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Una lectura de la realidad venezolana
desde los derechos humanos |
Boletín electrónico Nº 165
09 de diciembre de 2005 |
NÚMERO ESPECIAL
Presentación del XVII Informe Anual de Provea sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela (Octubre 2004/Septiembre 2005)
NOTA DE PRENSA
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Provea: avances y retrocesos en
derechos humanos y democracia
CONTEXTO DE LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS
* Introducción
*
Comportamiento de los actores del conflicto
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Estrategias de gobernabilidad contradictorias desde el punto de vista democrático
*
Retos para una administración democrática del conflicto
* Notas
BALANCE DE LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS
* Introducción
Derechos Económicos, Sociales y Culturales
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Derecho a la Alimentación
* Derecho a la Seguridad Social
* Derechos Laborales
* Derecho a la Salud
* Derecho a la Educación
* Derecho a la Vivienda
* Derecho a la Tierra
* Derechos de los Pueblos Indígenas
* Derecho a un Ambiente Sano
Derechos Civiles y Políticos
*
Derecho a la Vida
* Derecho a la Libertad Personal
* Derecho a la Integridad Personal
* Derecho a la Manifestación Pacífica
* Derecho a la Seguridad Ciudadana
* Derecho a la Justicia
* Derechos de las Personas Detenidas y Encarceladas
* Derecho a la Libertad de Expresión e Información
* Derecho al Asilo y Refugio
 
Agradecemos mencionar la fuente cuando el contenido sea citado o difundido
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Presentación del XVII Informe Anual de Provea sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela (Octubre 2004/Septiembre 2005) |
Como todos los años, para de la presentación del Informe Anual de Provea sobre la Situación de los Derechos Humanos en Venezuela, ofrecemos una edición especial del boletín electrónico "Derechos Humanos y Coyuntura" con el Contexto y Balance de la Situación de los Derechos Humanos. Con la entrega de ambos capítulos del Informe, facilitamos a nuestros/as suscriptores/as una perspectiva general del contenido del mismo, esperando despertar su interés.
Adicionalmente les ofrecemos la nota de prensa que presenta una síntesis del trabajo de monitoreo desarrollado.
Finalmente, no queda más que invitarles a consultar o descargar gratuitamente el texto íntegro de esta publicación en el sitio web de Provea, en la dirección:
http://derechos.org.ve/publicaciones/infanual/2004_05/1presentacion.pdf, y en caso de estar
interesados/as en adquirirlo en su versión física, puede contactarnos por el correo-e:
publicaciones@derechos.org.ve o a los teléfonos: 0058 0212 862 53 33/862 10 11/860 66 69.
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NOTA DE PRENSA
Disminución de
la conflictividad, participación popular y aumento
del gasto social incide en situación
PROVEA: AVANCES Y RETROCESOS EN DERECHOS HUMANOS Y
DEMOCRACIA |
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CONTEXTO
DE LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS
Introducción |
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La situación de los derechos humanos que se analiza en este Informe, al igual que en los últimos cuatro años, sucede en el contexto de la lucha hegemónica venezolana, que incluye, aunque trasciende, la lucha por el control del aparato estatal y la administración de la renta petrolera. Se trata de una lucha por imponer una visión del mundo y un modo de organizarse la vida en sociedad
[1]. La firma Hinterlaces, de análisis de opinión, la define como “…una disputa social y simbólica por redefinir la democracia, el desarrollo y las relaciones sociales […] es principalmente una lucha por la interpretación y la significación. Mientras las elites -y también las clases medias-, pugnan por imponer sus propias nociones de democracia y ciudadanía, las mayorías populares, chavistas y no-chavistas, están refutando y resignificando esas mismas concepciones. Si bien el chavismo tiene una influencia importante en la nueva interpretación que surge de la inédita experiencia política de los sectores excluidos, está lejos de imponer su hegemonía como visión compartida, plural y unificadora de los distintos intereses de la sociedad venezolana”
[2].
El momento actual de esa lucha está marcado por la fortaleza del proyecto gubernamental, que es consecuencia de su triunfo en el referéndum revocatorio (RR) del 15.08.04
[3] y en las dos elecciones subsiguientes
[4], de una importante bonanza petrolera que impacta positivamente en la economía y en la reducción de las expresiones más virulentas de la polarización.
En este período se redujeron las víctimas de la violencia política, registrándose, al menos, 7 muertes
[5], contra 24, del período anterior. Por otra parte, mientras que en los dos Informes anteriores, el porcentaje de protestas violentas (vinculadas o no con el conflicto político) fue de 19,4% (2003) y 17,3% (2004), en este fue de 7,6%, en un escenario de disminución sustancial de las manifestaciones motivadas por el conflicto político (apenas el 3% del total de manifestaciones). No obstante, conviene destacar que la lucha hegemónica transcurre aún de manera polarizada. Sus expresiones son menos visibles (en los medios de difusión masiva o en las manifestaciones de calle), pero no inexistentes. Por ello, no es descartable que el conflicto vuelva a expresarse de forma cáustica, con su consecuente incremento en los abusos de poder desde el Estado y las vías ilegales e insurreccionales desde sectores de la oposición, a lo que hay que agregar, dada la escalada retórica de la confrontación y algunas decisiones de la administración Bush adoptadas en este período, distintos tipos posibles de intervenciones indebidas de los EEUU
[6]. Todo ello impactaría negativamente en la situación de los derechos humanos de la población, tal como ha ocurrido en los últimos 4 años.
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CONTEXTO DE LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS
Comportamiento de los actores del conflicto |
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Resulta relevante para dibujar el contexto del período cubierto por este Informe, explorar brevemente lo que ha ocurrido con los principales actores en pugna (que en ningún caso son homogéneos), pues los cambios en sus composiciones, discursos y tácticas políticas, definen las características del conflicto [7].
En cuanto a la oposición, tanto la social como la política, según señala un análisis realizado por la firma de análisis de opinión Alfredo Keller, sus reacciones post-referéndum se dividen en: a) abandono de la lucha (que osciló entre el 15% y el 43% entre el 1º y el 2º trimestre de 2005), b) reestructuración de la lucha (entre el 55% y el 25% entre el 1º y el 2º trimestre de 2005) y c) radicalización de la lucha (entre el 30 y el 32% entre el 1º y el 2º trimestre de 2005)
[8]. A cada una de estos tipos de reacciones, según el análisis de Keller, se le relacionan determinadas acciones: a) negociación
[9], sumisión, migración
[10] y anomia; b) planificación de escenarios electorales, definición de liderazgo
[11] y de visión alternativa y c) continuidad de denuncias de fraude, desobediencia civil
[12] y conspiración.
En el período analizado desapareció la Coordinadora Democrática (CD, coalición de partidos y ONG de oposición), algunos medios privados de comunicación y gremios empresariales disminuyeron su rol en el liderazgo de la oposición y, tendencialmente, los partidos políticos retomaron su papel, aunque en una situación de debilidad, luego de las consultas populares de 2004 y 2005. Debilidad que, sin embargo, no debe confundirse con ausencia de capital político. El propio Presidente de la República ha señalado, en un acto con sus partidarios, refiriéndose a la oposición: “esta gente sacó 4 millones de votos [lo que representa el 40,6% de los votos del RR], no crean que es para sentirnos victoriosos”
[13].
En cuanto al gobierno, conviene separar en términos analíticos a los actores políticos e institucionales y las bases sociales. No sólo porque, como señala Hinterlaces, “…el chavismo organizado no ha logrado convertirse todavía en la dirección ideológica y política de los chavistas y simpatizantes, que le permita `gerenciar´ el amplio movimiento social que está emergiendo por el impulso del discurso presidencial y el respaldo del gobierno”
[14]; sino porque, incluso, existen importantes reservas y críticas en ese movimiento frente a las organizaciones políticas
[15] y la gestión del gobierno. Esta doble relación (afecto/cuestionamiento) es posible por el cuño personalista del proceso político
[16], que permite, en el imaginario de buena parte de las bases de apoyo, separar a Chávez y al proyecto, de su equipo o entorno
[17].
Ante la debilidad de la oposición en los lugares en donde habitan los sectores populares, son los propios sectores que apoyan al gobierno
[18] quienes hacen una oposición de facto a la gestión gubernamental, cuando esta tiene un deficiente desempeño
[19]. Un dato relevante que permite ilustrar esta afirmación es que pese a la reducción de la intensidad de la lucha hegemónica, en este período no disminuyó el número de manifestaciones. Por el contrario, aumentó de 1.255 a 1.534 manifestaciones. Quienes protestan son fundamentalmente los sectores populares, por lo que cabe suponer que existe una importante cantidad de personas afectas al gobierno entre las que manifiestan
[20]. La motivación fundamental de la protesta es la exigencia de sus derechos sociales (74,8%), frente al Estado.
