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Una lectura de la
realidad venezolana
desde los derechos humanos |
Boletín electrónico Nº 164
Del 18 de noviembre al 01 de diciembre de
2005 |
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EFEMÉRIDES DE
DERECHOS HUMANOS DE DICIEMBRE
CONTEXTO
* Provea presentará
Informe Anual sobre la Situación de los
Derechos Humanos en Venezuela Octubre
2004/Septiembre 2005
DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y
CULTURALES
*
Ante el
Decreto 4.208 de aumento salarial a
médicos/as de la administración pública
nacional,
Provea considera que lo conducente es
restablecer el proceso de negociación de
la convención colectiva
*
Provea celebra que el
Estado restituya el cumplimiento de sus
compromisos monetarios para con las
personas jubiladas y pensionadas de
VIASA
* Estado de emergencia
para la vivienda pretende responder
moratorias acumuladas
* Despacho de la Salud
respondió a petición de profesionales de
la salud que participan en la Misión
Barrio Adentro
* Vía Campesina alertó
sobre medidas contrarias a la soberanía
alimentaria en conferencia de la OMC
*
Indicadores del derecho a
la alimentación y al salario justo
*
Conflictos entre grupos
mineros subraya necesidad de profundizar
la atención a este sector
*
Propuestas y exigencias de Provea a los
poderes públicos sobre el
derecho a un ambiente sano
DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
* Por inconstitucionales
Ministerio Público presentó ante TSJ
recurso de nulidad de artículos de la
reforma del Código Penal
* Movimiento Amplio de
Mujeres propuso a candidatas a diputadas
agenda legislativa con perspectiva de
género
* Violencia contra la
mujer atañe a todos/as
* Preocupantes los
recientes saldos en las represiones
contra manifestaciones estudiantiles
* Poder Judicial prometió
fin de la transitoriedad para antes de
fin de año
* Propuestas y exigencias
de Provea a los poderes públicos sobre
el
derecho al asilo y al
refugio
ACTIVIDADES DE FORMACIÓN
* Una Ventana a la
Libertad invita a sus I Jornadas de
Derechos Humanos
ARTÍCULOS
*
Son derechos:
"Hacia
el Foro Social Mundial"
NOVEDADES DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN
TODOS LOS DERECHOS PARA TODOS
*
"Participación
y control social de la gestión pública
en el marco de la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela y
leyes vigentes"
*
"Cuestiones
políticas"
*
"Monitoreo
de los derechos humanos"
*
"Colombia: diálogo
pendiente"
DOCUMENTOS
*
Carta dirigida a los
movimientos sociales de la salud y al
Comité Internacional y Secretaría
Ejecutiva del Foro Social Mundial de la
Salud
*
Movimiento LGBT venezolano
denunció actitud intolerante de
diputados
* Mensaje del Director
General de la OMS a propósito del Día
Mundial de la Lucha Contra el SIDA
*
"Vía Campesina exige parar
la ronda de Doha en la OMC"
Agradecemos mencionar la fuente cuando
el contenido sea citado o difundido
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EFEMÉRIDES DE
DERECHOS HUMANOS DE DICIEMBRE |
01 Día Mundial de la Lucha Contra el
Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida
(SIDA)
02 Día Internacional de la Abolición de
la Esclavitud
03 Día Internacional de las Personas con
Discapacidad
04 Día Internacional del Voluntariado
10 Día Internacional de los Derechos
Humanos
18 Día Internacional de los Migrantes
19 Inicio de la primera Huelga de
Obreros Petroleros organizada por la
Unión Sindical Petrolera de Venezuela
(1936)
29 Día Internacional de la Diversidad
Biológica
30 Entrada en vigencia de la
Constitución de la República Bolivariana
de Venezuela
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CONTEXTO
Provea presentará Informe Anual sobre la
Situación de los Derechos Humanos en
Venezuela Octubre 2004/Septiembre 2005
|
Como es costumbre desde hace 17 años, Provea
presentará públicamente el próximo 09.12.05,
en vísperas del Día Internacional de los
Derechos Humanos presentando, su más
reciente edición del Informe Anual sobre la
Situación de los Derechos Humanos en
Venezuela. Octubre 2004/Septiembre 2005.
Y como siempre, lo hará en un foro de acceso
libre en la Sala A del piso 3 del Ateneo de
Caracas (Metro de Bellas Artes), a las
5:30PM.
Para ese día se presentará la versión
impresa de esta publicación que registra el
comportamiento estatal con respecto a 18
derechos humanos agrupados entre Derechos
Económicos, Sociales y Culturales (DESC) y
Derechos Civiles y Políticos (DCP),
acompañados de un análisis coyuntural, un
reporte de las acciones emprendidas por el
movimiento nacional de derechos humanos en
el ámbito nacional e internacional y una
serie de ilustrativos anexos.
Igualmente, a partir de esa fecha, invitamos
a los/as interesados/as a consultar y/o
descargar esta publicación en el sitio web
de Provea:
http://www.derechos.org.ve.
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DERECHOS
ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Ante el
Decreto 4.208 de aumento salarial a
médicos/as de la administración pública
nacional,
Provea
considera que lo conducente es restablecer
el proceso de negociación de la convención
colectiva |
El siguiente
es un comunicado que forma parte de un
análisis desarrollado por Provea sobre la
materia en cuestión y que puede ser
consultado y/o descargado en toda su
extensión en el sitio web de Provea:
http://www.derechos.org.ve/campanas/decreto_4208.pdf.
