EFEMÉRIDES DE DERECHOS HUMANOS DEL MES DE NOVIEMBRE

CONTEXTO
* Provea presentará Informe Anual sobre la Situación de los Derechos Humanos en Venezuela Octubre 2005/Septiembre 2006
* Foro por la Vida rechaza la posibilidad de estado de excepción en El Nula y solicita presencia de funcionarios públicos en la zona.
* Organizaciones sociales y en Derechos Humanos entregan documento con observaciones a la Ley de Cooperación Internacional
* Foro por la Vida rechaza descalificaciones oficialistas a defensores de derechos humanos

DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 
* Misión Negra Hipólita comienza nueva etapa difundiendo primeros resultados
* A pesar de la criminalización, pescadores artesanales de Güiria realizaron toma para solicitar Núcleo de Desarrollo Endógeno
* Habitantes de Coloncito, estado Táchira, movilizados por falta de servicios públicos
* Sobre la explotación carbonífera en el Zulia: ¡Y sí tenemos 60 millones!
* Trabajadores informales realizan manifestación en Caracas solicitando derechos laborales.
* Ejecutivo Nacional anuncia medidas para asegurar el derecho a un salario justo de los trabajadores y trabajadoras del sector público
* Incertidumbre en el proceso de adjudicación de viviendas favorece prácticas irregulares
* Denuncian recorte del presupuesto asignado a vivienda para el 2007
* Indicadores sobre el derecho a la alimentación y el salario justo
* Propuestas y exigencias de Provea a los poderes públicos sobre el derecho a un ambiente sano

DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
* ¿Quién tiene el control de la frontera?
* Vida en abundancia fue la consigna de Celebración por la Vida 2006
* Muerte en cárceles venezolanas supera las 300 víctimas
* Realizan huelga de hambre contra la tortura en Barquisimeto
* Propuestas y exigencias de Provea a los poderes públicos sobre los derechos políticos

INVITACIONES A EVENTOS
* III Jornadas de Reflexión Política en la UCAB: Totalitarismos de izquierda y derecha
en el Siglo XXI
* 16 días contra la violencia
* Concierto "Derribando cuarteles, liberando guitarras"

ARTÍCULOS
* Margarita López Maya: "De El Amparo a La Paragua"
* Mario Vargas Llosa: "Un muro de mentiras"

NOVEDADES DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN TODOS LOS DERECHOS PARA TODOS
* "De la indignación a la implicación "
* " Derribando los obstáculos al derecho laboral"
* "El derecho a no ser pobre: la pobreza como violación a los derechos humanos en el mundo"
* "SIC"

DOCUMENTOS
* Declaración del Primer Encuentro de Organizaciones Académicas Venezolanas de Estudios de Género y de las Mujeres
* Conferencia internacional sobre Reforma agraria integral. Declaración final
* Declaración de La Paz: Se acabó el resistir por resistir, llegó nuestro tiempo

Específico “ Josés Antonio Páez ” (CEJAP), en el sector conocido como Caño La Colorada. El CEJAP estaba integrado por funcionarios de la Policía Técnica Judicial (PTJ), la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP) y miembros de las Fuerzas Armadas. Las investigaciones y las declaraciones de dos sobrevivientes, José Arias y Wolmer Pinilla, develaron que los pescadores habían sido emboscados por funcionarios del CEJAP, como manera de legitimar su papel en la ejecución de las políticas represivas en la zona. En un año desde su creación, 28 de octubre de 1987, este comando había realizado operaciones similares en Caño Las Gaviotas, Los Totumitos y El Vallado. Para el Coordinador General de Provea, Marino Alvarado, las irregularidades presentes en El Amparo no fueron un hecho aislado: “En todas estas acciones hubo denuncias que negaron que las víctimas fueran miembros de la subversión colombiana”.

