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Una lectura de la realidad venezolana
desde los derechos humanos |
Boletín electrónico Nº 178
Del 02 al 23
de noviembre 2006 |
EFEMÉRIDES DE DERECHOS HUMANOS DEL MES DE
DICIEMBRE
CONTEXTO
* Provea presentará Informe Anual sobre la Situación de los Derechos Humanos en Venezuela Octubre 2005/Septiembre 2006
* Provea exhorta a los actores políticos, poderes públicos y ciudadanos y ciudadanas mantener una conducta pacífica y respetuosa del proceso electoral del 3 de Diciembre
* Amnistía Internacional:
Carta abierta a los candidatos presidenciales en las elecciones de diciembre de 2006
*
CIDH expresa preocupación por persistencia de graves y sistemáticas violaciones a los derechos de las mujeres
* Provea
abre concurso para afiche en DESC
* Derecho de Réplica: Jovino Padrón
DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y
CULTURALES
* Hombres vinculados a la cultura y los derechos sociales primeros firmantes del manifiesto contra la violencia hacia las mujeres
* Estudio del INE afirma que las mujeres ganan 20% menos que los hombres
* Avanza promulgación de Ley de Protección al derecho de la Mujer a una Vida sin Violencia
* Dos nuevas iniciativas se suman a la lucha por los derechos de las mujeres y de los niños y niñas
*
110.000 venezolanos afectados por sida-VIH
*
Misión Milagro cumple un año de funcionamiento
* Cooperativistas y dirigentes laborales cuestionan política de promoción del cooperativismo realizada por el ejecutivo nacional
* Gobierno extiende seis meses congelación de alquileres
* Ejecutivo adelanta políticas para la Educación Superior
* Persisten denuncias sobre irregularidades en la adjudicación de viviendas
* Propuestas y exigencias de
Provea a los poderes públicos sobre el derecho a un ambiente sano
DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
* Cronología de las protestas reprimidas en el segundo semestre 2006
* La Paragua, Alto Apure, Yumare, El Caracazo: se adelantan investigaciones para determinar responsabilidades
* CIDH admite petición de víctimas del 11A
* Homicidios es la principal causa de muertes de adolescentes en Venezuela
* Creado Observatorio Latinoamericano de Prisiones promovido por el Observatorio Venezolano de Prisiones
* Declaraciones sobre planes de seguridad paralelos atentan contra clima democrático del 3 D
* Propuestas y exigencias de Provea a los poderes públicos sobre los derechos políticos
ARTÍCULOS
*
Son Derechos: "Ciudad Miranda en pie de lucha"
* Alberto Barrera Tyszka: "El fin de la historia"
* Ignacio Avalos Gutiérrez: "Los países no suelen divorciarse"
* Rafael Uzcátegui: Despolarización y autonomía, retos de los movimientos sociales en Venezuela tras el 3D
DOCUMENTOS
* Declaración final Foro Mundial de Educación
* Decálogo del cooperativista
Agradecemos mencionar la fuente cuando el
contenido sea citado o difundido |
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EFEMÉRIDES DE DERECHOS
HUMANOS DEL MES DE
DICIEMBRE |
01 Día Mundial de la Lucha Contra el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA)
02 Día Internacional de la Abolición de la Esclavitud
03 Día Internacional de las Personas con Discapacidad
04 Día Internacional del Voluntariado
10 Día Internacional de los Derechos Humanos
18 Día Internacional de los Migrantes
19 Inicio de primera Huelga de Obreros Petroleros organizada por la Unión Sindical Petrolera de Venezuela (1936)
30 Entrada en vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
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CONTEXTO
Provea presentará Informe Anual sobre la Situación de los Derechos Humanos en Venezuela Octubre 2004/Septiembre 2005 |
Provea presentará públicamente el próximo 11.12.05, un día después del Día Internacional de los Derechos Humanos, su más reciente edición del Informe Anual sobre la Situación de los Derechos Humanos en Venezuela. Octubre 2005/Septiembre 2006. La misma se realizará en un foro de acceso libre en la Sala A del piso 3 del Ateneo de Caracas (Metro de Bellas Artes), a las 5:30 PM. En ese momento se presentará la versión impresa del anuario que registra el comportamiento estatal con respecto a 18 derechos humanos agrupados entre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) y Derechos Civiles y Políticos (DCP), acompañados de un análisis coyuntural tanto del 2006 como de la gesti'on gubernamental del presidente Chávez, un reporte de las acciones emprendidas por el movimiento nacional de derechos humanos en el ámbito nacional e internacional y una serie de ilustrativos anexos.
La invitación es para todas las personas interesadas en esta perspectiva de la situación del país. Asimismo, a partir de esa fecha, invitamos a consultar y/o descargar esta publicación en el sitio web de Provea: http://www.derechos.org.ve
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CONTEXTO//
Provea abre concurso para afiche en DESC |
El Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos, Provea, abre el concurso para la selección de su afiche en Derechos Económicos, Sociales y Culturales
Titulo del Afiche:
La salud, vivienda, seguridad social, educación, trabajo… son tus derechos humanos ¡EXIGELOS!
Texto secundario:
Los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) están consagrados en la Constitución, leyes internas y en convenios internacionales suscritos por Venezuela. El Estado está en el deber de garantizarlos con equidad, igualdad, gratuidad, accesibilidad y promoviendo la participación, sin discriminación, de todos los venezolanos y venezolanas.
Objetivo del afiche:
Informar sobre cuáles son los derechos económicos, sociales y culturales y qué podemos hacer para exigirlos frente al Estado.
Población destinataria:
Comunidades organizadas, a colectivos y personas en general que no tienen mucha formación en los DESC como derechos humanos.
El afiche debe sugerir:
- Cuáles son los DESC (derecho a la salud , al agua, a la educación , vivienda, trabajo, seguridad social, seguridad e higiene en el trabajo, alimentación, ambiente sano, derecho a la cultura, propiedad, etc.). No es necesario abarcar todos estos derechos pero si es importante que salud y vivienda queden reflejados, ya que son los ejes prioritarios de Provea.
- Qué los DESC son exigibles. El afiche debe ilustrar al lector sobre las formas de hacer exigibles los DESC. Por ejemplo, a través de una denuncia en prensa, radio o TV, ante el Ministerio Público ó Defensoría del Pueblo u otro organismo, solicitar información o apertura de investigación ante la Asamblea Nacional , hacer un plantón frente a un organismo del Estado responsable de dar respuesta o de la violación de algún derecho.
- Que el estado es el garante de los DESC. El afiche debe reflejar que el Estado (Ministerios, Institutos, Asamblea Nacional, Tribunales de justicia, gobernaciones, municipalidades, etc.) es responsable de respetar, proteger y cumplir los DESC.
- La unión del grupo o comunidad como ingrediente indispensable para la exigibilidad
- La creatividad como herramienta dinámica es fundamental en el uso alternativo del derecho.
