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Una lectura de la
realidad venezolana
desde los derechos humanos |
Boletín electrónico Nº 168
Del 01 de marzo al 06 de abril de 2006 |
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EFEMÉRIDES DE DERECHOS HUMANOS DE
ABRIL
CONTEXTO
*
PROVEA abre concurso para el cargo de
Educadora (or) en Derechos Humanos
* PROVEA tiene nuevo Encargado de Medios
* Ha fallecido David Meneses, defensor
de los Derechos Humanos
* PROVEA participa en reunión sobre
Derechos Humanos en Mercosur
* ONG´s impugnan postulación al CNE de
presunto copartícipe en Masacre de El
Amparo
* En mayo se elegirán primeros miembros
del nuevo Consejo de DDHH de la ONU
DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y
CULTURALES
* Adjudicatarios/as de Ciudad Miranda,
con la asesoría de Provea, interponen
demanda contra el Ministro de Vivienda y
Hábitat
* Jubilados del Ministerio de Educación
denuncian a Estado venezolano ante
Comisión Interamericana de Derechos
Humanos
* Nuevo Proyecto de Ley
Orgánica de Educación causa polémica
* Vecinos de Lagunillas no
se hunden en el pesimismo al la luchar
por una vivienda digna
* Funcionarios de Policía
de Aragua protestan por mejoras
laborales
* Afectados de sucesos de la Ovallera
denuncian incumplimiento de
indemnizaciones
* Propuestas y exigencias
de Provea a los poderes públicos sobre
el derecho a la vivienda
DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
* Foro por la Vida condena
asesinato de hermanos Faddoul y señores
Rivas y Aguirre
* El Estado y las ONG venezolanas
discutieron sobre la situación de los DDHH en la CIDH
* Comisión Interamericana
admitió caso de vascos deportados en el
2002
* Familiares de víctimas
de Grupo Exterminio siguen bajo acoso
* Caracas: Familiares de
joven asesinado denuncian hostigamiento
policial
* Se profundiza crisis en
las cárceles del país
* Propuestas y exigencias
de Provea a los poderes públicos sobre
el derecho a la vida
ARTÍCULOS
*
Son
derechos: "Día Internacional del Agua"
NOVEDADES DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN
TODOS LOS DERECHOS PARA TODOS
*
"Habitat en riesgo:
experiencias latinoamericanas"
* "Suelo urbano y vivienda
popular en América Latina"
* "Trabajo"
* "Dfensor"
DOCUMENTOS
* Declaración conjunta de los
movimientos en defensa del agua
* ¿En qué va la Carta Social Americana?
Agradecemos mencionar la fuente cuando
el contenido sea citado o difundido |
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EFEMÉRIDES DE DERECHOS HUMANOS DE
ABRIL |
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CONTEXTO
PROVEA abre
concurso para el cargo de Educadora (or) en
Derechos Humanos |
CONVOCATORIA A CONCURSO PARA PERSONAL
El Programa Venezolano de Educación-Acción
en Derechos Humanos (Provea) está en la
búsqueda de un(a)Educadora (or) en Derechos Humanos
La (el) candidata (o) debe tener formación
en disciplina vinculada con las Ciencias
Sociales, preferentemente en Ciencias de la
Educación. Su experiencia
profesional/laboral debe incluir desempeños
en actividades vinculadas con procesos de
educación y promoción social, directa o
indirectamente relacionada con los Derechos
Humanos, en especial con los Derechos
Económicos, Sociales y Culturales (DESC). Es
indispensable que posea habilidades
pedagógicas teórico-prácticas, pues el
desempeño en el cargo implica precisamente
la promoción de procesos educativos y de
materiales de educación en DESC; excelente
redacción; capacidades la planificación,
monitoreo y evaluación de actividades
educativas, con fuerte componente grupal.
Comprometida con la defensa de los derechos
humanos de todas las personas y, en
particular, que privilegie la perspectiva de
defensa y promoción de los sectores sociales
más discriminados y excluidos. Debe poseer
habilidades para: la investigación,
redacción de documentos, formulación de
análisis políticos con perspectiva de
derechos, elaboración de propuestas de
políticas públicas con perspectiva de
derecho; para asumir vocería pública y
representación institucional, con públicos
diversos (instituciones públicas,
organizaciones sociales de diverso tipo o
medios de comunicación). Debe residir en el
área metropolitana de Caracas y estar
dispuesta (o) a viajar fuera de la ciudad
cuando los requerimientos del cargo así lo
exijan, así como a trabajar en horario no
convencional.
Como características personales, se espera
que la persona sea:
• Dinámica y organizada;
• analítica e intuitiva;
• eficiente; estudiosa y con alta motivación
al logro de objetivos colectivos;
• dotada de una especial sensibilidad para
los asuntos sociales;
• éticamente comprometido con el trabajo.
• Comprometida con las luchas por la
dignidad de personas y sectores sociales más
excluidos y discriminados, con disposición
al trabajo en grupos de manera democrática y
participativa.
• Con capacidad y disposición para pensar y
actuar de manera despolarizada, de manera
tal que esté dispuesta a solidarizarse con
las víctimas de violación a los derechos
humanos, independientemente de sus opciones
políticas o ideológicas.
El desempeño del cargo exige también:
• visión estratégica para comprender los
objetivos de la organización
• establecer prioridades y medir las
consecuencias de sus decisiones;
• capacidad de organización, pues debe
planificar, ejecutar y evaluar actividades
propias de su cargo, derivadas de la
planificación global de la Institución;
• capacidad de respuesta en situaciones de
presión, sentido de la oportunidad y
paciencia;
Condiciones laborales:
• Sueldo mensual de Bs. 1.139.832
• Cesta ticket por un monto de: (de acuerdo
a los días laborables del mes)
• 21 días de bono Vacacional por año
• 21 días de disfrute de vacaciones por año
• 15 días hábiles de vacaciones colectivas:
10 en diciembre y 5 en semana santa o
carnaval.
• 2 meses de aguinaldo
• Otros beneficios establecidos en la
legislación nacional
Se recibirán CV hasta el martes 18 de
abril de 2006. Las entrevistas con las
personas preseleccionadas se realizarán los
días 20 y 21 de abril de 2006. La
incorporación de la persona seleccionada
será el martes 25 de abril de 2006.
Enviar CV a las siguientes direcciones
electrónicas: educacionprovea@derechos.org.ve;
provea@derechos.org.ve, o entregarlo
físicamente en la sede de Provea: Bulevard
Panteón. De Tienda Honda a Puente Trinidad.
Edificio Centro Plaza Las Mercedes. PB.
Local 6. Parroquia Altagracia.
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CONTEXTO
Provea tiene nuevo Encargado de Medios |
Como habíamos informado en el boletín
Coyuntura 167, Provea buscaba una persona
que se hiciera cargo de la relación con los
medios de comunicación y de la elaboración y
fortalecimiento de los productos mediáticos
que brinda la organización a favor de la
promoción, defensa, investigación y
formación de los derechos humanos en
Venezuela. El proceso de selección de los
postulantes designó a Rafael Uzcátegui como
el nuevo Encargado de Medios. Rafael posee
una experiencia de más de diez años como
periodista independiente enfocado en
movimientos sociales y derechos humanos,
tiempo en el cual se ha desempeñado como
director del periódico universitario Letras,
coordinador de medios del Foro Social
Alternativo y miembro de la redacción del
periódico El Libertario. Asimismo, es
colaborador habitual de diversas
publicaciones locales y foráneas, de los
websites
www.analitica.com y
http://www.soberania.org, autor del
compilado de artículos “Corazón de tinta”
(Naufrago de Itaca Editores, 2002) y
activista en diversas redes sociales. Rafael
Uzcátegui podrá ser ubicado en el teléfono
0416-8366885 y en el e-mail
rafaelu@derechos.org.ve. Su
incorporación permitirá regularizar de nuevo
el envío de Coyuntura, por lo que la edición
Nº 169 será remitida a nuestros suscriptores
el próximo viernes 28 de abril.
Esta edición de Coyuntura ha sido posible
gracias a la participación de los pasantes
de la Escuela de Comunicación de la UCV
Cynthia Figueroa y Deivis Arias.
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CONTEXTO
Ha fallecido
David Meneses, defensor de los Derechos
Humanos |
Provea expresa sus sentidas condolencias a
los familiares y amigos de David Meneses,
defensor de los Derechos Humanos fallecido
el pasado miércoles 6 de abril. Meneses
ocupaba el cargo de presidente de la Cruz
Roja de Vargas y de la Fundación para la
defensa de los Derechos Humanos Luis María
Olaso.