A juicio de Provea, la decisión del
Ejecutivo Nacional de desconocer el
mecanismo de la negociación colectiva
aduciendo “problemas de legitimación y de
cualidad” de la Federación Médica Venezolana
(FMV), se inscribe en el tipo de conductas
gubernamentales que el Comité de Libertad
Sindical cuestiona porque: “Al
favorecer o desfavorecer a determinada
organización frente a las demás, los
gobiernos podrían influir en el ánimo de los
trabajadores cuando eligen la organización a
la que pueden afiliarse. Un gobierno que
obrase así de manera deliberada infringiría
además el principio contenido en el Convenio
87 de que las autoridades deben abstenerse
de toda intervención que tienda a limitar
los derechos otorgados por este
instrumento”.
Cabe recordar, que Provea ha mantenido una
posición crítica de la política del gobierno
nacional que, con la excusa de la
confrontación política con la oposición, ha
venido desconociendo en la práctica a
diversas organizaciones sindicales a los que
califica, como en este caso, de “golpistas”.
Esta práctica de desconocimiento de la FMV
se inscribe en la política gubernamental que
pretende debilitar las estructuras gremiales
no afectas al oficialismo y potenciar el
paralelismo sindical. En este sentido, lo
idóneo es que el Ministerio del Trabajo
convoque al reinicio de las negociaciones
del convenio colectivo con la FMV, para de
esta manera restablecer el respeto el
derecho constitucional a la convención
colectiva.
Por otra parte, Provea coincide con el
gremio médico en que el Decreto establece
discriminaciones que no tienen
justificación, como lo es el haber excluido
a los médicos jubilados y pensionados,
becarios y contratados, así como los
sobrevivientes. Un caso paradigmático de
exclusión lo constituyen los galenos
venezolanos que participan de la Misión
Barrio Adentro, que organizados en la
Coordinación Nacional de Médicos Venezolanos
de Barrio Adentro, denunciaron que su
exclusión “no se corresponde
con los principios de igualdad y justicia social, sobre todo,
si se toma en cuenta que nuestro ingreso es
inferior al percibido por los colegas de
otros postgrado, quienes además reciben
beneficios de bono alimentario, bono
nocturno, prestaciones sociales, primas por
hijo, por profesionalización, Ley de
Política Habitacional, Paro Forzoso, entre
otros”.
Lo grave del caso es que el Ministerio de
Salud no atiende el reclamo de estos
profesionales de la salud: “nosotros le
hicimos una solicitud de audiencia el pasado
16 de agosto del presente año, la cual fue
entregada en su Despacho, para tratar estos
y otros aspectos relacionados con el
postgrado de Medicina General Integral y de
la Misión Barrio Adentro y hasta la fecha no
hemos obtenido respuesta alguna”.
En relación con el aumento salarial
establecido en el Decreto 4.208, Provea es
de la opinión que la escala de salarios del
gremio médico debe ser mejorada a niveles
que permitan a dichos profesionales contar
con salarios competitivos con los del sector
privado, un factor importante para
fortalecer y mejorar la calidad de los
servicios del nuevo sistema nacional de
salud. Cabe esperar, que mediante la
negociación y aprobación de la nueva
contratación colectiva los salarios sean
mejorados, al tiempo que se establezca una
escala salarial que valore adecuada y
justamente los componentes de
especialización y antigüedad de estos
servidores públicos.
Es evidente que el nuevo sistema nacional de
salud exige, para que sea exitoso, que la
mayor parte de los médicos, así como el
resto del personal, trabaje a tiempo
completo en los hospitales y ambulatorios, y
no como hasta el momento, que lo hacen bajo
las modalidades de cuatro y seis horas.
También es importante que trabajen en un
solo centro asistencial, modalidades ambas
que mejorarían la eficacia y eficiencia del
sistema público de salud. Pero para ello, en
opinión de Provea es necesario que el Estado
mejore substancialmente no solo los salarios
sino las condiciones generales del entorno
laboral, para que de esta manera los
profesionales de la salud vuelvan a
privilegiar lo público como ámbito natural
de prestación de sus servicios. En este
sentido, es evidente que la condición de
“exclusividad” planteada en el artículo 9
del Decreto 4.208, debe asimilarse a la de
tiempo completo y en ningún momento puede
entenderse como una prohibición de la
práctica privada de la medicina en el tiempo
libre que dispongan los médicos/as luego de
cumplir su jornada de trabajo a tiempo
completo en el sistema público de salud.
Provea propone que el Ejecutivo Nacional
modifique el artículo 9, eliminando la frase
que reza: “y solo podrán percibir otras
remuneraciones derivadas del ejercicio
académico”, ya que ello atenta contra el
principio constitucional de la libertad de
trabajo establecido en el artículo 87, que
es claro cuando especifica que “la
misma no será sometida a otras restricciones
que la ley establezca”, condición que no se
cumple en este caso por tratarse de un
decreto del Ejecutivo Nacional y no de una
ley aprobada por la Asamblea Nacional.
Sobre la controvertida creación del
Registro Único de Médicos y Médicas del
Sistema Público Nacional de Salud, Provea
opina que su creación es necesaria para
poner orden y organizar la prestación de
servicios antes de que comience a funcionar
el nuevo sistema de salud. Lo que es
criticable es que se condicione el pago del
bono a la inscripción para aquellos médicos
que opten voluntariamente por trabajar bajo
el régimen de exclusividad.
Provea reitera que el Ejecutivo Nacional
debe rectificar y dejar de discriminar a los
trabajadores por su orientación política y
convocar a la brevedad posible a la
discusión de la convención colectiva,
garantizando la participación de la FMV y de
otros sectores del gremio médico, como parte
del proceso de transición e integración del
Sistema Público Nacional de Salud (Provea,
01.12.05).
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DERECHOS
ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Provea celebra
que el Estado restituya el cumplimiento de
sus compromisos monetarios para con las
personas jubiladas y pensionadas de VIASA |
Provea informa que este 01.12.05, a través
del Ministerio de Finanzas (MF), el Estado
venezolano se puso al día con el pago
adeudado a las personas jubiladas y
pensionadas de la Venezolana Internacional
de Aviación Sociedad Anónima (VIASA),
quienes el 02.03.05, en el marco del 122º
período ordinario de sesiones de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH),
acordaron con el Estado venezolano avanzar
hacia una solución amistosa.
