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Una lectura de la realidad venezolana
desde los derechos humanos |
Boletín electrónico Nº 175
Del
18 de agosto al 11 de septiembre
de 2006 |
EFEMÉRIDES DE DERECHOS HUMANOS DEL MES DE
SEPTIEMBRE
CONTEXTO
*
Foro por la Vida remite comunicación al Alcalde
Juan Barreto tras su alocución en en el acto de
instalación del Consejo Metropolitano de
Políticas Públicas
*
Estudio Económico de la Cepal muestra estado de
la economía en Venezuela
* Organizaciones de Derechos Humanos conocen
plan de restructuramiento de la DISIP
DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y
CULTURALES
* Renuncia directora de Geriátrico ante falta de
respuestas del ejecutivo regional
* VIH y otras enfermedades aquejan a los Waraos
de Cambalache en Puerto Ordaz
* Realizada consulta pública para alargar
período de lactancia materna
* Padres organizados de niños con fibrosis
quística solicitan espacio adecuado en El
Algodonal para la atención de sus familiares
* Indicadores sobre el derecho a la alimentación
y el salario justo
* Ambientalistas difunden carta abierta sobre la
delimitación del territorio Barí en el Zulia
* Trabajadores y pensionados de Guayana reclaman
condiciones laborales y derecho a un salario
justo
* Comentarios y sugerencias al Proyecto de Ley
de Personas con Discapacidad
* Propuestas y exigencias de
Provea a los poderes públicos sobre los derechos
laborales
DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
* Comisión Nacional para la
Reforma Policial realiza consulta en todo el
país
* Sentencia en el caso de la Masacre de Kennedy
es un avance en la lucha contra la impunidad
* Funcionarios de la PM presuntos responsables
de lesiones a niños en situación de riesgo
* Comunidades se organizan para promover y
defender los derechos humanos en Barcelona
* Aumentan los casos de tráfico de personas en
Venezuela
* Observatorio Venezolano de Prisiones
cuantifica 281 muertos entre enero y septiembre
en las cárceles del país
* Propuestas y exigencias de
Provea a los poderes públicos sobre el derecho a
la justicia
INVITACIONES A EVENTOS
* Diplomado de Postítulo Presencial y a
Distancia "Derechos Humanos y Procesos de
Democratización"
* III Gran Seminario "Creciendo Juntos": ¿Cómo
solucionar los conflictos más frecuentes en
niños, niñas y adolescentes?
ARTÍCULOS
*
Son derechos "Participación
ciudadana para más democracia"
*
Son derechos "Expropiaciones
por utilidad pública en Caracas"
NOVEDADES DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN TODOS LOS
DERECHOS PARA TODOS
* "SIC"
* "Declaración de Quito: acerca de la
exigibilidad y realización de los derechos
económicos, sociales y culturales en América
Latina y el Caribe"
* "Derechos del Pueblo"
DOCUMENTOS
* Declaración de Nairobi sobre el
repudio de la deuda
Agradecemos mencionar la fuente cuando el
contenido sea citado o difundido
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EFEMÉRIDES DE DERECHOS
HUMANOS DEL MES DE SEPTIEMBRE |
08
Día Internacional de la Alfabetización
09 Día de la Agricultura
11 Aniversario de la Red de Apoyo por la
Justicia y la Paz
16
Día Internacional de Protección de la Capa de Ozono
18
Día Mundial de las Playas
21
Día Internacional de la Paz (3er. martes)
26
Día Mundial del Corazón
28
Día por la Despenalización del Aborto en América
Latina y El Caribe
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CONTEXTO
Foro por la Vida remite comunicación al Alcalde
Juan Barreto tras su alocución en en el acto de
instalación del Consejo Metropolitano de Políticas
Públicas |
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Caracas 24 de agosto de 2006
Ciudadano
Juan Barreto
Alcalde Metropolitano
Presente
Las organizaciones integrantes todas del Foro por la
Vida, nos dirigimos respetuosamente para expresarle
lo siguiente:
1.-Manifestamos nuestro rechazo a la manera
como usted condujo el acto de instalación del
Consejo Metropolitano de Políticas Públicas, el cual
estuvo impregnado de una actitud de intolerancia,
exclusión, sexismo y homofobia e incitación al odio
que en nada contribuye a garantizar un clima de paz
y convivencia entre los y las ciudadanos(as) y
comunidades de la ciudad. El discurso que usted
pronunció ante un grupo de personas en la sala Ríos
Reina del Teatro Teresa Carreño de Caracas, la noche
del 23 de agosto, no contribuye a consolidar una
instancia de gobierno local que requiere sumar
voluntades, iniciativas y esfuerzos para lograr una
Gran Caracas con vida digna para todos y todas.
2.- Las organizaciones de derechos humanos a
lo largo de nuestra trayectoria hemos cuestionado
toda actitud intolerante, que descalifica al
contrario porque piensa diferente o asume contra él
conductas que ponen en riesgo su seguridad o su
integridad física o moral. Así lo hicimos durante
los aciagos días del 11 y 12 de abril de 2002 cuando
se persiguió y maltrató a funcionarios del gobierno;
en la época cuando se adoptó como práctica tocar
cacerolas contra funcionarios o lideres políticos de
la oposición o vinculados al gobierno como una forma
de generar miedo y terror incluso en sus familias.
Siempre cuestionamos toda actitud que estimule o
practique la violencia como forma de dirimir las
controversias políticas. Hoy ratificamos esa
posición que la mantendremos cada vez que las
circunstancias lo exijan.
3.- Advertimos el riesgo incalculable de
promover el enardecimiento de unos ciudadanos contra
otros, sobre todo en espacios de reunión de masas,
en las que las actuaciones emocionales se desligan
de la racionalidad. Recordamos el papel de todo
funcionario o funcionaria pública que debe ser
modelo de respeto a las instituciones, a la
pluralidad, la participación, la igualdad de género,
la diversidad sexual.
4.- Saludamos el inicio de actividades del
Consejo Metropolitano de Planificación de Políticas
públicas y reivindicamos la importancia de
garantizar un funcionamiento regular, democrático y
participativo en su seno. Ello implicar respetar la
diversidad de ideas y posiciones políticas,
estimular la tolerancia, abrir espacios de
participación efectivos a todos los sectores
dispuestos a trabajar por la mejora de la ciudad,
sin discriminar a ningún sector.
5.- Lo exhortamos, en tal sentido, a no
repetir situaciones como ocurridas la noche cuando
se instaló el Consejo Metropolitano y, por el
contrario, lo convocamos a promover y adoptar
medidas que favorezcan la convergencia de actores
sociales y políticos dispuestos trabajar por la
Ciudad.
6.-Afirmamos nuestra voluntad de contribuir
con el diseño de políticas públicas que permitan
mejorar la situación de los derechos humanos ,
especialmente los derechos económicos, sociales y
culturales en el Distrito Metropolitano y a lograr
una mejora en los servicios públicos. Ratificamos
nuestra disposición a ser perseverantes en la
promoción y defensa de los derechos humanos en
cualquier circunstancia y ante cualquier poder o
institución pública.
Acción Ciudadana contra el Sida (ACCSI)
Centro de Derechos Humanos de la Universidad
Católica Andrés Bello
Centro de Derechos Humanos de la Universidad de
Margarita
Comisión Justicia y Paz del Secretariado Conjunto de
Religiosos y Religiosas de Venezuela (SECORVE)
Comité de Familiares de Víctimas de los Sucesos del
27 de febrero y marzo del 89 (COFAVIC)
Fundación de Derechos Humanos del Estado Anzoátegui
Fundación de Derechos Humanos del Estado Sucre
(INCIDE)
Observatorio Venezolano de Prisiones
Oficina de Derechos Humanos del Vicariato Apostólico
de Puerto Ayacucho
Red de Apoyo por la Justicia y la Paz
Red de Monitores Populares en Derechos Humanos del
Estado Táchira
Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos
Humanos (PROVEA)
Servicio Jesuita de Refugiados
Vicaría Episcopal de los Derechos Humanos de la
Arquidiócesis de Caracas
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CONTEXTO
Estudio Económico de la Cepal refleja estado de
la economía en Venezuela |
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El Estudio Económico de América Latina y el Caribe
es el título de un informe anual realizado por la
División de Desarrollo Económico de la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
El correspondiente al 2005-2006 contó con la
colaboración de la División de Estadística y
Proyecciones Económicas, el Instituto
Latinoamericano y del Caribe de Planificación
Económica y Social (ILPES), la División de Comercio
Internacional e Integración, las sedes subregionales
de la CEPAL en México y Puerto España, y las
oficinas nacionales de la Comisión en Bogotá,
Brasilia, Buenos Aires y Montevideo.