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CONTEXTO
PROVEA
participa en reunión sobre Derechos Humanos
en Mercosur |
Durante los días 22 y 23 de marzo de 2006,
se realizó en la ciudad de Buenos Aires
Argentina, la III Reunión de Altas
Autoridades en Derechos Humanos y
Cancillerías del Mercosur y Estados
Asociados. La reunión que se dio en
presencia de más de 25 organizaciones de
derechos humanos del Mercosur, garantizó la
participación de las organizaciones en la
tarde del 23.
Los estados contaron con delegados de
Ecuador, Venezuela, Uruguay, Brasil, Chile,
Perú, Bolivia, Colombia y Argentina.
La reunión debatió entre otros temas:
coordinación de acciones en los órganos
multilaterales de Derechos Humanos;
intercambio de información sobre Planes
Nacionales de Educación en Derechos Humanos;
derecho a la verdad y memoria; creación de
un instituto de políticas públicas en
derechos humanos; construcción de
indicadores de progreso en materia de
derechos económicos, sociales y culturales;
declaración sobre la primacía de los
tratados de derechos humanos sobre los
tratados de libre comercio; creación de
Altas Autoridades Competentes en Derechos
Humanos en Estados Partes y Asociados;
iniciativa nin@Sur para la promoción y
protección de los derechos de la infancia y
adolescencia.
El Coordinador General de Provea Marino
Alvarado, participó en la reunión invitado
por el Observatorio de Políticas Públicas de
Derechos Humanos del Mercosur. Este
observatorio agrupa a diversas
organizaciones de derechos humanos y se
encarga de monitorear la situación de los
derechos humanos en los Estados Partes y
Asociados del Mercosur y a su vez de
presentar propuestas de políticas públicas
para ser desarrolladas por los países que
forman parte de dicho proceso de
integración.
Debe destacarse que en la reunión los
Estados debatieron sobre la necesidad de ir
trabajando en los informes que deben
presentarse sobre el cumplimiento del
Protocolo de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos. Sobre este aspecto, se
preciso que debe establecer la OEA el
procedimiento para hacer seguimiento a tales
informes. Algunos países propusieron que
debe crearse un Grupo de Trabajo con
expertos independientes para analizar dichos
informes.
Igualmente es importante la propuesta
presentada por el gobierno de Argentina, de
emitir una declaración suscrita por los
Estados del Mercosur acerca de la supremacía
de los tratados de derechos humanos sobre
los tratados de libre comercio. La discusión
de la declaración fue postergada para el mes
de junio cuando se realizará la próxima
reunión de la Altas Autoridades. Llevar al
seno de esta reunión el debate sobre libre
comercio y derechos humanos es un hecho
interesante, pues hay que recordar que esta
misma discusión fue presentada en la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
por la Plataforma Interamericana de Derechos
Humanos Democracia y Desarrollo, a través de
una audiencia temática.
Provea reconoce los esfuerzos realizados por
las representaciones de los Estados de
Argentina, Brasil y Uruguay, quienes
insistieron de manera permanente, en la
necesidad de abrir canales y mecanismos para
una participación más activa de las
organizaciones de derechos humanos en la
reunión de las Altas Autoridades.
Las organizaciones de derechos humanos
presentaron varias propuestas: el
Observatorio de Políticas Públicas de
Derechos Humanos propuso una normativa para
regular la actividad de las empresas
altamente contaminantes; la Plataforma
Interamericana de Derechos Humanos
Democracia y Desarrollo, hizo propuestas de
modificación al Reglamento de la reunión de
Altas Autoridades y exigió un
pronunciamiento frente a la represión
producida contra las movilizaciones
populares en Ecuador. Varias organizaciones
coincidieron en llamar la atención acerca de
que las instancias que cree el Mercosur en
materia de derechos humanos no deben crear
paralelismos con relación a las instancias
interamericanas ya existentes (Comisión
Interamericana y Corte Interamericana de
Derechos Humanos) y por el contrario, debe
haber un esfuerzo del Mercosur para
fortalecer el Sistema Interamericano de
Derechos Humanos. Igualmente, valoraron como
positivo el que se inicie la discusión sobre
la primacía de los tratados de derechos
humanos sobre los tratados de libre
comercio.
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CONTEXTO
ONG´s impugnan postulación al CNE de
presunto copartícipe en Masacre de El Amparo |
Caracas 05 de abril del 2006
Ciudadano Diputado
Roberto Hernández W
Presidente del Comité de Postulaciones
Electorales de la Asamblea Nacional
Las organizaciones de derechos humanos
abajo firmantes, integradas en el Foro
por la Vida, nos dirigimos
respetuosamente a Usted con la finalidad
de comunicarle que impugnamos la
postulación del ciudadano Enrique José
Vivas Quintero, para conformar el
Consejo Nacional Electoral, por estar
presuntamente implicado en graves
violaciones a los derechos humanos.
El ciudadano Enrique José Vivas
Quintero, está presuntamente implicado
como uno de los autores intelectuales de
la conocida Masacre de El Amparo. Para
el momento en que ocurrió la masacre el
29 de octubre de 1988, el señor Vivas
Quintero era Comandante del Comando
Específico José Antonio Páez. Dicho
Comando, constituido con personal de la
Fuerza Armada, de la Dirección de los
Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP)
y de la para entonces Policía Técnica
Judicial (PTJ), se encargó de planificar
y ejecutar el asesinato de catorce
pescadores en las riberas del Río Arauca
cerca de la población de El Amparo.
Los diputados del para entonces Congreso
Nacional abrieron una investigación
sobre los hechos y finalmente
recomendaron que los órganos de
administración de justicia deberían
investigar tanto a los autores
materiales como a los autores
intelectuales. El señor Vivas Quintero
nunca fue investigado judicialmente, con
lo cual no se cumplió la recomendación
de la Subcomisión de Congreso que
adelantó las investigaciones.
Es importante resaltar que los hechos de
la masacre del El Amparo fue conocida
por la Corte Interamericana de Derechos
Humanos. En esa instancia de protección
internacional de los derechos humanos el
Estado de Venezuela aceptó la
responsabilidad internacional por los
hechos. Admitió que hubo violación a los
derechos humanos y quedó obligado a
indemnizar a las víctimas y a continuar
las investigaciones y sancionar a los
responsables.
El Estado de Venezuela procedió a
indemnizar a las víctimas incluyendo los
dos sobrevivientes de la masacre, pero
está en mora con la investigación y
sanción de los autores materiales e
intelectuales, cómplices y encubridores.
Las organizaciones de derechos humanos
continuamos luchando contra la impunidad
en este caso y exigiendo la obligación
del Estado de establecer las
responsabilidades y aplicar las penas
correspondientes.
Consideramos inaceptable que una persona
que presuntamente participó como autor
material o intelectual, cómplice o
encubridor de tales hechos, vaya a
ocupar un alto cargo en la estructura
del Estado venezolano.
Por las razones expuestas, formalmente
impugnamos la postulación del señor
Enrique José Vivas Quintero como rector
del Consejo Nacional Electoral.
Organizaciones que suscriben esta
comunicación:
Acción Ciudadana Contra el Sida (ACCSI),
Centro de Derechos Humanos de la
Facultad de Derecho de la Universidad
Católica Andrés Bello, Centro para la
Paz y los Derechos Humanos de la
Universidad Central de Venezuela, Centro
de Derechos Humanos de la Universidad de
Margarita (CDH-UNIMAR), Caritas de
Venezuela, Fundación de Derechos Humanos
del Estado Sucre, Comisión Justicia y
Paz del Secretariado Conjunto de
Religiosas y Religiosos de Venezuela (SECORVE),
Fundación de Derechos Humanos del Estado
Anzoátegui, Comité de los Derechos
Humanos en Educación, Acción y Defensa
del Estado Guarico, Observatorio
Venezolano de Prisiones, Oficina de
Derechos Humanos del Vicariato
Apostólico de Puerto Ayacucho, Programa
venezolano de Educación Acción en
Derechos Humanos (PROVEA), Red de
Monitores Populares en Derechos Humanos
del Estado Táchira, Red de Apoyo por la
Justicia y la Paz, Vicaría Episcopal de
Derechos Humanos de la Arquidiócesis
Caracas y Una Ventana por la Libertad.
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CONTEXTO
En mayo se elegirán primeros miembros del nuevo Consejo
de DDHH de la ONU |
El pasado
miércoles, 15.03.06, la Asamblea General de
la Organización de las Naciones Unidas (ONU)
aprobó por amplia mayoría, y con la
oposición de los Estados Unidos de
Norteamérica (EEUU), la sustitución de la
Comisión de Derechos Humanos por un Consejo
de Derechos Humanos (DDHH) (El Nacional,
16.03.06, A/10)
La medida obtuvo 170 votos a favor, 4 en
contra y 3 abstenciones. Los países que se
mostraron contrarios a la decisión fueron
los EEUU, que alegó que no existían
suficientes filtros para acceder a un puesto
en el consejo pudiendo permitir el asiento
en su seno de países violadores de DDHH,
seguido de Israel, las Islas de Marshall y
Palau; y los países que se abstuvieron
fueron Bielorrusia, Irán y Venezuela (El
Impulso, 16.03.06, pág. A/4).