La incidencia de esta presión es, por ahora, básicamente local. Aunque cabe destacar que en el período se realizaron dos acciones de protesta de carácter nacional, protagonizadas por grupos mayoritariamente afectos o simpatizantes de la alianza de gobierno, con un discurso muy crítico: una realizada por pueblos indígenas del estado Zulia junto a ecologistas, medios de comunicación comunitarios y otros grupos populares (31.03.05); la otra, por organizaciones campesinas (11.07.05), con apoyo de movimientos populares urbanos. Uno de los comunicados de esta última manifestación señalaba: “Marchamos contra la corrupción y contra la vieja forma de gobernar que aún están presentes en la revolución y que la amenazan tanto como los gringos. Marchamos contra las nuevas elites de los nuevos partidos, que han desviado el camino de la revolución bonita…”
[21].
Vinculado con el punto anterior, es evidente que al disminuir el conflicto con la oposición, se hacen más visibles las diferencias y tensiones dentro de las fuerzas y sectores que apoyan el proyecto gubernamental. Se trata de conflictos internos, de signos muy disímiles; entre ellos: manifestaciones de las bases de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) exigiendo elecciones; protestas de organizaciones de base y pequeñas agrupaciones políticas por el modo poco democrático de la designación de candidatos para las elecciones regionales, parroquiales y de concejales; cuestionamiento a la visión desarrollista que representa la explotación minera de empresas transnacionales en la Sierra de Perijá (estado Zulia); cuestionamientos a la conducción represiva del comandante del Teatro de Operaciones Nº 1 (Edo. Apure) y de otros componente de la Fuerza Armada Nacional en el sur del Lago de Maracaibo (Edo. Zulia); críticas públicas a la presencia del capital transnacional en sectores financieros, de energía y telecomunicaciones que contrastan con el discurso de soberanía nacional; reivindicación de la autonomía de los movimientos populares frente a la “burocracia estatal” y las “nuevas élites”; movilizaciones en denuncia de la impunidad de los asesinatos de más de 100 campesinos por sicarios presuntamente pagados por terratenientes; cuestionamientos a la directiva de Venezolana de Televisión (VTV), el Ministerio de Comunicación e Información (Minci) y al propio Presidente de la República por el modo en que manejaron el conflicto con el analista internacional Walter Martínez, conductor del programa Dossier
[22]; tensiones, menos visibles, entre un sector militar del gobierno (que incluye tanto a militares activos, como a retirados, entre los cuales el gobernador Diosdado Cabello es la figura más conocida) y un sector civil, que subraya su identidad de izquierda
[23]. Hasta ahora, estas tensiones han tenido en la figura de Chávez un fuerte contenedor, pero no cabe duda de que se comienzan a perfilar tendencias internas que expresan contradicciones relevantes.
En cuanto al Gobierno propiamente, en este período, y luego del RR, subrayó sus líneas estratégicas anteriores
[24] y asumió el lanzamiento de una “nueva etapa”. El 12.11.04, en un taller en el Teatro de la Academia Militar, con los alcaldes, gobernadores, ministros y diputados de las fuerzas que lo apoyan, el Presidente presentó 10 objetivos “que van a guiar toda la estrategia de esta nueva etapa”
[25], hasta diciembre de 2006, fecha de las elecciones presidenciales. Los objetivos señalados son:
1.- Avanzar en la conformación de una nueva estructura social “dándole poder a los pobres”, “Consolida[ndo] las misiones”
y fortaleciendo la política social más allá de
las misiones;
2.- Articular y optimizar la nueva estrategia comunicacional del gobierno;
3.- Avanzar aceleradamente en la construcción del nuevo modelo democrático de participación popular, que implica, entre otras, “Profundizar la democratización de los partidos políticos”, “Construir organización“, estimular el “diagnóstico participativo”, el “presupuesto participativo” y la “contraloría social”;
4.- Acelerar la creación de la nueva institucionalidad del Estado, haciendo una “guerra contra la burocratización”;
5.- Nueva estrategia integral y eficaz contra la corrupción;
6.- Desarrollar la nueva estrategia electoral de cara a las elecciones presidenciales de 2006;
7.- Acelerar la construcción del nuevo modelo productivo, rumbo a la creación del nuevo sistema económico, que implica “Trascender el modelo capitalista”, objetivo a largo plazo que “tiene mucho que ver con la Misión Vuelvan Caras, el Ministerio de Economía Popular”;
8.- Continuar instalando la nueva estructura territorial, que “tiene que ver con los ejes de desarrollo” y con la “guerra contra el latifundio”;
9.- Profundizar y acelerar la conformación de una nueva estrategia militar nacional, que implica construir un “Nuevo Pensamiento Militar venezolano [que borre] todo vestigio de la inyección que nos hicieron o nos aplicaron de la doctrina imperialista”, “Aumentar la preparación y eficacia de la Fuerza Armada Nacional y consolidar su unidad, la Unidad Cívico Militar […] la incorporación del pueblo a la defensa nacional a través de la reserva militar”, “Desarrollar la industria militar“ y la “integración militar latinoamericana”;
10.- Seguir impulsando el nuevo sistema internacional multipolar.
De estos objetivos, la política social (a través de las Misiones y de los propios mecanismos ministeriales), la nueva estrategia militar, el debate sobre el “socialismo del siglo XXI” y la propiedad privada
[26] y el aumento de la confrontación con EEUU, que apunta a una profundización del discurso de izquierda, se convirtieron en los temas que marcaron la conflictiva agenda política del período.
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CONTEXTO DE LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS
Estrategias de gobernabilidad contradictorias desde el punto de vista democrático |
En relación con el comportamiento estatal, existen elementos contradictorios en cuanto a su consistencia con principios democráticos e impacto sobre los derechos humanos. Mientras, por una parte, existen acciones que apuntan a una democratización del modelo de sociedad, orientadas a superar la discriminación estructural de los sectores populares y a ampliar su participación en la distribución del poder y la riqueza social; por otra, existen otras tantas que actúan en sentido contrario, expresando rasgos autoritarios vinculados con la institucionalidad del Estado.
Entre los elementos positivos o democratizadores, con impacto en materia de derechos humanos, se encuentra una mayor distribución de la riqueza, entre otras vías, a través del aumento del gasto social; un estímulo a la organización y participación popular
[27]; una reivindicación simbólica y cultural de lo popular que constituye una forma de discriminación positiva; una reivindicación del rol del Estado como regulador y protector de los sectores vulnerabilizados, lo que implica, entre otras, medidas que limitan la ideología del mercado y que subrayan los derechos sociales; una reivindicación del derecho a la autodeterminación, en un escenario de impulso a la multipolaridad internacional.
Entre los elementos que suponen déficit democráticos, se encuentran la intolerancia en el estilo político de buena parte de las élites dirigentes, en particular del Presidente Chávez
[28]; el personalismo del proceso político y del gobierno, que lo hace, en buena medida, dependiente de la suerte y de la voluntad de una persona (Chávez) y que limita el fortalecimiento institucional y la ampliación democratizadora del poder popular
[29]; la corrupción administrativa, reconocida por las cabezas de los poderes públicos, pero sin la adopción de mecanismos sustantivos para combatirla
[30] ni la muestra de resultados relevantes; la ausencia de contrapesos efectivos entre los poderes estatales, producto, en parte, de designaciones de las cabezas de Poderes Públicos al margen de los mecanismos establecidos en la Constitución, tal como ocurrió con la nueva Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia que facilitó un nombramiento de magistrados que lucen poco independientes del Poder Ejecutivo
[31]; la reforma regresiva, conservadora e inconstitucional del Código Penal, que viola algunas garantías de los derechos a manifestar
[32] y a la libertad de expresión y opinión política, y aumenta los delitos con penas privativas de libertad, a contravía de las tendencias más democráticas y progresistas; la discriminación laboral fundada en razones de orientación política, en particular, por la aparición y utilización de lo que se conoce como “La Lista de Tascón”, que incluye los nombres y números de cédula de las personas que firmaron para solicitar el RR; la realización de procesos penales originados en interpretaciones amplias del Código Penal que, por presentar notables vicios procesales, dejan ver reales motivaciones políticas; la difusión de discursos que presentan las políticas sociales y otros mecanismos de distribución de la riqueza como dádivas o producto de la buena voluntad de los gobernantes y no como derechos de toda la población; y, finalmente, la ampliación, en la esfera pública, de una visión militar de la seguridad .