Criterios a considerar para la elaboración del afiche:
- Colores fuertes que demuestren el optimismo que caracteriza a los movimientos reivindicatorios de derechos humanos.
- Equidad de género en su estructura.
- Multiculturalidad
- Poca utilización de textos
- Claridad en los conceptos
- Logo de la Organización (Provea) y ente financista (Embajada de Holanda, sólo en letras arial)
Características del afiche
- Tamaño medio pliego (63 x 44 cm )
- Full color
- Entrega final en una resolución de 300 dpi
- Técnica de diseño libre
El proyecto seleccionado recibirá una remuneración de 800.000 Bs, además de los créditos en la publicación y (05) copias del afiche impreso. La propiedad intelectual del diseño ganador pasaría a ser de Provea. El jurado del afiche esta conformado por el equipo coordinador de Provea: Marino González, Maria Elena Rodríguez y Lorenzo Labrique.
Los bocetos deben enviarse vía digital en baja resolución a la siguiente dirección: marino@derechos.org.ve , con copia al email uzcategui.rafael@gmail.com , hasta el día 11 de diciembre de 2006. El envío de bocetos no tiene limitación, y cada persona puede enviar la cantidad que desee. Se seleccionarán los dos mejores bocetos, y sus autores serán contactados para entregar una versión final, de donde se seleccionará la definitiva.
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CONTEXTO//
Provea exhorta a los actores políticos, poderes públicos y ciudadanos y ciudadanas mantener una conducta pacífica y respetuosa del proceso electoral del 3 de Diciembre |
En virtud de las elecciones presidenciales del próximo 3 de diciembre, Provea llama a los diferentes actores políticos, poderes públicos y ciudadanía en general para que con sentido de responsabilidad y ejercitando la tolerancia y la administración democrática de los conflictos, contribuyan a la realización de una jornada electoral libre de violencia.
Insistimos en la necesidad de una visión de país y un acuerdo en el que “quepamos todas y todos”, incluyendo a quienes social y políticamente han sufrido las consecuencias de la exclusión. Reafirmamos que la pobreza, la desigualdad y la violencia continúan siendo los principales problemas del país, y los planes diseñados para erradicarlos deben ser instrumentalizados por vías democráticas.
Provea reconoce la legitimidad de cada una de las tendencias en pugna, y rechaza las expresiones y rumores que de cada bando, pretenden deshumanizar, peyoratizar y criminalizar al otro como estrategia política. En este sentido, reiteramos que una garantía democrática es el ejercicio responsable de la libertad de expresión en los medios de comunicación públicos y privados.
Ratificamos que la autoridad del Consejo Nacional Electoral (CNE) debe ser respetada por todos los actores , especialmente el día de las elecciones presidenciales pero también, al mismo tiempo, exigimos al árbitro una actuación célere y transparente, que despeje cualquier duda sobre la imparcialidad de su actuación en el proceso de reconocimiento institucional de la voluntad popular.
Es importante que los candidatos presidenciales, así como las organizaciones políticas y sociales que los respaldan, estén dispuestos a aceptar los resultados proclamados por el CNE como lo han manifestado durante su campaña y, en el caso de no estar de acuerdo, invoquen las garantías y procedimientos administrativos y judiciales pertinentes para que sus reclamos sean procesados. Solicitamos a los partidarios del gobierno y de la oposición que se abstengan de realizar actos de cualquier naturaleza que se orienten a desconocer el marco legislativo vigente, especialmente, en avanzar resultados antes de lo pautado por la institución electoral.
Consideramos como una medida inadecuada la decisión del Ministerio de Interior y Justicia (MIJ), en su objetivo de mantener la seguridad y el orden público en todo el país, de impedir manifestaciones públicas durante la jornada comicial. El Ministerio ha realizado de hecho la suspensión de un derecho sin que se haya recurrido al mecanismo establecido para la suspensión de las garantías constitucionales. Provea recuerda que el derecho a la manifestación pacífica se encuentra normado en la Constitución , por lo que es legítima cualquier manifestación popular que se realice si cumple con el carácter pacífico y sin armamento estipulado en el artículo 68 de la Constitución. Sin embargo, exhortamos a todos los ciudadanos y ciudadanas a evitar todo acto que signifique estimular por vía directa o indirecta la violencia , la intolerancia y el desconocimiento de la voluntad de las mayorías en el proceso electoral.
Rechazamos los llamados que líderes oficialistas han efectuado para que civiles participen en labores de control del orden público. Provea enfatiza que las actividades de control del orden público son de la exclusiva responsabilidad de los cuerpos policiales y sólo si estos se ven desbordados pudiera actuar la Guardia Nacional. Personas que no pertenecen a los organismos policiales no pueden ejercer las funciones que estos deben cumplir, pues ello solo crea condiciones favorables para la violencia política.
Reivindicamos el ejercicio democrático de la participación electoral y la concurrencia a las urnas, como una vía para que la soberanía popular definan el rumbo del país en los próximos años. El candidato que resulte vencedor tendrá entre otras obligaciones, en su carácter de Presidente de la República crear mecanismos y condiciones para la reconciliación del país, desarrollar medidas de avance en el combate a la pobreza, mejorar la situación de los derechos humanos y contribuir con fortalecimiento de las instituciones democráticas
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CONTEXTO//
Amnistía Internacional: Carta abierta a los candidatos presidenciales en las elecciones de diciembre de 2006
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Amnistía Internacional es una organización independiente dedicada a la defensa y promoción de los derechos humanos en todo el mundo. Como parte de sus actividades, Amnistía Internacional sigue de cerca la situación de los diversos países y elabora recomendaciones que contribuyan a incidir en una mayor y mejor protección de los derechos humanos.
Amnistía Internacional se dirige a los candidatos a la presidencia de la República con el fin de hacerles algunos planteamientos, exhortándoles a incorporarlos en sus programas de gobierno con la prioridad que requieren.
Venezuela posee un amplio marco legal de protección a los derechos humanos que incluye numerosos instrumentos internacionales en la materia, que hoy gozan de rango constitucional. En este sentido, Amnistía Internacional considera que quien resulte electo en este proceso electoral, está obligado a mostrar su ineludible compromiso con la protección y garantía de los derechos humanos , mediante el cumplimiento de las disposiciones contenidas en estos instrumentos y de las leyes internas que los desarrollan. Igualmente, debe garantizar una protección y promoción integral de todos los derechos humanos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.
Todas y todos tenemos el derecho de vivir sin miedo a ser torturados y maltratados por cualquier persona, ya sea por las fuerzas de seguridad o por nuestros maridos, a vivir sin miedo a ser prisioneros de la pobreza, a vivir sin miedo a ser encarcelados o amenazados por nuestras ideas, a vivir sin miedo a que nuestros hijos no tengan que comer o no sean atendidos por un médico, a vivir sin miedo a ser acosadas en nuestros trabajos o en la calle, a vivir sin miedo a denunciar todas estas violaciones y a que nuestras denuncias sean atendidas. Es por esto que es imperante que se adopten medidas y políticas de corto, mediano y largo plazo para que los derechos humanos de todos y todas sean respetados en la práctica.
