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Una lectura de la realidad venezolana
desde los derechos humanos |
Boletín electrónico Nº 172
Del 24 de junio al 10 de julio de 2006 |
EFEMÉRIDES DE DERECHOS HUMANOS DE JULIO
CONTEXTO
* Aprobada Declaración Universal de derechos de
Pueblos Indígenas
*
Centro por la Justicia y el Derecho
Internacional (Cejil) expresa preocupación por
el proyecto de Ley de Cooperación en
Venezuela
* Web de la Asamblea Nacional abre foro virtual
para debatir sobre el proyecto de Ley de
Cooperación Internacional
* IV Reunión de Altas Autoridades de Derechos
Humanos del Mercosur aprueba mecanismo para
participación de la sociedad civil
DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y
CULTURALES
* Indicadores sobre el derecho a
la alimentación y el salario justo
* Gobierno anuncia evaluación y reparaciones a
la infraestructura del sistema nacional de salud
*
Alerta epidemiológica por brote de dengue en el
país
* "La salud es un Derecho Humano" en su tercera
edición
* Grupos sociales de Maracaibo se unen a la
semana internacional contra el G8 con acciones
contra la explotación del carbón
* Gandoleros y campesinos zulianos contra la
empresa explotadora del carbón
* Condiciones y medio ambiente de
trabajo: Un derecho humano fundamental
* Inestabilidad institucional
retrasa ejecución de planes de vivienda
* Instituto Nacional de
Tierras anuncia recuperación de millón y medio
de tierras para este año
* Propuestas y exigencias de Provea a los
poderes públicos sobre los derechos de los
pueblos indígenas
DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
* Rafael Ugas continua bajo
hostigamiento judicial
* CIDH ordena medidas
provisionales a favor de María del Rosario
Guerrero Gallucci y Adolfo Segundo Martínez
Barrios
* Decisiones administrativas atentan contra el
Plan de Humanización Carcelaria
*
Reapertura del caso Yumare: un
avance en la lucha contra la impunidad
* Anuncio del gobierno venezolano de entregar
armas a civiles significa promoción del
paramilitarismo
* Relatoría Especial del CIDH manifestó su
preocupación por la situación de la libertad de
expresión en Venezuela
* Propuestas y exigencias de Provea a los
poderes públicos sobre los derechos de las
personas detenidas y encarceladas
INVITACIONES
A EVENTOS
*
Convocatoria a la Cumbre Social por la
Integración de los Pueblos
ARTÍCULOS
*
Son derechos "Anteproyecto de Ley de Salud"
NOVEDADES DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN TODOS LOS
DERECHOS PARA TODOS
*
"Vivienda con rostro de mujer:
mujeres y derecho a una vivienda adecuada"
* "Amnistía Internacional: informa 2006. El estado
de los derechos humanos en el mundo"
* Informe de organizaciones de la sociedad civil
sobre la situación de los derechos económicos,
sociales, culturales y ambientales en México:
Informe alternativo al IV informe periódico del
Estado mexicano sobre la aplicación del Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, 1997-2006.
* "Cuestiones Políticas"
DOCUMENTOS
* Declaración de Rivas,
pronunciamiento del II Foro Social Mundial de
las Migraciones
Agradecemos mencionar la fuente cuando el
contenido sea citado o difundido
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EFEMÉRIDES DE DERECHOS
HUMANOS DEL MES DE
JULIO |
03
Día Universal de la Cooperación (1er. sábado)
05 Celebración de la Declaración de la
Independencia de Venezuela (1811)
07 Día de la Conservación del Suelo
09
Día Internacional para la Destrucción de Armas de
Fuego
11
Día Mundial de la Población
17
Día Mundial de la Justicia Internacional
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CONTEXTO
Aprobada Declaración Universal de Derechos de los
Pueblos Indígenas |
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En la tarde de este jueves 29 de junio, el Consejo de
Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobó en
Ginebra la Declaración Universal de Derechos de los
Pueblos Indígenas, por 30 votos a favor, doce
abstenciones y dos votos en contra (Canadá y Rusia).
El texto será presentado para su sanción final a la
Asamblea del organismo mundial que tendrá lugar en
el segundo semestre de presente año.
La Declaración establece que los pueblos indígenas
tienen el derecho, como colectividades o como
individuos, a todos los derechos humanos y a las
libertades fundamentales reconocidas por la ONU.
Además reconoce el derecho de estos pueblos a su
autodeterminación y a preservar y fortalecer sus
diferentes instituciones políticas, legales,
económicas, sociales y culturales, al tiempo que
mantienen sus derechos a participar de manera plena,
si así deciden, de la vida económica, social y
cultural de los países donde viven.
La aprobación de la Declaración que se venía
discutiendo en las Naciones Unidas desde 1995
provocó regocijo entre los indígenas que asisten a
las reuniones de la ONU en Ginebra. Este proyecto
fue declarado prioritario por el recientemente
creado Consejo de Derechos Humanos, que sustituyó a
la Comisión de Derechos Humanos, incluyéndolo en la
agenda de una de sus primeras sesiones.
Los países que se abstuvieron en la votación sobre
la Declaración fueron Ghana, Marruecos, Nigeria,
Argelia, Túnez, Senegal, Argentina, Filipinas y
Ucrania. Estuvieron ausentes Gabón, Djibouti y Malí.
La posición de Argentina quebró la unidad
latinoamericana que apoyó la proposición presentada
por Perú.
Las razones habría que buscarlas en el diferendo que
mantiene con Gran Bretaña por la posesión de las
Islas Malvinas. Buenos Aires teme que los habitantes
de las Malvinas, descendientes de los británicos,
podrían reivindicarse como población autóctona y
reclamar el derecho de autodeterminación.
Los representantes indígenas reunidos en el Caucus
de los Pueblos Indígenas emitieron la siguiente
declaración:
En esta memorable ocasión, en nombre del Caucus
indígena, queremos expresar nuestra emoción más
profunda sobre la adopción de la Declaración
Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas.
La Sociedad de Naciones no reaccionó ante las
demandas de los representantes de los Maori y de la
Confederación Iroques, así que las raíces de la
actual Declaración tienen lugar en 1974 y con el
monumental informe de Cobo
En 1977, la decisiva reunión de los pueblos
indígenas aquí en las Naciones Unidas apremió a la
comunidad internacional para que prestara atención a
los pueblos indígenas de las Américas.
En este contexto se tomó la importantísima
recomendación de establecer el Grupo de Trabajo
sobre las Poblaciones Indígenas.
El importante trabajo de los cinco expertos
independientes del GTPI, dos de los cuales están
aquí hoy con nosotros, Erica Irene Daes y Miguel
Alfonso Martínez, refleja que nuestras constantes
demandas por el reconocimiento de nuestro carácter
específico y de nuestros derechos deberían ser
consideradas.
Persistimos en nuestros esfuerzos y nos mantuvimos
vigilantes en contra de las fuerzas estatales más
importantes del mundo.
Nosotros confiamos en nuestra capacidad para
involucrarnos en un debate sustancial, con
posiciones que se mantuvieron consecuentes con el
derecho internacional.
Uno de los resultados más importantes ha sido que a
través de todas nuestras expresiones, algunas de
ellas en nuestras propias lenguas, hemos podido
educar a la comunidad internacional sobre el
estatus, los derechos y las condiciones de vida de
los pueblos indígenas en todos los rincones del
mundo.
Nosotros continuaremos haciendo esto en el Foro
Permanente. El verdadero legado de la Declaración,
será la manera en que los pueblos indígenas de
mundo, en colaboración con los Estados, daremos vida
a estas palabras.
La verdadera prueba será el cómo esto tendrá un
impacto en la vida diaria de nuestros pueblos.
Mientras que este reconocimiento del carácter
específico y fundamental de los derechos humanos
individuales y colectivos es importantísimo, es su
implementación en el ámbito de las comunidades lo
que tendrá un impacto y dará a nuestros niños la
esperanza de un futuro en el que sus vidas e
identidades serán respetadas.
Sería injusto por nuestra parte nombrar a aquellos
Estados que han tenido un papel de liderazgo en
llegar a donde nos encontramos hoy.
Ellos saben quienes son y nosotros sabemos quienes
son ellos.
Han trabajado con nosotros para asegurar que se
consiguiera este importante instrumento de derechos
humanos.
No les olvidaremos y pediremos a nuestros pueblos
que les rindan homenaje
Confiamos que cada de uno de ustedes estará también
con nosotros en la Asamblea General.
Finalmente queremos expresar nuestro agradecimiento
al Presidente-Relator Chávez por sus grandes
esfuerzos para llegar a la finalización con este
texto. Su paciencia para asegurar que los Estados y
los Pueblos Indígenas contribuyó efectiva y
equitativamente al resultado final y merece nuestro
mayor aprecio.
