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Una lectura de la realidad venezolana
desde los derechos humanos |
Boletín electrónico Nº 173
Del 12 de julio al 01 de agosto de 2006 |
EFEMÉRIDES DE DERECHOS HUMANOS DE AGOSTO
CONTEXTO
*
Decisión del TSJ significa un grave retroceso en
la lucha contra la impunidad en caso de
desaparición forzada de personas
* Comisión Interamericana de Derechos Humanos
preocupada por proyecto de ley de Cooperacion
Internacional de Venezuela
* Diputado de la Asamblea Nacional señala a
Humberto Prado como promotor de la “Guarimba
carcelaria”
* CIDH inicia consulta sobre Anteproyecto de
Declaración de Principios sobre la Protección de
las Personas Privadas de Libertad
* Provea inicia expansión de distribución de sus
materiales sobre Derechos Humanos
DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y
CULTURALES
* Situación de las embarazadas en
el país: entre el inicio de la Misión Madre del
Barrio, denuncias de mala praxis médica y
abortos clandestinos
* Continúa la incertidumbre en el
sector vivienda tras el cambio de cartera
ministerial
* Denuncian presuntos atropellos de la Guardia
Nacional a mineros en huelga en El Callao
* Inauguración de Casas de la Juventud incentiva
la inclusión social de los jóvenes en el país
* Aumenta siniestralidad en el sector petrolero
* Temporada de lluvias origina damnificados en
todo el país
* Grupos sociales denuncian distorsión
informativa en promociones de la explotación del
carbón en el Zulia
* Propuestas y exigencias de Provea a los
poderes públicos sobre el derecho a la tierra
DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
*
Masacre de Alto Apure se suma al
contexto de violencia e impunidad en el campo
* Familiares denuncian presuntas
torturas realizadas por el CICPC
* Red de Apoyo pide celeridad a la Fiscalía en
manifestación
* A pesar del fin de la huelga de
hambre en 16 centros penitenciarios, continúa en
estado crítico la situación de las cárceles del
país
* Asociación Muchachos de la Calle solicita
adhesión de firmas para comunicación exigiendo
respeto a la vida de los niños y niñas
* Propuestas y exigencias de
Provea a los poderes públicos sobre los derechos
de las personas detenidas y encarceladas
INVITACIONES A EVENTOS
*
Convocatoria al VI Coloquio Internacional de
Derechos Humanos
* Curso de Capacitación sobre DESC para
América Latina
ARTÍCULOS
*
Son derechos "La seguridad laboral"
*
Andrés Cañizalez: "Tv estatal y pluralismo"
NOVEDADES DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN TODOS LOS
DERECHOS PARA TODOS
*
" II Conferencia Nacional de
Salud: hacia una reforma sanitaria por el
derecho a la salud"
* "Construyendo ciudadanía: el derecho
humano al agua"
* "Plan de 180 grados en 180 días:
propuesta para la justicia y la seguridad en
Venezuela"
* "Trabajo"
DOCUMENTOS
*
Documento final de la Comisión de la Verdad para
los Derechos Económicos, Sociales y Culturales
en los EEUU
* Marcha Mundial de Mujeres repudia acciones
contra el Libano y Palestina
Agradecemos mencionar la fuente cuando el
contenido sea citado o difundido
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EFEMÉRIDES DE DERECHOS
HUMANOS DEL MES DE
AGOSTO |
04-08 Semana Mundial de la Lactancia Materna
06 Lanzamiento de la Primera Bomba Atómica sobre
Hiroshima (1945)
09 Día Internacional de las Poblaciones Indígenas
12 Día Internacional de la Juventud
15 Día Internacional del Recuerdo de la Trata de
Esclavos y de su Abolición
18 Promulgación del Decreto de Garantías que, entre
otras cosas, eliminó la pena de muerte y el destierro (1863)
23 Día Internacional en Recuerdo del Comercio de
Esclavos y su Abolición
29 Día Internacional del Árbol
30 Día Internacional de los "Desaparecidos"
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CONTEXTO
Decisión del TSJ significa un grave retroceso en
la lucha contra la impunidad en caso de desaparición
forzada de personas |
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En
fecha 11.07.06 la Sala de Casación Penal del
Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia de la
Magistrada Blanca Rosa Mármol de León, dictó una
sentencia que constituye un grave retroceso en la
lucha contra la impunidad en casos de violaciones de
Derechos Humanos. El fallo en cuestión anula el
proceso penal seguido a dos ex funcionarios de la
Dirección de los Servicios de Inteligencia y
Prevención (DISIP), acusados por el Ministerio
Público por la desaparición forzada de Oscar José
Blanco Moreno y Marco Antonio Monasterio, personas
que continúan desaparecidas desde la catástrofe de
Vargas de diciembre de 1999.
Para motivar el fallo, los magistrados recurren a un
argumento errado y peligroso, este argumento se basó
en considerar que “no procede la acusación por la
comisión del delito de desaparición forzada de
personas, pues no se encontraba previsto como delito
en la Ley Penal Sustantiva para el momento de la
ejecución de la acción, como delito instantáneo,
aunque de efectos permanentes.” Afirmamos
categóricamente que el argumento en cuestión es
errado; tanto el Derecho Internacional de protección
de los Derechos Humanos como el Derecho Penal
venezolano son claros en considerar al delito de
Desaparición Forzada de Personas como permanente.
La Convención Americana sobre Desaparición Forzada
de Personas, instrumento ratificado por Venezuela el
19.01.99 es suficientemente claro al respecto en su
artículo III: “Los estados partes se comprometen
a adoptar, con arreglo a sus procedimientos
constitucionales, las medidas legislativas que
fueren necesarias para tipificar como delito la
desaparición forzada de personas, y a imponerle una
pena apropiada que tenga en cuenta su extrema
gravedad. Dicho delito será considerado como
continuado o permanente mientras no se establezca el
destino o paradero de la víctima.” . Igualmente los
estados parte en la convención quedan obligados a
“Tomar las medidas de carácter legislativo,
administrativo, judicial o de cualquier otra índole
necesarias para cumplir con los compromisos asumidos
en la presente Convención.” (artículo I literal
“d”)
Tampoco deja lugar a dudas al respecto la
jurisprudencia internacional; la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, en el proceso
seguido contra el estado guatemalteco por la
desaparición forzada del ciudadano Nicholas Chapman
Blake analizó detalladamente la cuestión de la
irretroactividad de la ley en casos de Desaparición
Forzada de Personas y dejó claro que: “de acuerdo
con los mencionados principios de derecho
internacional, recogidos también por la legislación
guatemalteca, la desaparición forzada implica la
violación de varios derechos reconocidos en los
tratados internacionales de derechos humanos, entre
ellos la Convención Americana, y que los efectos de
estas infracciones, aún cuando algunas, como en este
caso, se hubiesen consumado, pueden prolongarse de
manera continua o permanente hasta el momento en que
se establezca el destino o paradero de la víctima.” (Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos
sentencias del caso “Blake” del 2 de julio de 1996 y
el 24 de enero de 1988).
Por su parte, el derecho interno venezolano no deja
lugar a dudas sobre el carácter permanente de la
desaparición forzada de personas hasta tanto no se
establezca el paradero de la víctima; la
desaparición forzada de personas fue incluida por la
Asamblea Nacional Constituyente en el nuevo texto
constitucional de 1999 en el artículo 45 y en la
disposición transitoria tercera, el artículo 45
constitucional expresa:
“Artículo 45. Se prohíbe a la autoridad pública,
sea civil o militar, aun en estado de emergencia,
excepción o restricción de garantías, practicar,
permitir o tolerar la desaparición forzada de
personas. El funcionario o funcionaria que reciba
orden o instrucción para practicarla, tiene la
obligación de no obedecerla y denunciarla a las
autoridades competentes. Los autores o autoras
intelectuales y materiales, cómplices y encubridores
o encubridoras del delito de desaparición forzada de
personas, así como la tentativa de comisión del
mismo, serán sancionados o sancionadas de
conformidad con la ley.”
La disposición transitoria tercera ordenó al
legislador reformar el Código Penal Venezolano para
tipificar el delito de desaparición forzada de
personas de acuerdo con la normativa del Derecho
Internacional de los Derechos Humanos, en estos
términos:
“La Asamblea Nacional, dentro de los primeros
seis meses siguientes a su instalación, aprobará:
1. Una reforma parcial del Código Penal para incluir
el delito de desaparición forzada de personas,
previsto en el artículo 45 de esta Constitución.
Mientras no se apruebe esta reforma se aplicará, en
lo que sea posible, la Convención Interamericana
Sobre Desaparición Forzada de Personas”
Este mandato constitucional dio origen al artículo
181-A del Código Penal hoy vigente, artículo que fue
objeto de la interpretación errada de la Sala Penal,
por cuanto claramente acogió el criterio de que el
delito de desaparición forzada de personas continúa
perpetrándose mientras se ignore el paradero de la
víctima, el texto completo del artículo 181-A se
cita a continuación:
Artículo 181-A. La autoridad pública, sea civil o
militar, o cualquier persona al servicio del Estado
que ilegítimamente prive de su libertad a una
persona, y se niegue a reconocer la detención o a
dar información sobre el destino o la situación de
la persona desaparecida, impidiendo, el ejercicio de
sus derechos y garantías constitucionales y legales,
será castigado con pena de quince a veinticinco años
de presidio. Con igual pena serán castigados los
miembros o integrantes de grupos o asociaciones con
fines terroristas, insurgentes o subversivos, que
actuando como miembros o colaboradores de tales
grupos o asociaciones, desaparezcan forzadamente a
una persona, mediante plagio o secuestro. Quien
actúe tamo cómplice o encubridor de este delito será
sancionado con pena de doce a dieciocho años de
presidio.