El Secretario General de la ONU, Kofi Annan,
saludó la decisión y expresó que: “Da la
oportunidad a Naciones Unidas –una
oportunidad ya retrasada- de relanzar su
trabajo a favor de los derechos humanos en
todo el mundo” (El Carabobeño, 16.03.06,
pág. A/13). Agregó que: “La verdadera prueba
de la credibilidad del Consejo será el uso
que hagan de la instancia los Estados
miembros” (El Nacional, ob.cit.).
EEUU se opone, sobre todo, a que un país
necesite 96 de los 191 votos de los miembros
de la Asamblea General para formar parte del
nuevo Consejo. En opinión de Washington,
esto podría facilitar el acceso de países
que violan los DDHH (El Carabobeño, Ídem).
John Bolton, embajador de EEUU ante la ONU,
alegó que: “Estados Unidos no puede sumarse
al consenso sobre esta resolución, no confía
lo suficiente en el texto y no podemos decir
que el Consejo de Derechos Humanos será
mejor que su predecesor”. Sin embargo,
Bolton agregó que su país trabajará de forma
cooperativa con los demás miembros “para
hacer del Consejo un cuerpo lo más fuerte y
efectivo posible” (El Carabobeño, Ídem).
Por su parte, Cuba y Venezuela tomaron la
palabra para criticar a los EEUU y al nuevo
Consejo, aunque no votaron en contra de la
decisión. El embajador cubano ante la ONU,
Rodrigo Malmierca, afirmó que su voto a
favor fue para minar el camino de los EEUU
por imponer su voluntad sobre el Consejo de
DDHH (El Carabobeño, ídem). Para el
representante cubano, el Consejo “permitirá
a los Estados Unidos y sus aliados contar
con un tribunal inquisidor”. El embajador
cubano interrogo sobre las posibilidades de
juzgar a los EEUU: “¿Acaso será posible en
el nuevo Consejo aprobar una resolución para
exigir a Estados Unidos rendir cuentas y
asumir las responsabilidades por las
torturas y otras graves violaciones de
derechos humanos perpetradas en la ilegal
base naval de Estados Unidos en Guantánamo,
en la prisión de Abu Ghraib o sobre los
vuelos y centros de detención operados por
la CIA en Europa?” (El Periódico, 16.03.06,
pág. 2).
Venezuela, representada por el embajador
Fermín Toro, se abstuvo e votar y arguyó
que: “No vamos a votar en contra porque no
deseamos ser la comparsa de los Estados
Unidos”. A todas estas, el embajador
norteamericano, Bolton, respondió:
“Podríamos ejercer el derecho a réplica para
responder a lo que acaban de decir Cuba y
Venezuela, pero por otro lado, ¿por qué
molestarse?” (El Periódico, Ídem).
Amnistía internacional expresó que: ”El
Consejo de Derechos Humanos puede ser un
órgano de derechos humanos sólido y eficaz,
capaz de promover y proteger todos los
derechos humanos en todos los países. El
siguiente paso crucial en este proceso
consiste en elegir como miembros a países
que hayan demostrado su compromiso con el
respeto y el mantenimiento de los derechos
humanos en el ámbito nacional e
internacional” (http://web.amnesty.org/library/)
La elección de los primeros miembros del
Consejo tendrá lugar el 9 de mayo de 2006.
Según el reglamento electoral, los Estados
miembros de las Naciones Unidas tendrán en
cuenta el historial de derechos humanos de
los candidatos y los compromisos que han
asumido en este ámbito. Para ser uno de los
47 miembros del Consejo, un país debe
conseguir que lo apoye la mayoría absoluta
de los 191 miembros de la Asamblea General
(96 votos) en elecciones individuales en las
que el voto es secreto. A la hora de votar,
todos los Estados miembros deben asegurarse
de que los candidatos, si son elegidos,
mantendrán y respetarán los más altos
niveles de promoción y protección de los
derechos humanos, cooperarán plenamente con
el Consejo y se someterán a revisión con
arreglo al mecanismo de revisión periódica
universal durante el tiempo que sean
miembros del Consejo. (Idem)
El Consejo se reunirá periódicamente a lo
largo del año y celebrará como mínimo tres
períodos de sesiones por año, incluido un
período de sesiones principal, por una
duración total no inferior a diez semanas, y
podrá celebrar períodos extraordinarios de
sesiones, cuando sea necesario, a solicitud
de un miembro del Consejo, con el apoyo de
un tercio de los miembros.
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DERECHOS
ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Adjudicatarios/as de Ciudad Miranda, con la
asesoría de Provea, interponen demanda
contra el Ministro de Vivienda y Hábitat |
El martes 4 de
abril de 2006, un grupo de adjudicatarios/as
de viviendas ubicadas en la urbanización
Ciudad Miranda, en los Valles del Tuy,
estado Miranda, quienes tienen más de cinco
años esperando por la entrega de viviendas
interpusieron, con el apoyo y asesoría de
PROVEA ante la Sala Político Administrativa
del Tribunal Supremo de Justicia, un recurso
de abstención o carencia contra el ciudadano
Luis Figueroa, actual Ministro del Estado
para la Vivienda y Hábitat. El Ministro se
habría abstenido de realizar las
obligaciones que expresamente le exigen los
artículos 37 ordinal 3º, 44, y 46 ordinales
1º, 8º, 26, 31, y 33, de la Ley del Régimen
Prestacional de Vivienda y Hábitat, ley cuyo
objeto es el desarrollo del derecho a la
vivienda en los términos expresados en el
artículo 82 de la Constitución, y el
artículo 2º del Decreto Presidencial Nro.
3.126.
Los mencionados artículos establecen que es
obligación del Ministerio de Vivienda y
Hábitat realizar las siguientes actividades:
a) Crear los controles necesarios
para garantizar que FONDUR cumpla con el
Plan Nacional de Vivienda y Hábitat que
abarca el proyecto de “Ciudad Miranda”;
b) Hacer el seguimiento
correspondiente al Plan Nacional de Vivienda
que comprende el proyecto de “Ciudad
Miranda” hasta su cumplimiento;
c) Establecer las garantías que
contribuyan a que FONDUR tenga los recursos
suficientes para culminar el Plan Nacional
de Vivienda que comprende al proyecto
“Ciudad Miranda”;
d) Controlar que FONDUR termine la
ejecución del proyecto de “Ciudad Miranda”,
o establezca alternativas para solucionar el
problema de vivienda que le generó a los
recurrentes por haber incumplido con el Plan
Nacional de Vivienda que comprende dicho
urbanismo en el tiempo establecido para
ello.
Explicó Marino Alvarado Coordinador General
de Provea que “El objeto de dicha demanda,
es que la Sala Político-Administrativa del
Tribunal Supremo de Justicia, ordene al
Ministro del Estado para la Vivienda y
Hábitat, cumpla con las obligaciones que le
establece expresamente la ley y adopte
medidas adecuadas e inmediatas para que
FONDUR culmine la construcción del proyecto
de Ciudad Miranda y proceda a entregar a los
recurrentes las viviendas que les fueran
adjudicadas y por la cuales cancelaron su
inicial en los años 2000 y 2001”
Por su parte, la abogada Yael Bello del
Programa de Exigibilidad de Provea, expresó
que a los hoy demandantes les fueron hace
más de cinco años adjudicadas las viviendas
mediante contratos de promesa de compra
venta, previo pago de una cuota inicial
correspondiente, sin embargo, a pesar de
haber dirigido numerosas peticiones a FONDUR,
no han recibido respuesta alguna”
Expresan los demandantes que los contratos
de promesa de compra venta con FONDUR son
contratos de interés social, porque dan
cumplimiento a lo establecido en el artículo
82 de la Constitución que señala que el
Estado dará prioridad a las familias y
garantizará los medios para que éstas, y
especialmente las de escasos recursos,
puedan acceder a las políticas sociales y al
crédito para la construcción, adquisición o
ampliación de viviendas. Argumentan que
cuando el Ministerio de Vivienda y Hábitat
no cumple con las obligaciones que
expresamente le establece la Ley del Régimen
Prestacional de Vivienda y Hábitat, está
incumpliendo las obligaciones que al
respecto le impone el artículo 82 de la
Constitución.
