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Una lectura de la realidad venezolana
desde los derechos humanos |
Boletín electrónico Nº 169
Del 14 al 27 de abril de 2006 |
EFEMÉRIDES DE DERECHOS
HUMANOS DE MAYO
CONTEXTO
*
Provea
declara desierto concurso del cargo de Educador
(a) en Derechos Humanos y abre nuevo período de
recepción de documentos.
* Provea convoca a su VII Seminario de Formación
en Derechos Económicos, Sociales y Culturales
(DESC): "El derecho humano a la salud: una
visión integral"
* Comité de Postulaciones
Electorales consideró impugnación a presunto
partícipe en masacre de El Amparo
* John Dinges, autor del libro “La Operación
Condor”, conversó con Provea sobre situación de
los Derechos Humanos en el país
* Movimientos sociales, redes y organizaciones
contra el ALCA se reunieron en La Habana
* Necesidades sanitarias en América latina y el
Caribe son preocupantes, afirma informe
difundido por la CEPAL
* OEA crea web para recibir propuestas para la
Convención Interamericana contra el Racismo y
Toda Forma de Discriminación e Intolerancia
* Poniendo coto a la comercialización de
alimentos transgénicos
* 24 al 28 de abril: Semana Mundial de la
Educación Para Todos
DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
*
El drama de los adjudicatarios del complejo
habitacional Ciudad Miranda
* La Solvencia Laboral: Una buena medida dictada
de manera ilegal
* “Los Derechos Humanos Laborales”, nuevo título
de la serie “Tener derechos no basta”
* PIDHDD conmemora Día Mundial de la Seguridad y
la Salud en el Trabajo
* Movimientos sociales envían a Lula, Kirchner y
Chávez carta de protesta contra la construcción
del gasoducto suramericano
* Indicadores del Derecho a la Vivienda
* Indicadores del derecho a la alimentación y al
salario justo
* Propuestas y exigencias de Provea a los
poderes públicos sobre el derecho a la educación
DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
*
Venezuela
precursora en defensa de la vida
* Políticas de Seguridad: Un debate que apenas
comienza
* Texto Cárceles
* Texto pronunciamientos Cárceles
* Propuestas y exigencias de Provea a los
poderes públicos sobre la seguridad ciudadana
INVITACIONES A EVENTOS
* Convocatoria "Escrituras trans
latinoamericanas"
ARTÍCULOS
* Son
derechos: "Ocupaciones en Ciudad Miranda"
* CEPAL: "Desarrollo con derechos, derecho al
desarrollo"
* Miguel Pickard: "Tiempos de migrantes en
Estados Unidos"
NOVEDADES DEL CENTRO DE
DOCUMENTACIÓN TODOS LOS DERECHOS PARA TODOS
*
"La dimensión política de los derechos
económicos, sociales y culturales: una
invitación al debate"
* "Gobernabilidad y
democracia, Venezuela: Salud"
* "Cuestiones
Políticas"
* "Dfensor"
DOCUMENTOS
* Comunicación enviada al Ministro de Hábitat y
Vivienda por habitantes de Nueva Tacagua,
denunciando desalojos irregulares
* Declaración final del V Encuentro Hemisférico
de Movimientos Sociales, Redes y Organizaciones
que luchan contra el Alca
 
Agradecemos mencionar la fuente cuando el
contenido sea citado o difundido
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EFEMÉRIDES DE DERECHOS HUMANOS DEL MES DE
MAYO |
01 Día Internacional de los Trabajadores
03 Día Mundial de la Libertad de Prensa
04 Día Internacional del Combatiente de
Incendios Forestales
08 Día de la Cruz Roja Internacional
Conmemoración de la Masacre de Yumare, Edo.
Yaracuy (1986)
11-17 Semana Nacional de los Derechos de la
Niñez y la Adolescencia (Gaceta Oficial del
08.10.97)
15 Día Internacional de la Familia
Día Internacional de la Objeción de Conciencia
17 Día Mundial de las Telecomunicaciones
Día Mundial Contra la Homofobia
22 Día Internacional de la Diversidad
Biológica
25-31 Semana de Solidaridad con los Pueblos
de Todos los Territorios Coloniales que Luchan por
la Libertad, la Independencia y los Derechos Humanos
28 Día Internacional de Acción por la Salud
de la Mujer
29 Día Nacional del Árbol
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CONTEXTO
Provea declara desierto
concurso para Educadora (or) en Derechos Humanos y abre
nuevo período de recepción de documentos |
El
concurso de personal para el cargo de Educadora (or)
en Derechos Humanos fue declarado
desierto
debido a que los aspirantes que se presentaron no
llenaban debidamente los requisitos solicitados. Por
tal motivo, Provea ha decidido abrir un segundo
período de recepción de documentos.
La (el) candidata (o) debe tener formación en
disciplina vinculada con las Ciencias Sociales,
preferentemente en Ciencias de la Educación. Su
experiencia profesional/laboral debe incluir
desempeños en actividades vinculadas con procesos de
educación y promoción social, directa o
indirectamente relacionada con los Derechos Humanos,
en especial con los Derechos Económicos, Sociales y
Culturales (DESC). Es indispensable que posea
habilidades pedagógicas teórico-prácticas, pues el
desempeño en el cargo implica precisamente la
promoción de procesos educativos y de materiales de
educación en DESC; excelente redacción; capacidades
la planificación, monitoreo y evaluación de
actividades educativas, con fuerte componente
grupal. Comprometida con la defensa de los derechos
humanos de todas las personas y, en particular, que
privilegie la perspectiva de defensa y promoción de
los sectores sociales más discriminados y excluidos.
Debe poseer habilidades para: la investigación,
redacción de documentos, formulación de análisis
políticos con perspectiva de derechos, elaboración
de propuestas de políticas públicas con perspectiva
de derecho; para asumir vocería pública y
representación institucional, con públicos diversos
(instituciones públicas, organizaciones sociales de
diverso tipo o medios de comunicación). Debe residir
en el área metropolitana de Caracas y estar
dispuesta (o) a viajar fuera de la ciudad cuando los
requerimientos del cargo así lo exijan, así como a
trabajar en horario no convencional.
Como características personales, se espera que la
persona sea:
- Dinámica y organizada;
- analítica e intuitiva;
- eficiente; estudiosa y con alta motivación al
logro de objetivos colectivos;
- dotada de una especial sensibilidad para los
asuntos sociales;
- éticamente comprometido con el trabajo.
- Comprometida con las luchas por la dignidad de
personas y sectores sociales más excluidos y
discriminados, con disposición al trabajo en grupos
de manera democrática y participativa.
- Con capacidad y disposición para pensar y actuar
de manera despolarizada, de manera tal que esté
dispuesta a solidarizarse con las víctimas de
violación a los derechos humanos, independientemente
de sus opciones políticas o ideológicas.
El desempeño del cargo exige también:
- visión estratégica para comprender los objetivos
de la organización
- establecer prioridades y medir las consecuencias
de sus decisiones;
- capacidad de organización, pues debe planificar,
ejecutar y evaluar actividades propias de su cargo,
derivadas de la planificación global de la
Institución ;
- capacidad de respuesta en situaciones de presión,
sentido de la oportunidad y paciencia;
Condiciones laborales:
- Sueldo mensual de Bs. 1.139.832
- Cesta ticket por un monto de: (de acuerdo a los
días laborables del mes)
- 21 días de bono Vacacional por año
- 21 días de disfrute de vacaciones por año
- 15 días hábiles de vacaciones colectivas: 10 en
diciembre y 5 en semana santa o carnaval.
- 2 meses de aguinaldo
- Otros beneficios establecidos en la legislación
nacional
Se recibirán CV desde el martes 2 hasta el martes 9
de mayo de 2006. Las entrevistas con las personas
preseleccionadas se realizarán los días 11 y 12 de
mayo de 2006. La incorporación de la persona
seleccionada será el 15 de mayo de 2006.
Enviar CV a laS siguientes direcciones electrónicas:
educaci onprovea@derechos.org.ve ; provea@derechos.org.ve
, o entregarlo físicamente en la sede de Provea:
Bulevard Panteón. De Tienda Honda a Puente Trinidad.
Edificio Centro Plaza Las Mercedes. PB. Local 6.
Parroquia Altagracia.
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CONTEXTO
Provea convoca a su VII Seminario de Formación en
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC):
"El derecho humano a la salud: una visión integral" |
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El Programa Venezolano de Educación-Acción en
Derechos Humanos (Provea) invita a participar en el
VII Seminario de Formación en Derechos Económicos,
Sociales y Culturales (DESC): “El derecho humano a
la salud: una visión integral”, en Caracas, del 26
al 30 de junio de 2006.