En la primera parte del estudio se examinan los
principales aspectos de la economía regional,
mientras en la segunda se analiza la coyuntura de
los países de América Latina y del Caribe. Además,
se presenta un detallado anexo estadístico, que
contiene datos regionales y nacionales, todo
disponible para descargar en la página web de la
CEPAL: http://www.eclac.cl/
Según este estudio, la región de América Latina y el
Caribe creció un 4,5% en 2005 y se prevé que tenga
una expansión de alrededor del 5% durante 2006, con
lo cual completaría su cuarto año consecutivo de
crecimiento y el PIB regional acumularía un aumento
del orden del 4,3% anual como promedio, lo que
implica un crecimiento cercano al 2,8% anual del PIB
por habitante. Nuestra previsión es que, en el
contexto de una moderada desaceleración de la
economía mundial, la región mostrará una tasa de
crecimiento de alrededor del 4,5%
el próximo año. Aunque esta tasa es inferior a las
que presentan otras zonas del mundo en desarrollo,
la CEPAL destaca el que, en términos agregados, las
economías están creciendo con un superávit en cuenta
corriente y un saneamiento de las cuentas públicas,
lo que les permite atenuar su vulnerabilidad ante
posibles perturbaciones externas. En una coyuntura
internacional como la actual, se afirma,
caracterizada por la acentuación de la volatilidad
de los mercados y ante la perspectiva de una
desaceleración gradual del crecimiento mundial, la
modalidad de crecimiento observada en América Latina
y el Caribe en los últimos años permite a los países
de la región contar con cierto margen de seguridad
ante posibles cambios de las condiciones externas.
El capítulo sobre Venezuela de dicho estudio
económico apunta que para el 2005, el PIB aumentó un
9,3%, impulsado por el crecimiento del sector no
petrolero (10,3%) y pese a la pequeña expansión de
la actividad petrolera (1,7%). Si bien todas las
ramas de actividad registraron alzas, los mayores
incrementos se dieron en el sector financiero
(30,8%), la construcción (20,1%), el comercio
(19,5%) y las comunicaciones (19,8%). En cuanto a la
demanda, los componentes que presentaron la mayor
expansión fueron la inversión (20,5%) y el consumo
privado (16,3%).
Por consiguiente, el PIB registró un alza acumulada
del 29% en relación con el 2003, que contrasta con
la merma del 16% verificada en el período 2002-2003
respecto de 2001.1 Si bien el PIB expresado en
precios de 1997 supera al de 2001, el desempeño de
algunos sectores todavía es inferior al de ese año.
Es el caso de la actividad petrolera y la
construcción, que se mantienen respectivamente en un
4% y un 12% por debajo de las cifras
correspondientes al 2001. La formación bruta de
capital fijo todavía está a un 2% de los niveles
observados ese año, pese al alto crecimiento de 2004
y 2005. En 2005, a pesar del considerable incremento
de las importaciones de bienes, se registró un
elevado superávit en la cuenta corriente de la
balanza de pagos, equivalente al 20,1% del PIB en
dólares corrientes. Este fue producto de los mayores
ingresos por exportaciones atribuibles al alto
precio internacional del petróleo.
El informe asegura que los efectos de la expansión
económica se han traducido en una disminución del
desempleo global y en una recuperación de las
remuneraciones reales. El elevado precio del
petróleo, sumado a la mayor recaudación tributaria,
ha contribuido a acrecentar significativamente los
ingresos fiscales, lo que ha permitido a las
autoridades mantener e intensificar sus programas de
acción social. En el 2006, dice la CEPAL, se han
mantenido las tendencias de 2005. En el primer
trimestre de 2006, la actividad económica registró
un alza del 9,4% respecto de igual período de 2005 y
para el conjunto del año se prevé un crecimiento de
entre el 7% y el 8%, una inflación media anual del
12% y el mantenimiento de la tasa de cambio en 2.150
bolívares por dólar.
Sobre la actividad económica se plasma el que en el
primer trimestre de 2006 el PIB creció un 9,4% en
relación con el nivel registrado en igual período de
2005, impulsado por la construcción, el comercio,
las comunicaciones y la actividad de las
instituciones financieras. En cuanto al gasto, el
consumo privado mostró el mayor crecimiento, con un
alza cercana al 20% respecto del primer trimestre de
2005. Por otra parte, en 2005, la inflación
acumulada, medida por el índice de precios al
consumidor, registró una baja significativa en
relación con 2004 (14,4% y 19,2%, respectivamente).
Este hecho se explica, argumenta la CEPAL, por el
mantenimiento del control de precios; la mayor
disponibilidad de bienes, como resultado del
incremento de las importaciones gracias al aumento
de las divisas entregadas,; la expansión de la red
de distribución y comercialización de bienes de
consumo masivo a precios subsidiados en el marco de
la misión Mercal, y la apreciación real del tipo de
cambio, que ha abaratado los productos importados.
En otro indicador, el índice de precios al por mayor
se elevó un 14,2% entre diciembre de 2005 y
diciembre de 2004, debido al alza de los precios de
los productos de origen nacional. A su vez, el
precio de los bienes de origen importado aumentó un
10,9% en igual período. Hasta abril de 2006 el
índice de precios al por mayor acumuló un alza del
3,8% con relación a diciembre de 2005 (un 3,9% en el
caso de los productos nacionales y un 3,4% en el de
los importados). En 2005, el promedio anual del
índice general de remuneraciones ascendió un 19,1%
con relación al 2004 (un 16,2% y un 26,6%, en el
sector privado y público, respectivamente), lo que
significó, en ambos casos, un aumento en términos
reales. En el primer trimestre de 2006, este índice
mostró un alza del 20,6% en comparación con igual
período de 2005 (del 17% en el caso del sector
privado y un 29,8% en el del sector público). Con
relación al salario mínimo, el gobierno decretó un
alza del 26%, efectiva a partir del 1° de mayo de
2005. En 2006 se determinaron dos ajustes del sueldo
mínimo, el primero, de un 15%, aplicable a partir
del 1° de febrero y el segundo, del 10%, a partir
del 1° de septiembre.
El mayor incremento de la actividad económica se
reflejó en el descenso de la tasa de desempleo, de
un 12,8% en el segundo semestre de 2004 a un 10,4%
en igual período de 2005 y a un 11,2% en el primer
trimestre de 2006. En términos del promedio anual,
la tasa de desempleo bajó del 15,1% en 2004 al 12,2%
en 2005. A su vez, el Instituto Nacional de
Estadística estimó que en 2005 los niveles de
pobreza extrema disminuyeron considerablemente
respecto de los niveles de 2003, cuando alcanzaron
su valor más alto de los últimos cinco años.
Además de las consideraciones sobre la política
fiscal, monetaria y cambiaria, la CEPAL resalta la
firma con varios países de acuerdos de suministro de
petróleo a un precio menor que el de mercado. En el
marco de la Alternativa Bolivariana para América
Latina y el Caribe (ALBA) el gobierno ha
suministrado petróleo a Cuba a cambio de la
prestación de servicios en el ámbito de la salud y
la educación. Asimismo, se firmó con varios países
del Caribe el Acuerdo de cooperación energética (PETROCARIBE)
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CONTEXTO
Organizaciones de Derechos Humanos conocen plan de
restructuramiento de la DISIP |
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El
pasado 23.08.06, miembros de las organizaciones de
Derechos Humanos Centro de Derechos Humanos de la
Universidad Católica Andrés Bello, red de Apoyo por
la Justicia y la Paz y el Programa Venezolano de
Educación en Derechos Humanos (Provea), visitaron la
sede de la Dirección General de los Servicios de
Inteligencia y Prevención (Disip), para escuchar el
plan de reestructuración adelantado por el General (Ej)
Henry Rangel Silva, director del organismo de
inteligencia estatal.