Expresamos nuestra aspiración como Pueblos Indígenas
por una armonía de acuerdo con la naturaleza y
tenemos la esperanza de que nuestros futuros como
pueblos indígenas y Estados se encontraran para
hacer posible nuestra contribución positiva a la
humanidad.
Fuente:
Agencia Alai Amlatina , 29.06.06.
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CONTEXTO
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil)
expresa preocupación por el proyecto de Ley de
Cooperación en Venezuela |
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El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional
(CEJIL) expresa gran preocupación por el proyecto de
ley sobre cooperación internacional que se discute
en la Asamblea Nacional de Venezuela , el cual puede
convertirse en un grave obstáculo para el trabajo de
los defensores y defensoras de derechos humanos en
ese país.
El pasado 13 de junio la Asamblea Nacional
Venezolana aprobó, en primera discusión, el Proyecto
de Ley de Cooperación Internacional que establece un
régimen jurídico que regulará, entre otros aspectos,
el funcionamiento de las organizaciones no
gubernamentales locales y de las internacionales que
realicen actividades en Venezuela. De acuerdo al
texto del proyecto, el Estado venezolano crearía los
organismos administrativos y financieros destinados
a organizar y supervisar la ejecución, seguimiento y
evaluación de las políticas, acciones y actividades
que se lleven a cabo en materia de cooperación
internacional. Dentro de ese marco general, el
proyecto prevé la regulación y control de las
organizaciones no gubernamentales, y
específicamente, de sus objetivos, actividades y
fuentes.
El capítulo 3 del proyecto se refiere a la
participación social en la cooperación internacional
y establece, entre otros puntos, que las
organizaciones no gubernamentales deben registrarse
ante un órgano estatal para lo cual deben cumplir
con los requisitos fijados por la ley. CEJIL no
desconoce las atribuciones legítimas que tienen los
Estados para regular adecuadamente la convivencia de
sus sociedades. Sin embargo, llama la atención del
Estado venezolano para que, al momento de establecer
los requisitos para el registro de organizaciones no
gubernamentales y los mecanismos de verificación de
cumplimiento de los mismos, no se creen
interferencias u obstáculos, ni directos ni
indirectos, que impidan o entorpezcan el
funcionamiento autónomo de estas organizaciones ni
el ejercicio normal de sus actividades.
CEJIL considera que los términos en los que fue
aprobado el proyecto de ley en su primera discusión
podrían afectar negativamente el funcionamiento y el
trabajo de las organizaciones no gubernamentales en
general. De este modo, se estaría generando en
Venezuela un escenario propicio para obstaculizar, a
través de vías legislativas e institucionales, el
funcionamiento de organizaciones defensoras de
derechos humanos y otras organizaciones sociales. El
proyecto prevé, entre otros aspectos de
preocupación, una injerencia indebida del Estado en
los fines y en las actividades de estas
organizaciones, que podría afectar varios de los
derechos humanos protegidos en la Convención
Americana y en la propia Constitución venezolana,
entre ellos, el derecho de asociación.
Recientemente, la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) identificó los controles
administrativos y financieros arbitrarios a las
organizaciones de derechos humanos como uno de los
problemas más comunes que enfrentan los defensores y
defensoras de estos derechos en la región. Al
respecto, en su informe de situación de defensores y
defensoras de derechos humanos en las Américas, la
Comisión señaló que en algunos Estados se ha
restringido “de manera arbitraria la financiación
internacional de las organizaciones dedicadas a la
promoción y defensa de los derechos humanos , a
través de la acción de control que realizan
instituciones estatales dedicadas a la cooperación
técnica internacional.”
La CIDH también reconoce en su informe que “los
Estados tienen la facultad para reglamentar la
inscripción, vigilancia y control de organizaciones
dentro de sus jurisdicciones, incluyendo las
organizaciones de derechos humanos. No obstante el
derecho de asociarse libremente sin interferencias
prescribe que los Estados deben asegurar que dichos
requisitos legales no impedirán, retrasarán o
limitarán la creación o funcionamiento de estas
organizaciones, so pena de incurrir en
responsabilidad internacional.”
En consonancia con lo dicho por la CIDH, CEJIL
reconoce la autonomía que tiene el Estado venezolano
de regular los términos de cooperación
internacional. Sin embargo considera importante
señalar que el Estado está también obligado a
ejercer esta facultad preservando la libertad de
asociación de las personas y en un marco de pleno
respeto a los derechos humanos y acorde tanto con su
Constitución como con sus obligaciones adquiridas en
los tratados internacionales que ha firmado y
ratificado.
CEJIL también señala su profunda preocupación por
las expresiones descalificadoras e intimidatorios de
algunos congresistas venezolanos a raíz de las
críticas manifestadas por representantes de
organizaciones no gubernamentales venezolanas al
proyecto de ley. El debate público sobre normas de
interés público y social , respetuoso de la crítica
y las diferencias, propias de una sociedad plural y
democrática, debe ser garantizado por todos los
órganos del Estado.
CEJIL urge al Estado venezolano a ajustar el
contenido del actual proyecto de ley a los
estándares internacionales en materia de derechos
humanos de manera de garantizar el pleno respeto de
todos los derechos , y, de modo particular, del
derecho de asociación. Asimismo, solicita al Estado
de Venezuela respetar y garantizar a los miembros y
representantes de las organizaciones no
gubernamentales el libre y pleno ejercicio del
derecho de libertad de pensamiento y expresión.
Washington D.C. 3 de julio de 2006
CEJIL
Difusión y Prensa/Communications Officer Difusión y
Prensa
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http://www.cejil.org
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CONTEXTO
Web de la Asamblea Nacional abre foro virtual para
debatir sobre el proyecto de Ley de Cooperación
Internacional |
La
página web de la Asamblea Nacional ha abierto un
foro virtual para opinar y debatir sobre el proyecto
de Ley de Cooperación Internacional, actualmente
discutido en el parlamento.
Según la web, los
planteamientos formulados en esa sección serán
publicados automáticamente, lo cual permitirá las
comisiones o parlamentarios encargados de los
proyectos en discusión, revisar sus opiniones y
responder de ser el caso. La dirección de acceso del
foro es http://www.asambleanacional.gov.ve/ns2/foros.asp
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CONTEXTO
IV Reunión de Altas Autoridades de Derechos Humanos
del Mercosur aprueba mecanismo para participación de
la sociedad civil |
Conforme al reglamento interno que fue aprobado
en la cuarta Reunión de Altas Autoridades de
Derechos Humanos del MERCOSUR y Estados
asociados (RADDHH), las organizaciones de la
sociedad civil podrán asistir en calidad de
observadores a las sesiones e integrar los
grupos especializados de trabajo. En este último
caso, la intervención será a instancias de cada
presidencia pro témpore.
La cuarta RADDHH se reunió el 8 y 9 de junio en
Buenos Aires. Como en las instancias anteriores,
una delegación del Observatorio de Políticas
Públicas de Derechos Humanos en el MERCOSUR
participó del encuentro. En marzo, el
Observatorio había realizado un firme planteo
tendiente a mejorar las condiciones de
participación de las organizaciones sociales en
el ámbito de la RADDHH. En esa oportunidad la
delegación presentó en Buenos Aires, un borrador
de reglamento interno <http://www.observatorio-mercosur.org.uy/portal/descargas/declaracion_IIIRAD
DHH.pdf> e insistió en la necesidad de
establecer formas más permanentes de interacción
entre las autoridades y la sociedad civil, con
la finalidad de asegurar una participación
informada.
Para la directora Ejecutiva del Observatorio,
Margarita Navarrete, el reglamento aprobado, “es
positivo, en tanto se prevén ámbitos de
articulación y trabajo conjunto”. Sin embargo
señaló que la participación en los grupos
especializados de trabajo está condicionada a la
iniciativa del Estado que en ese momento esté a
cargo de la Presidencia pro témpore del
MERCOSUR.
En este sentido, dijo que el Observatorio
“aspira a que en el próximo encuentro de la
RADDHH - que se desarrollará en Brasil-, se
habilite la participación de la sociedad civil
en forma amplia”.
El reglamento interno fue elevado al Foro
Consultivo y de Concertación Política del
bloque.
A iniciativa de la delegación de Brasil, la
RADDHH incluyó en su agenda de trabajo para el
2006-2007 los temas: tortura y discriminación.
La Reunión de Altas Autoridades de Derechos
Humanos y Cancillerías del MERCOSUR y Estados
Asociados comenzó a funcionar en mayo de 2005
como un ámbito interestatal para el análisis y
definición de políticas públicas de derechos
humanos.