Objetivos:
• Fortalecer aspectos conceptuales y prácticos en
torno a la promoción y protección de los Derechos
Económicos, Sociales y Culturales (DESC).
• Conocer aspectos conceptuales y principios
fundamentales del derecho a la salud.
• Diagnosticar la situación del derecho a la salud
en Venezuela.
• Conocer y evaluar los principios, orientaciones y
ejecución de la política del Estado venezolano para
garantizar el derecho a la salud.
• Conocer las instancias y mecanismos de
exigibilidad en el ámbito nacional e internacional
para la defensa del derecho a la salud.
• Conocer herramientas teóricas y metodológicas para
la vigilancia social del derecho humano a la salud.
• Reflexionar acerca de algunas experiencias
concretas de exigibilidad y justiciabilidad del
derecho a la salud a nivel nacional e internacional.
Contenido temático:
• La salud como derecho humano: contenido del
Derecho y obligaciones del Estado.
• Derecho a la salud y otros derechos relacionados.
(vivienda, alimentación, agua, seguridad social...)
• Mecanismos nacionales para la defensa del derecho
a la salud.
• Diagnóstico acerca de la situación del derecho a
la salud en Venezuela.
• Políticas públicas respecto al derecho a la salud
• Derecho a la salud y derecho a la participación:
experiencias
• Exigibilidad y justiciabilidad del derecho a la
salud: experiencias.
Metodología:
El seminario combinará una serie de estrategias
metodológicas, a fin de garantizar la diversidad
pedagógica, entre ellas conferencias magistrales,
paneles de expertos, mesas de trabajo, un foro
público, discusiones plenarias, vídeo-foro y
talleres.
Perfil de las/os participantes:
Se espera la participación de personas provenientes
de distintos sectores sociales interesadas en los
contenidos del Seminario, en especial organizaciones
de derechos humanos, organizaciones sociales que
trabajan el derecho a la salud (comités de Salud;
mesas técnicas de agua; comités de tierras urbanas,
organizaciones comunitarias, cooperativas, entre
otras), personas del sector académico,
funcionarias/os del Estado (Fiscalía, Defensoría,
Ministerios, Alcaldías, otras ). Además de la
pertenencia a estos sectores, para la selección de
la(o)s participantes, también se considerará la
equidad de género y procedencia geográfica.
Cupo máximo: 80 participantes
Requisitos y lapsos de solicitud de inscripción:
Para solicitar la inscripción, complete el
formulario de preinscripción adjunto y envíe a
educacionprovea@derechos.org.ve
Plazo de inscripción: del 07 de mayo al 02 de junio
de 2006
Selección de participantes: del 05 al 09 de junio de
2006
Las personas seleccionadas recibirán confirmación,
vía electrónica, a partir del 12 de junio de 2006.
Costos de participación:
• Público en general: Bs. 100.000,oo
• Organizaciones de derechos humanos y populares que
trabajen por el derecho a la salud: Bs. 50.000,oo
Incluye material de apoyo y refrigerios.
Provea dispone de un número limitado de ayudas
económicas, distribuido de la siguiente forma:
• Para grupos de derechos humanos y otras
organizaciones sociales de otras regiones del país:
hospedaje o traslado terrestre
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CONTEXTO
Comité de Postulaciones Electorales consideró
impugnación a presunto partícipe en masacre de El
Amparo |
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El pasado 05 de abril, 17 organizaciones de derechos
humanos impugnaron la postulación del ciudadano
Enrique José Vivas Quintero, como candidato a
integrar el Consejo Nacional Electoral (CNE). La
impugnación fue motivada en razón de estar
presuntamente implicado como uno de los autores
intelectuales de la conocida Masacre de El Amparo.
Para el momento en que ocurrió la masacre el 29 de
octubre de 1988, el señor Vivas Quintero era
Comandante del Comando Específico José Antonio Páez.
Dicho Comando, constituido con personal de la Fuerza
Armada, de la Dirección de los Servicios de
Inteligencia y Prevención (DISIP) y de la para
entonces Policía Técnica Judicial (PTJ), se encargó
de planificar y ejecutar el asesinato de catorce
pescadores en las riberas del Río Arauca cerca de la
población de El Amparo.
La impugnación fue tomada en cuenta por el Comité de
Postulaciones Electorales, quien no seleccionó al
señor Vivas Quintero, entre las personas con
posibilidades de integrar el CNE.
Las organizaciones de derechos humanos, en nuestra
lucha contra la impunidad, seguiremos denunciando y
ejerciendo acciones contra todas aquellas personas
autoras materiales o intelectuales de violaciones a
derechos humanos
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CONTEXTO
John Dinges, autor del libro “La Operación Condor”,
conversó con Provea sobre situación de los Derechos
Humanos en el país |
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John Dinges, periodista de investigación estadounidense,
visitó recientemente Venezuela para dictar conferencias
sobre comunicación y promover su libro “La Operación
Condor”, un profundo seguimiento de los sucesos
ocurridos entre los años 1973 y 1980 en las dictaduras
militares del Cono Sur. Bajo el liderazgo del general
Augusto Pinochet, esa década fue testigo de una alianza
secreta entre los gobiernos militares de Chile, Uruguay,
Paraguay, Brasil, Bolivia y Argentina con el objetivo
principal de eliminar del continente la estela de
movimientos políticos afines del depuesto presidente
Salvador Allende. Tal iniciativa, bautizada como
"Operación Condor", contemplaba entre sus
estrategias |
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el asesinato en capitales europeas y
norteamericanas. Tal como Dinges lo demuestra en
su libro anterior “Asesinato en Washington”
(Editorial Lasser, 1980) y lo confirma en este,
Condor fue responsable del asesinato de Orlando
Letelier, ex embajador chileno en Estados
Unidos, en septiembre de 1976. El grado de
conocimiento e implicación de la Casa Blanca en
dicha alianza secreta es una pregunta que el
periodista de Iowa ha tratado de responder
durante más de dos décadas de investigación.
Dinges estuvo en Chile durante 1972 y 1978 y fue
uno de los pocos periodistas extranjeros
residentes en el país, en años considerados como
de mayor violencia durante el gobierno militar.
El investigador solicitó a su casa editorial
tener un encuentro con las organizaciones de
Derechos Humanos venezolanas para compartir
impresiones sobre la realidad del país. Provea
asistió a esta cita, realizada en Caracas el
lunes 24 de abril. El comunicador se mostró
interesado por la perspectiva en Derechos
Humanos acerca del período de la llamada “lucha
armada” de la década de los 60`s, los sucesos de
febrero de 1989 y abril del 2002 y las cifras y
políticas de seguridad pública en la actualidad.
Ante la pregunta de Marino Alvarado, Coordinador
general de Provea, sobre los principales retos
asumidos en una investigación como la plasmada
en “La Operación Condor”, Dinges respondió “Hay
muchos huecos, no está documentado todo. Sabemos
bien la organización de Condor, cómo fue
ejecutado y con que oficiales dentro de DINA
–servicio chileno de inteligencia-, pero hay la
cuestión de la responsabilidad de Pinochet,
quien culpabiliza a sus subordinados.
Testimonios de algunos militares derrumban su
defensa, demostrando que asistía personalmente a
los centros de tortura. Jurídicamente esta bien
establecido, incluso históricamente, pero
destruyeron toda la documentación burocrática.
Por ejemplo en el caso Letelier, que fue mi
primer libro, no teníamos nada que vinculara a
Pinochet, sólo deducciones, pero fuera de eso
nada. Ahora tenemos muchas mas conexiones entre
él y ese asesinato. Se han desclasificado
muchísimos documentos hasta el punto que puedes
establecer la continuidad de los mensajes, y
cuando falta uno sabes el contexto del
documento. Eso es muy importante. Hay preguntas
sin contestar, pero sabes cuales son las
preguntas. Es un proceso difícil de confirmar,
tengo lo más importante, pero los detalles aun
no los tengo”. Sobre si continuaría investigando
el tema de violaciones de Derechos Humanos
durante ese período, Dinges afirmó “Con dos
libros sobre esto, no creo que deba dedicarme a
otro mas. Ayudo a muchos investigadores,
chilenos que se meten en eso. Quiero que ellos
continúen”.