El General Rangel inició su intervención destacando
la importancia del encuentro, entre dos ámbitos que
tradicionalmente se perciben
como polos antagónicos,
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"normalmente nos vemos como enemigos, pero en la
concepción nueva de la Disip, queremos establecer
buenas relaciones con los organismos de Derechos
Humanos". Para el director del organismo desde hace
14 meses, el proceso de transformación que impulsa
tiene un tiempo estimado de 3 años "para que sea
efectivo". "Estamos trabajando en la elaboración de
una Ley del Sistema Nacional de Inteligencia y
Contrainteligencia, con la participación de varios
asesores como el Defensor del Pueblo. Esta prevé el
desarrollo de tres susbsistemas: estratégico
nacional, militar y criminal-policial". El proyecto
será presentado en su momento para su deliberación
en la Asamblea Nacional.
Rangel afirmó que en el proceso de cambio que
impulsa su gestión dan prioridad a los procesos de
capacitación educativa del personal. "La Disip
degeneró en una institución represiva y policial,
cosa que rechazamos completamente. Queremos
convertirla en una agencia de inteligencia de
Estado". Además de la resistencia al cambio, el
funcionario hizo referencia a las acreditaciones
entregadas a ciudadanos que no ejercen funciones
dentro del organismo. Por ello consideran que
debería estar regulado por la ley, la cual debe
estipular que "las acreditaciones a terceros deben
ser taxativamente negadas".
El funcionario resaltó el hecho de que estén
eliminando progresivamente el centro de reclusión
que funciona dentro de las instalaciones de El
Helicoide. "De 45 hemos bajado el número a 18
detenidos. Tenerlos escapa a nuestras competencias.
Aquí hay limitaciones desde el punto de vista de los
Derechos Humanos, de las actividades recreacionales
por las limitaciones de la infraestructura".
Las organizaciones de Derechos Humanos solicitaron
visitar dichas instalaciones y conversar con los
internos, petición que fue accedida. De esta manera,
y bajo la continua grabación en video y vigilancia
por parte de los funcionarios policiales, los
activistas pudieron recorrer el recinto de reclusión
y conversar brevemente con cada uno de los internos,
quienes manifestaron su conformidad con el trato y
las condiciones de su reclusión. Otoniel Guevara,
sindicado por el caso del Fiscal Danilo Anderson,
afirmó que comparadas con las instalaciones de otros
centros de reclusión como el Penal de Yare, las
condiciones de reclusión dentro de la Disip eran
buenas. Cada interno cuenta con una celda
individual, paseos rutinarios bajo el sol y horario
para recibir visitas y llamadas telefónicas. Las
organizaciones se cercioraron del buen estado del
conjunto de detenidos y detenidas en el sitio, entre
los que se encuentran entre otros Yasmin Manuitt y
Felipe Rodríguez.
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DERECHOS
ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Renuncia directora de Geriátrico ante falta de
respuestas del ejecutivo regional |
El 22.08.06 se informó sobre la renuncia de la
directora del Geriátrico Marcos Serres Padilla,
Merli Zerpa, ubicado en Maturín. La funcionaria tomó
la decisión ante la persistente falta de respuesta a
sus peticiones de insumos básicos para el trabajo
diario destinado a los 74 ancianos que son atendidos
por la unidad geriátrica. Esta sería la tercera
renuncia del cargo directivo en lo que va de año, en
la institución que depende del Instituto Nacional de
Servicios Sociales. Las dimisiones han sido
originadas por la misma motivación: la insuficiencia
presupuestaria para gastos de comida, medicinas y
pañales. La mayoría de las personas de tercera edad
atendida por el centro tienen enfermedades crónicas
y en situación terminal, abandonados por familiares
que no pueden atenderlos. 58 ancianos están en la
institución en carácter residente, y 18 son
atendidos de manera ambulatoria. Zerpa, médico de
profesión ratificó que en la institución no existe
personal de enfermeras suficiente para atender a los
pacientes recluidos. Para paliar los déficits, se ha
solicitado la colaboración de farmacias y empresas
médicas privadas. Por su parte, la gobernación de
Monagas ha donado dinero a la institución, en montos
que sólo han alcanzado para comprar alimentos por un
mes. Según el testimonio del vigilante de la
institución, desde mediados de agosto solamente se
le suministra a los ancianos una comida al día, "no
hay desayuno, ni muchos menos cena". (El Nacional,
22.08.06, B/15). Según revelaciones de la prensa
regional, el presupuesto asignado anualmente por el
ejecutivo regional asciende a los 261 millones de
bolívares. (El Sol de Maturín, 18.08.06, pag. 5). El
Geriátrico Marcos Serres Padilla es la única unidad
de atención a personas de la tercera edad que existe
en la región. (En Oriente.com, 06.09.06,
http://enoriente.com/content/view/2388/32/).
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DERECHOS
ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
VIH y otras enfermedades aquejan a los Waraos de
Cambalache en Puerto Ordaz |
En el relleno sanitario de Cambalache, ubicado en la
parroquia Unare de Puerto Ordaz, viven
aproximadamente 260 habitantes indígenas según
estimaciones de Raimundo Maica, representante
vecinal y habitante de la zona desde hace cinco
años. “Muchos de mis compañeros llegaron por falta
de trabajo, yo además de eso, me vine porque tenía
una hija enferma y la hospitalizaron en Ciudad
Bolívar, pero la falta de salud me la arrancó y
finalmente ella murió”, afirmó al periódico Correo
del Caroní el pasado 27.08.06. La gran mayoría de
los habitantes waraos de Cambalache tienen como modo
de vida la recolección de basura, por lo cual pueden
hacer entre 25 y 50 mil bolívares diarios. “Con eso
garantizamos el pan del día, pero tenemos muchas más
necesidades, entre ellas falta de un trabajo
estable, problemas graves de salud y falta de
servicios básicos”, resalta. Maica recordó el
fallecimiento reciente de dos niños por
desnutrición, contabilizando en cinco las muertes de
infantes por esa causa. Asimismo apuntó que había
cinco waraos, entre adultos e infantes,
hospitalizados en el hospital Dr. Raúl Leoni por
diferentes enfermedades. “En este momento nuestro
cacique, Antonio Valenzuela, está también
hospitalizado con fiebre y dolor de cabeza”. Entre
las principales enfermedades que afectan a la
comunidad warao se encuentra la tuberculosis y el
dengue, además de las gripes y diarreas. Para
Patricio La cruz, habitante del sector, las
enfermedades son motivadas por la falta de acceso a
programas permanentes de salud y la ausencia de
proyectos educativos. “Aquí hay una escuela llamada
Río Grande, pero casi no dan clases allí, es muy
poco lo que se aprende”. (Correo del Caroní,
27.08.06, http://www.correodelcaroni.com/componen
... /?id=41512). Por su parte, Isaías Flores Medina,
líder del pueblo warao de Ciudad Guayana, comenta
que son muchas las necesidades del grupo de
indígenas asentados en Cambalache: “No sólo se trata
de la falta de una escuela, sino que allí la gente
vive rodeada de miseria con el relleno sanitario muy
cerca, están rodeados de basura”, resalta.
Recientemente se registró el fallecimiento de un
indígena víctima del Virus de Inmunodeficiencia
Humana (VIH), Querubín Caraballo. El joven de 22
años de edad pereció, luego de que en 2005 la
municipalidad descubriera el foco de VIH en unos
ocho indígenas, y le notificara la situación al
Instituto de Salud Pública (ISP) para que tomara
cartas en el asunto. A pesar de conocerse la
situación, la primera víctima mortal del VIH en
Cambalache pereció en una humilde vivienda, sin
recibir ningún tipo de tratamiento, agonizando por
varios días en presencia de los niños. Nancy
Moncada, directora de Salud de la Alcaldía de
Caroní, realizó el pasado viernes un llamado de
alerta al Instituto de Salud Pública, dependiente
del ejecutivo regional, con el fin de que tomen
cartas en el asunto en Cambalache, en especial por
el foco de VIH que amenaza con propagarse en la zona
indígena. (Correo del Caroní, 28.08.06) http://www.correodelcaroni.com/componen
... /?id=41608
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DERECHOS
ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Realizada consulta pública para alargar período de
lactancia materna |
Desde el pasado 28.08.06 hasta el 08.09.06 los
ministerios de Salud y el de Trabajo y Seguridad Social
realizaron una consulta pública para extender el período
de lactancia materna desde los seis meses actuales hasta
los 9 meses o el año, de existir condiciones especiales
en el lactante o la madre. Esta iniciativa forma parte
del compromiso gubernamental asumido para promover la
salud y la nutrición del lactante y del niño pequeño,
tal como se consolidó con la promulgación de la
"Estrategia Mundial para la Alimentación del Lactante y
del Niño Pequeño", adoptada por consenso el 18.05.02 por
la 55ª Asamblea Mundial de la Salud y el 16.09.02 por la
junta ejecutiva de UNICEF.
