó en
su muestra de precios los productos de Mercal y en
este sentido, destacan el desabastecimiento en los
últimos 30 días de productos alimenticios en
diferentes locales de esta red estatal.
|
Canasta Básica de los Trabajadores |
|
MES |
Valor Mensual
(en bolívares) |
Tasa de Variación
Intermensual |
Tasa de Variación Acumulada |
Déficit del
Poder Adquisitivo (*)
(en %) |
|
Enero |
X |
X |
X |
X |
|
Febrero |
X |
X |
X |
X |
|
Marzo |
1.423.926 |
X |
X |
X |
|
Abril |
1.444.144 |
1,4
(20.269 bolívares) |
4,1
(52.503 bolívares) |
55,5
(801.673,60 bolívares) |
|
Mayo |
1.460.754 |
1,1
(16.610 bolívares) |
5,2
(69.113 bolívares) |
44,5
(650.754 bolívares) |
|
Junio |
1.484.999 |
1,7
(24.245 bolívares) |
6,7
(93.358 bolívares) |
45,4
(674.999 bolívares) |
|
Julio |
1.501.436 |
1,1 ▼
(16.437 bolívares) |
7,8 ▼
(109.795 bolívares) |
46 ▲
(691.436 bolívares) |
|
Agosto
(**) |
1.540.959
▲ |
2,6 ▲
(39.593 bolívares) |
10,7
(149.318 bolívares) |
47,4
(730.959 bolívares) |
|
Septiembre
(***) |
|
|
|
|
Fuente: Centro de
Documentación y Análisis para los Trabajadores (CENDA)
Notas: (*) Déficit del poder adquisitivo de 2
salarios mínimos mensuales (321.235,20 bolívares x 2
= 642.470,40 bolívares hasta el 30.04.05 y 405.000
bolívares x 2 = 810.000 a partir del
01.05.05).
(**) Centro de Documentación y
Análisis para los Trabajadores, 05.09.05,
cenda_ac@cantv.net.
|
Canasta Básica Familiar |
|
MES |
Valor Mensual
(en bolívares) |
Tasa de Variación
Intermensual |
Déficit del Poder Adquisitivo (*)
(en %) |
|
Enero |
1.509.514 |
X |
57,4 |
|
Febrero |
1.516.038 |
0,4
(6.524 bolívares) |
57,6 |
|
Marzo |
1.519.299 |
0,2
(3.261 bolívares) |
57,7 |
|
Abril |
1.530.009 |
0,7
(10.710,06 bolívares) |
58 |
|
Mayo |
1.541.789 |
0,7 |
47,4
(731.789 bolívares) |
|
Junio |
1.560.147 |
1,2
(18.358 bolívares) |
48
(750.147 bolívares) |
|
Julio |
1.572.955 |
0,8
(12.808 bolívares) |
49
(762.955 bolívares) |
|
Agosto |
1.580.491 |
0,47
(7.536 bolívares) |
48,2
(770.491 bolívares) |
|
Septiembre
(**) |
1.587.613 ▲ |
0,44 ▼
(7.122 bolívares) |
48,9 ▲
(777.613 bolívares) |
Fuente: Centro de Documentación y Análisis Social de
la Federación Venezolana de Maestros (CENDAS)
Notas: (*) Déficit del poder adquisitivo de 2
salarios mínimos mensuales (321.235,20 bolívares x 2
= 642.470,40
bolívares hasta el 30.04.05 y
405.000 bolívares x 2 = 810.000 a partir del
01.05.05).
(**) Datos extraído de El Nacional,
04.10.05, pág. A/18.
Según el CENDAS, el rubro que registró un mayor
aumento fue educación (2,7%), que pasó de 129.568 a
133.103 bolívares como consecuencia del inicio del
año escolar (El
Nacional, Ídem.).
Otros componentes de la canasta que reflejaron
aumento fueron los alimentos y vestido y calzado
(0,4% c/u) y los artículos de higiene personal y
limpieza del hogar con 3% . Los precios de la
vivienda (alquiler popular) y los servicios públicos
básicos (luz, agua, teléfono, gas y transporte) se
mantuvieron estables (El
Nacional, Ídem.).
|
DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
PNUD
presentó Informe 2005 del IDH. Venezuela desciende por
conflicto político de 2003 |
El pasado 07.09.05, una semana antes de que se reunieran en
Nueva York, para la Cumbre Mundial
de 2005 de la Organización de las Naciones Unidas
(ONU), donde revisaron el progreso alcanzado en
relación con los Objetivos de Desarrollo del Milenio
(ODM) (ver sitio web oficial en
http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/), fue
entregado a los jefes de Estado y de Gobierno, el
Informe sobre Desarrollo Humano 2005 del Programa de
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) (Programa
de Naciones Unidas para el Desarrollo, 07.09.05,
http://www.undp.org/spanish/).
El Informe pidió cambios drásticos y rápidos en
términos de políticas mundiales de ayuda, comercio y
seguridad, a fin de cumplir con las promesas hechas
por la comunidad internacional durante la reunión de
los líderes mundiales que se celebró 5 años atrás y
en la que abordaron estos problemas.
A este propósito, Kemal Dervis, Administrador del
PNUD, señaló que “el mundo tiene el conocimiento,
los recursos y la tecnología para terminar con la
extrema pobreza, pero el tiempo se está acabando” (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo,
07.09.05,
http://www.undp.org/spanish/).
El Informe señala que el desarrollo humano está mejorando, aunque a un ritmo demasiado lento como
para lograr los ODM. Entre las conclusiones
fundamentales se destaca que:
• 50 países, con una población combinada
cercana a los 900 millones de personas, retroceden
en al menos 1 de los ODM.
• Otros 65 países, con una población
combinada de 1.200 millones de personas, corren el
riesgo de no cumplir con al menos uno de los ODM
hasta pasado el año 2040. En otras palabras, podrían
no cumplir
la meta durante una generación completa.
• En 2015, según las tendencias actuales, habría 827
millones de personas viviendo en condiciones de
extrema pobreza, es decir 380 millones más que si se
hubiera cumplido con la meta acordada por la
comunidad internacional. Otros 1.700 millones
vivirían con 2 dólares al día.
• Según las actuales tendencias, el objetivo de
reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años
se cumpliría en 2045, no en 2015, es decir 30 años
después. En el próximo decenio, el costo humano
acumulativo de no cumplir con la meta se podría
traducir en un aumento de 41 millones de muertes
infantiles.
• En 2015, 47 millones de niños seguirían sin
asistir a la escuela.
• En lugar de reducir a la mitad los 1.000 millones
de personas que carecen de acceso a agua potable,
según las tendencias actuales, en 2015 en el mundo
aún habrá 210 millones de personas que no lograrán
este objetivo. En el mismo año, más de 2.000
millones de personas no contarán con saneamiento
adecuado (Programa de Naciones Unidas para el
Desarrollo, 07.10.05,
http://hdr.undp.org/reports/global/2005/espanol/pdf/presskit/HDR05_PR1SP.pdf).
De acuerdo al PNUD, el Informe señala que “la
desigualdad extrema pone freno al progreso hacia los
ODM y otros objetivos más amplios del desarrollo
humano. El Informe destaca la envergadura de la
división internacional en cuanto a riquezas: el 40%
más pobre de la población mundial, es decir 2.500
millones de personas que viven con menos de 2
dólares al día, recibe sólo el 5% del total del
ingreso mundial” (Programa de Naciones Unidas para
el Desarrollo, Ídem.). Por otra parte, “la
desigualdad al interior de los países también
debilita el vínculo entre crecimiento económico y
reducción de la pobreza, en sociedades altamente
desiguales, el crecimiento podría tener un efecto
muy moderado en la pobreza” (Programa de Naciones
Unidas para el Desarrollo, Ídem.).
En este sentido, el Informe advierte que “el
crecimiento económico por sí solo será insuficiente
para permitir que la mayoría de los países logren el
Objetivo de reducir la pobreza a la mitad. Por lo
tanto, es necesario poner mucha más atención en
crear condiciones para que los pobres puedan
aumentar su participación en el ingreso nacional
futuro” (Programa de Naciones Unidas para el
Desarrollo, Ídem.).
Desde 1990, el PNUD encargó la tarea de
realizar este Informe a un equipo independiente de
expertos/as, quienes se apoyan en un concepto de
Desarrollo Humano que trasciende los indicadores del
ingreso per cápita y evalúa también factores tales
como la libertad, la dignidad y la iniciativa, es
decir, la función que las personas desempeñan en el
desarrollo. En este Informe se sostiene que el
desarrollo, más que aumentar el ingreso nacional, es
en última instancia “un proceso destinado a ampliar
las alternativas de la gente” (Programa de Naciones
Unidas para el Desarrollo, 07.10.05,
http://hdr.undp.org/reports/global/2005/espanol/pdf/presskit/HDR05_PR1SP.pdf).
Caso Venezuela
Como es usual, el Informe del PNUD incluyó el Índice
de Desarrollo Humano (IDH) de los países y sus
avances o retrocesos hacia la consecución de los ODM.
El IDH es un indicador que cubre 3 dimensiones del
bienestar humano: el ingreso, la educación y la
salud, y este año incluye datos, en su mayoría de
2003.
Según el PNUD, el IDH de Venezuela correspondiente
al año 2003 es de 0,772, 6 centésimas por debajo del
calculado por el Informe 2004 sobre la base de datos
del año 2002 (0,778), lo que la coloca en la
posición 75 (Programa de Naciones Unidas para el
Desarrollo, Ídem.), 7 peldaños por debajo del lugar
que ocupaba en el Informe del año pasado (68) (ver
edición Nº 140 de este boletín en el sitio web de
Provea:
http://www.derechos.org.ve/actualidad/coyuntura/2004/coyuntura_140.htm#05).
A pesar de este descenso durante 2003, Venezuela
permanece en el grupo de países con desarrollo
humano medio y con un marcado progreso en su
tendencia de IDH registrada desde 1975. Según el
Informe, el IDH venezolano en ese año se calculó en
0,718, mientras que en el siguiente quinquenio llegó
a 0,732. Para 1985 era 0,740 y en 1995 fue 0,767.
Sin embargo, los datos de 2003 que se trabajaron
para el Informe 2005, muestran que para ese año el
IDH llegó al mismo puntaje de del Informe 2000
(Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo,
Ídem.).
Explicó un comunicado público de la oficina del PNUD
en Venezuela, que el descenso registrado en el
Informe 2005 responde a 2 factores principales: “una
caída en el Producto Interno Bruto per cápita de
US$5.485 a US$ 4.919 (comprensible por la crisis
política, económica y social que vivió Venezuela en
el 2003, luego de sufrir una huelga petrolera) y
cambios relacionados con otros países (algunos, como
Dominica, Grenada y Omán) que ascendieron de puesto
en el Informe 2005 debido a mejoras significativas
en uno o más componentes del IDH” (Programa de
Naciones Unidas para el Desarrollo, 07.10.05,
http://www.pnud.org.ve/noticias/pnud/Nota20050907331.asp).
Por otra parte, subrayó la fuente que “cuando se
usan datos comparables y la misma cobertura de
países, el valor y el puesto recalculado del IDH
para Venezuela en el Informe 2004 habrían sido,
respectivamente, 0,778 (comparado con 0,772 en el
Informe 2005) y 72 (comparado con 75 en el Informe
2005), en lugar del puesto 68 con el que apareció en
el Informe 2004. Esto implica que, con un valor de
IDH ligeramente menor, el puesto para Venezuela
habría caído sólo 3 posiciones (y no 7) entre los
Informes 2004 y 2005” (Programa de Naciones Unidas
para el Desarrollo, Ídem.).
Asimismo, resaltó que no obstante la importante
caída del ingreso per cápita durante 2003,
“observamos que la esperanza de vida en el país
subió de 72,7 a 72,9 años y que tanto la
alfabetización en adultos como la matriculación
escolar combinada se mantuvieron en el mismo nivel
del año anterior (93% y 75%, respectivamente)”
(Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo,
Ídem.).
Otros indicadores destacados por otras fuentes
periodísticas tienen que ver con el umbral de
pobreza de ingresos en Venezuela, el cual ocupa el
31,3% de la población, mientras que un 32% sobrevive
con 2 dólares y un 15% con 1 dólar (similar al del
Informe 2004), lo que contribuye que se constate un
22% de personas desnutridas y que un 7% de los niños
nazca con menos peso de la media (El Universal,
07.09.05,
http://www.eluniversal.com/2005/09/07/pol_ava_07A609193.shtml).
En cuanto a la salud, la fuente destacó que el
Informe señala que se destinó el 2,3% del PIB en el
año 2002. Además, que Venezuela tiene 194 médicos
por cada 100.000 habitantes, mientras que la tasa de
mortalidad infantil es de 16 por cada 1.000 nacidos
vivos y de 18 en menores de 5 años (El Universal,
Ídem.).