Actas disponibles en la sección documentos. Más
información: www.observatorio-mercosur.org
<http://www.observatorio-mercosur.org.uy>.
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DERECHOS
ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Indicadores sobre el derecho a la alimentación y el
salario justo |
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Índice de
Precios al Consumidor (IPC) |
|
Mes |
Tasa de variación mensual |
Tasa de variación intermensual |
Tasa de variación acumulada 2006 |
Tasa de variación Interanual 2005/6 |
|
Enero |
0,7 |
x |
x |
-1,2 |
|
Febrero |
0,3 |
-0,4 |
1 |
0,2 |
|
Marzo |
0,9 |
0,6 |
1,9 |
-0,3 |
|
Abril |
0,6 |
-0,3 |
2,5 |
-0,7 |
|
Mayo |
1,6 |
1 |
3,5 |
-0,9 |
|
Junio |
1,9 |
0,3 |
5,5 |
1,2 |
Fuente: Banco Central
de Venezuela (BCV)
http://www.bcv.org.ve/c4/notasprensa.asp?Codigo=4863&Operacion=2&Sec=False
El
Índice de Precios al Consumidor (IPC) del área
metropolitana de Caracas registró en el mes de junio
una tasa de variación de 1,9%, mayor a la del mes de
mayo (1,6%) y a la reportada en junio de 2005
(0,6%). Con este resultado la variación acumulada al
cierre del primer semestre del año 2006 se ubica en
5,5%, la menor para un primer semestre desde el año
1986. El crecimiento de la variación intermensual
del IPC en el mes de junio estuvo determinado por el
alza de precios observada en el grupo Alimentos y
bebidas no alcohólicas, al cual correspondió, por
segundo mes consecutivo, la mayor tasa (4,7% en mayo
y 5,5% en junio). Este comportamiento se debe,
principalmente, a una menor oferta estacional de
algunos productos de origen agrícola. Dicho
resultado también contribuyó a que los bienes y
servicios no controlados se ubicaran en una tasa de
2,7%, similar a la del mes previo (2,8%).
Los productos controlados, por su parte, registraron
un repunte en su tasa de variación, al pasar de 0,4%
en mayo a 1,0% en junio, debido, en especial, a los
incrementos no autorizados de precios que se dieron
en carnes de res, huevos y queso blanco.
Además de Alimentos y bebidas no alcohólicas, otros
4 grupos registraron una variación mayor a la del
mes anterior: Alquiler de viviendas (de 0,4% a
1,0%), Salud (de 0,3% a 0,9%), Bienes y servicios
diversos (de 0,4% a 1,0%) y Restaurantes y hoteles
(de 1,0% a 1,4%).
En sentido contrario, 5 agrupaciones mostraron tasas
menores a la del mes previo: Vestido y calzado (de
1,0% a 0,4%), Transporte (de 0,7% a 0,0%),
Esparcimiento y cultura (de 0,7% a -0,1%),
Equipamiento del hogar (de 2,2% a 0,4%) y Servicios
de la vivienda (de –0,2% a –1,5%).
El comportamiento observado en los productos
agrícolas impulsó un mayor crecimiento de los
bienes, cuya variación pasó de 2,7% a 3,2%, en tanto
que los servicios registraron una tasa similar al
del mes de mayo (de 0,6% a 0,5%).
El núcleo inflacionario, indicador que excluye a los
rubros con precios controlados o administrados y a
los que responden a factores estacionales, arrojó
una variación de 0,7%, con lo cual se mantiene por
debajo de la tasa correspondiente al IPC global
(1,9%). (Banco Central de Venezuela, 05.07.06,
http://www.bcv.org.ve/c4/notasprensa.asp?Codigo=4863&Operacion=2&Sec=False)
Por su parte, el Centro de Documentación y Análisis
de los Trabajadores (Cenda) informó que la Canasta
Básica de Alimentos, Bienes y Servicios del mes de
junio de 2006, tuvo un incremento de Bs. 30.343,
(1,8%), muy similar al del mes de mayo cuando
aumentó Bs. 30.265, (1,8%). Con este incremento
oscilaría de 669.809 a 694.437 bolívares
respectivamente. El incremento en los alimentos fue
determinante, solo este rubro subió Bs. 24.698,
(3,7%). Durante los seis primeros meses de este año
la Canasta Básica de Alimentos, Bienes y Servicios
se ha incrementado en Bs. 111.226, (6,9%). Este
comportamiento es ligeramente más alto al registrado
durante el mismo periodo del año 2005, que fue de
6,7%. (CENTRO DE DOCUMENTACION Y ANALISIS DE LOS
TRABAJADORES: Informe mensual canasta básica de los
trabajadores, junio 2006 [en línea]. Suministrado
por Cenda: <cenda_ac@cantv.net>). Para el mes de
junio, el salario mínimo de 465.750 bolívares cubría
67% del costo de la canasta alimentaria, lo cual
refleja un déficit del poder adquisitivo del ingreso
mínimo de 33%, sólo si se toma en cuenta que se
gastara todo el dinero en comida. (El Nacional,
04.07.06, A/18).
Situación del empleo
El más reciente informe del Instituto Nacional de
Estadística (INE) reportó que el desempleo se ubicó
en 9,7% en el mes de junio, rompiendo así la banda
de 10,2% que se mantuvo durante dos meses, abril y
mayo. De acuerdo con las proyecciones del instituto,
adelantadas por su presidente Elias Eljuri, la curva
de desocupación empezará un ritmo descendente hacia
el segundo semestre y terminará ubicándose en 7% al
cierre de 2006. Las estimaciones del INE coinciden
con las declaraciones de voceros del Ejecutivo y de
diputados de la Comisión de Finanzas, quienes
sostienen que la tasa de desocupación bajará en los
próximos meses, dado que la economía repuntará con
un ritmo más acelerado.
La cantidad de desempleados se ubicó, según datos
oficiales, en el mes de junio, en 1,16 millones (1
millón 164 mil desocupados), correspondientes a una
Población Económicamente Activa (PEA), de 11,9
millones de personas en condiciones de trabajar o
que están buscando empleo. De acuerdo al informe, la
curva descendente se evidencia, porque entre abril y
mayo el número de desocupados era de 1,27 millones
de personas desempleadas, de una PEA de 12,1
millones en estos meses. Se reporta, asimismo, que
la variación interanual (entre junio de 2005 y junio
de 2006), fue de 223 mil 282 personas menos en el
renglón del desempleo, toda vez que la tasa de
desocupación de junio del año pasado, fue de 11,8%,
contra 9,7% de este año; es decir, una disminución
interanual de 2,1 puntos. De la tasa de informalidad
o de personas que carecen de un empleo formal, el
último informe del INE, no hace ningún tipo de
referencia. (Últimas Noticias, 08.07.06, pag. 28)
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DERECHOS
ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Gobierno anuncia evaluación y reparaciones a la
infraestructura del sistema nacional de salud |
De
acuerdo a informaciones difundida por la Asamblea
Nacional la Subcomisión de Salud, en el marco de su
programa Parlamentarismo Social, realizará una
evaluación a todos los hospitales y ambulatorios del
país con carácter de urgencia. El diputado Briccio
Urdaneta (MVR/Lara) explicó que en una primera fase
se seleccionaron catorce hospitales, siendo el
primero de ellos el hospital de Coche. “Se pretende
evaluar el tipo de gerencia que están desarrollando
los directores y subdirectores de los centros
asistenciales”. Los parlamentarios, según Urdaneta,
analizarán el trabajo gerencial de los directores de
salud en los estados, a través de sus planteamientos
y proposiciones como su visión y concepción sobre el
tipo de salud que requieren, de acuerdo con la
realidad del país. El objetivo de esta inspección,
asimismo, será el de conocer el funcionamiento de
los quirófanos de cada hospital para constatar
cuáles están activos e investigar las causas de la
inoperatividad que presentan algunos de ellos; “de
esa manera se buscará la forma más viable de
resolver los problemas que presenten, conjuntamente
con las autoridades hospitalarias”. El asambleísta
afirmó que estimularán el trabajo de las
contralorías sociales que funcionan en los
hospitales y ambulatorios, así como el estado de
funcionamiento de la política de Barrio Adentro en
las comunidades y los desarrollos endógenos
relacionados. (Asamblea Nacional, 29.06.06,
http://www.asambleanacional.gov.ve/ns2/noticia.asp?numn=9437)
Por otra parte, el Consejo de Ministros edición 485
aprobó un crédito adicional a varios ministerios,
entre ellos el de Salud, para consolidar los
proyectos que llevan a cabo estas instituciones. El
ministro de Comunicación e Información (MCI),
William Lara, declaró que se destinaron 13 mil
millones de bolívares para la recuperación del
Hospital Pérez de León, ubicado en Petare, municipio
Sucre. (Prensa Presidencial, 20.06.06,
http://www.mci.gob.ve/noticiasnuev.asp?numn=10384).