Esta recomendación promueve la lactancia materna
exclusiva, es decir, que durante los primeros seis meses
de vida los bebés deben ser alimentados sólo con leche
materna para lograr que el crecimiento, desarrollo y la
salud alcancen un nivel óptimo. La "Estrategia Mundial
para la Alimentación del Lactante y del Niño Pequeño",
recomienda a los gobiernos establecer instrumentos que
contribuyan a que las mujeres que tienen un empleo
remunerado sigan amamantando. Esta protección brinda
condiciones mínimas, por ejemplo una licencia de
maternidad remunerada, arreglos de trabajo a tiempo
parcial, guarderías en el lugar de trabajo,
instalaciones para extraer y almacenar la leche materna
y pausas para el amamantamiento. De esta manera, las
madres tienen la posibilidad de continuar amamantando y
cuidar a sus hijos al reincorporarse a su empleo, lo
cual se logra aplicando medidas legislativas sobre
protección de la maternidad. (Ministerio de Salud,
http://www.gobiernoenlinea.ve/noticias-view/ver_detalles.pag?idNoticia=56320)
Como se recordará, en febrero pasado se modificó el
Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo y se fijó que
el período de lactancia no podrá ser menor a seis meses.
En el proyecto de resolución conjunta que analiza el
Gobierno nacional se señala que para el disfrute de las
horas para amamantar la madre deberá presentar
mensualmente al patrono un certificado de consulta de
control de salud del hijo, el cual debe ser expedido por
los consultorios populares o la red ambulatoria de
atención primaria del Sistema Público Nacional de Salud.
Los interesados podrán conocer el proyecto de resolución
y presentar por escrito sus observaciones, propuestas,
opiniones y comentarios a través de los portales web del
Ministerio del Trabajo y Seguridad Social (www.mintra.gob.ve),
el Ministerio de Salud (www.msds.gob.ve) y el Instituto
Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (www.inpsasel.gob.ve),
en sus direcciones estadales de Salud de los
Trabajadores o en la oficina de la Coordinación Nacional
del Proyecto Madre del Ministerio de Salud. (El
Universal, 22.08.06, http://noticias.eluniversal.com/2006/08/22/eco_art_22201E.shtml)
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DERECHOS
ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Padres organizados de niños con fibrosis quística
solicitan espacio adecuado en El Algodonal para la
atención de sus familiares |
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Cristian San
Juan, vocera de la Asociación Civil Centro de Pacientes
con Fibrosis Quística (CEPAFIQUI) de Caracas, visitó la
sede de Provea para denunciar el retardo en la
asignación del espacio físico correspondiente para el
funcionamiento de la Unidad de Fibrosis Quística del
Complejo Hospitalario "José Ignacio Baldo", más conocido
como El Algodonal.
Desde el año 2003 organizaciones civiles han venido
realizando gestiones para la incorporación de la
Fibrosis Quística (FQ) en los programas gubernamentales
de salud. Esta enfermedad de origen genético no tiene cura
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conocida, por lo que los afectados deben sufrir un
tratamiento para mejorar su calidad de vida. Los
pacientes ven afectados su sistema respiratorio y
digestivo, sufriendo constantemente de desnutrición
debido a la incapacidad de metabolizar los alimentos. En
el año 2005 la coordinación de Fibrosis Quística pasa a
convertirse en programa nacional, con lo que el
Ministerio de Salud (MS) prioriza la atención a los
venezolanos y venezolanas que padecen la enfermedad. La
estrategia adoptada se basa en el concepto de Atención
Integral de la FQ, que consiste en la atención completa
para el paciente y sus familiares, donde participa la
comunidad junto al equipo de salud, con especial énfasis
en la prevención y detección a tiempo del trastorno.
Como primer paso, el MS puso en funcionamiento dos
unidades de atención en dos grandes hospitales del
Distrito Federal: el JM de los Ríos para niños, y en el
complejo hospitalario El Algodonal, para niños y
adultos.
San Juan expresa que "el Ministerio dió los recursos,
contrató personal y ha comprado medicamentos. Nos
pidieron que nos organizáramos 50 personas y lo hicimos,
pero no se ha hecho la apertura de la unidad de
atención, el espacio físico dentro de El Algodonal". La
falta de un espacio para centralizar los diferentes
exámenes médicos, ocasiona diversos inconvenientes para
los pacientes y sus familiares, quienes tienen que
deambular por diferentes espacios del centro
hospitalario.
Con la asesoría de Provea, CEPAFIQUI esta solicitando a
la Secretaría de Salud de la Alcaldía Metropolitana la
realización de una mesa técnica con carácter de
urgencia, la cual tenga por finalidad discutir, analizar
y debatir la situación en torno al espacio físico para
dicha unidad de atención.
CEPAFIQUI realiza esta petición sustentándose en el
artículo 51 de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela que establece el derecho de
toda persona de realizar peticiones ante los
funcionarios públicos y obtener oportuna y adecuada
respuesta. Asimismo, en los artículos 2 y 5 de la Ley
Orgánica de Administración Pública.
Culaquier contacto con CEPAFIQUI puede realizarse a
través del teléfono 0414-3230652 (Cristian San Juan) o
al correo electrónico red_cepafiqui@yahoo.es
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DERECHOS
ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Indicadores sobre el derecho a la alimentación y el
salario justo |
La pobreza extrema en Venezuela mantiene ritmo
descendente y alcanzó en el primer semestre de
este año 10,6% (639.690 hogares) lo que
significa 6,4 puntos menos que el valor
registrado en el mismo período de 2005. La cifra
fue dada a conocer por el presidente del
Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Elías
Eljuri, al dar a conocer el más reciente informe
de Medición de Pobreza, basado en la Encuesta de
Hogares por Muestreo. Añadió Eljuri que el
porcentaje de hogares pobres en Venezuela se
redujo 8,5 puntos entre el primer semestre de
2005 y el mismo período de 2006, al pasar de
42,4% (2.360.407 hogares) a 33,9% (2.034.736
hogares). (Ultimas Noticias, 05.09.06, pag. 21)
Lo anterior representa que 325.761 hogares
dejaron de ser pobres. (El Universal, 06.09.06,
http://www.eluniversal.com/2006/09/06/eco_art_06201A.shtml).
El anuncio fue ratificado por el Ministerio de
Planificación y Desarrollo, Jorge Giordani,
quien afirmó que la pobreza extrema, gracias a
las políticas sociales y al trabajo que ha
realizado el Gobierno para pagar la deuda social
acumulada, había descendido por debajo de los 9
puntos. (Agencia Bolivariana de Noticias,
28.08.06, http://www.abn.info.ve/go_news5.php?articulo=59578&lee=Array[0]).
Estos indicadores ofrecen muchas lecturas. Los
menos pobres, calificados por el INE como
"pobres no extremos" crecieron en el último año,
producto de la reducción de la exclusión social
más intensa. En este sentido, el número de
personas en pobreza no extrema pasó de 6
millones 567.832 en la primera mitad de 2005
hasta 6 millones 869.726 venezolanos al cierre
del semestre pasado, lo que representa un leve
aumento de 1,2% en el último año. El INE informó
en un comunicado de prensa que el mecanismo a
través del cual se midió la pobreza fue el
método Línea de Pobreza. Para éste no se toma en
cuenta la porción de la población que participa
en las misiones sociales ejecutadas por el
Gobierno. (El Universal, Idem).