Para mayor información sobre este autor, puede
consultarse su página web
http://www.johndinges.com
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CONTEXTO
Movimientos sociales,
redes y organizaciones contra el ALCA se reunieron
en La Habana |
Durante los días 26 y 29.04.06 se realizó en la
ciudad de La Habana, Cuba, el V Encuentro
Hemisférico de lucha contra el Area de Libre
Comercio de las Américas (ALCA). Convocado por la
Alianza Social Continental, la reunión priorizó el
debate y la construcción colectiva al interior de
las redes y campañas, así como la confrontación de
propuestas por regiones. Este objetivo de
construcción de un movimiento amplio y propositivo
fue resaltado por Osvaldo Martínez, director del
Centro de Estudios de la Economía Mundial y
presidente del comité organizador en su discurso de
apertura: “Los movimientos sociales tenemos que
criticar y oponernos a aquel modelo –el neoliberal-,
pero también tenemos una tarea de construcción de
ese mundo mejor, que sólo surgirá como creación
colectiva y como esfuerzo concertado”. El evento
contó la presencia de alrededor de 600
representantes de redes y campañas sociales de las
Américas. (Minga Informativa, 12.04.06,
http://www.movimientos.org/noalca/vencuentro/show_text.php3?key=6971).
En el segundo día del encuentro, las redes sociales
(CADA, JUBILEO SUR, CLOC, COMPA, MMM-REMTE, OCLAE y
En Defensa de la Humanidad) iniciaron sus sesiones
de trabajo, debates que fueron compartidos en una
plenaria bajo el espíritu de encontrar puntos
comunes respetando la diversidad de las campañas.
Las mismas abarcaron un abanico de temáticas como el
cierre de la Escuela de las Américas, una campaña de
firmas dirigida al presidente Kirchner para lograr
que salgan las tropas argentinas del territorio
haitiano, la denuncia de la impunidad de la
actuación del ejército norteamericano en Paraguay,
el genocidio ecológico impuesto por los Estados
Unidos contra los recursos naturales y la
biodiversidad en la región. Las propuestas no fueron
menos plurales: la denuncia del alcance de los
tratados comerciales, la formación de comunicadores
populares, profundizar la vinculación del
pensamiento intelectual a las propuestas y acciones
de los movimientos sociales así como la creación de
una Red Mundial de Juristas que logre articularse a
la luchas de los movimientos en sus diversas
expresiones y espacios priorizando los temas de
deuda externa, libre comercio y militarización,
lucha contra el ALCA y los TLCs, y por la defensa de
los derechos humanos. (Minga Informativa, 13.04.06,
http://www.movimientos.org/noalca/vencuentro/show_text.php3?key=6985).
La cita concluyó con la declaración final “Llevar
nuestra unidad a niveles superiores” el cual puede
ser consultado en la sección DOCUMENTOS de esta
edición.
Alianza Social Continental ratifica agenda de
movilización
Los delegados de la Alianza Social Continental (ASC),
articulación internacional en la cual participa la
Plataforma Interamericana de Derechos Humanos,
representada en la reunión por Provea,ratificaron la
agenda de resistencia y movilización acordada en
Caracas en el marco del VI Foro Social Mundial. La
misma plantea dos grandes ejes temáticos a
trabajarse en el transcurso de este año. La primera
es la “Resistencia a la agenda neoliberal e
imperialista de los Estados Unidos de Américas” en
donde se confrontarán las diversas expresiones del
libre comercio, la ofensiva militarista, el rostro
financiero de la globalización neoliberal y el poder
de las corporaciones trasnacionales. En segundo
lugar, el desafío de propuestas alternativas e
iniciativas de integración regional diferentes de
las propuestas por el libre comercio. El V Encuentro
Hemisférico significó para la ASC un momento para
definir la estrategia de la campaña contra el libre
comercio, en una agenda continental de
movilizaciones planificada para todo el año que
incluye, entre otros, un Foro Social Continental
sobre Integración (septiembre) y un Tribunal a las
Corporaciones Internacionales (mayo).
Los desafíos de Jubileo Sur
La red Jubileo Sur dialogó durante el jueves 13 de
abril, en el marco del V Encuentro Hemisférico de
lucha contra el ALCA, con activistas sociales de
otras organizaciones con el objetivo de elaborar una
propuesta de acción que se intercomunique con otras
redes y campañas. En esa jornada los delegados de
Jubileo recogieron diversas propuestas que se suman
al plan de acciones que la organización tiene
previsto para los próximos meses. Desde su fundación
en 1999, la red Jubileo Sur trabaja por la
concientización de los actores sociales y la
movilización popular en contra de la deuda que
afecta a los países del Sur. Los participantes en el
debate manifestaron con urgencia la necesidad de
profundizar en propuestas metodológicas que
estimulen la reflexión y los planes de acción en el
interior de los movimientos sociales y motiven la
participación consciente de la gente contra la deuda
y sus implicaciones sociales. (Minga Informativa,
13.04.06,
http://www.movimientos.org/noalca/vencuentro/show_text.php3?key=6982).
Otras coaliciones presentes en la isla caribeña
fueron las redes de mujeres (Minga Informativa,
15.04.06,
http://www.movimientos.org/noalca/vencuentro/show_text.php3?key=6988)
y organizaciones sociales de los tres países de
América del Norte (Minga Informativa, 15.04.06
http://www.movimientos.org/noalca/vencuentro/show_text.php3?key=6990)
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CONTEXTO
Necesidades sanitarias en América latina y el Caribe
son preocupantes, afirma informe difundido por la
CEPAL |
En los países de América Latina y el Caribe, las
políticas de salud deben hacer frente a nuevos y
viejos desafíos. La afirmación proviene del
documento “La protección social de cara al futuro.
Acceso, financiamiento y solidaridad”, difundido a
finales de marzo pasado por la Comisión Económica
para América Latina y el Caribe (CEPAL). En su
apartado dedicado a la protección social y los
sistemas de salud, el estudio analiza la situación
en el continente de la cobertura y alcance de los
servicios sanitarios.
Para la CEPAL la agenda de reformas de salud de la
región debe perseguir un doble objetivo. Por una
parte, avanzar en los mecanismos de solidaridad
necesarios para brindar un acceso equitativo a
servicios de salud a toda la población,
independientemente del ingreso o riesgo de las
personas. Por otra parte, se debe procurar contener
los costos y mejorar la eficiencia en materia de
asignación de los escasos recursos disponibles, de
manera de responder a los cambios tecnológicos,
demográficos y epidemiológicos que se están
produciendo en la región.
Al igual que en el mundo desarrollado, los desafíos
históricos obedecen a cambios de la demanda,
producto de las dinámicas demográfica,
epidemiológica y tecnológica, que requieren y
permiten nuevas prestaciones y tratamientos, lo que
incrementa los costos de los servicios de salud y el
gasto en estos. Los retos contemporáneos reflejan
las carencias históricas que presenta la región en
materia de equidad de acceso real a servicios de
salud oportunos y de calidad, la escasez de personal
capacitado y recursos financieros y los problemas de
articulación de los sistemas. El imperativo de
avanzar hacia la prestación universal de servicios
de salud es, sin duda, un factor adicional de
presión sobre la demanda y el gasto en el sector.
Las políticas que permiten acercarse a la
consecución de estos objetivos comprenden
intervenciones en muchos aspectos de las políticas
públicas, incluidas las referentes al sector de la
salud —como la regulación de la industria de
medicamentos y la educación en materia de prevención
e higiene— y a la infraestructura pública, obras de
saneamiento y agua potable, e iniciativas de
vivienda, entre otras.
Desde el punto de vista del financiamiento, el
informe propone avanzar hacia la integración de los
sistemas públicos y de seguridad social, con el fin
de reducir las inequidades que suelen acompañar la
existencia de esquemas segmentados y de desvincular
el acceso a servicios adecuados de los riesgos
médicos y de la capacidad de pago de las personas.
Desde el punto de vista de la organización de la
prestación, se sugiere propiciar la separación de
las funciones de financiamiento y prestación, sobre
la base de mecanismos de contratación de servicios
que incentiven la racionalización del uso de los
recursos. Se plantea además la conveniencia de
priorizar un conjunto claramente definido de
prestaciones, que irían en aumento de acuerdo con
las posibilidades de financiamiento de cada país,
otorgándoles carácter de cobertura explícita,
garantizada y universal.
También se consideran políticas de expansión de la
atención primaria y una adecuada coordinación de
servicios descentralizados, orientadas a mejorar la
cobertura y el acceso a servicios de salud.
Algunas cifras
El estudio afirma que la situación de América Latina
y el Caribe en materia de necesidades sanitarias es
muy diversa y en algunos casos, preocupante.