Por otra parte, un 32% de la población venezolana
carece de acceso sostenible a saneamiento mejorado y
un 27% al acceso a fuentes de agua potable (El
Universal, Ídem.). En el indicador Incidencia del
VIH/SIDA, Venezuela registró una incidencia del 0,7%. En cuanto a
la educación, la tasa de alfabetización de jóvenes
entre 15 y 24 años fue es del 97,2%, aunque la
matriculación en primaria es del 91% y del 59% en
secundaria (El Universal, Ídem.).
Con respecto a las Prioridades del Gasto Público (%
del PIB), el Informe reportó que en salud fue de 2,3
en 2002, mientras que en servicio de la deuda, fue
de 10,4 en 2003 (Programa de Naciones Unidas para el
Desarrollo, Op. cit.).
En cuanto al Índice de Desarrollo relativo al Género
(IDG), Venezuela mejoró su clasificación situándose
en el puesto 58, con un valor del 0,765. Dicho
indicador se extrae del análisis de la esperanza de
vida al nacer (año 2003), el cual calculó el Informe
2005 para las Mujeres: 75,9, y los Hombres: 70,0; de
la Tasa de alfabetización en adultos (% de 15 años y
mayores), que reportó en 2003 para las Mujeres: 92,7
y para los Hombres: 93,3; de la Tasa de
matriculación bruta combinada en enseñanza primaria,
secundaria y terciaria, que registró para el lapso
2002/03 en las Mujeres: 76% y los Hombres: 73%; y
del Cálculo de los ingresos percibidos (PBI en US$)
durante el año 2003, para las Mujeres: 2.890 y para
los Hombres: 6.929 (Programa de Naciones Unidas para
el Desarrollo, Op. cit.).
En cuanto a la respuesta gubernamental ante los
datos reportados por esta edición del Informe del
PNUD, conviene destacar que Aristóbulo Istúriz,
titular del Ministerio de Educación y Deportes (MED)
y presidente del Gabinete Social, observó que “como
era de esperarse, los acontecimientos políticos de
2003 interrumpieron el ritmo ascendente mantenido
por el país desde los fines de la década del 90. Una
vez que los mismos fueron superados, Venezuela
retomó la tendencia ascendente, como puede
comprobarse si analizamos los datos del año 2004,
que se profundizan con los datos del primer semestre
del año 2005" (Gobierno en Línea, 128.09.05,
http://www.gobiernoenlinea.gob.ve/noticias/viewNewsUser01.jsp?id_noticia=40123).
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DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Mecanismos para garantizar la seguridad en el sector
rural pueden volverse contraproducentes |
Según el comandante Héctor Herrera, miembro del Comité
Académico del Comando de la Reserva, dicho
componente “estará a la orden del Presidente [de la
República] para garantizar el resguardo de las
tierras que serán expropiadas dentro de la guerra
contra el latifundio adelantada por el Gobierno” (El
Mundo, 26.09.05, pág. 2).
De acuerdo con la fuente “este ofrecimiento fue
realizado al Ministro de Agricultura y Tierras (MAT),
Antonio Albarrán”. Por su parte, precisó que este
componente, que se ha valorado como un complemento
del Ejército, aparece como una de las innovaciones
de la nueva Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas
Nacionales (FAN). Este nuevo marco jurídico también
prevé la conformación de la Guardia Territorial que
estaría constituida por “el pueblo organizado para
la resistencia local ante cualquier ataque interno o
externo” (El Mundo, Ídem.).
El anuncio de la aplicación de estas medidas
hecho por Herrera fue secundado por Braulio Álvarez,
dirigente campesino y candidato a diputado de la
Asamblea Nacional (AN) por el Edo. Yaracuy
(Movimiento Quinta República) quien aseguró que “la
actuación de la Reserva Militar y la creación de
brigadas campesinas (en proceso) son parte del
operativo de seguridad desplegado por el Gobierno
para evitar las confrontaciones violentas entre los
terratenientes y las cooperativas instaladas en los
terrenos recuperadas por el Instituto Nacional de
Tierras (INTI) en el marco de la lucha contra el
latifundio” (El Mundo, 27.09.05, pág. 2).
Añadió Álvarez que “están en proceso de creación las
brigadas de campesinos que actuarán bajo el mando de
las fuerzas castrenses para preservar la seguridad
en las tierras […] ‘En cada asentamiento rural se
crean elementos de protección para que no exista
confrontación entre las cooperativas que allí se
están instalando y las personas que en alguna
oportunidad estuvieron usufructuando esos terrenos’”
(El Mundo, Ídem.).
De acuerdo a la fuente, “las medidas de seguridad
ahora en ejecución, fueron acordadas con el
Presidente Hugo Chávez hace un mes, luego de un
taller sobre seguridad agraria realizado en el
Palacio de Miraflores” (ver edición Nº 159 de este
boletín en el sitio web de Provea:
http://www.derechos.org.ve/actualidad/coyuntura/2005/coyuntura_158.htm#19).
Ante estas informaciones, Provea insiste en sus
señalamientos acerca de la potencial situación de
peligro que representa la creación de tales unidades
paramilitares. A su juicio, este tipo de planes en
vez trabajar en la disminución de la violencia en el
campo y garantizar la seguridad, pudiera
incrementarla (ver edición Nº 150 de este boletín en
el sitio web de Provea:
http://www.derechos.org.ve/actualidad/coyuntura/2005/coyuntura_150.htm#06).
El otorgar porte de armas y armas a civiles para que
asuman la seguridad ciudadana, puede conllevar a
abusos por uso indiscriminado de las armas. De la
misma manera puede dar pie a la actuación de grupos
que, al margen del control estatal, asuman el
ejercicio de la justicia por su cuenta.
La seguridad ciudadana es responsabilidad del Estado
que, si bien puede incorporar a civiles para que
cooperen, no debería implicar la distribución de
armas para descargar en ellos la responsabilidad
fundamental de preservar la seguridad, porque
representaría una privatización de hecho del derecho
a la seguridad ciudadana.
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DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Además de retirar a la pequeña minería ¿el Gobierno
también revocará las concesiones y contratos mineros a
las empresas transnacionales? |
En un comunicado hecho público el pasado 01.10.05, las
organizaciones ambientalistas Sociedad de Amigos en
Defensa de la Gran Sabana (AMIGRANSA), la Asociación
de Vigilantes Voluntarios Frontera Gran Sabana (AVVA),
la Fundación de Monitoreo Minero, el Informativo
Revuelo y la Red Contra la Minería en la Cuenca del
Río Caroní, aseguraron estar “muy atentas con los
operativos y anuncios hechos por el Gobierno
Nacional, supuestamente para eliminar la minería en
la Cuenca del Río Caroní” (Sociedad de Amigos en
Defensa de la Gran Sabana, 01.10.05,
amigransa@cantv.net).
Las organizaciones afirmaron que, a lo largo de las últimas décadas, presenciaron “diversos
operativos espasmódicos para eliminar la actividad
minera artesanal, llamada de ‘garimpeiros’, y de una
que otra actividad de ‘chupadora y balsa’,
responsables de contaminación y deforestación, mas
no la de grandes compañías mineras nacionales y
transnacionales responsables de las grandes
deforestaciones, contaminación por mercurio y
cianuro, y de una deuda ecológica que aun hoy no han
asumido sus acreedores. Sin embargo la efectividad
de estos operativos ha sido limitada debido a que,
después de días o meses de finalizados, toda la
actividad minera reaparece […] El incremento de la
actividad minera (artesanal, de mediana o de gran
minería) expresamente prohibida en los decretos de
protección, extracción que se realiza tanto en ríos,
como en sabana y bosques, dañando y contaminando los
suelos, aguas y aire por igual” (Sociedad de Amigos
en Defensa de la Gran Sabana, Ídem.).
En este sentido, las organizaciones signatarias de
este comunicado observan con cautela el reciente
anuncio hecho por el Ejecutivo Nacional de organizar
a los pequeños mineros en cooperativas para seguir
la explotación (“no se conoce si en la misma Cuenca
del río Caroní o en la del río Cuyuni, en la Reserva
Forestal de Imataca”) u ofrecerles otras opciones de
trabajo diferentes a la minería, en el marco de la
Misión Piar, creada en octubre de 2002 para el
desarrollo sustentable de la comunidades mineras y
así dignificar la calidad de vida de los pequeños
mineros.
Acotan las organizaciones que tienen conocimiento de
que, a través de estos operativos “se han retirado
muchos mineros artesanales y medianos de la Cuenca
del Caroní, sin embargo tal retiro fue rápidamente
suspendido, y se iniciaron una serie de
negociaciones entre las cuales se contemplan la
formación de cooperativas mineras y no mineras y el
cambio de actividad a través de la figura de
‘reconversión’" (Sociedad de Amigos en Defensa de la
Gran Sabana, Ídem.).
Igualmente destacaron que en septiembre de este año,
Jacqueline Faría, titular del Ministerio del
Ambiente y los Recursos Naturales (MARN), anunció
“que todos los contratos y concesiones mineras
serían revisados con el fin de sanear la Cuenca del
Caroní, ‘conservar los ríos y conservar los bosques
para legar un planeta vivo para las generaciones
futuras’. En el mismo mes el Presidente de la
República anunció que revocaría las concesiones y
contratos mineros en todo el Edo. Bolívar” (Sociedad
de Amigos en Defensa de la Gran Sabana, Ídem.).
A pesar de estos anuncios, las organizaciones
señalaron que tenían conocimiento de que “justamente
en el mes de septiembre del año en curso una serie
de camiones modelo 750 pasaron por la carretera Santa Elena
de Uairen-Icabarú cargados de maquinarias mineras
que se dirigían supuestamente a la parcela Trompa
(en Icabarú) que sería explotada por una compañía
panameña y que la actividad minera había retomado
nuevo impulso y los ríos se veían todos revueltos”
(Sociedad de Amigos en Defensa de la Gran Sabana,
Ídem.). Estas parcelas mineras otorgadas bajo el
régimen de concesión o contrato por el Estado en la
Cuenca Alta de los ríos Caroní y Paragua, se
encuentran en zonas ambientalmente protegidas.
Por lo tanto, consideran que es
imperativo “que se informe a los venezolanos, si […]
además de eliminar la pequeña minería en la Cuenca
se revocarán las concesiones y contratos mineros
otorgados en esa [zona], inclusive las anunciadas
por el Presidente de la República en las parcelas Pamina e Isabel en noviembre de 2002” (Sociedad de
Amigos en Defensa de la Gran Sabana, Ídem.).
Las organizaciones consideran “necesario cumplir con
las promesas de reconversión hacia actividades
sostenibles y la significación que esto tiene para
las familias de los pequeños mineros, pues según
recientes declaraciones a la prensa de los pequeños
mineros de San Vicente de Paúl, en La Paragua, Edo.
Bolívar, éstos ‘desconfían en el proceso de
reconversión laboral anunciado por el alto Gobierno,
asegurando que el antecedente de las promesas no
cumplidas les permite creer que no será tan fácil
obtener los créditos y glorias que anuncia la ley
ofrecida para la población minera’” (Sociedad de
Amigos en Defensa de la Gran Sabana, Ídem.).
En opinión de las organizaciones “el cambio de
actividad económica de los mineros y su respectiva
inserción en otras fuentes económicas (la
reconversión sugerida) sería importante apoyar
experiencias de actividades que vienen dándose en la
zona y tomar ejemplo de esos proyectos […] Las
comunidades no mineras (criollas e indígenas), de la
Zona Fronteriza sur del Edo. Bolívar, entre ellas El
Paují, y organizaciones ambientalistas, han
implementado proyectos económicos a pequeña escala,
amigables con la naturaleza, de manera de
desarrollar actividades que les permitan permanecer
en el área y mantener una calidad de vida sin dañar
el ecosistema, preservar los ríos, bosques y, en
muchos casos, recuperar micro-cuencas y zonas
degradadas. Igualmente contribuir a preservar la
cultura indígena su cosmovisión, usos y costumbres
tradicionales” (Sociedad de Amigos en Defensa de la
Gran Sabana, Ídem.).
La Cuenca Alta del río Caroní, junto con la Cuenca
Alta del río Paragua ocupa una extensión de unos
47.500 km2 y están ubicadas geológicamente en el
Macizo Guayanés al sur de Venezuela. Las
características más importantes de esta zona son su
fragilidad ecológica, sus bosques y su riqueza en
agua dulce. Estratégicamente hablando, esta cuenca
cumple una doble función: por un lado es un área de
suma importancia ya que es cuenca de aguas seguras,
todas las nacientes se encuentran dentro de los
límites de Venezuela y, la producción de agua hace
posible la generación de electricidad para más de un
73% de la población del país a través de la Represa
Hidroeléctrica de Guri. Por otro lado es reservorio
de agua dulce del planeta (Sociedad de Amigos en
Defensa de la Gran Sabana, Ídem.).