Tal como se adelantó en la edición Nº 163 de
este boletín (ver
http://www.derechos.org.ve/actualidad/coyuntura/2005/coyuntura_163.htm#04),
se esperaba que en dicha fecha el despacho
de finanzas restituyera el monto de la nueva
deuda acumulada por los últimos 4 meses,
tras haber suspendido la cancelación de un
pago por concepto de jubilación y de 6.000
dólares como indemnización a un grupo de 18
beneficiarios/as, que había iniciado el
29.07.05 (ver edición Nº 158 de este boletín
en el sitio web de Provea:
http://www.derechos.org.ve/actualidad/coyuntura/2005/coyuntura_158.htm#02).
Como se recordará, este grupo de
extrabajadores/as de VIASA fueron
despojados/as de su derecho a recibir su
jubilación y pensión tras el proceso de
privatización de la compañía aérea
adelantado por el Gobierno Nacional en 1998
(para conocer detalles de este caso, ver
sitio web de Provea:
http://www.derechos.org.ve/recursos/alegal/viasa/index.htm).
Por otra parte, se conoció que en
el más reciente Consejo de Ministros se “aprobó cancelar 2,95
millardos de bolívares (equivalente a 1,37
millones de dólares) a 16 jubilados/as y
pensionados/as de la extinta compañía
estatal Venezolana Internacional de Aviación
SA (VIASA). En la reunión se acordó cancelar
las acreencias por la vía de un fideicomiso
creado por el Banco Nacional de Desarrollo
Económico y Social (BANDES)” (El Nacional,
29.11.05, pág. A/20).
Provea insiste en que el avance cumplidos
los compromisos monetarios, las partes
trabajan en el cumplimiento de los aspectos
no pecuniarios de dicha acta compromiso,
entre ellos, el reconocimiento público de la
responsabilidad internacional del Estado por
la violación de los derechos humanos de las
personas jubiladas y pensionadas de VIASA y
la difusión de programas televisivos para
reivindicar la memoria de los ex
trabajadores fallecidos, así como para
educar a la sociedad venezolana en cuanto a
los derechos que tienen las personas
jubiladas y pensionadas en el país (ver
edición Nº 157 de este boletín en el sitio
web de Provea:
http://www.derechos.org.ve/actualidad/coyuntura/2005/coyuntura_157.htm#01).
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DERECHOS
ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Estado de emergencia para la vivienda
pretende responder moratorias acumuladas |
De acuerdo con la Gaceta Oficial Nº 342.835, publicada el
17.11.05, se facultó al Instituto
Nacional de la Vivienda (INAVI), al
Fondo Nacional de Desarrollo Urbano (FONDUR),
al Consejo Nacional de la Vivienda (CONAVI),
al Servicio Autónomo de Vivienda (SAFIV)
y a la Fundación para el Equipamiento de
Barrios (FUNDABARRIOS), adscritos al
Ministerio de la Vivienda y el Hábitat (MVH):
“para realizar con urgencia las
contrataciones necesarias para la
ejecución y para la culminación de las
obras en todos sus ámbitos” (Últimas
Noticias, 19.11.05, pág. 20).
Luis Figueroa, titular del MVH, informó
que se declaró al Sistema Nacional de
Vivienda en Estado de Emergencia “por el
altísimo déficit que atraviesa la
población venezolana en esa área”
(Últimas Noticias, Ídem.), así como para
responder “a la necesidad de crear el
marco jurídico adecuado para agilizar la
construcción de casas” (Agencia
Bolivariana de Noticias, 18.11.05,
http://www.abn.info.ve/go_news5.php?articulo=26832&lee=3).
Explicó el funcionario que los recursos
depositados en dichos organismos serán
reorientados para atender la conclusión
de las casas: “toda esa masa de dinero,
unos 380 mil millones de bolívares, se
destinará a finiquitar obras […] De esta
manera el Ejecutivo espera entregar
10.500 soluciones habitacionales en el
lapso previsto […] entre finales de este
año y el primer trimestre de 2006”
(Últimas Noticias, Op. cit.).
De este monto, 4.500 casas están a cargo
del CONAVI, alrededor de 5.000 están
bajo la responsabilidad del FONDUR y
cerca de 1.000 pertenecen al INAVI.
Asimismo, el titular de Vivienda precisó
que, para la adjudicación de los
contratos, están revisando los reportes
de las empresas que hayan tenido una
adecuada ejecución física y financiera,
un buen récord de trabajo y precios
justos en sus propuestas
(Agencia Bolivariana de Noticias,
Ídem.). Con la medida, el Ejecutivo hará
las adjudicaciones de los contratos de
forma directa, sin pasar por el proceso
de licitación: “Con un decreto de
emergencia se obvian los procesos de
licitación, que retrasan la entrega de
viviendas. En este momento, necesitamos
aumentar la oferta, en virtud de la alta
demanda […] podemos hacer que los
procesos sean transparentes, aun cuando
no se hagan licitaciones. El hecho de
que sean adjudicaciones directas no
arroja dudas sobre la necesidad de la
premura de la obra. Buscaremos en los
reportes cuáles empresas tuvieron una
ejecución correcta y cuáles ofrecen un
precio justo”, señaló Figueroa respecto
a la experiencia que demuestra que las
adjudicaciones directas propician actos
de corrupción (El Nacional, 19.11.05,
pág. A/14).
De acuerdo con lo que señala otra fuente
“las viviendas pendientes superan las
50.000 unidades y según Figueroa las
soluciones factibles para terminar este
año suman 10.000. ‘Esa cantidad de
unidades se pueden entregar por cierre
de ciclo. Una primera cosecha estará
lista al término de 2005 y una segunda
parte se completará en el primer
trimestre de 2006. Hemos escogido
aquellos proyectos que tienen una
función significativa, como es la
entrega de las casas’" (El Universal,
19.11.05,
http://www.eluniversal.com/2005/11/19/eco_art_19201A.shtml).