Mientras que a nivel agregado, la región se acerca
rápidamente a los países desarrollados en cuanto al
efecto de enfermedades no transmisibles, no se ha
resuelto aún de manera satisfactoria el problema de
las enfermedades ligadas a un menor grado de
desarrollo, como las transmisibles y las
maternoinfantiles. Este fenómeno, usualmente
denominado “rezago epidemiológico”, determina un
doble desafío para los sistemas de salud de América
Latina y el Caribe. Asimismo, la heterogeneidad
subregional se manifiesta en un rezago
epidemiológico marcadamente más acentuado en los
países de menores ingresos y que afecta en mayor
medida a su población infantil.
El nivel general de años de vida saludables perdidos
(AVISA) -un indicador utilizado para resumir las
necesidades sanitarias de una población y la
importancia relativa de distintas enfermedades en
términos de muertes prematuras y años vividos con
discapacidad- de la región es sustancialmente menor
al promedio mundial, pero es casi un 50% más alto
que el de los países de alto ingreso de la
Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos.
En términos agregados, los países de menor ingreso
relativo enfrentan una mayor carga de enfermedad,
que se ubica muy cerca del promedio mundial. La
heterogeneidad regional se manifiesta más
drásticamente en la descomposición de los AVISA por
grupos de causas de enfermedad. En los países de
ingreso medio y alto, la importancia relativa de las
enfermedades transmisibles es significativamente
menor que en los países de ingresos bajos.
La carga de enfermedades no transmisibles se
concentra en el grupo de edad más avanzada, tanto
para hombres como para mujeres, mientras que las
enfermedades transmisibles y afines son la mayor
causa de morbilidad y mortalidad para el grupo de 0
a 14 años de edad. Por último, otra característica
de la región es la gran incidencia, en términos
relativos, de las muertes por violencia y
accidentes, especialmente en el grupo de hombres
adultos.
Una aproximación a la medición de la cobertura
efectiva de los sistemas de salud corresponde al uso
de indicadores acerca de los resultados de las
políticas de salud pública en el área
maternoinfantil. En términos generales, América
Latina y el Caribe superan en indicadores como la
proporción de nacimientos atendidos por personal
especializado y tasas de inmunización de menores
contra el sarampión, el promedio de los países en
desarrollo, estas últimas con cifras superiores al
90% y un 82% de los partos atendidos por personal
especializado. Estos resultados brindan testimonio
del importante esfuerzo que ha realizado la región
en términos de política sanitaria, especialmente en
el área maternoinfantil.
Gasto y financiamiento en salud
Un indicador para comparar los gastos en salud de
los países es en términos del producto interno
bruto. A este respecto, CEPAL apunta que las
economías de América Latina y el Caribe se comparan
positivamente con el promedio mundial y se
encuentran cercanas al de los países de alto ingreso
de la Organización de Cooperación y Desarrollo
Económicos (OCDE). Sin embargo, cuando la
comparación se hace utilizando el nivel de gasto per
cápita, que indica el nivel absoluto de recursos que
se destinan al sector, el correspondiente a la
región es inferior al promedio mundial (438 y 640
dólares por habitante, respectivamente) y es muy
inferior al de los países de alto ingreso de la OCDE
(2.514 dólares).
Más aún, el relativamente escaso gasto en salud de
la región es financiado en gran medida por las
propias familias, a través del gasto de bolsillo.
Mientras que en los países desarrollados el aporte
familiar representa cerca del 20% del gasto total,
en los países de la región esta cifra es del 37% y
supera el 50% en varios países. Esto se liga en
parte a los niveles de gasto del sistema público y
de la seguridad social. Los países que registran un
menor gasto social en salud tienden a presentar un
gasto de bolsillo como proporción del PIB más
elevado. Con contadas excepciones, los países de la
región presentan un nivel de gasto público menor y
un gasto de bolsillo mayor que los países de la OCDE
de altos ingresos. La necesidad de incurrir en este
tipo de financiamiento para acceder a servicios de
salud o al consumo de medicamentos es una fuente
importante de inequidad. El marcado desequilibrio
inherente al elevado gasto de bolsillo también se
refleja en la proporción del gasto familiar dedicado
al consumo de bienes y servicios de salud, que
tiende a ser más considerable en las familias de
menores ingresos. Este tipo de gasto también tiene
un efecto importante en el empobrecimiento de los
hogares, especialmente en términos de los gastos
extraordinariamente elevados o “catastróficos” que
deben realizarse ante ciertas situaciones adversas.
Asimismo, el gasto de bolsillo en salud es también
inequitativo en términos de género: tomando cuatro
países de la región como muestra, el correspondiente
a las mujeres es entre un 16% y un 40% superior al
de los hombres. Por último, se destaca que los
medicamentos constituyen el componente más
importante del gasto en salud de los hogares. En
virtud de este hecho y del elevado costo de ciertos
tratamientos, en los países de la región se han
desarrollado diversas estrategias para incrementar
el acceso a los medicamentos, entre las que se
destaca la utilización y promoción del uso de
genéricos.
Uno de los objetivos del informe presentado por la
CEPAL es el de tender puentes entre los derechos
sociales y los criterios de política destinados a
reforzar su exigibilidad en términos de mayor
acceso, mejor financiamiento y más solidaridad. Por
ello, se presta especial atención a algunos de los
principales temas relacionados con la protección
social, como los procesos de reforma y diseño de los
sistemas de salud y previsión social, tomando como
base tanto la dinámica del mercado laboral como las
posibilidades fiscales de los países.
El texto completo del informe “La protección social
de cara al futuro. Acceso, financiamiento y
solidaridad”, puede descargarse de la página web de
la CEPAL: http://www.eclac.cl/cgi-bin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/9/24079/P24079.xml&xsl=/tpl/p9f.xsl&base=/prensa/tpl/top-bottom.xsl
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CONTEXTO
OEA crea web para recibir propuestas para la
Convención Interamericana contra el Racismo y Toda
Forma de Discriminación e Intolerancia |
La Organización de los Estados Americanos (OEA)
abrió una página web para recibir sugerencias y
comentarios relacionados con la elaboración de una
futura Convención Interamericana contra el Racismo y
Toda Forma de Discriminación e Intolerancia. La
página Web trata de incentivar a las entidades no
gubernamentales, a los institutos de investigación,
universidades y otros sectores de la sociedad civil
a participar en la preparación de la nueva
Convención.
Durante la Asamblea General de la OEA, realizada en
Fort Lauderdale, Florida, en junio de 2005, se
aprobó una resolución creando un Grupo de Trabajo
Encargado de Elaborar un Proyecto de Convención.
Cinco meses después, esta comisión destacó la
importancia que debe dedicarse a la participación
activa de la sociedad civil en el proceso de
reflexión acerca de la futura convención, por lo que
decide instituir un mecanismo informal de consulta
con la sociedad civil. Esta página estará abierta
para recibir opiniones, preguntas y contribuciones
de la sociedad civil hasta el 30 de mayo de 2006, y
esta disponible en la dirección:
http://www.oas.org/racismo
El texto definitivo de la Convención Interamericana
contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación e
Intolerancia será aprobado por representantes de los
34 países miembros de la OEA en sesión de la
Asamblea General, la cual se realizará entre el 4 y
6 de junio en Santo Domingo, República Dominicana.
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CONTEXTO
Poniendo coto a la comercialización de alimentos
transgénicos |
En un estudio llamado “Contaminación por
Modificación Genética, Reporte 2005”, elaborado
conjuntamente por Greenpeace y la organización
inglesa GeneWatch, se detallan 113 incidentes de
contaminación, liberaciones ilegales y relatos
negativos de organismos vivos genéticamente
modificados (OVMs) en la agricultura mundial. El
informe fue presentado en marzo pasado en el 3er
Encuentro de las Partes del Protocolo de Cartagena
sobre Bioseguridad (MOP-3 por sus siglas en inglés),
realizado en Curitiba – Brasil. La investigación
abarca un período de 1996 hasta la fecha, y registra
el cultivo actual de transgénicos en 21 países,
alertando que los incidentes son reportados desde 39
naciones debido que la contaminación avanza las
fronteras geográficas y legales que cercenan la
plantación y la comercialización de esos productos.