En este mismo sentido, la Alcaldía Mayor anunció una
inversión estimada en 194 millardos de bolívares
destinada a los 14 hospitales del Área Metropolitana
de Caracas. La partida ha sido posible gracias a un
convenio suscrito con Petróleos de Venezuela (Pdvsa).
El alcalde Juan Barreto explicó que el desembolso se
realizaría en dos partidas, una en agosto de 46
millardos, y la segunda en octubre de los restantes
148 millardos de bolívares: “El acuerdo con la
estatal petrolera y con el Ministerio de Salud (MS)
también contempla la impermeabilización de los
techos de todos los hospitales”. La máxima autoridad
capitalina contabilizó, durante su anuncio, los
logros de su gestión en materia hospitalaria:
reparación de los 6 ascensores del Hospital José
Gregorio Hernández de Los Magallanes de Catia, así
como la reparación de tres de sus quirófanos y del
sistema de ventilación; la adquisición de 5 plantas
productoras de oxígeno, la compra de 48 ambulancias
y la instalación de tomógrafos y laboratorios en el
Hospital Vargas. Barreto señaló, además, que la
Alcaldía Mayor está a la espera de la aprobación de
los 129 millardos de bolívares que solicitó para la
instalación de equipos médicos y de nuevas morgues.
(Agencia Bolivariana de Noticias, 06.07.06,
http://www.abn.info.ve/go_news5.php?articulo=52780&lee=Array[0])
El gobernador del estado Miranda, Diosdado Cabello,
declaró que la reparación de 117 ambulatorios de la
región es una muestra de la voluntad gubernamental
de reacondicionar la red ambulatoria de Miranda.
“Los 117 ambulatorios que conforman la red de salud
de la entidad, están siendo refaccionados en su
totalidad, pero no de manera superficial sino con
reparaciones de fondo que nos permiten garantizar
una infraestructura de óptima calidad y unos
servicios de salud acordes con las necesidades de la
población”, manifestó. Además, Cabello informó que
en un mes tienen pautada la entrega del centro
médico de alta tecnología que estará ubicado en
Chuao, así como los inicios de la construcción de la
unidad especial para tratar a los niños con cáncer y
a las personas que presenten quemaduras de tercer
grado, en el Hospital Victorino Santaella, de Los
Teques. (Agencia Bolivariana de Noticias, 05.07.06,
http://www.abn.info.ve/go_news5.php?articulo=52675&lee=Array[0]).
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DERECHOS
ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Alerta epidemiológica por brote de dengue en el país |
El 26.06.06 la dirección regional de Salud del
estado Amazonas decretó la emergencia
epidemiológica para frenar el brote de dengue
que había afectado, según el registro de casos
certificados, a 340 personas. Antonio Rivero,
director nacional de Protección Civil, informó
que en el municipio Átures de Puerto Ayacucho se
registraron tres decesos, presumiblemente
ligados a esta enfermedad. Lluvias. Según
Rivero, en Amazonas se desató una fuerte
temporada de lluvias, la cual ocasionó la
crecida de Río Negro y el alto Orinoco. “Aunque
no hubo inundaciones la cantidad de agua que
corrió por los poblados alborotó el mosquito
transmisor del dengue”. Como respuesta,
Protección Civil llevó a Puerto Ayacucho tres
toneladas de insumos médicos quirúrgicos, además
de mosquiteros, camas para hospitalización y
material para abatizar al zancudo patas blancas,
transmisor del dengue. (Ultimas Noticias,
26.06.06, pag. 2).
Un día después el Ministerio de Salud, en su
reporte epidemiológico correspondiente a la
semana 24, constataba que en el país se
registraban mil 184 casos de dengue, siendo los
estados más afectados Zulia (323), Barinas
(138), Lara (119), Mérida (90), Táchira (78),
Amazonas con (53) y Distrito Capital (27). El
informe destacaba que en el caso de Amazonas, en
todo el año se han reportaron 340 casos, de los
cuales 57 se registraron en la tercera semana de
junio. El doctor Manuel García, del departamento
de Epidemiología del Ministerio de Salud, afirmó
que el repunte de la enfermedad era explicable
por el adelanto de las lluvias. El año pasado,
dijo, por esta fecha contabilizamos cerca de
900. García informaba, además, que en las
últimas semanas, debido a los cambios
climáticos, ha habido un aumento de las
enfermedades infecto-respiratorias agudas. El
galeno cuantificaba en más de 100 mil los casos
atendidos semanalmente en los hospitales del
territorio nacional. (Ultimas Noticias,
27.06.06, pag. 2)
El presidente del Instituto de Salud Pública (ISP)
del estado Bolívar, Aldo Barletta, indicó que se
había reforzado la vigilancia epidemiológica en
las zonas limítrofes con el estado Amazonas,
zona donde se detectaron casos de dengue.
Además, se había ordenado la alerta sanitaria en
los ambulatorios y en los hospitales de toda la
entidad, con el fin de ubicar y de atender de
inmediato cualquier paciente sospechoso de haber
contraído esa enfermedad. Para Barletta, “el
dengue es una enfermedad endémica en el estado
Bolívar, por lo que su erradicación es
prácticamente imposible”. Sin embargo, aseguró
que este flagelo ha sido controlado
efectivamente en los últimos dos años en toda la
zona Sur del país como lo demuestra el hecho de
que para el primer semestre de 2006 se
reportaron 450 casos comprobados, cifra muy
inferior a los 638 casos registrados en los
primeros seis meses del año 2005. (Agencia
Bolivariana de Noticias, 29.06.06,
http://www.abn.info.ve/go_news5.php?articulo=51998&lee=Array[0]).
La misma estrategia fue asumida por las
autoridades sanitarias del estado Monagas. Tras
el diagnóstico de 14 casos en 4 días, la
Dirección de Salud Ambiental y Contraloría
Sanitaria del estado Monagas declaró la alerta
en la entidad. (El Nacional, 29.06.06, B/21).
El 04.07.06 los miembros de la Comisión de
Desarrollo Social de la Asamblea Nacional (AN)
sostuvieron una reunión con representantes de la
Dirección Regional de Salud del estado Amazonas.
El objeto del encuentro era revisar las
estrategias aplicadas por el Ministerio de Salud
(MS) para el control del brote de dengue
registrado en esa entidad federal. El anuncio
fue realizado por el diputado Briccio Urdaneta,
quien manifestó que de esta forma se buscaba
superar la situación de alerta epidemiológica
decretada en Amazonas, además de los estados
Carabobo, Zulia, Lara, Barinas, Táchira, Mérida
y Distrito Capital, donde se registraba el mayor
número de casos. (Agencia Bolivariana de
Noticias, 03.07.06,
http://www.abn.info.ve/go_news5.php?articulo=52490&lee=Array[0])
Para el doctor José Manuel García, director de
Epidemiología y Análisis Estratégico del
Ministerio de Salud, el trabajo
interinstitucional realizado por diversos
actores del poder central apoyando a los estados
y las alcaldías en la puesta en marcha del Plan
de Acción "Venezuela sin dengue", comenzará a
generar resultados con la disminución de
afectación de dengue en los humanos. "En cada
uno de ellos –los estados afectados- se
identificaron los actores, es decir
coordinaciones regionales y municipales de los
comité de Salud, Mesas Técnicas de Agua,
Vigilancia Epidemiológica, Salud Ambiental,
Barrio Adentro, Misión Cubana, Misión Ribas,
Misión Vuelvan Caras, Misión Sucre, quienes han
recibido capacitación sobre el tema de dengue y
las medidas de eliminación de criaderos del
mosquito Aedes aegypti". García hizo referencia
a las acciones de control que contempla la
fumigación y la abatización, las cuales también
se han aplicado en los sectores ya mencionados y
que esta destinada a la eliminación del mosquito
en etapa adulta y los criaderos. El especialista
aclaró que hasta ahora los criaderos más comunes
son los cauchos, los pipotes para almacenar agua
potable y los desechos sólidos, para cada uno de
ellos existen recomendaciones que funcionan para
la no existencia de criaderos del mosquito.