Se trata de una variedad de temas, la mayoría de los cuales son analizados en diversos capítulos de este Informe. Se examinan a continuación, de manera general, apenas dos de ellos, que tienen un efecto globalizador: a) la distribución de la riqueza y b) la seguritización
[33] militar de la política.
Distribución de la riqueza y efecto sobre los derechos humanos y la Democracia
Una distribución del ingreso que apunte a superar las inequidades sociales es un componente esencial de la democracia, con gran impacto sobre los derechos humanos por apuntar a la superación de la vulneración estructural del derecho a la no discriminación de las mayorías excluidas. Así lo han reconocido diversas instancias y mecanismos de Naciones Unidas, especializadas en derechos humanos
[34]. La Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías, ha subrayado “los vínculos intrínsecos entre el disfrute de todos los derechos humanos, en particular los derechos económicos, sociales y culturales, y la aspiración a una distribución más equitativa de los recursos económicos dentro de las naciones y entre ellas [y ha denunciado que] la concentración de la riqueza constituye un grave obstáculo para el ejercicio de los derechos humanos”
[35].
Lamentablemente no se encuentran disponibles indicadores de impacto actualizados, tales como el índice Gini de desigualdad o la magnitud del destino del ingreso hacia el trabajo o hacia la propiedad. Sin embargo, sí existen indicadores de proceso, tales como el crecimiento de la economía, el comportamiento del gasto social y algunos indicadores de resultado (porcentaje de pobreza, desempleo, economía informal, nivel de ingreso y cobertura de Las Misiones), que pueden ayudar a comprender lo que está ocurriendo en las familias de los sectores populares, en términos de acceso a mayor bienestar.
En 2004 y 2005 la economía venezolana creció sensiblemente, en buena medida producto del aumento de los precios del petróleo en el mercado internacional, del aumento del gasto público y de la disminución de la intensidad del conflicto político. En 2004 el crecimiento del PIB fue del 17,3%
[36], luego de la caída de los 2 años anteriores. A juicio del director del Banco Central de Venezuela, Domingo Maza Zavala, en “2005, según los resultados del primer trimestre, probablemente se logre una expansión del PIB, que puede estimarse entre 7 y 8%”
[37]; el ministro de Planificación, Jorge Giordani, calculó entre 6% y 7%
[38] el crecimiento del PIB para 2005; la Comisión Económica para América Latina (Cepal) coincide con este cálculo, al proyectarlo en un 7%
[39] y en el mismo sentido se pronuncia el economista de oposición, Gustavo García, al ubicarlo entre 6% y 7%
[40]. El ciclo de altos precios petroleros le otorga al gobierno, además, un importante margen de maniobra en el mercado financiero internacional
[41]. Pero, como ha señalado la Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, “Para que sea `favorable a los pobres´, el crecimiento económico tiene que abordar con éxito las desigualdades en las situaciones personales de las personas, especialmente aquellas que pertenecen a segmentos vulnerables y marginales de la sociedad, y crear oportunidades para que esos grupos participen del desarrollo económico y se beneficien de él […] el crecimiento sin igualdad podrá, a la larga, hacer aumentar la pobreza”
[42]. Se requiere, por tanto, un criterio de discriminación positiva en la distribución de los beneficios del crecimiento. Con sus contradicciones y déficit, los datos disponibles muestran que esa es la orientación de las políticas públicas.
Una parte importante y creciente de los recursos de este crecimiento, más otros provenientes de la recuperación de la recaudación interna, se destinaron al gasto social que, como señalan las investigadoras Salvato y García, “Desde finales de la década de los cincuenta […] ha sido instrumento cardinal del modelo de distribución”
[43]. Según los datos de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre) el gasto social público, como porcentaje del PIB, ha venido aumentando desde 1999, que se ubicó en 8,96% hasta el 2004, que llegó a 12,29%
[44]. La tendencia ascendente se mantiene si se analiza el gasto público social como porcentaje del gasto público total, pasando de 34,7% en 1998 a 40,9% en 2003
[45]. Salvato y García coinciden en identificar esta tendencia al evaluar el comportamiento del gasto social real per cápita, ubicando un “…aumento del 47,9% entre 2001-2004 que, sin embargo, no logra superar los niveles alcanzados en la década de los setenta”
[46].
Los signos positivos del crecimiento han tenido un favorable impacto en el empleo, que pasó de 20,7% en febrero de 2003, luego del paro petrolero, a 11,4% en octubre de 2005
[47]. La economía informal (48,3% en septiembre de 2004 y 46,8% en julio de 2005) viene cediendo terreno a la economía formal (51,7% en septiembre de 2004 y 53,2% en julio de 2005) [48]. El poder adquisitivo del salario mínimo se ha recuperado, dado que el aumento decretado en abril de 2005, del 26%, es superior a la inflación acumulada. A su vez, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), elaborados bajo la metodología de “nivel de ingresos”, para el primer semestre de 2005, 38,5% de los hogares venezolanos se encuentran en situación de pobreza (2.230.176 hogares) y 10,1%, en situación de pobreza extrema (735.707 hogares), lo que implica una disminución de 14,6 puntos porcentuales, en el primer grupo, al compararlo con el primer semestre de 2004 (53,1%), y de 23,5 puntos, en el segundo grupo
[49].
Fuentes privadas esbozan datos que parecen confirmar la tendencia hacia una mejor distribución. Según un análisis de la firma Datos, “los diferentes planes ejecutados por el Gobierno a través de las misiones han significado un aumento importante en el ingreso de la clase E [el sector más pobre y mayoritario de la población]: en 2004, el ingreso promedio por hogar creció 53% con respecto a 2003, lo que implica un alza de 33% en términos reales, al descontar la inflación. La percepción de mejoría para estas personas también está asociada al hecho no sólo de sentirse identificadas con el presidente Chávez sino protegidas por él”
[50]. El presidente de esta firma, Edmond Saade, señala que, según sus estudios, “45% de la población compra siempre o con frecuencia en las bodegas populares; mientras que 22% admite que `algunas veces´ se abastece de alimentos en los locales del Gobierno”
[51], en donde los alimentos tienen un descuento de hasta el 40%. Esta situación “incidió en el repunte del mercado de consumo masivo durante 2004, que creció 17% en volumen con respecto al año anterior. El consumo per cápita recupera los niveles de 2001, pero aún se encuentra 3% por debajo de los índices de 1998”
[52]. La firma privada Datanalisis, presenta datos similares: “Mercal ha atendido a 44,3% de la población; Barrio Adentro 28,7%; Ribas 28,5% e Identidad 14,8%. En el caso específico de Mercal en las últimas semanas se ha incrementado su cobertura y ya está en 52,3%” [53].
La sostenibilidad de esta tendencia democratizadora, pasa por varios factores. En términos sociales, es fundamental que los sectores populares aumenten su capacidad de ejercer poder. La irreversibilidad de una justa política de distribución de la riqueza, no es producto de la buena voluntad de los gobernantes, sino de la capacidad de los gobernados de ejercer una presión sostenida, con organización, movilización y conciencia de derecho. En términos económicos, es evidente que, más allá de los factores coyunturales que posibilitaron el crecimiento de la economía, es imprescindible aumentar la capacidad para generar riqueza, en el marco de un modo de producción que sea ambientalmente sustentable. Para poder distribuir la riqueza es necesario producirla. El Gobierno está ensayando, por ahora con escasos logros, el impulso a una economía social (cooperativas, cogestión, autogestión) que coexiste con empresas privadas y estatales. Por ahora, los altos precios del petróleo facilitan la distribución y la experimentación. Pero la sostenibilidad de este criterio de distribución, de manera tal que logre afectar el mapa estructural de la pobreza en Venezuela, requiere de la afectación, también estructural, de la economía para aumentar su capacidad productiva, abdicando de las tendencias industrialistas y desarrollistas que son ecológicamente inviables.
Seguritización militarizada de la política: efectos sobre los derechos humanos y la Democracia
La composición cívico-militar de las élites que arribaron al control del Estado en 1998, explica en buena medida el peso creciente que ha venido cobrando, desde entonces, lo militar en la vida del país. En esta nueva relación militar- civil, se entremezclan asuntos que no necesariamente son negativos y que obedecen a un cambio de paradigma en la materia, con otros claramente nocivos para la convivencia democrática. Sin pretender aquí una intervención global en ese debate, simplemente se listan algunos de los campos o dimensiones de esa creciente ampliación de lo militar, que son consideradas riesgosos: discriminación favorable a los militares, ampliación de su intervención política con el consecuente aumento de riesgos de violencia política, debilitamiento de controles institucionales civiles sobre lo militar, límites a la participación social civil amplia en el debate y decisión de temas militares, riesgos de la formación militar a la población civil en una sociedad polarizada, aumento del presupuesto militar y de la capacidad de producción de armamento.