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DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Propuestas
y exigencias de Provea a los poderes públicos sobre el
derecho
a la
vivienda |
- Garantizar, brindando los recursos adecuados y
el debido apoyo interinstitucional, que el nuevo
Ministerio de la Vivienda y Hábitat, así como la
Misión Vivienda, logren una incidencia sustantiva
para solventar, a corto, mediano y largo plazo, los
problemas de orden institucional, flujo de recursos,
coordinación y ejecución, que caracterizan la
problemática del sector público de vivienda.
- Abordar y definir estrategias que, desde el
Ministerio de Vivienda y otros despachos vinculados
y de manera conjunta con las diversas organizaciones
sociales, solventen los obstáculos institucionales
producto de la descoordinación interinstitucional y
los recelos que persisten en cuanto al ejercicio de
participación social en la gestión pública.
- Adoptar las medidas necesarias para atender
apropiadamente las denuncias y demandas relativas a:
reubicaciones inadecuadas, problemas en la calidad
de las viviendas otorgadas, presuntos ilícitos en
los procesos de adjudicaciones, retrasos crónicos en
los complejos habitacionales iniciados años atrás y
negligencia de las instituciones frente a las malas
practicas de terceros que construyen viviendas con
fondos del sector público.
- Profundizar, dar continuidad y difundir el
diagnóstico que sobre el déficit habitacional y la
gestión en el sector público de vivienda realizó el
Consejo Nacional de la Vivienda (Conavi), para el
Plan de Vivienda Anual 2003.
- Garantizar que todos los organismos de vivienda,
nacionales, regionales y locales, presenten en forma
precisa, coherente y auditable los resultados de la
ejecución de los recursos provenientes de los fondos
públicos de vivienda. Asimismo, se debe procurar que
los organismos estén en capacidad de hacer
seguimiento de su desempeño y que cuenten con las
herramientas requeridas para ello.
- Garantizar que Tesorería Nacional actualice las
transferencias de los recursos correspondientes al
Fondo de Aporte del Sector Público (FASP), que se
adeudan desde el año 2001; y en ese sentido, aplique
las medidas necesarias para lograr un flujo adecuado
de las asignaciones correspondientes, de manera que
no se comprometa la ejecución de los organismos de
vivienda.
- Sostener e incrementar la cobertura de agua
potable, estimada en más del 90% de la población
venezolana; que cumple con la Meta del Milenio N° 7
de Naciones Unidas relativa a la reducción a la
mitad de la proporción de personas sin acceso a agua
potable, para el 2015.
- Detener la practica de los desalojos forzados como
medida aplicada por los gobiernos regionales frente
a la ocurrencia de ocupaciones ilegales. Antes de
recurrir a esta medida extrema y de último recurso,
las autoridades están en la obligación de agotar los
canales de negociación, el estudio y presentación de
alternativas de vivienda y el acceso a recursos
judiciales de las partes. Asimismo, las autoridades
tienen la responsabilidad de garantizar
reubicaciones acordes a las garantías del derecho
humano a una vivienda adecuada (Provea, 26.09.05,
http://derechos.org.ve/publicaciones/infanual/2003_04/24exigencias.pdf).
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DERECHOS CIVILES Y
POLÍTICOS
Recientes estrategias de
exigibilidad del
Movimiento GLBT venezolano |
El pasado 30.08.05 un grupo de representantes de las
organizaciones Unión Afirmativa de Venezuela,
Amazonas de Venezuela, Colectivo de Lesbianas
Feministas y Alianza Lambda de Venezuela presentaron
al Cabildo Metropolitano de Caracas una propuesta de
artículo sobre no discriminación para ser
incorporado en la Ordenanza de Convivencia Ciudadana
actualmente en discusión.
Las organizaciones plantean el texto siguiente: “No
se permitirá la discriminación basada en el sexo, la
raza, la orientación sexual o identidad de género ni
las restricciones o limitaciones en el acceso a los
espacios y servicios públicos fundadas en estos
motivos. Tampoco se permite el cobro de tarifas
diferenciadas basado en cualquiera de estos
criterios.
Quienes transgredan este artículo serán penados con
el pago de una multa equivalente a ... unidades
tributarias [Un monto suficiente como para generar
el efecto disuasivo buscado]".
Todas las autoridades competentes del Área
Metropolitana de Caracas tienen la obligación de
tramitar las denuncias de los actos violatorios del
artículo precedente” (Unión Afirmativa de Venezuela,
30.08.05,
unionafirmativa@hotmail.com).
En su fundamentación, las organizaciones advierten
que esta iniciativa se basa en la considerable
cantidad “de denuncias que denotan los abusos, malos
tratos y discriminaciones a que están sometidas las
personas homosexuales en el Área Metropolitana de
Caracas, solo debido a su condición (orientación
sexual o identidad de género), en circunstancias en
las que personas heterosexuales no son en absoluto
molestadas” (Unión Afirmativa de Venezuela, Ídem.).
Tras calificar este trato como inconstitucional, las
organizaciones señalaron que los abusos referidos
“consisten en detenciones arbitrarias, amenazas,
tratos crueles y degradantes, allanamientos ilegales
a sitios de reunión, trato discriminatorio y
restrictivo del ejercicio de derechos en condiciones
de igualdad, y aún la expulsión de centros
comerciales y otros sitios de reunión pública, sin
el menor sustento legal” (Unión Afirmativa de
Venezuela, Ídem.).
Advirtieron que “con este trato
indebido se le niega a las personas homosexuales,
lesbianas, bisexuales y transgéneros y transexuales
el mínimo sentido de igualdad que le es reconocida
al resto de las personas en forma automática” (Unión
Afirmativa de Venezuela, Ídem.).
Agregaron que “el libre desarrollo de la
personalidad y la libertad de expresión son
considerados actualmente por el Derecho como los 2
derechos fundamentales que le dan sentido y pueden
realmente hacer efectiva la protección de los
derechos individuales por parte del Estado. Sin el
reconocimiento y la protección pública de estos
derechos, se hacen impracticables los principios de
la libertad e igualdad (que incluye la igualdad ante
la ley y el trato igual, no discriminatorio, del
Estado). Luego, para que las personas puedan ejercer
efectivamente sus derechos, el Estado debe
abstenerse de actuar en las situaciones donde no
encuentra que las acciones de las personas resulten
lesivas a terceros. Reiteramos que en el marco
jurídico nacional no existe disposición alguna que
sirva para limitar la libertad y la igualdad de las
personas homosexuales” (Unión Afirmativa de
Venezuela, Ídem.).
Las organizaciones, finalmente, esperan que la
decisión de incorporar esta propuesta sea favorable
a los derechos de las personas homosexuales y
transexuales que hacen vida en Caracas.
Por otra parte,
desde el pasado 05.10.05, Unión Afirmativa de
Venezuela convocó a las personas y organizaciones
interesadas a apoyar la solicitud de interpretación
de los artículos 21 y 77 de la Constitución, que
introdujo ante la Sala Constitucional del Tribunal
Supremo de Justicia (TSJ) el 07.10.03 (ver edición
Nº 127 de este boletín en sitio web de Provea:
http://www.derechos.org.ve/actualidad/coyuntura/2003/coyuntura_127.htm#10).
Para este fin, la organización de derechos humanos
sugiere a los/as interesados/as acudir en compañía
de un abogado para adherirse a la petición, antes
del próximo 20.10.05 (El Nacional, 14.10.05, pág.
B/22).
Dicha adhesión deben hacerse ante la Sala
Constitucional del TSJ. El caso está en manos del
magistrado Pedro Rondón Haaz, quien a partir de ayer
tiene 5 días hábiles para recibir las adhesiones
(Últimas Noticias, 14.10.05, pág. 2).
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DERECHOS CIVILES Y
POLÍTICOS
Derechos de la mujer, entre estancamientos y avances
legislativos |
A propósito de la celebración, el pasado 28.09.05, del Día
por la Despenalización del Aborto en América Latina
y El Caribe, Magdalena Valdivieso, directora del
Centro de Estudios de la Mujer de la Universidad
Central de Venezuela (CEM), aseguró que, a pesar que
desde diciembre de 2004 el movimiento de mujeres
presentó propuestas (ver edición Nº 157 de este
boletín en el sitio web de Provea:
http://www.derechos.org.ve/actualidad/coyuntura/2005/coyuntura_157.htm)
para la despenalización del aborto en el Código
Penal (CP), “no hubo voluntad política en la mayoría
que compone la Asamblea Nacional para darle, al
menos un avance […] No se termina de entender o no
se quiere entender que el aborto practicado de
manera clandestina es un gran negocio, que además
implica la muerte o daños graves para la salud de
las mujeres que recurren a él en situaciones
extremas” (El Nacional, 28.09.05, pág. B/15).
La fuente recordó que voceras de todas las
tendencias partidistas e ideológicas de Venezuela,
agrupadas en 40 organizaciones, demandaron que la
interrupción del embarazo deje de considerarse
delito. Al respecto, Valdivieso recalcó que
“ninguna mujer se embaraza para abortar; es una
decisión difícil, que hoy la toman las mujeres más
pobres en solitario, quienes se practican el aborto
con medios primarios. Estamos luchando para que
disminuya el número de abortos en el país, para que
esté regulado, se practique por determinadas causas
y en condiciones de seguridad. Siempre visto como un
derecho que las mujeres ejercerán de acuerdo con sus
situaciones” (El Nacional, Ídem.).
Agregó Valdivieso que seguirán “luchando para que el
Estado asuma la responsabilidad que tiene ante un
grave problema de salud pública que no se enfrenta
con monsergas morales ni con frases tales como ‘yo
no estoy de acuerdo con el aborto’” (El Nacional,
Ídem.).
En otro orden de ideas, Isaías Rodríguez, Fiscal
General de la República, anunció su decisión de
revocar el recurso de nulidad que había interpuesto
contra las medidas cautelares establecidas por la
Ley Sobre la Violencia Contra la Mujer y la Familia
(LVCMF) (Agencia Bolivariana de Noticias, 30.09.05, http://www.abn.info.ve/go_news5.php?articulo=20883&lee=9).
La información fue suministrada por María León,
presidenta del Instituto Nacional de la Mujer (INAMUJER),
quien añadió que el Fiscal General le participó su
decisión, tras entender “que fue un error la
solicitud de nulidad de los artículos de la ley
referidos a las medidas cautelares contra los
agresores de las mujeres" (Agencia Bolivariana de
Noticias, Ídem.).
La fuente recordó que la acción legal intentada por
el Ministerio Público (MP) en 2004, planteaba que 4
artículos de la LVCMF, sancionada el 19.08.98,
violan los derechos humanos a la libertad personal,
a la defensa y al debido proceso. El MP condenaba la
posibilidad de que las autoridades administrativas
dictaran decisiones de privación de libertad sin
estar bajo los supuestos de flagrancia y sin
intervención de agentes judiciales. Además, el MP
alegaba que existía contradicción entre la pena
establecida en la LVCMF y la que específica el
Código Orgánico Procesal Penal (COPP).
León aseguró que la rectificación del MP se logró
gracias al trabajo desarrollado por la comisión que
reunió a representantes del MP y de INAMUJER para
tratar el tema.
La presidenta de INAMUJER valora la decisión de
Rodríguez, pues a su juicio “el intento de nulidad
había dejado en estado de indefensión a las mujeres,
pues los administradores de justicia temían aplicar
las medidas cautelares debido a la demanda del MP”
(Agencia Bolivariana de Noticias, Ídem.).
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DERECHOS CIVILES Y
POLÍTICOS
Culminado Proyecto de Convención Contra la Desaparición
Forzada |
La Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de
Detenidos Desaparecidos (FEDEFAM), informó que el
pasado 22.09.05, el Grupo de Trabajo Intersesional a
cargo de elaborar un instrumento jurídicamente
vinculante para la protección de todas las personas
contra la desaparición forzada, ha adoptado un
Proyecto de Convención Internacional, luego de 3
años de trabajo (Federación Latinoamericana de
Asociaciones de Familiares de Detenidos
Desaparecidos, 27.09.05,
fedefamorg@cantv.net).
Recordó FEDEFAM que fue en 1983 cuando presentó un
Proyecto de Convención que tipifique la Desaparición
Forzada como un delito de lesa humanidad. Desde esa
fecha, no ha sido fácil la tarea de convencer a los
Estados, e inclusive a algunas organizaciones de
derechos humanos, de la necesidad de contar con una
Convención: “el primer paso se dio al elaborar la
Declaración de Protección a Todas las Personas
contra las Desapariciones Forzadas que fue aprobada
por la Asamblea General de la ONU en diciembre de
1992. Otro paso fue la aprobación de la Convención
Interamericana sobre Desaparición Forzada en la
Asamblea General de la Organización de Estados
Americanos en junio de 1994” (Federación
Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de
Detenidos Desaparecidos, Ídem.).