Agotados los esfuerzos para obtener justicia y en virtud de las irregularidades que ocurrían en el proceso judicial, las organizaciones de derechos humanos Red de Apoyo por la Justicia y la Paz y el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), elevaron el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En 1994, esta instancia remitió el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), luego que los gobiernos de Carlos Andrés Pérez y Ramón J. Velásquez incumplieran sus recomendaciones. El 11 de enero de 1995, el Estado reconoció los hechos y asumió la responsabilidad ante la Corte IDH. El 14 de septiembre de 1996 dicho tribunal dictó sentencia fijando el monto de las indemnizaciones que debían pagarse a los 2 sobrevivientes y a los familiares de los fallecidos, ordenando que se continuara con las investigaciones y se sancionara a los autores materiales e intelectuales de la masacre. En diciembre de 2005, 9 años después, el Estado venezolano terminó de cancelar el monto de la indemnización, pero no ha acatado la decisión de castigar a los responsables , por lo que la masacre continúa impune. Los imputados en los hechos quedaron en libertad a través de una sentencia inconstitucional emanada de la Corte Marcial, confirmada por la Sala Penal de la extinta Corte Suprema de Justicia.

El Coordinador General de Provea, a propósito del 18º aniversario de la Masacre de El Amparo , relaciona aquellos hechos con la realidad del país en el momento actual. “A pesar de que el gobierno condena en su discurso las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el pasado, su política implementada en las zonas fronterizas no se diferencia de la lógica que en su tiempo llevó a conformar el CEJAP, privilegiando el aspecto represivo y militar sobre el desarrollo de una política integral en la zona que adelante, coordinada y coherentemente, iniciativas en materia de salud, educación, empleo, vivienda y otros derechos sociales”. Por su parte, las organizaciones de Derechos Humanos han mostrado su preocupación por las recientes declaraciones de algunos parlamentarios que han sugerido la suspensión de las garantías constitucionales en la frontera, como lo expresa la reciente declaración realizada por el Foro por la Vida . Para Maria Elena Rodríguez , coordinadora del Programa de Exigibilidad de Provea, “las recientes denuncias sobre actuaciones irregulares de los Teatros de Operaciones 01 y 05 (Masacres de El Nula y La Paragua) sugieren que la impunidad aún caracteriza las actuaciones de los cuerpos de seguridad del Estado, así como la falta de transparencia de las investigaciones sobre los hechos”.

Finalmente, Marino Alvarado rechazó que algunos de los imputados en la Masacre de El Amparo continúen ocupando cargos públicos en la actualidad, tanto en dependencias administrativas, en el seno de la Fuerza Armada Nacional (FAN) y diversos organismos de seguridad del Estado.

En dichas comunicaciones igualmente manifiestan que “reconocen y respaldan el trabajo del Equipo Pastoral de la Iglesia Católica del Alto Apure, quienes han generado y difundido dos informes, “Quién controla la zona” y “Un grito de alerta”, con la finalidad de llamar la atención de las autoridades sobre la necesidad de resguardar a las poblaciones más desfavorecidas de la zona. Asimismo, apoyamos su petición sobre la necesidad de una política permanente de seguridad fronteriza, en la cual las autoridades elaboren e implementen un plan de acción que les permita la gobernabilidad de la zona garantizando, a su vez, los Derechos Humanos de los pobladores. Esta política de seguridad debe ser realizada con una perspectiva integral que permita superar las visiones que la reducen a los aspectos represivos, subestimando dimensiones asociadas al desarrollo de políticas sociales, educativas, económicas y culturales”.

Saludaron las reacciones de algunos funcionarios públicos, como las del diputado Fadh El Gatriff, miembro de la Comisión de Defensa del Parlamento Nacional, que han mostrado su interés en investigar más a fondo la situación, incluso proponiendo hacer acto de presencia en la zona, que coincide con las solicitudes de algunos de los denunciantes de la situación en la frontera , en torno a que una Comisión de la Asamblea sesione en la zona, y tenga actividades de parlamentarismo de calle, que les permita intercambiar con sus pobladores sobre sus necesidades y requerimientos. Sin embargo, en dichas comunicaciones fueron categóricos en rechazar la propuesta del diputado Fadh El Gatriff de una declaración de estado de excepción y la restricción de las garantías constitucionales en la zona. Afirmaron que “las suspensiones de garantías realizadas en el pasado demostraron que el estado de excepción repercute en mayores violaciones a los derechos humanos, por abusos de autoridad, tales como desaparición forzada de personas, torturas e incremento de la represión indiscriminada, detención de opositores políticos y el inicio de juicios militares a ciudadanos civiles , que se traducen en la práctica como la suspensión del estado de derecho ” . Esto fue corroborado por el Presidente de la República Hugo Chávez cuando, en una de sus primeras medidas adoptadas al asumir la primera magistratura, restableció las garantías constitucionales en la frontera, reconociendo que su suspensión había favorecido la violación de los Derechos Humanos.