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DERECHOS
ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Jubilados del
Ministerio de Educación denuncian a Estado
venezolano ante Comisión Interamericana de
Derechos Humanos |
En la mañana del jueves 30 de marzo de
2006, 47 jubilados del Ministerio de
Educación, con la asesoría y el apoyo
del Programa Venezolano de Educación
Acción en Derechos Humanos (Provea),
presentaron ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos una
petición contra el Estado de Venezuela
por violación a los derechos (a la
propiedad) 21, (garantías judiciales)
8.1, y (protección judicial) 25 de la
Convención Americana sobre Derechos
Humanos, en conexión con el artículo 1.1
(obligación de respetar derechos).
Tras ocho largos años de espera tratando
de obtener un pronunciamiento de los
tribunales nacionales, los jubilados
acudieron a la instancia internacional
como una última esperanza para obtener
justicia. No sólo agotaron la vía
judicial, sino también la posibilidad de
un acuerdo amigable con altos
funcionarios del Ministerio de Educación
y Deportes.
Besky Trujillo una de las jubiladas
afectadas expresó: “Los jubilados
empezamos a disfrutar del beneficio de
jubilación en marzo y abril de 1997
luego de haber entrado en vigencia una
nueva contratación colectiva que nos
amparaba y nos otorgaba aumento
salarial. El pago de jubilación sin
embargo, fue calculado por el Ministerio
desconociendo dichos aumentos. Más de
8.000 jubilados fuimos afectados por
esta medida.
Ante esta situación, que desconocía el
monto del salario sobre el cual
legalmente deberían calcularse las
prestaciones sociales y desmejoraba, en
consecuencia, el pago recibido en razón
de las jubilaciones concedidas, acudimos
en vía administrativa ante la Junta de
Avenimiento del Ministerio, sin obtener
respuesta. Agotada la vía
administrativa, en septiembre de 1997
acudimos a los órganos de administración
de justicia para que éstos se
pronunciaran sobre los reclamos
respectivos, no existiendo hasta el
momento una sentencia que resuelva el
fondo de la controversia, a pesar de
haberse intentado judicialmente dos
demandas el 27.09.97.”
Por su parte Marino Alvarado,
Coordinador General de Provea,
manifestó. “Tras ocho años de recorrido
por distintas instancias judiciales,
para marzo de este año el juicio se
encontraba en la etapa en que el
Tribunal Supremo de Justicia decidiera
cuál debe ser el tribunal competente
para pronunciarse sobre el reclamo
presentado, es decir, en su etapa
inicial.
Son ocho largos años de espera para que
los órganos de administración de
justicia cumplan su función de dictar
una sentencia. Mientras tanto, el nivel
de vida de los jubilados ha desmejorado
y algunos han fallecido. Una vez más
jubilados del país tienen que acudir a
reclamar justicia en las instancias
internacionales de protección de los
derechos humanos. Recordemos que hace
apenas un año, un grupo de jubilados de
Venezolana Internacional de Aviación
(Viasa) logró reconquistar su derecho a
la jubilación luego de acudir a la
Comisión Interamericana”
Entre otras solicitudes, los jubilados
exigen al Estado venezolano que el
órgano de administración de justicia
competente dicte de manera expedita,
sentencia sobre el fondo de la
controversia, interpuesta por los/as
trabajadores peticionarios/as en fecha
25.09.97. Asimismo que al dictarse la
sentencia se proceda a su ejecución
inmediata, cancelando la mora y
recalculando los montos de conformidad
con el índice de inflación acumulado
hasta la fecha de la cancelación; la
disculpas públicas por parte del Estado
a todo/as lo/as jubilado/as y a los/as
familiares del jubilado que han
fallecido en el proceso de
reivindicaciones sin la protección
judicial adecuada, tal como era su
obligación de conformidad con la
Convención y la recomendación, al Estado
venezolano para la adopción de medidas
de derecho interno que brinden seguridad
jurídica a los trabajadores y demás
personas que acceden a los órganos de
administración de justicia para hacer
valer sus derechos e intereses y se
abstenga de aplicar de manera
retroactiva sentencias que vulneren sus
derechos.
Una vez presentada la denuncia contra el
Estado de Venezuela, se debe esperar que
la Comisión Interamericana se pronuncie
sobre la admisibilidad del caso, tiempo
en el cual los jubilados expresan su
disposición a reunirse con altas
autoridades del Ministerio de Educación
para la búsqueda de un acuerdo amistoso
supervisado por el organismo
internacional.
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DERECHOS
ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Nuevo Proyecto de Ley Orgánica de
Educación causa polémica |
El reciente Proyecto de Ley Orgánica de
Educación, que distribuyó la imprenta de
la Asamblea Nacional para el debate, es
una propuesta del año pasado que
modifica el proyecto que fuera aprobado
en primera discusión por el Parlamento
en agosto de 2001. Su principal promotor
es el presidente de la Comisión de
Educación, Luis Acuña; tiene 85
artículos y no 127, como el otro
proyecto, además de un prólogo con la
exposición de motivos, que indica que el
espíritu de la ley está basado en el
papel principal del Estado Docente y que
la educación está “bajo su suprema
orientación” (El Nacional, 24.02.06,
pág. B/20).
El primer proyecto de ley fue aprobado
por unanimidad en la Asamblea Nacional
el 21.08.01, y tiene por objeto regular
la educación que imparte el Estado a
través del Ejecutivo Nacional, de los
estados y los municipios, sus órganos
descentralizados y los particulares con
autorización oficial, en los distintos
niveles, modalidades y formas, así como
también la que se desarrolla de manera
extraescolar. Asimismo establece que la
educación superior se regulará por leyes
especiales; mientras que la educación
militar y religiosa serán tuteladas por
disposiciones que se dicten a ese efecto
(Asamblea Nacional, 21.08.01,
http://www.asambleanacional.gov.ve/ns2/noticia.asp?numn=715).
La nueva propuesta plantea 20 principios
que rigen al Estado Docente, entre ellos
la obligatoriedad de la educación
física, ambiental, la enseñanza del
ideario bolivariano, la lengua
castellana, la historia y la geografía
de Venezuela. Consagra 18 años de
educación gratuita y obligatoria, 200
días de clases y basamento en el ideario
bolivariano y robinsoniano. Los temas
que han sido polémicos son la
integración a las comunidades educativas
de personas ajenas a la institución, el
establecimiento de una forma diferente
de ingreso de docentes al sistema
educativo, la eliminación de la
educación religiosa y la creación del
término autonomía universitaria “con
responsabilidad”, entre otros.
Igualmente se garantiza la existencia de
institutos de educación privada que
demuestren capacidad operativa, y que
cumplan con los requisitos éticos,
académicos científicos, económicos, de
infraestructura y otros establecidos en
la legislación venezolana (El Nacional,
ob.cit.).
Ante los planteamientos del nuevo
proyecto, la Conferencia Episcopal
Venezolana se pronunció en defensa de la
enseñanza católica como un derecho
inalienable de toda persona humana.
Recuerdan en su declaración, que firmó
con el Estado venezolano el Convenio de
Educación Religiosa Escolar para
facilitar el ejercicio del derecho de
los niños católicos a conocer su fe.
Recalcó además que “el Estado venezolano
es laico, es decir, no confesional, y no
obliga a nadie a profesar una religión
específica, pero sí está obligado el
Estado a permitir y posibilitar el
ejercicio de los derechos de los
ciudadanos y, por lo tanto, debe
permitir y hacer posible la enseñanza
religiosa en las escuelas”. Igualmente,
hizo un llamado a los padres y
representantes católicos a defender el
derecho que tienen sus hijos a la
Educación Religiosa Escolar; a los
docentes católicos a cumplir con
responsabilidad su misión de ser
educadores en la fe; a los párrocos y
demás agentes de Pastoral a tener una
mayor presencia en las escuelas (El
Carabobeño, 10.03.06,
http://www.el-carabobeno.com/p_pag_hnot.aspx?art=a100306e04&id=t100306-e04).
Por otra parte, el Ministro de Educación
y Deportes, Aristóbulo Istúriz, defendió
el planteamiento sobre la educación
pública laica, pues considera que la
educación pública no puede parcializarse
con ninguna religión debido a que en la
Constitución de la República está
establecida la libertad de culto. "Eso
no significa que cualquier religión
pueda tener un plantel. Puede haber un
plantel adventista, uno de evangélicos,
católicos. Pero la escuela pública no
puede identificarse con ninguna religión
en particular porque debemos garantizar
la libertad de culto", dijo (El
Universal, 25.02.06, pág. 4/16).
De igual manera, el titular de Educación
y Deportes, recordó que este Gobierno es
el que más ha ayudado a la Educación
Privada Católica "les hemos dado un
subsidio de 460 mil millones de
bolívares y además les hemos conseguido
la jubilación por vía de gracia a las
religiosas que nunca la habían tenido.