El delito establecido en este artículo se
considerará continuado mientras no se, establezca el
destino o ubicación de la víctima.
Ninguna orden o instrucción de una autoridad
pública, sea esta civil, millar o de otra índole, ni
estado de emergencia, de excepción o de restricción
de garantías, podrá ser invocada para justificar la
desaparición forzada.
La acción penal derivada de ese delito y su pena
serán imprescriptibles, y los responsables de su
comisión no podrán gozar de beneficio alguno,
incluidos el indulto y la amnistía.
Si quienes habiendo participado en actos que
constituyan desapariciones forzadas, contribuyen a
la reaparición con vida de la víctima o dan
voluntariamente informaciones que permitan
esclarecer casos de desaparición forzada, la pena
establecida en este artículo les podrá ser rebajada
en sus dos terceras partes.
En el caso de Oscar Blanco Moreno y Marco Monasterio
la desaparición se ha prolongado en el tiempo desde
el 21.12.99 hasta el día de hoy, lo que es lo mismo:
el delito se sigue perpetrando cada día que Blanco y
Monasterio permanecen desaparecidos.
El argumento utilizado por los magistrados es,
además, peligroso; por cuanto con el alegato de
preservar un derecho humano fundamental como lo es
el de la no aplicación retroactiva de la ley penal
(alegato falso como se explicó), se deja impune uno
de los delitos más graves contra los Derechos
Humanos, como lo es la Desaparición Forzada de
Personas, calificada como una violación múltiple y
continuada de bienes jurídicos consagrados en la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, lo que
significa un craso incumplimiento de las
obligaciones internacionales del Estado Venezolano
de prevenir, investigar y sancionar este grave
delito según lo ordenan la Convención Americana
Sobre Derechos Humanos y la Convención Americana
sobre Desaparición Forzada de Personas.
Resulta todavía más incomprensible el dictamen del
máximo Tribunal de la República si se toma en cuenta
que el Estado Venezolano admitió ante la Corte
Interamericana de Derechos Humanos que durante la
catástrofe humanitaria del Estado Vargas se
perpetraron desapariciones forzadas de personas,
particularmente las de los señores Blanco y
Monasterios; al respecto es de hacer notar que el
principio de reparación integral implica la sanción
de los responsables individuales de las violaciones
a los Derechos Humanos, obligación que no se cumple
si se permite que un erróneo razonamiento legal
permita la impunidad de los responsables.
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CONTEXTO
Comisión Interamericana de Derechos Humanos
preocupada por proyecto de ley de Cooperacion
Internacional de Venezuela |
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
expresa su preocupación por algunas disposiciones
del “Proyecto de Ley sobre Cooperación
Internacional” que está siendo discutido por la
Asamblea Legislativa de la República Bolivariana de
Venezuela. Dichas normas, de ser aprobadas, podrían
generar obstáculos a la conformación, independencia
y funcionamiento de las organizaciones no
gubernamentales.
Con base en el artículo 41 de la Convención
Americana, que faculta a la Comisión para formular
recomendaciones a los Estados miembros de la OEA en
materia de adopción de medidas destinadas a fomentar
el respeto a los derechos humanos en el marco de sus
leyes internas y sus preceptos constitucionales, la
CIDH solicitó al Estado venezolano información sobre
el proyecto y se ofreció a prestar asesoría sobre
los estándares interamericanos de protección que
puedan enriquecer las discusiones de la Asamblea
Nacional. En su respuesta el Estado informó sobre
los objetivos de la iniciativa legislativa y adjuntó
una copia del proyecto.
La Comisión observa que la vaguedad del lenguaje de
algunas disposiciones del proyecto y el amplio
margen de discrecionalidad que le otorga a las
autoridades encargadas de reglamentar la ley, genera
el riesgo de que esta norma sea interpretada de
manera restrictiva para limitar, entre otros, el
ejercicio de los derechos de asociación, libertad de
expresión, participación política e igualdad,
pudiendo afectar seriamente el funcionamiento de las
organizaciones no gubernamentales.
La Comisión recuerda su recomendación dirigida a los
Estados en su Informe sobre la Situación de las
Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos en
las Américas, publicado el 7 de marzo de 2006, en el
sentido de “abstenerse de promover leyes y políticas
de registro de organizaciones de derechos humanos
que utilicen definiciones vagas, imprecisas y
amplias respecto de los motivos legítimos para
restringir sus posibilidades de conformación y
funcionamiento”. De acuerdo con las disposiciones
del artículo 16 de la Convención Americana, las
restricciones al derecho de asociación deben estar
estrictamente previstas por la ley y deben ser
aquellas necesarias en una sociedad democrática.
El proyecto en discusión establece, entre otros, que
la inscripción de las organizaciones no
gubernamentales en el “Sistema Integrado de
Registro” es “obligatoria y constituye una condición
indispensable para ser reconocidas por el Estado
venezolano como entes susceptibles de realizar
actividades de cooperación con sus homólogos en
otros países”. La Comisión destaca que un sistema de
registro que busque promover la transparencia no
necesariamente riñe con los estándares
internacionales. Sin embargo, contravienen dichos
estándares aquellas leyes que confieren a las
autoridades facultades discrecionales para autorizar
la constitución y funcionamiento de las
organizaciones a través de los registros de
inscripción. La Comisión considera que la norma
antes citada pudiera ser interpretada en el sentido
de que sólo las organizaciones aceptadas en el
Sistema Integrado de Registro pueden desarrollar sus
actividades.
Preocupa a la Comisión que este registro impida o
entorpezca las actividades y fuentes de
financiamiento de las organizaciones no
gubernamentales, cuyo papel independiente ha sido
fundamental para el fortalecimiento de la democracia
venezolana.
La Comisión invita al Estado a que implemente las
recomendaciones sobre la materia contenidas en el
Informe sobre Defensoras y Defensores de los
Derechos Humanos en las Américas. En particular, a
que “asegure que cualquier disposición legislativa
que regule el procedimiento de inscripción de
organizaciones no gubernamentales en los registros
públicos no se convertirá en una autorización previa
o permiso obligatorio para la realización de las
actividades de dichas organizaciones”.
Asimismo, preocupa a la Comisión las posiciones
expresadas por algunos legisladores, quienes durante
el debate del proyecto de ley, según fuentes
oficiales, manifestaron que la intención de dicho
proyecto sería “enfrenta[r] a las ONG disfrazadas”,
las cuales serían “las organizaciones golpistas de
siempre, son 72 organizaciones en total, la mayoría
buscando prensa”. Adicionalmente, se expresó que
esta ley sería un “golpe certero […] a esas ONG
disfrazadas, porque en verdad son organizaciones
terroristas, preparadas para dar el zarpazo”.
La Comisión espera que en caso de sancionarse una
ley, ésta se adecue a los estándares establecidos en
los instrumentos internacionales de protección a los
derechos humanos y específicamente aquellos
delineados en el Informe sobre Defensoras y
Defensores de Derechos Humanos de las Américas. En
este sentido, la Comisión, dentro del marco de sus
competencias, ofrece su asesoramiento con el fin de
contribuir en el desarrollo de leyes y preceptos
desde una perspectiva de respeto de los derechos
humanos.