(Ministerio de Salud, 03.07.06,
http://www.gobiernoenlinea.ve/noticias-view/ver_detalles.pag?idNoticia=53803)
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DERECHOS
ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
"La
salud es un Derecho Humano" en su tercera edición |
|
En su tercera
edición, Provea acaba de editar nuevamente su folleto
"La salud es un Derecho Humano", en una edición
corregida y actualizada. Mediante un lenguaje sencillo y
pedagógico, la intención del texto es describir una
visión integral para abordar el acceso a la salud desde
una perspectiva de Derechos Humanos. "La Organización
Mundial de la Salud la define como el estado de completo
bienestar físico, mental y social y no solamente como la
ausencia de enfermedades". Los apartados del
folleto se dividen en 7 secciones: Introducción; ¿Por
qué la salud es un derecho
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humano?;
Características y principios del Derecho Humano a la
Salud; La garantía del Derecho a la Salud,
responsabilidad del Estado, La comunidad y el
Derechos a la salud; ¿Y ahora qué? y como capítulo
final, anexos de los instrumentos básicos para la
protección del derecho humano a la salud. El costo
del folleto es de 7.000 bs y puede adquirirse en la
sede de Provea (Bulevar Panteón, Puente Trinidad a
Tienda Honda, Edificio centro Plaza Las Mercedes,
PB, local 6, Parroquia Altagracia), por los
teléfonos (0212) 860.66.69 y 862.10.11 o por el
correo electrónico publicaciones@derechos.org.ve
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DERECHOS
ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Grupos sociales de Maracaibo se unen a la semana
internacional contra el G8 con acciones contra la
explotación del carbón |
“En consonancia con las voces mundiales que
reclaman la coherencia de la intervención humana
en aras de preservar nuestra permanecía en el
planeta, diferentes colectivos de la ciudad de
Maracaibo auspician del 10 al 15 de julio una
semana para la reflexión y el accionar en pro
del agua, la diversidad biológica y la vida y en
contra del paso destructivo de las políticas
energéticas mundiales”. De esta manera comienzan
su comunicación diferentes grupos sociales del
estado Zulia, quienes organizaron varias
actividades para protestar por el aumento de la
explotación carbonífera en la región. Los
eventos se desarrollan en la semana que culmina
el día 15 de julio cuando internacionalmente se
realizarán acciones en contra de los Cambios
Climatológicos y el grupo de los 8 países más
ricos e industrializados del mundo, quienes se
reunirán en San Petersburgo, Rusia, bajo la
temática de "seguridad energética". Las charlas,
proyecciones de videos y documentales y
presentaciones de agrupaciones musicales se
realizaron en los espacios del Centro de Arte de
Maracaibo Lía Bermúdez (CAMLB), Universidad
Bolivariana de Venezuela (UBV), Universidad
Cecilio Acosta (UNICA) y La Universidad del
Zulia (LUZ).
El 15.07.06 se realizaría una concentración, en
la esquina de la Avenida 5 de Julio con Avenida
Las Delicias, bajo las consignas “contra el
modelo neoliberal promovido por los países
desarrollados (Grupo de los 8)”, “Concentración,
pancartas, colores, volantes, gritos, miradas,
denuncias contra el modelo energético amparado
en la quema de combustibles fósiles”,
“Concentración por la agroecología, por el
cariño sustentable a la madre Tierra”, “No a la
explotación del carbón en la Serranía de Perijá,
“Territorios para los Indígenas sin minas de
carbón y sin ganaderos”, “¡Por nuestros
indígenas, por la diversidad biológica, por el
agua!”, “Por la coherencia entre la palabra y la
acción”, “Por el agua y la vida” y “Tras la
huella del modelo energético”. Contactos con
esta iniciativa por el correo electrónico
resistenciaindigena_ve@hotmail.com.
Por otra parte, el sábado 01.07.06, en un salón
de la Escuela Técnica Agropecuaria de Machiques,
estado Zulia, autoridades y representantes
indígenas Bari, Yukpa y Wayúu del Socuy de la
Sierra de Perijá se encontraron en un dialogo
intercultural para estimar la situación actual
del proceso de Demarcación de Tierras Indígenas
y concretar sus exigencias. En consenso los
caciques y voceros de 20 comunidades indígenas
de la Sierra de Perijá presentes exigieron a la
Comisión de demarcación gubernamental la entrega
de los títulos colectivos de tierras indígenas
libres (saneados en vocabulario legal) de minas
y de ganaderos; Que se respete y considere la
auto-demarcación establecida por las comunidades
indígenas quienes están en pleno derecho y
facultad de reconocer pertinentemente los
espacios vitales para su organización política,
su cultura, su cosmovisión y su seguridad; Mayor
participación y convocatoria en el estudio y
discusión del proceso de Demarcación y la
exigencia a los medios de comunicación local
(Diario Panorama y Diario La Verdad) aliados
juntos del poder terrateniente en la zona, el
cese mediático que intenta una campaña de
deshonrosa tratando de vincular miserablemente
la convivencia de las comunidades Yukpa y Barí
de Bokshí, especialmente, con los movimientos
insurgentes o irregulares en el Municipio
Machiques. (Aporrea, 04.07.06,
http://www.aporrea.org/medios/n80245.html)
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DERECHOS
ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Gandoleros y campesinos zulianos contra la empresa
explotadora del carbón |
Un grupo de transportistas del carbón,
procedentes del estado Zulia, se mantienen
movilizados y han realizado varias protestas por
haber sido despedidos injustificadamente por el
presidente de Corpozulia, Carlos Martínez
Mendoza, después de denunciar a grandes
transportistas "disfrazadas" de cooperativas.
Varios trabajadores denunciaron que Corpozulia y
Carbones del Guasare realizaban las
transferencias de dinero a las cooperativas para
que honraran los compromisos con sus
trabajadores, pero sólo hacían llegar la tercera
parte de los recursos a los transportistas.
Es por ello que tomaron la iniciativa de parar
los puestos de embarque de Santa Cruz, por 11
días. El 19.05.06 260 trabajadores y
organizaciones protestaron frente al palacio de
Miraflores. Luego de un día fueron atendidos por
la procuradora del trabajo Xiomara Cardozo y
funcionarios de la casa militar, quienes les
propusieron darles pasajes para el retorno a
Maracaibo, así como bolsas de comida, pero sin
tramitar la audiencia presidencial. Carlos
Enrique Velásquez, representante de los
Gandoleros y transportistas de la etnia Wayuu de
las minas del Guasare declaró: “Estamos
denunciando un caso de explotación humana de los
indígenas Wayuú de los municipios Mara, Páez y
Padilla.. Las cooperativas no nos han cumplido
con nuestras reivindicaciones laborales, además
ellos están acabando con el ecosistema”. Nerio
Marcano, representante de la Coordinadora
Agraria Nacional Ezequiel Zamoraafirmó: “Nos
avocamos a la defensa y la lucha de nuestros
aborígenes y campesinos en las zonas de
explosión del carbón que cuando se utilizan los
explosivos generan una contaminación, cuando
llega la lluvia las vertientes arrastran esa
contaminación y llegan al lago de Maracaibo,
afectando las comunidades aledañas… estas
tierras son de los aborígenes Wayyú, Bari y los
Yucpas y están en manos de las transnacionales.
Estas concesiones deben ser preguntadas a las
comunidades, quienes dicen no a la explotación
del carbón. Existe una nueva ley de hábitat y
pueblos indígenas donde todos los territorios
indígenas deben ser respetados y si por
cualquier causa deben ser utilizados, debe
hacerse una asamblea de ciudadanos quienes
tomaran la decisión”. El representante de la
Coordinadora Agraria Nacional Ezequiel Zamora
invitó a todas las organizaciones ambientales a
enfrentar estas problemáticas, haciendo un
llamado a la solidaridad con estos trabajadores
y movimientos campesinos. (Leonardo Castillo,
05.07.06,
http://www.aporrea.org/endogeno/a23275.html).
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DERECHOS
ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Condiciones y medio ambiente en el trabajo: un derecho
humano fundamental |
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Francisco González, profesor de la Universidad
Centro-occidental Lisandro Alvarado (UCLA) y fundador
del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad
Laborales (Inpsasel), trató el tema de la seguridad
laboral en el VII Seminario sobre Derechos Económicos,
Sociales y Culturales (DESC) organizado por Provea. El
evento fue realizado en la semana del 26 al 30 de junio
en las instalaciones del Centro al Servicio de la Acción
Popular (Cesap) en Caracas.
Durante su intervención González enfatizó la importancia
de una perspectiva amplia para entender el bienestar
laboral: “La salud en el trabajo es un derecho humano
fundamental, es importante que las comunidades y los
trabajadores entiendan que eso forma parte de nuestros
derechos fundamentales para poder luchar por ello y
conquistar mejoras”.