Más del 90% de los casos de contaminación descritos
por el informe, se refieren a los cuatro mayores
cultivos transgénicos comerciales: maíz, soya, caña
y algodón. Estudios muestran que ella puede ocurrir
en todas las prácticas del desarrollo de los OVMs,
sea en su fase de pruebas de laboratorio, cultivo en
el campo o en el producto alimenticio final. La
investigación de Greenpeace, señala las malas
identificaciones, débiles controles y la ignorancia
de los laboratorios como responsables por esos
accidentes genéticos. Las causas de contaminación
transgénica fueron de simientes, alimentos y raza
animal. En el caso de los alimentos, siete casos
eran producciones destinadas a la ayuda humanitaria
en América Central y del Sur. El texto del informe
puede ser descargado en su totalidad del sitio web
de GeneWatch
http://www.genewatch.org/Publications/Reports/gm-contamination-report.pdf
Ante el riesgo que la contaminación atraviese
fronteras, principalmente por medio de la
exportación agrícola, Sérgio Leitão, director de
políticas públicas de Greenpeace, defiende que la
posición del gobierno Brazilero en asumir la defensa
de rotular los productos transgénicos con “contenido
transgénico”, al contrario de “puede contener
transgénicos”, es esencial. “No es un simple juego
de palabras. Juegos semánticos esconden intenciones.
Es preciso que el gobierno adopte sin prórroga el
inicio de la rotulación”, afirma, contrariando
ejemplos como el de Argentina – segundo productor de
OVMs , que establece un período de dos años de
transición para rotular sus productos. (Agencia de
Noticias Carta Maior, 13.03.06, http://agenciacartamaior.uol.com.br/templates/materiaMostrar.cfm?materia_id=10262&editoria_id=28)
Identificación total para el año 2012
La discusión sobre la denominación y aplicación de
la etiquetación caldeó el debate en el 3er Encuentro
de las Partes del Protocolo de Cartagena sobre
Bioseguridad, organizado por el Secretariado de la
Convención sobre Diversidad Biológica del Programa
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
(PNUMA). El evento se realizó entre la semana del 13
al 17 de marzo, en cuyo último día fue posible
alcanzar un acuerdo consensuado. El mismo establece
que sea adoptada inmediatamente la expresión
“contiene OVMs”, para los casos donde ya es posible
realizar el rastreo, la segregación y la
identificación de los transgénicos y la expresión
“puede contener OVMs” para los demás casos, que
tendrán un plazo de seis años para que se adapten a
las nuevas reglas. Los dos regímenes deben
coexistir, llevando incluso, la fecha prevista para
que el contenido sea adoptado definitivamente.
(Agencia de Noticias Carta Mayor, 17.03.06,
http://agenciacartamaior.uol.com.br/templates/materiaMostrar.cfm?materia_id=10335).
La MOP de Curitiba fue la última a ser realizada
anualmente. Por recomendación del Secretario
Ejecutivo del Protocolo de Cartagena, a partir de
ahora los encuentros de las partes sucederán cada
dos años. Por lo tanto, la MOP-4 será realizada en
el 2008 y así en adelante. El acuerdo que extendió
el plazo de adaptación de cuatro años, inicialmente
propuesto por el Brasil para la adopción del
“contiene”, tomó presencia en esa resolución y
estableció la MOP-5 (2010) como el momento de
validación de los resultados obtenidos hasta esa
fecha y la MOP-6 (2012), para la adopción definitiva
de la reglas de identificación que permitan a los
países, y sus poblaciones, saber con seguridad lo
que están consumiendo. El texto completo del
Protocolo de Bioseguridad de Cartagena, la reunión
extraordinaria realizada en la ciudad colombiana en
1999 y que contó con la participación de Venezuela,
puede descargarse en http://www.biodiv.org/doc/meetings/cop/excop-01/official/excop-01-03-en.doc
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CONTEXTO
24 al 28 de abril: Semana Mundial de la Educación
Para Todos |
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En 1990, los países reunidos en Jomtien (Tailandia),
suscriben la “Declaración Mundial sobre Educación
para Todos, Satisfacción de las necesidades básicas
de aprendizaje”, (disponible en
http://www.unesco.cl/medios/biblioteca/documentos/ept_jomtien_declaracion_mundial.pdf
) con el fin de aunar esfuerzos para hacer
realidad uno de los puntos contenidos en la
Declaración Universal de Derechos Humanos “toda
persona tiene derecho a la educación”. Una década
más tarde, en el Foro Mundial de Educación de Dakar,
se reafirma el compromiso con una educación
incluyente y de calidad, para lograr que los niños y
niñas del mundo tengan acceso y logren completar, el
ciclo educativo básico que les permita desenvolverse
plenamente en la vida cotidiana. Para ello, se
establece un Marco de Acción Mundial que contiene
seis metas a ser alcanzadas para el año 2015. Es en
este encuentro dónde se acuerda celebrar entre el 24
y 28 de abril la “Semana de la Educación Para
Todos”, como manera de reiterar el compromiso
adquirido en el 2000.
Los seis objetivos establecidos en el Marco de
Acción Mundial son:
1) extender y mejorar la protección y
educación integrales de la primera infancia,
especialmente para los niños más vulnerables y
desfavorecidos.
2) velar por que antes del año 2015 todos los
niños, y sobre todo las niñas y los niños que se
encuentran en situaciones difíciles y los que
pertenecen a minorías étnicas, tengan acceso a una
enseñanza primaria gratuita y obligatoria de buena
calidad y la terminen.
3) velar por que sean atendidas las
necesidades de aprendizaje de todos los jóvenes y
adultos mediante un acceso equitativo a un
aprendizaje adecuado y a programas de preparación
para la vida activa.
4) aumentar de aquí al año 2015 el número de
adultos alfabetizados en un 50%, en particular
tratándose de mujeres, y facilitar a todos los
adultos un acceso equitativo a la educación básica y
la educación permanente.
5) suprimir las disparidades entre los
géneros en la enseñanza primaria y secundaria de
aquí al año 2005 y lograr antes del año 2015 la
igualdad entre los géneros en relación con la
educación, en particular garantizando a las niñas un
acceso pleno y equitativo a una educación básica de
buena calidad, así como un buen rendimiento;
6) mejorar todos los aspectos cualitativos de
la educación, garantizando los parámetros más
elevados, para conseguir resultados de aprendizaje
reconocidos y mensurables, especialmente en lectura,
escritura, aritmética y competencias prácticas
esenciales. (UNESCO, 02.05.06,
http://www.unesco.cl/medios/biblioteca/documentos/ept_dakar_marco_accion_esp.pdf)
Para el continente americano, el Marco de Acción de
Dakar se complementa con el Marco de Acción para las
Américas, adoptado en la Conferencia de las Américas
sobre Educación para Todos, celebrada en febrero de
2000, que contempla los logros y temas pendientes,
desafíos y compromisos asumidos por nuestra región.
Para este año, el tema escogido para las
celebraciones es “Cada niño necesita un maestro”,
realizando eventos en diferentes regiones. (http://www.campaignforeducation.org/).
Durante la semana,
además, el Instituto de Estadística de la UNESCO
difundió el informe “Los docentes y la calidad de la
educación: seguimiento de las necesidades mundiales
para 2015”, en el que proporciona evaluaciones a
nivel internacional y regional sobre la situación de
los docentes y la calidad de la educación. El mismo
puede descargarse, únicamente en idioma inglés, en
la siguiente dirección electrónica
http://www.uis.unesco.org/publications/teachers2006.
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DERECHOS
ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
El drama de los adjudicatarios del complejo
habitacional Ciudad Miranda |
PROVEA ha recibido en varias oportunidades denuncias
de adjudicatarios(as) del urbanismo “Ciudad Miranda”
construido por el Fondo Nacional de Desarrollo
Urbano (FONDUR), los cuales denuncian el
incumplimiento del contrato suscrito con el
organismo. Los adjudicatarios señalan que a pesar de
haber suscrito respectivos contratos de promesa de
compra venta con FONDUR, cuyos términos establecen
que el(la) adjudicatario(a) se comprometía a
cancelar una inicial durante el año siguiente a la
firma de dicho contrato, y que al término de ese año
contado a partir de la firma del convenio FONDUR les
entregaría la vivienda adjudicada, tras lo cual
los(as) adjudicatarios(as) debían cancelar el saldo
restante. Sin embargo luego de haber transcurrido
más de cuatro o cinco años según el caso, todavía no
se les ha entregado las viviendas.
Ante estos casos, PROVEA ha enviado comunicaciones a
FONDUR, solicitando información sobre la culminación
de dicho desarrollo, así como al Ministerio de
Vivienda y Hábitat solicitándole que actúe de
acuerdo a lo establecido en la Ley del Régimen
Prestacional de Vivienda y Hábitat, sino que también
ha ejercido acciones judiciales tales como un amparo
por violación del derecho petición establecido en el
artículo 51 de la Constitución de la República
contra la institución, en el cual se le solicitaba
información sobre el cronograma de ejecución del
proyecto, las fechas de
culminación del mismo, así como el presupuesto
empleado para ello.