Ciudad de Guatemala, 19 de julio de 2006
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CONTEXTO
Diputado de la Asamblea Nacional señala a Humberto
Prado como promotor de la “Guarimba carcelaria” |
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El presidente de la Subcomisión de Derechos
Humanos, de la Comisión de Política Interior,
Derechos Humanos y Garantías Constitucionales,
Diputado Reinaldo García, aseguró el pasado
11.07.06 que el coordinador del Observatorio
Venezolano de Prisiones (OVP), Humberto Prado,
era el promotor de una “guarimba carcelaria”. El
diputado aseguró que el defensor de los Derechos
Humanos “es parte del Opus Dei, es parte de una
conspiración no solamente desde ahorita, además,
tiene abiertos tres expedientes que no tienen
decisión y vamos a dirigirnos al Ministerio
Público para ver qué pasó. Asimismo, fue
indultado cuando estuvo interno en Yare I, él
trata de obtener ventaja manipulando”. En su
alocución, García afirmó que el gobierno
adelanta planes en materia penitenciaria:
“reconocemos que hay un poco de hacinamiento,
sin embargo, en los diferentes centros están
presentes las misiones, los reclusos tienen
atención odontológica, tienen medicamentos,
alimentación adecuada”. Para el parlamentario,
el trabajo de la OVP tiene intenciones
desestabilizadoras alentadas por su coordinador:
“todos sabemos quién es él, anda de cárcel en
cárcel estimulando problemas”. (Asamblea
Nacional, 11.07.06, http://www.asambleanacional.gov.ve/ns2/noticia.asp?numn=9506)
Las declaraciones se realizaron en el contexto
de la crisis penitenciaria ocasionada por la
huelga de hambre de los internos e internas del
país debido, entre otras razones, al retardo en
la emisión de sus sentencias. El Foro por la
Vida, coalición de las diversas organizaciones
no gubernamentales, expresó en un
pronunciamiento su preocupación por la reacción
del diputado. Para el Foro, tales “señalamientos
constituyen ensañamiento con pretensión de ser
una suerte de linchamiento moral que se
construye desde el poder”. En el comunicado
exigieron que cesaran las descalificaciones
contra Prado, debido a que pudieran tener
“repercusiones negativas en su integridad y en
el trabajo que realiza el OVP por el respeto a
los derechos humanos de las personas privadas de
libertad en las cárceles venezolanas”. El texto
fue remitido al diputado García, con copia al
presidente de la Asamblea Nacional (AN), Nicolás
Maduro; María Auxiliadora Monagas, agente del
Estado para los Derechos Humanos ante el Sistema
Interamericano e Internacional; Unidad de
Defensores de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, y representante de las
Naciones Unidas sobre Defensores de Derechos
Humanos. (El Guayanes, 17.07.06, 7/C)
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CONTEXTO
CIDH inicia consulta sobre Anteproyecto de
Declaración de Principios sobre la Protección de las
Personas Privadas de Libertad |
El ”Anteproyecto de Declaración de Principios sobre
la Protección de las Personas Privadas de Libertad”
es una iniciativa adelantada por la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), preparado
por el Relator sobre los Derechos de las Personas
Privadas de Libertad, Comisionado Florentín
Meléndez. Su fin es colaborar con el desarrollo
normativo de protección de las personas privadas de
libertad, recopilando y divulgando los principios
reconocidos por los diversos instrumentos
internacionales sobre la materia, así como aquellos
emergentes de la jurisprudencia de los órganos del
Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
En ese sentido, la Declaración de Principios de la
CIDH también pretende colaborar con el proceso
encomendado por la Asamblea General de la OEA al
Consejo Permanente: “sobre la base de los resultados
de los debates y estudios efectuados, entre otros
los aportes de la CIDH, considere la posibilidad de
preparar una Declaración Interamericana sobre los
derechos y la atención de las personas sometidas a
cualquier forma de detención y reclusión, con miras
a fortalecer los estándares internacionales ya
existentes en la materia”.
Durante dos meses la CIDH estará recibiendo las
observaciones de las organizaciones sociales, las
cuales pueden hacerse llegar por el e-mail cidhoea@oas.org.
Puede descargar el texto del Anteproyecto aqui
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CONTEXTO
Provea inicia expansión de distribución de sus
materiales sobre Derechos Humanos |
Provea se encuentra en la búsqueda de
organizaciones e iniciativas sociales que deseen
distribuir sus materiales impresos bajo la
modalidad de consignación. Provea posee en su
catálogo una serie de libros y folletos sobre
Derechos Humanos, con énfasis en los Derechos
Económicos, Sociales y Culturales (DESC). Además
de nuestro informe anual, “Situación de los
Derechos Humanos en Venezuela Octubre 2004/
Septiembre 2005”, tenemos a disposición la serie
“Tener derechos no basta”, la colección “Marcos
metodológicos y teóricos básicos” y la
publicación de las Memorias de diferentes
eventos en Derechos Humanos, títulos que pueden
detallarse en el sitio web http://www.derechos.org.ve.
Para las organizaciones sociales (asambleas de
ciudadanos y asociaciones de vecinos, Comités de
Tierras Urbanas y Comités de Salud, Núcleos
endógenos, centros de estudiantes, colectivos
alternativos e independientes, etc), Provea
realizará un descuento especial para motivar su
distribución, a realizarse bajo la modalidad de
consignación por un período de tres meses. Para
mayor información y/o contacto, escribir al
e-mail publicaciones@derechos.org.ve; o llamar al
teléfono (0212) 860.66.69 y 862.10.11.
En Caracas, las publicaciones de Provea pueden
adquirirse en la Librería Liberarte (C.C. Los
Chaguaramos), Librería Faces-UCV (Planta baja
del edificio de Economía en la UCV),
Organización Nelson Garrido (Av. Maria Teresa
Toro de las Acacias, Resid. Carmencito), Centro
de Estudios Sociales Libertarios (Calle Blasona
con esquina San Luis, Sarría), Librería Consulta
(http://www.libreriaconsulta.com) y Librería
Alvaro Nora (Conde a Principal, Edif. La
Previsora, PB Local 5, frente a Casa Amarilla,
Capitolio).
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DERECHOS
ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Situación de las embarazadas en el país: entre el inicio
de la Misión Madre del Barrio, denuncias de mala praxis
médica y abortos clandestinos |
El 23.03.06, el Presidente Hugo Chávez anunció,
durante una visita a Maiquetía, la creación de la
Misión Madre del Barrio, la cual atendería a madres
de escasos recursos. En su alocución, el primer
mandatario nacional informó que se le daría una
asignación especial del 80% del salario mínimo, "son
unos 380 mil bolívares para estas madres, para
ayudarlas mientras se organizan. No descansaré hasta
que no vayamos acercándonos a los niveles superiores
de la mayor suma de felicidad posible". (Unión
Radio, 23.03.07, http://www.unionradio.com.ve/Noticias/Noticia.aspx?noticiaid=163397).
Este programa social se oficializó con el Decreto N°
4.342 publicado ese día en la Gaceta Oficial N°
38.404. Según su propia descripción, la Misión
Madres del Barrio surge para garantizar, a estas
mujeres y a sus familias, el acceso a derechos
fundamentales: Salud, Alimentación, Vivienda,
Educación, Cultura y Recreación, entre otros.
Asimismo, para apoyar a estas mujeres y sus
familias, para que puedan incorporarse a actividades
productivas y organizarse para participar
activamente en el desarrollo del país. El programa
promovía la participación mediante una figura
denominada Comités de Madres del Barrio (CMB),
“instancias organizadas con el objetivo de ejercer
la solidaridad directa, dentro de la comunidad.
Están integrados por mujeres de la comunidad, ya
sean beneficiarias o participantes de la Misión
Madres del Barrio”. (Ministerio del Trabajo, 25.07.06 http://www.mintra.gov.ve/madres_del_barrio/madres_del_barrio.html).
La entrega de la asignación sería realizada por el
Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS).
El 30.03.06 se realizó en Caracas el acto de entrega
de asignaciones a 50 mil madres. (MCI, 30.03.06,
http://www.mci.gov.ve/noticiasnuev.asp?numn=9623)
El 27.06.06 se conformó en Cumaná el Comité para la
región, anunciando la atención a 2.300 mujeres.
(Venezuela Analítica, 26.07.06, http://www.analitica.com/mujeranalitica/noticias/3747510.asp),
mientras que en Barinas se anunciaba la cifra de
1.000 madres a beneficiarse con la Misión. (Alcaldía
de Barinas, 22.06.06, http://barinas-barinas.gov.ve/portal-alcaldias/Noticias?id=11792).
Pero a pesar de estos programas sociales intentan
mejorar la atención a las madres venezolanas, en el
estado Zulia aumenta la mortalidad de mujeres en
período de gravidez. Según la coordinadora regional
del Programa de Atención Materna en el Zulia,
Yaraesy Fermín, hasta comienzos del mes de julio
habían sido contabilizadas 32 defunciones de mujeres
embarazadas. "La cifra es alta porque en un año se
registra un promedio de 40 a 45 defunciones
maternas, y ya en lo que va de año, el Zulia
contabiliza 32". Explicó que son varias las razones
de estos fallecimientos. "En años anteriores las
causas del deceso de mujeres embarazadas eran por
problemas de hipertensión como la eclampsia, luego
las hemorragias y posteriormente la sepsis
(infección) y aborto, pero en el 2006 se han
invertido la causas. Las sepsis por abortos mal
practicados ocupan un 70 por ciento de las
defunciones". En el boletín publicado por la
Dirección de Epidemiología y Análisis Estratégico
del Ministerio de Salud estima que hasta el 8 de
julio la región zuliana registraba 25 defunciones
maternas, números que la ubican en el primer lugar
entre los estados con la mayor cantidad de muertes
por esta causa, superando a Carabobo (20), Bolívar
(16) y Aragua (13). (La Verdad, 21.07.06,
http://www.laverdad.com/detallenew.asp?idcat=9&idnot=41694).
Estas cifras contrastan con las de Ciudad
Guayana en donde se maneja la cifra de 6.000 abortos
mensuales practicados en la región. A los hospitales
públicos de la ciudad llegan diariamente de 45 a 50
casos de abortos clandestinos inconclusos. Según las
estadísticas los índices muestran que por cada dos
mujeres embarazadas, una decide interrumpir el
embarazo. La mayoría de las pacientes que ingresan a
los hospitales de Guayana por abortos provocados son
adolescentes o jóvenes, con edades comprendidas
entre 19 y 22 años. Las cifras de Min-Salud indican
que 20% de las muertes en mujeres paridas en
Venezuela se debe a la sepsis producto de abortos
clandestinos. (El Nacional, 25.07.06, B/16)
La situación hospitalaria de la región zuliana muestra
cifras en rojo. La disponibilidad de camas en
centros de maternidad públicos en la capital
zuliana se estima en un 65%. La Maternidad
Castillo Plaza dispone 106 camas de su capacidad
de 166, con uno de sus servicios de
hospitalización cerrado desde hace más de un
año. Otras maternidades de la ciudad, como el
centro Raúl Leoni y el materno Cuatricentenario,
también poseen áreas cerradas por remodelación.