Ya desde la presentación del proyecto de Constitución, en 1999, Provea alertó que, al lado del “modo realmente progresivo y vanguardista”
[54] en que se plasmaron los derechos humanos, existía una arquitectura de poder que suponía “un riesgo potencial para la concreción de los mismos”
[55]. En particular, se aludía a tres tipos de elementos vinculados con lo militar: 1) la constitucionalización de vulneraciones al derecho a la no discriminación, dados los privilegios de un tipo particular de ciudadanos (los militares) de los que no gozaba el resto, como el caso del antejuicio de mérito por ser oficial con rango de general o almirante (y no por tener un cargo público de relevancia) o el disfrutar de una seguridad social y una contraloría propias; 2) la apertura al camino de una presencia mayor de los funcionarios militares en ámbitos tradicionalmente reservados al mundo civil, como la eliminación del adjetivo “no deliberante” en la caracterización de la FAN (que es distinto a que hayan ganado el derecho al voto, asunto que se valoró positivamente), la eliminación de la prohibición de ejercer simultáneamente la autoridad militar y civil por un mismo funcionario o el nuevo y subrayado rol de la FAN, entendido a partir de una participación activa en el desarrollo nacional; 3) descripciones ambiguas sobre el sometimiento de la institución al poder civil, más allá de su obediencia al Presidente o Presidenta de la República y la presentación de la seguridad y defensa en un título distinto al de los Poderes Públicos.
Provea reivindicó entonces, como ahora, que los “militares tienen una importante misión que es la defensa de la patria, fundamentalmente de agresiones externas [pero su] participación directa en la política constituye un peligro potencial ya que supone un desbalance con el Poder Civil al cual deben estar sujetos”
[56]. No están en igualdad de condiciones quienes administran la violencia legítima del Estado y quienes carecen de esa potestad. Limitar la participación de la FAN en las controversias políticas es una garantía democrática que apunta a evitar la jerarquización de un actor institucional (con un poder especial: poder de fuego) y, con ello, los riesgos de violencia.
La historia reciente ha mostrado los efectos negativos del aumento de la deliberancia militar. En el año 2002, al intensificarse el conflicto político, Provea denunció
[57] el modo en el que el Presidente Chávez utilizaba escenarios y símbolos militares para atacar discursivamente a la oposición, en un claro modo de instrumentalización política de la FAN. Sectores de la oposición reaccionaron de la misma forma ese año, produciéndose un aumento del protagonismo político militar en los bandos en pugna y una división de la FAN que concluyó en el golpe de Estado del 11 de abril de 2002. Aunque en el presente la FAN no se encuentra dividida, esta institución continúa siendo un instrumento esencial de la gestión de gobierno y ha ampliado su influencia en la toma de decisiones estratégicas. Muchos cuadros directivos de ministerios (incluyendo viceministros) u otros entes del Estado son militares activos. Incluso, en este período, un militar activo llegó a ser magistrado del TSJ
[58], siendo, por tanto, al mismo tiempo, un subordinado del Presidente de la República (por la jerarquía militar) y parte de la cabeza de un poder público autónomo.
Tanto la Constitución como la nueva Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional (LOFAN) incluyen una ampliación de la noción de seguridad a temas como la economía, el ambiente, la lucha contra la pobreza o el desarrollo. Esta ampliación, que podría considerarse compatible con la concepción democrática de “seguridad humana” asumida en el seno de las Naciones Unidas, tiene, sin embargo, el sesgo de un altísimo protagonismo militar en los temas de seguridad. Como consecuencia de ello, se amplía la influencia de las concepciones y estilos militares en la agenda política del país. No ocurre lo mismo con la participación civil en el debate de temas militares. Los civiles han estado al margen de la elaboración del “Nuevo pensamiento estratégico militar” y, pese a que se está desarrollando un esquema de defensa que involucra de manera relevante a los civiles, no existe nada parecido a un “Libro Blanco” de la Defensa
[59], construido con aportes de toda la sociedad.
El aumento de la confrontación con los EEUU, replanteó las hipótesis de guerra de la FAN e incidió en la creación de un modelo de defensa con participación relevante de la población civil, en el aumento del gasto público militar para la renovación del armamento y en la decisión de fortalecer la producción propia de armamento. El general Raúl Baduel, Comandante del Ejército, definió los nuevos escenarios y amenazas militares en su discurso del desfile conmemorativo del aniversario de la batalla de Carabobo, el 24 de junio de 2004: “…primero: guerra de cuarta generación, con el propósito de desestabilizar al país como paso previo a la conducción de operaciones destinadas a desorganizar y finalmente destruir el Estado-Nación. Segundo, golpe de Estado, subversión y acciones de grupos separatistas, promovidos por organizaciones políticas transnacionales llamados depredadores corporativos. Tercero, conflicto regional, como extensión de conflictos internos de países vecinos, en el marco de la aplicación de planes de ayuda militar, bajo el pretexto (entre paréntesis casus Belis) del supuesto apoyo de nuestro país a factores generadores de violencia, y/o a acciones violentas planificadas, ejecutadas desde el territorio venezolano. Y cuarto, intervención militar al estilo de las coaliciones que han intervenido en diferentes países del mundo, desarrollando operaciones combinadas bajo mandato de la Organización de Estados Americanos, de la Organización de las Naciones Unidas, o lo que es peor con prescindencia de este mandato […]. Desde finales de los años 90 y en función de planes preexistentes, los países denominados desarrollados, ávidos consumidores de energía, de origen fósil, bien en forma directa o a través de sus agencias locales, han desencadenado sobre nuestro país un amplio programa con pretensiones de desestabilización y desarticulación, sustentado en 4 etapas de carácter secuencial, envolvente y convergente, cuya consecución les permitiría: escarmentar las tesis nacionalistas, garantía de acceso irrestricto seguro y barato a tan importante fuente de energía, consolidar la tesis de la globalización, extender su dominio del planeta al menos por esta centuria”
[60].
El modelo de defensa planteado es el de la “guerra asimétrica”, que supone la superioridad de las fuerzas agresoras y plantea la posibilidad de una guerra que involucre a la población en la resistencia, ocasionándole costos militares y políticos crecientes a la fuerza agresora. Se trata, según han explicado sus principales promotores, de un modelo defensivo que pretende disuadir potenciales agresiones. La LOFAN, aprobada en el 2005, desarrolla la corresponsabilidad cívico-militar de la defensa, incorporando los componentes de la Reserva Nacional y la Guardia Territorial, adscritos directamente al Presidente de la República.
Son dos las principales preocupaciones en relación con este nuevo modelo de defensa, que no objetan el modelo en sí, sino los riesgos asociados a su implementación en un contexto polarizado y de ampliación del protagonismo y la lógica militar. Por una parte, el que pueda aumentar la estigmatización de las disidencias internas como parte de un plan de conspiración extranjera (“guerra de cuarta generación”), reduciendo con ello el campo democrático de confrontación política. Aunque es evidente que pueden existir conexiones entre actores locales e intereses foráneos y es legítima una acción estatal democrática y basada en la ley para garantizar el derecho a la autodeterminación, la ampliación de una visión militarmente seguritizada de los fenómenos políticos puede legitimar la criminalización de sectores opositores. No se trata sólo de una posibilidad o una hipótesis. El juicio a tres representantes de la organización de oposición Súmate, por el origen de su financiamiento alimenta esta interpretación
[61]. Por otra parte, el que la población reciba adiestramiento militar, a través de dos componentes adscritos directamente al Presidente de la República, sin intermediaciones jerárquicas, en un escenario que, como el venezolano, incluye la polarización como una característica determinante, alimenta el temor de una posible instrumentalización política en el conflicto interno, de ese adiestramiento y de esos componentes. Nuevamente, en este caso, tampoco se trata de una posibilidad sin fundamento o antecedentes. El Presidente Chávez viene instrumentalizando la FAN para alimentar su proyecto político.
Por otra parte, las posibilidades de una agresión externa sirven para justificar la compra de armamento, con lo que el gasto público militar, que se había reducido sensiblemente desde 1999, vuelve a incrementarse. Las recientes compras acordadas con España (corbetas de vigilancia y aviones), China (uniformes y radares), Brasil (aviones de entrenamiento) y Rusia (fusiles AK y helicópteros) ascienden a más de dos mil millones de dólares
[62]. En el mismo sentido actúa el desarrollo de la industria militar. Se trata de una inversión pública para producir armas que, justificadas por la necesidad de independencia y autonomía, en un escenario de confrontación, aumentan el peligro de su mayor circulación entre la población (dadas las debilidades del Estado para garantizar su monopolio de la fuerza) y, por tanto, de la violencia social. Alimentan, además, la lógica de toda empresa de producción de armas: necesita vender más para ser exitosa.