Para el profesor universitario los accidentes en el
trabajo no son eventos fortuitos y hay que vincularos a
su contexto: “El modelo neoliberal, ha precarizado
terriblemente las condiciones de trabajo y aumentado los
daños no solamente a la salud de los trabajadores sino
al medio ambiente. Hay que abordar el tema de la salud
en el trabajo de manera integral, entender que esta
íntimamente vinculado con el modo de producción. El
trabajo es un proceso económico social histórico
determinado por estos componentes y con los elementos
que lo integran, y que en la sociedad capitalista tiene
un proceso de valorización y que procura, el modelo
capitalista, duplicar el capital, generar ganancias y
plusvalía. Existen diferentes estrategias para que esta
plusvalía sea cada vez mayor, y estas pueden ocasionar
graves efectos sobre la salud de los trabajadores y
trabajadoras. Este tema no es nuevo, ya Carlos Marx
dividía teóricamente la vida de los trabajadores en dos
grandes momentos: el momento de producción, que esta
expuesto a los riesgos en el trabajo, y que dependiendo
del tipo de trabajo se determinan también los tipos de
daños a la salud. El precursor de la medicina en el
trabajo, un italiano llamado Bernardo Ramazini, en 1701
publico un libro “discusión sobre las enfermedades de
los artesanos”, en el que acuñó una máxima “dime en que
trabajas y te diré de que padeces”. El perfil de
enfermarse y morir es diferente según el trabajo que se
haga. Enferman y mueren de distinta manera los mineros
a como lo hace un chofer. Por este trabajo se percibe un
salario y este sirve el segundo momento, el de la
reproducción, para recuperar el desgaste y tener calidad
de vida”.
Gonzalez realizó un recuento histórico de las
reivindicaciones y avances acerca de la seguridad
laboral en el país: “En 1950 ya el doctor Emilio
Venizales Guedez, pionero del tema de la salud en el
trabajo, comenzó a realizar demandas públicas. Ya en la
primera huelga petrolera, realizada en 1936, incorporaba
demandas que tenían que ver con condiciones de trabajo:
acceso a agua fría por ejemplo, recordemos que esa
actividad se realizaba en el sur del lago de Maracaibo,
asuntos de condiciones de vivienda en las barracas, etc.
Este proceso de lucha de los trabajadores y trabajadoras
en Venezuela, con el proceso constituyente después de
una amplia consulta nacional, propusimos a la Asamblea
Nacional (AN) que se incorporara como derecho
constitucional. Hoy esta incorporado como articulo 87 de
la Constitución del 99. Luego tenemos reconocido también
en la constitución, en el artículo 23 la ratificación de
los convenios internacionales, como los suscritos con la
OIT que protegen el tema de la salud en el trabajo.
Asimismo tenemos la ley orgánica que es la ley
específica, también la ley de seguridad social”.
Para demostrar la situación de los accidentes laborales,
el conferencista resaltó algunas cifras. “La OIT en su
informe de abril 2006 reporta que cada año mueren mas de
2 millones de trabajadores/as producto de enfermedades y
accidentes relacionados con el trabajo en el mundo. Y
recientemente en un evento realizado en la Habana, una
experta de la OIT señalaba que cada día mueren mil
trabajadores en accidentes de trabajo. Hoy ellos
contabilizan 365.000 accidentes de trabajo cada año, son
mil padres de familia, en su mayoría hombres, que van a
buscar el sustento y no regresan”. El experto también
citó estadísticas sobre Venezuela: “En el año 2005
ocurrieron por lo menos 287.000 accidentes de trabajo,
casi 24.000 por mes y más de 700 accidentes diarios. Las
estimaciones internacionales dicen que por lo menos el
10% de los accidentes dejan algún tipo de secuelas o
incapacidad. Las muertes se estiman en 1500 muertes por
año, mas muertos que cualquier epidemia activa en el
país. Las pérdidas para los países industrializados como
el nuestro pueden llegar hasta 10 puntos del Producto
Interno Bruto (PIB)”.
Para Gonzalez, las principales enfermedades relacionadas
con el trabajo ocurridas en Venezuela son Trastornos
músculo–esqueléticos (hernias discales), intoxicaciones:
plomo, mercurio, solventes y plaguicidas, enfermedades
respiratorias, hipoacusia (sordera) y enfermedades de la
piel. Asimismo, resaltó como un avance de primer orden
la Reforma de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones
y Medio Ambiente de Trabajo (Lopcymat), una ley
propuesta desde 1977, aprobada en 1986 con una demora de
16 años para ponerse en práctica. Con este articulado,
entre otros derechos, los y las trabajadoras tienen
derecho a participar en la vigilancia, mejoramiento y
control de las condiciones y medio ambiente de trabajo y
a la prevención de enfermedades y accidentes
profesionales. Así como la elección de delegados o
delegadas de prevención y la constitución de los Comités
de Seguridad y Salud Laborales.
Si desea descargar la presentación, en formato
powerpoint, del profesor Francisco González de la UCLA, presione aqui.
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DERECHOS
ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Inestabilidad
institucional retrasa ejecución de planes de vivienda |
A finales del mes de junio, los medios de comunicación
se hicieron eco de la preocupación de diferentes
damnificados sobre el insistente rumor de la eliminación
de algunos de los planes destinados a las familias sin
hogar. La aseveración tenía origen en el presunto cambio
de las autoridades del Ministerio de Hábitat y Vivienda
(MVH). La especie fue confirmada el 01.07.06, cuando los
medios de comunicación informaron sobre la confirmación
de la salida de Luis Figueroa de la cartera de Vivienda,
quien había sido el tercer ministro del sector durante
la gestión del presidente Hugo Chávez y cumplió ocho
meses en su cargo. (El Mundo, 01.07.06, pag. 1). La
destitución del funcionario no tuvo una explicación
oficial, pero trascendieron algunas versiones que
aseguraban que la decisión era motivada por el retraso
en la entrega de nuevas viviendas. Figueroa había
prometido culminar 150 mil unidades habitacionales
durante el presente año, con una meta parcial de
entregar 60 mil en el primer semestre. El 30.06.06, aún
en funciones, el ministro difundió una comunicación en
la que cuantificaba las viviendas culminadas durante el
año: "hasta la fecha han sido entregadas 35 mil 500
casas (...), 12. 355 casas les faltan detalles finales
de pintura; 12.262 están en proceso de colocación de
cerámicas y piezas sanitarias; 36 mil en cerramiento; 29
mil le falta por colocación de techos y 25 mil en
conformación de terrenos". (Ultimas Noticias, 02.07.06,
pag. 28). Otra de las causas que se ventilaron como
responsables de la salida de Luis Figueroa, son las
constantes protestas de damnificados y personas que
esperan les sean adjudicadas viviendas, quienes han
denunciado que en el Consejo Nacional de la Vivienda (Conavi),
continúan las extorsiones y les piden dinero para los
trámites, así como la entrega de certificados de riesgo
falsos. En una declaración a los medios, el ex ministro
descalificó las protestas y afirmó que eran
protagonizadas por “falsos damnificados” (Ultimas
Noticias, ídem).
El 03.07.06 el Ministerio de Comunicación e Información
(MCI) informó que mediante el Decreto 4.638 Ramón Alonzo
Carrizalez, antiguo titular del ministerio de
Infraestructura, era nombrado como nuevo Ministro de
Vivienda y Hábitat. Carrizalez Rengifo ocupó la cartera
del Minfra desde abril del 2004 y se le atribuye el
impulsar los lineamientos de la Misión Vivienda, cuando
ésta pertenecía a su despacho y mas recientemente el
avance de las construcciones de la línea 3 y 4 del Metro
de Caracas, del Metro de Los Teques, Valencia y
Maracaibo, el Sistema Ferroviario Caracas-Tuy Medio y el
diseño y ejecución del viaducto alterno y la vía de
contingencia, para comunicar al Estado Vargas con
Caracas, entre otras grandes obras de infraestructura.
Asimismo, se difundió que por resolución de la Gaceta
Oficial Número 38.470, con fecha viernes 30.06.06, bajo
el decreto N° 4.639 de la Presidencia de la República,
fue nombrado como nuevo Ministro de Infraestructura el
ciudadano José David Cabello Rondón. Cabello Rondón,
quien fuera Viceministro de Servicios del Minfra durante
la pasada gestión, ocupó el cargo de Director General
del Instituto Autónomo Aeropuerto Internacional de
Maiquetía (IAAIM), fue presidente del Consejo de
Administración del mismo Instituto y actualmente es el
máximo representante de la línea Aérea Estatal Conviasa.