A los fines de dar cumplimiento a esta voluntad de compromiso y respeto con los derechos humanos y con las obligaciones internacionales que en este campo ha contraído Venezuela, Amnistía Internacional exhorta a los candidatos presidenciales a prestar atención sobre los siguientes temas y adoptar las medidas que se sugieren.
Combatir y erradicar la impunidad
Es conocido que la mayoría de las violaciones a derechos humanos que cometen las fuerzas de seguridad como maltrato, tortura seguida de muerte y ejecuciones extrajudiciales, no son investigadas con la debida diligencia y mucho menos sancionadas y reparadas. Las cifras del Ministerio Público muestran que entre los años 2000 y 2005, de 6.034 funcionarios presuntamente involucrados en casos de violaciones a los derechos humanos, solamente 531 (8,8%) han sido acusados y apenas 87 (1,44%) han sido condenados[1]. En este sentido el próximo gobierno deberá:
• Investigar y establecer las responsabilidades a las que hubiere lugar en estos casos.
• Asegurar que las víctimas y familiares de víctimas tanto de violaciones a los derechos humanos como de otros delitos, reciban reparación integral que contemple desde la indemnización económica hasta la atención médica, psicológica, social y de cualquier otra índole que sea necesaria, tal y como lo establecen la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las Recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas para las Víctimas de Delitos y Abusos de los Derechos Humanos.
• Contribuir, con apego a la separación de poderes, al fortalecimiento y capacidad de funcionamiento de las distintas instancias que conforman el Sistema de Administración de Justicia venezolano y de sus instituciones, cumpliendo con los estándares internacionales recomendados por la ONU para Jueces, Fiscales, Abogados y Funcionarios Policiales, de manera de fortalecer la independencia y autonomía de los jueces y demás funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley, respetando una clara y transparente división de los poderes públicos.
• Realizar con prontitud una reforma policial[2], que tenga en cuenta las disposiciones de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela , así como de la normativa internacional en este materia y garantice un efectivo sistema de selección, entrenamiento, capacitación y seguimiento para los funcionarios policiales de todo el país, que les faculte para actuar de manera eficaz en la reducción de la violencia común y de los abusos de poder, con apego a los derechos humanos.
• Fortalecer, coordinar, entrenar e incentivar las inspectorías y oficinas de asuntos internos de los Cuerpos Policiales de todo el país, de manera de garantizar la inmediata atención a víctimas de abusos de poder, la erradicación de la corrupción policial y el procesamiento de denuncias de violaciones de derechos humanos.
• Cumplir y hacer cumplir las medidas emanadas de los organismos internacionales de derechos humanos a los que Venezuela ha reconocido competencia, tales como las sentencias y medidas provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y las recomendaciones y resoluciones de los órganos de las Naciones Unidas.
• Elevar propuestas legislativas a la Asamblea Nacional que permitan atender la protección de los derechos humanos acorde con los estándares e instrumentos internacionales de derechos humanos que ha ratificado la República Bolivariana de Venezuela. Igualmente, suscribir y/o impulsar la aprobación de algunos tratados internacionales como el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y la Convención Internacional para la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migrantes y sus Familias, que vendrían a completar el marco normativo de protección a los derechos humanos.
• Investigar, sancionar y eliminar el índice de homicidios ilegales en los retenes y penales.
• Asegurar que los funcionarios policiales al igual que todos los otros funcionarios públicos reciban una remuneración justa que les garantice tanto a ellos como a sus familias vivir en condiciones de vida dignas a la vez que constituya un estímulo y una compensación para la difícil tarea que todos realizan como servidores públicos.
• Evitar la adopción de medidas restrictivas de los derechos humanos , como los decretos de toque de queda para las personas menores de 18 años o la suspensión de las garantías constitucionales en el tratamiento de la situación fronteriza. Este tipo de medidas suele favorecer violaciones masivas de los derechos humanos , afecta a las comunidades más pobres y no resuelve las situaciones por las que son adoptadas.
Prevención y erradicación de la violencia contra la mujer en el ámbito familiar
La violencia contra las mujeres en el ámbito familiar – la violencia doméstica- constituye una violación fundamental de los derechos humanos. Es una realidad generalizada, diaria, que experimentan las mujeres. Sus efectos son devastadores para ellas, su vida, su salud, su trabajo y el bienestar de sus familias.
Si bien Venezuela ha desarrollado un marco legal que busca proteger de manera específica a las víctimas de este tipo de violencia, su aplicación es aún insuficiente y no está respaldada por una política integral de atención a esta realidad. En este sentido, sugerimos al próximo gobierno que tome en cuenta, para la construcción de una política nacional en esta área, el Programa de 14 puntos para la Prevención de la Violencia contra las Mujeres[ 3] en el ámbito familiar elaborado por Amnistía Internacional. Estos puntos comprenden lo siguiente:
1. Condenar la violencia contra las mujeres en el ámbito nacional
2. Aumentar el conocimiento público de la violencia doméstica
3. Utilizar el sistema educativo para cuestionar los prejuicios sobre este tema
4. Abolir la legislación que discrimina a las mujeres
5. Asegurar que la violencia doméstica constituya un delito
6. Investigar las denuncias de violencia doméstica y castigar a los responsables
7. Eliminar los obstáculos que impiden los procesamientos por actos de violencia doméstica
8. Proporcionar formación obligatoria a funcionarios en materia de violencia doméstica
9. Proporcionar fondos adecuados
10. Proporcionar refugios seguros a las mujeres que huyen de la violencia
11. Proporcionar servicios de apoyo a las mujeres
12. Reducir el riesgo de violencia armada
13. Recoger y publicar información sobre la violencia doméstica
14. Informar a las mujeres sus derechos
Asegurar la protección progresiva de los derechos económicos, sociales y culturales
Los derechos económicos, sociales y culturales de las personas también son fundamentales. Su privación en la mayor parte del mundo no se puede atribuir únicamente a la falta de recursos, invariablemente, también es consecuencia de la falta de equidad en la distribución de la riqueza, la corrupción y la discriminación. Por otra parte, la inexistencia de mecanismos legales para exigirlos contribuye a debilitar su justiciabilidad.
Por lo tanto, el próximo gobierno debe asegurar que los programas y políticas sociales destinados a protegerlos tengan un carácter inclusivo –teniendo especial atención hacia los sectores más marginados y sin vulnerar los derechos de otros sectores de la población-. Igualmente, debe asegurarse que se creen las condiciones necesarias para alcanzar su eficaz protección en el ámbito legal, que no se adopten medidas regresivas que pongan en riesgo su continuidad y que cuenten con un presupuesto suficiente y permanente. Sin derechos económicos, sociales y culturales lo más seguro es que se violen también los derechos civiles y políticos y viceversa pues los derechos humanos son indivisibles y universales.