(El Nacional, 16.07.06, B/18). En Caracas la
situación no es muy diferente. Greis Viera,
coordinadora del área de emergencia de la
Maternidad Concepción Palacios, declaró “Tenemos
prohibido referir a las pacientes a otro centro,
pero acá no tenemos cómo atenderlas. Todas
ingresan, pero la calidad de atención que
podemos darle es pésima, hay quienes paren en
una silla de ruedas, que rompen fuente o tienen
una hemorragia y no hay camas suficientes.
Hacemos lo que podemos”, denunció. De los 8
pabellones disponibles en dicho centro
hospitalario solo sirve la mitad, un piso de
habitaciones está cerrado, así como algunos
cuartos, debido a las malas condiciones en las
que se encuentran. En total hay 340 camas
disponibles, de una capacidad instalada de 420.
Para los recién nacidos apenas hay 8 cupos en
cuidados intensivos y en la sala de partos hay
otras 5 incubadoras, que comparten hasta 3 bebés
al mismo tiempo. Viera agregó que la
insuficiencia de camas en obstetricia y
hospitalización empeora porque al menos 20% de
las madres ocupa las camas aún cuando ya están
de alta. “La maternidad está colapsada y no
quieren reconocerlo. Está abierta a todos, pero,
lamentablemente, los pacientes se nos amontonan".
Por otra parte, Fernando Calderón,
vicepresidente de la Sociedad de Médicos, afirmó: "Nosotros teníamos mucha esperanza en Barrio
Adentro III, pero no terminan de llegar los
equipos, y las remodelaciones están paralizadas”
(El Nacional, 13.07.06, B/18)
En otras regiones del país, varias mujeres
denunciaron casos de presunta mala praxis
médica. El 11.07.06 Rubí Galviz denunció que su
hermana había sido obligada a parir de forma
natural en el Hospital Central de Maracay, lo
que presuntamente había provocado la pérdida de
su hijo. Galviz calificó el incidente como mala
praxis médica: “el bebé murió al nacer, a pesar
de que venía en excelentes condiciones”.
Asimismo, aseguró que no era el primer caso de
recién nacidos muertos en el centro
hospitalario, “sin mayores explicaciones”, y que
adelantaría acciones junto con otras mujeres que
habían padecido situaciones similares. (El
Siglo, 11.07.06, D/25). En Puerto La Cruz,
Marivic Córdova afirmó que debido a la
celebración del Día de las Enfermeras, los
galenos del hospital César Rodríguez de
Guaraguao, habían decidido no atender a nadie.
Ella tenía dos días hospitalizada, esperando dar
a luz. “No había anestesiólogo, ni siquiera se
dieron cuenta de que el bebé no estaba en
posición de parto. Mi hijo murió porque lo
halaron y presentó sufrimiento fetal agudo”.
Córdova pidió a la Fiscalía 16 celeridad en el
caso para la exhumación del bebé. Oswaldo Meza,
director del hospital, declaró que no tenía
conocimiento sobre el caso. (El Tiempo de Puerto
La Cruz, 03.11.07, pag. 51). En el estado
Anzoátegui la ciudadana Del Valle Piricua señaló
que su hijo de un mes y diez días, recibió una
transfusión de sangre en el Hospital de Niños
Rafael Tobías Guevara infectada del virus de
inmunodeficiencia adquirida (VIH). Piricua
afirma que tanto ella como su esposo se han
realizado varios exámenes de sangre, y todos han
dado resultados negativos. Meses después de la
primera transfusión de sangre, un examen
dictaminó que el niño poseía el VIH. El
presidente del Instituto Anzoatiguense de la
Salud (Saludanz), José Parras, sostiene que el
caso es sometido a una investigación, y que los
estudios preliminares indican que los posibles
donantes de sangre resultaron negativos en VIH.
(El Nacional, 07.07.06, B/20).
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DERECHOS
ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Continúa la incertidumbre en el sector vivienda
tras el cambio de cartera ministerial |
Tras la
sustitución del Ministro de Hábitat y Vivienda (MHV)
Luis Figueroa por Ramón Carrizalez, realizado el
pasado 01.07.06, diversos sectores han manifestado
su inquietud sobre la continuidad de las políticas
en el sector, en especial, la gran cantidad de
familias que no poseen acceso a una vivienda digna y
que venían realizando diversos trámites ante las
instancias oficiales. El 21.07.06, en su primera
declaración oficial, el nuevo Ministro opinó sobre
la liquidación de los entes ejecutores (Fondur,
Inavi, Conavi, Ducolsa, Fundabarrios y Savir), para
los cuales se había decidido su desaparición el
próximo 31.12.06. Carrizalez anunció la necesidad de
mantener la mayoría y eliminar exclusivamente al
Consejo Nacional de la Vivienda (Conavi): “Hay que
mantener la vigencia de esos organismos, ya que para
finales de año no darán respuestas efectivas en el
cumplimiento de sus metas”. En el caso de Inavi –
dijo- es una institución de larga data, con la
estructura, a nivel nacional, y la experiencia en
ejecución de viviendas que no podemos desestimar.
Sin embargo, reconoció que esta institución debe
sanearse, “pero el Estado no puede quedarse sin ente
ejecutor”. En su opinión Fondur no estaba preparada
para construir viviendas, lo cual desvirtuó su
misión principal. Dentro de las transformaciones que
anunció, se encuentra la creación de una unidad
única de Adjudicación de viviendas, removiendo esa
responsabilidad de Inavi y Fondur, centralizando el
manejo de los recursos en el Banco para la Vivienda
y Hábitat (Banavih) y dejando al MHV las tareas de
planificación y ejecución. Carrizalez fue reservado
en estimar las cifras en la construcción de casas
para este año. (Ministerio para la Vivienda y
Hábitat, 21.07.06, http://www.mhv.gob.ve/habitat/pag/cuerpo.php?id=954)
Días antes de las declaraciones del nuevo ministro,
cientos de damnificados del estado Vargas
manifestaron por espacio de cuatro horas frente a
las puertas de la Escuela Naval de Maiquetía
exigiendo respuestas a sus solicitudes de vivienda.
Las personas habían conocido un comunicado de prensa
del MHV en dónde se convocaba a una jornada de
atención a damnificados. Un estimado de más de tres
mil personas asistieron portando carpetas con sus
documentos de solicitud de vivienda. La confusión
generó protestas de las familias, gritando
“¡Soluciones ya!” e interrumpiendo el tráfico en el
sector. (Ultimas Noticias, 15.07.06, pag. 33).
Yamileth Albornoz, de 26 años de edad,, una de las
solicitantes presentes en el sitio, declaró
Amanecimos echando cuentos, éramos un montón.
Pasamos frío y hambre, pero las ganas de obtener una
vivienda nos dio fuerza para soportar todo eso. Y
ahora – a las 10:00 am- nos dicen que no nos van a
dejar pasar porque sólo atenderán a los que aparecen
en la lista. Quiere decir que nos tienen engañados,
igual que a Chávez, con respecto a los planes de
vivienda. Yo tengo 6 meses haciendo diligencias y me
doy cuenta que todo lo que han ofrecido es una gran
mentira. Por eso el Presidente debería jalarle las
orejas a la gente que lo rodea, porque esto lo
perjudica a él” (El Nacional, 15.07.06, B/14).
Anteriormente, los damnificados de Vargas debían
realizar sus trámites en las oficinas del MHV en
Caracas, pero funcionarios del Instituto de Vivienda
de Vargas (Invivar) afirmaron que en adelante se
implementarían oficinas de atención en la región.
(El Nacional, 15.07.06, B/14). A pesar del anuncio,
las personas sin techo continuaron asistiendo a la
sede de Conavi en Caracas durante días y noches
enteros para exigir su derecho a una vivienda digna.
“Hay que venir (a Conavi) todos los días, sino
vienes pierdes la respuesta de una mentira más o una
esperanza más, declaró Ramón Garabito, quien espera
respuesta desde abril de este año (Ultimas Noticias,
18.07.06, pag. 4).
En Ciudad Guayana los habitantes de la zona conocida
como “Francisca Duarte”, protestaron por el
incumplimiento de una partida de 118 millardos de
bolívares, ofrecida por el Presidente Hugo Chávez
cuatro meses atrás, para la construcción del
urbanismo y la adecuación de las viviendas. Los
residentes quemaron cauchos y cerraron la vía por
varias horas. (Correo del Caroní, 13.07.06, D/3). La
protesta se prolongó por dos días, tras los cuales
Francisco Barrios, dirigente vecinal del sector,
denunció la detención de cuatro líderes comunitarios
por efectivos de la Guardia Nacional. (Correo del
Caroní, 15.07.06, 3/D). Otra detención de personas
que exigían su derecho a la vivienda ocurrió en la
ciudad de Maracay. Un grupo de 30 personas se
concentró en los alrededores del Palacio de Justicia
de Aragua, el 14.07.06, para denunciar la detención
de 5 personas, de un grupo de 241 familias, que
habían ocupado un terreno para protestar la falta de
respuestas sobre políticas de vivienda por parte del
gobierno regional. La detención fue realizada por la
Brigada Antimotín de la Policía de Aragua cuando
realizaba el desalojo de los ocupantes. Los
detenidos fueron ubicados bajo la jurisdicción de la
Fuscalía Primera del Ministerio Público. (El
Universal, 15.07.06, 1/9).