Explicó Loyola Guzmán, vocal de Relaciones
Internacionales de la organización que el Proyecto
de Convención aprobada contiene como elementos
centrales los siguientes puntos: la práctica masiva
y sistemática de desaparición forzada como un delito
de lesa humanidad, la responsabilidad del Estado en
la comisión de este delito, los derechos de las
víctimas, la situación de los niños desaparecidos o
apropiados, el derecho a la verdad, a la justicia y
a la información. Por otra parte se conforma un
órgano de seguimiento propio: un Comité autónomo que
hará el seguimiento del cumplimiento de la
Convención (Federación Latinoamericana de
Asociaciones de Familiares de Detenidos
Desaparecidos, Ídem.).
El siguiente paso será que otras instancias de la
Organización de Naciones Unidas (ONU), como la
Comisión de Derechos Humanos, el Consejo Económico y
Social y la Asamblea General de la ONU, aprueben
este Proyecto de Convención.
Añadió la fuente que “FEDEFAM en forma conjunta y
coordinada con la Federación Asiática Contra las
Desapariciones Forzadas (AFAD), los Familiares de
Desaparecidos Forzados en Filipinas (FIND) y la
Asociación de Familiares de Presos Desaparecidos
Saharauis (AFAPREDESA) participó en todas las
reuniones del Grupo de Trabajo Intersesional
llevando la voz de los desparecidos y de sus
familiares” (Federación Latinoamericana de
Asociaciones de Familiares de Detenidos
Desaparecidos, Ídem.).
Finalmente, destacó que “el proyecto es resultado
del trabajo conjunto de los familiares, de
organizaciones no gubernamentales, pero hay que
destacar el trabajo consciente de numerosos Estados
que tomaron conciencia de la gravedad del delito de
desaparición forzada y decidieron además de dar una
respuesta jurídica, un mensaje político que
esperamos desaliente a quienes quisieran aplicar
esta práctica tan cruel que es la Desaparición
Forzada” (Federación Latinoamericana de Asociaciones
de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Ídem.).
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DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
Violaciones de derechos humanos en décadas del ’60,
’70 y ’80. Ejecutivo Nacional advirtió que los
crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles |
José Vicente Rangel, Vicepresidente Ejecutivo de la
República, solicitó "’abrir de una vez por todas los
archivos de los organismos de inteligencia y de
seguridad del Estado’ para que se esclarezcan los
casos de desapariciones y crímenes cometidos en la
4ta. República” (Vicepresidencia de la República
Bolivariana de Venezuela, 28.09.05,
boletines@vicepresidencia.gov.ve).
Tales declaraciones las efectuó el alto funcionario
en el marco del acto de la presentación del libro La
Desaparición Forzada en Venezuela 1960-1969 cuyo
autor es Agustín Arzola Castellanos.
Precisó Rangel que “la moratoria en esa manera
conspira, no solamente con la memoria de los
desaparecidos de la década del ‘60 sino contra la
plena vigencia del Estado de Derecho en la 5ta.
República. Hay que ir a las fuentes, hay que remover
los expedientes que están en los tribunales. Tiene
que haber un pronunciamiento del Tribunal Supremo de
Justicia (TSJ) sobre esta materia, porque es
necesario armonizar esta iniciativa extraordinaria
de la Asamblea Nacional (AN), como expresión de la
voluntad popular, con las actuaciones del TSJ y del
Poder Ejecutivo. En este sentido, yo me atrevo a
comprometer la palabra del Jefe de Estado, quien
represento en este acto, de que vamos a ir al fondo
en esta investigación" (Vicepresidencia de la
República Bolivariana de Venezuela, Ídem.).
En este sentido, instó a seguir los ejemplos de
Chile, Argentina y Uruguay, países en los que se
están condenando a responsables de desapariciones
por motivos políticos: "yo aspiro que si nosotros
miramos al sur y para nosotros el sur es el norte
ahora, copiemos también la experiencia del sur en
honor a la memoria y al Estado de Derecho real en el
cual queremos vivir todos los venezolanos"
(Vicepresidencia de la República Bolivariana de
Venezuela, Ídem.).
Admitió que "el Estado de Derecho y el Estado
venezolano está en mora con las víctimas de la
represión de la Cuarta república, particularmente
con los desaparecidos, con los familiares de los
desaparecidos. La institucionalidad del país se
resiente permanente de una u otra manera mientras no
se selle a través de la justicia el pacto tácito que
debe existir en una sociedad de respetar valores
fundamentales” (Vicepresidencia de la República
Bolivariana de Venezuela, Ídem.).
En ese sentido aseguró que “los crímenes de lesa
humanidad son imprescriptibles, no prescriben jamás,
eso está en los tratados internacionales"
(Vicepresidencia de la República Bolivariana de
Venezuela, Ídem.).
Estos señalamientos fueron reiterados en el acto de
conmemoración del 23° aniversario de la Masacre de
Cantaura, ocasión en la que señaló “que los ex
presidentes de la República, Rafael Caldera, Carlos
Andrés Pérez, Luis Herrera Campíns y Jaime Lusinchi
deberán dar cuenta por los casos de desapariciones
forzadas, torturas y demás violaciones de derechos
humanos que se produjeron durante sus gestiones de
gobierno” (Últimas Noticias, 07.10.05, pág. 19).
La posición de Rangel se corresponde con la
designación de la Comisión Especial para investigar
las muertes, torturas y desapariciones de los años
'60, '70 y '80, la cual inició los procedimientos
legales para exigir la desclasificación de los
expedientes y archivos de los cuerpos policiales,
que serán evaluados por un equipo especializado en
criminalística y derecho penal, para determinar
responsabilidades en la muerte y desaparición de más
de 1.000 personas por razones políticas en esas
décadas (ver edición Nº 159 de este boletín en el
sitio web de Provea:
http://www.derechos.org.ve/actualidad/coyuntura/2005/coyuntura_159.htm#20).
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DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
Agentes de seguridad presidencial violan derechos
humanos en ceremonia pública |
El pasado 19.09.05, en la sede del diario de circulación
nacional Últimas Noticias (UN) se presentó un hecho
que fue calificado por el Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Prensa (SNTP) como un perjuicio
grave a la libertad de expresión y las garantías
para el ejercicio del periodismo libre y sin censura
(Apalancar, 29.09.05,
http://www.apalancar.org/noticias/detalle.asp?tipo=1&id_documento=4184).
Los acontecimientos se desarrollaron en el marco de
una ceremonia pública realizada en el Panteón
Nacional, que colinda con la sede de dicho medio de
información. Al final del acto protocolar y tras la
salida del recinto del Primer Mandatario nacional,
Hugo Chávez Frías, “un efectivo uniformado halaba
por los cabellos a una mujer cercana a los 40 años,
que intentaba acercarse al primer mandatario para
hacerle solicitudes. Una niña la acompañaba y
‘hombres de negro’ la tomaron por la cintura,
mientras ella se resistía” (Últimas Noticias,
02.10.05, pág. 42).
De estos eventos fueron testigos algunos
trabajadores del diario que presenciaron los hechos
desde sus sitios de trabajo. Entre ellos los
reporteros gráficos Jesús Contreras, César PALACIOS
y Esso ÁLVAREZ, este último jefe del departamento de
Fotografía de UN.
Con su cámara fotográfica Contreras registró el
llanto de la mujer y la niña, después de la
agresión: “le dieron patadas a la niña cuando se les
soltó, arremetieron violentamente para sacarlas a
ella, y creo que a la mamá, del cerco de seguridad”
(Últimas Noticias, Ídem.).
También Palacios y Álvarez capturaron los hechos con
sus cámaras, en momentos diferentes de la agresión.
De esto se percataron funcionarios de Casa Militar,
quienes enviaron al sargento Segundo Moncada en
compañía de otros 3 efectivos militares con la orden
de buscar al fotógrafo y la película que captó los
hechos (Últimas Noticias, Ídem.).
Con este fin ingresó la delegación castrence a la
sede de UN, en donde ordenaron a Álvarez la entrega
de la película y del fotógrafo. El jefe del
departamento de Fotografía del diario explica que
“aunque no hubo violencia ni una amenaza directa, él
se sintió intimidado por la presencia de los 4
verdes ‘y sus intenciones de llevarse detenido al
fotógrafo y al equipo. Entonces les dije que no se
llevaban ninguna de las 2 solicitudes y que yo
asumía la responsabilidad del departamento. Les di
mi tarjeta de presentación y les anoté mi número de
cédula. También les dije que si tenían que llevarse
a alguien sería a mí’. No obstante, puso en práctica
lo que él ha denominado su ‘estrategia’, esa que
pensó desde que se disparó el flash. ‘Yo hice una
gráfica con mi cámara en el mismo momento que la
hizo Palacios y la tenía como registro, entonces
cuando el comandante insistió yo le mostré las dos
fotos que había hecho Palacios y les dije: no hay
ningún problema, vea las fotos que sólo hay gente en
la plaza, si quiere las borro... ¡ya está’ y
desaparecieron las fotos. La acción dejó satisfecho
al sargento, quien se despidió ‘amablemente’”
(Últimas Noticias, Ídem.).
Por su parte, Eleazar Díaz Rangel, director del
diario, expresó a los responsables del procedimiento
lo inadecuado del mismo, por lo que debía ser
suspendido, una petición que no fue escuchada.
Conviene destacar que las acciones practicadas por
los agentes de seguridad a cargo de la seguridad del
presidente Chávez Frías se enmarcan en una violación
a la integridad personal de la presunta mujer y a
los derechos de la niña agredida, así como también
representan un abuso de autoridad y a la libertad de
expresión de los reporteros gráficos que, a través
del ejercicio de su profesión, buscaron registrar un
suceso a todas vistas condenable. Ambos escenarios o
momentos corresponden a una violación de los
derechos humanos que debe ser investigada y
sancionada de acuerdo a las leyes correspondientes.
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DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
Especialistas en derecho de las personas detenidas y
encarceladas rechazaron incorporación de componente
castrense como custodias en centros penitenciarios |
En opinión del criminólogo Elio Gómez Grillo, la propuesta de
formar a un grupo de 2.500 reservistas como
custodias en los 30 penales del país planteada por
Francisca García, directora del Instituto
Universitario de Policía Científica (IUPOLC), “puede
convertir las cárceles en un verdadero campo de
batalla, en un doloroso remedo de guerra civil, esta
vez intracarcelaria” (Últimas Noticias, 09.09.05,
pág. 28).
Al respecto, Gómez Grillo recordó que está
consagrado por la Organización de Naciones Unidas
(ONU) que el personal penitenciario no debe ser ni
militar ni policial, porque la función de la cárcel
es de tipo reeducativo y no represivo: “el militar
está formado para reprimir y no para educar”
(Últimas Noticias, Ídem.).
Agregó Gómez Grillo que en algunos países como
Francia y Cuba el funcionario penitenciario más
importante es el educador: “de modo que al llevar el
reservista a las cárceles y consecuentemente
militarizarlas, se estaría incurriendo en un grave,
gravísimo error” (Últimas Noticias, Ídem.).
La propuesta de García coincide con las
modificaciones que la dirección de Custodia y
Rehabilitación del Recluso del Ministerio del
Interior y Justicia (MIJ) le esta haciendo al
proyecto de Ley de Régimen Penitenciario. El Tcnel.
Erling Rojas Castillo, director de esta instancia
explicó “que esta propuesta fue planteada en el seno
castrense, contando con gran apoyo dentro del mismo.
En lo que respecta al ministerio del Interior y
Justicia, a través de la dirección General de
Custodia y Rehabilitación del Recluso, esta más que
una propuesta es una realidad. De hecho actualmente
estamos trabajando, aunadamente con el Instituto
Universitario de Policía Científica, IUPOLCI, en el
programa de formación técnica que les será impartido
a este contingente” (Gobierno en Línea, 06.09.05,
http://www.gobiernoenlinea.gob.ve/noticias/viewNewsUser01.jsp?id_noticia=39912).
Humberto Prado, coordinador del Observatorio
Venezolano de Prisiones (OVP), también reaccionó
contra estas propuestas. Señaló que
dichos planes no se justifican porque ya existe el
Instituto Universitario Nacional de Estudios
Penitenciarios, único en Latinoamérica especializado
para formar custodios de las cárceles. Agregó que el
instituto ha graduado más de 470 jóvenes en
seguridad, gerencia, administración y tratamiento,
que son los cuatros pilares del sistema
penitenciario, Sin embargo, “ni siquiera el 8%
están trabajando” (Últimas Noticias, Op. cit.).