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CONTEXTO DE LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS
Retos para una administración democrática del conflicto |
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Como se aprecia por las pinceladas de esta contextualización, necesariamente provisorias, en Venezuela existe un proceso político complejo y dinámico. Los cambios son permanentes, inéditos y ambiguos en su direccionalidad, por lo que de manera paralela alimentan tendencias contradictorias.
En el Contexto del Informe editado en el año 2003, Provea propuso unas líneas para una administración democrática en el conflicto, que consideramos continúan teniendo vigencia. Se basaban en cada una de las tres crisis que se considera alimentan la expresión polarizada del conflicto hegemónico venezolano: crisis socio-económica, crisis político-institucional y crisis modélica
[63]. Entre ellas se encuentran: a) políticas públicas de discriminación positiva para los sectores estructuralmente discriminados, en términos de garantías a sus derechos sociales y el estímulo a su organización y participación autónoma; b) fortalecimiento de la institucionalidad democrática en estricto apego al espíritu y la letra de la Constitución, reducción de la deliberancia y protagonismo político de la FAN, fortalecimiento de los partidos políticos como instrumentos que facilitan las mediaciones políticas, construcción de acuerdos incluyentes y no elitescos que permitan el reconocimiento de los actores en pugna en torno a los modos de dirimir y administrar las diferencias irreconciliables y la competencia por el poder y; c) reivindicación de un modelo de desarrollo en el que el Estado no abdique de su obligación fundamental de respetar, proteger y garantizar los derechos sociales, lo que implica su fortalecimiento para intervenir de manera adecuada en la vida colectiva, pero, además, una apertura y transparencia tal que facilite la contraloría social sobre su gestión.
La evaluación general de Provea es que, en medio de grandes contradicciones, existen avances en las políticas públicas vinculadas con los puntos a y c, pero muy pocos en las políticas vinculadas con el punto b. Los derechos humanos son indivisibles e interdependientes. No es lícito justificar la vulneración sostenida de un conjunto de derechos para proteger otros, por lo que resulta tan importante utilizar medios democráticos para avanzar hacia la justicia social como concebir que la democracia sólo es posible con niveles altos de inclusión y justicia social.
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CONTEXTO DE LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS
Notas |
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1. La intensificación de esta lucha hegemónica obedece a la magnificación de 3 crisis que se venían arrastrando desde hace 25 años, y que son de carácter socioeconómico, político - institucional y modélico. Provea caracterizó la crisis, sus actores, propuestas y ejes de conflicto en su Informe del año 2003. Ver capítulo Contexto. www.derechos.org.ve.
2. Hinterlaces. “Monitor Socio-Politico. Tendencias y Coyuntura. VII Entrega”, Marzo 2005. Por su parte, el Presidente de la República, caracteriza la lucha política en los mismos términos que Hinterlaces. Citando a Los Miserables, en un acto con las fuerzas políticas que lo apoyan señaló: “`hemos demolido el antiguo régimen en los hechos, no hemos podido suprimirlo completamente en las ideas […] es menester modificar las costumbres, el molino ya no existe, pero el viento que lo movía aún continúa soplando´ […] No es suficiente que el mapa venezolano esté cubierto de rojo […] Cualquiera pudiera decir ganamos […] No, para nada, apenas somos un ejército desplegado en batalla […] tenemos que demoler el viejo régimen a nivel ideológico […] la vieja idea hay que golpearla […] si no lo hacemos, si no las demolemos, ellas nos va a demoler tarde o temprano” (Hugo Chávez “10 puntos del Mapa Estratégico de la Nueva Etapa de la Revolución Bolivariana” Presidencia de la República.).
3. Una parte de la oposición (tanto de los dirigentes como de las bases sociales) insisten en que hubo fraude. No obstante, no se demostró objetivamente, pese a los abusos de poder señalados en el Informe anterior (Ver capítulo “Contexto”), que el chavismo no contaba con las mayorías en el citado referéndum. Por el contrario, todos los datos disponibles, confirmaban que contaba con el apoyo de la mayoría del electorado. Por otra parte, instituciones que no pueden considerarse afectas al gobierno, con solvencia técnica y que contaron con posibilidades de adentrarse en el proceso, avalaron los resultados. Es el caso de las misiones de observación internacional realizadas por la Organización de Estados Americanos (OEA), el Centro Carter y Capel/IIDH.
4. Las regionales, de octubre 2004 y las municipales y parroquiales, de agosto 2005. En ambos casos obtuvo la mayor parte de los cargo. A nivel de los gobiernos regionales tiene 21 de las 23 gobernaciones del país, además de la Alcaldía Mayor. El analista político Eleazar Díaz Rangel señala al respecto: “Entre julio del 2000 y octubre del 2004, los partidos de oposición perdieron seis de las siete gobernaciones que tenían. Conservaron Zulia y ganaron Nueva Esparta […] Debemos añadir en ese mismo período la pérdida de alcaldías. […] AD, por ejemplo, tenía 90 y quedó con 34 […] En 2000 eligieron 971 concejales frente a los 834 del oficialismo, ahora sólo pudieron mantener 374, es decir, perdieron 597 […] AD pasó de 503 a 122, Copei tenía 216 y quedó con 80 […], redondeados, la merma en esas elecciones fue de más del 60%” (Eleazar Díaz Rangel, Últimas Noticias, 04.09.05, pág. 21).
5. La mayoría de estas muertes ocurrió en el contexto de manifestaciones vinculadas con conflictos electorales. Sin embargo, también se incluye en esta lista el asesinato del Fiscal ambiental Danilo Anderson, que llevaba el expediente vinculado con el golpe de Estado del 11 de abril de 2002.. En años anteriores, las muertes de campesinos ocurridas como parte del conflicto por la tierra eran incluidas en la lista de muertes vinculadas con lo político, porque el empresariado rural estaba participando activamente de la vanguardia de la oposición y las principales organizaciones y dirigentes campesinos estaban alineados con las posturas gubernamentales. En el presente, la vinculación de estos actores con el conflicto nacional ha disminuido, por lo que no se contabilizan aquí las 6 muertes de dirigentes campesinos conocidas en el período, como violencia política vinculada con la polarización y la lucha por el poder. Estas muertes son analizadas en el capítulo sobre el derecho a la tierra.
6. Sobre el tema particular del comportamiento de la administración Bush en el conflicto venezolano y el derecho a la autodeterminación de la población venezolana, Provea dirigió una comunicación al Embajador de los EEUU en Venezuela, Sr William Brownfield, que se presenta íntegra en la sección Anexos, de este texto.
7. Cabe destacar, en consonancia con nuestros análisis de contexto de años anteriores, que no toda la población se siente plenamente representada en el eje de confrontación chavismo – antichavismo. En marzo de 2005, según una encuesta de Hinterlaces, de alcance nacional, el 51% de los consultados no se consideraba ni chavista ni antichavista (Op. Cit). El promedio de este sector, en los 20 meses anteriores, era de 47%. No obstante, es el eje chavismo - antichavismo el que marca la mayor parte de la agenda política del país, arrastrando al sector “Ni-Ni”, que se ve obligado a optar por algún bando en diversas circunstancias, por lo que resulta imprescindible comprenderlo.
8. Alfredo Keller y Asociados. “Análisis sociopolítico de Venezuela. Escenarios del juego estratégico”. Septiembre de 2005.
9. Este modo de relación ha sido buscado por el gobierno con algunos sectores empresariales que asumían parte del liderazgo de la oposición. Los encuentros del Vicepresidente y del Presidente de la República con la directiva de Fedecámaras o con los principales banqueros del país, en 2005, son indicador de ello.
10. Según información publicada en el sitio Web www.mequieroir.com, el “censo estadounidense del año 2000 registra oficialmente más de 91 mil venezolanos […] Las últimas estimaciones calculan que podrían haber aumentado hasta en un 80% en los últimos años […] Según estudios recientes de opinión pública, más del 43% de la población general venezolana se marcharía si se le presentara la oportunidad de hacerlo [Entre las argumentaciones para hacerlo se encuentra la] Incertidumbre política” (Consulta en línea, 07.11.05: www.mequieroir.com). EEUU es el lugar preferido para la migración de los sectores medios y altos.