Protección a los defensores y defensoras de derechos humanos
La labor de monitoreo, denuncia y educación que los defensores y defensoras de derechos humanos realizan constituye una garantía para la protección de los derechos humanos en cualquier país del mundo. A los fines que estos defensores y defensores ejerzan su legítima e importante labor a plenitud, el próximo gobierno deberá:
• Adoptar las medidas necesarias para proteger a los defensores y defensoras de derechos humanos.
• Investigar de forma exhaustiva, independiente e imparcial y sancionar de acuerdo a normas internacionales del debido proceso, a los responsables de ataques a los defensores y defensoras de derechos humanos; así como dar estricto cumplimiento de las medidas cautelares y/o provisionales destinadas a su protección.
• Asegurar que los defensores y defensoras de derechos humanos continúen gozando de la libertad y autonomía que han tenido hasta ahora, evitando la aprobación de marcos legales que pudieran ser restrictivos a sus labores, como algunas disposiciones contenidas en el proyecto Ley de Cooperación Internacional actualmente en discusión en la Asamblea Nacional.
• Realizar campañas de difusión en torno al rol e importancia de los defensores y defensoras de derechos humanos en el país.
El derecho a la libertad de expresión
El próximo gobierno deberá asegurar que el ejercicio de la libertad de expresión goce de plenas garantías como se establece en los distintos instrumentos internacionales suscritos por la República en esta materia, en especial en cuanto a la protección a la integridad física de los comunicadores sociales y en el reconocimiento explícito de la importante labor que desempeñan para el disfrute de los derechos humanos por parte de la población; reformar y evitar la promulgación de leyes que pueden ser restrictivas para la libertad de expresión; condenar los ataques, hostigamientos, detenciones e intimidaciones a periodistas, el uso de mecanismos tributarios y de otros operativos administrativos como medidas de presión para la censura hacia los medios.
Control de las Armas
Según informes de la UNESCO, Latinoamérica es la región del mundo que actualmente experimenta los peores indicadores de violencia interpersonal y garantía efectiva del derecho a la vida. La mayor parte de los homicidios que se cometen en la región están relacionados con armas de fuego y en su mayoría afectan diariamente y de forma directa a jóvenes en comunidades populares. Otros delitos violentos vinculados con el uso de armas de fuego pequeñas impactan a todos los estratos poblacionales. La proliferación de armas pequeñas está dando lugar a un aumento de la delincuencia y a la violencia común en todo el mundo, factores que sin duda actúan en contra del desarrollo y la gobernabilidad.
Las cifras del total de homicidios publicadas por el Ministerio del Interior y Justicia-MIJ (11.342 en el año 2.003; 9.719 en el 2.004; y 9.412 en el 2.005) muestran que Venezuela no escapa de esta realidad. Por su parte, la Dirección de Armamento de la Fuerza Armada Nacional (DARFA) ha estimado en 6 millones el número de armas pequeñas que circulan en su país. A este respecto el próximo gobierno deberá:
• Poner en práctica un programa nacional de control de armas[4] que regularice la tenencia ilegal, permita el registro balístico y control de las armas legales y municiones, facilite la investigación criminalística, reduzca la impunidad y promueva programas de entregas voluntarias, que sean transparentes y verificables por la población y la sociedad civil.
• Asegurar que la reforma de la Ley sobre Armas y Explosivos que discute la Asamblea Nacional contenga las disposiciones de los instrumentos internacionales ratificados por Venezuela como la Convención Interamericana Contra la Fabricación y el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros materiales relacionados, (suscrita y ratificada por Venezuela en el mes de mayo de 2002); las recomendaciones de mecanismos de coordinación sub-regional como el Grupo de Trabajo de Armas de MERCOSUR y la Ley Marco sobre Armas que ha sido desarrollada por el Parlamento Latinoamericano para facilitar la armonización legislativa en la Región.
• Realizar el eficaz control de armas en las cárceles, con medidas de investigación, control, sanción e incentivos a los funcionarios encargados de la custodia carcelaria.
• Garantizar que la fabricación, adquisición, venta y desincorporación de las armas del Estado, se haga con transparencia, con suficiente consulta, información y aceptación por parte de la ciudadanía y con estricto apego a las normas internacionales que rigen esta materia, por lo menos en cuanto a lograr el registro y el marcaje de todas armas y municiones; tomar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los depósitos; destruir las armas que hayan salido de circulación ya sea por estar obsoletas o porque han sido decomisadas; asegurar que las armas y municiones adquiridas o fabricadas por el Estado venezolano no lleguen a manos de menores de edad, de violadores o potenciales violadores de los derechos humanos ni a sectores o personas que puedan utilizarlos con fines distintos a los de seguridad y convivencia ciudadana.
• Promover la adopción por parte de la ONU de un Tratado para el Control del Comercio Ilegal de Armas Pequeñas y Ligeras.
Amnistía Internacional permanecerá a la espera de que los candidatos presidenciales se comprometan a poner en práctica las medidas enumeradas en esta comunicación y otras que sirvan para la promoción y protección de los derechos humanos en Venezuela.
Atentamente,
Susan Lee
Directora
Programa Regional para América
Ref.: TG AMR 53/206/003
Londres, 7 de noviembre de 2006
[1] Fiscalía General de la República. Informe Anual. Año 2005. Pág. 182
[2] AI ha observado con interés la creación y funcionamiento de la Comisión Nacional para la Reforma Policial.
[3] Para más detalles de este programa ver: http://web.amnesty.org/actforwomen/index-esl
[4] AI ha observado con interés la propuesta de Plan Nacional de Control de Armas del Ministerio del Interior y Justicia
(Amnistía Internacional, 22.11.06, http://www.amnistia.org.ve/index_noticias.html?sh_itm=37e12248ba40d90d40e6fc13a69b19d2)
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CONTEXTO//
Cidh expresa preocupación por persistencia de graves y sistemáticas violaciones a los derechos de las mujeres |
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos considera preocupante la grave situación de violencia y discriminación que sufren las mujeres en la región, así como los obstáculos que enfrentan en el acceso a la justicia. La CIDH ha constatado la prevalencia alarmante y persistente de distintas formas de discriminación y de violencia física, psicológica y sexual contra mujeres de diferentes razas, etnias, edades y condiciones socioeconómicas, la proliferación de los contextos y escenarios públicos y privados en donde ocurren, y los contextos sociopolíticos en donde se desarrolla. Esta situación se potencia debido a los obstáculos que las mujeres enfrentan para acceder a recursos judiciales efectivos e idóneos para remediar estos hechos, que no sólo propicia una sensación de inseguridad, indefensión y desconfianza en la administración de justicia por parte de las víctimas, sino que además genera un contexto de impunidad que perpetúa la violencia contra las mujeres.