"Son conquistas que ha tenido la
educación privada en este Gobierno,
porque nosotros defendemos la libertad
de culto y la libertad de cátedra, lo
que si nos reservamos con el
planteamiento del Estado Docente, es la
orientación de la educación por parte
del Estado" (Gobierno en Línea,
03.03.06,
http://www.gobiernoenlinea.ve/noticias-view/ver_detalles.pag?idNoticia=48170).
Provea considera que el proyecto de ley
debe someterse a la consulta más amplia
posible de todos los sectores sociales
interesados y que el debate debe
desarrollarse fuera de la diatriba
política realizando esfuerzos por lograr
acuerdos y consensos. Reafirmamos que la
Ley debe tener presente el enfoque en
educación en derechos humanos, más aún
si se quiere cumplir con uno de los
compromisos que asumió Venezuela al
ingresar al Mercosur el cual es la
implementación de un Plan Nacional de
Educación en Derechos Humanos. Los
compromisos del Mercosur obligan a
Venezuela a incluir la educación en
derechos humanos en todos los niveles
educativos.
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DERECHOS
ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Vecinos de Lagunillas no se hunden en el
pesimismo al la luchar por una vivienda
digna |
El día 02.03.06, 350 familias de la parroquia Venezuela,
Lagunillas, estado Zulia manifestaron en
la carretera Lara –Zulia para exigirle a
Fondur su traslado inmediato (Diario
Panorama, 03.03.06, pág. A-6). Su
hábitat ha dejado de ofrecer las
condiciones ambientales básicas para
que permanezcan en él, debido a “un
fenómeno denominado subsidencia
(hundimiento y debilitamiento del suelo)
generado por de la explotación
petrolera”, lo que ha traído como
consecuencia un progresivo y cada vez
más “acelerado” hundimiento del pueblo
(Provea, 07.03.06,
http://www.derechos.org.ve/recursos/alegal/lagunillas/index.htm).
Según la fuente periodística, a tempranas horas de la mañana,
un grupo conformado por mujeres,
hombres y niños manifestó en El Danto,
“la urbanización construida por el Fondo
de Desarrollo Urbano (Fondur) para 350
familias que viven arrimadas, como
inquilinas o son propietarias de nuevas
construcciones en la parroquia
Venezuela” (Diario Panorama, ídem).
Fondur se había comprometido en publicar
el listado de propietarios a reubicar el
día viernes de la semana anterior. Por
eso, y siendo la tercera vez que los
vecinos no reciben respuestas sobre la
fecha de la mudanza, “tomaron la
carretera Lara-Zulia, en la entrada de
Ciudad Ojeda y generaron un caos en la
troncal” (Diario Panorama, ídem).
“Estamos cansados de que Fondur juegue
con nosotros”, declaró a Panorama
Giovanny Terán, una de alrededor de
30.000 personas afectadas que habitan –
por el tiempo que la naturaleza les
permita- “entre escombros, ratas,
serpientes, animales muertos e
inseguridad” (Idem) en el municipio
Lagunillas del Edo. Zulia.
Para el 05.10.92, el presidente de la República, Carlos
Andrés Pérez, dictaba un decreto (Gaceta
Oficial N° 35.063) “mediante el cual se
autorizó al Ejecutivo Nacional a
realizar operaciones de crédito público
destinadas al financiamiento del plan de
reubicación de los pobladores afectados”
(Provea, ídem). El compromiso asumido:
para el año 1995 todas las familias
debían estar reubicadas. Sin embargo, a
diferencia la progresividad del
hundimiento de la zona, el urbanismo
especialmente construido para los
habitantes afectados, ha tenido poco
desarrollo.
Mientras tanto, en la actualidad es la empresa Dulcosa, “la
que se encarga de los propietarios de
las casas edificadas antes de 1995,
mediante su reubicación a un nuevo
inmueble, sin costo, pero el resto debe
pagarlo a través de Fondur” (Diario
Panorama, ídem). “Esperamos 11 años que
construyeran esta urbanización [El
Danto] y cuando por fin está lista para
habitar, notamos un retraso sospechoso
de parte del organismo en la publicación
del listado de los ocupantes”, comentó a
Panorama, Alexander Ortiz,
presidente del Comité Pro Defensa de los
Arrimados, Inquilinos y Nuevos
Propietarios. Otros vecinos señalaron
que “no querían sorpresitas” al
recordar lo sucedido luego de la
construcción de la Urbanización Nueva
Venezuela. Las casas construidas fueron
otorgadas “a personas que habitan fuera
del área de riesgo porque son familiares
o amigos de los responsables de la
asignación” (Ídem). La prioridad de
Fondur han debido ser los habitantes de
Lagunillas, “quienes estamos siete
metros por debajo del nivel de las
aguas, rogando a Dios que el Lago nos
trague”, comentó Keyla Navarro (Ídem).
“Esa acta de compromiso la firmamos en
Caracas y no vamos a permitir que la
violen, vendiéndole casas a los
demandantes naturales” (Ídem)
Los pobladores aun no han sido reubicados de Turicas,
Altagracia, Tasajeras, El Indio, Rafael
Urdaneta, Tacovén y La Obrerita están
sobreviviendo entre lo peor: “En estos
días hallaron un cadáver entre las casas
desoladas. No puede ser que nos hayan
dejado solos, a la deriva”, lamentó
Orlando Bracho, vecino de Tasajeras.
(Ídem).
Por su parte, Mervin Flores, autoridad de Fondur, “informó
que están esperando la visita del
presidente Hugo Chávez al Zulia para
hacer el acto de entrega de las
viviendas” (Ídem). Se dice estar en un
proceso de arreglo de detalles a 33 de
las 350 casas a entregar oficialmente.
“Otras 66 edificaciones, que apenas
están en construcción, deben ser
concluidas posteriormente” (Ídem)
Finalmente, los manifestantes cesaron la manifestación a eso
de las 2 de la tarde porque –vía
telefónica- “la Guardia Nacional se
comunicó con el asistente del
vicepresidente de Fondur, quien dijo que
las listas se darán a conocer el viernes
próximo a más tardar” (Ídem).
Onelia Lameda, representante vecinal en
el directorio de Dulcosa, declaró a
Provea que el nuevo presidente de
la compañía, ingeniero José Luis Parada,
"no ha querido atender a los vecinos.
Con nosotros no se ha querido reunir.
40.000 millardos se encuentran
represados en la empresa y las casas
están sin empezar. Los vecinos se organizaron para la contraloría social.
Se hizo un cierre de calle y se elaboró
una publicación".
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DERECHOS
ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Funcionarios de Policía de Aragua
protestan por mejoras laborales |
El día miércoles 15.03.06, después de
cumplirse el plazo de 8 días dado a las
autoridades regionales, funcionarios de
la Policía de Aragua (PA), en algunos
casos acompañados de esposas e hijos,
realizaron una concentración en los
alrededores de la Plaza Bolívar de
Maracay y frente a la gobernación de la
entidad para exigir la solución de sus
problemas laborales (El Carabobeño,
16.03.06, pág. D/6). Desde
aproximadamente las 9am, policías
activos, jubilados y pensionados se
congregaron en espacios abiertos de la
Plaza Bolívar sin obstaculizar el paso
por la avenida Miranda. Después de la
10am a la concentración se habían unido
varios vecinos de diversos sectores de
la ciudad (El Siglo, 16.03.06, pág.
A/1).
Las protesta fue liderada por los
sargentos Nell Suárez y Gilberto
Riobueno; el comisario Manuel Briceño;
el presidente de la Asociación de
Jubilados y Pensionados, Miguel
Belisario; Pablo García, presidente de
la Federación Vecinal de Aragua; y otros
jefes policiales (El Siglo, Ídem).
Las peticiones de los uniformados fueron
cesta ticket, aumento salarial, dotación
de equipos, uniformes, patrullas,
prevención social adecuada y
sensibilización el trabajo policial (El
Aragüeño, 16.03.06, pág. 42). Además, la
concentración también se hizo con la
intención de denunciar casos de
corrupción que imperan dentro del
organismo de seguridad (El Siglo,
16.03.06, pág. A/2).
Después de varias horas de asentamiento
frente a la gobernación estadal e
incentivados por una llamada del
Diputado Carlos Escarrá, los gendarmes
decidieron trasladarse a la sede de la
Asamblea Nacional, en Caracas, donde
serían recibidos y escuchados por el
parlamentario (El Siglo, ob.cit.).
En el camino se suscitaron varios
enfrentamientos con funcionarios de la
PA que no estaban sumados a la protesta.
Siendo el más significativo el que se
suscitó en el peaje de Palo Negro, donde
se lanzó tres bombas lacrimógenas en el
interior de uno de los vehículos que
trasladaban a los protestantes y dentro
de la cual se encontraban 50 mujeres, a
las cuales hubo que prestarle los
primeros auxilios al presentar síntomas
de asfixia (El Siglo, 16.03.06, pág.
