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Una lectura de la realidad venezolana
desde los derechos humanos |
Boletín electrónico Nº 174
Del 02 al 17 de
agosto
de 2006 |
EFEMERIDES DE DERECHOS HUMANOS DEL MES DE AGOSTO
CONTEXTO
* Provea, abre concurso para la selección de la
portada del Informe Anual Octubre 2005 /
Septiembre 2006 “Situación de los Derechos
Humanos en Venezuela”
*
La Agencia
PANA (Cecodap) presentó su segundo informe anual
* Indígenas por la
autodeterminación
DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y
CULTURALES
* Enfermeras de Carabobo
protagonizan conflicto por demanda de mejoras en
condiciones laborales
* El Cabildo Metropolitano acuerda nuevas
medidas de expropiación de viviendas
* Chávez finalizará gestión sin cumplir con
Nueva Tacagua
* Anuario internacional sobre Pueblos indígenas
recoge la situación de las poblaciones
venezolanas
* Día Internacional de las Poblaciones Indígenas
y avances en la inclusión social de las
comunidades aborígenes.
* Solicitan priorizar derechos indígenas sobre
derechos mineros
* Tras finalizar huelga en Jin Yan en Ciudad
Bolívar, la empresa despide a 10 trabajadores
* Por la falta de un sello, IVSS niega
tramitación de pensión por vejez
* Propuestas y exigencias de
Provea a los poderes públicos sobre el derecho a
la alimentación
DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
*
Soldado insiste que no
participó solo en Masacre de Apure
* Tras liberación, activista en Derechos Humanos
denuncia las irregulares condiciones de su
reclusión
* Más luchadores sociales sometidos a procesos
judiciales y privados de libertad
* Aumentan los casos de uso indiscriminado de la
fuerza contra manifestaciones populares
* Presidente Chávez exhortó a enfrentar la
violencia de sicarios en el campo
* Corte Interamericana de Derechos Humanos
condena a Venezuela por el caso del Retén de
Catia
* Propuestas y exigencias de
Provea a los poderes públicos sobre los derechos
de las personas detenidas y encarceladas
INVITACIONES A EVENTOS
* Encuentro continental de pueblos y
nacionalidades indígenas del abya yala:
“De la resistencia al poder”
ARTÍCULOS
*
Son derechos "Cooperativas y
derechos sociales"
*
Son derechos "El TSJ y la
impunidad"
* Eduardo Galeano: "Salvavidas de plomo"
NOVEDADES DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN TODOS LOS
DERECHOS PARA TODOS
* " Haití: soberanía y dignidad. Informe final
de la Misión Internacional de Investigación y
Solidaridad con Haití, 3 al 9 de abril de 2005"
* "Libre comercio y derechos humanos: TLC-ALCA"
* "Los DESC desde la problemática
social boliviana"
* "Ensayos sobre derechos humanos"
DOCUMENTOS
* Sobre el Gasoducto del Sur y
sus implicaciones
Agradecemos mencionar la fuente cuando el
contenido sea citado o difundido
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EFEMÉRIDES DE DERECHOS
HUMANOS DEL MES DE AGOSTO |
04-08
Semana Mundial de la Lactancia Materna
06
Lanzamiento de la Primera Bomba Atómica sobre
Hiroshima (1945)
09
Día Internacional de las Poblaciones Indígenas
12
Día Internacional de la Juventud
15
Día Internacional del Recuerdo de la Trata de
Esclavos y de su Abolición
18 Promulgación del Decreto de
Garantías que, entre otras cosas, eliminó la pena de
muerte y el destierro (1863)
23 Día Internacional en Recuerdo
del Comercio de Esclavos y su Abolición
29
Día Internacional del Árbol
30
Día Internacional de los "Desaparecidos"
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CONTEXTO
Provea, abre concurso para la selección de la
portada del Informe Anual Octubre 2005 / Septiembre
2006 “Situación de los Derechos Humanos en
Venezuela” |
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El Programa Venezolano de Educación Acción en
Derechos Humanos, Provea, abre el concurso para la
selección de la portada del Informe Anual Octubre
2005 / Septiembre 2006 “Situación de los Derechos
Humanos en Venezuela”.
Desde hace 17 años, Provea realiza un monitoreo de
la situación de los Derechos Humanos en el país, el
cual plasma en un informe que presenta a finales de
año, en formato libro. Esta publicación es
consultada por funcionarios públicos de alto nivel,
organizaciones sociales, académicos e
investigadores, comunicadores sociales y público en
general. Para este año, deseamos abrir un concurso
para seleccionar a la persona que diseñará la
portada.
La ilustración debe reflejar uno de los dos de los
ejes resaltados por el informe de este año:
1) Situación de los desechos sólidos,
políticas gubernamentales sobre manejo de basura y
experiencias de reciclaje comunitarias
2) Organización y luchas ciudadanas de
movilización por la exigibilidad de derechos,
empoderamiento social y protagonismo popular.
La técnica de diseño es libre, pudiendo utilizar
fotografías digitales completas y/o en collages e
ilustraciones. Las medidas de la portada son 22,1 cm
de alto por 15 cm de ancho. La composición debe
respetar la tipografía tradicional utilizada en el
informe: “Situación de los Derechos Humanos en
Venezuela. Informe anual octubre 2005 / septiembre
2006” en la parte superior y “Provea, Programa
Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos”
en la esquina inferior izquierda. La portada será
impresa a full color. Para darse una idea de esta
composición y del diseño de las últimas 4 portadas
del informe, visitar
http://derechos.org.ve/concursoportada.htm. El
proyecto seleccionado, el cual debe entregarse en
una resolución de 300 dpi, recibirá una remuneración
de 800.000 Bs, además de los créditos en la
publicación y (05) copias del libro impreso. La
propiedad intelectual del diseño ganador pasaría a
ser de Provea.
Los bocetos pueden enviarse vía digital en baja
resolución a la siguiente dirección:
raul@derechos.org.ve , con copia a
marino@derechos.org.ve , hasta el día 31 de agosto.
El envío de bocetos no tiene limitación, y cada
persona puede enviar los bocetos que desee. Se
seleccionarán los cinco mejores bocetos, y sus
autores serán contactados para una entrevista, a
realizarse los días 4 y 5 de septiembre.
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CONTEXTO
La Agencia PANA (Cecodap) presentó su segundo
informe anual |
La Agencia PANA (Periodismo A favor de la Niñez y
la Adolescencia) presentó el pasado 08.06.06 su
segundo informe Anual Niñez y Adolescencia en los
Medios. Se trata de un estudio basado en el análisis
de 22 mil 505 noticias publicadas en el año 2005 por
6 diarios venezolanos, en el cual se muestra qué,
cuánto y cómo se escribe sobre niños, niñas y
adolescentes en el país. El monitoreo fue elaborado
por la Agencia PANA-Cecodap, en alianza con Save the
Children Suecia y UNICEF, y con la metodología de la
Red ANDI América Latina, un grupo de organizaciones
sociales de 12 países de América Latina unidas para
promover los derechos de la niñez y la adolescencia
en los medios de comunicación.
Al analizar las características generales de las
noticias publicadas acerca de la niñez y la
adolescencia en los diarios El Universal, El
Nacional, Últimas Noticias, Diario Vea, Panorama y
El Carabobeño –durante el año 2005- podemos hablar
de avances significativos en cuanto a la cobertura
periodística.
Para Cecodap, durante el período de estudio se
encontró un total de 22.505 noticias referentes a
temas que involucran a las personas menores de 18
años de edad, lo que significa un incremento de
6.671 textos, comparado con los datos del año 2004,
cuando se analizaron 15.834 informaciones. Es de
hacer notar que de esta cantidad, 2.204 textos
corresponden al Diario Vea.
El informe no solo constató un avance en cuanto a la
cantidad de textos publicados, también se dieron
pasos en cuanto a la calidad de la información
publicada. Ya sea en el uso de las fuentes
informativas, el tipo de cobertura de los temas que
requieren mayor difusión y vigilancia, el margen de
apertura para la participación de niños, niñas y
adolescentes en los testimonios, el reciente
monitoreo se diferencia del anterior (2004) y ofrece
importantes avances que esperamos se consoliden en
los próximos años. Entre los temas más tratados en
los medios monitoreados destacan Educación, Salud y
Violencia, con 21,63%, 11,42% y 9,73%,
respectivamente. Mientras que entre los temas
invisibles en la prensa –en lo que se refiere al
ámbito de la niñez y la adolescencia- destacan:
Discapacidad; VIH/Sida; Drogas; y Abuso y
Explotación Sexual. Cada uno de ellos, con menos del
1% de los textos analizados. (Agencia Pana,
08.06.06,
http://www.cecodap.org.ve/htm/eventos/NPInformePANA2006.htm)
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CONTEXTO
Indígenas por la
autodeterminación |
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Representantes de los 370 millones de indígenas
del mundo exigen que la Asamblea General de la ONU
reconozca el derecho de los pueblos nativos a la
autodeterminación.