A pesar del reconocimiento formal y jurídico de los Estados de que la violencia contra las mujeres constituye un desafío prioritario, existe una gran brecha entre la incidencia y la gravedad del problema y la calidad de la respuesta estatal ofrecida. La CIDH reconoce los esfuerzos de los Estados en la adopción de un marco jurídico y político para abordar la violencia contra las mujeres, pero persiste a pesar de esto una enorme distancia entre la disponibilidad formal de ciertos recursos y su aplicabilidad efectiva.
CIDH dará a conocer informes sobre derechos de las mujeres
Dada su profunda preocupación sobre este tema, la Comisión ha trabajado y continúa trabajando en la elaboración de informes que abordan la situación de los derechos de las mujeres. La CIDH hará públicos próximamente dos de ellos. Uno formula recomendaciones específicas para que los Estados adopten políticas públicas para mejorar el acceso de las mujeres a la justicia. El otro analiza el impacto del conflicto armado en las mujeres colombianas y discute cómo los actores del conflicto emplean diversas formas de violencia física, psicológica y sexual para “lesionar al enemigo”, ya sea deshumanizando a la víctima, vulnerando su núcleo familiar y/o impartiendo terror en su comunidad, a fin de avanzar en el control de territorios y recursos. El informe estipula recomendaciones orientadas al diseño de una política estatal integral que tome en cuenta las manifestaciones de discriminación y violencia que afectan a las mujeres y que se ven agravadas por el conflicto armado a fin de lograr avances en el diagnóstico, la prevención y la respuesta a estos problemas y de avanzar hacia la incorporación de las necesidades específicas de las mujeres en la agenda pública.
Presencia récord del tema en el 126° período de sesiones
La preocupación de la CIDH sobre este tema se vio reflejada en su último período ordinario de sesiones, que incluyó un número récord de audiencias y reuniones de trabajo sobre la protección de los derechos de las mujeres. En este marco, se celebraron audiencias sobre la situación de la violencia contra las mujeres en República Dominicana, sobre tendencias de interpretación judicial sobre derechos de las mujeres, sobre la situación general de las mujeres en Ciudad Juárez (Chihuahua, México), sobre mujeres indígenas, y sobre mujeres privadas de libertad en Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay. La situación particularmente crítica de estos dos grupos, mujeres indígenas y mujeres privadas de libertad, preocupa a la Comisión.
La discriminación, en sus distintas manifestaciones, no siempre afecta en igual medida a todas las mujeres. Hay mujeres que están expuestas aún en mayor medida a la violación de sus derechos, como las mujeres indígenas, que confrontan varias formas de discriminación desde que nacen, lo que incrementa su vulnerabilidad y exposición a ser abusadas en base a más de un factor. En la audiencia sobre este tema, la CIDH recibió información sobre los efectos agravados de la doble discriminación de la cual son víctimas. En México, por ejemplo, se alegó que las fallas en los servicios de salud afectan de manera particularmente grave a las mujeres indígenas, y se describieron casos de esterilización forzada. Sobre Argentina, se enfatizó la falta de accesibilidad y adecuación cultural de la educación y la necesidad de educación intercultural bilingüe en el país. En torno a Canadá, se presentaron ejemplos de la discriminación de jure y de facto hacia las mujeres indígenas. En el caso de Colombia, la exposición se centró en torno a la situación particularmente crítica de las mujeres indígenas en ese país, quienes, en el marco del conflicto armado, son víctimas de múltiples formas de discriminación y violencia por causa de su raza, etnia y por el hecho de ser mujeres.
En la audiencia sobre la situación de las mujeres privadas de libertad en Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay la CIDH recibió información acerca de las prácticas discriminatorias contra las mujeres al interior de las cárceles, las deficiencias en los servicios de salud penitenciarios, las barreras en el acceso a actividades formativas, educativas y laborales, y las diversas formas de violencia contra las mujeres y obstáculos para que ellas puedan denunciar los abusos que sufren por parte del personal penitenciario y otras reclusas.
En cambio, la CIDH observó complacida el progreso registrado en las reuniones de trabajo, entre los cuales destacan especialmente los avances trascendentales en el cumplimiento del acuerdo de solución amistosa entre el Gobierno de México y los representantes de las víctimas en la petición de Paulina Ramírez Jacinto , en donde los peticionarios alegaron que Paulina Ramírez, de 13 años, fue impedida en su derecho de efectuar un aborto permitido por ley al ser víctima ella y su madre de intimidación y retrasos por parte de agentes del Estado.
La CIDH continuará siguiendo de cerca la evolución de los derechos de las mujeres en la región y la implementación de medidas adoptadas por los Estados a fin de garantizar que las mujeres puedan gozar plenamente de todos sus derechos en el continente americano.
(CIDH, 15.11.06,
http://www.cidh.oas.org/Comunicados/Spanish/2006/45.06esp.htm)
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CONTEXTO//
Derecho de réplica: Jovino Padrón |
El empresario Jovino Padrón de nacionalidad Española a través de dos de sus representantes solicitó formalmente a Provea un derecho de réplica el cual procedemos a realizar.
En el año 2005 Provea a través de su boletín Derechos Humanos y Coyuntura , publicó un listado de campesinos y cooperativistas asesinados. Este listado elaborado por organizaciones campesinas señalaba a presuntos responsables de los asesinatos. Al revisar el listado aparece en la columna 17 la información del asesinato del campesino Tulio Peñaloza, hecho acaecido según el listado el 19.02.02, en el asentamiento campesino de Botala, estado Miranda. De esta muerte se responsabiliza al empresario señor Jovino Padrón.
Provea al realizar la investigación de caso consiguió que sobre el asesinato de Tulio Peñaloza, el Ministerio Público imputó el 19.03.04 por ante el Tribunal Primero de Control , extensión Barlovento, del estado Miranda a los ciudadanos DAVID GONZALEZ DANNY Y JOSÉ ALBERTO MADRIZ por coautoría en el delito de homicidio calificado cometido en ejecución de un robo agravado. En el proceso judicial se indica que el asesinato ocurrió el 05 de septiembre de 2002 en Botala, Santa Rosalía Municipio Buroz Estado Miranda.
Provea no encontró ninguna información judicial o de otro tipo en la cual se indique que el señor Jovino Padrón haya sido imputado por el homicidio de Tulio Peñaloza.
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DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES//
Hombres vinculados a la cultura y los derechos sociales primeros firmantes del manifiesto contra la violencia hacia las mujeres |
En una rueda de prensa realizada en el Ateneo de Caracas, se realizó la presentación del Manifiesto Latinoamericano de Hombres contra la Violencia hacia las Mujeres, en la cual figuraban las primeros 120 firmas de venezolanos. Este manifiesto, cuyo texto puede ser consultado en http://www.redtolerancia.org/noticias.php?id_noticia=93 , hace explícito el rechazo a toda forma de violencia hacia las mujeres, asumiendo el compromiso de establecer relaciones igualitarias con las mujeres y con otros hombres. Asimismo, acuerda romper el silencio y la complicidad con otros hombres que actúan violentamente contra las mujeres. El texto, a su vez, establece que el comportamiento violento comprende golpes, gritos, burlas, menosprecios, agresiones sexuales y coacción hacia les féminas de cualquier tipo. Los hombres tienen la capacidad de relacionarnos de manera respetuosa, democrática y no violenta con las mujeres, buscando responsablemente, resolver los conflictos a través del diálogo y la negociación.