Junto con Gómez Grillo, Prado explicó que el derecho
internacional consuetudinario pautado desde la ONU
obliga al Estado a cumplir con los parámetros,
aunque las normas no forman parte de un reglamento
(El Universal, 06.09.05, http://www.eluniversal.com/2005/09/06/ccs_art_06482F.shtml).
Según cifras del OVP, en el país existen 19.647
reclusos que son atendidos por apenas 1.200
custodios, siendo que los estándares internaciones
estipulan 1 guardián por cada 10 presos. “Es decir,
se necesitan alrededor de 4.000 custodios” (Últimas
Noticias, Op. cit.).
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DERECHOS CIVILES
Y POLÍTICOS
Política exterior mantiene punto de vista retrógrado de
las instancias de protección de los derechos humanos |
Según una fuente periodística, María Auxiliadora Monagas,
Agente del Estado para los Derechos Humanos ante el
Sistema Interamericano e Internacional (AEDHSII),
“considera que las medidas cautelares acordadas por
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
son simples recomendaciones sin carácter vinculante”
(El Universal, 29.09.05, pág. 1/6).
Explicó la funcionaria que "tenemos el artículo 23,
el 81, el 82, el 83, el 84, el 85, el 86 y el 118
que garantizan la protección a las víctimas. No
tenemos por qué recibir instrucciones ni
recomendaciones de la CIDH para darle protección a
estos sujetos. Las medidas de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sí
tienen carácter obligatorio; las otras son simples
recomendaciones. Tenemos una Constitución que
garantiza los derechos humanos y no tenemos
necesidad de que se nos impongan medidas cautelares,
ya que el Estado cuenta con recursos para brindar la
protección" (El Universal, Ídem.)
Con respecto a las medidas provisionales adoptadas
por la Corte IDH, agregó que “se trata de medidas
que deben ser implementadas urgentemente, sin
mayores trabas burocráticas. Los órganos del sistema
interamericano de protección de los derechos humanos
han acumulado una amplia experiencia sobre la
materia y está claro que las demoras pueden generar
daños irreparables” (El Universal, Ídem.).
Monagas señaló que el despacho a su cargo hace lo
posible para colaborar con el Ministerio Público (MP),
a quien le corresponde dar respuesta a las
solicitudes de medidas de protección. Sin embargo,
tampoco dejó de reconocer la insuficiencia de
recursos materiales y humanos para atender las
demandas de la población, señaladas por el Fiscal
General Isaías Rodríguez (El Universal, Ídem.).
Monagas recordó que actualmente existen 7 medidas
provisionales dictadas por la Corte IDH en favor de
Liliana Ortega y otros miembros del Comité de
Familiares de Víctimas de los Sucesos del 27 de
Febrero y Marzo de 1989 (COFAVIC), Carlos Nieto
Palma, coordinador de Una Ventana a la Libertad,
personal de las emisoras de televisión Globovisión,
Radio Caracas Televisión (RCTV), personal de los
diarios El Nacional y Así es La Noticia, la
periodista Martha Colomina y los/as integrantes de
la familia Barrios. Añadió que la adopción de estas
medidas por parte del Estado venezolano se ejecuta
“a través de una brigada
especial" (El Universal, Ídem.).
Con respecto a la política de desconocimiento a las
medidas dictadas por la CIDH que Monagas explicitó
en esta entrevista y que forma parte de un programa
sostenido por distintas instancias de la política
exterior venezolana (ver edición Nº 132 de este
boletín en sitio web de Provea:
http://www.derechos.org.ve/actualidad/coyuntura/2004/coyuntura_132.htm#02),
Provea considera necesario subrayar que tales
medidas se tratan de solicitudes a los Estados
formuladas por un órgano convencional de la
Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de
San José). El artículo 33 de la Convención señala:
“Son competentes para conocer de los asuntos
relacionados con el cumplimiento de los compromisos
contraídos por los Estados Partes en esta
Convención: a) la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos”. Los Estados Partes tienen el
deber de “adoptar medidas” (artículo 2 de la
Convención) para hacer efectivos los derechos
garantizados por la Convención. Una de estas medidas
generales, y así debe ser interpretado según el
Principio de Buena Fe (establecido en la Convención
de Viena sobre el Derecho de los Tratados), es el
cumplimiento de las cautelares emitidas por un
órgano convencional.
Con esta aclaratoria, Provea invita a las
autoridades estatales a cargo de la política
internacional venezolana a recapacitar y restituirle
la importancia que las medidas y opiniones de un
órgano como la CIDH poseen. Más allá de destacar la
falta de rango jurisdiccional de la CIDH, de que las
medidas cautelares no figuren explícitamente en el
Pacto de San José o de los errores que la CIDH pueda
cometer en la emisión de medidas cautelares o en la
ausencia de éstas en casos donde se requerían, es
importante preservar su actuación, porque en ella
está contenida una importante instancia
potencialmente preventiva de violaciones de derechos
humanos. Lo contrario es mantener un punto de vista
retrógrado del derecho internacional y de sus
instancias de protección de los derechos humanos.
Además de representar una clara vulneración del
artículo 31 de la Constitución, que contempla el
derecho de toda persona, “en los términos
establecidos por los tratados, pactos y convenciones
sobre derechos humanos ratificados por la República,
a dirigir peticiones o quejas ante los órganos
internacionales creados para tales fines, con el
objeto de solicitar el amparo a sus derechos
humanos. El Estado adoptará, conforme a
procedimientos establecidos en esta Constitución y
la ley, las medidas que sean necesarias para dar
cumplimiento a las decisiones emanadas de los
órganos internacionales previstos en este artículo”.
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DERECHOS CIVILES
Y POLÍTICOS
Propuestas y exigencias de Provea a los poderes públicos sobre
el
derecho
a la
justicia |
- Intensificar el proceso de reforma integral del
sistema de administración de justicia para
garantizar el acceso de la ciudadanía a los órganos
de administración de justicia, la aplicación justa
de la ley, la transparencia y celeridad en los
procesos y la independencia del Poder Judicial. En
este proceso de reforma deben respetarse los
principios de independencia y colaboración entre los
Poderes Públicos.
- Garantizar la más amplia participación ciudadana y
de los actores que intervienen en la administración
de justicia en el proceso de reforma judicial.
- Realizar una evaluación de la reforma judicial
adelantada en los últimos 10 años con ayuda de
organizaciones multilaterales, garantizando la
participación de las organizaciones sociales
interesadas, de los gremios de abogados, jueces,
fiscales y defensores públicos.
- Asegurar el respeto de los principios
constitucionales y legales destinados a garantizar
la independencia del Poder Judicial en áreas tales
como asignación presupuestaria y realización de
concursos públicos de oposición para la provisión de
jueces titulares.
- Desclasificar los expedientes procesados en la
Justicia Militar, clasificados como secretos,
relacionados con investigaciones sobre violaciones a
los derechos humanos; en especial los casos de
personas desaparecidas o muertas en supuestos
enfrentamientos con las fuerzas de seguridad,
ocurridas en los años 60, 70 y 80.
- Asegurar que en razón del derecho de los
familiares a conocer la verdad de los hechos
ocurridos en El Amparo en 1988, se investigue en
jurisdicción ordinaria la posible responsabilidad de
funcionarios del Estado sobre los cuales no hay
decisión definitivamente firme, y se establezca la
responsabilidad intelectual, toda vez que al no
sancionar a los responsables de aquellos hechos, el
Estado está en mora con la sentencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos de fecha
14.09.96.
- Asegurar la efectiva vigencia de la justicia en
otros casos de violaciones a los derechos humanos
ocurridos en el pasado: los sucesos de febrero-marzo
de 1989, la represión de los intentos golpistas de
febrero y noviembre de 1992, las muertes en
manifestaciones desde 1989 hasta el presente, las
masacres ocurridas en establecimientos
penitenciarios, las ejecuciones de los denominados
“grupos de exterminio”, así como las violaciones a
los derechos humanos ocurridas en el marco del
frustrado Golpe de Estado de abril de 2002, entre
otros.
- Garantizar que las víctimas de violaciones los
derechos humanos y/o sus familiares sean
indemnizadas y reciban rehabilitación hasta su total
recuperación.
- Aumentar el número de Defensores Públicos de
Presos, con nombramientos de titulares escogidos por
concurso público de oposición, con la finalidad de
agilizar y garantizar una defensa efectiva y
certera.
- Garantizar que en la reforma al Código de Justicia
Militar se desarrolle el mandato constitucional de
que los tribunales militares sólo son competentes
para juzgar delitos de naturaleza militar y quede
claramente establecido su incompetencia para juzgar
civiles. Igualmente deberá promoverse una amplia
participación social en el debate sobre esa reforma.
- Adoptar medidas adecuadas y urgentes para corregir
las fallas en el sistema de administración de
justicia penal con relación a la celeridad procesal
y designación de escabinos
(Provea, 26.09.05,
http://derechos.org.ve/publicaciones/infanual/2003_04/24exigencias.pdf).
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ACTIVIDADES
DE FORMACIÓN
Diplomado en derechos humanos y procesos de
democratización del
Centro de Derechos Humanos (CDH) de
la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile
|
Por tercer año consecutivo, el Centro de Derechos Humanos (CDH)
de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile
organiza el Diplomado de Postítulo en Derechos
Humanos y Procesos de Democratización, en conjunto
con el International Center for Transitional Justice
(ICTJ).
Las organizaciones ofrecen la oportunidad de
estudiar temas relacionados con procesos de
transición a la democracia y derechos humanos en
sociedades afectadas, en el pasado reciente, por
regímenes represivos o conflictos armados, así como
temas vinculados con el desafío más general de
construir sistemas democráticos viables.
Este programa ofrece becas hasta para 20
profesionales de diversas disciplinas (derecho,
periodismo, educación, trabajo social, entre otras),
cuyo trabajo o actividades actuales demuestren su
capacidad de defender y promover los derechos
humanos o de influir en la construcción de
sociedades democráticas más justas, abiertas y
pacíficas en sus países de origen.
El programa se realizará entre el 13.03 y el
28.07.06 y consistirá en actividades docentes y
académicas en Santiago de Chile (2 semanas al
comienzo y 1 semana al final del curso) y clases
online (17 semanas). Otorgará un Diploma de
Postítulo en Derechos Humanos y Procesos de
Democratización de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Chile a quienes cumplan
satisfactoriamente con el programa de estudios.
Las postulaciones estarán abiertas hasta las 17:00
horas del día viernes 09.12.05.
Para más información, véase la sección Postgrado del
sitio web del CDH:
http://www.cdh.uchile.cl o envíe un correo-e a
postucdh@derecho.uchile.cl.
|
ARTÍCULOS
Son derechos:
"FONDUR
incumple" |
|
"Provea
ha recibido innumerables denuncias de adjudicatarios
de contratos de promesas de compraventa celebrados
con el Fondo de Desarrollo Urbano (FONDUR), por
inmuebles de interés social ubicados en Ciudad
Miranda y Casarapa.
Las denuncias coinciden en señalar la existencia de
dobles y triples adjudicaciones de un mismo
apartamento a distintas personas, que han pagado su
inicial e incluso cuotas del crédito, y hasta cuotas
de condominio del inmueble adjudicado. En algunos
casos, FONDUR rescindió el contrato al primer
adjudicatario, sin dar mayores explicaciones.
FONDUR no puede actuar arbitrariamente, sus
actuaciones se encuentran limitadas siempre por lo
establecido en la Constitución, y las leyes. Si
bien, en algunos casos puede resolver un contrato
sin llevar a cabo un proceso judicial que declare
dicha resolución, siempre debe notificar a la parte
afectada, de forma tal que esta tenga la posibilidad
de ejercer los recursos que correspondan, en donde
pueda presentar sus defensas y alegatos, tales como
que la resolución no obedece a las causas expresadas
en el contrato, ya que toda persona tiene derecho al
debido procedimiento administrativo de acuerdo a la
Constitución"
(Provea,
13.10.05,
son@derechos.org.ve).
|
ARTÍCULOS
Son derechos:
"Educar
en
derechos humanos" |
"Educación en derechos humanos (EDH), es un conjunto
de actividades de capacitación y difusión de
información orientadas a crear una cultura universal
en la esfera de los derechos humanos, mediante la
transmisión de conocimientos, la enseñanza de
técnicas y la formación de actitudes.
Son objetivos de la EDH: fortalecer el respeto de
los derechos humanos; desarrollar la personalidad
humana y el sentido de la dignidad del ser humano;
promover la igualdad entre los sexos y la amistad
entre las naciones, los pueblos indígenas y los
grupos raciales; facilitar la participación efectiva
de todas las personas en una sociedad libre y
democrática en la que impere el Estado de derecho;
fomentar y mantener la paz; y, promover un
desarrollo ambientalmente sostenible centrado en las
personas y la justicia.