El pedido fue formulado el 09.08.06, cuando
agencias de la ONU (Organización de las Naciones
Unidas) e instituciones de la sociedad civil de todo
el mundo realizaban diversas actividades para
celebrar el Día Internacional de las Poblaciones
Indígenas.
La demanda de reconocimiento del principio de
autodeterminación es lo más sustancial de la
propuesta Declaración de la ONU sobre los Derechos
de los Pueblos Indígenas, elaborada por
el Foro Permanente para las Cuestiones
Indígenas.
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La demanda de reconocimiento del principio de
autodeterminación es lo más sustancial de la
propuesta Declaración de la ONU sobre los Derechos
de los Pueblos Indígenas, elaborada por
el Foro Permanente para las Cuestiones
Indígenas.
Ya aprobada por el Consejo de Derechos Humanos de la
ONU en Ginebra tras ser debatida durante más de un
decenio, la declaración ahora espera el aval de la
Asamblea General, de 191 miembros, que iniciará el
mes próximo una nueva sesión en Nueva York.
Si es adoptada por la Asamblea General, la
Declaración podría ser un paso importante hacia la
eliminación de violaciones a los derechos humanos
sufridas por indígenas en todo el mundo.
"No es perfecta, pero es un comienzo
importante", dijo Wilton Littlechild, dirigente de
la nación cree en Canadá y miembro del Foro, ante un
selecto grupo reunido el miércoles en la sede de la
ONU en Nueva York.
Consciente de que la Declaración no es de
cumplimiento obligatorio para los gobiernos,
Littlechild esperaba que el documento sirva de
presión para que los gobiernos observen principios
universales como la justicia, la democracia, el
respeto por los derechos humanos y la igualdad.
El documento exige a los gobiernos respetar el
derecho de los pueblos indígenas a la
autodeterminación y el principio de "consentimiento
previo informado" respecto de proyectos de
explotación de sus territorios ancestrales.
Una vasta mayoría de los países expresaron su
apoyo a la declaración, pero otros continúan
rechazándola.
Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda, por
ejemplo, manifestaron su oposición a la demanda de
autodeterminación y consentimiento informado, con el
argumento de que esos principios violan valores
democráticos y el derecho a la propiedad individual.
Es probable que Estados Unidos y sus aliados
procuren cambios en el texto, pero, según
observadores, el esfuerzo será en vano, pues carecen
de apoyo suficiente para eso. De todos modos, los
dirigentes indígenas todavía no cantan victoria
todavía.
"Llamo a todos los estados miembro a adoptar la
Declaración sin ningún cambio", dijo Littlechild,
quien desde hace casi 30 años lucha por el
reconocimiento internacional de los derechos
indígenas. "Es muy importante para nosotros."
El secretario general de la ONU, Kofi Annan, y
otros altos funcionarios que representan a varias
agencias del foro mundial parecen estar de acuerdo
con Littlechild.
"Sólo respetando la diversidad cultural y el
derecho de los pueblos indígenas a la
autodeterminación nuestro trabajo juntos puede ser
verdaderamente llamado sociedad", dijo Annan en
ocasión del Día Internacional de las Poblaciones
Indígenas.
"Es un movimiento para reconocer el desafío
crítico que afrontan", agregó. "Queda mucho por
hacer para protegerlos de violaciones masivas de
derechos humanos, para aliviar la pobreza que
enfrentan y para salvaguardarlos contra muchas
discriminaciones que, por ejemplo, fuerzan a muchas
niñas indígenas a desertar de la escuela."
La Declaración urge a los países del mundo
industrializado a tener en cuenta las preocupaciones
de comunidades indígenas que viven en sus
territorios en la implementación de los ocho
Objetivos de Desarrollo de la ONU para el Milenio.
Entre estos objetivos, aprobados por líderes
mundiales en Nueva York en 2000, figuran reducir a
la mitad para 2015 (respecto de 1990) la proporción
de personas que viven en la indigencia y padecen
hambre, así como lograr la educación primaria
universal, promover la igualdad de género y reducir
la mortalidad infantil en dos tercios y la materna
en tres cuartos.
Y también, combatir la propagación del sida, la
malaria y otras enfermedades, asegurar la
sustentabilidad ambiental y crear una sociedad
global para el desarrollo entre el Norte y el Sur.
Annan dijo que las "perspectivas, experiencias y
cosmovisión" de los indígenas tienen "un rol crucial
en los esfuerzos por lograr los Objetivos de
Desarrollo".
El Día Internacional de las Poblaciones
Indígenas se celebró por primera vez el 9 de agosto
de 1994, al comienzo del Primer Decenio de las
Poblaciones Indígenas del Mundo. En diciembre de
2004, la Asamblea General proclamó el Segundo
Decenio, de 2005 a 2015.
El primer objetivo del programa del Segundo
Decenio aspira a promover "la no discriminación y la
inclusión de los pueblos indígenas", según
funcionarios de la ONU.
"Este objetivo no fue alcanzado", dijo Victoria
Tauli-Corpuz, presidenta del Foro Permanente. "El
racismo sistemático y la discriminación todavía
afectan a muchos indígenas no solamente en los
países en desarrollo, sino también en los países más
ricos y poderosos."
Juan Somavia, director general de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT),
coincidió con Tauli-Corpuz. Según investigaciones de
la OIT, los aborígenes son mucho más vulnerables al
trabajo forzado, el tráfico y la discriminación en
materia laboral que el resto de la población.
"Su tierra y medio de vida está bajo amenaza en
todas partes", dijo. "Donde sea que vivan, son los
grupos más desaventajados y excluidos."
Somavia esperaba que la Declaración
complementara las obligaciones legales asociadas a
la ratificación de los estados del Convenio sobre
Poblaciones Indígenas y Tribales de la OIT, de 1989.
Expertos en biodiversidad de la ONU estiman que
actualmente las poblaciones indígenas del mundo
hablan alrededor de 6.000 idiomas, pero la gran
mayoría de ellos, como las culturas a las que
representan, corren el riesgo de desaparecer.
Según algunas estimaciones científicas,
aproximadamente 97 por ciento de la población habla
cuatro por ciento de los idiomas del mundo.
Por el contrario, casi 96 por ciento de los
idiomas son hablados por apenas tres por ciento de
la población, y la mayoría de estas lenguas son
indígenas. Y 10 por ciento son hablados por menos de
100 personas.
"Estas cifras dan testimonio de la increíble
diversidad lingüística y cultural de la humanidad",
dijo Ahmed Djoghlaf, secretario ejecutivo de la
Convención de la ONU sobre Biodiversidad, quien cree
que la pérdida de esa diversidad no puede ser
separada de la pérdida de diversidad biológica.
(IPS, 10.08.06,
http://www.ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=38332)
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DERECHOS
ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Enfermeras de Carabobo protagonizan conflicto por
demanda de mejoras en condiciones laborales |
El 20.07.06 trabajadoras del ramo de la enfermería amenazaron
con un paro de actividades si se mantenía la
situación de incumplimiento de las autoridades sobre
sus condiciones laborales. María Petrella, miembro
de la directiva del gremio de enfermería, explicó
que mientras el Ministerio de Salud y Desarrollo
Social, por órdenes del Presidente de la República,
niveló el sueldo de un técnico superior
universitario en enfermería a 898 mil 339 bolívares,
y a 954 mil 661 para los licenciados, el Ejecutivo
carabobeño se negaba a homologar los salarios de
quienes trabajan para el Instituto para la Salud del
estado Carabobo (Insalud) y la Gobernación. La
sindicalista denunció que en Carabobo los que más
cobran se encuentran en los 687 mil 11 bolívares,
para los TSU; y apenas 732 mil 442 para los
licenciados, es decir, por debajo de lo establecido
por las autoridades ministeriales. (El Carabobeño,
20.07.06,
http://www.el-carabobeno.com/p_pag_hnot.aspx?art=a210706sl03&id=t210706-sl03).
Días después, las enfermeras de la Maternidad del
Sur, en Valencia, protestaban por la exclusión en el
pago de salarios y la suspensión de algunos
beneficios. Margorie García, licenciada en
Enfermería, informó que el personal protestó la
discriminación que existe con los sueldos, pues
“mientras a las enfermeras de Insalud, hace tiempo
que les aumentaron el sueldo, a nosotras se nos
mantiene un salario de 531 mil bolívares, aparte de
que, desde hace cuatro meses, no nos pagan el
beneficio de la cesta ticket”. (El Carabobeño,
27.07.06,
http://www.el-carabobeno.com/p_pag_hnot.aspx?art=a270706b07&id=
t270706-b07).