Por su parte, el Índice de Precios al Consumidor
(IPC) del área metropolitana de Caracas registró
en el mes de agosto una variación de 2,2%, menor
a la observada en el mes de julio (2,4%) y
superior a la reportada en el mismo período del
año pasado (1,0%).
|
Índice de
Precios al Consumidor (IPC) |
|
Mes |
Tasa de variación mensual |
Tasa de variación intermensual |
Tasa de variación acumulada 2006 |
Tasa de variación Interanual 2005/6 |
|
Enero |
0,7 |
x |
x |
-1,2 |
|
Febrero |
0,3 |
-0,4 |
1 |
0,2 |
|
Marzo |
0,9 |
0,6 |
1,9 |
-0,3 |
|
Abril |
0,6 |
-0,3 |
2,5 |
-0,7 |
|
Mayo |
1,6 |
1 |
3,5 |
-0,9 |
|
Junio |
1,9 |
0,3 |
5,5 |
1,2 |
|
Julio |
2,4 |
0,5 |
13,5 |
1,5 |
|
Agosto |
2,2 |
0,3 |
14,9 |
1,2 |
Fuente: Banco Central
de Venezuela (BCV)
http://www.bcv.org.ve/c4/notasprensa.asp?Codigo=4976&Operacion=2&Sec=False
El comportamiento
del IPC en el mes de agosto obedeció a una menor
tasa de crecimiento de precios de los rubros
sujetos a control, los cuales incrementaron sus
precios en 1,5%; variación inferior a la
reportada en el mes anterior (1,9%). Por su
parte, los rubros no controlados mantuvieron el
ritmo de crecimiento registrado los dos meses
previos, al variar en 2,8%. En este grupo
Alimentos y bebidas no alcohólicas (4,3%)
presentó, nuevamente, la mayor variación
intermensual, posición que ha mantenido en los
últimos cuatro meses. Otras agrupaciones que
también manifestaron tasas significativas este
mes fueron Transporte (2,8%), Servicios de la
vivienda excepto teléfono (2,4%) y Restaurantes
y hoteles (1,9%). Así mismo, cuatro agrupaciones
denotaron variaciones de precios ligeramente
superiores al 1%: Comunicaciones (1,2%),
Esparcimiento y cultura (1,2%), Bebidas
alcohólicas y tabaco (1,2%) y Bienes y servicios
diversos (1,1%).
El Centro de Documentación y Análisis para los
Trabajadores (Cenda) estimó que en los primeros
ocho meses de este año la canasta básica de los
trabajadores ha incrementado su costo en 11,3%,
lo que representa que en agosto se pagaron
180.940 bolívares más que a principio de año
para adquirir los productos y servicios básicos
del consumo de los venezolanos. Según el Cenda
el costo de la cesta básica en agosto se ubicó
en 1.789.768 bolívares, 1,5% más que en el mes
de julio, siendo el mayor incremento el
registrado en el rubro de educación (6%), debido
al alza de libros de texto y de calzado escolar.
Según sus cálculos, los servicios públicos
básicos aumentaron 1,9%, mientras que el costo
de vivienda tuvo un alza de 1,5% y la canasta
alimentaria de 1,2%, con respecto al mes de
julio de este año. (El Universal, 05.09.06,
http://www.eluniversal.com/2006/09/05/eco_art_05201E.shtml
Según declaraciones del economista José Manuel
Puente, "indudablemente la inflación que se
proyecta para Venezuela puede estar por encima
del 15%, y con seguridad será la más alta de
América Latina". Explica que la razón para no
tener expectativas positivas para el último
trimestre se fundamentan en que es precisamente
en esa época cuando se ejecuta la mayor parte de
los presupuestos de las empresas, se cancelan
las utilidades y se hacen los pagos de bonos de
la administración pública; por lo que crece el
dinero circulante en la economía lo que empuja
al alza los precios. Según el BCV, la inflación
en agosto para el estrato I de la población, que
son los de menores recursos, afectó su ingreso
en 3,2%. A este dato hay que añadirle que son
precisamente estos venezolanos los que destinan
el 45% de sus recursos a la compra de alimentos;
por lo tanto, su salario desciende más que el
del resto de la población. En contrate, al
bolsillo del estrato IV, que son los ciudadanos
de mayores ingresos, la inflación sólo los
golpeó en 1,8%. (El Nacional, 04.09.06, A/16).
Otras mediciones de precios intentan delimitar
el comportamiento de los precios y su relación
con el ingreso familiar. El Centro de
Documentación y Análisis Social de la Federación
Venezolana de Maestros ofrece una cifra
ligeramente diferente de la del Cenda, ubicando
en 1,6% el aumento del costo de la canasta
alimentaria familiar comparada al mes de julio.
Según sus datos, el salario mínimo vigente en
agosto (465.750 bolívares) alcanzaba para
adquirir 59,75% de la cesta de alimentos, lo que
arroja un déficit del poder adquisitivo de 40,3%
equivalente a 314.907 bolívares. La comparación
anualizada (agosto 2005agosto 2006) indica un
incremento de 20,5% en la canasta alimentaria.
(El Nacional, 02.09.06, A/18).
Aumento del salario mínimo entró en vigencia
Tras un aumento de salarios realizado en el mes
de mayo correspondiente al 15%, desde el
01.09.06 entró en vigencia el segundo
incremento, 10% adicional, con lo cual se cumple
el ajuste del 25% ofrecido por el ejecutivo
nacional a comienzos de año. De esta manera, el
salario mínimo pasó de 465.570 a 512.325
bolívares. Con la entrada en vigencia del nuevo
ingreso también se modifica el beneficio de la
Ley de Alimentación (entrega de cestaticket y
tarjetas electrónicas), pues de acuerdo con la
ley, el beneficio se les otorga a los
trabajadores que ganen hasta tres salarios
mínimos. De esta manera, a aquellas personas
cuyo sueldo es de 1 millón 536 mil 975
bolívares, la suma de tres salarios mínimos, les
asistirá el beneficio.
En la reforma parcial del Reglamento de la Ley
Orgánica del Trabajo (LOT), del pasado 28 de
abril, se dispuso unificar el salario a todos
los trabajadores; y se eliminó la distinción
donde el salario era menor para trabajadores
rurales, de servicio doméstico y los conserjes.
Se igualaron con el salario mínimo las pensiones
de jubilados de la administración pública y las
de los pensionados del Seguro Social; en este
caso, las de vejez e incapacidad. El salario de
los aprendices y adolescentes subió a Bs.
349.296.
Con este incremento el pago por jornada diaria
diurna, para todos los beneficiados, queda en
17.077,50 bolívares. Para los aprendices, la
jornada queda en 11. 643,18. (Ultimas Noticias,
01.09.06, pag. 26).
Consumo promedio de la población venezolana
De acuerdo a un estudio de Datanálisis, los
platos principales del menú de los venezolanos
son el arroz (66,8%), la arepa (61,1%) y el
pollo (52,5%), seguido de la pasta y los granos,
mientras que la carne ocupa el sexto lugar de la
lista (32,6%).
El reporte indica que el desayuno de los
venezolanos está compuesto principalmente por
arepa (51,5%, mantequilla (31,4%) y queso blanco
(39%), acompañado de café con leche ( 32%), pero
también suelen comer pan y tomar jugos. A la
hora de almorzar, el arroz (60%) ocupa el primer
lugar, seguido del pollo (33,8%), la carne
(32,2%) y la pasta, los jugos naturales y los
refrescos son las bebidas preferidas para esta
comida.
Según la información recopilada por Datanálisis
los venezolanos cenan muy parecido a como
desayunan, la arepa (39,4%) y el queso (31,5%)
también ocupan los primeros lugares a la hora de
cenar, pero la bebida preferida para la noche es
el refresco, en horas nocturnas también se suele
comer arroz y carne, así como huevos y jamón.
(El Nacional, 02.09.06, A/18)
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DERECHOS
ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Ambientalistas difunden carta abierta sobre la
delimitación del territorio Barí en el Zulia |
Lusbi
Portillo, miembro de la asamblea permanente de
Provea y Coordinador de la ONG Homoetnatura, dirigió
el 04.09.06 una carta abierta a Sergio Rodríguez,
Secretario General de la Comisión Nacional de
Demarcación, y Francisco Cedeño, Coordinador General
del Equipo Técnico, para reivindicar la demarcación
del territorio de los pueblos indígenas que habitan
en el estado Zulia, especialmente el Barí. A
continuación transcribimos la comunicación completa:
Maracaibo, 4 de septiembre de 2006
Ciudadanos:
Sergio Rodríguez
Secretario General de la Comisión Nacional de
Demarcación del Hábitat y Tierras Indígenas
Francisco Cedeño
Coordinador General del Equipo Técnico
Presente.-
Estimados ciudadanos.
Los indígenas del Zulia, en especial el pueblo Barí,
desde hace varios años se movilizan para que el
Estado venezolano los dote de tierras, y les derogue
las concesiones mineras de carbón que amenazan sus
territorios ocupados actualmente y los
autodemarcados.
La antropología contemporánea, Lizarralde &
Beckerman, la prensa regional, Panorama, recoge con
cierta precisión, y el mismo Salvador de La Plaza en
unos de sus libros sobre el Problema de la Tierra,
explican de cómo las empresas exploradoras y
extractoras de petróleo (Shell y Creole), y
posteriormente hacendados y campesinos diezmaron a
sangre y fuego y despojaron del 90% de sus tierras a
los indígenas Barí, dejándoles de 16.000 Km2 para
mediado de 1910 apenas 1.942 Km2 en Venezuela y 840
Km2 en Colombia.