En la rueda de prensa se difundieron datos desprendidos de un estudio realizado por la Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa (Avesa) y la Red Tolerancia. El mismo establece que durante el 2005, las organizaciones no gubernamentales y Casas de la Mujer recibieron 36.777 denuncias de mujeres violentadas por sus esposas, compañeros o ex parejas. Estas cifras sugieren que una mujer denuncia cada hora violencia en su contra, y que una mujer es maltratada por su pareja cada 15 minutos.
Los presentadores del documento convocaron a otros hombres a adherirse al mismo enviando un correo electrónico a redtolerancia@gmail.com o avesa1@cantv.net
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DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES//
Estudio del INE afirma que las mujeres ganan 20% menos que los hombres |
El instituto Nacional de Estadísticas (INE), realizó por primera vez una encuesta con indicadores por género revelando que el ingreso promedio de las mujeres trabajadoras era 20% menor que el de los hombres.
El estudio basado en la Encuesta de Hogares por Muestreo del INE, develó asimismo, que los cargos de dirección en la administración pública, los ejercen mayormente el sector masculino. En contraste, en el sector privado, en el ramo financiero y de seguros, las mujeres son las que ocupan cargos gerenciales y directivos. En ingresos, los hombres superan a las mujeres, tanto en el sector público como privado, dado que el ingreso promedio de las mujeres trabajadoras venezolanas representó 79,12% del ingreso promedio de los hombres, en el primer semestre de 2006.
Con respecto a los estratos de la población, el estudio del INE demostró que en los hogares en pobreza extrema son las mujeres (18,09%) las encargadas de los gastos y manutención de la casa, y en este estrato apenas 14,06% de los hombres asume como jefes del hogar. Los resultados de la encuesta por género, fue presentada por el presidente del Instituto Nacional de Estadísticas, Elías Eljuri, quien aprovechó para reiterar, que la tasa de desempleo de este año, cerrará en 7%. (Ultimas Noticias, 21.11.06, pag. 34)
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Avanza promulgación de Ley de Protección al derecho de la Mujer a una Vida sin Violencia |
En lo que va de año, en el Hospital General del Sur, en Maracaibo, se han contabilizado cuatro mil 700 casos de agresiones contra mujeres. Este registro corresponde a una investigación realizada en los diferentes servicios médicos del centro hospitalario. Gerardo Fernández, pediatra del mismo, acotó que el municipio San Francisco es el que registra la mayor tasa de violencia, con un 60%, seguido por los de Maracaibo y Machiques. ( La Verdad del Zulia, 21..11.06, 1/D). En Petare, Caracas, cerca de 10 denuncias al mes recibe y tramita la Comisión Permanente de Políticas de la Mujer y Participación Protagónica del Concejo Municipal de Sucre por parte de damas que han sido maltratadas físicamente por sus parejas, según informó la coordinadora administrativa de la Asesoría Legal , Mary Rondón. (Ultimas Noticias, 22.11.06, pag. 2). En la Guaira , durante todo el 2006 se han atendido 159 denuncias por violencia doméstica y se han realizado 402 asesorías jurídicas y sociales sobre el tema en el Instituto Regional de la Mujer (Iremujer). Maria Gabriela Croes, directora del organismo, reveló que durante el 2005 recibieron 213 denuncias, 55 mujeres por trimestre. ( La Verdad de la Guaira , 9.11.06, pag. 5).
Ante esta situación, la Asamblea Nacional anunció la realización el 25.11.06 de una sesión especial en el Teatro Teresa Carreño para aprobar el proyecto de ley de Protección al derecho de la Mujer a una Vida sin Violencia. “Esta sesión especial –informó Lusbelia Marín, presidenta de la Comisión Permanente de Políticas de la Mujer y Participación Protagónica del Concejo Municipal de Sucre- contará con la presencia de los movimientos sociales, mujeres organizadas, autoridades del Instituto Nacional de la Mujer (Inamujer) y del Movimiento de Mujeres Manuelita Sáenz”. ( La Verdad del Zulia, Ídem).
La normativa posee 135 artículos y es producto de los aportes de diferentes sectores. Gabriela Ramírez, presidenta de la Comisión de Mujer, Familia y Juventud del Parlamento, declaró que “el anteproyecto le da un gran peso a la parte procesal y mayor severidad en las penas a los agresores, pero en el marco de la Constitución ”. (El Nacional, 03.11.06, B/22). Algunos aspectos del anteproyecto son el acceso rápido, transparente y eficaz a la justicia; el derecho a acceder a los órganos especializados de justicia civil y penal de forma gratuita y expedita, así como a servicios sociales de atención, emergencia, protección, apoyo, acogida y recuperación integral; la existencia de fiscales del Ministerio Público especializados en violencia contra la mujer; sanciones como 12 a 15 meses de prisión por amenazas, 2 a 8 años por violencia física, 1 a 5 años por acoso sexual y 2 a 8 años por violencia psicológica. (El Nacional, 02.11.06, B/20).
A pesar de la propaganda sobre la conformación de un instrumento normativo consensuado por amplios sectores, organizaciones de mujeres denunciaron que desconocían la versión definitiva a debatirse en el Parlamento. Elida Aponte, coordinadora de la red Venezolana sobre la violencia contra la Mujer , afirmó que “no conocemos su redacción final, no sabemos que dice la ley, y eso crea un problema. El tema de la justicia y mujeres es muy delicado y no se maneja solamente por ser abogada o abogado”. (El Nacional, 04.11.06, B/18).
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Dos nuevas iniciativas se suman a la lucha por los derechos de las mujeres y de los niños y niñas |
El 21.11.06 se informó de la inauguración del Observatorio Venezolano de los Derechos Humanos de las Mujeres, con la participación de diferentes organizaciones no gubernamentales y fundaciones que trabajan por la erradicación de la violencia y la igualdad de género. La información fue suministrada por Hisvet Fernández, presidenta del Centro de Educación y Capacitación para la Vida de Lara (Cecavit) e integrante de la Red de Población y Desarrollo Sustentable de Venezuela, así como del Foro por la Equidad de Género. “Esta idea surge en el 2005 cuando un grupo de ONGs, dedicadas a la defensa de los derechos de la mujer, entregó un informe llamado “Sombra” ante la Convención Interamericana contra todas las formas de violencia contra la mujer (Cedaw)”, explicó. Al detallar los objetivos del Observatorio , afirmó que “inicialmente vamos a vigilar todos los derechos políticos de las féminas en el país: su ejercicio, su posibilidad de desarrollo, su vulnerabilidad, la violación de la cual es objeto y cuáles instituciones se convierten en cómplice de esa realidad y cuál es el papel de los medios de comunicación social frente a los problemas que afectan a las mujeres”. Según Fernández, Cecavit será la institución encargada de dirigir el trabajo, creando una red que comenzará en Lara, Yaracuy, Portuguesa, Trujillo y Zulia. ( El Impulso , 21.11.06, A/6).