La Unión Nacional de Trabajadores (UNT) anunció que
presentaría la situación laboral de cinco mil
enfermeras en el país a la mesa de trabajo
“Conflicto Cero” en la vicepresidencia de la
República. (Agencia Bolivariana de Noticias,
08.08.06,
http://www.abn.info.ve/go_news5.php?articulo=56969&lee=Array[0]).
El 08.08.06 el gremio de enfermeros y enfermeras de
Carabobo iniciaban una nueva acción reivindicativa,
esta vez, una huelga de hambre protagonizada por 4
mujeres a las puertas del Insalud. La acción fue
acompañada por más de un centenar de profesionales
de la salud, quienes gritaban consignas y exhibían
diferentes pancartas. Las manifestantes explicaron
que ellas son las únicas enfermeras del país a las
cuales no se les ha homologado el salario y, además,
se les adeuda el bono alimentario. Calificaron al
gobierno regional de irresponsable y aseguraron que
se mantendrían protestando a las puertas de Insalud
hasta que el presidente del organismo, Carlos
Olaizola, les diga en qué una fecha cancelarán los
referidos pagos que reclaman. En total son 1.670
enfermeras que tienen pendientes pagos que
corresponden al sector salud en Carabobo y que
prestan sus servicios en los diferentes centros de
asistenciales ubicados en los 14 municipios de la
geografía regional. No obstante, señalaron que, por
los momentos, no dejarán de trabajar pues
perjudicarían a las comunidades, pero aclararon que
si no son escuchados sus reclamos tomarían medidas
más drásticas en los siguientes días. (El Universal,
09.08.06,
http://www.eluniversal.com/2006/08/09/pol_art_09108A2.shtml)
Por su parte el vicepresidente del Tribunal
Disciplinario del Colegio de Enfermeros y Enfermeras
del Estado Carabobo, Alexander Bencomo, exigió la
nivelación de los sueldos de estos profesionales
dependientes del ejecutivo con los adscritos al
Ministerio de Salud y Desarrollo Social, y que se
cancele el bono único de la salud nacional. Explicó
que a través de un decreto el mandatario regional,
Luis Acosta Carlez, eliminó la fundación que
administraba las finanzas de la maternidad y desde
entonces los enfermeros y enfermeras de ese centro
asistencia quedaron en nómina bajo la condición de
personal contratado, dejando de percibir una serie
de beneficios laborales contemplados en las leyes de
la república. (El Universal, ídem). Recientemente,
otra medida ordenada por el Gobernador Carlez
vinculada al sector salud fue protestada por
usuarios y personal médico como “privatizadora”.
(Provea, 14.08.06,
http://www.derechos.org.ve/actualidad/coyuntura/2006/coyuntura_170.htm#12).
El inicio de la huelga de hambre generó una
declaración de voceros del gobierno regional,
quienes se comprometieron a homologar los sueldos
para el 30 de agosto próximo e iniciar las
conversaciones para el cumplimiento del resto de las
demandas. Jana Romero, presidenta del gremio, afirmó
que “Levantamos la huelga, pero seguiremos activos
porque haremos el seguimiento necesario a este
conflicto”. (Notitarde, 10.08.06, pag. 28).
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DERECHOS
ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
El Cabildo Metropolitano acuerda nuevas medidas
de expropiación de viviendas |
El 01.08.06 los ediles del Cabildo Metropolitano
acordaron una medida de afectación para los
propietarios con más de tres apartamentos que estén
bajo la modalidad de arrendamiento, cuyos inquilinos
tengan más de 10 años habitando el inmueble.
Asimismo, se estableció que dicha medida será
aplicada a aquellos edificios que estén bajo el
régimen de propiedad horizontal, que daten de 1987 y
que se encuentren en situación de arrendamiento.
Hasta entonces, el Cabildo Metropolitano sólo había
establecido la expropiación de edificios en
situación de arrendamiento, en un anterior decreto
aprobado el pasado 16 de mayo de 2006. Sin embargo,
este nuevo acuerdo extiende la medida a todas las
edificaciones multifamiliares. La medida fue
calificada por Roberto Orta, vicepresidente de la
Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos (Apiur),
como la intención de ocultar las ineficiencias del
Gobierno en materia de construcción de viviendas,
puesto que se intentaría cubrir el déficit
habitacional con expropiaciones. Ante el
desconocimiento del alcance de la medida, Orta
afirmó que el Cabildo podría estar generando falsas
expectativas, en vista de que aún no ha aclarado si
otorgará los títulos de propiedad a los inquilinos o
hará simplemente asignaciones de inmuebles. "Esto se
presta a confusiones porque la gente puede pensar
que el Cabildo se los va a regalar o puede ocurrir
como el caso de las expropiaciones que se hicieron
en el campo: se otorgaron cartas agrarias que no les
permitían a los campesinos vender las tierras porque
el documento no les confiere la propiedad". (El
Universal, 03.08.06,
http://noticias.eluniversal.com/2006/08/03/ccs_art_03401G.shtml).
La Alcaldía Metropolitana anunció que estaba en
capacidad de expropiar 1.200 inmuebles, para vender
los apartamentos a sus inquilinos. Neptalí García,
vicepresidente del Cabildo Metropolitano, advirtió
que los arrendatarios tenían que solicitar la medida
para tramitar el embargo del edificio. A pesar de la
no disposición de recursos por parte del gobierno
capitalino para la compra de inmuebles, el
funcionario estima que la Presidencia de la
República aprobaría recursos para el proyecto.
García anunció que la lista definitiva de los
edificios a expropiar, y el monto, sería difundida
tras un foro realizado por la Alcaldía Metropolitana
el próximo 26.08.06. (El Universal, 03.08.06,
http://noticias.eluniversal.com/2006/08/03/ccs_art_03401H.shtml).
Sobre este anuncio, Orta cuestionó la capacidad de
pago para cumplir las metas del proyecto, puesto que
se estaba en mora con otros propietarios. Aseguró
que, hasta ahora, los funcionarios de la Alcaldía
Mayor aún no han cancelado a los dueños de los 56
edificios que se expropiaron con los decretos
anteriores. "Tenemos entendido que a 99% de los
propietarios no se les ha pagado, porque la Alcaldía
no cuenta con los recursos. De seguir con esta
práctica, el Cabildo estaría incurriendo en una
confiscación". En cualquier caso, Orta aclaró que
este decreto de expropiación no supone una
transferencia inmediata de la propiedad, puesto que
sólo marca el comienzo de un proceso administrativo.
"El acuerdo se materializará con el pago y ello
demorará hasta tres años". (El Universal, ídem).
Esta situación fue confirmada por Luis Emilio Vegas,
máximo representante del sector inmobiliario
capitalino, quien declaró que tras año y medio de
haberse iniciado los primeros procesos de
expropiación, el grupo de propietarios no habían
recibido la indemnización. “Esto significa que ahora
ellos no tienen ni la propiedad ni el dinero que
deberían recibir por ley”. (El Mundo, 04.08.06, Pág.
5). En el 2005, según cifras de la Cámara
Inmobiliaria, se concretaron 24 expropiaciones en el
área metropolitana. (El Universal, 06.08.06,
http://www.eluniversal.com/2006/08/06/pol_art_06172A.shtml).
Representantes de este gremio advirtieron que este
hecho desencadenaría una total escasez de casas y
apartamentos para alquilar, mermada a raíz de la
regulación de los cánones de arrendamiento a partir
de abril de 2003. (El Mundo, ídem).
Hace un año
atrás, el 25.08.05, el presidente de la República,
Hugo Chávez, promocionaba la expropiación por causa
de utilidad pública: "el engorde de terrenos es
contrario a la Constitución", por lo que afirmó que
"hay que aplicar lo que se llama expropiación por
causa de utilidad pública". En su alocución
exhortaba a los gobernadores y alcaldes a ejecutar
las restricciones que establece el artículo 115 de
la carta magna, que regula el derecho de propiedad:
"Que digan lo que les dé la gana; estamos cumpliendo
con la Constitución. Hay mucho terreno engordándose
en el centro de las grandes ciudades, incluso aquí
mismo en Caracas". (El Universal, 06.08.06,
http://www.eluniversal.com/2006/08/06/pol_apo_06172C.shtml)
Los concejales del Cabildo Metropolitano Alexander
Nebreda y Fernando Ganteaume, indicaron en rueda de
prensa que los inquilinos de los inmuebles
expropiados quedarían cancelando el valor de la
vivienda a algún organismo del Estado, sin precisar
cuál de ellos sería. Por su parte el procurador
metropolitano, Juan Manuel Vadell, señaló que los
procedimientos están establecidos legalmente y que
la Alcaldía funge de enlace entre el arrendatario y
la banca, bien sea pública o privada, para que los
inquilinos tramiten el crédito para la compra de la
vivienda. El Banco de Hábitat y Vivienda está
prestando asesoría técnica a la Procuraduría
Metropolitana, en tanto que la banca pública y la
privada (se han sumado hasta ahora el Banco de Coro,
Banco Nacional de Crédito, Banco Occidental de
Descuento y Banco Mercantil) han manifestado su
interés en la materia y mantienen una reserva para
atender estos casos, dijo Vadell. (El Mundo,
11.08.06, Pág. 5). Según el acuerdo realizado por el
Cabildo Metropolitano, las personas de la tercera
edad, discapacitados y enfermos quedarán exceptuados
del pago del inmueble.