11. En esta dirección avanzan varios de los partidos de la oposición, en particular Acción Democrática, el MAS, Copei y Primero Justicia. El candidato de este último partido, para las elecciones presidenciales del año 2007, Julio Borges, subrayó su deslinde con un modo previo de actuar al lanzar su candidatura: “Primero Justicia se cansó de hablar paja. Se cansó de declararle a Marta Colomina por Unión Radio y de hacer política por televisión […]. Los que piensan que acá no hay salidas electorales, pues que organicen su conspiración […]. Conmigo no cuenten […]. Hay ciertos discursos que al hablar de resistencia y abstención lo que hacen es solapar sus propias debilidades. Es una resistencia que se organiza en restaurantes del este de Caracas”. Julio Borges en: Alonso Moleiro: Derrotaremos democráticamente a un gobierno que no es democrático, El Nacional, 29.05.05, pág. A-8. En esta dirección van también, los análisis del editor del diario Tal Cual, Teodoro Petkoff, quien al cierre de este Informe se encontraba evaluando la posibilidad de lanzar su candidatura presidencial.
12. Entre los principales líderes políticos que expresan y defienden esta opción se encuentran: Antonio Ledezma (Alianza Bravo Pueblo), Oscar Pérez y Patricia Poleo (Frente para la Libertad de los Presos Políticos) y Oswaldo Álvarez Paz (Alianza Popular). Existen, además, importantes analistas de opinión y periodistas que coinciden con esta opción política.
13. Hugo Chávez, Op. Cit.
14. Hinterlaces, Op. Cit.
15. Pese a que las organizaciones políticas no canalizan la visión y acción del movimiento que apoya el proyecto gubernamental, el Movimiento Quinta República (MVR) cuenta, según el presidente de su Comisión Electoral Nacional, Simón Escalona, con 2,5 millones de militantes (El Nacional, 16.04.05. Consulta en línea: www.el-nacional.com). Se trata de una paradoja, pues un partido que cuenta con muchos militantes (el 10% del total de la población) es, al mismo tiempo, un partido débil.
16. El hecho de que el proceso político sea personalista no implica, sin embargo, que carezca de contenido (ideológico y de clase) más allá de la adhesión al líder. Con sus importantes tensiones y contradicciones internas, existe un proyecto con un discurso que reivindica lo popular, desde una perspectiva nacional. Esa reivindicación hace que, de alguna manera, la otra cara del personalismo, sea que la suerte del presidente Chávez esté anclada a la de los sectores populares que lo apoyan. Con esta afirmación coincide el analista de oposición, Carlos Blanco: “Chávez se convirtió en la expresión de ese otro sector de la sociedad y le abrió paso para convertirlo en una fuerza social. Este es el principal soporte del Gobierno y el Gobierno es, de alguna manera, su rehén”. Carlos Blanco, “La odisea de Hugo Chávez por el mundo”. El Universal, 22.09.05. Consulta en línea: www.eud.com.
17. La siguiente frase de un dirigente social de Santa Rosalía (Caracas), afecto al proceso político, ejemplifica esta separación: “…hay mucha gente dentro de este gobierno que está pendiente de lucrarse personalmente a espaldas del Presidente. Los enemigos del Presidente están dentro del MVR” (Alonso Moleiro: El chavismo crece en los barrios con los enemigos entre sus filas. El Nacional, 31.01.05, pág.A-4).
18. Por lo general, a través de formas organizativas diferentes a los partidos. Algunas no son expresamente organizaciones para apoyar al gobierno sino para luchar por la derechos o mejoras en la calidad de vida de los sectores populares, como los Comités de Tierras Urbanas (CTU), las Mesas Técnicas de Agua (MTA), las organizaciones campesinas, los Comités de Salud, las cooperativas o los medios de comunicación comunitarios y alternativos que, sin embargo, en su composición, cuentan con una mayoría de partidarios del proyecto gubernamental.
19. El propio Presidente estimula esta presión, colocándose en ocasiones, como “el jefe” de la oposición a su propio gobierno: “Si, ustedes vieran que pasa una semana y no arrancan unos trabajos bien hechos tomen la carretera, protesten. ¡Protesten! Hagan sentir su voz, porque los revolucionarios no podemos quedarnos callados ante las fallas del gobierno revolucionario, no. Si el gobierno revolucionario falla, los revolucionarios tenemos que señalar las fallas del gobierno revolucionario […] ya basta de ineficiencia” (Hugo Chávez, “Plan Estratégico de Inversión e Infraestructura de Vías para Rehabilitar. Años 2004 – 2006”. Brusual, Estado Apure. 21.10.04. Consulta en línea: http://www.gobiernoenlinea.ve/).
20. Como señalan los resultados electorales desde 1998 y la mayoría de las encuestas realizadas desde entonces, existe una mayor propensión a simpatizar con el proyecto de gobierno en los sectores populares y un mayor rechazo en las capas medias y altas.
21. Frente Nacional Campesino Ezequiel Zamora, "Zamora toma Caracas". Volante, 11 y 12 de julio de 2005. frentecampesinoez@yahoo.es.
22. Para una revisión de este debate se puede consultar, en el sitio Web: www.aporrea.org, los artículos de los meses septiembre y octubre de 2005. En particular, resultan paradigmáticas las intervenciones de Vladimir Acosta (copia de su programa de radio en la oficial Radio Nacional de Venezuela) y de Luigino Bracci.
23. La división entre estos grupos no es absoluta, en términos de civiles o militares, pero es evidente que buena parte de los funcionarios de origen militar mantienen importantes vínculos entre sí y su fortaleza en el gobierno se rige más por la “lealtad” al Presidente que por sus posiciones ideológicas. Un buen ejemplo de esta afirmación son las declaraciones del actual Ministro de la Defensa, el Almirante Orlando Maniglia: “nosotros nos identificamos con el jefe. Ese es un principio de lealtad, de obediencia. Toda mi vida he tenido comandantes, jefes, y siempre he apoyado su labor, siempre he estado con él […] Creo que le inspiré confianza [se refiere a por qué el Presidente lo nombró ministro] A él la lealtad lo marca […] El vio mi humildad […] Obediencia, disciplina y subordinación” Ernesto Villegas: Orlando Maniglia Ferreria. Yo soy el almirante del pueblo. Últimas Noticias, 24.07.05, pág. 16 y 17.
24. Ver: Ministerio de Planificación y Desarrollo. “Líneas Generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2001 – 2007”. Consulta en línea: www.mpd.gov.ve.
25. Hugo Chávez, Op. Cit. Las citas que siguen pertenecen al mismo texto.
26. En febrero de 2005, Chávez comenzó a hablar de la necesidad de definir un “Socialismo del Siglo XXI” e invitó a un debate sobre el tema. A diferencia del pasado reciente, cuando, pese a cuestionar el capitalismo hablaba de una revolución “...dentro del marco de un capitalismo...” (Chávez en El Clarín, 20.06.03. Consulta en línea: http://old.clarin.com), en el presente señala estar convencido de la necesidad de trascenderlo, aunque “respetando la propiedad privada” y en un contexto político democrático. En relación con los principios de derechos humanos y el socialismo o cualquier otro modelo político y económico, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas (Comité de Desc) ha señalado que “…en lo que respecta a sistemas políticos y económicos el Pacto [Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales] es neutral y no cabe describir lealmente sus principios como basados exclusivamente en la necesidad o conveniencia de un sistema socialista o capitalista, o de una economía mixta, de planificación centralizada o basada en el laisser-faire, o en ningún otro tipo de planteamiento específico”. Comité de Desc. “Observación General 3. La índole de las obligaciones de los Estados Partes”. Naciones Unidas, 14.12.90.
27. El campo de la organización popular ha crecido notablemente. En él se entrecruzan procesos de organización autónoma y aumento de la conciencia de derecho, con “la persistencia de patrones paternalistas, clientelares y burocráticos en la relación Estado-comunidad” (Cecilia Cariola y Miguel Lacabana. “Los bordes de la esperanza: nuevas formas de participación popular y gobiernos locales en la periferia de Caracas” Revista Venezolana. de Economía. y Ciencias Sociales, 2005, vol. 11, nº 1. UCV) y la subordinación a lo estatal. Pese a esta ambigüedad característica de un proceso complejo, es evidente que se está dando una ampliación de la experiencia organizativa de los sectores populares y, con ello, de sus posibilidades de ejercer poder.