También, PROVEA ha realizado demandas por
incumplimiento contractual para exigir que FONDUR
cumpla con lo establecido en el contrato y les
entregue las viviendas prometidas a los(as)
adjudicatarios(as), u otras viviendas de iguales
características. Estas demandas fueron declaradas
inadmisibles por cuanto los Juzgados Superiores en
lo Civil, y Contencioso Administrativo consideran
que PROVEA no tiene la capacidad de representación
de dichos(as) adjudicatarios(as) para actuar en
juicio, por lo cual PROVEA ejerció el recurso de
apelación de dichas sentencias por considerar que al
ser una organización no gubernamental que tiene como
objeto defender los derechos humanos, tiene la
representación de los(as) adjudicatarios(as) de
“Ciudad Miranda” por cuanto dichos contratos de
promesa de compraventa son de interés social. Este
tipo de acuerdos tienen como objeto dar cumplimiento
a lo que establece el artículo 82 de la Constitución
que señala: “El Estado dará prioridad a las familias
y garantizará los medios para que éstas y
especialmente las de escasos recursos, puedan
acceder a las políticas sociales y al crédito para
la construcción, adquisición o ampliación de
viviendas”. Asimismo, dichas personas otorgaron a
PROVEA un poder especial para representarlos(as) en
todas las actuaciones administrativas y judiciales
ante FONDUR que se deriven de los contratos de
promesa de compra venta de las viviendas de “Ciudad
Miranda”, recurso de apelación que está actualmente
en trámites.
Otra acción judicial ejercida por PROVEA es un
recurso de abstención o carencia contra el
Ministerio para la Vivienda y Hábitat, por cuanto
dicha institución no ha realizado las obligaciones
referidas a la supervisión y control de las
actividades adelantadas en el marco de una política
de vivienda tal como lo establece la Ley del Régimen
Prestacional de Vivienda y Hábitat. Dicho recurso
actualmente está siendo conocido por la Sala
Político Administrativa del Tribunal Supremo de
Justicia.
Sin embargo, todavía son numerosas las personas que
no sólo acuden a nuestra organización, sino también
a diversos medios de comunicación para señalar que
todavía no les han entregado las viviendas que les
fueran adjudicadas, y que en algunos casos, cuando
dichas viviendas son terminadas son ocupadas por
personas que no tienen una relación jurídica con
FONDUR, pero que se ven afectadas actualmente por el
déficit de viviendas que existe, y que ante esa
situación ni FONDUR ni el Ministerio de Vivienda y
Hábitat toma las medidas necesarias para garantizar
el derecho a la vivienda a los(as) adjudicatarios(as),
ni los derechos derivados del contrato de promesa de
compraventa celebrado entre ellos.
Esta situación es grave por cuanto el Estado
Venezolano no puede satisfacer el derecho a la
vivienda de las personas que ocupan las viviendas de
Ciudad Miranda sin tener ninguna adjudicación que
los respalde, perjudicando el derecho a la vivienda
de los(as) adjudicatarios(as) de dicho complejo
habitacional que previamente habían celebrado
contratos de promesa de compraventa con FONDUR. Por
lo tanto, el Estado debe respetar los derechos
constitucionales y derivados de los contratos de
compraventa que tienen los(as) adjudicatarios(as), y
también debe tomar las medidas necesarias para
satisfacer el derecho a la vivienda que tienen las
personas que están ocupando las viviendas en dichas
urbanización de acuerdo a lo señalado en nuestra
Constitución.
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DERECHOS
ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
La Solvencia Laboral: Una buena medida dictada de manera
ilegal |
Recientemente, el Decreto Nro. 4.248, publicado en
la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de
Venezuela Nro. 38.371 el 2 de febrero de 2006,
dictado por el Presidente de la República, el cual
entró en vigencia el 3 de abril de 2006, estableció
que la solvencia laboral es un documento
administrativo emanado del Ministerio del Trabajo
que certifica que el patrono(a) respeta
efectivamente los derechos humanos laborales y
sindicales de sus trabajadores(as).
Dicha Solvencia Laboral constituye un requisito
imprescindible para: a) Solicitar créditos
provenientes del sistema financiero público; b)
Acceder al Sistema nacional de Garantías, Fondo de
Riesgo y Sociedad Capital de Riesgo; c) Recibir
asistencia técnica y servicios no financieros; d)
Participar en los programas de compras del Estado,
Ruedas y Macro Ruedas de Negocios, nacionales e
internacionales; e) Renegociar deudas con el Estado;
f) Recibir apoyo y protección integral para
innovación y ampliación tecnológica; g) Solicitar
recursos que favorezcan la importación de materias
primas, insumos y/o tecnologías dirigidos a mejorar
y ampliar la producción; h) Participar en procesos
de licitación; i) Tramitar y recibir divisas de la
Administración Pública Nacional; y j) Solicitar para
su aprobación el otorgamiento de permisos o
licencias de importación y exportación.
Este Decreto ordena que el Ministerio del Trabajo no
le otorgue la solvencia laboral a aquellos
patronos(as) que hayan realizado las siguientes
conductas: a) Incumpla una Resolución del Ministro o
Ministra del Trabajo o cualquier otro acto o
decisión dictada por éste o ésta en el ámbito de sus
competencias; b) Negarse a cumplir efectivamente la
providencia administrativa o cautelar de reenganche
y pago de salarios caídos, así como
cualquier otra orden o decisión que dicte la
Inspectoría del Trabajo en el ámbito de su
competencia; c) Desacate cualquier observación
realizada por los funcionarios competentes en
materia de supervisión e inspección del trabajo; d)
Incumpla cualquier observación o requerimiento
dictado por el Instituto Venezolano de los Seguros
Sociales o el Instituto Nacional de Prevención,
Seguridad y Salud Laborales en el ámbito de su
competencia; e) Incumpla una decisión de los
tribunales con competencia en materia del trabajo o
la seguridad social; f) No cumpla oportunamente con
las
cotizaciones y demás aportes al Sistema de la
Seguridad Social; y g) Menoscabe los derechos de
libertad sindical, negociación colectiva voluntaria
o de huelga.
Debemos señalar, que ésta medida es favorable por
cuanto tiene como objeto establecer un mecanismo que
permita en la realidad hacer exigibles los derechos
de los(as) trabajadores(as) que muchas veces llegan
a ser reconocidos por instancias administrativas y
judiciales, pero ante la negación del patrono(a) a
cumplir con ellos, no existe una forma de realizar
una ejecución forzosa de los mismos, además, puede
garantizar que muchos patronos cumplan con las
obligaciones sociales que tienen para con sus
trabajadores.
Sin embargo, al establecer esta medida una
limitación al derecho al libre ejercicio de la
libertad económica, así como crear una sanción no
prevista en leyes, la misma debe realizarse
obedeciendo a lo señalado en la Constitución, por lo
que debió haberse promulgado bajo la figura de un
Decreto Ley y no de un decreto ordinario.
El artículo 112 de la Constitución, establece el
derecho de todas las personas a ejercer libremente
la actividad económica de su preferencia, y señala
que las únicas limitaciones a dicho derecho serán
las previstas en la Constitución y las que
establezcan las leyes. El Decreto anteriormente
señalado es una limitación al derecho del libre
ejercicio de la actividad económica, porque
establece que los(as) patronos(as) no podrán
realizar ninguna de las actividades señaladas en el
Decreto a menos de que tengan dicha solvencia
laboral.
De igual manera, el artículo 49 de la Constitución
establece dentro del derecho al debido proceso que
tienen todas las personas, la garantía de que no se
le puede aplicar a nadie una sanción que no esté
prevista en una ley. El Decreto que establece la
solvencia laboral, creó una sanción no prevista en
las leyes, porque establece que el patrono(a) que
haya realizado alguna de las actividades señaladas
en el Decreto no podrán realizar las actividades
allí señaladas. La Ley Orgánica de Procedimientos
Administrativos en su artículo 10 señala que ningún
acto administrativo podrá crear sanciones, ni
modificar las que hubieran sido establecidas en las
leyes.