El procurador aseguró que
el 90% de las expropiaciones que ha realizado la
Alcaldía Metropolitana desde 2005, han sido de mutuo
acuerdo. Sostiene el funcionario que, incluso, en
algunas ocasiones han sido los mismos propietarios
quienes se han acercado al organismo para pedir que
sus inmuebles sean objeto de la medida. Explicó
Vadell que la expropiación -tras haber sido
decretada- conlleva tres fases: la primera de ellas
es la administrativa, en la cual se le notifica al
dueño que tiene 30 días para que comparezca ante la
Procuraduría Metropolitana; la segunda, la amistosa,
en la que se llega a un arreglo económico y sólo se
avanza a la tercera, que es la judicial, si no hay
consenso en cuanto al precio del inmueble. (El
Mundo, ídem).
Provea considera positiva la
medida adoptada por la Alcaldía Metropolitana puesto
que consiste en una nueva modalidad para garantizar
viviendas a familias que desean obtener una mayor
estabilidad. Es una medida que favorece
principalmente a sectores de clase media quienes ven
cerca de adquirir las viviendas que han ocupado
durante años como inquilinos.
Sin embargo, queremos llamar la atención sobre el
procedimiento a usas por la Alcaldía. Al ser medidas
de expropiación, la Alcaldía debe garantizar a los
propietarios de los edificios el debido proceso y de
no haber un acuerdo conciliatorio sobre el precio a
pagar por los inmuebles, la Alcadía debe garantizar
un pago oportuno y justo. El pago oportuno significa
que no debe extenderse en el tiempo sólo lo
estrictamente necesario para los trámites
administrativos y el precio justo, debe ser el
precio que en promedio se pagaría por un inmueble de
las características del afectado por la
expropiación.
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DERECHOS
ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Chávez finalizará gestión
sin cumplir con Nueva Tacagua |
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El Presidente
de la República Hugo Chávez está a punto de finalizar su
gestión de gobierno, sin cumplir la promesa de
garantizar una reubicación digna para los habitantes de
Nueva Tacagua. En 1999 en Presidente visitó la comunidad
y en un acto simbólico procedió a la implosión de dos
edificios y le prometió a la comunidad que en el
transcurso de un año estarían todos reubicados. Siete
años después la mayoría de las familias todavía esperan
que se cumpla lo prometido.
Durante todo ese tiempo menos del 50 % de las familias
fue reubicada y algunas tuvieron la mala suerte de
recibir viviendas que pronto se deterioraron y hoy
luchan por una nueva reubicación. Otras,
contaron con la fortuna de
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buenas
viviendas y su vida se vio realmente dignificada.
Durante la breve gestión del Ministro Luis Figueroa, se
dieron pasos importantes para la reubicación de las
familias. El Ministerio instaló una oficina en Nueva
Tacagua y se procedió por la vía del mercado secundario
a reubicar familias muchas de ellas en Caracas e
igualmente otras fueron reubicadas en urbanismos nuevos
en el interior del país o en poblaciones cercanas a
Caracas.
En reunión sostenida por la comunidad de la Terraza L
con Provea, las familias expresaron su preocupación por
el hecho de que el nuevo ministro de vivienda paralizó
el proceso que se inició con Luis Figueroa y hasta la
fecha no han dado una información precisa sobre cuales
alternativas tiene el Ministerio para las familias.
Extraoficialmente los miembros de la comunidad fueron
informados que de retomarse la opción de compra en el
mercado secundario (vivienda usada) en ministerio sólo
otorgaría 50.000.000,oo, ello significaría una regresión
pues meses atrás el ministerio llegó a ofrecer entre
70.000 a 90. Millones de bolívares.
Es importante destacar que las familias de Nueva Tacagua
le compraron al Estado viviendas confiando que las
mismas eran de calidad. Años después se pudo constatar
que fueron construidas en terrenos inestables. El Estado
por lo tanto tiene la obligación de resarcir el daño
causado y debe ofrecer como alternativa de reubicación
casas de calidad y del mismo tamaño que las adquiridas
por las familias o dar una indemnización que le permita
a las familias adquirir viviendas de calidad.
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DERECHOS
ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Anuario internacional sobre Pueblos indígenas recoge la
situación de las poblaciones venezolanas |
El Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos
Indígenas (IWGIA), es una organización con 30 años
de labor en pro de los pueblos aborígenes del mundo.
Mediante sus publicaciones, trabajo a favor de los
derechos humanos, creación de contactos,
conferencias, campañas y proyectos apoya a los
pueblos indígenas en su lucha por mejorar sus
condiciones de vida, desarrollar mejores relaciones
con los estados nacionales de los cuales forman
parte e influir sobre los factores económicos y
sociales globales que afectan sus vidas. Su
secretariado internacional se encuentra en
Copenhague, Dinamarca, contando con miembros de su
red en varias partes del mundo; además de apoyar
proyectos en marcha en Perú, Bolivia y Botswana. Una
de las publicaciones más conocidas del IWGIA es su
anuario, El Mundo Indígena, el cual brinda un
panorama de los eventos más importantes del
acontecer indígena, país por país.
En su anuario “El Mundo Indígena 2006”,
recientemente publicado, existe un capítulo dedicado
a Venezuela. En su recuento, el texto resalta la
elección de cuatro diputados indígenas a la Asamblea
Nacional, tres titulares y un suplente, así como la
aprobación de la Ley Orgánica de Pueblos y
Comunidades Indígenas (LOPCI) y la Ley Orgánica del
Poder Público Municipal. Cuando caracterizan la
situación de los DESC de las comunidades indígenas,
IWGIA expresa que “Para el año 2005 observamos la
permanencia de la vulneración de importantes
derechos sociales a los pueblos indígenas. El
proceso de la llamada “revolución bolivariana”
iniciado por el presidente Chávez viene efectuando
importantes esfuerzos por lograr el equilibrio y la
justicia social, implementando para ello políticas
públicas inmediatistas y de alto impacto directo en
la población excluida. Estas políticas, normalmente
paralelas al sistema ministerial del Ejecutivo
Nacional y que se financian directamente con las
ganancias de la explotación petrolera, se han
denominado “misiones”. Sin embargo la falta de
adecuación de las “misiones” a las pautas culturales
y al entorno indígena ha ocasionado efectos
colaterales no deseados y la persistencia de
violaciones a los derechos humanos”.
El capítulo sobre el país destaca, asimismo, la
expulsión de las llamadas “Nuevas Tribus”. “Las
Nuevas Tribus han tenido una importante presencia,
nunca libre de polémica, entre los pueblos indígenas
al sur de Venezuela. Llegando en ocasiones a contar
con más de 200 misiones en la Amazonía venezolana,
su presencia en la zona los ha convertido en
perfectos conocedores de los pueblos Piaroa, Panare
y Yanomami, así como de los recursos bióticos y
mineros de la Amazonía. En sus instalaciones
contaron con pequeños aeropuertos, avionetas,
lanchas motoras, así como modernos equipos
satelitales”. Tras la decisión del Presidente Hugo
Chávez de concretar su expulsión, IWGIA apunta que
“Allá donde se implantaron y donde no llegaban los
servicios públicos del Estado, las “Nuevas Tribus”
conformaron una especie de Estado paralelo,
ofreciendo servicios de salud y educación de alta
calidad. Se trata de espacios de difícil acceso
geográfico, cultural e idiomático. Por lo tanto,
sacar a los misioneros de las Nuevas Tribus suponía
un plan de trabajo pensado desde dimensiones
interdisciplinarias para evitar efectos negativos.
Preocupa que la respuesta del Gobierno suponga la
permanencia de un número importante de militares en
la región ya que, en la actualidad, esta presencia
sigue siendo una amenaza a los derechos de los
pueblos indígenas”.
Al describir la situación de cada uno de los DESC,
el informe apunta en cuanto al derecho a la
educación que “Aún son muchas las debilidades de la
educación en las comunidades indígenas. Ciertamente
se han creado nuevos y modernos centros de estudios
en zonas indígenas, con buenas infraestructuras e
importantes avances técnicos. Sin embargo estas
“escuelas bolivarianas” conviven con pequeñas
escuelas comunitarias carentes de los medios más
elementales para la práctica pedagógica”. El
esfuerzo estatal en atender a los indígenas en
materia educativa, afirma el texto, contrasta con la
ausencia de personal capacitado. “En general, el
nivel sigue siendo de bajísima calidad, y las
carencias de materiales adecuados son sólo algunas
de las causas de este problema.”