Conviene destacar que al cierre del 3er.
trimestre del presente año, fueron
terminadas 17.000 unidades
habitacionales (El Universal, 28.11.05,
http://www.eluniversal.com/2005/11/28/eco_art_28204C.shtml).
“Según datos que se manejan en los
despachos de finanzas y planificación
sobre el comportamiento del Producto
Interno Bruto (PIB), hasta septiembre
las unidades listas por parte del sector
público fueron 17.000, lo cual
representó 24% del conjunto de
soluciones pendientes de los planes de
2001 y 2002. En julio los voceros
oficiales del sector vivienda habían
notificado que esa cantidad de unidades
eran las que se habían terminado en ese
período, de manera que entre agosto y
septiembre los organismos ejecutores no
tuvieron actividad. Al Ejecutivo
Nacional le faltan por terminar más de
50.000 unidades, las cuales se habían
programado en varios desarrollos a nivel
nacional. No obstante de ese lote, el
actual titular de la Vivienda, Luis
Figueroa, ha señalado que las unidades
factibles serán 10.000. Eso indica que
el Gobierno comenzará el año 2006 con
más de 40.000 viviendas que están
pendientes […] Las metas planteadas por
las autoridades distan de lo solicitado
por el primer mandatario nacional, quien
en varias alocuciones dijo que para este
año se tenían que hacer 120.000
viviendas y para el 2006 la meta debía
ser 200.000 unidades” (El Universal,
Ídem.).
Figueroa, por su parte, no precisó la
cantidad de fondos que se invertirán en
esta emergencia, pero manifestó que no
“descarta solicitar más recursos en 2006
para efectuar las soluciones. El próximo
año los recursos que se destinarán por
la vía de presupuesto al sector vivienda
ascenderán a 800 millardos de bolívares
y ello representa un aumento de 22% en
relación con lo programado en este
ejercicio, sin embargo la inversión está
52% por debajo de lo previsto en el año
2000” (El Universal, Ídem.).
Con relación a los fondos previstos en
ejercicios pasados, el titular del MVH
explicó que “en parte se destinaron a
los pagos de las empresas […] a los
fideicomisos que se abrieron para
atender los proyectos se les realizaron
depósitos, sin embargo cuando se
conversó con las empresas para revisar
las gestiones se determinó que se tenían
que indexar algunos aspectos, con lo
cual el dinero no fue suficiente. Ahora
el dinero será realmente para la
construcción de casas. Esto es un
reordenamiento a la inversa" (El
Universal, Ídem.).
Sobre estos ejercicios presupuestarios
anteriores, esta fuente periodística
recordó que durante los años 1999 a 2002
fueron las programadas por el Ejecutivo
nacional la construcción de 158.000
viviendas. Sin embargo, “debido a que a
partir de 2003 se decidió por terminar
las soluciones pendientes, no se
planificaron nuevos desarrollos
habitacionales”. Entre los años 1999 y
2004, fueron terminadas 94.000 unidades,
“de manera que solamente se hizo el 59%
de lo previsto en 5 años”. Entre enero y
julio de este año, “17.000 soluciones
habitacionales fueron las que se
terminaron, según lo señalado por el
entonces ministro de la Vivienda, Julio
Montes. Quedando pendiente
aproximadamente unas 50.000 viviendas.
10.000 unidades son las factibles por
terminar al cierre de año, de acuerdo
con lo indicado por el actual ministro
de la Vivienda, Luis Figueroa”.
Mientras, que 27.000 soluciones
habitacionales será lo que se realizará
en este ejercicio. Para este año 2005 se
estimó una inversión en el sector
vivienda de 800 millardos. Por otra
parte, 1,1 billones de bolívares son los
recursos previstos por la Corporación
Venezolana de Petróleo para el sistema
de vivienda.
“Esta será la 3ra. vez que las
autoridades del sector vivienda
volverían a recurrir a las
adjudicaciones directas […] En el año
2000 el Gobierno decretó emergencia por
la tragedia del Edo. Vargas, debido a
que se necesitaba realizar nuevas
unidades para atender a los damnificados
y para agilizar los procedimientos se
efectuaron adjudicaciones directas. Para
ese período se programó la construcción
de más de 99.000 viviendas. Pero de esa
cantidad solamente se terminó el 64% y
en un plazo de año y medio. En el año
2001 se volvió a presentar un nuevo plan
de viviendas. La meta era realizar más
de 48.000 soluciones habitacionales.
Para ese año la emergencia había
terminado, pero el 70% de los fondos que
se previeron para construir las
soluciones se incluyeron en la Ley de
Endeudamiento. El para entonces
presidente de FONDUR, Víctor Cruz Weffer,
argumentó que al estar los recursos
dentro de la Ley Paraguas el organismo
podía efectuar adjudicaciones. 3 meses
después, en junio de 2001, Cruz Weffer
indicó que de la meta de viviendas
previstas para el año solamente se
terminaría el 25%, es decir, 12.000
soluciones estarían listas a pesar de
las adjudicaciones directas a pequeñas y
medianas empresas […] Según cifras de la
Cámara Venezolana de la Construcción (CVC),
en diciembre de 2001 tanto el sector
público como el sector privado solamente
realizaron 22.800 unidades, menos de 50%
de la meta prevista. Para mediados de
2002 todavía se estaba ejecutando el
plan de unidades del año anterior y se
había entregado el 51% de los recursos
programados. En la Ley de Endeudamiento
de 2001 se previeron 732 millardos de
bolívares para el sector y solamente se
desembolsaron 373 millardos de
bolívares. A pesar de los rezagos, en
2002 se decidió construir 35.000
viviendas, pero la programación no se
ejecutó. Por tal motivo a partir de 2003
el Gobierno dejó de presentar nuevos
programas y optó por terminar las
unidades de los planes pasados, pero el
Ejecutivo ya tiene más de 2 años
terminando esas soluciones” (El
Universal, 22.11.05,
http://www.eluniversal.com/2005/11/22/eco_art_22201A.shtml).