Hoy en Venezuela, nueve comunidades viven en medio
de verdes potreros de haciendas y otras en el
piedemonte de la Sierra de Perijá y en el Valle de
Abusanqui, auto demarcadas con la colaboración de
Roberto Lizarralde como la conocida Pica Barí.
Ahora, los que viven en el piedemonte, están
nuevamente amenazados por los planes de exploración
subsiguiente explotación carbonífera que capitales
privados y el Estado venezolano llevan a cabo a
través de CORPOZULIA.
Por justicia social, esta comisión técnica que hoy
instrumenta la demarcación de tierra Barí debería
medir las haciendas y parcelas que las comunidades
Barí solicitan, hacer los respectivos avalúos y
solicitarle a la señora Ministra Ing. Jacqueline
Faría que eleve ante el Presidente Chávez el pago de
dichas bienhechurías y la derogación de todas las
concesiones de carbón de CORPOZULIA, conocidas con
el nombre de Proyectos Tukuko-Aricuaizá y Río de
Oro, así como las de las empresas privadas Minera
MAICA, CARBOCA, COSULMINCA y Corporación Carbones
del Perijá.
Para esta acción política, el Presiente Chávez puede
apoyarse en las leyes nacionales y los acuerdos o
protocolos internacionales firmados, algunos de
ellos encaminan y asocian el derecho a la tierra
para los indígenas al derecho a la vida.
Desde de mayo de 1985, venimos un grupo de
ciudadanos preocupado por esta situación,
colaborando con los pueblos y comunidades indígenas
del estado Zulia en aras de buscar una salida al
problema de la tenencia de la tierras indígenas, en
la búsqueda de la construcción de la justicia y la
paz, y este es el momento exacto de conseguir de una
vez por todas la solución de este histórico
problema, y ya los indígenas y nosotros vivimos una
experiencia anterior.
En 1997, cuando la Dra. Lucía Antillano y su asesor
abogado Ricardo Dorado, hoy Ministro del Trabajo,
lograron desde el Senado de la República, con todos
los organismos vinculados a los indígenas, tierra,
frontera, seguridad y ambiente un acuerdo escrito
para que cada año se compraran las bienhechurías de
todas las haciendas, de estas mismas haciendas hoy
auto demarcadas, y se comenzó a comprar las
haciendas como El Trébol, Los Chorros, entre otras;
para esta fecha sólo el problema de la derogación de
las concesiones carboníferas estaba en el tapete, y
este es un compromiso que en cierta manera el
Presidente Chávez y la Ministra Faría han comenzado
a asumir públicamente, hasta el mismo General
Martínez que hoy ocupa la presidencia de CORPOZULIA.
Poseemos dicha información de manera escrita y en
audiovisual, por si hace falta.
Esperamos de ustedes la mayor amplitud posible para
que juntos comencemos a entender que es necesario
saldar la deuda con estos pueblos, que son
anteriores al estado nacional, una deuda histórica,
y saber que sin tierras todos los otros derechos
reconocidos son letras muertas, pues sus economías y
su espiritualidad están consustanciadas con sus
territorios.
Mg. Lusbi Portillo
C.I. 4.527.834
Coordinador de la ONG
Sociedad Homo et Natura
0416-4653530
E-mail: homoetnatura@cantv.net
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DERECHOS
ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Trabajadores y pensionados de Guayana reclaman
condiciones laborales y derecho a un salario justo |
|
Los afiliados del Sindicato
Único de
Trabajadores de la Industria Siderúrgica y sus
Similares (Sutiss), que agrupa a los
trabajadores de Sidor, la principal acería del
país en Guayana, han venido realizando una serie
de movilizaciones para exigir el cumplimiento de
diversas reivindicaciones laborales. Sus
acciones empezaron a ganar espacios en los
medios de comunicación regionales y nacionales
cuando el pasado 17.08.06 y tras agotar los
procesos de negociación con la empresa
para el cumplimiento de la contratación
colectiva vigente, introdujeron un tercer pliego
conflictivo en la Inspectoría del Trabajo de
Puerto Ordaz. En un hecho confuso, se desató un
conato de violencia cuando la mesa conciliatoria
entre la patronal y el sindicato intentaban
congeniar los intereses, ocasionando el encierro
de un grupo de sindicalistas presentes en la
institución. (La Nueva Prensa de Guayana
17.08.06, 2/A). Al día siguiente, los
trabajadores siderúrgicos y organizaciones
sindicales de diferentes empresas básicas y
privadas de Ciudad Guayana volvieron a tomar las
instalaciones del Ministerio del Trabajo (Mintra).
Tras una reunión con los representantes del
Mintra, el presidente de Sutiss. José Rodríguez
"Acarigua" manifestó que "no les quedaba otro
camino que tomar la calle". Por su parte, el
director general de relaciones del Mintra,
Francisco López, opinó que el sindicato debía
buscar asesoría para poder presentar el pliego
de reivindicaciones sin errores de redacción,
razón por la que fue rechazado. (El Guayanés,
18.08.06, A/2). El 24.08.06 la inspectora del
trabajo de Ciudad Guayana, Mervilia Saavedra,
decidía inhibirse en el caso argumentando que el
sindicato desestimó el recurso de apelación
privilegiando el uso de la fuerza. (Correo del
Caroní, 24.08.06, A/6).
El 31.08.06 se informaba sobre
la realización de la asamblea general de
trabajadores la cual contó con la presencia de
toda la estructura sindical de Sutiss para
evaluar el escenario y el cronograma de
movilizaciones. En la reunión, Rodríguez
describió la situación de salud de los
trabajadores ante el incumplimiento del llamado
"plan solidario" de Sidor. Asimismo, la
demagogia de la patronal sobre las promesas de
incrementos salariales y los beneficios
derivados de la reforma parcial de la Ley
Orgánica del Trabajo, que estipula el pago de
vacaciones a salario normal. Sobre este punto,
detalló lo que considera el deterioro de las
colonias vacacionales de Carúpano, construidas
para disfrute de la masa laboral hace más de 20
años por CVG-Sidor. El líder obrero también se
refirió a la situación de los trabajadores que
prestan servicios en las contratistas de Sidor,
unas 8 mil personas, que a su juicio "no gozan
ni siquiera un poco de los beneficios percibidos
por los empleados directos". (La Nueva Prensa de
Guayana, 31.08.06, A/2).
El 05.09.06 se anuncia la
detención de tres dirigentes de Sutiss y dos
trabajadores de la empresa transportista Camila,
contratista de Sidor luego de que un tribunal
emitiera órdenes de captura contra ellos y otros
16 trabajadores bajo cargos de apropiación
indebida y secuestro de maquinarias. Los
sindicalistas detenidos fueron Leonel Griset,
miembro de la Comisión Paritaria; Juan Valor,
secretario de prensa y propaganda y Jhoel
Hernández, secretario de Cultura y Deporte. Los
dirigentes detenidos culparon a Orlando Aguilar,
propietario de la contratista de haber
solicitado su aprehensión, tras haber paralizado
la compañía por el reclamo de compromisos
laborales. (Correo del Caroní, 05.09.06, 1/A).
El presidente de Sutiss anunció que ante esta
situación paralizarían las actividades hasta
tanto la empresa reconociera los beneficios de
los trabajadores. (El Guayanés, 05.09.06, A/2).
Durante el paro, diversos dirigentes sindicales
se apostaron en la antesala del Palacio de
Justicia de Puerto Ordaz, pidiendo la inmediata
libertad de sus agremiados. (Ultimas Noticias,
06.09.06, pag. 16). Fuentes allegadas a la
empresa aseguraron que la paralización de Sidor
se desarrolló en forma parcial. "Las acerías,
planta de pellas y el área de reducción de
mineral de hierro operaron a su mínima
capacidad". Se estimó, asimismo, que las
pérdidas superan los 2 millones de dólares
diarios. (El Universal, 06.09.06, 2/6). Debido a
esta protesta, el Tribunal 2ª de Control emitió
boleta de excarcelación de los cinco detenidos.
(El Nacional, 06.09.06, B/17). Tras la
liberación, concluía la huelga de los
trabajadores con lo que volvían a sus
actividades, pero el Sutiss no descartaba
realizar nuevas acciones de calle y tomas de la
ciudad de Puerto Ordaz para reclamar el
cumplimiento del Contrato Colectivo. (El
Universal, 07.09.06, 2/6).