El derecho a la salud, apunta IWGIA, constituye el
derecho más vulnerado sufrido por las comunidades
indígenas. “Los altos indicadores de morbilidad y
mortalidad son fruto de las carencias que tiene el
sistema sanitario en estas zonas. La escasez de
dispensarios médicos, medicinas y profesionales de
la salud no ha podido ser paliada con la
implementación de la Misión Barrio Adentro, mediante
la cual médicos cubanos brindan salud en barrios y
sectores populares. Sin embargo, estos servicios no
llegan hasta las comunidades indígenas, quedándose
en muchos casos en las capitales de los municipios”.
Para la población Yanomami el índice de mortalidad
infantil en niños y niñas menores de tres años es
superior al 50%. La organización, también, expresa
su preocupación por la situación de salud de las
comunidades Warao del delta del Orinoco, la cual
consideran “especialmente grave”.
En cuanto al derecho a la alimentación, el informe
reseña la aplicación de la Misión Mercal y el
desarrollo de programas de comedores comunitarios.
Esta asistencia, afirma el texto, origina efectos no
deseables en comunidades tradicionalmente
autosostenibles, “ocasionando un debilitamiento de
las prácticas agrícolas, de caza y pesca
tradicionales”. Esto a su vez choca con las
políticas crediticias y los apoyos y concesiones
gubernamentales a la elaboración de proyectos de
desarrollo endógeno en las mismas comunidades,
implementados por distintos organismos públicos.
Para el IWGIA el movimiento indígena nacional ha
continuado avanzando en la ocupación de espacios
políticos en distintas instituciones del Estado. En
el estado Amazonas, el movimiento político indígena,
denominado PUAMA, ganó por segundo período
consecutivo dos de siete alcaldías. A esta se suma
la elección de representantes indígenas a la
Asamblea Nacional
El informe complero “El Mundo Indígena 2006” puede
ser descargado, en una versión en castellano, en la
dirección
http://www.iwgia.org/sw380.asp
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DERECHOS
ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Día
Internacional de las Poblaciones Indígenas y avances
en la inclusión social de las comunidades aborígenes |
El pasado
8.06.08 se celebró el Día Internacional de las
Poblaciones Indígenas, las cuales en la actualidad
suman alrededor de 350 millones de personas
repartidas en más de 70 países y representan
aproximadamente 5 mil lenguas y culturas, indican
datos de la Organización de las Naciones Unidas para
la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco, por
sus siglas en inglés).
Según datos recogidos por la Agencia Bolivariana de
Noticias, en Venezuela el total de la población
aborigen lo constituyen más de un millón de seres
humanos de 28 etnias diferentes. (ABN, 08.08.06,
http://www.abn.info.ve/reportaje_detalle.php?articulo=282).
Por su parte, un reportaje del diario Panorama, en
base a los datos del censo realizado en el 2001,
cuantifica en más de 500 mil los indígenas
existentes en Venezuela, distribuidos en 36 etnias.
(Panorama, 09.08.06, 1/7). Para la agencia oficial
de noticias del Estado, los indígenas celebran su
día en medio de un proceso de reivindicaciones.
En el caso venezolano, según la nota de ABN, el
proceso constituyente venezolano de 1999 permitió
por primera vez la participación de representantes
indígenas en la redacción de la Carta Magna. “Esta
asamblea dio como fruto la actual Constitución de la
República, la cual reconoce a los aborígenes
venezolanos una serie de derechos que las anteriores
les habían negado”. Entre estos derechos se
encuentran la propiedad de los territorios que
tradicionalmente han ocupado, el uso de sus lenguas
como idiomas oficiales de la República (además del
castellano), el derecho a tener su organización
social, política y económica, el aprovechamiento de
sus recursos naturales, su propiedad intelectual,
entre otros. Asimismo, el 12.10.03 el presidente de
la República, Hugo Chávez Frías, anunció la creación
de la Misión Guaicaipuro, programa social que busca
restituir los derechos originarios y específicos de
los venezolanos y venezolanas pertenecientes a los
pueblos indígenas. A juicio de la diputada Nohelí
Pocaterra, presidenta de la Comisión de Pueblos
Indígenas de la Asamblea Nacional, los pueblos
indígenas de Venezuela están amparados hoy por 46
leyes, las cuales han sido promulgadas desde el año
2000. “De esas 46 leyes, hay dos que son
revolucionarias y básicas: la Ley de Demarcación y
Garantía del Hábitat y Tierras de los Pueblos
Indígenas y la Ley Orgánica de los Pueblos y
Comunidades indígenas”, expresó la diputada,
perteneciente a la etnia wayúu del estado Zulia.
Asimismo, Venezuela ha suscrito cuatro tratados
internacionales relacionados con los pueblos
indígenas. Además de estos instrumentos legales, el
ordenamiento jurídico nacional posee 24 leyes con
artículos que consagran derechos indígenas, entre
ellas la Ley de Vivienda y Hábitat, la Ley de los
Consejos Comunales, la Ley de la Juventud, entre
otras, como indicó Pocaterra.
Por otra parte Nolys Fernández, máxima autoridad de
la Dirección Nacional de Salud Indígena, propuso
durante el Encuentro latinoamericano de medicinas
tradicionales y complementarias en los sistemas
nacionales de salud, realizado en Ciudad de México,
un modelo de salud pública que integre la medicina
chamánica, propia de los pueblos indígenas, con el
ejercicio de la medicina occidental. Esta medida
busca reconocer las prácticas médicas ancestrales.
Este nuevo esquema es desarrollado desde este año en
el país, a través de jornadas de consulta directa a
los pueblos y comunidades indígenas. La más reciente
de ellas se realizó la primera semana de agosto en
el estado Anzoátegui. De acuerdo con Fernández, el
referido modelo se está diseñando desde la visión
institucional del despacho sanitario mediante un
diagnóstico situacional, pero bajo la óptica de los
propios aborígenes, quienes establecen sus
prioridades y la manera de abordarlas. (ABN,
09.08.06, http://www.abn.info.ve/go_news5.php?articulo=57201&lee=Array[0]).
Para garantizar el acceso al derecho a la salud de
las comunidades aborígenes, estudiantes del
postgrado de Salud Pública del Instituto de Estudios
Superiores Dr. Arnoldo Gabaldón están siendo
capacitados por el Ministerio de Salud (MS) en la
atención para pacientes indígenas, bajo la visión de
un sistema de salud con pertinencia intercultural. A
través del curso Pueblos Indígenas e
Interculturalidad en Salud, actividad que se viene
realizando en la sede del Sistema Regional de Salud
de Guárico, los 40 galenos participantes aprenden
sobre las diferentes etnias indígenas que habitan en
Venezuela, principalmente de su cultura y de su
visión del mundo. Aspectos como la medicina
tradicional y sus hábitos alimenticios para lograr
una atención más idónea a estos pueblos también son
tomados en cuenta en el curso, a fin de que la
estadía de los pacientes en los centros de salud sea
menos traumática y ayude a una rápida recuperación,
indicó la representante de la Dirección Nacional de
Salud Indígena del MS, Yosmary González. (ABN,
09.08.06, http://www.abn.info.ve/go_news5.php?articulo=57183&lee=Array[0]).
En otra noticia, el Ministerio de Comunicación e
Información difundió la noticia de la puesta en
marcha de la Unidad Socialista de Producción “Manuel
Piar” en el antiguo hato La Vergareña, en el estado
Bolívar, restituyendo “los derechos de los pueblos
indígenas, en este caso de los pemones, y la
preservación ambiental, al tiempo que se consolida
la lucha contra el latifundio al democratizar la
distribución de las tierras productivas”. El anunció
se realizó durante el programa Aló Presidente 259,
correspondiente al 06.08.06, en el que el jefe del
Estado venezolano invitó a las mujeres y hombres que
trabajarán en este proyecto a “convertirlo en un
verdadero polo de desarrollo socialista donde podrán
trabajar en el incentivo de los sectores agrícola,
vegetal, agrícola animal, específicamente el
pecuario, piscícola, apicola y forestal”.
Según la información oficial el antiguo hato La
Vergareña tiene una extensión que duplica la
superficie de la isla de Margarita. Este polo de
desarrollo será un centro de difusión e intercambio
de tecnologías apropiadas, con la finalidad de
empoderar a los pobladores en el uso y manejo de
alternativas de producción agropecuaria.
Para el mandatario venezolano el potencial del
estado Bolívar no puede ser desaprovechado y por eso
felicitó a los técnicos agropecuarios que tomaron
estos espacios para trabajarlos junto a los
habitantes indígenas. Con el crecimiento de este
proyecto se estima que en lo sucesivo en este lugar
se asiente la Ciudad de la Madera, para lograr
garantizar el abastecimiento nacional, y luego el
internacional, del rubro.