Algunas organizaciones de derechos humanos
impulsamos la propuesta de legislar en materia de
EDH, entregando a la Asamblea Nacional una serie de
propuestas sobre este tema para que sean
consideradas e incorporadas en la Ley Orgánica de
Educación aún en discusión. Igualmente esperamos la
prometida aprobación de un Decreto Presidencial
sobre EDH.
De concretarse ambos instrumentos jurídicos
estaremos dando un paso adelante muy importante en
beneficio de la dignidad y la educación de nuestro
pueblo"
(Provea, 06.10.05,
son@derechos.org.ve).
|
NOVEDADES DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN TODOS LOS DERECHOS PARA TODOS
"Bursatilización
de la cartera hipotecaria de vivienda" |
Autor: Jesús Verver; Vargas
Macías
Año: 2005
Editorial: Casa y Ciudad
Sinopsis:
"El tema bursátil de la cartera hipotecaria de
vivienda, se ha planteado como la gran solución al
problema habitacional en México.
El presente trabajo propone acercar, de manera
sencilla y accesible, a la comprensión de los
conceptos básicos de este nuevo planteamiento y
práctica de financiamiento para adquirir vivienda. A
partir del Derecho a la Vivienda, se van desglosando
conceptos y contenidos referentes a lo bursátil, la
cartera, la globalización y otros que permitirán
entender más fácilmente este fenómeno.
Se incluye también el análisis de un contrato típico
para concretar un crédito hipotecario bajo esta
modalidad de bursatilización"
(centrodocumentacion@derechos.org.ve).
|
NOVEDADES DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN TODOS LOS DERECHOS PARA TODOS
"Observatorio
DESC MERCOSUR 2004-2005: Compilación de la legislación
de derechos económicos, sociales y culturales en el
MERCOSUR: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay,
Uruguay" |
Autor: Soledad Villagra, Compiladora; Plataforma
Interamericana de Derechos Humanos Democracia y
Desarrollo
Año: 2005
Editorial: Plataforma Interamericana de Derechos
Humanos Democracia y Desarrollo
Sinopsis:
"Esta investigación está orientada a ofrecer los marcos
comparativos entre el estado actual y el avance en la
normativa sobre Derechos Económicos, Sociales y
Culturales de cada uno de los países que integran el
MERCOSUR, y a apreciar tanto las experiencias positivas
como los vacíos que se deben llenar en el plano legal de
la protección de estos derechos.
Se analiza la legislación internacional y nacional
vigente en los mismos países del MERCOSUR, presentando
la compilación a la fecha de la normativa sobre Derechos
Económicos, Sociales y Culturales en los diferentes
países. Al mismo tiempo presenta un repertorio de las
leyes vigentes en cada uno de estos derechos, se
puntualizan las instituciones que tienen un rol efectivo
su exigibilidad"
(centrodocumentacion@derechos.org.ve).
|
NOVEDADES DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN TODOS LOS DERECHOS PARA TODOS
"Manual
de seguimiento. Derechos económicos, sociales y
culturales: aportes de los organismos civiles" |
Autor: Convergencia de Organismos Civiles por
la Democracia
Editorial: Convergencia de Organismos Civiles
por la Democracia
Sinopsis:
"Este manual aporta elementos básicos para el
desarrollo de métodos, tales como comprender la
naturaleza de los derechos, delimitación mínima
esencial de cada derecho e identificación de
obligaciones generales que cada estado asume al
reconocerlos mediante la adhesión a pactos y
convenios internacionales, revisión del marco
jurídico nacional para determinar las obligaciones
específicas en materia de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales (DESC), construcción de
indicadores para evaluar el cumplimiento e
incumplimiento de la realización de cada derecho.
Con el fin de permitir a la ciudadanía y sus
organizaciones vigilar el cumplimiento de los DESC,
así como la elaboración de estrategias de
exigibilidad y justiciabilidad que garanticen estos
derechos"
(centrodocumentacion@derechos.org.ve).
|
NOVEDADES DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN TODOS LOS DERECHOS PARA TODOS
"Normas
e instrumentos legales sobre armas de fuego, municiones
y explosivos" |
Autor: Programa
de Intercambio Regional de Información sobre Armas
de Fuego, Municiones y Explosivos
Año: 2005
Editorial: UN-LIREC
Sinopsis:
"Este trabajo provee información para facilitar la
armonización, homologación y el mejoramiento de
legislaciones sobre armas de fuego, municiones,
explosivos y mecanismos de control en la región
Está dirigido al sector parlamentario, comunidades
diplomáticas y fuerzas de orden, así como a
defensores de derechos humanos, representantes y
miembros de organizaciones no gubernamentales y
sociedad civil, con el fin de encontrar elementos de
participación en la implementación de la Convención
Interamericana Contra la Fabricación y el Tráfico
Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y
Otros Materiales Relacionados (CIFTA) 1997, el
Reglamento Modelo de la CIADD para el Control del
Tráfico Internacional de Armas de Fuego, sus Partes
y Componentes y Explosivos de 1997 y el Programa de
Acción 2001 de las Naciones Unidas para Prevenir,
Combatir y Eliminar el Tráfico Ilícito de Armas
Pequeñas y Ligeras en todos Sus Aspectos.
Contiene cuadro comparativo de las legislaciones
nacionales de los países de América y su relación
con el tema. Incluyendo la legislación Venezolana.
También en formato de CD"
(centrodocumentacion@derechos.org.ve).
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DOCUMENTOS
Asamblea de Mujeres: "El cuento de nunca acabar: de
nuevo excluidas las mujeres de las listas a la AN" |
"La escasa presencia de mujeres en las candidaturas
a la Asamblea Nacional, tanto en la lista de los
partidos que apoyan al actual gobierno como en la
lista de los partidos de la oposición al gobierno,
revela la fuerte resistencia de las mayorías
masculinas en las directivas de todos los partidos
políticos venezolanos para aplicar los principios
constitucionales sobre derechos civiles y políticos
en su propia militancia.
La reciente exhortación del CNE a postular
paritariamente a hombres y mujeres con
alternabilidad de lugares en las listas (una mujer,
un hombre, una mujer, etc.) no sólo fue ignorada,
sino que la cifra de mujeres inscritas como
candidatas ni siquiera alcanza el 30 % que establece
el artículo 144 de la Ley Orgánica del Sufragio y
Participación Política vigente. Desde 2000 hasta la
actualidad, mujeres de los partidos de la oposición
habían denunciado el incumplimiento del art. 144 por
parte del CNE y las mayorías masculinas de los
partidos, que ---mientras se ocupaban de hacer otro
tipo de observaciones al CNE---no se ocupaban de
hacer que el CNE hiciera cumplir con la cuota de 30%
de mujeres en todas las listas electorales. Ante esa
protesta, las mujeres de los partidos que apoyan al
gobierno, siempre respondieron que más bien debía
sustituirse el art. 144 por otro que garantizara el
50% y 50% con alternabilidad en los puestos, tal
como resolvió una reunión de consejos electorales
latinoamericanos
y del Caribe en Quito, a la que asistió por
Venezuela el entonces presidente del CNE Roberto
Ruiz, quien nos comunicó esa resolución en un acto
en el mismo CNE.
Sabemos que la presidenta de Inamujer solicitó esa
sustitución del art. 144 por otra redacción, pero
tal solicitud ha sido 'pospuesta', por no decir
engavetada, como suele suceder cada vez que se trata
de algo que otorgue más poder político a las
mujeres, es decir, que aminore el poder político de
los hombres de los cogollos.
Sabemos que se nos acusará –tanto desde el gobierno
como desde la oposición-- de darle razones 'al
enemigo' por solicitar respeto a la Constitución, al
art. 144 y a la exhortación del CNE, pero corremos
el riesgo. Finalmente, somos las mujeres las que
hacemos la peor parte de todas las campañas
electorales y somos la mitad de los votos. Por
cierto, no nos eximimos de declarar gran parte de la
responsabilidad en las listas finales, por no dar la
pelea por nuestros derechos dentro de las
organizaciones y antes de que los cogollos
masculinos elaboren las listas. De hecho, creemos
que tenemos que dar un combate internamente
reconocer entre nosotras mismas nuestras valías y no
ceder, como se suele hacer, el puesto que nos
corresponde por méritos ante el novio, el marido, el
padre, el líder no siempre con el mismo mérito
nuestro o de la compañera de al lado.
Nadie cede el poder sin dar la pelea por sostenerlo.
Eso vale también en las militancias políticas de
todo signo. Nadie le va a regalar poder político a
las mujeres. Eso es así desde el año 45 y nada ha
cambiado en este aspecto particular. Así que hay que
conquistar ese poder poco a poco y desde adentro de
las organizaciones, para no terminar haciendo
comunicados como éste cada vez que la exclusión se
ha consumado.
Asamblea de Mujeres reunida el viernes 16 de
septiembre de 2005: Movimiento de Mujeres Manuelita
Sáenz, Miranda; Colectivo Josefa Joaquina Sánchez,
de Vargas; Frente Nacional de Mujeres, AVESA,
Colectivo 'Mujer tenía que ser', Inamujer, CEM de la
UCV, Área de Estudios de la Mujer de la UCV;
siguen" (Asamblea de Mujeres, 21.09.05)
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DOCUMENTOS
"Manifiesto Juvenil de Apoyo a la Campaña 28 de
Septiembre Día por la Despenalización y Legalización
del Aborto en América Latina y El Caribe" |
"Nosotras,
las personas miembras de la Red Latinoamericana y
Caribeña de jóvenes por los Derechos Sexuales y
Reproductivo (REDLAC), solidariamente nos adscribimos a
la celebración del 28 de septiembre como el Día por la
despenalización y legalización del aborto en nuestras
regiones, reconociendo que la despenalización y
legalización del aborto es una cuestión de justicia
social, democracia y derechos humanos en favor de todas
las mujeres que día a día se ven forzadas a practicarse
abortos riesgosos en la clandestinidad, debido a la
hostilidad de nuestros contextos socio culturales y la
falta de políticas que promuevan la prevención,
educación y la salud integral.
Denunciamos que en el Caribe y en América Latina 1 y
4 millones de adolescentes se practican uno o mas
abortos al año y muchas de ellas mueren por consecuencia
de complicaciones por abortos mal practicados y/ o
practicados en la clandestinidad. El 60% de las mujeres
hospitalizadas por complicaciones de abortos, son
adolescentes y jóvenes de nuestros países las que tienen
secuelas físicas y psicológicas por el resto de su vida
debido a los riesgos a los que se comenten al
enfrentarse con un aborto con características
clandestinas, insalubres e inhumanas.
Es por esto que instamos a los gobiernos cumplan los
acuerdos internacionales principalmente aquellos que
destacan el bienestar de la población como un factor
crucial para el desarrollo, reconociendo como obligación
primordial asegurar la salud de las mujeres.
Llamamos a las y los jóvenes de Latinoamérica y el
Caribe a sumarse a esta campaña, exigir el cumplimiento
de los acuerdos internacionales principalmente los de
Cairo y Beijing, abrir el debate y denunciar la
violación de los derechos fundamentales y la falta de
justicia" (Boletín electrónico Campanha28 Septiembre,
30.09.05,
campanha28set@flora.org.pe).
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DOCUMENTOS
Movimiento ambientalista e indigenista: “Ley Orgánica de
Fronteras de Venezuela: atentado contra los parques
nacionales y pueblos indígenas” |
“La
Asamblea Nacional de Venezuela, se encuentra
discutiendo un Proyecto de Ley Orgánica de
Fronteras, que de aprobarse significaría la
eliminación del Sistema de Parques Nacionales,
Monumentos Naturales (Tepuyes), Reservas Forestales,
el Hábitat de los Pueblos Indígenas, que en una alta
proporción se encuentran ubicados en las fronteras
de Venezuela con Brasil, Colombia y Guyana
(consideradas las últimas fronteras forestales del
planeta).
1 - En la lista de Parques Nacionales y demás áreas
protegidas- asiento de diversidad biológica,
genética y recursos hídricos, merecen destacarse :
el Parque Nacional Parima-Tapirapecó, Parque
Nacional La Neblina, Reserva de la Biosfera Alto
Orinoco Casiquiare, Parque Nacional Canaima, Reserva
Forestal de Imataca, Parque Nacional Cinaruco-Capanaparo
(Santos Luzardo), Parque Nacional Sierra de Perijá,
Parque Nacional El Tamá, entre otros. En estos
sitios viven diversos pueblos y comunidades
indígenas tales como Yanomami, Yekuana, Warao,
Panare, Wayuú ,Barí, Yucpa.
Bosques tropicales, ríos como el Orinoco tienen su
cabecera en el Amazonas (Cerro Delgado Chalbaud -
Alto Orinoco, Parque Nacional Delta del Orinoco y
Yapacana, por donde han penetrado invasores, mineros
y entre ellos Garimpeiros, en distintas
oportunidades. También se han promovido estrategias
de minería con empresas trasnacionales o por el
propio estado venezolano, como la llamada ‘Conquista
del Sur’, entre los años 1969-73, lo cual fue
denunciado por ambientalistas, indígenas y las
universidades, que provocó su paralización.