28. Como ilustración de esta intolerancia, de la que lamentablemente sobran ejemplos, se puede citar una frase del Presidente Chávez en el Taller sobre el Nuevo Mapa Estratégico: “…voy a hacer una exigencia. Aunque no puedo destituir a alcaldes ni a gobernadores, sí puedo hacer otras cosas ¿no? Quiero que sepan que en esta nueva etapa el que está conmigo, está conmigo, el que no está conmigo está contra mí” (Hugo Chávez, Op. Cit). Paradójicamente, en el mismo lugar y un poco después, dijo “No nos creamos dueños de la verdad. El sectarismo es uno de nuestros males“ (Hugo Chávez, Op. Cit).
29. Al respecto, Roland Denis, ex -viceministro de Planificación y militante del Movimiento 13 de Abril señala: “Chávez se convierte en un poder en sí mismo desde el cual salen todas las propuestas, giran todas las negociaciones y se ubican todas las demandas. Incluso, la protesta, ya no solo de la reacción sino de los sectores populares, tienen un sitio último de llegada que es él, e igual, todas las culpas empiezan desde este lado a tocarlo aunque su inocencia sigue siendo la matriz con que se mueve la mayoría que lo apoyamos. La fortaleza primera se convierte ahora en debilidad del proceso […]. Su liderazgo se convierte entonces en un liderazgo obligado a encerrarse en lo mediático (salvo los mítines, mucho mas escasos después del referéndum), y su condición de dirigente, en dirigente absoluto, sin diálogo real, sin lugar de referencia y debate colectivo, sin información y opinión que lo interpele. Dirigente incuestionable y solitario, rodeado por la sumisión…” (Roland Denis. “Propuesta para el debate. Análisis de Situación Nacional, octubre 2005. Consulta en línea: http://movimiento13deabril.blogcindario.com).
30. La corrupción es reconocida por las cabezas de poderes públicos. El Contralor Clodosbaldo Russián, señaló que “Ésta es una administración pública que en sus aspectos doctrinarios, normativos, estructurales y funcionales, está anclada en los viejos preceptos y paradigmas. Sigue persistiendo el viejo esquema estructural de la antigua administración propia de la República que culminó en 1999” (Cenovia Casas, “Defensor, fiscal y contralor presentaron memoria y cuenta a la Asamblea”, El Nacional, 09.03.05, pág. A-2). No obstante, la propia Contraloría luce débil en su actuación frente a ella y la Fiscalía General de la República (FGR) no cuenta con los recursos para actuar, lo que expresa ausencia de voluntad política en la asignación presupuestaria. Según declaraciones de Livia Romero, directora de Salvaguarda de la FGR, desde 1999 existen 6.207 expedientes acumulados por corrupción en esa dirección del Ministerio Público, que deben procesar sólo 16 fiscales, tocándole, en promedio, 387 casos a cada fiscal (Eligio Rojas: La Fiscalía conoce 6.207 casos de corrupción, Últimas Noticias, 10.03.05, pág. 19).
31. Elio Gómez Grillo, Presidente de la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial, hasta 2005, reconoce que “La Corte Suprema en general ha dependido del Ejecutivo, en fin, siempre ha sido así, y ahora no es una excepción […] el país, todo está politizado y el Poder Judicial no es la excepción, pero siempre ha sido así desde la época de López Contreras” (El Nacional, 12.06.05. Consulta en línea: www.el-nacional.com).
32. Entre otras, la reforma establece penalizaciones para el cierre de vías; lo que es una evidente contradicción con el discurso del Presidente Chávez, citado en una nota al pie previa, que señala “tomen la carretera, protesten. ¡Protesten!”. Tal reforma, pensada para responder desde el sector gubernamental a las protestas de los sectores medios de oposición, conocidas como “Las Guarimbas”, se convierten en un mecanismo criminalizador de la protesta de los sectores populares, pues como señalan los análisis de Provea (Ver capítulos Respuestas organizativas de la sociedad, de este Informe y de años anteriores), esa modalidad se encuentra entre las más utilizadas en las manifestaciones venezolanas.
33. Seguritización es un “Proceso mediante el cual se pretende darle calidad o estatus de asunto de seguridad a un problema que puede atentar contra la supervivencia de un ente, ya sean individuos, conglomerados, Estados o la humanidad”. Claudia Sisco Marcano y Oláguer Chacón Maldonado. “Barry Buzan y la teoría de los complejos de seguridad”. Revista Venezolana de Ciencia Política. Vol.25. Mérida, 2004.
34. Ver documento preliminar del Sr. Asbjorn Eide sobre la relación entre el disfrute de los derechos humanos, en particular los derechos económicos, sociales y culturales, y la distribución de los ingresos (E/CN.4/Sub.2/1993/21), y los informes presentados por el Relator Especial sobre la pobreza extrema y los derechos humanos, Sr. Leandro Despouy (E/CN.4/Sub.2/1993/16, E/CN.4/Sub.2/1994/19 y E/CN.4/Sub.2/1995/15).
35. Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías. “Los derechos humanos y la distribución de los ingresos” Resolución 1995/30. 35ª sesión. 24 de agosto de 1995.
36. Jorge Giordani, “Venezuela en los numeritos”. Question, mayo 2005, pág. 4.
37. Domingo Felipe Maza Zavala. El Nacional, 07.06.06. Consulta en línea: www.el-nacional.com.
38. Jorge Giordani, Agencia Bolivariana de Noticias. Consulta en línea: www.aporrea.org. 05.07.05.
39. Consulta en línea: www.globovision.com, 03.08.05.
40. Ídem.
41. Según el analista financiero Juan Gonzáles, “el petróleo basta y sobra para que, cada vez que el país emprende una nueva emisión de bonos de deuda, los inversionistas la reciban con los brazos abiertos […] un inversionista no tiene que tener afecto por el presidente o admiración por la compañía en sí, sino preocuparse por si la compañía tiene un flujo de caja positivo. Y Venezuela tiene tres veces los ingresos de caja que necesita, porque las reservas internacionales están en 24 millardos de dólares y el país sólo necesita 9 millardos para cubrir sus importaciones durante 9 meses […] Chávez aumentó de golpe las regalías y ninguna empresa petrolera se ha ido. El negocio petrolero es tan extraordinario, que no les importa pagar más” (Juan Gonzáles en El Nacional, 01.05.05. Consulta en línea:
www.el-nacional.com).
42. Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos. “La pobreza y el crecimiento económico: retos para los derechos humanos”. E/CN.4/Sub.2/SF/2005/2. 16 de junio de 2005.
43. Haydée García y Silvia Salvato. “Análisis sobre el gasto social y la equidad en Venezuela (1970-2004”, Mayo 2005. Mimeo.
44. Sistema Integrado de Indicadores Sociales de Venezuela (SISOV). Indicadores gasto Social. Consulta en línea: http://www.sisov.mpd.gov.ve/.
45. Ídem.
46. Haydée García y Silvia Salvato. Op. Cit.
47. Jorge Giordani, Nota de prensa de la Agencia Bolivariana de Noticias (ABN). 11.11.05. Consulta en línea: www.aporrea.org.
48. Ver en este Informe, el capítulo dedicado a los Derechos laborales.
49. Raquel Barreiro. “La pobreza se redujo en 14,6 puntos en un año”. El Universal, 15 de octubre, 2005. Consulta en línea: www.eud.com.
50. Omaira Sayago. “Datos indica que el desempleo creció 53% en las últimas 3 décadas”. El Nacional, 29.05.05. Consulta en línea: www.el-nacional.com.
51. Mirelis Morales Tovar: Mercal abastece 45% de la población. El Nacional, 26,01.05, pág. A-18.
52. Ídem.
53. Mayela Armas. Aumenta cobertura de las misiones. El Universal, 31.01.05, pág. 1-20.
54. Provea, “¿SÍ O NO?: PISTAS PARA UN VOTO RAZONADO”. Derechos Humanos y Coyuntura No 41 (Número Especial), 1999. Consulta en línea: www.derechos.org.ve. Las citas que siguen son de esta misma fuente.
55. Ídem.
56. Ídem.
57. Ver capítulo Contexto, del Informe Anual editado en el año 2002.
58. Se trata de Eladio Aponte Aponte.
59. Los llamados “Libros Blancos” de la Defensa, que existen en Argentina, Chile, Bolivia, Ecuador, Guatemala y Nicaragua, pretenden mostrar transparencia interna y externa, en materia de seguirdad y defensa y promueven el debate y la participación social en tan importante tema.
60. Raúl Baduel. “Discurso en el desfile conmemorativo del 183° aniversario de la Batalla de Carabobo y `Día del Ejército´. Campo de Carabobo, 24 de junio de 2004.