Para el 18.07.06 un grupo de 300 familias que habían
ocupado una zona montañosa en la Cota 905 en Caracas
se habían organizado tras lo que consideraban un
“inminente desalojo” por parte de efectivos de la
Guardia Nacional (GN). Aurora Arias, quien lleva
tres meses en el sitio, expresó "quiero mi casa
propia, ha venido gente de organismos competentes y
nos han dicho que nos van a conseguir vivienda, pero
sabemos que es mentira, hay más de un millón de
carpetas en Los Sin Techo y no tenemos solución". El
sitio fue llamado por sus moradores como “Colinas de
la Cota 905”, y han sufrido el rechazo de algunos
habitantes de El Paraíso. (El Universal, 18.07.06,
http://noticias.eluniversal.com/2006/07/18/ccs_art_18403A.shtml)
El 21.07.06 los habitantes de una ocupación
realizada desde hace cuatro años en la parroquia La
pica, en Maturín, cerraron el paso vehicular durante
varias horas tras recibir una orden de desalojo. El
alcalde Numa Rojas medió con los manifestantes y
prometió recursos para la construcción de soluciones
habitacionales. (La Prensa de Anzoátegui, 21.07.06,
pag. 36).
Para el 25.07.06 el MHV había pautado una jornada de
tramitación de casas en las instalaciones del Fuerte
Tiuna, en Caracas, que fue suspendida sin ser
notificada previamente. Los que asistieron a la
cita, bloquearon por espacio de dos horas la
autopista Valle-Coche. (El Universal, 25.07.06,
http://noticias.eluniversal.com/2006/07/25/ccs_art_25404A.shtml).
Por su parte, las familias integrantes del Comité de
Tierras del Barrio Santa Eduvigis de Catia La Mar
interrumpieron el tránsito a la entrada de la
autopista Caracas-La Guaira en protesta por el
retraso del Programa de Sustitución de Rancho por
Vivienda. El incumplimiento afecta a 270 familias
del sector. "En noviembre pasado el anterior
ministro, Luis Figueroa, vino al barrio y demolieron
los cinco primeros ranchos. Prometió viviendas
dignas que se construirían en esos espacios en
cuatro meses. Han pasado ocho y las familias
afectadas viven arrimadas o alquiladas y con
desespero sobre su futuro", explicó María Rodríguez,
del Comité de Tierras. La congestión de vehículos
provocada por la manifestación, fue dispersada por
un contingente de la Policía Metropolitana de
Vargas, quienes dispararon perdigones al aire para
lograr mantener el orden. (El Universal 25.07.06,
http://noticias.eluniversal.com/2006/07/25/ccs_art_25405C.shtml).
Otra denuncia sobre el impedimento del derecho a la
protesta ocurrió el 28.07.06 cuando por órdenes del
Ministerio del Interior y Justicia (MIJ), la Brigada
Especial Antimotín de Aragua impidió la salida de 37
autobuses que se disponían a llevar a más de mil
personas hasta la Procuraduría General de la
República, en Caracas, donde tenían previsto
entregar un documento exponiendo sus reclamos por
falta de viviendas. Al parecer, según explicaron los
manifestantes, de acuerdo a información aportada por
el comandante de la Policía de Aragua, el MIJ ordenó
la retención del contingente debido a que está
prohibido hacer protestas en Caracas. El argumento
fue rechazado por los manifestantes de la
Organización Comunitaria de Vivienda (OCV) con más
de dos mil asociados, quienes procedieron a
obstaculizar el paso en las adyacencias del terminal
de pasajeros, lo que ocasionó un fuerte
congestionamiento por más de tres horas. (El
Universal, 28.07.06, http://noticias.eluniversal.com/2006/07/28/pol_art_28109C.shtml)
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DERECHOS
ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Denuncian presuntos atropellos de la Guardia Nacional a
mineros en huelga en El Callao |
Cuatro años atrás se realizó un acuerdo
bilateral entre los gobiernos de China y
Venezuela que estipulaba, entre otras cosas, un
convenio entre la empresa china Shandon Gold y
la Corporación Venezolana de Guayana (CVG)
Minerven. El mismo consistía en cooperación
tecnológica para la explotación de una mina de
oro en El Callao, por la cual la representante
asiática en Venezuela, la empresa Jin Yan, se
encargaría de transferir tecnología en los
primeros dos años, tras lo cual explotaría el
yacimiento aurífero por ocho años más. Tras el
inicio operativo del convenio, los trabajadores
se sindicalizaron bajo la figura de Sintra Jin
Yan e introdujeron un proyecto de convención
colectiva el 30.08.05 en la Inspectoria del
Trabajo de Guasipati, que en ocho meses de
discusión con los patrones, apenas se han
ratificado 8 cláusulas. Como forma de ejercer
presión, el sindicato inició paros escalonados,
“justificados por la precaria situación de
higiene y seguridad industrial”, como informó
Erick Carima, secretario de asuntos sociales de
Sintra Jin Yan. Ante la falta de respuesta a sus
demandas, se convocó a una huelga indefinida el
9.06.06, en la que se involucraron más de 350
mineros afiliados al ente sindical. Los
dirigentes obreros aseguraron que la Asamblea
Nacional, Consejo Legislativo del estado
Bolívar, Ministerio del Trabajo, Vicepresidencia
de la CVG y Minerven, como empresa asesora de
Jin Yan, han conocido el tema por medio de
oficios y no han actuado con la diligencia que
viene al caso. (Correo del Caroní, 25.07.06,
A/6). El 27.07.06 los huelguistas cerraron el
paso a El Callao como parte de las acciones por
sus reivindicaciones laborales (El Universal,
28.07.06, 1/9). La acción fue motivada cuando en
el intento de realizar una marcha desde la
población hasta la sede de la Alcaldía, fue
impedida por la detención previa de Carlos Soto,
secretario general de Sintra Jin Yan. "Era una
movilización pacífica como ha sido la actitud
mostrada por los trabajadores hermanos de Jin
Yan, pese a los 49 días de huelga indefinida sin
que se haya producido ninguna reacción de los
entes gubernamentales", explicó Miguel Bolívar,
secretario general de Sintraminerven. Tras la
detención, los trabajadores decidieron trancar
las vías de comunicación. Días atrás, el
secretario general de Sintra Jin Yan, había
denunciado a través de los medios de
comunicación la presunta represión contra los
trabajadores en huelga por parte de la Guardia
Nacional: "fuimos atacados en forma violenta por
un grupo comando de la GN al mando del teniente
Wilson Hurtado. Arremetieron con peinilla en
mano, bombas lacrimógenas y disparando
perdigones, violando la Constitución y la Ley
Orgánica de Trabajo que establecen el derecho a
huelga". Se conoció que el dirigente obrero
había sido trasladado al Comando Regional Nº 8 (Core
8) de la GN. (Correo del Caroní, 28.07.06,
http://www.correodelcaroni.com/content/view/38573/1/)
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DERECHOS
ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Inauguración de Casas de la Juventud incentiva
la inclusión social de los jóvenes en el país |
Bajo
la denominación “Casas de la Juventud”, el Instituto
Nacional de la Juventud (INJ) ha venido inaugurando
espacios para ofrecer capacitación y estímulo para
su incorporación a las misiones sociales y
educativas que adelanta el ejecutivo nacional. El
07.07.06, en el estado Barinas, se abrieron Casas de
la Juventud en los municipios Cruz Paredes y Alberto
Arvelo Torrealba, contando con la presencia de las
autoridades regionales. La actividad principal de la
jornada se realizó en el Gimnasio Cubierto de
Barinas, evento en el que se entregaron 86 becas
estudiantiles por 160 mil bolívares mensuales a
jóvenes de escasos recursos que cursan carrera
universitaria y poseen un alto rendimiento
académico. Asimismo fueron entregados ayudas
financieras a 37 jóvenes pertenecientes a todos los
municipios del estado Barinas, creando de esta
manera 120 empleos directos, y 244 indirectos;
quienes desarrollaran sus programas en los sectores
de manufactura, servicios, comercio, agrícola y
agropecuario. (Instituto Nacional de la Juventud,
07.07.06, http://www.inj.gov.ve/paginas2/nota_completa.php)
El 18.07.06 el presidente del INJ, Enrique Ramos,
visitó a la ciudad de Barquisimeto para inaugurar
dos Casas de la Juventud, tras lo cual anunció que
habían sido abiertas un total de 45 en todo el país.
También, el funcionario otorgó más de 400 millones
de bolívares en financiamientos y en becas a jóvenes
larenses. Estos recursos, informó el INJ, permitirán
apoyar el Programa de Primer Empleo impulsado por
este instituto para beneficiar a jóvenes que
trabajan en los sectores agrícola, agropecuario,
manufacturero y servicios. Ramos señaló que los
financiamientos de este programa permitirán generar
119 empleos directos y 182 empleos indirectos a
jóvenes de la región larense. El INJ aspira a abrir
una Casa de la Juventud por cada municipio del país,
según expresó Ramos, quien agregó que en Lara se
abrirá un total de nueve casas de este tipo.