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DERECHOS
ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Despacho de la Salud respondió a petición de
profesionales de la salud que participan en
la Misión Barrio Adentro |
Roberto Rondón, director general de Gestión Administrativa
del Ministerio de Salud y Desarrollo
Social (MSDS), informó que a partir de
la 2da. semana de noviembre este
despacho “aumentará la beca que reciben
los médicos venezolanos estudiantes del
postgrado de Medicina General Integral (MGI)
que prestan sus servicios en Barrio
Adentro I, la cual se ubicará en
1.491.000 bolívares” (Agencia
Bolivariana de Noticias, 25.11.05,
http://www.abn.info.ve/go_news5.php?articulo=27666&lee=7).
Igualmente, el funcionario agregó que
los aguinaldos destinados a este
personal serán cancelados a finales de
noviembre y que también se viene
realizando el pago del beneficio de los
cestatickets (Gobierno en Línea,
28.11.05,
http://www.gobiernoenlinea.gob.ve/noticias/viewNewsUser01.jsp?id_noticia=43663).
La medida parece atender los reclamos
que días antes había hecho la
Coordinación Nacional de Médicos
Venezolanos de la Misión Barrio Adentro,
denunciando que “1.100 galenos que
trabajan durante 8 horas en la referida
misión no fueron incluidos” (El
Universal, 22.11.05,
http://www.eluniversal.com/2005/11/22/ccs_art_22402D.shtml),
en el aumento de salarios contemplado en
el decreto 38.306 aparecido en la Gaceta
Oficial del 03.11.05 para el equipo de
médicos que forman parte del Sistema
Público Nacional de Salud así como de
otros beneficios fijados (ver edición Nº
163 de este boletín en el sitio web de
Provea:
http://www.derechos.org.ve/actualidad/coyuntura/2005/coyuntura_163.htm#08).
Adolfo Delgado, integrante de la
Coordinación Nacional de Médicos
Venezolanos de Barrio Adentro, dijo que
el no incluirnos "no se corresponde con
los principios de igualdad y justicia
social, sobre todo si se toma en cuenta
que nuestro ingreso es inferior al
percibido por los colegas de otros
posgrados, quienes además reciben
beneficios de bono alimentario, bono
nocturno, prestaciones sociales, primas
por hijo, por profesionalización, Ley de
Política Habitacional, entre otros" (El
Universal, Op. cit.).
Añadió Delgado que “no exigimos un trato
privilegiado, sino acorde e igual a la
responsabilidad asumida en la
construcción del Sistema Público
Nacional de Salud, a través de Barrio
Adentro […] los médicos que ahora
estamos en Barrio Adentro decidimos
renunciar a nuestros puestos fijos, aun
conociendo la situación de inestabilidad
político-social que enfrentaba nuestro
país para ese momento, a fin de atender
el llamado de incorporación a esta
Misión por medio del postgrado de
Medicina General Integral, convencidos
de las necesidades de atención médica de
nuestra población más humilde, que
siempre estuvo desprotegida, golpeada y
olvidada por los gobiernos anteriores"
El Universal, Ídem.).
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DERECHOS
ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Vía Campesina alertó sobre medidas
contrarias a la soberanía alimentaria en
conferencia de la OMC |
De acuerdo a Vía Campesina, movimiento internacional que
coordina organizaciones campesinas de
Asia, África, América y Europa, la
soberanía alimentaria es el derecho de
los pueblos, de sus países o uniones de
Estados a definir su política agraria y
alimentaria, sin dumping frente a
terceros países. La soberanía
alimentaria va más allá del concepto más
usual de seguridad alimentaria que
plantea sólo asegurar que se produzca
suficiente cantidad de comida con
garantía sanitaria sin tener en cuenta
qué comida se produce, cómo, dónde y en
qué escala.
La promesa de un goce pleno para
todos/as que dicho concepto entraña
podría ser minada en la 6ta. Conferencia
Ministerial de la Organización Mundial
de Comercio (OMC) que se celebrará en
Hong Kong, China, del 13 al 18.12.05.
Esta es la alerta lanzada por Vía
Campesina en un comunicado que puede ser
consultado en la sección DOCUMENTOS de
esta edición. A propósito de este
pronunciamiento, dicho movimiento
considera que las políticas neoliberales
“destruyen la soberanía alimentaria, ya
que éstas priorizan el comercio
internacional ante la alimentación de
los pueblos. Y que no han contribuido en
absoluto en la erradicación del hambre
en el mundo. Por el contrario, han
incrementado la dependencia de los
pueblos de las importaciones agrícolas,
y han reforzado la industrialización de
la agricultura, poniendo así en peligro
el patrimonio genético, cultural y
medioambiental del planeta, así como la
salud de su población. Finalmente, han
empujado a millones de campesinos y
campesinas a abandonar sus prácticas
agrícolas tradicionales, al éxodo rural
o a la emigración. Instituciones
internacionales como el Fondo Monetario
Internacional (FMI), el Banco Mundial y
la Organización Mundial del Comercio (OMC)
han aplicado estas políticas dictadas
por los intereses de las empresas
transnacionales y de las grandes
potencias. Acuerdos internacionales como
los de la OMC, otros regionales como el
Acuerdo de Libre Comercio de las
Américas (ALCA), o bilaterales de
"libre" intercambio de productos
agrícolas, permiten a dichas empresas
controlar el mercado globalizado de la
alimentación. Las organizaciones
campesinas consideran que la OMC es una
institución totalmente inadecuada para
tratar los temas relativos a la
alimentación y a la agricultura, por lo
que han exigido que esos temas salgan de
su órbita de negociación” (Choike,
23.11.05,
http://www.choike.org/nuevo/informes/1628.html).