61. No nos referimos al juicio a María Corina Machado por haber, presuntamente, firmado el acta que depuso el gobierno del Presidente Chávez en abril de 2002, sino al que se le sigue por recibir financiamiento de la NED, alegándose que tres miembros de esta organización conspiraron contra la forma republicana de gobierno. Súmate es una organización de oposición que trabajó por la revocatoria del mandato presidencial, lo que implica, el ejercicio de un derecho establecido en la Constitución. Salvo que se demuestre que cometió un delito con el dinero recibido de esta organización estadounidense, la sola recepción no puede interpretarse, legítimamente, como un hecho delictual.
62. José Carrillo: Inversión en armas supera los 2 millardos de dólares. Últimas Noticias, 27.03.05, Pág. 24. La cifra exacta del conjunto de estas negociaciones es probablemente muy superior a los 2.500 millones de dólares. Sin embargo, no existe información oficial pública que presente el dato exacto. Solamente la negociación con España, según indica la prensa de ese país, asciende a 1.700 millones de euros (Perú Egurbide “Bono forzó un debate en el Gobierno sobre su viaje a Caracas La venta de material militar a Venezuela sigue dividiendo al Ejecutivo”. Diario El País, Madrid, 27.11.05).
63. Para una mayor definición de estas crisis: Ver capítulo Contexto, en el Informe Anual editado en 2003. Disponible en línea: www.derechos.org.ve.
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BALANCE DE LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS
Introducción |
El siguiente balance, resume el contenido general de este XVII Informe Anual de Provea sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela. Como todos los años, desde hace 17, junto al diagnóstico de la situación, el análisis de las políticas públicas y otras medidas estatales y los testimonios de víctimas y familiares, este Informe incluye un listado de propuestas y exigencias dirigidas a los Poderes Públicos. Con este trabajo, que sometemos a debate en ámbitos sociales y estatales, aspiramos aportar al fortalecimiento de aquellas medidas estatales favorables a los derechos humanos, para que sean ratificadas, cualificadas y profundizadas; así como a la identificación de aquellas otras que constituyen violaciones a estos derechos, para que sean prontamente rectificadas y sus efectos reparados.
Existe un conjunto de factores, tanto positivos como negativos, que constituyen importantes ejes transversales a la situación de los derechos aquí analizados y al comportamiento estatal en la materia. Ellos son: la bonanza petrolera que impacta positivamente en la economía; la mayor distribución de la riqueza, entre otras vías, a través del aumento del gasto social; la reducción de las expresiones más virulentas de la polarización; el estímulo a la organización y participación popular que, con sus contradicciones y ambigüedades en relación con la autonomía o el clientelismo, conlleva a un avance organizativo de los sectores populares, histórica y estructuralmente discriminados; la reivindicación estatal en la protección de los derechos sociales, colocando un freno a la ideología del mercado; la intolerancia y el personalismo en el estilo político de las nuevas élites; los enormes déficit institucionales para garantizar la efectividad y sostenibilidad de las políticas públicas; la ausencia de una política sistemática de información e indicadores que permitan procesos actualizados y continuos de evaluación, convalidación y control ciudadano de las políticas públicas; la ausencia de contrapesos efectivos entre los poderes estatales; la reforma regresiva, conservadora e inconstitucional del Código Penal; la difusión de discursos que presentan las políticas sociales y otros mecanismos de distribución de la riqueza como dádivas o producto de la buena voluntad de los gobernantes y no como derechos de toda la población y la ausencia de una agenda legislativa articulada, y coherente en relación con la política social.
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BALANCE DE LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS
Derechos Económicos, Sociales y Culturales: Derecho a la Alimentación |
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En relación con este derecho, algunos indicadores de la situación alimentaria experimentaron una mejoría. Es el caso del elevamiento del nivel de consumo de alimentos en 2004 y 2005, el leve incremento del poder adquisitivo del salario mínimo en relación con la canasta alimentaria y la mayor accesibilidad de los sectores más vulnerables a los alimentos, a través de programas sociales como Mercal. La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), reconoció los esfuerzos estatales por incrementar la seguridad alimentaria de la población. Llama la atención, sin embargo, que tales esfuerzos no se correspondan con una mejoría clara de los indicadores nutricionales, que siguen evidenciando una grave situación en cuanto a desnutrición. Entre el 2003 y el 2004 los indicadores de desnutrición en niños menores de 5 años, se comportaron de la siguiente manera: la desnutrición global varió de 5,28 a 5,19%, la desnutrición crónica de 13,08 a 12,52%, la desnutrición aguda de 4,06 a 4,05% y el sobrepeso de 3,18 a 3,11%; pese a que sufrieron una muy leve disminución, continúan estando por encima del nivel alcanzado en 1999 y 2000. En 2004 se registró 8,8 % de nacimientos de bebés de bajo peso, aumentando por segundo año consecutivo y la mortalidad por desnutrición se incrementó entre 2002 y 2003, especialmente entre menores de 4 años: 25% en menores de 1 año y 32,5% entre 1 y 4 años de edad, con lo cual ascendió un puesto en causas de muerte de la población respecto al año anterior. En su informe sobre el cumplimiento de la Metas del Milenio, el gobierno venezolano reconoce que el comportamiento de la situación nutricional en el país ha sido irregular presentando avances y retrocesos, pero sin alcanzar una tendencia estable y definitiva hacia la disminución del déficit nutricional.
En 2004, según Cavidea, el consumo creció un 7% y para el primer trimestre de 2005, Datanálisis reportó un incremento de 9%. Ambas fuentes coinciden, sin embargo, en una disminución en el consumo de proteínas. Hay signos globales positivos como la variación de la inflación, la cual viene disminuyendo por segundo año consecutivo, lo que implica una recuperación del poder adquisitivo del salario: en 2004 cerró en 19,5% y para 2005 rondará el 15%. En julio de 2005, las importaciones agrícolas vegetales disminuyeron 11,20%, particularmente en los rubros maíz, trigo, azúcar. No obstante, Venezuela sigue siendo un país sustancialmente dependiente de la importación, que se calcula en cerca del 70% de los alimentos que se consumen.
Tanto las fuentes privadas como las oficiales, reportan una leve recuperación del poder adquisitivo del salario mínimo respecto a la canasta alimentaria que, sin embargo, distan de garantizar a la población más pobre del país un adecuado acceso a los alimentos. En abril de 2004, el déficit del salario mínimo para cubrir la Canasta Alimentaria oficial era del 6% y del 53,2% para cubrir la Canasta Alimentaria calculada por el Cenda. En septiembre de 2005, no existía déficit (5,9% por encima) según los cálculos basados en la Canasta oficial y el déficit era del 34%, según los cálculos basados en la Canasta del Cenda; lo que implica un movimiento positivo de 11,9 puntos en el primer caso y de 19,2 en el segundo.
El programa Mercal, a través del cual se adquieren alimentos con un descuento de hasta el 40%, está llegando, según cálculos oficiales y privados, a más del 50% de la población.
Se creó el Ministerio de Alimentación y parece existir, para el presente período, una mayor regularidad o continuidad con los programas anunciados por el Ejecutivo nacional.
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BALANCE DE LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS
Derechos Económicos, Sociales y Culturales: Derecho a la Seguridad Social |
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Con respecto a este derecho, destacamos como positivo en el presente período la aprobación de las leyes del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat, del Régimen Prestacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (Ley de Reforma de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo), del Régimen Prestacional de Empleo y del Régimen Prestacional de Servicios Sociales al Adulto Mayor y Otras Categorías de Personas (Ley de Servicios Sociales).
Cabe destacar también que finalmente la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), 23 meses después de que Provea introdujera un recurso de nulidad, declaró la inconstitucionalidad de la omisión de la Asamblea Nacional (AN) por no haber dictado en un plazo razonable una ley que regule el Régimen Prestacional de Empleo. Esa misma Sala favoreció a los pensionados y jubilados de la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV), quienes habían sido afectados en sus derechos pensionales por el proceso de privatización de la misma, en 1991.
El Estado venezolano so comprometió a cumplir las demandas que, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, elevó la Asociación Nacional de Trabajadores Jubilados y Pensionados de Venezolana Internacional de Aviación (Antjuviasa): cancelar todo lo adeudado por concepto de pensiones de jubilación, así como una indemnización por daños morales y materiales a cada una de las personas demandantes, además de reparaciones no pecuniarias como el reconocimiento público de la responsabilidad internacional del Estado por la violación de los derechos humanos de los pensionados de la empresa Venezolana Internacional de Aviación SA (Viasa) mediante la publicación de un remitido público en la prensa nacional y la difusión de un micro televisivo y un programa de televisión con carácter educativo y de homenaje a los jubilados fallecidos durante el tiempo que llevó el proceso judicial. El 29.07.05, el gobierno naci | | | |