(Agencia Bolivariana de Noticias, 18.07.06, http://www.abn.info.ve/go_news5.php?articulo=54162&lee=Array[0])
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DERECHOS
ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Aumenta siniestralidad
en el sector petrolero |
Oswaldo Caibett, presidente de la Federación de
Trabajadores Petroleros (Fedepetrol), afirmó que
ha aumentado la siniestralidad en las
instalaciones petroleras de Falcón, debido,
entre otros factores, a la designación para los
cargos de personas con inexperiencia. La
Gerencia General del Centro Refinador Paraguaná
(CRP), por su parte, aseguró que el incremento
de los accidentes se debe al relajamiento de los
trabajadores en el cumplimiento de las normas de
seguridad. De acuerdo con datos manejados por el
ente gerencial, entre 1999 y 2000 se mantuvo una
frecuencia de accidentes e incidentes de 7,7% y
7,6% . Luego en 2003 descendió a 3,5% y, a
partir de 2004, se incrementó para colocarse en
4,7%, sin embargo, el repunte reportado en 2005
la colocó en 7,9% . En tal sentido, fuentes de
la industria aseguran que este año se ha
mantenido la cifra en alza.
El secretario general del Sindicato Municipal de
Trabajadores Petroleros de Lagunillas, Hugo
Bastidas, mostró su preocupación debido a que
han ocurrido en lo que va del 2006 cerca de 15
accidentes, toda vez que la media en años
anteriores no pasaba de cinco o seis eventos a
estas alturas del año. (El Mundo, 18.07.06, pag.
5).
Para las refinerías de Amuay y Cardón, las
cifras establecen que se han registrado 12
accidentes, dejando un saldo de 17 heridos y
ocho trabajadores muertos. Estas instalaciones,
junto con la de Bajo Grande, conforman el Centro
de Refinación Paraguaná (CRP), considerado el
más grande del mundo que produce más de 900.000
barriles de crudo diarios. Cada uno de estos
accidentes ocurridos en el CRP ha provocado la
apertura de investigaciones, pero no sólo por
parte de Pdvsa, sino también por parte del
Ministerio Público. También hay cinco
expedientes abiertos por el Cicpc. (El Mundo,
19.07.06, pag. 5)
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DERECHOS
ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Temporada de lluvias origina damnificados en todo el
país |
El
20.07.06 se informó que un fuerte aguacero y vientos
huracanados azotaron a la capital carabobeña y
municipios aledaños durante más de tres horas,
dejando un saldo de unas 320 familias afectadas. El
reporte de Protección Civil-Carabobo contabilizó 70
casas inundadas en la parroquia Miguel Peña en el
sur valenciano, mientras que otras 250 viviendas se
anegaron en los sectores Los Chaguaramos y El Zanjón
de Central Tacarigua en el municipio Carlos Arvelo,
en el sector Güigüe. Funcionarios de Protección
Civil, Policía de Carabobo, Cuerpo de Bomberos y
Guardia Nacional laboraron en un plan de
contingencia para asistir a las personas afectadas,
colocando bombas de agua para secar las viviendas
que resultaron inundadas. (El Universal, 20.07.06,
http://www.eluniversal.com/2006/07/20/pol_art_20109A.shtml).
Antonio Rivero, titular de la Dirección Nacional de
Protección Civil y Administración de Desastres,
anunció que más de 40 mil personas, unas ocho mil
familias, habían sido afectadas por el inicio de
lluvias. De esta cifra, dos mil familias resultaron
con viviendas deterioradas o con pérdida total,
ubicadas además, en zonas de alto riesgo o en
comunidades aisladas por el colapso de las vías de
comunicación. Según Rivero la situación más delicada
se presenta en cinco estados del país: Mérida,
Táchira, Apure, Monagas y Sucre, donde se ubican las
casi 10 mil personas afectadas durante los 10
últimos días. No obstante, aseguró que la situación
ha sido controlada por las autoridades locales y
regionales, con el apoyo de la Dirección Nacional de
Protección Civil y Administración de Desastres, con
el propósito de garantizar el menor impacto humano.
(Radio Nacional de Venezuela, 20.07.06, http://www.rnv.gov.ve/noticias/index.php?act=ST&f=19&t=35828).
Por su parte, el Servicio Jesuita de Refugiados (SJR)
difundió una nota de prensa el 21.07.06 en donde
relacionaban la situación de pobreza, violencia e
inseguridad de los pobladores del Distrito especial
del Alto Apure con los estragos causado por las
lluvias. Datos oficiales citados por la organización
estimaban en 11.689 las personas que se encontraban
albergadas en escuelas y centros comunales como
consecuencias de las precipitaciones que han hecho
que los ríos Arauca y Sarare se desborden. Merlys
Mosquera, directora nacional del SJR, con sede en
Guasdualito, afirmó: "nos preocupa que los más
afectados como siempre son los más pobres y
vulnerables pues en el total de las familias
afectadas se encuentran 41 familias indígenas y
aproximadamente 98 familias refugiadas que llegaron
a nuestro país huyendo del conflicto armado
colombiano buscando resguardar sus vidas". Ante esta
emergencia, las instituciones de la iglesia católica
presentes en la frontera Parroquias, Radio Fe y
Alegría, Servicio Jesuita a Refugiados y Cáritas de
Venezuela, han venido coordinando acciones para
acompañar a las familias afectadas. (Noticias
Provea, 28.07.06, http://www.derechos.org.ve/noticias/)
El 22.07.06 las autoridades del estado Bolívar
declararon estado de alerta ante las fuertes y
constantes lluvias que se registran en la entidad
desde hace dos meses. José García, director de
Protección Civil en la región, dijo que este año se
produjo un incremento en la intensidad de las
precipitaciones en 40%, respecto de la temporada del
año pasado. La falta de urbanismo ha provocado que
los chaparrones produzcan el colapso de los centros
poblados e inundaciones en barrios y avenidas. Para
el organismo los municipios más afectados eran
Cedeño, Heres, Caroní, El Callao y Gran Sabana. Las
inundaciones por falta de drenajes ocasionaron
enfermedades en la piel, gripe y diarreas. Las
cifras parciales hablan de 80 familias perjudicadas
en el municipio Caroní, 30 en Villa Caruachi –Puerto
Ordaz- y 20 en San Francisca Duarte. (Ultimas
Noticias, 22.07.06, pag. 30).
Las lluvias arreciaron para el 24.07.06, ocasionando
en el estado Mérida que 200 personas quedaran
completamente incomunicadas debido al bloqueo de
caminos producto de las precipitaciones. Rivero
informó que intentarían llegar al lugar con un
helicóptero del Ejército para asistir a los
pobladores de Mucutatí, municipio Arzobispo Chacón.
Además de Mérida, el director de Protección Civil
informó que Táchira, Barinas, Monagas, Delta Amacuro,
Apure, Monagas y Distrito Capital habían aumentado
el número de personas dañadas por los aguaceros. El
balance en los últimos diez días es: 4,826 familias
afectadas, 696 familias damnificadas, 21,790
personas afectadas, 3.352 personas damnificadas,
tres fallecidos, once lesionados, 4.783 viviendas
afectadas y 531 destruidas. (Ultimas Noticias,
24.07.06, pag. 2)
Las cosechas de las comunidades indígenas de Apure (Yaruro,
Cuivas y Jiwi) fueron arrasadas por los temporales,
tras lo cual la gobernación del estado firmó un
convenio para rescatar 15.000 hectáreas. (El
Nacional, 28.07.06, B/20).
Para el 31.07.06, tras tres horas de aguaceros,
cinco sectores de Ciudad Guayana resultaron
afectados, con un saldo de 200 casas anegadas. Los
habitantes de San Félix y de Puerto Ordaz exigieron
atención permanente de las autoridades. "Estamos
cansados que esto pase todo el tiempo y sólo nos den
paños calientes, queremos que se resuelva esto ya",
dijo Yudith Rodríguez, damnificada, "el gobernador
me sacó el 25 de marzo prometiéndome una vivienda
digna y aquí me inundo cada vez que llueve", agregó.
Los habitantes del sector Villa Caruachi,
perteneciente a la UD-338 de Puerto Ordaz pidieron
acelerar la construcción de unas dos mil viviendas,
prometidas en el marco del programa que promueve el
estado "casa por rancho". Las precipitaciones
esporádicas son monitoreadas por las autoridades de
Protección Civil, quienes aseguraron que por lo
menos 800 familias se encuentran en situación de
riesgo en Ciudad Guayana. (El Universal, 31.07.06,
http://www.eluniversal.com/2006/07/31/pol_art_31111A.shtml)
Denuncian irregularidades en pago de
indemnizaciones
El 21.07.06 un grupo de familias afectadas por el
crecimiento del lago de Valencia interrumpieron la
sesión ordinaria del Consejo Legislativo del Estado
Aragua (CLEA), para exigir un derecho de palabra
para denunciar, presuntamente, la interferencia de
activistas políticos en el pago de indemnizaciones.