El Foro por la Vida expresó su honda preocupación debido a que durante el año 2006 los ataques a defensores y defensoras de derechos humanos se han incrementado en relación a años anteriores. Estos ataques se acentúan o son más frecuentes, cuando los y las defensores/as de derechos humanos acuden a instancias internacionales, medios de comunicación o presentan denuncias públicas.

Así mismo, resulta alarmante el que actualmente cinco defensores y defensoras se vean obligados a mantener medidas de protección del sistema interamericano. Ello es reflejo de que las garantías de trabajo a los defensores y defensoras de derechos humanos en el país, se han deteriorado gravemente.

En concreto, lo sucedido con la Sra. Maria del Rosario Guerrero Gallucci, defensora de derechos humanos de Guárico, quien presuntamente ha sido señalada en reiteradas ocasiones por el gobernador del estado Guárico en su programa radial semanal de ser parte de una supuesta banda delictiva. A su vez el pasado 15 y 16 de septiembre fue publicada en prensa (La Antena y El Nacionalista, del estado Guárico) una nota bajo el siguiente titular “Señalan a la Nena Galucci como autora intelectual del asesinato de un socio”, sin la firma del periodista responsable de la información en el caso de El Nacionalista , y solo unas iniciales en el caso de La Antena, aún cuando ambas notas de prensa son idénticas. Así mismo, en la página oficial del gobierno regional, se puede leer “AN investigará muerte de productor Guariqueño” y señala como presuntamente involucrada a María Guerrero Gallucci, “representante internacional de Derechos Humanos”, nota de prensa en la cual el diputado Juan Marín la acusa de estar “vinculada a acciones delictivas”.

Maria del Rosario Guerrero Gallucci solicitó el pasado 23 de septiembre de 2006 ante el Ministerio Público que los hechos por los cuales ha sido señalada sean investigados. Debido a múltiples amenazas recibidas y al atentado contra su vida que sufrió el pasado mes de abril, actualmente goza de medidas de protección de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Así mismo resulta en extremo preocupante el curso que presentan las investigaciones a las amenazas recibidas por COFAVIC, cuando el Ministerio Público solicitó el pasado 18 de septiembre a un tribunal penal el sobreseimiento de la causa, dado que a juicio de la Fiscalía General los hechos denunciados no revisten carácter penal o son de acción privada. De ser acordada la solicitud del Ministerio Público al Tribunal Trigésimo Tercero de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Penal del Área Metropolitana de Caracas, se pondría fin a la investigación, desacatando las medidas provisionales acordadas por el tribunal interamericano a favor de Liliana Ortega y otras. La investigación eficaz de los hechos es una garantía de no repetición, por tanto si el Estado incumple esta medida, esta propiciando que la situación de amenaza y riesgo que han vivido y viven las beneficiarias de las medidas provisionales, se mantengan.

Otro caso que preocupa enormemente es lo sucedido el pasado 29 de septiembre, cuando la señora Lina Ron, vinculada al oficialismo, acusó por Globovisión a Humberto Prado , director del Observatorio Venezolano de Prisiones, de ser “asesino”, “come muertos” y “pagar para matar gente en las cárceles”, entre otros epítetos, además de formular acusaciones gravísimas de corrupción y abuso de poder durante la época en que se desempeñó como director de la cárcel de Yare, como que “metía a la gente en heces” así como estar montando un “esquema” para decir que “la inseguridad es culpa del gobierno de Chávez”. Hay que hacer notar que la señora Ron formuló todos estos señalamientos sin mostrar prueba alguna de lo que decía. Humberto Prado solicitó al Ministerio Público que investigue los hechos señalados por Ron.