Se tienen previstos además planes de agricultura
forestal y animal, de hecho se estima que 2,8 reces
puedan estar en una hectárea y dada la extensión del
terreno, se prevé, como una cifra modesta, que 40
mil hectáreas sean aprovechables para la ganadería.
La proyección que las autoridades ministeriales
prevén para este sitio incluye la mejora del
servicio de agua potable, la construcción de vías
terrestres en unas tierras donde se habían
beneficiado desproporcionadamente unos pocos,
generando atropello, deforestación ilegal, minería
clandestina y desplazamiento de los pobladores
ancestrales: los indígenas pemones y kariñas,
habitantes de la región. (MCI, 06.08.06, http://www.mci.gob.ve/noticiasnuev.asp?numn=10800)ç
Demarcación de tierras esperan también en el
estado Bolívar
En otra noticia, relacionada con la solicitud de
territorios, 140 capitanes representantes de las 16
etnias integradas por 35.000 habitantes de las
comunidades indígenas del estado Bolívar debatieron
con el Ministerio del Ambiente, el Instituto
Autónomo Indígena del estado y la Federación
Indígena, la titularidad y demarcación de sus
tierras. La Ley de Demarcación y Titularidad de
Tierras de los Pueblos Indígenas fue promulgada el
23.12.00, el decreto de ley se aprobó el 12.01.01,
desde esa fecha aun no se ha entregado el primer
título de tierras a las comunidades indígenas de
Bolívar.
En la reunión, celebrada el 09.08.06, los capitanes
indígenas sostuvieron que han sido pacientes
esperando los resultados de la legislación, pero han
pasado 9 años, han asistido a varios talleres, han
visto cómo se han perdido recursos y esfuerzos, y
nada se ha concretado. Sergio Rodríguez, secretario
ejecutivo de la Comisión Nacional de Demarcación de
Tierras Indígenas, afirmó que ya se han otorgado
títulos a poblados indígenas de Monagas, Anzoátegui,
Delta Amacuro y Apure. "En el caso de Monagas ya van
8 expedientes, para nosotros el estado Bolívar es
muy importante porque aquí se pueden llevar a cabo
muchos proyectos con los indígenas". El funcionario
explicó que el primer trabajo es la demarcación y
luego se procederá a dar la titularidad. Asimismo,
relató que ya están trabajando en la región del
Caura, Cuchivero y la cuenca del río Carona. "Esta
es la alianza pueblo-gobierno, estamos trabajando en
ocho campamentos, la paralización de la minería en
esa zona permitirá concretar este trabajo en pro de
los indígenas". (El Nacional, 10.08.06, B/20).
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DERECHOS
ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Solicitan priorizar derechos indígenas sobre
derechos mineros |
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La organización ambientalista Sociedad Homo et
Natura solicitó, en un comunicado público, que el
Presidente Hugo Chávez asumiera políticamente la
posición del carácter originario de los pueblos
indígenas para hacer valer sus derechos, y supeditar
éstos sobre los “derechos de los beneficiarios de
derechos mineros” tal como reza el artículo 11 de la
Ley de Minas de 1999 o el 13 del Proyecto de Ley
Orgánica de Minas hoy en discusión en la Asamblea
Nacional.
La comunicación recuerda la afirmación del
presidente de la Subcomisión de Minas de la Asamblea
Nacional, José Ramón Rivero, al
afirmar que "Resulta imposible entregar
títulos de propiedad
de suelos que posee
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minerales, ya que esa medida contradice la
Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela” (Reporte Diario de la Economía,
Caracas 08.08.06, pag.10), afirmando que este
tema había sido aclarado por la Procuradora de
la República, Marisol Plaza, en declaraciones a
la Agencia Bolivariana de Noticias el 12.08.05
en el marco de de la entrega de los primeros
títulos colectivos de tierras de los indígenas
de Venezuela: “La Ley de Demarcación y Garantía
del Hábitat y Tierras de los Pueblos Indígenas
contempla el traspaso de los títulos de
propiedad de tierras a esas comunidades y
contempla que el Estado puede hacer uso de las
riquezas minerales que se encuentran en esos
predios mientras no vulnere su hábitat (…), si
bien estos ciudadanos son propietarios de los
terrenos, también es cierto que existen ciertas
excepciones a la regla y más aún si en esos
predios existen riquezas minerales. La
explotación de los recursos sólo es competencia
del Estado (…)”.
Para la organización ecologista, radicada en
Maracaibo, “los derechos de los indígenas están
primero que los impuestos por los estados
nacionales, pues estos son derechos tardíos, que
sus derechos de los pueblos y comunidades
indígenas son originarios, que en estas naciones
amerindia descansa parte sustancial de nuestra
identidad como pueblo y nación soberana, que el
derecho a la tierra es reconocida por las
Naciones Unidas como vinculante al derecho a la
vida y a la propiedad colectiva de estos pueblos
ancestrales”. Homoetnatura recordó el conflicto
presentado entre las comunidades indígenas de la
Sierra del Perijá y la compañía estatal
Corpozulia, en virtud del intento de ampliar la
explotación carbonífera en la zona. “Chávez debe
derogar, para tal fin, todas las concesiones
carboníferas ubicadas en el piedemonte de la
Sierra de Perijá, desde la cuenca del río Socuy
en el municipio Mara hasta el norte del Río de
Oro, en el municipio Jesús María Semprún del
estado Zulia, y el pago a las bienhechurías a
los ganaderos de todas las haciendas y parcelas
que tanto los indígenas Barí, Yukpa y Wayúu del
Socuy y Maché han autodemarcado como sus
territorios ancestrales o tradicionales según
indica la Ley de Demarcación y Garantía del
Hábitat y Tierras de los Pueblos Indígenas”.
(Sociedad Homo et Natura, 10.08.06, http://www.aporrea.org/ddhh/n82005.html)
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DERECHOS
ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Tras finalizar huelga en
Jin Yan en Ciudad Bolívar, la empresa despide a 10
trabajadores |
Cómo
informáramos en el anterior boletín “Derechos
Humanos y Coyuntura” (http://www.derechos.org.ve/actualidad/coyuntura/2006/coyuntura_173.htm#09),
un grupo de alrededor de 350 trabajadores mantenía
un conflicto con la empresa Jin Yan del estado
Bolívar, entre otras acciones, mediante una huelga
indefinida iniciada el 09.06.06. Según informaciones
de la prensa regional, tras la reactivación de
actividades en la empresa sus directivos procedieron
a despedir a diez trabajadores. La reanudación de
labores se realizó, el 12.08.06, tras la decisión
del Ministerio del Trabajo de arbitrar el conflicto
entre la empresa minera y sus empleados. Carlos
Soto, secretario general del Sindicato Integral de
Trabajadores de la compañía Jin Yan (Sintrajinyan),
manifestó que próximamente asistirán a una cita en
la Inspectoría del Trabajo de Guasipati, con el fin
de postular a sus tres abogados para que las
autoridades laborales seleccionen a uno. “La empresa
también postulará a tres abogados y el ministerio
seleccionará a uno, luego se escoge al tercer
árbitro y se comienza la discusión de la
contratación colectiva que en este caso nuestro
proyecto contiene más de 80 cláusulas”, destacó.
Soto expresó que “gracias a ese fallo del Ministerio
del Trabajo terminó la huelga laboral que mantuvo
por 60 días cerrada la empresa minera. Ahora es
cuando comienza nuestra lucha, ya que se reactivaron
las actividades el pasado sábado, y ese mismo día,
la empresa despidió a 10 de los 70 trabajadores
contratados”. (Correo del Caroní, 14.08.06, http://www.correodelcaroni.com/component/option,com_wrapper/Itemid,162/?id=40238).
Durante la huelga, los trabajadores habían
denunciado el presunto amedrentamiento por parte de
funcionarios de la Guardia Nacional (GN). (El
Luchador de Ciudad Bolívar, 07.08.06, pag. 4).
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DERECHOS
ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Por la falta de un sello, IVSS niega tramitación de
pensión por vejez |
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El pasado
17.08.06 el ciudadano Eleazar Antonio González, cédula
de identidad 2.999.794, realizó, en la sede de Provea,
una denuncia sobre los tramites burocráticos, que
califica de “absurdos”, para poder optar por el
beneficio de pensión por vejez. Tras acumular los
documentos exigidos por el Instituto Venezolano del
Seguro Social (IVSS) para la aprobación del mismo (Copia
de la cédula de identidad, antecedente de servicios,
documentos de la empresa, cuenta individual del IVSS
y planilla 14-100 del IVSS) y dirigirse
para su consignación en las taquillas de la
institución ubicadas en Parque Central, el IVSS
rechaza el formulario 14-100
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por estar
refrendado con un sello que reza “República de
Venezuela”, exigiendo que la planilla debe estar
autenticada por uno que exprese la denominación oficial
del país: “República Bolivariana de Venezuela”. Al
dirigirse González a la oficina que emite la 14-100,
perteneciente a la última institución en la que laboró
–Concejo Municipal del Distrito Federal-, le han
comunicado la inexistencia del sello actualizado.