Los manifestantes señalaron que algunos dirigentes,
buscando beneficios electorales, están conformando
una contraloría social para exponer presuntas
irregularidades por parte del Servicio Autónomo de
la Vivienda Rural (Savir), organismo encargado de
tramitar el pago. Denunciaron que la comisión
regional está integrada por personas que ya
obtuvieron la cancelación de sus viviendas y que
sólo buscan cobrar un monto adicional de 20 millones
de bolívares. Según Jesús Peña, vocero de los
manifestantes, las intenciones del supuesto grupo
contralor sólo retrasará el pago de las
indemnizaciones a más de mil quinientas personas que
aún habitan las riberas del lago de Valencia, las
cuales esperan el beneficio desde hace más de un
año. (El Universal, 21.07.06, http://www.eluniversal.com/2006/07/21/pol_art_21109A.shtml)
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DERECHOS
ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Grupos sociales denuncian distorsión informativa en
promociones de la explotación del carbón en el Zulia |
En
un comunicado difundido el 17.07.06, el grupo
ambientalista del estado Zulia, Homoetnatura,
denunció la existencia de una campaña para
desprestigiar la lucha ambiental e indígena contra
la expansión de la producción carbonífera en la
zona. “La campaña mediática, la entrega de bolsas de
comidas y otras dádivas en comunidades indígenas, y
las llamadas campañas médicas integrales, como en
los mejores tiempos cuarto republicanos, no tienen
otro objetivo que confundir la opinión pública,
quebrar la resistencia indígenas y criminalizar a
los grupos ecologistas”. En el pronunciamiento
destacan la emisión de una cuña, a través de Vive Tv,
el cual consideran que no se corresponde a la
realidad. “Desde las 10 de la noche del jueves 6 de
julio se viene proyectando un video en uno de los
dos canales del Estado sobre el proceso de
demarcación de tierra del pueblo Barí, donde aparece
una cuña de Corpozulia, pero unos minutos antes del
primer negro una de las operadoras indígenas de
Carbones del Guasare, miembro de la comisión,
asegura que gracias a la corporación carbonera hoy
se hace una realidad la demarcación de tierras
indígenas. Posteriormente un dirigente Barí
tímidamente repite parte del agradecimiento a
Corpozulia; no dando chance a profundizar la
verdadera relación entre Corpozulia y el problema de
la tierra para los pueblos indígenas Barí, Yukpa y
Wayúu del Socuy”. Homoetnatura argumenta al respecto
“Nada más lejos de la realidad o del imaginario del
pueblo Barí, Yukpa o Wayúu del Socuy que esta
afirmación, todo lo contrario, el último
planteamiento del pensamiento indígena se expresa
-en la- consigna de exigirle al Gobierno y al
Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales
la entrega de títulos de propiedad colectiva de
tierras sin minas de carbón y sin ganaderos, es
decir, la necesidad de que le Presidente Chávez
derogue todas las concesiones de carbón en el
piedemonte de la Sierra de Perijá desde el río Socuy,
en el municipio Mara, hasta Rió de Oro, municipio
Jesús María Semprún y le cancele a cada ganadero el
pago de las bienhechurías de las haciendas que los
Barí, Yukpa y Wayúu autodemarcaron como territorios
indígenas”. (Aporrea, 17.07.06,
http://www.aporrea.org/dameverbo.php?docid=80897)
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DERECHOS
ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Propuestas
y exigencias de Provea a los poderes públicos sobre el derechos
a la tierra |
• Continuar de manera progresiva con el proceso de
adjudicación de tierras, que contribuya a una mejor
distribución de la misma, garantizando el
cumplimiento adecuado de los procedimientos
previstos en la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario.
• Eliminar el latifundio improductivo y en caso de
expropiaciones, garantizar el pago oportuno de una
justa indemnización
• Descentralizar las instancias de decisión sobre la
tenencia de la tierra, haciéndolas accesibles al
campesino.
• Promover y crear espacios para el diálogo entre
los distintos sectores del campo venezolano con la
finalidad de aminorar las tensiones y diseñar
políticas públicas que garanticen beneficio a todos
los actores involucrados.
• Investigar y sancionar a los responsables de los
asesinatos de campesinos y adoptar medidas adecuadas
para brindar seguridad a los productores y
trabajadores del campo.
• Garantizar mecanismos que mejoren de las
condiciones de vida del campesino, entre ellos la
dotación de servicios de salud y educación, el pago
de un salario rural justo, la seguridad jurídica de
la tenencia y el apoyo técnico, crediticio y en los
mecanismos de mercadeo.
• Realizar a la brevedad el catastro rural para
garantizar seguridad jurídica de la tenencia de la
tierra.
(Provea, 29.07.06.
http://www.derechos.org.ve/publicaciones/infanual/2004_05/Propuestas.pdf)
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DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
Masacre de Alto Apure se suma al contexto de violencia
e impunidad en el campo |
El pasado
22.07.06, los medios de comunicación informaron
sobre el asesinato de 7 personas en la finca Los
Ángeles, en el kilómetro 57 del Alto Apure. Una
octava persona, sobreviviente del suceso, se
encontraba recluida en el Hospital Militar de San
Cristóbal. Las primeras versiones, emitidas por el
Ministro de Interior y Justicia Jesse Chacón,
manejaron entre otras la hipótesis de un
enfrentamiento entre guerrilleros y paramilitares.
(Ultimas Noticias, 22.07.06, pag. 28). Las víctimas
fueron identificadas como Jennifer CHACON, Yenny
PABON, Edwin Fernando DIAZ, Pedro MONCADA, Flor DE
MONCADA, Ovidio LIZARAZO y los niños John y Daniel.
Un tercer menor, de 9 años, sobrevivió con
quemaduras de segundo y tercer grado en el cuerpo,
pero falleció días después en el Hospital Central
Universitario José María Vargas (El Nacional,
27.07.06, B/24) . Fuentes castrenses revelaron, de
manera extraoficial, que las víctimas habrían sido
maniatadas y amordazadas y les propinaron un tiro de
gracia para luego ser incineradas. Una niña de 12
años, hija del encargado del fundo, logró escapar de
los ataques e informar por teléfono: “Vénganse,
porque nos está matando el Ejército”, tras lo cual
se puso a la protección de la Defensoría del Pueblo
en Guasdualito. (El Nacional, 22.07.06, B/18). Según
su testimonio, una persona vestida como militar
habría sido la presunta responsable, siendo
identificado como un desertor del Ejército. (Ultimas
Noticias, 23.07.06, pag. 21). Una segunda menor de 4
años, también presenció el acontecimiento. El acusado responde al
nombre de Luis Lira Rodríguez, de 20 años de edad,
distinguido de la Fuerza Armada Nacional. Al momento
de su captura, el joven presentaba quemaduras leves
en el cuerpo y su uniforme estaba impregnado de
gasolina, por lo que la Fiscalía General procedió a
imputarlo por homicidio calificado. Al ser
consultado el Ministro Chacón sobre la posible
actuación de otras personas en la masacre, declaró
que hasta los momentos no poseía mayores detalles.
(El Nacional, 25.07.06, B/19). El jefe de la Novena
División Caballería Motorizada e Hipomóvil y de la
guarnición militar de Apure y Barinas, general de
división Carlos Augusto Briceño Márquez, declaró que
se desconocía si el soldado presuntamente implicado
cometió directamente el crimen. "Cuando se le
intenta preguntar sobre los hechos a los que se les
señala, pierde el control". (El Nacional, 25.07.06,
B/19). Lira será sometido a exámenes por los
psiquiatras forenses de la policía científica para
descartar si padece alguna enfermedad mental. (El
Mundo, 25.07.06, pag. 20).
Ante este suceso, Provea emitió un pronunciamiento
el 26.07.06 en el que le solicitaba a los poderes
públicos una investigación transparente para
determinar las autorías materiales e intelectuales
del crimen. En el comunicado, se recordaron
violaciones anteriores a los derechos humanos en los
que, presuntamente, estaba involucrado el Teatro de
Operaciones 01: “En abril del 2005, el Frente
Nacional Campesino Ezequiel Zamora (FNCEZ) denunció
que 5 campesinos habían sido detenidos por agentes
del T01, dando muerte a uno de ellos e hiriendo a
otros dos. Además, dichos funcionarios detuvieron y
acusaron por el delito de rebelión militar a 5
campesinos, miembros de una Cooperativa agrícola,
que no tenían relación con grupos irregulares”.
Provea exigió que la investigación se mantuviera en
la jurisdicción ordinaria como se encuentra
establecido en el Artículo 261 de la Constitución de
la República Bolivariana de Venezuela: “La comisión
de delitos comunes, violaciones de derechos humanos
y crímenes de lesa humanidad, serán juzgados por los
tribunales ordinarios. La competencia de los
tribunales militares se limita a delitos de
naturaleza militar”. El texto completo del
pronunciamiento puede consultarse en el sitio web de Provea en http://www.derechos.org.ve/actualidad/comunicados/notas_prensa_2006/altoapure.htm
Provea ha recibido diversas informaciones que
sugieren la participación de más de una persona en
la masacre, así como el malestar de la población de
Alto Apure contra algunas actuaciones irregulares
del TO1, expresadas en una comunicación suscrita por
300 personas y enviada al Ministro de la Defensa,
General en Jefe Raúl Isaías Baduel. En contraste, el
Defensor del Pueblo German Mundaraín aseguró que una
sola persona fue la autora del crimen de Alto Apure
(Unión Radio, 26.07.06, http://www.unionradio.com.ve/Noticias/Noticia.aspx?NoticiaId=175939).