A/3).
La Defensoría del Pueblo del Estado
Aragua envió una representante al lugar
de los hechos. La defensora auxiliar de
la entidad, Martha Fernández, después de
escuchar las denuncias e inquietudes de
cada una de las partes, señaló que los
manifestantes estaban “ajustados a
derecho” y que este conflicto pudo
haberse evitado si los altos
funcionarios de la PA hubiesen
contactado a tiempo a la Defensoría del
Pueblo, puesto que este órgano tiene la
potestad de instalar una mesa de diálogo
para lograr la mediación en situaciones
de este tipo (El Siglo, 16.03.06, pág.
D/25).
Al final del día los manifestantes
llegaron a las inmediaciones de la AN
donde fueron recibidos por los diputados
Carlos Escarrá y Elvis Amoroso, quienes
escucharon sus denuncias y los asesoran
sobre los procedimientos para
presentarlas frente a la AN. También
recibieron muestras de las bombas
lacrimógenas con las cuales agredieron a
los funcionarios protestantes en el
peaje de Palo Negro (El Siglo, 16.03.06,
pág. D/32).
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DERECHOS
ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Afectados de
sucesos de la Ovallera denuncian
incumplimiento de indemnizaciones |
El 20.03.06 se cumplió el 13 aniversario del
accidente laboral químico tóxico ocrrido en
el Hospital “José Antonio Vargas” del sector
Ovallera, estado Aragua, en el que
resultaron intoxicadas aproximadamente 350
personas. Algunas de ellas fallecieron al
poco tiempo, otras – la mayoría, pero sin
certeza estadística- continúan sobreviviendo
con graves problemas de salud física y
mental.
“Hemos pasado por mil y un problema para
poder ser escuchados y atendidos, pero nos
están forzando a tomar nuevamente la calle
para poder ser escuchados (as) a pesar de
que nuestra situación de salud es cada día
más crítica”, así reza un documento
entregado por tres de las afectadas a
Provea, el 30.03.06.
La lucha de estas personas ha sido
constante. Durante 10 años –tiempo limitado
por el carácter degenerativo de su estado de
salud-, los afectados realizaron
innumerables marchas y huelgas de hambre,
los cuales condujeron a la firma de 3
acuerdos con las autoridades del IVSS,
cristalizados en un número igual de actas
convenio, las cuales –en algunos de sus
términos- han sido incumplidas.
Uno de los acuerdos rindió fruto en el año
1997 con la creación de un Fondo de Salud,
con un capital de 5 millones de bolívares,
con el que 8 afectados hospitalizados en El
Llanito, cubrirían sus gastos de estudios
médicos y suministro de medicinas.
Para 1998, a raíz de la toma de la Asamblea
Legislativa del Estado Aragua, el capital
del Fondo fue aumentado a 12 millones de
bolívares con el propósito de atender 22 de
los afectados. Finalmente, en 1999, es
cuando se “aumenta a 20 millones de
bolívares y se logra sea un fondo rotativo e
incluir a la totalidad de afectados (as), es
decir, que cuando se gastara, el Instituto
lo repondría, para que no nos faltaran los
medicamentos, todo ello está expresado en la
Resolución 118”, se lee en el texto
entregado a Provea.
Sin embargo, desde hace dos años el Fondo
está inactivo, y el equipo de seguimiento y
control epidemiológico designado para el
tratamiento de todos los afectados –según
dictamen de la Resolución 066- “desapareció
por arte de magia”.
“Sabemos, que nadie nos va regresar la
salud, sólo exigimos que por lo menos
podamos contar con el fondo rotativo que nos
sirve para comprar los medicamentos y los
exámenes y con ello aliviar nuestras
dolencias para mejorar nuestra calidad de
vida”, expresaron los afectados.
Hasta ahora –como ellos mismos expresan en
su texto- “con nosotros (as) se ha hecho de
“Oídos Sordos” y lo que solicitamos no es
limosna, sino que se cumpla con los
convenios y actas establecidas que tiene el
Instituto para con nosotros (as)”.
En ese sentido, el 23.07.04 Provea, en
representación de los afectados, introdujo
una demanda de responsabilidad patrimonial
por daño moral contra el IVSS ante la Sala
Político-Administrativa del TSJ. Hasta la
fecha, dicho recurso se encuentra en el
período de presentación de pruebas.
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DERECHOS
ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Propuestas y exigencias de Provea a los
poderes públicos sobre el derecho a la
vivienda |
- Adoptar las medidas necesarias para
atender apropiadamente las denuncias y
demandas relativas a: reubicaciones
inadecuadas, problemas en la calidad de las
viviendas otorgadas, supuestos ilícitos en
los procesos de adjudicaciones, retrasos
crónicos en los complejos habitacionales
iniciados años atrás y negligencia de las
instituciones frente a las malas prácticas
de terceros que construyen viviendas con
fondos del sector público.
- Garantizar que todos los organismos de
vivienda, nacionales, regionales y locales,
presenten en forma precisa, coherente y
auditable los resultados de la ejecución de
los recursos provenientes de los fondos
públicos de vivienda. Asimismo, aumentar la
capacidad de los organismos de hacer
seguimiento de su desempeño y suministrar
las herramientas requeridas para ello.
- Sostener e incrementar la cobertura de
agua potable, estimada en más del 90% en la
población venezolana, que cumple con la Meta
del Milenio N° 7 de Naciones Unidas relativa
a la reducción a la mitad de la proporción
de personas sin acceso a agua potable para
el 2015. Solventar la inequidad existente a
ese respecto entre las poblaciones urbanas y
rurales.
- Detener la práctica de los desalojos
forzados como medida aplicada por los
gobiernos regionales frente a la ocurrencia
de ocupaciones ilegales. Antes de recurrir a
esta medida extrema y de último recurso,
agotar los canales de negociación, el
estudio y presentación de alternativas de
vivienda y el acceso a recursos judiciales
de las partes. Asimismo, garantizar
reubicaciones acordes a las garantías del
derecho humano a una vivienda adecuada.
- Solicitar la revisión y reforma de la
penalización de prisión establecida en el
Código Penal para ocupantes ilegales, que
aborda desde el enfoque punitivo un asunto
principalmente social.
- Orquestar y definir un mecanismo expedito,
transparente y accesible que dé respuesta,
desde el ámbito administrativo, a las
demandas que se tramitan, tanto en el ámbito
administrativo como por la vía judicial, por
violaciones del derecho a la vivienda en
relación con urbanismos que presenta fallas,
viviendas no culminadas, familias afectadas
por ilícitos en proceso de adjudicación de
viviendas, etc.
- Mantener el impulso registrado en la
diversificación de la política de vivienda y
hábitat, así como en la incorporación activa
de los actores no tradicionales del sector
privado, como cooperativistas y
organizaciones sociales, en el diseño y
ejecución de la política de vivienda.
- Revisar, en atención a los datos de los
dos últimos censos de población así como en
la evaluación de los diferentes actores que
hacen parte del Sistema Nacional de Vivienda
y Hábitat, la distribución de recursos para
la ejecución de la política de vivienda en
función del mejoramiento del hábitat y los
nuevos requerimientos habitacionales.
- Implementar una estrategia para actualizar
el compromiso obligatorio de aporte que
tienen los organismos públicos y sector
privado con el Fondo de Ahorro Obligatorio.
- Garantizar que el abordaje del tema de la
inseguridad y precariedad en materia de
habitabilidad que acusan un importante
porcentaje de viviendas, tenga un enfoque de
manejo integral de riesgos; trascendiendo la
sola preparación ante contingencias.
- Procurar la realización y el mantenimiento
de de mapas de riesgos locales, regionales y
nacionales; que formen parte de los insumos
necesarios para planes de desarrollo, así
como de reubicación y nuevas viviendas.
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DERECHOS
CIVILES Y POLÍTICOS
Foro por la Vida condena asesinato de
hermanos Faddoul y señores Rivas y Aguirre |
Ante el secuestro y posterior asesinato de
los hermanos Faddoul y el señor Miguel
Rivas, así como del asesinato del reportero
gráfico Jorge Aguirre, las organizaciones de
derechos humanos del Foro por la Vida
acuerdan:
1. Expresar su más enérgica protesta
por el secuestro y asesinato múltiple de los
hermanos Bryan, Kevin y Jason Faddoul, y el
señor Miguel Rivas, sin precedentes en la
historia de Venezuela.
2. Expresar su más enérgica protesta
por el asesinato de Jorge Aguirre, fotógrafo
de prensa del vespertino El Mundo, en el
momento en que realizaba su trabajo como
reportero gráfico de una manifestación en
protesta por el asesinato de los hermanos
Faddoul.