Venezuela ha declarado la gran mayoría de sus
fronteras ecológicas como Áreas Bajo Régimen de
Administración Especial, ya que de estos espacios
depende del futuro de la nación, razón por la cual
la Constitución de la Republica Bolivariana de
Venezuela, contiene un capitulo sobre los derechos
ambientales y protege de manera especial estos
espacios geográficos.
El Artículo 327 de la Constitución venezolana del 99
(vigente), dice textualmente: ‘la atención de las
fronteras es prioritaria en el cumplimiento y
aplicación de los principios de seguridad de la
nación; a tal efecto, se establece una franja de
seguridad de fronteras cuya amplitud, regimenes
especiales en lo económico y social, poblamiento y
utilización serán regulados por la Ley, protegiendo
de manera expresa los parques nacionales, el hábitat
de los pueblos indígenas allí asentados y demás
áreas bajo régimen de administración especial’.
El Preámbulo de la Constitución asume como uno de
sus valores ‘la protección de los bienes jurídicos
ambientales como patrimonio común e irrenunciable de
la humanidad’ y el Artículo 127 en encabezamiento
establece que ‘es un deber de cada generación
proteger el ambiente en beneficio de si misma y del
mundo futuro’.
2 - El Proyecto de Ley Orgánica de Fronteras que
promueve la Comisión de Defensa presidida por el
Diputado Eddy Ríos esta concebido bajo una
concepción totalmente desarrollista y depredador al
más puro ejemplo de un capitalismo salvaje, rapaz y
antiecológico. Sobre el particular, el Articulo 56
del Proyecto de Ley Orgánica de Fronteras dice
textualmente: ‘a los efectos de esta Ley se endiente
por franja productiva fronteriza terrestre y
colídante un área delimitada que comprende una
extensión del territorio de y demás espacios
geográficos, adyacente al limite político
territorial de la Republica con el fin de incentivar
el desarrollo socioeconómico sostenible y contribuir
con el control y vigilancia fronteriza de
conformidad con las leyes respectivas’
Se pretende desarrollar una llamada franja de
producción fronteriza en los Parques Nacionales de
las fronteras, lo cual seria un contra sentido que
niega la naturaleza misma de estas áreas protegidas.
El Artículo 53 del citado proyecto ratifica y amplía
la concepción desarrollista y ecocida, la cual se
puede comprobar al transcribirlo textualmente: ‘con
el objeto de contribuir a la seguridad nacional,
poblar y desarrollar nuestra frontera y generar
trabajos productivos posterior al servicio militar,
dentro de la franja de seguridad fronteriza, el
ejecutivo nacional por medio de la fuerza armada
creará unidades de protección y de seguridad
integrado por las reservas’.
La exposición de motivos del proyecto de Ley
Orgánica de Fronteras se propone ‘convocar a su
doblamiento, impulsado la despoblación de las
urbes’; así mismo señala que ‘con la finalidad de
proporcionarle a la frontera, la potestad de ser más
competitiva con sus países vecinos, integrándola al
aparato nacional para profundizar su desarrollo’.
3 - Al referirse a los pueblos indígenas el Artículo
47, el proyecto de Ley llega al paroxismo
asimilacionista cuando textualmente dice: ‘los
pueblos y comunidades indígenas ubicados en las
zonas fronterizas, podrán integrase a las
actividades económicas que desarrolle el estado, y
gozaran de un trato preferencial en el otorgamiento
de créditos agropecuarios y pesqueros, de
concesiones minerales y forestales, de tasas
especiales de interés, así como la asistencia en
estas áreas de trabajo’.
Se parte de falsas premisas como el despoblamiento
de estos lugares ocupados por pueblos indígenas con
sus formas de organización tradicional y de
relaciones especiales con el espacio frágil, se
promueve la minería entre los indígenas para
convertirlos en garimpeiros criollos, cabezas de
playa de trasnacionales, sindicatos mineros,
gobernadores, alcaldes, funcionariado sin conciencia
ambiental, mafias y grupos irregulares.
4 - Los artículos mencionados constituyen una
violación de la Constitución en sus Artículos 119 al
129, así como los Artículos 304 y 327, los convenios
internacionales sobre conservación de la diversidad
biológica y pueblos indígenas y tribales, de las
Naciones Unidas ratificados por la República.
5 - Advertimos sobre la existencia de planes
nocivos contra la soberanía ambiental y territorial
en las islas ubicadas en el mar caribe, parte
integral de nuestra nación. Es necesario recordar
que en el año 2004, funcionarios de Relaciones
Interiores (durante la administración Lucas Rincón)
otorgaron una concesión por 90 años para un supuesto
‘desarrollo turístico’. El actual Proyecto de
Fronteras señala que en las islas del caribe insular
podría desarrollarse ‘un Complejo Turístico de
Desarrollo Prometedor’ es necesario tener presente
que la Constitución en el artículo 305 protege de
manera especial a los pescadores artesanales y los
caladeros de pesca (zonas naturales de pesca) que se
encuentran en peligro de extinción o de merma en
todo el planeta. Así mismo los arrecifes de coral
como los ubicados en el Parque Nacional Los Roques,
sometidos más allá de su capacidad de carga lo cual
puede traducirse en daños irreversibles como sucedió en el Parque Nacional Morrocoy. El Gran Caribe debe
ser protegido sobre todas las cosas, para la
seguridad ambiental y humana de las presentes y
futuras generaciones.
De sancionarse este Proyecto de Ley Orgánica de
Fronteras y el Presidente de la Republica, Hugo
Chávez aprobarlo, se estaría decretando la muerte de
los Parques Nacionales, Monumentos Naturales,
Reservas de Biosfera, Reservas Forestales, Reservas
Hídricas, así como de los propios Pueblos Indígenas.
Hacemos un llamado a los movimientos sociales,
ambientales, culturales, universitarios,
científicos, indígenas, y a todos los interesados en
el destino del país y del planeta para realizar una
campaña honesta y sincera para paralizar este
proyecto ecocida y potencialmente genocida.
Solicitamos al Presidente Hugo Chávez, ordene la
paralización del mismo por el bien de Venezuela y de
la humanidad.
Demandamos designar una nueva comisión con
participación amplia y transparente para producir un
proyecto de Ley apropiado en el marco de artículo
327 de la Constitución.
Caracas. 29 de agosto 2005.
Los firmantes: Alexander Luzardo - Profesor UCV. Ex
presidente de la Comisión de Ambiente del Senado,
autor del capítulo ambiental de la Constitución
Bolivariana de Venezuela -
alexanderluzardon@gmail.com; Francisco Mieres -
Economista, Ex Embajador en Rusia, Experto
Petrolero; Lusbi Portillo - Profesor LUZ, Sociedad
HomoetNatura, Movimiento Defensa Sierra de Perija
-homoetnatura@cantv.net; Esteban Emilio Mosonyi
- Profesor UCV lingüista, antropólogo; Roland Denis
- Filosofo, Ex - Viceministro de planificación y
desarrollo; Paulino Nuñez - Filosofo, Generalista,
Activista Social -
paulinon@cantv.net; Rómulo Muñoz - Músico,
ecologista, dirigente social -
romunozvil@yahoo.com.ar; Edgard Yerena -Biólogo,
Profesor universitario USB; Ana Ponte - Ecologista,
educadora; Roberto Leal - Grupo Estudio y Trabajo;
Narlis Díaz - Grupo Estudio y Trabajo; Julio León -
Pueblo y conciencia; Luisa Arias - Pueblo y
conciencia; Migdalia Valdez -Psicóloga clínica,
luchadora social; Jessie Blanco -Docente UCV; Víctor
Poleo - Ex -Viceministro de Energía, Experto
Petrolero, Profesor Postgrado UCV; Alicia García -
Ingeniera Electricista, Sociedad Amigos en Defensa
de la Gran Sabana; Maria Eugenia Bustamante -
Museóloga, licenciada en Arte, Sociedad Amigos en
Defensa de la Gran Sabana” (Sociedad Amigos en
Defensa de la Gran Sabana, 30.08.05,
amigrans@internet.ve).
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DOCUMENTOS
"Red Alerta Petrolera Orinoco Oilwatch: El Plan
Estratégico de la Nueva PDVSA: Un nuevo salto al abismo" |
"En Venezuela, la Red Alerta Petrolera-Orinoco
Oilwatch, consecuente con su oposición de muchos
años al paradigma hegemónico de los hidrocarburos,
depredador corruptor y generador de dependencia,
eleva su voz de denuncia y alerta ante los planes de
la nueva Apertura petrogasífera - del actual
gobierno.
Exige un verdadero debate y consulta nacional sobre
dichos planes. Reitera la necesidad de una inmediata
moratoria a la explotación de hidrocarburos en zonas
ambiental y socialmente vulnerables. Reitera la
exigencia de un Proyecto de Estado comprometido
resuelta y sinceramente con la transición hacia una
Venezuela Postpetrolera.
La vieja gran Apertura
El actual presidente de la República Hugo Chávez
Frías como candidato presidencial en 1998 montó en
gran parte su campaña a la primera magistratura en
una crítica a la llamada 'Apertura Petrolera' del
Presidente Rafael Caldera. Por entreguista al
Extranjero, por violatoria de la soberanía nacional,
por sus graves amenazas o daños al patrimonio
ambiental nacional y de muchas poblaciones afectadas
directamente por los planes de dicha Apertura, por
haber sido decidida en forma “cupular” inconsulta.
El entonces candidato Chávez se alimentó a su vez de
la lucha de un conjunto de grupos sociales,
ecológicos, académicos y políticos que, en, forma
denodada y heroica, habían venido denunciando dicha
Apertura y oponiéndose a ella desde hacía tiempo.
Entre ellos, la Red Alerta Petrolera, que se ha
ganado reconocimiento nacional e internacional. La
Apertura Petrolera del Gobierno de Caldera pretendía
convertir a Venezuela en 'la nueva Arabia Saudita
del planeta', elevando la producción a niveles
descomunales y garantizándole suministros al mundo,
llenando el país de empresas extranjeras, e
hipotecando su futuro y autodeterminación.
La faraónica nueva Apertura
En base a los recién anunciados planes petroleros y
gasiferos del actual gobierno, es irónico observar
cuan parecida a la denunciada Apertura de la IV
Republica se ha vuelto la política actual. Se
anuncia con Bombos y Platillos que Venezuela posee
'las reservas de petróleo mas grandes del planeta,
incluso mayores que las de Arabia Saudita'. Se ponen
las mismas 'a disposición de todo el mundo'. Se
anuncia una nueva 'invasión' de empresas
extranjeras; desde la norteamericana Chevron Texaco
(destacada con gran alarde y orgullo en la
propaganda oficial, a pesar de sus estrechos lazos
con el gobierno de Bush y el juicio que tiene
pendiente por los desmanes ambientales en la
Amazonia Ecuatoriana) hasta la China Nacional
Petroleum Corporation (también muy cuestionada en
materia ambiental); así como la constitución de
Petrosur, Petrocaribe y Petroandina, las cuales bajo
el financiamiento de PDVSA pretenden esparcir el
modelo de explotación petrolera en todo el
Continente. Se anuncia la duplicación petrolera para
el año 2012, hasta unos seis millones de barriles al
día; y la duplicación de la capacidad de refinación.
Convertir al país en una potencia gasífera. Ofertar
500 mil kilómetros cuadrados de la plataforma marina
venezolana a la explotación de petróleo y gas como
nueva frontera de explotación. Esta extensión a
añadirse a los 570 mil kilómetros cuadrados de
tierra firme declarados aptos para la actividad de
los hidrocarburos. Sobre estos últimos el Jefe de
Estado ha declarado al anunciar el Plan, el pasado
19 de agosto, su intención firme de marchar hasta
los confines del territorio: 'las refinerías, los terminales, las instalaciones
petroleras, los gasoductos, etc., están en un 99%
ubicados en el norte del país y tenemos grandes
extensiones de territorio bueno, donde no hay ni una
refinería, ni un oleoducto, ni un gasoducto, ni una
instalación energética petrolera. Vamonos Venezuela
Adentro'.