Pensionados en lucha
Tras la liberación de los
sidoristas detenidos, los trabajadores en
conflicto hicieron una parada en la sede de la
Corporación Venezolana de Guayana. Su objetivo,
solidarizarse con los pensionados y enfermos
ocupacionales de esa institución, quienes
también protagonizaban un conflicto laboral. (El Nacional,
Ídem). El 23.08.06 Pedro Acuña, miembro de la
Comisión Única de Accionistas Clase "B" de Sidor
afirmó en la prensa regional que los jubilados y
pensionados de Sidor "son los peor pagados de la
zona". Del grupo de 2.500 jubilados un
95%, según las estimaciones del denunciante se
encontrarían ganando trescientos mil bolívares
mensuales por concepto de jubilación sin mayores
beneficios. Por su parte, Luis Díaz, presidente
de la asociación de Jubilados, Pensionados e
Incapacitados de Sidor, declaró sobre las
reivindicaciones del sector que representaba:
"la intención es que se nos lleve el salario,
por los momentos, al mínimo urbano, y de verdad
que percibimos muy buena disposición de la
empresa para lograr esa meta, sin menoscabar
nuestro derecho de demandar en los tribunales
por la homologación de los salarios". Díaz
relato también las condiciones en las que vive
su gremio debido al nivel salarial que perciben,
"tenemos una calidad de vida muy deteriorada,
con ese sueldo no nos da ni para pagar las
medicinas de las enfermedades que van
apareciendo en la vejez, y el seguro médico no
nos lo paga la empresa, sino que lo cubrimos en
un 100% nosotros". (Correo del Caroní, 23.08.06,
A/8). El 21.08.06 un grupo de 10 jubilados
comenzaban una huelga de hambre solicitando la
homologación y ajuste de sus pensiones. El
25.08.06 se informa que una manifestación de
jubilados cerró la avenida Guayana en protesta
por la incomunicación sufrida por los
huelguistas, a quienes no se les permitía
acceder a los baños de la CVG, ni recibir en el
sitio de la protesta a sus compañeros. (La Nueva
Prensa de Guayana, 25.08.06, A2). Los jubilados
afirman que una decisión ratificada por el
Tribunal Supremo de Justicia les otorgó el rango
de trabajadores pasivos, lo que les permitiría
disfrutar de los mismos beneficios y salario que
sus homólogos activos. (Correo del Caroní,
27.08.06, A/7).
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DERECHOS
ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Comentarios y sugerencias al Proyecto de Ley de
Personas con Discapacidad |
Presentación
El Proyecto de Ley para Personas con
Discapacidad, instrumento legal que desarrolla
el artículo 81 de la Constitución de 1999 es
actualmente discutido por la Comisión Permanente
de Desarrollo Social Integral de la Asamblea
Nacional, en donde fue aprobado en primera
discusión el 13 de julio de 2006; a continuación
se presentan comentarios y críticas puntuales a
dicho instrumento legal, con vistas a
presentarlas ante la Asamblea Nacional de la
República Bolivariana de Venezuela, en ejercicio
del derecho a la participación ciudadana
reconocido en la Constitución de 1999 (1) y en
la normativa internacional (2).
Aspectos positivos
El proyecto de Ley presenta una estructura
completa que atiende al reconocimiento de los
derechos que asisten al colectivo de personas
con discapacidad.
El
Título II del proyecto de ley “De los Derechos
de las Personas con Discapacidad” es completo y
exhaustivo en el reconocimiento de los derechos
de las personas con discapacidades, igualmente
es categórico y claro en la prohibición de toda
forma de discriminación.
Particularmente positivas son las normas sobre
acción afirmativa en materia de empleo para
personas con discapacidad:
-
Artículo 14, el cual establece un porcentaje de
cinco por ciento de personas con discapacidad en
las nóminas totales de todas las empresas
públicas y privadas
-
Ayudas técnicas (artículo 8),
-
Asientos para personas con discapacidad en el
servicio de transporte público (artículo 58)
-
Adaptación de vehículos de transporte público
(artículo 59).
-
Descuentos en pasajes de transporte terrestre,
aéreo y acuático (artículo 60).
-
Servicio de acarreo de sillas de ruedas,
andaderas u otros utensilios o ayudas físicas en
el servicio de transporte público (Artículo 61)
Es
igualmente de destacar que con la creación del
Consejo Nacional para las Personas con
Discapacidad se establece una autoridad
especializada en la materia con mandato claro
para la formulación de políticas públicas en la
materia, al cual se le otorga una potestad
sancionatoria (desarrollada en el Título VI “De
las Sanciones”), con lo cual se le confieren las
herramientas legales para que su actuación sea
eficaz.
Críticas
Sobre la definición de personas discapacitadas
contenida en el artículo 5 del proyecto
El
artículo 5 del proyecto define a las personas
discapacitadas como:
“…todas aquellas personas que por causas
congénitas o adquiridas presenten alguna
alteración de sus capacidades sensoriales,
motrices o intelectuales, de forma temporal o
permanente, que impliquen desventajas para su
participación e integración a la vida familiar y
social. Se reconocen personas con discapacidad,
las sordas y con discapacidad auditiva, ciegas y
con discapacidad visual, sordociegas, con
retardo mental, con discapacidad intelectual,
con alteraciones de la integración y la
capacidad cognoscitiva, autistas, amputadas, con
discapacidad motora de cualquier tío, y con
cualesquiera combinaciones de algunas de las
discapacidades o ausencias mencionadas, y
quienes padezcan de enfermedades o trastornos
discapacitantes científica, técnica y
profesionalmente calificadas como tales en la
tabla de clasificación de discapacidades que sea
adoptada por el Consejo Nacional para las
Personas con Discapacidad.
Al
respecto la definición sugerida por el proyecto
es confusa y casuística; en el apartado de
Sugerencias se indica una noción alternativa
tomada de la Convención Interamericana para la
eliminación de todas las formas de
discriminación contra las personas con
discapacidad
Comentarios a la calificación administrativa de
la condición de discapacitado
El
proyecto de Ley crea un órgano público
denominado “Consejo Nacional para las Personas
con Discapacidad”, al cual se le atribuyen
funciones muy amplias, que van desde certificar
con efectos erga omnes la condición de
discapacidad hasta funciones de registro de
todas las organizaciones dedicadas al trabajo
con personas discapacitadas.
En
efecto, el articulado del proyecto parece
establecer el registro y la certificación
obligatorios para obtener el reconocimiento
mismo de la condición de discapacitado,
igualmente exige este reconocimiento de la
administración pública para el ejercicio de los
derechos prestacionales básicos de la población
discapacitada.
El
artículo 24 del proyecto dispone:
“Las exoneraciones, ayudas especiales, becas,
subvenciones, donaciones y otros beneficios
obtenidos por razones de discapacidad, requieren
en su solicitud, la consignación del certificado
de persona con discapacidad, expedido por el
Consejo Nacional para las Personas con
Discapacidad.”
No
parece conveniente el supeditar el
reconocimiento de la condición de discapacitado
al cumplimiento de un trámite administrativo,
por cuanto la condición de discapacidad puede
ser diagnosticada por cualquier profesional
facultado y colegiado según la ley (médico,
psicólogo, terapista del lenguaje, etc.), a
estos profesionales el proyecto de ley
únicamente les faculta para emitir opiniones con
carácter no vinculante (artículo 6).
Consideramos, por lo tanto, que el Estado debe
limitarse a reconocer la condición de
discapacidad, mas no constituir jurídicamente
la misma.
La
norma propuesta trae consigo el riesgo de gravar
a las personas discapacitadas con mayores
sufrimientos y molestias al someterlas a
trámites burocráticos para obtener un
certificado que acredite su situación,
igualmente esta norma expone a las personas
discapacitadas al arbitrio de la administración
pública.
En el
supuesto de que el Consejo Nacional para las
Personas con Discapacidad negase por cualquier
causa la expedición del certificado
correspondiente, la persona discapacitada
quedaría sin protección legal, y tendría sobre
sí la carga de ejercer recursos en sede
administrativa y judicial según la Ley Orgánica
de Procedimientos Administrativos y la Ley
Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia; la
tramitación de estos recursos significaría para
el discapacitado pérdidas considerables de
dinero y tiempo, mientras tanto no podría
obtener las “exoneraciones, ayudas
especiales, becas, subvenciones, donaciones y
otros beneficios” que la ley condiciona a la
obtención del certificado de persona con
discapacidad.