3. Manifestar su solidaridad y
condolencias a las familias de las víctimas,
sus allegados y compañeros de estudio.
4. Manifestar igualmente solidaridad
con los familiares del señor Filippo
Sindoni, y con todas las víctimas de la
violencia que cotidianamente afecta a la
población, tanto la producida por el hampa
común como las violaciones de derechos
humanos provocadas por los cuerpos de
seguridad del Estado.
5. Reiterar su exigencia al gobierno
nacional y en especial a los organismos
policiales, en cuanto a la necesidad de
velar por el derecho a la seguridad
ciudadana consagrado en la Constitución, a
través de mecanismos eficaces de control de
la criminalidad. La inefectividad de los
mecanismos, hasta ahora implementados, ha
quedado de manifiesto no sólo en este caso,
sino en las innumerables muertes producto de
la violencia que a diario enfrenta la
ciudadanía.
6. Denunciar que las alcabalas
móviles, que han venido funcionando hasta
ahora sin adecuada regulación, no solo han
acabado con vidas de inocentes, como fue el
caso de los estudiantes de la Universidad
Santa María asesinados en el sector Kennedy
de la Parroquia Macarao de Caracas, sino que
son ahora aprovechadas como fachadas para la
comisión de secuestros y otros hechos
delictivos, sin que tal mecanismo haya
demostrado mayor efectividad contra los
verdaderos delincuentes. La regulación de
éstas, anunciada el día de ayer por el
Ministro de Interior y Justicia, Jesse
Chacón, debe hacerse de manera inmediata,
para impedir que sigan generando mayor
inseguridad a la ciudadanía, o de lo
contrario deben ser eliminadas.
7. Denunciar que el uso de vehículos
sin adecuada identificación ha venido siendo
una práctica de agentes de seguridad del
Estado que ha propiciado el abuso policial y
la impunidad. Las medidas al respecto
anunciadas el día de ayer por el Ministro de
Interior y Justicia vienen siendo esperadas
por la ciudadanía.
8. Exigir que se realicen
investigaciones serias, exhaustivas,
conclusivas e imparciales no sólo en éste
caso, sino en todos los casos de
ejecuciones.
9. Exigir que se otorguen medidas
efectivas de protección a los testigos y
familiares de las víctimas.
10. Valorar que las políticas sobre
seguridad ciudadanas sean diseñadas tomando
en cuanta el diálogo y la participación de
distintos sectores. Reiteramos nuestra
voluntad de colaborar en el diseño de una
política pública de seguridad integral y
democrática, pues durante años hemos
presentado recomendaciones a los órganos del
Estado en esta materia que
desafortunadamente no han sido tomadas en
cuenta
11. Reiterar que cualquier política
que se asuma en materia de seguridad
ciudadana tiene que ser cónsona con las
obligaciones de respeto y garantía de los
derechos humanos.
Caracas, 6 de abril de 2006
Suscriben:
1. Acción Ciudadana Contra el Sida (ACCSI)
2. Centro de Derechos Humanos de la Facultad
de Derecho de la Universidad Católica Andrés
Bello (CDH-UCAB).
3. Centro de Derechos Humanos de la
Universidad de Margarita (CDH-UNIMAR).
4. Centro para la Paz y los Derechos Humanos
de la Universidad Central de Venezuela
5. Comité de los Derechos Humanos en
Educación, Acción y Defensa del Estado
Guárico
6. Fundación de Derechos Humanos del Estado
Anzoátegui
7. Fundación de Derechos Humanos del Estado
Sucre
8. Observatorio Venezolano de Prisiones
9. Programa Venezolano de Educación - Acción
en Derechos Humanos (PROVEA)
10. Red de Apoyo por la Justicia y la Paz
11. Red de Monitores Populares en Derechos
Humanos del Estado Táchira.
12. Servicio Jesuita a Refugiados (SJR)
13. Vicaría Episcopal de Derechos Humanos de
la Arquidiócesis Caracas
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DERECHOS
CIVILES Y POLÍTICOS
El Estado y las ONG venezolanas discutieron
sobre la situación de los DDHH en la CIDH |
La Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) realizó en el mes de
marzo su 124° período de sesiones. Una
vez más diversas organizaciones de
derechos humanos del país participaron
en las audiencias de la Comisión para
informar a los Comisionados sobre varias
situaciones de violación o amenaza de
violación a los derechos humanos por
parte de funcionarios y órganos del
Estado venezolano.
Una novedad en estas audiencias, fue que
el Estado venezolano solicitó a la
Comisión la realización de dos
audiencias. La representación del Estado
venezolano, estuvo integrada por la
Agente del Estado para los Derechos
Humanos, María Auxiliadora Monagas, y el
viceministro de Seguridad Jurídica del
Ministerio del Interior y Justicia,
Ricardo Jiménez CIDH) La representación
del Estado estuvo presente en 2 de las 4
audiencias realizadas para analizar la
situación de los derechos humanos en
Venezuela, además de pedir dos sesiones
privadas para exponer los avances del
gobierno de Hugo Chávez en la situación
general de los derechos fundamentales y
los nuevos planes penitenciarios en el
país (El Nacional, 11.03.06, pág. A/4).
En la primera sesión sobre la situación
de los defensores de los DDHH en
Venezuela, participaron María
Auxiliadora Monagas, por el Estado
venezolano; Carlos Correa, por el Centro
de DDHH de la Universidad Católica
Andrés Bello (UCAB); José Gregorio
Guarenas, de la Vicaría de los DDHH; y
el padre Arturo Peraza, del Servicio de
Religiosos (El Nacional, Ídem). En la
audiencia se expuso que lo más
preocupante es la limitación con
respecto al financiamiento extranjero
del trabajo de los defensores de los
derechos fundamentales. “El Estado ha
hecho una interpretación muy extensiva
del artículo 132 del Código Penal y
parece que existen unas fuentes de
financiamiento externas que son
criminalizadas, y normalmente las ONG de
derechos humanos dependen de
financiamiento externo”, alegó el Padre
Peraza (El Nacional, Ídem).
En la audiencia sobre libertad de
expresión participaron Héctor Faúndez,
por el Centro de DDHH de la Universidad
Central de Venezuela (UCV); Carlos
Ayala, del Centro de DDHH de la UCAB;
Carlos Correa, de Espacio Público; y
Andrés Cañizales, por el Instituto
Prensa y Sociedad (IPYS) (El Nacional,
10.03.06, pág. A/4). Para las ONG
aumentó la persecución judicial a
periodistas, el uso abusivo de las
cadenas presidenciales, las dificultades
de acceso a la información oficial y la
utilización inadecuada de la propaganda
gubernamental para castigar
económicamente a los medios (El
Universal, 11.03.06, pág. 1/5).
La audiencia sobre administración de
justicia fue el marco para que Humberto
Prado, del Observatorio de Prisiones;
Carlos Ayala, del Centro de DDHH de la
UCAB; Liliana Ortega, por el Comité de
Familiares de Víctimas de los sucesos de
Febrero y Marzo de 1989 (Cofavic); y
José Gregorio Guarenas, de la Vicaría de
DDHH, manifestasen que la impunidad
continúa siendo una mal endémico en el
país. Además, señalaron que, a pesar de
la reducción de la provisionalidad del
Poder Judicial, tal situación continúa
(El Nacional, ob.cit.).
Por su parte, en una sesión sin
participación de los representantes del
Estado, Liliana Ortega informó a la CIDH
sobre la situación de riesgo en que se
encuentran las mujeres y familiares de
las víctimas de los grupos
parapoliciales. Denunció cuatro casos de
mujeres presuntamente hostigadas por
funcionarios policiales. “Estas personas
han pasado de ser víctimas indirectas a
ser víctimas directas”, sostiene Ortega
refiriéndose a los casos de: Mariela
Mendoza, hermana de Ender, Alexis y
Gonzalo Mendoza; Gladys Molina, madre de
Edinson Molina; Yusmely Ávila, hermana
de José Gregorio Ávila; y Melquíades
Moreno, tía de Rafael Moreno (El
Universal, ob.cit.).
El Estado venezolano también participó
en la audiencia sobre refugiados en el
país, conjuntamente con José Gregorio
Guarenas y Carlos Ayala. A ellos se sumó
Bárbara Navas, del Servicio Jesuita de
Refugiados. Durante la discusión, Carlos
Ayala denunció el incumplimiento de la
Ley de Refugiados y asilados por parte
de la Comisión Nacional de Refugiados
por no pronunciarse en los 90 días
continuos estipulados por la ley para
conceder o negar el estatus de
refugiado, además de no dar motivos
cuando niega la condición de refugiado.
Ayala solicitó una visita de la CIDH a
las fronteras venezolanas para que
verifiquen la situación en esta materia
(EL Universal, ob.cit.).