De acuerdo con esta fuente, el concepto
de soberanía alimentaria sostenido por
Vía Campesina involucra:
- priorizar la producción agrícola
local para alimentar a la población, el
acceso de los campesinos y campesinas a
la tierra, al agua, a las semillas y al
crédito. De ahí la necesidad de reformas
agrarias, de la lucha contra los
Organismos Genéticamente Modificados (OGM)
para garantizar el libre acceso a las
semillas, y de mantener el agua en su
calidad de bien público a repartir de
una forma sostenible.
- el derecho de los campesinos a
producir alimentos y el derecho de los
consumidores a poder decidir lo que
quieren consumir, y cómo y quién se los
produce.
- el derecho de los países a protegerse
de las importaciones agrícolas y
alimentarias demasiado baratas (dumping).
- precios agrícolas ligados a los
costos de producción; esto será posible
siempre que los países o las uniones de
países tengan el derecho de gravar con
impuestos las importaciones demasiado
baratas, que se comprometan a favor de
una producción campesina sostenible y
que controlen la producción en el
mercado interno para evitar excedentes
estructurales.
- la participación de los pueblos en la
definición de la política agraria.
- el reconocimiento de los derechos de
las campesinas que desempeñan un papel
esencial en la producción agrícola y en
la alimentación.
Finalmente, Vía Campesina aclaró que
“los defensores de la soberanía
alimentaria no están en contra del
intercambio de productos, sino de la
prioridad dada a las exportaciones. El
acceso a los mercados internacionales no
es una solución para los campesinos,
cuyo problema es antes que nada la falta
de acceso a sus propios mercados locales
invadidos de productos importados a
bajos precios. Actualmente, sobre todo
Estados Unidos y la Unión Europea abusan
de ayudas públicas para reducir sus
precios en los mercados internos y para
practicar el dumping con sus excedentes
en los mercados internacionales,
destruyendo la agricultura campesina
tanto en el Norte como en el Sur” (Choike,
Ídem.).
|
DERECHOS
ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Indicadores
del derecho a la alimentación y al salario
justo |
|
Índice de Precios al Consumidor |
|
Mes |
Tasa de Variación Mensual |
Tasa de Variación intermensual |
Tasa de Variación
Acumulada 2005 |
Variación Anualizada 2004/2005 |
|
Enero |
1,9 |
X |
X |
18,5 |
|
Febrero |
0,2 |
- 1,7 |
2,1 |
16,9 |
|
Marzo |
1,2 |
1 |
3,3 |
15,8 |
|
Abril |
1,3 |
0,1 |
4,7 |
15,8 |
|
Mayo |
2,5 |
1,2 |
7,4 |
17,4 |
|
Junio |
0,6 |
- 1,9 |
8 |
15,9 |
|
Julio |
0,9 |
0,3 |
8,9 |
15,3 |
|
Agosto |
1 |
0,1 |
9,9 |
14.9 |
|
Septiembre
|
1,5 |
0,5 |
11,6 |
16 |
|
Octubre |
0,6 |
0,1 |
12,3 |
16 |
|
Noviembre(*) |
1,1▲
|
0,5 ▲ |
13,5
▼ |
15,3
▲ |
Fuente: Banco Central de Venezuela (BCV)
Nota: (*) Banco Central de Venezuela,
01.12.05,
http://www.bcv.org.ve/c4/notasprensa.asp?Codigo=4450&Operacion=2&Sec=False.
El Índice de Precios al Consumidor (IPC) del
Área Metropolitana de Caracas registró en el
mes de
noviembre
un comportamiento
resultado de variaciones de precios mayores
a las del mes previo, tanto en los bienes y
servicios sujetos a control y regulación (de
–0,1% a 0,6%) como en los productos no
controlados (de 1,3% a 1,5%). En estas
variaciones se continuó reflejando el efecto
de la reducción de la tasa del Impuesto al
Valor Agregado (IVA), vigente a partir del
01.10.05.
Al
analizar el IPC por agrupaciones se observa
que 7 categorías registraron en el mes
reseñado una variación mayor a la del mes de
octubre: Transporte (de -3,5% a 1,8%);
Vestido y calzado (de 0,8% a 1,8%); Bebidas
alcohólicas y tabaco (de 0,4% a 1,4%);
Esparcimiento y cultura (de –0,6% a 0,6%);
Restaurantes y hoteles (de 0,1% a 0,5%);
Comunicaciones (de -0,8% a 0,0%) y Servicios
de educación (de –1,7% a –1,2%).
Por el contrario, 3 categorías registraron
una tasa de variación menor a la del mes de
octubre: Alimentos y bebidas no alcohólicas
(de 3,9% a 1,8%), Equipamiento del hogar (de
2,0% 1,6%) y Servicios de la vivienda (de
0,3% a –0,5%).