En sus declaraciones Mundaraín recalcó que la Fuerza
Armada Nacional poseía una tradición de legalidad y
respeto: “La imagen de la Fuerza Armada no puede
estar comprometida por la actuación delictiva de un
soldado” (El Universal, 27.07.06, http://www.eluniversal.com/2006/07/27/pol_ava_27A753839.shtml).
Esta versión fue corroborada por el Ministro de la
Defensa y el Ministro de Interior y Justicia, Jesse
Chacón, en una rueda de prensa realizada el
29.07.06. (El Mundo, 29.07.06, pag.2). El 31.07.06
el General de Brigada del TO1, Eusebio de la Cruz
Agüero, informó que serían interrogados los
militares que estaban destacados en el puesto de
control de la zona de Los Pájaros, en el Alto Apure.
(El Nacional, 31.07.06, B/22).
El gobierno colombiano presentó una nota verbal ante
la Embajada de Venezuela por la muerte en los
sucesos de cinco personas de origen colombiano. (El
Nacional, ídem). Por último, el Fiscal General de la
República, Isaías Rodríguez, en una declaración
realizada el 01.08.06, aseguró que hasta los
momentos "era prematuro e inconveniente revelar si
hay más personas involucradas en la masacre, aparte
del distinguido del Ejército". Rodríguez anunció una
investigación paralela para corroborar las denuncias
de supuestas presiones físicas y psicológicas
por parte de efectivos castrenses sobre los
pobladores del estado Apure (Ultimas Noticias,
01.08.06, pag. 26). Asimismo, aseguró que el testigo
presencial del hecho era una pequeña de cuatro años.
(El Universal, 01.08.06, 4/10).
A Provea preocupa que la situación suscitada en el
Alto Apure se sume a la difícil situación de
violencia e impunidad en el campo, la cual ha dejado
desde 1999 la cifra de 54 víctimas según
estimaciones de la propia Defensoría del Pueblo.
Provea ha solicitado para todos los casos la
investigación y sanción de los responsables de
asesinatos de campesinos y campesinas, así como la
adopción de las medidas adecuadas para brindar
seguridad a los productores y trabajadores del
campo. En este sentido, Nestor López, dirigente de
la Federación Campesina de Venezuela (FCV), anunció
que se reuniría con el Ministro Chacón para
intercambiar información sobre la delicada situación
en que viven los campesinos. La FCV contabiliza 150
trabajadores del campo asesinados por la aplicación
de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario. Los
campesinos, afirmó, lejos de aminalarse con la
situación, piden a las autoridades que se profundice
la aplicación del instrumento legal. (Ultimas
Noticias, 25.07.06, pag. 14). Yobany Alvarez,
delegado de la Coordinadora Agraria Nacional
Ezequiel Zamora (CANEZ) declaró que no se habían
satisfecho las expectativas abiertas por el
ejecutivo nacional relacionadas con el sicariato
contra campesinos: “se han hecho reuniones con el
alto gobierno y estás han quedado en el papel”.
Alvarez argumentó que no se ha cumplido con la
investigación de los asesinatos para determinar la
identidad de sus autores materiales e intelectuales,
y que tampoco la Fiscalía ha ofrecido resultados. El
delegado, perteneciente también al Frente Campesino
Simón Bolívar del Alto Apure, solicitó protección
para los dirigentes campesinos y realizó un llamado
al campesinado a realizar ocupaciones de tierra
(Aporrea, 25.07.06, http://www.aporrea.org/ddhh/n81274.html)
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DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
Red de Apoyo pide celeridad
a la Fiscalía en manifestación |
La Red de Apoyo por la Justicia y la Paz realizó una
manifestación el pasado 28.07.06, en las puertas de
la Fiscalía General de la República en Caracas, para
acompañar la reunión realizada entre la familia
Neira y representantes de la instancia oficial para
acordar un cronograma para las investigaciones. Como
se recordará, Daniel NEIRA (14) falleció el 15.03.05
en un confuso incidente que involucra,
presuntamente, a una comisión mixta de efectivos del
Ejército y la Guardia Nacional. El niño murió al
sufrir impactos de bala cuando viajaba por una
carretera de El Nula, Alto Apure. (El Nacional,
29.07.06, B/19). Según el relato de sus familiares
después de ordeñar las vacas, el joven montó los
cántaros de leche en una camioneta pick up para
transportarlos. En una parte del camino se encontró
con un grupo de militares que detenían a un
motorizado. La imagen lo asustó así que, sin atender
la voz de alto, emprendió el regreso. La familia del
muchacho afirma que los militares lo persiguieron y
le dispararon. Llegó herido a su casa. Los efectivos
entraron a la residencia donde vivía el joven con
sus abuelos y una tía. La abuela aún recuerda los
empujones y la forma en que los efectivos del
Ejercito los amenazaban con los fusiles y
advirtiéndoles que se quedaran tranquilos. (El
Universal, 29.07.06, http://www.eluniversal.com/2006/07/29/ccs_art_29472G.shtml).
Los familiares solicitan que el caso sea adelantado
por la Fiscalía 20 de San Cristóbal, y no por la
número séptima de Apure, pues la tachirense queda
sólo a dos horas de su residencia. Las
investigaciones sólo han tomado la declaración del
Mayor (Ej) Vargas Palencia y el Teniente (Ej)
Villegas. “Algunos de los soldados ya fueron dados
de baja –sostiene el padre del niño- y los
suboficiales cambiados del sitio de servicio” (El
Universal, ídem).
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DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
Familiares
denuncian presuntas torturas realizadas por el CICPC |
El
pasado 13.07.06, un grupo de familiares se acercó a
la sede de Provea para denunciar torturas por parte
de la Comisión de Investigaciones Científicas,
Penales y Criminalísticas (CICPC) hacia cuatro
personas, tres de ellos privados de libertad, por su
presunta participación en un secuestro ocurrido a
comienzos de año en el estado Mérida. Las personas
torturadas, según la denuncia, son Yohan Alexander
CASTILLO (25), Adria Ramona CASU, Febe Raquel AULAR
y Edwin Rafael MARTINEZ. Martinez se encuentra en
libertad, Castillo está recluido en la Comandancia
General de la policía del estado Lara y Casu y Aular
se encuentran en la Penitencieria General de la
República.
Los familiares relataron como sus allegados habían
sido sometidos a métodos de tortura como bolsas con
sustancias tóxicas, asfixia por inmersión, colgados
por las muñecas y aplicación de corriente eléctrica
en varias partes del cuerpo. En el caso de Castillo,
tras estar suspendido por un mecate por más de tres
horas, trajo como consecuencia lesiones graves las
cuales les inhabilitaron ambos brazos. El informe
médico del Doctor Klebel León, Jefe del Servicio de
Medicina Física y Rehabilitación del Hospital
Central de Barquisimeto, le diagnosticó una lesión
neuropática de ambos plexos braquiales, lo cual
generaría una discapacidad neuromuscular que le
impide realizar actividades cotidianas (asearse,
comer, hacer sus necesidades) por cuenta propia.
Por otra parte, Edwin Martínez fue detenido el
15.06.07 en Naguanagua, estado Carabobo, por agentes
del Cicpc. Según su testimonio permaneció retenido
durante ocho días, tiempo durante el cual fue
golpeado, y torturado mediante inmersiones en un
estanque de agua y aplicaciones de electricidad. Al
octavo día, el 23.06.07, fue vendado y dejado
abandonado en el estado Portuguesa tras advertirle
que si denunciaba lo ocurrido lo asesinarían junto a
su familia. Al llegar a su apartamento, Martínez
constató que había sido objeto de un allanamiento
domiciliario y le habían incautado un televisor, un
dvd, una computadora personal y otros efectos
personales. Asimismo, le habían sustraído,
utilizando su tarjeta de débito, todos el dinero de
sus ahorros.
En San Juan de los Morros, estado Guárico, una niña
de 12 años fue secuestrada para obligarla a rastrear
a su madre, Adria Casu, el 04.05.06. Tras ubicarla
es golpeada frente a la menor y ambas son
trasladadas a la sede del CICPC. En la sede del
organismo policial, la niña escucha los golpes,
improperios y torturas causadas a su madre, tras lo
cual es destinada a la Casa Hogar “Carmen Joaquina
Osorio”, donde permaneció en custodia durante casi
un mes.
Los familiares acusan a la Comisión del Cicpc
asignada al caso como responsable de los excesos. La
misma está encabezada por Luis Francisco Monroy
Gálvez, Inspector Jefe, e integrada por el Inspector
Juan Benítez y los Detectives Júpiter Guerra y José
Urbina. Todos están adscritos a la delegación Mérida
de dicho ente policial. Asimismo, denuncian que son
víctimas de hostigamiento policial y amenazas de
muerte y desaparición. Tras realizar diversas
solicitudes a la Defensoría del Pueblo y el
Ministerio Público, los denunciantes solicitan a
otros organismos públicos impedir y asignar
responsabilidades penales y administrativas en lo
que consideran una flagrante violación del derecho a
la integridad física, consagrados por la
Constitución, así como los daños generados como
consecuencia de esa violación.
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