Por su parte, el Estado venezolano
realizó dos sesiones privadas con la
CIDH donde expuso los avances del
gobierno del presidente Hugo Chávez en
la situación general de los derechos
fundamentales y lo referente al Plan
Estratégico del Sistema Penitenciario,
que busca edificar un nuevo centro
carcelario en el estado Falcón y
constituir 15 comunidades penitenciarias
en el país con una inversión de 983
millones de dólares (El Nacional,
ob.cit.).
En su acostumbrada nota de prensa final
sobre las audiencias realizadas, la
Comisión resumió la situación de los
derechos humanos en Venezuela de la
siguiente manera: Respecto de Venezuela,
la CIDH expresa su preocupación por la
iniciación de acciones penales a
miembros de organizaciones de derechos
humanos bajo cargos de conspiración
contra la forma republicana de gobierno
por haber recibido fondos de cooperación
internacional para desarrollar sus
labores. Por otra parte, y atendiendo a
la preocupación manifestada en las
audiencias ante la Comisión por las
expresiones descalificatorias por parte
de funcionarios del Estado en cuanto al
desarrollo de estas actividades, la CIDH
hace un llamado a las autoridades del
Estado venezolano para que aseguren que
ninguna defensora o defensor sea víctima
de hostigamiento e intimidación por sus
labores. La Comisión expresa una vez más
su reconocimiento por la labor de
promoción y protección de los derechos
humanos que realizan las defensoras y
defensores del hemisferio y reitera que
estas personas no pueden ser hostigadas
en razón de su trabajo, y mucho menos
por la utilización de las herramientas e
instancias que brinda el sistema
interamericano.
Adicionalmente, la CIDH fue informada
sobre las leyes y acciones judiciales
que tenderían a limitar la libertad de
expresión y acceso a la información en
Venezuela, así como de la situación de
los solicitantes de refugio en dicho
país. De manera particular, la Comisión
expresa su preocupación por la
información recibida durante los
primeros meses del año 2006 que da
cuenta que Ibeyse Pacheco, Marianella
Salazar y José Ovidio Rodríguez
(“Napoleón Bravo”) vienen siendo objeto
de procesos penales iniciados por
funcionarios estatales por delitos de
calumnias e injurias y de vilipendio
(desacato). La Comisión reitera su
posición en cuanto a que la penalización
de las expresiones dirigidas a los
funcionarios públicos o a particulares
involucrados voluntariamente en
cuestiones relevantes al interés público
es una sanción desproporcionada en la
medida que el principio fundamental que
rige un sistema democrático hace que los
funcionarios públicos se encuentren más
expuestos al escrutinio y critica de la
ciudadanía.
La Comisión Interamericana recibió en
audiencia a representantes del Estado
venezolano, en las que se informó sobre
las acciones programadas para hacer
frente a la grave situación de las
personas privadas de libertad en las
cárceles venezolanas y sobre los avances
en materia de derechos humanos,
especialmente los referentes a los
derechos económicos, sociales y
culturales. Parte de los avances
mencionados por el Estado incluyeron los
logros alcanzados en materia de
alfabetización, atención médica y
distribución de alimentación en diversas
regiones del país. En este sentido, el
Estado informó que se encuentra presto a
alcanzar la meta de la universalización
de la educación básica y sobre la
atención primaria a los sectores
históricamente excluidos. La CIDH
reconoce la importancia de estos
programas para alcanzar progresivamente
la garantía a los derechos económicos y
sociales y destaca en sentido positivo
la participación del Estado venezolano
en las audiencias, en las que manifestó
su interés de dialogo y acercamiento
tanto a este órgano como con los
representantes de las organizaciones
no-gubernamentales participantes de las
audiencias.” (http://www.cidh.oas.org/Comunicados/)
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DERECHOS
CIVILES Y
POLÍTICOS
Comisión
Interamericana admitió caso de vascos
deportados en el 2002 |
La
Comisión Interamericana de Derechos Humanos
en el marco de su 124° período de sesiones
aprobó el informe de admisibilidad Nro 37/06
con relación a la petición presentada contra
el Estado de Venezuela por la deportación
ilegal y arbitraria de los ciudadanos vascos
Juan Víctor Galarza y Sebastián Echaniz.
Los dos ciudadanos vascos fueron detenidos
en tiempos y lugares distintos en operativos
realizados por policías españoles y de la
Dirección de los Servicios de Inteligencia y
Prevención (DISIP) e inmediatamente
deportados. Los dos ciudadanos tenían más de
12 años residenciados en el país, ingresaron
de manera legal y vivían en Venezuela
realizando actividades lícitas. Víctor
Galarza fue detenido el 31 de mayo de 2002 y
deportado el 02 de junio de 2002. Fue
interrogado en la sede de la Disip por
policías españoles. Sebastián Echaniz fue
detenido el 16 de diciembre de 2002.y
deportado al día siguiente, a pesar de que
la Defensoría del Pueblo interpuso una
acción de Habeas Corpus a su favor. Fue
sometido a malos tratos por policías
españoles. Sebastián Echaniz se encuentra
detenido en una prisión española, mientras
Víctor Galarza, después de dos años de
prisión fue dejado en libertad. (ver
www.derechos.org.ve. Coyuntura y Derechos
Humanos del 10.12.02 al 19.12.02)
Las peticiones contra el Estado de Venezuela
fueron presentadas por el abogado vasco
Josefa Agudo Manzisidor y el abogado
venezolano Marino Alvarado, la primera el 26
de noviembre de 2002 y la segunda el 09 de
junio de 2003. En marzo de 2004 la Comisión
acumuló en un solo caso las dos peticiones.
Los peticionarios sostuvieron que las
deportaciones se realizaron sin las debidas
garantías configurándose violaciones a
varias disposiciones de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos: derecho a
la integridad personal (artículo 7);
garantías judiciales (artículo 8) protección
a la honrra y a la dignidad (artículo11)
derecho de circulación y Residencia
(artículo 22.6) igualdad ante la ley y
protección judicial, en concordancia con la
obligación de respeto y garantía prevista en
el artículo 1.
Es importante destacar que antes de que se
produjeran estas deportaciones ya el Estado
venezolano tenía antecedentes de estas
prácticas de permitir la actuación de
policías extranjeros en territorio
venezolano. A manera de ejemplo podemos
señalar que durante el gobierno de Rafael
Caldera en un operativo conjunto entre la
Disip y la Diconte de Perú fue detenida la
ciudadana peruana Cecilia Nuñez Chipana y
años más tarde, durante el gobierno de Hugo
Chávez fue detenido el ciudadano colombiano
José María Ballestas, con participación del
DAS colombiano.
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DERECHOS
CIVILES Y POLÍTICOS
Familiares de víctimas de Grupo
Exterminio siguen bajo acoso |
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Familiares de víctimas que han
atestiguado en el juicio del llamado
Grupo Exterminio de Portuguesa sufrieron
a comienzos de marzo un atentado contra
su vivienda. Según la Fiscalía General
de la República 19 personas que han
colaborado en las investigaciones han
sido asesinadas (Ministerio Público,
06.03.06, http://www.fiscalia.gov.ve/Prensa/A2006/prensamarzo2006.asp)
cuyo número total de victimas sigue sin
ser determinado, oscilando entre las 60
y 200 personas dependiendo de la fuente.
El 12 de agosto del 2005 el Tribunal 17
de juicio del Área Metropolitana de
Caracas, a cargo del juez Iván Darío
Bastardo, sentenció a los efectivos a
penas entre los 18 y 12 años de prisión,
por la comisión de 4 homicidios. Sin
embargo, argumentando la existencia de
vicios procesales, la Sala 1ª de la
Corte de Apelaciones revocó la decisión
y ordenó la realización de un nuevo
juicio. (Ministerio Público, ob.cit.).
Entre las víctimas se contaban los
hermanos Ender, Alexander y Gonzalo
Mendoza, de 16, 25 y 28 años de edad
respectivamente (El Universal, 07.03.06,
pág. 1/7), cuyos familiares sufrieron un
atentado el pasado 3 de marzo.
Aproximadamente a las 11:20 pm un grupo
de encapuchados disparó contra la
residencia de la familia Mendoza,
ubicada en el sector 8 de Baraure II, en
Araure, estado Portuguesa (El Universal,
Ídem). La denuncia, formulada ante el
Comité de Familiares y Víctimas de los
Sucesos de Febrero y Marzo de 1989
(Cofavic), indica que los individuos
golpearon con fuerza la puerta de la
vivienda. “Un hermano se asomó por la
ventana, y al ver a dos personas
encapuchadas le advirtió a la señora
Gabriela Carvajal, quien se encontraba
más cerca de la puerta, que no abriera.
Inmediatamente, emp | | | |