Por otra parte, para los servicios se obtuvo
una tasa de 0,7%, luego de haberse
registrado una contracción de 0,4% el mes
pasado, mientras que los bienes mantuvieron
el ritmo de crecimiento, al pasar de 1,6% a
1,5%.
|
Canasta Básica Familiar |
|
MES |
Valor Mensual
(en bolívares) |
Tasa de Variación
Intermensual |
Déficit del Poder Adquisitivo (*)
(en %) |
|
Enero |
1.509.514 |
X |
57,4 |
|
Febrero |
1.516.038 |
0,4
(6.524 bolívares) |
57,6 |
|
Marzo |
1.519.299 |
0,2
(3.261 bolívares) |
57,7 |
|
Abril |
1.530.009 |
0,7
(10.710,06 bolívares) |
58 |
|
Mayo |
1.541.789 |
0,7 |
47,4
(731.789 bolívares) |
|
Junio |
1.560.147 |
1,2
(18.358 bolívares) |
48
(750.147 bolívares) |
|
Julio |
1.572.955 |
0,8
(12.808 bolívares) |
49
(762.955 bolívares) |
|
Agosto |
1.580.491 |
0,47
(7.536 bolívares) |
48,2
(770.491 bolívares) |
|
Septiembre |
1.587.613 |
0,44
(7.122 bolívares) |
48,9
(777.613 bolívares) |
|
Octubre |
1.596.169 |
0,5 |
49,2
(786.169 bolívares) |
|
Noviembre
(**) |
1.607.731▲ |
0,7 ▲
(11.562 bolívares) |
49,6 ▲
(797.731 bolívares) |
Fuente: Centro de Documentación y Análisis
Social de la Federación Venezolana de
Maestros (CENDAS)
Notas: (*) Déficit del poder adquisitivo de
2 salarios mínimos mensuales
(321.235,20 bolívares x 2 = 642.470,40
bolívares hasta el 30.04.05
y 405.000 bolívares x 2 = 810.000 a partir
del 01.05.05).
(**) Datos extraído de El
Nacional, 01.12.05, pág. A/25.
Según el CENDAS, el rubro que registró un
mayor aumento fue pescados y mariscos (9,7%
), carnes y sus preparados (1,5% ), leche,
quesos y huevos (1% ) y frutas y hortalizas,
con 0,2%.
Otros rubros de la cesta básica que
registraron incrementos fueron vestido y
calzado (1,8% ) y salud (medicinas del
botiquín de primeros auxilios) con 0,2%.
De acuerdo con el CENDAS, en noviembre de
2004 la canasta básica familiar subió
121.295 bolívares (8,2% ).
|
DERECHOS
ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Conflictos entre grupos mineros subraya
necesidad de profundizar la atención a este
sector |
Las preocupaciones expresadas en reiteradas ocasiones por el
movimiento ambientalista e indigenista
sobre la aplicación de las políticas
estatales dirigidas a la restricción y/o
eliminación de la actividad minera (ver
edición Nº 161 de este boletín en el
sitio web:
http://www.derechos.org.ve/actualidad/coyuntura/2005/coyuntura_161.htm#14),
tuvieron un correlato lamentable e
inesperado cuando el pasado 27.11.05,
una disputa entre mineros informales e
indígenas de la población minera de San
Luis, en el sector de El Morichal, Edo.
Bolívar, dejó 1 persona muerta y 6
heridas. “Humberto Ruiz […] ingresó a la
morgue del hospital Raúl Leoni de
Guaiparo, en San Félix. Otros 6 heridos
ingresaron al hospital Gervasio Vera
Custodio, en la población de Upata,
presentando heridas por armas de fuego”
(El Universal, 29.11.05, pág. 4/18).
La fuente periodística notificó que “la
situación se propició […] cuando por lo
menos 600 mineros artesanales intentaron
entrar por la fuerza a los terrenos que
han sido dispuestos para la explotación
minera por parte de los indígenas. La
intención de usurpar las tierras
destinadas para la explotación minera
indígena se dio como producto del rumor
de las buenas cantidades de mineral
aurífero que proporcionaba el sector.
Las ansias de los mineros intentaron ser
frenadas el día 26.11.05 por los
efectivos del Teatro de Operaciones N°
5, en un primer conato de
enfrentamientos entre mineros e
indígenas. Sin embargo, el domingo
insistieron y provocaron enfrentamiento
entre los pobladores indígenas del
sector y por lo menos 600 mineros
informales”.
Añadió la fuente que actualmente “el
sector se encuentra bajo custodia
militar, lográndose normalizar la
situación que propició el
enfrentamiento. En la población de San
Luis el gremio minero se encuentra
reunido y solicitó la presencia del
Ejecutivo Regional”.
En un documento hecho público el pasado
mes de septiembre por las organizaciones
ambientalistas Sociedad de Amigos en
Defensa de la Gran Sabana (AMIGRANSA),
la Asociación de Vigilantes
Voluntarios Frontera Gran Sabana (AVVA), la
Fundación Monitoreo Minero y pobladores
de la zona (puede consultarse y/o
descargarse en el sitio web de Provea:
http://www.derechos.org.ve/campanas/caroni2005.doc),
exigían al Gobierno Nacional “asumir su
responsabilidad de vigilancia y control
de esas áreas y la necesidad de que no
contradigan las normas de conservación
establecidas” (Sociedad de Amigos en
Defensa de la Gran Sabana, 22.11.05,
amigrans@internet.ve).
En tal sentido, las organizaciones
expresaron
su
preocupación por “el incremento de la
actividad minera (artesanal, de mediana
o de gran minería) expresamente
prohibida en los decretos de protección,
extracción que se realiza tanto en ríos,
como en sabana y bosques, dañando y
contaminando los suelos, aguas y aire
por igual […] Hemos presenciado a través
de las últimas décadas diversos
operativos espasmódicos para eliminar la
actividad minera artesanal, llamada de “garimpeiros”,
y de una que otra actividad de
“chupadora y balsa”, responsables de
contaminación y deforestación […]Sin
embargo la efectividad de estos
operativos ha sido limitada debido a
que, después de días o meses de
finalizados, toda la actividad minera
reaparece como si allí no hubiese pasado
nada” (Sociedad de Amigos en
Defensa de la Gran Sabana, Ídem.).