Durante varias semanas, Eleazar González ha intentado
comunicarse con la Licenciada Ana Vera, Coordinadora de
Bienestar Social del departamento de Recursos Humanos
del Concejo Municipal, la cual ha negado a recibirlo de
manera reiterada. Mientras no posea una planilla firmada
con el nuevo sello, el IVSS alega no poder tramitar el
beneficio de pensión por vejez, que por ley le
corresponde al denunciante. González, incluso, se ha
ofrecido a pagar de su propio bolsillo la elaboración
del sello de caucho para poder acelerar el disfrute del
beneficio.
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DERECHOS
ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Propuestas
y exigencias de Provea a los poderes públicos sobre el
derecho a la alimentación |
• Actualizar, en lo inmediato, los estudios
antropométricos que permitan medir el déficit
nutricional actual de la población y con base en
ello diseñar políticas de atención nutricional
pertinentes. Garantizar que estos estudios se
realicen con regularidad y tengan cobertura
nacional.
• Desarrollar un sistema integral de medición de la
situación nutricional de la población venezolana que
permita conocer de manera oportuna y actualizada
indicadores claves como el bajo peso al nacer, la
anemia y la deficiencia de hierro, la deficiencia de
yodo, la accesibilidad y disponibilidad de
nutrientes, entre otros.
• Monitorear el nivel de yodación y fluoración de la
sal requerido para conservar el logro de ser
declarado país libre de deficiencias de yodo.
• Vigilar y garantizar que la política actual de
importaciones tenga un carácter temporal y
estrictamente destinado a suplir el
desabastecimiento de alimentos. En tal sentido,
remover todos los obstáculos que inciden en la
situación de desabastecimiento recurrente que
caracteriza al país.
• Elaborar y aplicar una normativa de carácter
nacional para el control y regulación de los
Organismos Genéticamente Modificados en Venezuela (transgénicos),
en conjunto con las instituciones y organizaciones
que desarrollan investigaciones en la materia.
• Adoptar políticas integrales de empleo y acceso a
los alimentos, encaminadas a erradicar el hambre y a
garantizar la seguridad alimentaria.
• Dar continuidad a los programas sociales
alimentarios que, previa evaluación, demuestren que
contribuyen a disminuir el déficit nutricional de
los sectores más vulnerables de la población.
• Continuar con el ajuste regular del salario mínimo
de manera tal que cubra plenamente los costos de la
Canasta Alimentaria.
• Desarrollar una política de supervisión de la
elaboración de alimentos destinada a asegurar la
calidad e higiene necesarias en su preparación y
conservación que garantice la inocuidad de los
mismos.
• Desarrollar programas de atención y prevención
destinados a controlar la tendencia creciente al
sobrepeso en la población.
• Fortalecer la política integral de atención al
pequeño productor, de manera que garantice tanto la
tenencia de la tierra como los recursos tecnológicos
y financieros para su usufructo, junto con unas
condiciones dignas de existencia.
• Diseñar y adelantar una campaña orientada a educar
en materia de nutrición, higiene y salud.
• Vigilar de manera permanente la implementación de
los programas de fortificación de alimentos y
asegurar que los alimentos que se consumen en el
país, ya sean de fabricación nacional o importados,
cuenten con los suplementos vitamínicos establecidos
en dichos programas.
• Implementar, en el corto plazo, medidas que
disminuyan el índice de anemia y deficiencia de
hierro, especialmente en el grupo de población menor
de dos años.
• Evaluar los resultados e impacto de los programas
sociales alimentarios en la reducción de los
diversos déficit nutricionales y diseñar e
implementar medidas que permitan abordar
especialmente el déficit nutricional crónico.
• Hacer seguimiento a la ejecución de los diversos
programas sociales alimentarios a fin de preservar
su transparencia.
• Implementar medidas en el corto plazo que
reviertan el aumento en las muertes por
desnutrición, especialmente en los grupos
poblacionales que presentan más incidencia (menores
de 4 años), tales como la fortificación de alimentos
de consumo masivo de estos niños y la garantía de
accesibilidad a alimentos con los requerimientos
nutricionales necesarios.
• Elaborar en el corto plazo una política nacional
en relación con las importaciones, que contenga un
diagnóstico claro de la situación y establezca metas
precisas a cumplir en el tiempo.
• Desarrollar y mantener una política de consensos y
acuerdos entre los diversos sectores y actores que
intervienen en la producción y comercialización de
alimentos en el país.
(Provea, 15.08.06.
http://www.derechos.org.ve/publicaciones/infanual/2004_05/Propuestas.pdf)
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DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
Soldado insiste que no participó solo en Masacre de
Apure |
A través de
diversos medios, Provea ha podido comprobar que el
distinguido del Ejército Jefferson Lira insiste en que
él no participó sólo en la masacre de Apure. No sólo
ante el tribunal, sino a diversas personas incluyendo
personal de Provea, el distinguido reitera la afirmación
acerca de la participación de 10 soldados del ejército,
entre ellos un teniente y un subteniente. El distinguido
igualmente indicó que en los días anteriores se habían
cometido otras violaciones a los derechos humanos donde
estarían involucrados, asimismo, personal del teatro de
Operaciones Nro 1.
Si bien es cierto que Provea no descarta la hipótesis de
que el distinguido haya participado sólo en la masacre,
llama la atención sobre el esfuerzo que realizan algunos
altos funcionarios para descalificar la versión dada por
Lira y el empeño que tienen de convencer a los
familiares de que no estuvieron involucrados otros
miembros de la Fuerza Armada Nacional.
Una investigación seria y transparente debe tomar en
cuenta lo dicho por Lira, hasta ahora el único
involucrado capturado y confeso por haber participado en
el crimen. El Estado venezolano estimula que quien haya
cometido un delito, proporcione información sobre el
hecho y los participantes y como aliciente obtendrá una
rebaja significativa de la pena. El artículo 39 del
Código Orgánico Procesal Penal establece que el imputado
que colabore eficazmente con la investigación, aporte
información esencial para evitar que continúe el delito
o se realicen otros, ayude a esclarecer el hecho
investigado u otros conexos, o proporcione información
útil para probar la participación de otros imputados,
podrá recibir una rebaja de la pena.
Extraña la actitud asumida por el Defensor del Pueblo,
German Mundaraín, y el Ministro del Interior y Justicia
Jesse Chacón, que insistieron en sus declaraciones
públicas descalificar la información suministrada por el
distinguido Lira y a toda costa sostener que no
estuvieron otros miembros del ejército involucrados.
Desde nuestra organización de Derechos Humanos
consideramos que investigarse no solo la masacre, sino
las innumerables denuncias que fueron hechas luego de
ocurrido tal hecho, donde se denunciaron maltratos,
torturas y asesinatos cometidos presuntamente por
miembros del Teatro de Operaciones Nro 1. Es lamentable,
además, la actitud asumida por organizaciones y personas
que en el pasado denominado “Cuarta República” se
empeñaron de manera consecuente en denunciar los
crímenes de Cantaura, Yumare y El Amparo y hoy guardan
silencio sobre la masacre de Apure. Muchas de esas
organizaciones y personas son las que insisten en que
deben reabrirse los juicios en esos casos, propuesta que
apoyamos y apoyaremos, pero que no han emitido ningún
pronunciamiento sobre la masacre de Apure o salieron
rápidamente a defender a la Fuerza Armada Nacional
exculpándola completamente del hecho.
La impunidad es un factor que favorece que se continúen
cometido violaciones de los derechos humanos. Las
violaciones a los derechos humanos en la frontera son
frecuentes y permitir la impunidad en este caso, sería
contribuir indirectamente a que hechos como estos puedan
repetirse en el futuro.
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DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
Tras liberación, activista
en Derechos Humanos denuncia las irregulares condiciones
de su reclusión |
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En
nuestro boletín “Derechos Humanos y Coyuntura” número
172, informamos acerca del proceso de hostigamiento
policial sufrido por el activista de Derechos Humanos
Rafael Ugas (http://www.derechos.org.ve/
actualidad/coyuntura/2006/ coyuntura_172.htm#16). Ugas
debe responder por 4 procesos judiciales en su contra:
acusación de instigar una huelga de hambre en el recinto
penitenciario "San Juan de Lagunillas" de Mérida;
querella presentada por el Coronel de la Guardia
Nacional (GN), Pablo Daniel Medina Cornivelli; presunta
invasión del Edificio Don Camilo y la última por
obstrucción de la justicia.