Comentarios a las disposiciones sobre
identificación personal de las personas
discapacitadas
El
artículo 17 del proyecto establece que “La
cédula de identidad otorgada a las personas con
discapacidad comprobada, deberá indicar tal
condición y el tipo de discapacidad de quien la
porte, previa aprobación del ministerio con
competencia en materia de identificación de los
habitantes de la República.”
El
artículo 17 en comento carece en nuestra opinión
de una base racional que lo justifique, creemos
por el contrario que el hacer constar la
condición de discapacitado en el documento de
identidad de la persona la perjudica, esto por
varias razones:
A-
Estigmatiza al discapacitado al hacer constar en
su documento de identidad su condición, la cual
es irrelevante a efectos de la identificación.
B-
Constituye una diferenciación odiosa entre las
personas discapacitadas y las personas que no
tendrán esta mención en sus documentos de
identidad.
C-
Favorece los actos de discriminación contra las
personas discapacitadas; podemos imaginar,
verbigracia, la situación de los discapacitados
que remitan copias de sus documentos para optar
a algún empleo, la fotocopia de su documento de
identidad; si en este documento aparece
acreditada la condición de discapacidad se le
coloca por anticipado en una situación
desventajosa respecto de las personas en cuyo
documento de identidad no aparece tal mención.
Comentarios a las normas sobre participación
ciudadana
No se
entiende la razón por la cual el proyecto de ley
dispone en su artículo 69 exige que “Las
organizaciones sociales, deportivas, recreativas
o de cualquier índole sin fines de lucro,
constituidas por personas con discapacidad y por
sus familiares y las personas jurídicas con o
sin fines de lucro creadas para organizar y
desarrollar actividades deportivas y
recreativas, o brindar asistencia, atención,
servicio, educación, formación y capacitación a
personas con discapacidad, deberán
registrarse en el Consejo Nacional para las
Personas con Discapacidad a efecto de ser
reconocidas e insertarse en las políticas
públicas “(Subrayado nuestro).
Esta
norma entra en contradicción con la obligación
del estado de facilitar el ejercicio del derecho
de asociación reconocido en el artículo 52 de la
Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela(3), en efecto, las personas jurídicas
adquieren su personalidad jurídica con la
protocolización de su documento
constitutivo-estatutario en los términos
contenidos en el Código Civil y en la Ley de
Registro y Notariado, por lo que es totalmente
superfluo e innecesario un nuevo acto de
“reconocimiento” por parte del Estado, como el
establecido por el artículo 69 en comento.
El artículo 69 de la Ley Para Personas con
Discapacidad, en los términos en que se
encuentra redactado establece que será el propio
organismo público (Consejo Nacional para las
Personas con Discapacidad) quien tendrá las
facultades de “reconocer” e “insertar en las
políticas públicas” a sus interlocutores en la
sociedad, lo cual entra en contradicción con la
obligación del estado de facilitar la generación
de condiciones más favorables para la práctica
del control de la gestión pública, reconocido
por el artículo 62 de la Constitución de 1999
(4).
Esta
norma no favorece el cumplimiento de varias
normas del Derecho Internacional de los Derechos
Humanos en la materia:
A-Convención Interamericana para la eliminación
de todas las formas de discriminación contra las
personas con discapacidad de Ciudad de
Guatemala, 1999, cuyo artículo V dispone:
“1.
Los estados parte promoverán, en la medida en
que sea compatible con sus respectivas
legislaciones nacionales, la participación de
representantes de organizaciones de personas con
discapacidad, organizaciones no gubernamentales
que trabajan en este campo o, si no existieren
dichas organizaciones, personas con
discapacidad, en la elaboración, ejecución y
evaluación de medidas y políticas para aplicar
la presente Convención”.
B-
Normas Uniformes sobre la Igualdad de
Oportunidades para las personas con
Discapacidad; Resolución 48/96 de la Asamblea
General de la Organización de las Naciones
Unidas del 4 de marzo de1994, artículo 18.
“Los Estados deben reconocer el derecho de las
organizaciones de personas con discapacidad a
representar a esas personas en los planos
nacional, regional y local. Los Estados deben
reconocer también el papel consultivo de las
organizaciones de personas con discapacidad en
lo que se refiere a la adopción de decisiones
sobre cuestiones relativas a la discapacidad.
1.
"Los Estados deben promover y apoyar
económicamente y por otros medios la creación y
el fortalecimiento de organizaciones que agrupen
a personas con discapacidad, a sus familiares y
a otras personas que defiendan sus
derechos. Los Estados deben reconocer que
esas organizaciones tienen un papel que
desempeñar en la elaboración de una política en
materia de discapacidad…”
Tampoco es favorable al ejercicio de la
participación ciudadana en las políticas
públicas en materia de personas discapacitadas
la composición del Consejo Directivo del Consejo
Nacional para las Personas con Discapacidad
esbozada en el artículo 32 del proyecto de ley,
por cuanto únicamente se prevé la presencia de
“un vocero o vocera de los comités
comunitarios de personas con discapacidad”;
esta norma no solamente establece una
representación meramente simbólica de la
sociedad civil (un vocero en un consejo
integrado por nueve personas), sino que silencia
absolutamente a las organizaciones no
gubernamentales dedicadas al trabajo con
personas discapacitadas al no reconocérseles
presencia alguna en el Consejo Directivo del
Consejo Nacional para las Personas con
Discapacidad.
Esta
omisión no se subsana con el artículo 42 del
proyecto, en el cual si se reconoce que “los
ciudadanos y ciudadanas con discapacidad, sus
familiares y personas sin discapacidad podrán
constituir organizaciones sociales, deportivas,
culturales, artísticas, cooperativas o de
cualquier otra índole que los agrupen,
representen y expresen las manifestaciones de su
acción para lograr el protagonismo participativo
y la incorporación plena al desarrollo de su
comunidades y de la nación”. Esto es así,
por cuanto si bien en este artículo 42 se
reconoce este derecho, el mismo queda
mediatizado por la obligación de las
organizaciones de ser “reconocidas” por el
estado en los términos del artículo 69 antes
comentado; igualmente en el proyecto de ley, tal
como está redactado, las únicas entidades a las
cuales se les reconoce presencia en el Consejo
Directivo del Consejo Nacional para las personas
con Discapacidad son los Comités Comunitarios de
Personas con Discapacidad.
Recomendaciones
Primero: Cambiar la redacción del
artículo 5 de la ley por una redacción mas
concisa y clara, al respecto se sugiere tomar en
cuenta la Clasificación Internacional del
Funcionamiento, de la Discapacidad y de la
Salud, ratificada oficialmente en la 54ª
Asamblea Mundial de la Salud en 20013 Resolución
WHA54.21.
Concretamente proponemos que en el texto de la
Ley se acoja la definición de discapacidad
contenida en la Convención Interamericana para
la eliminación de todas las formas de
discriminación contra las personas con
discapacidad de Ciudad de Guatemala:
“El
término "discapacidad" significa una deficiencia
física, mental o sensorial, ya sea de naturaleza
permanente o temporal, que limita la capacidad
de ejercer una o más actividades esenciales de
la vida diaria, que puede ser causada o agravada
por el entorno económico y social”.
Segundo: Aprobar y remitir al ciudadano
Presidente de la República la ley aprobatoria de
la Convención Interamericana para la eliminación
de todas las formas de discriminación contra las
personas con discapacidad de Ciudad de
Guatemala, a los fines de que el Ejecutivo
Nacional de conformidad con el artículo 217 de
la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela proceda a la ratificación de este
instrumento que, si bien ha sido firmado el 8 de
junio de 1999, no ha sido todavía ratificado por
la República.
Tercero: Suprimir los artículos 17 y 24 del
proyecto de ley, por las razones suficientemente
expuestas.
Cuarto: Cambiar la redacción del artículo 69
del proyecto de ley, suprimiendo el “registro”
establecido en su redacción actual para todas
las organizaciones que desarrollan trabajo con
personas discapacitadas por ante el Consejo
Nacional para las Personas con Discapacidad ,
por las razones expuestas.
Quinto: Estructurar la composición del
Directorio del Consejo Nacional para las
Personas Discapacitadas de manera que garantice
la representación con derecho a voz y voto tanto
de los colectivos organizados de personas
discapacitadas como de las organizaciones no
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