Aunado a ello, la facultad legislativa del
Presidente de la República es excepcional, por lo
tanto la regla es que sus Decretos sean ordinarios,
y la excepción es que sean Decretos Leyes. Los
Decretos Leyes son actos del Presidente de la
República mediante los cuales se crean reglas de
derecho sobre materias propias de la ley formal, por
lo que se distinguen de los decretos ordinarios, que
tratan sobre asuntos que corresponden a las
actividades que desempeña dicho poder. Para
dictarlos debe estar habilitado previamente por la
Asamblea Nacional, mediante una ley habilitante, tal
como lo establece el artículo 236 ordinal 8 de la
Constitución Nacional. De igual manera, estos
Decretos Leyes tienen como fundamento situaciones
excepcionales establecidas en los artículos 337,
338, y 339 de la Constitución.
El decreto que crea la solvencia laboral es un
decreto ordinario, por cuanto no existe una ley
habilitante de la Asamblea Nacional que le permita
al Presidente de la República limitar el derecho al
libre ejercicio de la actividad económica, así como
no existe un estado de excepción que justifique la
restricción de las garantías consagradas en la
Constitución, ni un estado de alarma, de emergencia
económica o de conmoción interior o exterior, que le
permita ejercer su excepcional actividad
legislativa, y limitar el derecho al libre ejercicio
de la actividad económica que tienen los patronos(as),
o crear una sanción no prevista en las leyes. El
artículo 137 de la Constitución señala que las
competencias de los órganos que ejercen el poder
público, son las que se encuentran establecidas en
la Constitución y las leyes, y por lo tanto cuando
el Presidente de la República dicta actos en
materias sobre las cuales no tiene competencia según
lo establecido en la Constitución, está violando
dicho texto constitucional.
Por esas razones, cuando dicho decreto incumple las
normas constitucionales que hemos señalado puede ser
declarado nulo por el poder judicial debido a que el
artículo 25 de la Constitución, señala que todo acto
dictado en ejercicio del Poder Público que viole o
menoscabe los derechos garantizados por la
Constitución y la ley es nulo. Igualmente, el
artículo 19 de la Ley Orgánica de Procedimientos
Administrativos, señala que los actos de la
Administración serán absolutamente nulos cuando así
esté expresamente determinado por una norma
constitucional o legal.
Con esto Provea desea resaltar la importancia que
las medidas dictadas por el Estado Venezolano para
favorecer los derechos de sectores que son
considerados en situación desventajosa frente a
otros sectores, sean dictadas de acuerdo a lo
establecido en la Constitución Nacional, por cuanto
un principio fundamental de la actividad
administrativa es el principio de la legalidad el
cual se ve violentado por todos aquellos actos
administrativos que contraríen o se realicen fuera
del margen establecido en la carta magna, lo cual
genera como consecuencia la nulidad de dichos actos,
significando que el esfuerzo en obtener una medida
favorable a un sector social desfavorecido se
perderá, por cuanto no se pueden proteger unos
derechos establecidos de la Constitución
menoscabando otros derechos constitucionales.
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DERECHOS
ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
“Los Derechos Humanos Laborales”, nuevo título
de la serie “Tener derechos no basta” |
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Con el objetivo de brindar herramientas a los
defensores y defensoras de derechos humanos,
sindicalistas y otras personas vinculadas al tema
laboral, Provea ha editado el folleto número 11 de
la colección “Tener derechos no basta” dedicado al
tema de los derechos laborales. Partiendo del
concepto de Derechos Humanos como marco regulatorio,
el texto se adentra en la temática enunciando los
diferentes instrumentos jurídicos de protección, la
organización sindical, la responsabilidad del Estado
y el papel del actual escenario de globalización
económica en la flexibilización de los derechos
de los trabajadores y
trabajadoras. El texto
ha
sido redactado por
Iván González,
director de
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Derechos
Humanos de la Organización Regional Internacional
del Trabajo (ORIT) y corregido por el equipo de
Provea. El costo del folleto es de 7.000 Bs y puede
adquirirse en la sede de Provea, Bulevar Panteón,
Puente Trinidad a Tienda Honda, Edificio Centro
Plaza Las Mercedes, PB, Local 6, Parroquia
Altragracia; comunicándose a los teléfonos (O212)
860.66.69 / 862.10.11 / 862.53.33 o escribiendo al
e-mail
publicaciones@derechos.org.ve
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DERECHOS
ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
PIDHDD conmemora Día Mundial de la Seguridad y la Salud
en el Trabajo |
La Plataforma Interamericana de Derechos
Humanos, Democracia y Desarrollo, PIDHDD,
Capítulo Perú, difundió una comunicación para
congratularse de celebrar el pasado 28 de abril
con los trabajadores del Perú y del mundo, el
Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el
Trabajo.
Desde 2001 y a iniciativa de la Organización
Internacional del Trabajo OIT, se estableció
este día como la oportunidad para recordar a los
trabajadores que han sido víctimas de
enfermedades, en muchos casos originadas por
malas condiciones laborales, contaminación y uso
de sustancia dañinas para la
salud, y de accidentes ocasionados por
deficiencias en los sistemas de seguridad.
Definir una cultura de salud y seguridad es el
principal objetivo de marcar esta fecha en el
calendario laboral. La conquista de un trabajo
decente y seguro debe ser el propósito de toda
sociedad digna de respeto, la responsabilidad
social de las empresas y el objetivo de las
organizaciones sindicales democráticas.
El Día Internacional de la Seguridad y la Salud
en el Trabajo se celebra en la actualidad en más
de cien países y coincide con la víspera del Día
Internacional de los Trabajadores.
Para mayor información sobre la Plataforma
Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y
Desarrollo - Capítulo Perú, puede consultarse su
página web
http://www.pidhdd.org.pe
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DERECHOS
ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Movimientos sociales envían a Lula, Kirchner y
Chávez carta de protesta contra la construcción del
gasoducto suramericano |
Como informó la Sociedad de Amigos en Defensa de la
Gran Sabana (Amigransa) a Provea, más de 330
Ciudadanos(as), organizaciones y movimientos
sociales de varios países principalmente de Brasil y
Venezuela, enviaron una carta a los presidentes
Néstor Kirchner, (Argentina), Luis Inacio Lula Da
Silva ( Brasil) y Hugo Chávez ( Venezuela) con el
propósito de hacerles un urgente llamado de atención
sobre el proyecto gasífero suramericano denominado
“Gasoducto del Sur” y solicitarles que descarten
definitivamente de sus agendas la construcción del
mencionado proyecto como medio para cubrir las
necesidades energéticas de Suramérica y buscar una
opción mas cónsona con la realidad ecológica,
económica, y social de la región. La carta se les
hizo llegar a los Jefes de Estado en la Asunción,
Paraguay, durante su reunión del 19 de abril pactada
para discutir la construcción de este gasoducto.
La comunicación señala varios de los impactos que
resultaran si se construye este gigante gasoducto.
Bajo los planes actuales este podría partir desde la
desembocadura del Río Orinoco en Venezuela
atravesando la Gran Sabana en la Guayana venezolana
para seguir su ruta a través de la Amazonia
brasilera hasta llegar a Buenos Aires en Argentina.
Llevaría 150 millones de metros cúbicos de gas
venezolano para ser distribuido a Argentina, Brasil
y a Uruguay con posibles interconexiones con el
Paraguay y Bolivia.
La Construcción de un gasoducto de 8000 kilómetros,
la instalación de decenas de plantas de compresión y
de cientos de estaciones de válvulas, tendría
desastrosas consecuencias ambientales debido a que
implicaría inmensas deforestaciones de selva
tropical amazónica, la remoción de grandes
cantidades de tierra, apertura de caminos de acceso
en sitios vírgenes, instalación de campamentos,
posibles desalojos a poblaciones nativas y pueblos
indígenas, la proliferación de enfermedades
tropicales, etc., todo ello, facilitando el acceso
de oleadas de depredadores e invasores que
agravarían aun mas la destrucción que generaría la
misma obra. Además, afectará el balance ecológico de
ríos que serán atravesados por el gasoducto causando
impactos adversos como el estancamiento de aguas,
contaminación, y erosión. Las tuberías de
hidrocarburos son inexorablemente proclives al
desgaste y la corrosión sobre todo en ambientes
húmedos tropicales como el Guayanés -Amazónico lo
cual las convierten en un riesgo permanente a
filtraciones y rupturas pudiendo crear una
catástrofe de dimensiones inimaginables en el
Amazonas, ocasionando una clara amenaza para
Venezuela, Brasil y sus vecinos. El Gasoducto tendrá
un costo entre 20 a 25 mil millones de US dólares y
cruzaría casi 522 mil kilómetros de áreas prístinas
de la región amazónica, hogar de 22 pueblos
indígenas y una diversidad de riqueza biológica aun
desconocida.