Tras salir en libertad el día
06.07.06, Ugas se dirigió al
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Tribunal
22 de Caracas, para asistir a la audiencia conciliatoria
de uno de los casos, en donde se entera de la solicitud
en su contra expedida por el tribunal 4 del estado
Mérida. Esta medida originó su nueva detención. El
activista relató a Provea lo sucedido mientras duró la
privación de libertad en el centro penitenciario andino:
“Fui detenido por dos alguaciles del tribunal, quienes
llamaron a un miembro de captura del CICPC, del Rosal,
que se encontraba en el palacio de justicia para este
momento, y fui llevado esposado por dos funcionarios, a
los calabozos de esa dependencia , donde permanecí por
espacio de 4 días, en las peores condiciones, parado o
agachado día y noche, debido al hacinamiento, ya que
había alrededor de 80 hombres, en un espacio que no
cumple con los requisitos mínimos de habitabilidad para
un ser humano privado de su libertad, los internos de
mayor antigüedad, entre 6 y 7 meses, dirigían los pocos
espacios, portaban teléfonos, chuzos y vendían droga de
todo tipo y miche (bebida alcohólica). En este sitio
todo es un negocio, los traslados valen entre un millón
y millón y medio de bolívares, dependiendo del estado al
cual debía ser trasladado el detenido”. Tras ser puesto
en libertad nuevamente, Ugas continúa su trabajo en pro
de los Derechos Humanos, denunciando en primer lugar la
situación carcelaria que vivió durante su reclusión. En
su testimonio a Provea, Ugas describe la realidad de la
prisión: “Aguantan los traslados de los detenidos
procesados, y penados implicados en asesinatos,
violaciones, narcotráfico y estafa. Los retienen en este
sitio, y con el pago mensual de 3 millones de bolívares
disfrutan de buen espacio, televisión, dvd, buena
comida, visita a toda hora, celulares costosos y hasta
salidas, dentro y fuera del lugar de aprehensión.
También estaban los calabozos de segunda, para los que
no tenían mucho dinero, solo podían pagar entre un
millón y Millón y medio y por supuesto también disfrutan
de algunos privilegios (…) Igualmente se puede apreciar
que cualquier persona que tenga algún tipo de vínculo
con poder alguno, bien sea político, económico, judicial
o militar tiene este mismo privilegio y no paga las
sumas de dinero que le piden a los demás detenidos. Se
podría decir que existe una mafia penitenciaria, a la
cual le conviene que la violencia y el narcotráfico
continúen en los penales”.
La Fundación para las Garantías, Prevencion y Defensa de
los Derechos Humanos (FUNGAPDEHCA), organización a la
que pertenece Rafael Ugas, posee una nueva dirección:
Camejo a Colon, Edificio torre la oficina, Piso 4, Of. 7
Tel: 5679340, 5645407 (fax). El correo electrónico para
contacto es ugasderechoshumanos@yahoo.es
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DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
Más luchadores
sociales sometidos a procesos judiciales y privados de
libertad |
A
solicitud del Ministerio Público, el Tribunal 13 de
Control de Caracas, dictó medida privativa de
libertad contra 11 ciudadanos, detenidos durante los
desalojos practicados en el sector Ojo de Agua. Las
fiscales 52 y 58 de Caracas, Eglée Pérez y María
Rosendo, imputaron a estas personas por los delitos
de invasión y resistencia a la autoridad, además de
atribuirles degradación de suelos, topografía y
paisaje y ocupación ilícita de áreas bajo régimen de
administración especial. La normativa impone por
estos delitos prisión de 2 meses a un año y multa de
200 a mil días de salario mínimo. (Radio Nacional de
Venezuela, 12.08.06,
http://www.rnv.gov.ve/noticias/?act=ST&f=27&t=36654)
Durante cuatro días cerca de 500 familias ocuparon
terrenos verdes del sector Ojo de Agua en Baruta,
exigiendo viviendas. Los vecinos del sector
realizaron diversas protestas para exigir que las
autoridades tomaran acciones contra los que
calificaban como invasores. Tras esta acción de
privación de libertad, el Ministerio Público deberá
formular una acusación formal en las próximas
semanas contra los detenidos. (El Universal,
12.08.06,
http://www.eluniversal.com/2006/08/12/ccs_art_12470E.shtml).
Provea había expresado su preocupación por la
penalización de las ocupaciones ilegales, resultante
de la reforma al Código Penal (http://www.derechos.org.ve/publicaciones/infanual/2004_05/vivienda.pdf),
un enfoque que criminaliza una de las medidas de
presión usadas por parte de los sectores populares
para exigir su derecho a una vivienda digna. Las
movilizaciones de exigencia del derecho se han
incrementado ante la incertidumbre de las políticas
hacia el sector, por lo que el gobierno debe
continuar la política de solución de conflictos de
manera consensuada con los afectados.
La criminalización y juzgamiento a miembros de
familias pobres que luchan por mejorar sus
condiciones de vida, se suma a otros hechos donde
líderes sindicales, estudiantiles y vecinales están
sometidos a procesos judiciales por haber
participado en acciones en defensa de sus derechos
sociales.
Provea advierte que en los últimos meses se viene
dando un incremento a la represión de luchas
sociales, que va acompañada no sólo de agresiones
realizadas por la policía y la Guardia Nacional,
sino por el uso de los tribunales para iniciar
procesos judiciales. Algunos de estos luchadores
sociales son sometidos a años de presentación
periódica en tribunales y los que cuentan con menor
suerte son privados de libertad.
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DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
Aumentan los casos de uso indiscriminado
de la fuerza contra manifestaciones populares |
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El 09.08.06 un
grupo de personas denunciaron en un canal televisivo
presuntos maltratos a las puertas del Palacio de
Miraflores, así como casos de malversación de las
ayudas que reciben de funcionarios militares de la
casa de gobierno. Yamileth Becerra, vocera del grupo
de personas que solicitan soluciones en materia de
salud y vivienda, declaró que habían sido informados
en el Ministerio de Vivienda sobre la pérdida de
algunos cheques aprobados para la adquisición de
casas. Al intentar denunciar la situación, en una de
las entradas de Miraflores, fueron atropellados por
agentes de la Policía Metropolitana (PM), con un
saldo de varios detenidos. Los denunciantes señalan
como responsables del desalojo al General Ortega
Castillo de la Casa Militar y a la fiscal 105 de
menores del Ministerio Público. Tras el hecho
anunciaron que irían al canal de televisión del
Estado, pero se habían desviado a un canal privado
debido a la presencia de motorizados en las puertas
del canal público. (El Mundo, 09.08.06, pág. 20).
Esta situación fue corroborada por la dirigente del
partido Unidad Popular Venezolana (UPV), Lina Ron,
quien afirmó en su columna dominical que estaba “mal
hecho que los hayan echado de Miraflores”: “nosotros
juramos defender al pueblo y jamás reprimirlo;
porque nuestra revolución es humana y no separa
madres de sus hijos, llevándoselas presas a los
tribunales; porque nosotros juramos no lanzar nunca
a la policía y a la guardia contra el pueblo”. (La
Razón, 13.08.06, A/5).
Provea expresa su preocupación porque este patrón
represivo contra las manifestaciones populares por
el acceso a la vivienda y servicios públicos prive
sobre la política que el gobierno venía
implementando en los últimos años, signada por la
tolerancia y resolución consensuada de conflictos.
El caso del desalojo de Miraflores no es un caso
aislado, sucediendo varios similares en la primera
quincena del mes de agosto. El 14.08.06 la Guardia
Nacional enfrentó una protesta de damnificados
frente a la sede del Banco Nacional de Vivienda y
Hábitat (Banap), en Caracas, con gases lacrimógenos
y deteniendo a la líder comunitaria Vilma Macía.
(Diario 2001, 15.08.06, pag. 7). El 10.08.06 en
Catia La Mar un grupo de alrededor de 500 vecinos
recibieron perdigonazos por parte de la Policía de
Vargas, hecho sucedido cuando trancaban la vía
pública pidiendo celeridad en la reparación de
calles y reemplazo de tuberías. (Últimas Noticias,
11.08.06, pag. 34) Dos vecinos resultaron lesionados
por la acción policial. Un día antes, en Caracas, el
desalojo de los ocupantes del sector Ojo de Agua, en
Baruta, desencadenó un operativo conjunto entre la
Guardia Nacional (GN) y Polimiranda con uso de gases
lacrimógenos, 5 detenciones por alteración del orden
público y varios niños afectados por los gases (El
Universal, 10.08.06, 4/1). El 07.08.06, en el estado
Carabobo, un grupo de trabajadores y propietarios de
las casas del conjunto “Villas las Caracara” fueron
desalojados por el Ejército, cuando ocupaban las
instalaciones de dicha solución habitacional
protestando por su derecho al trabajo y la vivienda.
(El Carabobeño, 08.08.06, A/5). En Maturín, una
persona fue detenida y varios resultaron heridos en
una protesta vecinal, ocurrida en San Vicente, que
solicitaba mejoras en los servicios de ag
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