En otra información, la organización no gubernamental Venezuela Segura difundió la existencia de la campaña ¡Paren la bala!, la cual cuenta con el apoyo de la Embajada Británica. El objetivo de la campaña es concienciar a la comunidad acerca del uso de armas, por lo que, en palabras de su vocero Marcos Tarre , para atacar las consecuencias del problema de violencia en las zonas populares es necesario irse a la raíz: la formación cultural y educativa de los niños. Tras un mes de su implementación, ¡Paren la bala! ha beneficiado a 1.700 niños, niñas y adolescentes que habitan en los sectores de El Calvario, El Hatillo, Sucre y Baruta. Psicólogos, sociólogos y docentes ofrecen orientación acerca de cómo manejar la rabia, ira y miedo que se generan como consecuencia de vivir en una cultura que ha normalizado el uso de armas de fuego. Toda la información sobre la campaña está disponible en su sitio web: http://www.parenlabala.org.ve ( El Nacional, 23.11.06, B/27).
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110.000 venezolanos afectados por sida-VIH
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En un informe difundido por la ONU el 21.11.06 se establece que América Latina suma en su conjunto 140.000 nuevas infecciones por el Virus de Inmunodeficiencia Adquirida (VIH) y 65.000 muertes por sida en el 2006. Para nuestro país, el estudio apunta que existen 110.000 contagiados, de los cuales la mayoría son de sexo masculino. Durante el 2005, la UNICEF divulgó que 2.500 niños y niñas venezolanas estaban contagiados con VIH.
Miriam Sotolongo, médica inmunóloga adscrita al Ministerio de Salud en el Zulia, declaró que muchos pacientes solicitaban asistencia médica en etapa terminal, “esto significa que estamos fallando en el diagnóstico y en otorgarle la debida información a la comunidad”, declaró. A su juicio “no se justifica este comportamiento, hay tratamientos, incluso, la prueba del VIH se hace de forma gratuita en los centros asistenciales”. (Panorama, 22.11.06, 3/14).
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Misión Milagro cumple un año de funcionamiento |
El Ministro para la Vivienda y el Hábitat, Ramón Carrizalez, anunció que se habían realizado un total de 132 mil intervenciones en el país en el primer año de funcionamiento de la Misión Milagro. El Ministro, quien es uno de los coordinadores del programa social, declaró que han sido ejecutadas 42 mil intervenciones por médicos venezolanos y 90 mil hechas en el país por especialistas cubanos. “Hemos alcanzado ocho veces la cifra promedio por año con médicos, hospitales venezolanos y el equipamiento de estos centros de salud”, afirmó el funcionario recordando que anteriormente se hacía un promedio de 5 mil intervenciones al año en todo el sistema de salud público nacional.
Explicó que más de 5 mil del total de intervenciones realizadas por médicos venezolanos corresponden a pacientes latinoamericanos y mencionó que actualmente, se encuentran en el hospital militar de Caracas 96 pacientes procedentes de Nicaragua que ya fueron atendidos. Informó, igualmente, que en octubre de 2005, se implementó la Misión Milagro en Venezuela para atender a pacientes venezolanos y demás latinoamericanos con médicos locales, en instituciones hospitalarias del país.
Refirió que de manera progresiva se fueron incorporando distintos centros de salud y “hoy tenemos más de 50 hospitales en el ámbito nacional que participan en la Misión Milagro”. En el programa social están participando el Ministerio de Salud y por medio de los hospitales militares, el Ministerio de la Defensa ; además, el Seguro Social y los servicios de salud regionales de Lara, Aragua y Miranda , entre otros. ( Agencia Bolivariana de Noticias , 22.11.06, http://www.abn.info.ve/go_news5.php?articulo=71453&lee=Array[0 ])
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Cooperativistas y dirigentes laborales cuestionan política de promoción del cooperativismo realizada por el ejecutivo nacional |
De acuerdo con cifras recopiladas por el cooperativista e investigador social Oscar Bastidas-Delgado, tras un estudio extraoficial del censo realizado por la Superintendencia Nacional de Cooperativas (Sunacoop), un total de 117.448 cooperativas han desaparecido, lo que a su juicio implica en promedio más de 1.6 millones de asociados “frustrados”. (Tal Cual, 10.11.06, pag. 10).
El también coordinador general del Centro de Estudios de la Participación, la Autogestión y el Cooperativismo (Cepac) de la UCV , afirmo que “Venezuela pasó de ser el primer país del mundo en constituir un mayor número de cooperativas, pero al mismo tiempo tiene el cementerio de cooperativas más grande del mundo". Bastidas explicó que sólo se censaron 37.552 asociaciones, y de acuerdo con las cooperativas que se crearon con la Misión Vuelvan Caras I y II, consejos comunales y de manera individual, en el país se contabilizaban 155.000 asociaciones. ( El Nacional, 10.11.06, A/25).
Desde el 2001 , el gobierno ha impulsado la creación de asociaciones de economía social en todos los sectores y regiones del país. Antes de ese año, existían aproximadamente 900 cooperativas, pero la cifra llegó a 155 mil en octubre y el gobierno anunció que esperaba a remontar más de 177 mil en diciembre de 2006.
Los círculos bolivarianos fueron los primeros modelos de organización comunitaria practicados por el gobierno, pero poco tiempo después se designaron a estos grupos como integrantes de las nuevas cooperativas. Según el sociólogo de la UCV , el fracaso de ambas iniciativas derivó en la creación de Vuelvan Caracas, las Empresas de Producción Social, y más recientemente los consejos comunales. “Todas esas cooperativas están destinadas a ir al cementerio de cooperativas”.
El cooperativismo local fracasó por la desviación política, dijo Bastidas-Delgado. “El proyecto cooperativo estuvo orientado para encapsular a la gente en función de intereses políticos, para saber quiénes estén conmigo y orientarlos en función de mis intereses”.
El investigador, con una maestría en Ciencias Sociales en el Colegio Cooperativo de París, indicó que todas las cooperativas deben apuntar a la autogestión, pero “no todo el mundo tiene que estar en lo mismo ni todo el mundo tiene que ganar lo mismo”, pues eso dependerá de la cantidad de trabajo asignado y los niveles de formación adquiridos por los miembros. (Tal Cual, Ídem).