La idea de integrar a suramericana a través de ese
gigante gasoducto no traería ni unida ni bienestar a
los pueblos del sur ya que esta basada en la sobre
explotación de los recursos naturales y en la
destrucción de la diversidad que existe hoy en día
en la región amazónica. El Proyecto además no toma
en consideración los peligrosos impactos que tendrá
la sobre-explotación del gas en las costas y tierras
venezolanas, ni tampoco los impactos en la región
amazónica conocida como el más grande reservorio de
agua y reservorio de biodiversidad.
Indiscutiblemente este proyecto agregará más deuda a
la ya existente deuda ecológica y social que afecta
la región.
Para ver el texto completo de la comunicación y la
lista de firmantes visitar http://
www.PetitionOnline.com/rechaz01/petition.html.
Para mayor información escribir al correo
electrónico de Amigransa <amigrans@internet.ve>.
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IDERECHOS
ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
iIndicadores
del Derecho a la Vivienda |
Según informó el diario El Universal el Ejecutivo
Nacional incrementó en 2005 los fondos para el
sector vivienda, pero la inversión estuvo por debajo
de la prevista en el año 2000. Según esta fuente, el
análisis de las cifras del Sistema de Indicadores
Sociales de Venezuela (Sisov) -ente adscrito al
Ministerio de Planificación y Desarrollo-,
http://www.sisov.mpd.gov.ve, señalan que los
recursos para el área social fueron 32,9 billones de
bolívares y los fondos ordinarios para la
construcción de soluciones habitacionales
ascendieron a 2,9 billones de bolívares. Esas
asignaciones comprendieron el presupuesto y el gasto
vía créditos, no se incluyeron los desembolsos de la
industria petrolera.
Esa distribución refleja que del gasto social
ordinario previsto en 2005, solo 8,9% se destinó a
vivienda. Si bien los fondos erogados el pasado año
fueron superiores a los de 2004 cuando el gasto fue
1,2 billones de bolívares, la asignación no superó
la prevista en ejercicios anteriores. En el 2000 la
participación fue 15% y en el período de 1996 y 1998
osciló entre 11,8% y 14,7%. (El Universal, 17.04.06,
http://www.eluniversal.com/2006/04/17/eco_art_17202A.shtml)
|
AÑO |
PORCENTAJE |
|
1996 |
14,5 |
|
1997 |
14,7 |
|
1998 |
11,8 |
|
1999 |
8,2 |
|
2000 |
15,0 |
|
2001 |
8,2 |
|
2002 |
7,4 |
|
2003 |
8,7 |
|
2004 |
5,2 |
|
2005 |
8,9 |
Fuente: Sistema de Indicadores Sociales de Venezuela
(SISOV)
http://www.sisov.mpd.gov.ve/indicadores/vivienda/gastopublicoenvivienda/vi03016/vi0301600000000/index.html
Esta información coincide con las apreciaciones del
Informe Anual octubre 2004 / noviembre 2005 de
Provea, en cuyo informe especial "Derecho a la
vivienda y hábitat dignos en Venezuela. Balance
1999-2005)" establece que el Estado venezolano, a
pesar de haber previsto para el 2004 un gasto social
de más del 40% (la proporción más alta en los
últimos 14 años), ha disminuido el porcentaje del
gasto público en vivienda con relación al gasto
social. Después de haber alcanzado un 15% en el año
2000, lo dispuesto para atender el tema de vivienda
en el 2004 registra el nivel más bajo (5%) de este
mismo período. Esto refleja una inversión social que
progresivamente ha ido restando prioridad al sector
vivienda, especialmente a partir del año 2000.
(Provea , 2005,
http://www.derechos.org.ve/publicaciones/infanual/2004_05/Informe_Especial.pdf)
Los datos Sisov revelan que el gasto de vivienda por
habitante fue 43.539 bolívares y aunque registró un
incremento de más de 90% respecto a 2004 cuando fue
22.497 bolívares, estuvo por debajo de la inversión
de los años 2000 y 1997. En esos dos ejercicios el
gasto por habitante fue 54.210 bolívares y 51.207
bolívares. Entre 1999 y 2005 el gobierno central
realizó 110.000 soluciones habitacionales, pero ese
monto realizado en siete años era la meta del primer
mandatario solamente para el ejercicio 2005.
Las autoridades del sector vivienda en los últimos
meses han efectuado cambios en la fijación de los
objetivos de construcción, debido a que no sólo
incluyen las unidades terminadas por el gobierno
central sino también las realizadas por
gobernaciones y alcaldías y los entes nacionales. El
pasado año todas esas instancias pudieron realizar
41.210 soluciones habitacionales quedando pendientes
por entregar en este período 76.217 viviendas.
(El
Universal, Ibíd.)
Las cifras del gasto público en vivienda como
porcentaje del PIB también muestran un descenso para
los últimos guarismos registrados, correspondientes
a 2004. El porcentaje de este año, 0,6%, es el menor
de casi una década, el período correspondiente entre
los años 1995 y 2004.
|
AÑO |
PORCENTAJE |
|
1995 |
0,7 |
|
1996 |
1,1 |
|
1997 |
1,4 |
|
1998 |
1,0 |
|
1999 |
0,8 |
|
2000 |
1,7 |
|
2001 |
1,0 |
|
2002 |
0,8 |
|
2003 |
1,1 |
|
2004 |
0,6 |
Fuente: Sistema de Indicadores Sociales de
Venezuela (SISOV)
http://www.sisov.mpd.gov.ve/indicadores/vivienda/gastopublicoenvivienda/vi03012/vi0301200000000/index.html
El gobierno central efectuó 16.367 unidades de
los planes 2001 y 2002 y faltan por culminar
17.446 soluciones. Mediante el programa de
sustitución de ranchos por viviendas (SUVI) se
transformaron 3.695 unidades y quedaron para
este ejercicio las modificaciones a un lote de
42.577 soluciones.
Los gobernadores y alcaldes construyeron 11.451
viviendas, quedando pendientes por entregar
3.593. Los entes nacionales como Corpozulia,
Corpovargas, Ipasme y Corporación Venezolana de
Guayana (CVG) efectuaron 9.697 viviendas y
tienen en agenda 12.601 soluciones
habitacionales.
(El Universal, Ibíd.)
Por su parte, el Instituto Nacional de la
Vivienda informa en su página web la ejecución a
nivel nacional de cerca de 15 mil viviendas a
través de sus distintos programas de
construcción: El Fondo de Ahorro Social Público,
Pueblo Nuevo, Atención Habitacional para
Familias Damnificadas o en Situación de Riesgo
Inminente y Recursos Ordinarios. (Instituto
Nacional de la Vivienda, 02.05.06,
http://www.inavi.gov.ve/Logros.asp)
En este sentido, el ministro para la Vivienda y
Hábitat, Luis Figueroa, declaró que para el 2006
se espera culminar 150 mil viviendas, de las
cuales 100 mil vienen como arrastre de años
anteriores y confirmó la entrega de 15 mil 921
viviendas durante el primer trimestre del año en
curso. El funcionario informó que el ministerio
dispondrá de 10,6 billones de bolívares para la
construcción de viviendas, lo que permitirá
atender a 215.929 familias. (Radio Nacional de
Venezuela, 07.04.06,
http://www.rnv.gov.ve/noticias/index.php?act=ST&f=4&t=31888).
|
DERECHOS
ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Indicadores
del derecho a la alimentación y al salario justo |
|
|
Índice de
Precios al Consumidor (IPC) |
|
Mes |
Tasa de variación mensual |
Tasa de variación intermensual |
Tasa de variación acumulada 2006 |
|
Enero |
0,7 |
x |
x |
|
Febrero |
0,3 |
-0,4 |
1 |
|
Marzo |
0,9 |
0,6 |
1,9 |
|
Abril |
0,6 |
-0,3 |
2,5 |
Fuente: Banco Central de Venezuela (BCV)
http://www.bcv.org.ve/c4/notasprensa.asp?Codigo=4710&Operacion=2&Sec=False
Según el Banco Central de Venezuela el Índice de
Precios al Consumidor (IPC) del área metropolitana
de Caracas registró en el mes de abril una tasa de
variación de 0,6%, inferior a la del mes de marzo
(0,9%) y a la reportada en abril de 2005 (1,3%). Con
este resultado la variación acumulada al cierre del
cuarto mes del año 2006 se ubica en 2,0%, la menor
para un mes de abril desde el año 1988.
Explicó el ente bancario que el decrecimiento de la
variación intermensual del IPC en el mes obedece,
principalmente, a que la tasa correspondiente a los
rubros sujetos a control de precios pasó de 1,0% a
0,5%; a ello contribuyó | | | |