(Ministerio de Comunicación e Información, 03.07.06,
http://www.mci.gob.ve/noticiasnuev.asp?numn=10485). En
la Gaceta del 29.06.06, se publicó la designación de
Jorge Luis Rodriguez, como presidente de la Junta
Liquidadora del Conavi, para sustituir a Julio Portales,
del equipo de Luis Figueroa. (Últimas Noticias, ídem).
Trascendió que el nombramiento de Ramón Carrizales como
ministro de la Vivienda y Hábitat, preocupó al sector
privado de la construcción en el país. En primer lugar
sostienen que los planes que ya se habían adelantado en
materia de construcción de viviendas podrían retrasarse
mientras el titular de esta cartera se empapa de su
nueva función. “Ahora viene una curva de aprendizaje
para el ministro Carrizález que va a llevar tiempo. Por
ejemplo, debe empaparse de todos los planes de
construcción que se han adelantado. Ojala no se eche
para atrás todo lo que se ha aplicado”, declaró Luis
Emilio Vegas, presidente de la Cámara Inmobiliaria de
Venezuela. Diversas fuentes ligadas al sector privado
afirman que el cambio de ministro pudiera tener su
origen en la importancia dada por Figueroa al sector
privado para el cumplimiento de las metas en vivienda.
(El Nacional, 04.07.06, A/18)
Ante la incertidumbre, las personas sin casa propia han
continuado presionando para acceder a una vivienda
digna. Un grupo de damnificados procedentes de
Portuguesa, Vargas y Caracas aparentemente encerraron en
la sede del Banco Nacional de Hábitat y Vivienda al
nuevo ministro como protesta. Cerca de 70 mujeres
trancaron las puertas exigiendo que se continúe con el
programa 8 de vivienda que llevaba adelante el ministro
Figueroa. Aunque la presencia de Carrizález en la sede
del banco no fue confirmada, a finales de la tarde
funcionarios de la Guardia Nacional dispersaron a las
manifestantes, algunas de ellas con niños, con
lacrimógenas para dejar salir tres camionetas negras, en
una de las cuales, presuntamente, iba el nuevo ministro.
(El Universal, 04.07.06, http://noticias.eluniversal.com/2006/07/04/ccs_art_04401D.shtml).
En su informe anual 2005, Provea apuntaba como uno de
los retrocesos del sector la ausencia de una política
integral en vivienda y hábitat aunada a la dispersión
institucional heredada de las gestiones anteriores. La
poca estabilidad de los funcionarios encargados del
diseño y ejecución de las políticas en el sector ha
recrudecido esta realidad, aumentando la incertidumbre
de los adjudicatarios y familias que esperan poder
satisfacer su derecho al acceso a una vivienda digna.
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DERECHOS
ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Instituto Nacional de Tierras anuncia recuperación de
millón y medio de tierras para este año |
Juan
Carlos Loyo, presidente del Instituto Nacional de
Tierras (Inti), anunció que se mantiene el objetivo de
recobrar millón y medio de hectáreas para el cierre de
2006. Para ello, el funcionario estima que mantendrán el
ritmo de los procesos de recuperación de tierras para
impulsar su distribución entre los pequeños y medianos
productores y erradicar el latifundio y la ociosidad.
Desde enero de este año el Inti ha recuperado unas
500.000 hectáreas sin contar las 334.500 que obtendrán
con la aplicación de medidas cautelares a 53 predios
ubicados en 14 entidades. De esta manera, serían 834.500
hectáreas que ya estarían en manos del Gobierno para
proyectos agroalimentarios. Sin embargo, para alcanzar
la meta anual, aún restan 665.500 hectáreas de tierras
que deben ser recuperadas. (El Mundo, 01.07.06, pag. 6).
Loyo informó que en un período de 15 días se iniciaría
la aplicación de medidas cautelares sobre 53 predios
ubicados en 14 entidades regionales del país. Indicó que
ya se comprobó que el Inti es propietario de estos
terrenos o que éstos son de carácter público o baldíos,
ocupados ilícita o ilegalmente. “Todos están en
conocimiento de que éstas son tierras declaradas ociosas
o incultas y, a su vez, se les hizo la investigación
jurídica que evidenció que son tierras de la nación; es
decir, tierras públicas”. Los terrenos donde se
aplicarán estas medidas están ubicados en Amazonas,
Apure, Anzoátegui, Barinas, Bolívar, Miranda, Cojedes,
Falcón, Guárico, Lara, Portuguesa, Sucre, Táchira y
Zulia. (El Nacional, 01.07.06, A/14). El 03.07.06 el
Inti publicó los carteles de notificación en los que
declara como tierras ociosas 31 fundos ubicados en 10
estados. Con esta acción se inició la aplicación de las
medidas cautelares anunciadas sobre los predios, los
cuales tienen una extensión de 270 mil hectáreas. El
presidente del inti manifestó que el objeto de las
medidas cautelares es poner a producir las tierras, por
lo que una vez iniciado el proceso de rescate se debe
"permitir el ingreso de grupos organizados o no de
campesinos, a los fines de poner las tierras en
producción". (Ultimas Noticias, 04.07.06, pag. 16).
Por su parte el ex diputado de la Asamblea Nacional,
Pedro Pablo Alcántara, opinó que la entrega de medidas
cautelares por parte del Inti, para iniciar en ellas
procesos de rescate, son ilegales. "La ocupación previa
de las fincas, antes de que un tribunal se pronuncie
sobre el origen de la propiedad, viola las garantías al
debido proceso que están establecidas en la Constitución
Nacional". El antiguo parlamentario afirmó que
actualmente se ha interpuesto otro recurso de nulidad
del artículo 85 de la Ley de Tierras ante el Tribunal
Supremo de Justicia, el cual ya fue admitido por el
Máximo Tribunal. “Estamos esperando a que nos llamen
para las audiencias públicas, para explicar el por qué
es ilegal la aplicación de este artículo". (El
Universal, 04.07.06, http://noticias.eluniversal.com/2006/07/04/eco_art_04202E.shtml)
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DERECHOS
ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Propuestas
y exigencias de Provea a los poderes públicos sobre los
derechos de los pueblos indígenas |
• Formulación de Políticas públicas claras y
específicas en relación con los Pueblos Indígenas
venezolanos, en particular en materia de salud,
educación y seguridad fronteriza, con la
participación protagónica de los propios pueblos a
través de sus líderes comunitarios tradicionales y
de sus organizaciones sociopolíticas.
• Impulsar el derecho al etnodesarrollo de los
Pueblos Indígenas, respetando su diversidad cultural
y su cosmovisión.
• Declaración de la emergencia en materia sanitaria,
ambiental y fronteriza respecto a los Pueblos
Indígenas, para afrontar de forma articulada,
coherente, respetuosa y participativa la gravedad de
la situación indígena en dichas materias.
• Avanzar de forma eficaz y diligente en el proceso
de demarcación territorial indígena garantizando el
protagonismo de los líderes tradicionales, la
diversidad sociocultural de los Pueblos y
autorizando los recursos técnicos y financieros
necesarios.
• Priorizar la realidad de los Pueblos y Comunidades
con vulnerabilidad territorial y ambiental (Barís,
Kuivas, Japrerias, Sanemos, Yabanas, Yukpas y Waraos),
mediante una predemarcación a escala cartográfica
1:250.000, así como los de aquellos que ya
adelantaron o culminaron su proceso demarcatorio (Ye´kwanas,
Sanemos, Pemontön).
• Propiciar por parte del Ejecutivo Nacional la
realización de los estudios de impacto sociocultural
y ambiental establecidos en la CRBV y en otras leyes
de la República y el respeto a los mecanismos de
consulta real y vinculante a los Pueblos Indígenas,
la cual incluye la información suficiente y
necesaria sobre los proyectos, hechos en los idiomas
nativos de manera que puedan ser analizados y
comprendidos en toda su dimensión y para que
conozcan los riesgos a los cuales se verán sometidos
estos Pueblos Indígenas ante proyectos sobre sus
territorios.
• Dar cumplimiento inmediato a los compromisos
políticos, administrativos, judiciales y financieros
con el Pueblo Yanomami, contraídos ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos a raíz de la
Masacre de Haximú.
• Declarar la emergencia en materia lingüística de
los Pueblos Indígenas Akawaio, Añú, Arawako, Baniwa,
Baré, Chaima, Hoti, Ka´riña, Piapoco, Puinave,
Mapoyo, Uruak, Warao, Warekena, Yeral y Wuanai, a
fin de preservarlos de la extinción o erosión
lingüística.
• Garantizar los recursos técnicos y financieros de
la Educación Intercultural y hacerla extensiva
progresivamente al resto de la población venezolana.