En este contexto se anuncia la construcción de una
gigantesca refinería en las márgenes del río
Orinoco, en Cabruta, en pleno centro geográfico del
país, a generar un voluminoso tráfico de transporte
petrolero por dicho río. La misma mentalidad de
conquista desarrollista, reminiscencia de la
'Conquista del Sur' del Gobierno de Caldera, se
proyecta para justificar los designios
presidenciales de explotación del espacio marino al
hablar el Jefe de Estado que ellos permitirán
ejercer 'soberanía' en 'la fachada atlántica que se
encuentra totalmente abandonada' (!) –ignorando, en
típico estilo desarrollista que en la Naturaleza
nada esta nunca ocioso o abandonado sino que esta
cumpliendo múltiples y valiosas funciones de
equilibrio o regulación biótica. Se anuncia asimismo
grandes planes de desarrollo para la, ecológicamente
y socialmente – por ser sede de pueblos indígenas y
pesqueros ancestrales- ultra frágil zona del Delta
del Orinoco y Golfo de Paria, incluyendo un
gigantesco complejo gasífero-petrolero-petroquímico
en Guiria, estado Sucre. Se anuncian hasta Convenios
de abastecimientos con países tan remotos como China
e India. Para satisfacer todo el mercado planetario,
se adquirirá una nueva flota de tanqueros que
recorrerá nuestras costas y los mares dejando 'su
rastro de petróleo' y aumentando el riesgo de
desastres petroleros marinos. Se anuncia un gran
gasoducto que atravesaría Venezuela y Colombia para
surtir el mercado del Pacifico, Centroamérica y
Estados Unidos. Y pare usted de contar!...En un
pasmoso parecido con la consigna del Gobierno de
Caldera de que 'el cielo era el limite', para marcar
la desmesura y ambición de sus respectivos planes.
Las contradicciones
Todo lo anterior al tiempo que se designa a la nueva
gran 'Apertura Quinta Republicana' como inspirada en
las enseñanzas de Arturo Uslar Pietri y Juan Pablo
Pérez Alfonso, quienes en verdad fueron grandes
críticos del derroche y la dependencia petrolera. Al
tiempo que el discurso oficial expresa preocupación
por el alarmante calentamiento del planeta, la
ampliada ola de huracanes producto de éste que asola
a países como Cuba y aun a nuestras propias costas;
la 'perversa' omisión del Gobierno de Bush de
negarse a firmar el Protocolo de Kyoto; males o
problemas todos estos directamente relacionados con
la explotación de hidrocarburos que el Gobierno
Nacional impulsa con tanta dedicación.
Al tiempo que se critica 'el imperialismo del ALCA'
por no consultar a los pueblos del Continente - la
misma omisión en la que incurre el Plan Estratégico
de PDVSA.
Al tiempo que no se hace ninguna referencia en el
nuevo mega plan inversionista de 56.000 millones de
dólares del saneamiento de la gran Deuda Ambiental
de la industria petrolera para con la Nación; que
incluye, entre otros aspectos, la devastación de la
Cuenca del Lago de Maracaibo (donde se siguen dando
permisos de explotación hoy) así como las miles de
fosas llenas de desechos tóxicos, desatendidas a lo
largo y ancho de todo el país, así como la
contaminación de acuíferos subterráneos. Y el riesgo
al medio ambiente que comportarán las nuevas
explotaciones en el Delta del Orinoco-Golfo de Paria
(desconociendo la oposición de los indígenas Warao y
pescadores; el carácter altamente dinámico de dichas
aguas; el alto riesgo tectónico de la zona, el mayor
del país y vinculado incluso a la posibilidad de un
gran riesgo de erupción volcánica en la región que
ciertamente devastaría costas y la infraestructura
petrolera en tierra y mar con el consiguiente
desastre en derrames; y desconociendo el gran valor
biótico alternativo de la zona); así como el riesgo
ambiental de la también nueva explotación de los 500
mil kilómetros cuadrados de la plataforma marina que
ahora también se quiere realizar, (incluyendo toda
la resultante generación de desechos contaminante en
alta mar), y el riesgo de la explotación en nuestra
vital cuenca del río Orinoco aguas arriba.
Al tiempo que no se hace en la mencionada faraónica
nueva apertura ninguna referencia al desarrollo de
las nuevas fuentes alternas de energía, renovables y
ecológicas (como las del sol, viento, agua, biomasa
e hidrógeno), en las cuales nuestro país tiene
abundantes posibilidades de producción, y las cuales
son las que pueden salvar al mundo de la gran
debacle ambiental en que lo ha sumido la industria
de los hidrocarburos.
Para añadir a todo lo anterior la mencionada
política se presenta con el ropaje hechizante y
confundidor del discurso oficial. Se bautiza al
nuevo Plan Inversionista con la consigna 'Siembra
Petrolera', en flagrante torcedura de la misma
consigna de diversificación económica, a fin de
alejarnos del petróleo, que acuñara Uslar Pietri. Al
igual que se rebautizan viejas áreas de explotación
o se bautizan nuevos planes con sagrados términos de
la historia independentista patria, tales como los
de las batallas de Boyacá, Junín, Carabobo, y de los
próceres Mariscal de Ayacucho José Antonio Sucre y,
Rafael Urdaneta. Cuando, en verdad, tales
inconsultos compromisos con toda clase de factores
extranjeros, por decenas de años, lo que hacen es
comprometer la autodeterminación e independencia
económica -y por ende política – así como
territorial de la Nación. Dejándonos atados al
cumplimiento de todos esos compromisos so pena de
demandas internacionales judiciales o cual atractivo
botín de la ambición invasora de cualquier poder
extranjero – no olvidemos el gran factor de
discordia y guerra que ha sido el petróleo en el
mundo.
El Salto al abismo
El pretender colocar cerca de un millón setenta mil
kilómetros cuadrados, prácticamente todo el país
!...en el altar de sacrificio de la voraz y suicida
industria de los hidrocarburos mundial, solo traería
a la Nación más desolación ambiental, mas
dependencia, mas vulnerabilidad, mas concentración
de poder, mas desigualdad social, mas corrupción.
Por mas que se pretenda revestir lo anterior con
políticas de distribución asistencial de los
petrodólares o con consignas como las de que 'Ahora
Venezuela es de Todos'. En verdad, un cascarón es lo
que puede terminar siendo de todos: la suerte que le
ha esperado a todas las sociedades mineras luego de
que se haya agotado el recurso y se hayan corrompido
ellas con su explotación. Como dijera el maestro de
Simón Bolívar, Simón Rodríguez, especialmente
recordado en la reciente conmemoración de los 200
años del juramento de Bolívar en el Monte Sacro de
Roma ante el mismo Rodríguez: Y como también nos
dejara dicho el Dr. Uslar Pietri, en su discurso de
conmemoración del sesquicentenario de la muerte del
Libertador (en 1980): 'Un torrente ciego de riquezas
se ha desbordado sobre nuestra tierra riqueza
incontrolable, no producida por nuestro esfuerzo, no
dirigida por nuestra voluntad, la ola del petróleo
nos aleja y nos aliena de Bolívar…. A las puertas de
la Soberanía Nacional está el Libertador.
No lo hagamos esperar!'
De un recurso producido a costa de tantos males o
bemoles, no puede surgir ninguna prosperidad de
bienes sustentables o éticamente aceptables.
Deploramos que la casi totalidad del país político
nacional, empresarial y mediático ha permanecido
silente, cómplice, o ávida pretendiente de
beneficios de los mencionados planes. Aún aquellos
que han dicho militar en la oposición política o
defender mejores intereses patrios.
El imperativo de una rectificación
Por todo lo anterior la Red Alerta Petrolera-Orinoco
Oilwatch, consecuente con su oposición de muchos
años al paradigma hegemónico de los hidrocarburos,
depredador corruptor y generador de dependencia,
eleva su voz de denuncia y alerta ante los planes de
la nueva Apertura petrogasífera - del actual
gobierno. Exige un verdadero debate y consulta
nacional sobre dichos planes. Reitera la necesidad
de una inmediata moratoria a la explotación de
hidrocarburos en zonas ambiental y socialmente ultra
vulnerables. Reitera la exigencia de un Proyecto de
Estado comprometido resuelta y sinceramente con la
transición hacia una Venezuela Postpetrolera, tal
como en verdad lo quisieron Uslar Pietri y Pérez
Alfonso y como nuestra Red lo ha venido solicitando.
Por el bien de los mas altos intereses del país y
del mundo. Por la sensatez y coherencia elemental.
Por la salvaguarda de la Patria de enceguecidas
ambiciones externas e internas.
Rectificar antes de que sea demasiado tarde, es un
imperativo.
Caracas, 24 de agosto de 2005
La Red Alerta Petrolera-Orinoco Oilwatch, esta
conformada por un colectivo de organizaciones
ambientalistas y sociales, representantes de
comunidades indígenas y personalidades relevantes en
el área del petróleo, la antropología, el derecho,
economía, ingeniería, ecología, y otras disciplinas,
quienes desde 1997 nos hemos propuesto como objetivo
principal investigar y monitorear los efectos
socio-ambientales de la actividad petrolera en
Venezuela.
Red Alerta Petrolera (Orinoco Oilwatch); Sociedad de
amigos en defensa de la Gran Sabana. AMIGRANSA;
Frente en Defensa de la Sierra de Perijá; Sociedad
Hommo et Natura; Asociación Civil Ecológica y Social
Chunikai; Fundación Nuevo Sur; Periodico El
Libertario; Asociación de Vigilantes del ambiente;
Frontera Gran Sabana AVVA; Centro Social
Libertario; Centro Documentación Emilio Tesoro;
Nicla Camerin; ECO XXI" (Amigransa, 24.08.05, amigrans@internet.ve).
|
DOCUMENTOS
Amnistía Internacional:
"Cumbre de la ONU: Los derechos humanos, traicionados
por una falta de liderazgo" |
"Amnistía Internacional condena la aparente
capitulación de los dirigentes mundiales ante las
presiones de una pequeña minoría de Estados, que ha
dado lugar a que se excluyan del debate que tendrá
lugar mañana, 13 de septiembre, en la Cumbre de la
ONU en Nueva York casi todas las reformas
significativas en materia de derechos humanos.
El texto propuesto sobre el Consejo de Derechos
Humanos es lamentablemente inadecuado, pues no pide
unos elementos mínimos esenciales para el
establecimiento de un órgano de derechos humanos
mejorado y con más autoridad. Ofrece a la población
mundial poco más que la desacreditada Comisión de
Derechos Humanos, con un nombre diferente.
'Es totalmente inaceptable que se permita que un
pequeño número de países con unos historiales de
derechos humanos sumamente preocupantes, encabezados
por China y Rusia, bloquee la creación de un Consejo
de Derechos Humanos nuevo, más fuerte, más efectivo
y con más autoridad. Los Estados Unidos de América y
el Reino Unido también tienen su especial parte de
responsabilidad por no defender un Consejo de
Derechos Humanos fuerte en momentos cruciales de las
negociaciones', ha manifestado Yvonne Terlingen,
representante de Amnistía Internacional en la ONU.
Amnistía Internacional pide a todos los gobiernos
que presenten ante los dirigentes mundiales en la
Cumbre de mañana un paquete creíble de reformas en
materia de derechos humanos. La Cumbre debe pedir,
para una fecha determinada, la creación de un
Consejo de Derechos Humanos que:
- se reúna con regularidad a lo largo del año;
- tenga el mandato de abordar cualquier asunto
relacionado con la protección y la promoción de los
derechos humanos;
- examine periódicamente el historial de derechos
humanos de todos los países y haga frente a las
situaciones urgentes;
- mantenga el excepcional conjunto de normas y
prácticas para la participación de ONG y su sistema
de expertos independientes denominados
Procedimientos Especiales.
El documento final debe asimismo dotar a la Oficina
del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de
los recursos mínimos suficientes para que cumpla su
mandato, y debe incluir el compromiso de duplicar, a
lo largo de los próximos cinco años, los recursos
que la Oficina recibe del presupuesto ordinario.
'Si los dirigentes mundiales se limitan a adoptar un
texto amplio y vago que remita todas las decisiones
importantes a la Asamblea General, habrán
desperdiciado una oportunidad histórica. Una falta
tan crítica de liderazgo arrojará una oscura sombra
sobre la Cumbre entera, y constituirá una traición a
millones de las personas más vulnerables del mundo',
ha declarado Yvonne Terlingen" (Amnistia Internacional - Sección Uruguay,
14.09.05, amnistia@chasque.net).
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El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) es una organización no gubernamental especializada en la defensa y promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC), que tiene como fin la plena realización de los derechos humanos y el respeto al Estado de Derecho, en el marco de una sociedad democrática y participativa.
Toda acción que Provea lleva a cabo busca beneficiar a las víctimas o potenciales víctimas a las que el Estado no les garantiza o les viola sus derechos humanos, propiciando su protagonismo y la concientización de sus derechos. |
Tienda Honda a Puente Trinidad, edificio Centro Plaza Las Mercedes, local 6, planta baja, Parroquia Altagracia
Apartado Postal 5156, Carmelitas 1010-A, Caracas, Venezuela
Teléfonos / fax: (0058) (0212) 862-10-11 / 862-53-33 / 860-66-69
Sitio web: http://www.derechos.org.ve
Correo electrónico: provea@derechos.org.ve
Provea, 2004 |
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