Otra situación a señalar fue la ocurrida a propósito de una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia sobre el caso de las desapariciones forzadas en el Estado Vargas , en virtud de la que Liliana Ortega y Carlos Ayala ofrecieron una rueda de prensa, después de la cual fue publicada en Los Papeles de Mandinga, correspondiente a los días 1 al 7 de agosto, año 2, N° 57, página 22, en columna titulada “Cianuro en Gotas” una opinión anónima en que se califica a la defensora de derechos humanos, Liliana Ortega como: “gentuza”… “que … amenaza con llevar a Venezuela a los tribunales internacionales de derechos humanos”, … “sicaria”,… “de vida parasitaria”, … “viviendo de comercializar el dolor de las víctimas”; y se califica al defensor de derechos humanos, Carlos Ayala como : “su cómplice… un abogado propiedad del también imputado…” “…pintoresco defensor de derechos humanos (en realidad un abogado litigante que cobra carísimo a sus clientes) es uno de los redactores del decreto que estableció la efímera dictadura de Carmona Estanga”. Publicaciones como la indicada tienen antecedentes en el mencionado periódico.

El Foro por la Vida desea reiterar lo ya dicho por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en febrero del 2004 durante su 119º periodo ordinario de sesiones, cuando su entonces presidente, comisionado José Zalaquett, afirmó que las expresiones oficiales que cuestionan la labor de defensa de los derechos humanos pueden generar un grave riesgo para la vida, la integridad personal y las actividades de activistas en esta materia, debido a que pueden ser interpretadas por los grupos al margen de la ley como un señalamiento para cometer actos de violencia e intimidación contra los miembros de las organizaciones y afectan seriamente la legitimidad de dichas organizaciones. “La Comisión recuerda que los Estados deben contribuir a asegurar las condiciones necesarias para que las organizaciones de derechos humanos puedan desarrollar su tarea que resulta de importancia vital para la plena vigencia del Estado de Derecho ”.

Es importante resaltar que (de conformidad con el artículo 19 de La Declaración de la ONU sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos, aprobada por la Asamblea General 53/144 el 8 de marzo de 1999) el derecho que ejercen los defensores de derechos humanos, no debe ser afectado ni por el Estado ni por individuos. Adicionalmente, destacar que (de conformidad con el artículo 20 de la Declaración de la ONU) el deber que tiene Estado de promover y garantizar el trabajo libre de los defensores de los derechos humanos , también incluye la obligación del Estado como garante de ese derecho frente a los particulares , por lo que tampoco es permitido apoyar ni promover actividades en contra de los defensores de derechos humanos, por parte de individuos, grupos de individuos, instituciones u organizaciones. Sobre este particular cabe citar la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en que ha señalado que “para garantizar efectivamente los derechos consagrados en la Convención Americana, el Estado Parte tiene la obligación, erga omnes, de proteger a todas las personas que se encuentren bajo su jurisdicción. Esto significa, como lo ha dicho la Corte, que tal obligación general se impone no sólo en relación con el poder del Estado sino también en relación con actuaciones de terceros particulares.” (Resolución de 9 de julio de 2004, Medidas Provisionales respecto de Venezuela, caso Carlos Nieto y Otros )

Finalmente el Foro por la Vida expresa que la tarea de la defensa de los derechos humanos es fundamental para la vigencia e implementación de los mismos, así como para la profundización y existencia de la democracia y el Estado de derecho. La promoción y protección de los derechos humanos configuran el ejercicio no sólo de un fin legítimo, sino además de un derecho constitucional y humano de toda persona, individual o colectivamente en los planos nacional e internacional (Constitución, art.31). Este derecho a la promoción y protección de los derechos humanos es reconocido y protegido por instrumentos internacionales sobre la materia tanto de la ONU como de la OEA.