Conviene recordar que, en dicho
documento, las organizaciones
consideraron necesario “cumplir con las
promesas de reconversión hacia
actividades sostenibles y la
significación que esto tiene para las
familias de los pequeños mineros, pues
según recientes declaraciones a la
prensa de los pequeños mineros de
San Vicente de Paúl, en La Paragua,
Edo Bolívar, éstos ‘desconfían en el
proceso de reconversión laboral
anunciado por el alto Gobierno,
asegurando que el antecedente de las
promesas no cumplidas les permite creer
que no será tan fácil obtener los
créditos y glorias que anuncia la ley
ofrecida para la población minera’ […]
Para el cambio de actividad económica de
los mineros y su respectiva inserción en
otras fuentes económicas (la
reconversión
sugerida) sería importante apoyar
experiencias de actividades que vienen
dándose en la zona y tomar ejemplo de
esos proyectos. Las comunidades no
mineras (criollas e indígenas), de la
Zona Fronteriza sur del Estado Bolívar,
entre ellas El Paují, y organizaciones
ambientalistas, han implementado
proyectos económicos a pequeña escala,
amigables con la naturaleza, de manera
de desarrollar actividades que les
permitan permanecer en el área y
mantener una calidad de vida sin dañar
el ecosistema, preservar los ríos,
bosques y, en muchos casos, recuperar
micro-cuencas y zonas degradadas.
Igualmente contribuir a preservar la
cultura indígena su cosmovisión, usos y
costumbres tradicionales” (Sociedad
de Amigos en Defensa de la Gran Sabana,
Ídem.).
Al respecto, señalaron que entre los
proyectos a pequeña escala cabía
resaltar algunos dedicados a la
apicultura, a la producción de inciensos
naturales, a la educación intercultural,
al ecoturismo, al rescate de la cultura
nacional, a deportes y cultura, a la
conservación de recursos acuíferos, etc.
El documento sigue abierto a
adhesiones de firmas. Para suscribirlo,
puede enviar un correo-e expresando su
apoyo al correo-e:
firmas@derechos.org.ve.
|
DERECHOS
ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Propuestas y
exigencias de Provea a los poderes públicos
sobre el
derecho a un ambiente sano |
- Establecer una política de desarrollo
sustentada en la variable ambiental y la
participación ciudadana.
- Revisar las concesiones y contratos o
convenios petroleros concedidos en el
marco de la apertura petrolera, anulando
aquellos que se encuentren en áreas de
alta fragilidad ambiental y social.
- Dar efectiva vigencia a la Ley Penal
del Ambiente.
- Revisar todas las concesiones mineras,
permitiendo esta actividad solo en
aquellas zonas que no estén en áreas
protegidas (Abrae) o en territorios
indígenas, ni en zonas de alta
diversidad biológica, en bosques nativos
y cuencas.
- Revisar y formular la política de
concesiones y manejo forestal.
- Establecer un nuevo Plan Nacional
Forestal dentro de cuyos objetivos esté
el congelamiento y eliminación de las
plantaciones forestales industriales que
se están desarrollando a expensas del
bosque nativo natural y de otras
formaciones vegetales de gran valor
biológico.
- Sustituir los objetivos de explotación
económica por objetivos de
aprovechamiento sustentable de recursos.
- Frente a la aprobación de un nuevo
Plan de Ordenamiento de la Reserva
Forestal Imataca, que admite la
actividad minera en la zona; se solicita
la exclusión del uso minero en esta área
de protección especial y que se
privilegien las explotaciones en otros
renglones, que no constituyen amenaza
para el hábitat.
- Sanear la Reserva Forestal de Imataca
de focos mineros, recuperar las áreas
degradadas por la minería, rescindir las
concesiones y/o contratos mineros
entregados dentro de la Reserva
Forestal.
- Desarrollar planes efectivos de
recuperación de cuencas y embalses y el
establecimiento y ejecución coordenada
de un Programa Nacional de
Descontaminación de los Litorales
Marinos.
- Garantizar el cumplimiento de la
normativa ambiental por parte de todas
las empresas e industrias que operan en
el país.
- Reformar las Normas Reglamentarias
sobre parámetros de calidad de agua y
aire.
- Formular una política para la
incorporación de todos los municipios
del país a la clasificación de Residuos
Sólidos in situ (orgánicos, plásticos,
vidrios, cartones y papel), con
graduales y selectivos métodos de
recolección y transporte de basuras,
asumiendo el reciclaje integral como
nuevo medio de descontaminación y
producción de nuevas y sanas fuentes de
trabajo.
- Confección de un plan nacional para la
reubicación y construcción de rellenos
sanitarios, con apoyo de las
gobernaciones y los municipios, que
impida la improvisación y establezca
criterios unificados al respecto.
- Impulsar y fortalecer, por parte de
las municipalidades o las empresas
privadas, los sistemas de recolección,
disposición y tratamiento de aguas
servidas domésticas e industriales.
- Desarrollar un Plan de Educación
Ambiental que incluya la educación al
consumidor y a los productos sobre los
riesgos para la salud y el ambiente del
uso de organismos genéticamente
modificados (OGM) y de miles de
sustancias químicas sintéticas empleadas
por la industria moderna, todo con miras
a un mayor control o incluso sustitución
por productos naturales no dañinos.
- Desarrollar una política de
desconcentración de plantas industriales
y negociación de plazos cortos para la
adecuación de empresas generadoras de
desechos y contaminantes, el tratamiento
adecuado de sus efluentes y residuos,
así como la instalación de correctos
dispositivos que eviten la inadecuada
disposición de los mismos.
- Declarar una moratoria a la
exploración y explotación de petróleo y
gas en el Delta del Orinoco y el Golfo
de Paria. Declarar la moratoria a la
explotación del carbón en la Sierra de
Perijá (Provea, 23.11.05,
http://derechos.org.ve/publicaciones/infanual/2003_04/24exigencias.pdf).
|
DERECHOS CIVILES Y
POLÍTICOS
Por inconstitucionales Ministerio Público
presentó ante TSJ recurso de nulidad de
artículos de la reforma del Código Penal |
|
El pasado 22.11.05, el Ministerio Público (MP) interpuso ante
| | | |