• Garantizar inmediatamente que todas las Misiones
desplegadas en Comunidades Indígenas respeten la
cultura, la lengua, la medicina tradicional, las
leyes internas, la educación intercultural bilingüe
y su cosmovisión, entre otras cosas.
• Aprobar en un plazo breve y con la participación
amplia y efectiva de los pueblos indígenas y de sus
líderes tradicionales la Ley Orgánica de Pueblos y
Comunidades Indígenas.
• Aplicar mecanismos de comunicación que permitan
dar a conocer las implicaciones socioculturales y
socioambientales de los Proyectos del Ejecutivo
Nacional: Proyectos de Puertos de Aguas Profundas,
Explotación del Carbón en la Sierra de Perijá,
Plataforma Gasífera Deltana, Proyecto Delta
Biodiversidad, Proyectos de zonas francas
fronterizas, Proyecto de Represas Hidroeléctricas,
Proyecto de Gasoducto Venezuela-Brasil- Argentina,
Proyecto de Gasoducto y oleoducto Colombia
-Venezuela, nuevos Planes de explotación petrolera y
gasífera, y explotación minera en la Reserva
Forestal de Imataca .
• Investigar y sancionar todo hecho que constituya
una violación del derecho a la vida o situaciones de
tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes de
todos los Indígenas, particularmente en los casos de
los niños Pume / Yaruros en el Edo Apure y del
Indígena Pemón Miguel Sanz, ocurrida en el Edo.
Bolívar.
• Investigar, por parte del MSDS, sobre los impactos
del uso de los medicamentos y vacunas aplicadas a
indígenas del Edo Amazonas y sus riesgos
secundarios, en especial respecto de la Invermectina
y su relación con efectos de carcinogénesis,
mutagénesis, teratogénesis y sobre la fertilidad.
• Investigar las causas del éxodo Warao y buscar
soluciones para evitar que continúe, con el fin de
que puedan llevar una vida digna en su territorio.
(Provea, 07.07.06.
http://www.derechos.org.ve/publicaciones/infanual/2004_05/Propuestas.pdf)
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DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
Rafael Ugas
continúa bajo hostigamiento judicial |
Tras solicitar una
caución juratoria -medida sustitutiva en la que el
imputado se compromete a mantener buena conducta, no
salir de la ciudad y presentarse cada 8 días en el
tribunal-, el 06.07.06 salió en libertad el
activista de Derechos Humanos Rafael Ugas. Tras 34
días de detención en la denominada "Zona 7" de
Boleíta, Ugas debe afrontar en los tribunales 4
imputaciones en su contra, a saber: acusación de
instigar una huelga de hambre en el recinto
penitenciario "San Juan de Lagunillas" de Mérida;
querella presentada por el Coronel de la Guardia
Nacional (GN), Pablo Daniel Medina Cornivelli;
presunta invasión del Edificio Don Camilo y por
obstrucción de la justicia, esta última la que
originó su última detención.
En la sede de Provea, Ugas denunció las malas
condiciones de los internos recluidos en la Zona 7,
un recinto para cumplir medidas temporales de
restricción de libertad a cargo de la Policía
Metropolitana. El activista relató como en la
habitación en la que se encontraba recluido se
encontraban detenidos 28 personas, las cuales tenían
que dormir en el piso una al lado de otra. Los
familiares tenían que sufrir una serie de
humillaciones para poder visitar a los internos,
entre otras, depositar la comida que llevaban a sus
familiares en bolsas plásticas, las cuales después
de varias horas era entregada a sus destinatarios.
En ocasiones, los alimentos eran dados en
condiciones de descomposición. Dado que la
habitación en la que se encontraban no poseía
servicios sanitarios, los internos hacían sus
necesidades en una de sus esquinas, la cual podían
lavar una vez al día. Rafael Ugas resaltó la
presencia de armas dentro de las celdas, "conté 22
chuzos dentro de la habitación, yo también tuve que
comprar uno para asegurar mi integridad física". Las
peleas son frecuentes en dichas condiciones, y Ugas
trató de disminuir la agresividad de los internos
hablándoles sobre sus derechos humanos, "hay más
humanidad en los presos que en los policías. Me
fotografiaron varias veces en poses como si fuera un
trofeo".
El 07.07.06 Ugas se presentó en el tribunal 22 de
control para comparecer por la denuncia de
difamación en su contra presentada por el Coronel de
la GN. Ugas no había podido presentarse antes debido
a su reclusión en Zona 7, pero el juzgado
dictaminó que debía ser internado de nuevo por
incumplimiento del régimen de presentación.
Actualmente se encuentra detenido en el centro de
reclusión transitorio de El Rosal, bajo la
jurisdicción del Cuerpo de Investigaciones
Científicas Penales y criminalisticas (CICPC).
Luis Rafael Ugas es presidente de la Fundación para
las Garantías, Prevención y Defensa de los Derechos
Humanos (FUNGAPDEHCA), y su caso ha suscitado el
interés de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos (Cidh).
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DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
CIDH
ordena medidas provisionales a favor de María del
Rosario Guerrero Gallucci y Adolfo Segundo Martínez
Barrios |
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Una Resolución dictada el 04.07.06 por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ordena la
adopción de medidas provisionales a favor de María
del Rosario Guerrero Gallucci y Adolfo Segundo
Martínez Barrios. Esta medida insta al Estado venezolano
la adopción de las medidas necesarias para proteger las
inminentes violaciones a la vida y a la integridad
personal de Gallucci y Martínez.
Como se recordará, la señora Guerrero Gallucci es
integrante del grupo de derechos Humanos del estado
Guárico, “Soldados de Justicia, Paz y Libertad en la
Cruzada Contra la Impunidad”. Su organización había
denunciado la presunta participación de la policía
estadal
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en las ejecuciones realizadas, a más de 100
personas, en la región en los últimos cinco años.
Tras ser víctima de extorsión, presuntamente a cargo
de funcionarios policiales, y ser citada como
testigo en el caso iniciado contra el periodista
Miguel Salazar por parte del gobernador Eduardo Manuit, la Fiscalía dictó a su favor medidas de
protección, custodia y apostamiento policial. El
21.04.06 Gallucci y su esposo, Martínez Barrios,
fueron víctimas de un atentado contra sus vidas, en
el cual recibieron varios impactos de bala. Tras el
incidente varias organizaciones de Derechos Humanos
remitieron su caso al CIDH.
La resolución de la Corte resuelve que:
1) Requerir al Estado que adopte de forma
inmediata las medidas provisionales necesarias para
proteger los derechos a la vida y a la integridad
personal de la señora María del Rosario Guerrero
Gallucci y del señor Adolfo Segundo Martínez
Barrios, para lo cual debe tomar en consideración la
gravedad de la situación y las circunstancias
particulares de riesgo.
2) Requerir al Estado que investigue los
hechos que motivan la adopción de las presentes
medidas provisionales y, en su caso, identifique a
los responsables y les imponga las sanciones
correspondientes.
3) Requerir al Estado que realice todas las
gestiones pertinentes para que las medidas de
protección ordenadas en la presente Resolución se
planifiquen e implementen con la participación de
los beneficiarios de las mismas o sus
representantes, de manera tal que las referidas
medidas se brinden de forma diligente y efectiva por
parte de personal adecuadamente capacitado y
calificado y que no forme parte de los cuerpos de
seguridad que han sido denunciados por la
beneficiaria. Asimismo, el Estado debe mantener
informados a los beneficiarios sobre el avance de la
implementación de las medidas de referencia.
4) Requerir al Estado que informe a la Corte
Interamericana de Derechos Humanos en el plazo de
siete días, contado a partir de la notificación de
la presente Resolución, sobre las medidas que haya
adoptado en cumplimiento de la misma.
5) Solicitar a los beneficiarios de estas
medidas o sus representantes que presenten a la
Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el
plazo de cinco días, contado a partir de la
notificación del informe del Estado, las
observaciones que estimen pertinentes.
6) Solicitar a la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos que presente a la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, en el plazo de
siete días, contado a partir de la notificación del
informe del Estado, las observaciones que estime
pertinentes.
7) Solicitar al Estado que, con posterioridad
al informe señalado en el punto resolutivo cuarto,
continúe informando a la Corte Interamericana de
Derechos Humanos cada dos meses sobre las medidas
provisionales adoptadas, y solicitar a los
beneficiarios de estas medidas o sus representantes,
así como a la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, que presenten sus observaciones dentro de
un plazo de cuatro y seis semanas, respectivamente,
contado a partir de la notificación de los informes
del Estado.
8) Solicitar a la Secretaría de la Corte que
notifique la presente Resolución al Estado, a la
Comisión Interamericana y a los representantes de
los beneficiarios de estas medidas.
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