En general, el resultado del indicador fue favorecido por bajas de precios de los productos agrícolas, asociadas a una mayor oferta en este mes. Al analizar por grupos se observan desaceleraciones en 7 de las 13 categorías que integran la canasta del IPC: Servicios de educación (de 9,7% a 0,4%), Equipamiento del hogar (de 4,8% a 1,5%), Alimentos y bebidas no alcohólicas (de 1,4% a -0,1%), Comunicaciones (de 1,9% a 0,9%), Transporte (de 1,0% a 0,3%), Salud (de 1,5% a 0,9%) y Esparcimiento y cultura (de 1,3% a 0,9%). Por el contrario, 3 grupos mostraron aceleraciones con respecto a la tasa del mes previo: Bebidas alcohólicas y tabacos (de 0,5% a 3 ,8%), Restaurantes y hoteles (de 2,2% a 2,6%) y Alquiler de viviendas (de 0,6% a 1,0%). Tanto los bienes como los servicios registraron en el período, menores crecimientos que en el mes previo, al pasar de 1,3% a 0,6% y de 2,5% a 0,9%, respectivamente.

Otros indicadores
Según estimaciones del Instituto Nacional de Estadística (INE) la tasa de desempleo disminuyó un punto porcentual ­equivalente a 313.319 desocupados menos­ entre agosto y septiembre al moverse de 10,5% a 9,5%, respectivamente, según el informe mensual sobre la situación de la fuerza de trabajo en Venezuela. El número de desempleados pasó de 1,28 millones a 1,17 millones de personas entre los dos meses mencionados. Al comparar septiembre de 2006 con el mismo mes del año pasado ­cuando había 1,39 millones de desocupados­ el índice registra una reducción de 2 puntos porcentuales. En el análisis comparativo interanual, el INE señala que la población ocupada pasó de 10,69 millones (88,5%) a 11 ,14 millones (90,5%) de personas, lo cual refleja un incremento de 444.582 individuos de los cuales 318.355 ingresaron en el sector formal de la economía. La fuerza de trabajo o población económicamente activa ­con 15 años o más de edad­ aumentó de 12 millones a 12,3 millones de trabajadores. ( El Nacional, 20.10.06, A/20).

Estas cifras fueron complementadas por el Ministro de Planificación y Desarrollo , Jorge Giordani, quien declaró que los niveles de empleo formal han crecido durante 2006, en 55% y el informal en 45%, estimando para el cierre de año una tasa de desempleo de 7%. ( Agencia Bolivariana de Noticias , 23.10.06, http://www.abn.info.ve/go_news5.php?articulo=67160&lee=3)

Un reportaje difundido por el Ministerio de Comunicación e Información establece que ha disminuido progresivamente en nuestro país tanto la pobreza coyuntural como estructural. Según el ente, cuando el Presidente Chávez asumió la administración del país la pobreza se ubicaba en 43,9 por ciento. En el año 2001 disminuyó el número de hogares pobres a 39 por ciento. Pero entre el 2002 y el 2003 los hechos del país aumentaron la pobreza a 55,1 por ciento. Entonces el desempleo llegó al 20 por ciento y el ingreso del Producto Interno Bruto (PIB) cayó 8 puntos. Para el primer semestre del año 2006 existían 33, 9 por ciento de hogares en condiciones de pobreza de los cuales 10,6 por ciento se encuentran en condiciones de pobreza extrema. El informe compara esta cifra con las de 1999, cuando la pobreza extrema se ubicaba en 17.1 por ciento.

En 1999 la pobreza estructural estaba en 28,9 por ciento y la estructural extrema en 10,8 por ciento. En el año 2001, la primera bajó a 27,8 y la extrema a 9,3. Tras los sucesos del 2002, entre ese año y el 2003, la pobreza estructural subió a 31, 2 por ciento y la extrema llegó a 13 puntos. Luego como resultado de las decisiones económicas y sociales que ha tomado el Gobierno, afirma el Minci, el año 2005 cerró con una pobreza estructural en 26,7 por ciento y de este total 10,1 está en pobreza extrema.

En los años 1998 y 1999 Venezuela tenía un Índice de Desarrollo Humano (IDH) mediano, exactamente de 0,69 puntos. El año 2005, que es la última cifra que maneja el INE , cerró en 0,81 puntos, lo que significa que Venezuela pasó de un Índice de Desarrollo Humano medio a un índice alto. (Ministerio de Comunicación e Información, 24.10.06, http://mci.gov.ve/reportajes1.asp?id=347)