Por su parte, la Asamblea de Electores con la Revolución en Nueva Esparta (Aserne), afirmó que “el apoyo técnico y profesional así como la fiscalización y supervisión a las cooperativas son deficientes o inexistentes. La gran mayoría de las cooperativas registradas están inactivas, sus integrantes frustrados y dispersos deambulan por los portones de las empresas privadas y públicas, en busca de oportunidades de trabajo que les garanticen la seguridad social necesaria que las cooperativas no les provee.” (Aserne, 01.11.06, http://aserne.blogspot.com/2006_11_01_archive.html ).
Pablo Castro , directivo de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), denunció que las cooperativas forman parte de más de un millón de empleos precarios contabilizados por el ejecutivo nacional para reducir, de forma artificial, la tasa de desempleo a 7%.
Castro refirió que a la fecha, las misiones, las cooperativas y las Empresas de Producción Social (EPS) ocupan a más de 650.000 personas, precisando que “en las cooperativas sanas la totalidad de sus miembros son socios y comparten equitativamente los beneficios. En el caso venezolano la mayoría subcontratan trabajadores con jornadas de sobretiempo a cambio del un salario mínimo y no cuentan con la seguridad social”. ( El Nacional, 14.11.06, A/20).
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Gobierno extiende seis meses congelación de alquileres |
El 15.11.06 salió publicado en la Gaceta Oficial el anuncio que prórroga por séptima vez la medida de mantener los alquileres congelados, desde el año 2002. El decreto establece que "se pretende garantizar el bienestar de la población en general y salvaguardar los derechos e intereses de los usuarios en materia de vivienda".
Cuando se decretó la medida por primera vez se determinó que los juicios entre arrendatarios y propietarios de inmuebles continuarán su curso, pero sus efectos quedarán suspendidos durante la vigencia de la medida.
El presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, Luis Emilio Vegas , informó que con la prórroga de congelación de los cánones de alquiler, para finales de este año se espera que el precio de los alquileres y la compra de viviendas registren un incremento promedio de 35% con relación a 2005. Este aumento obedecería al déficit de nuevas construcciones en el país, al encarecimiento de los materiales de construcción y al comportamiento en general de la inflación, que se prevé cerrará el año entre 12% y 15%.
Según las cifras, en el país existe un déficit de 1,8 millones de viviendas y anualmente se contabiliza una demanda tradicional de 100.000 unidades. Ante la escasa oferta de proyectos residenciales y la baja capacidad adquisitiva del venezolano para adquirir una vivienda nueva , muchas familias optan por alquilar, "pero esta tarea también se puso difícil porque ningún propietario quiere arrendar debido al control", explicó Vegas.
Los precios de los alquileres de los apartamentos ubicados en el área metropolitana de Caracas que no están sujetos a regulación, se sitúan entre 700.000 y 8 millones de bolívares, dependiendo de la zona y del número de habitaciones. ( El Nacional, 17.11.06, A/28)
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Gobierno adelanta políticas para la Educación Superior |
El pasado 05.11.06 el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela , Hugo Chávez, anunció el inminente inicio de la Misión Alma Mater, la cual tiene el propósito de consolidar el sistema educativo universitario y ofrecer más oportunidades para la capacitación. Esta misión construirá un total de 38 nuevas instituciones: 16 universidades politécnicas, 14 institutos tecnológicos y 8 universidades. Para este proyecto, el presidente Chávez dispondría de un billón de bolívares que serian invertidos en la primera etapa de ejecución de las obras que se desarrollarán de forma simultánea; recursos que provienen de la política petrolera y fiscal del Gobierno Bolivariano. (Ministerio de Comunicación e Información : “ Misión Alma Máter construirá 38 nuevas instituciones de educación superior ”. [en línea]. Mensaje electrónico enviado a Provea el 05.11.06).
Para el 21.11.06, fecha de inicio de la misión, la cifra había aumentado a 50 instituciones. El viceministro de Políticas Estudiantiles, Temir Porras , especificó que “25 universidades ya existentes van a convertirse en instituciones de mayor alcance, es decir, los tecnológicos pasarán a formarse con un perfil más profundo”. Las 25 casas de estudios restantes se edificarán desde “cero” y tendrán un perfil diferente, que dará paso a la formación en áreas como siderúrgica y energía. ( Agencia Bolivariana de Noticias , 21.11.06, http://www.abn.info.ve/go_news5.php?articulo=71416&lee=Array[0 ]).
En el acto de entrega de más de 2 mil 800 becas de la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho (Fundayacucho) a jóvenes del Distrito Capital y de los estados Miranda y Vargas, con motivo del Día del Estudiante, el Jefe de Estado explicó que la meta de Alma Mater es atender a 100 mil nuevos estudiantes en dos años. Asimismo, que más de 12 mil estudiantes se verán beneficiados con la inauguración de las 15 aldeas universitarias, espacios educativos coordinados por la Fundación Misión Sucre, conjuntamente con las Instituciones de Educación Superior. ( Agencia Bolivariana de Noticias , 21.11.06, http://www.abn.info.ve/go_news5.php?articulo=71438&lee=4 ). Por su parte Samuel Moncada, Ministro de Educación Superior, afirmó que la Misión Alma Mater es un proyecto popular mayoritario “progresista, justiciero, anti oligárquico y anti imperialista que busca transformar las bases de la sociedad para hacerla más justa y más prospera. Es un proyecto donde todos tiene un puesto, donde nadie debe quedarse por fuera”. ( Agencia Bolivariana de Noticias , 21.11.06, http://www.abn.info.ve/go_news5.php?articulo=71422&lee=Array[0 ])
Estado de la matrícula universitaria
En una alocución anterior, el Presidente de la República afirmó que la matrícula estudiantil universitaria en Venezuela ascendía actualmente a un millón 121 estudiantes, cifra que se encontraba en 366 mil en el año 1998. Explicó que la cifra mencionada corresponde hasta al año 2005, y representa la sumatoria de 774 mil estudiantes en etapa universitaria, más los 347 mil de la Misión Sucre. “Ya la Misión Sucre alcanza o casi iguala a la matrícula toda que había en 1998” , sostuvo el Jefe de Estado. ( Agencia Bolivariana de Noticias , 05.11.06, http://www.abn.info.ve/go_news5.php?articulo=69027&lee=4 ).
A pesar de estos anuncios gubernamentales, la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios (Fapuv) convocó a una huelga de un día el pasado 22.11.06, día en el que realizarían una marcha en la ciudad de Caracas. El rector de la UCV dijo que el ministro Moncada sigue manejando el problema presupuestario como un asunto político, "exponiéndonos al escarnio público, y no estamos dispuestos a seguir con este enfrentamiento". Asimismo afirmó que el Gobierno Nacional tiene centralizados Bs. 6,7 billones, que se niega a desembolsar con el propósito de entorpecer el proceso de enseñanza de las universidades para después decir que fue "porque estamos malversando los fondos". (Ultimas Noticias, 23.11.06, pag. 2)
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DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES//
Persisten denuncias sobre irregularidades en la adjudicación de viviendas |
200 familias denunciaron el pasado 20.11.06 que tras pagar la inicial y cumplir con los requisitos exigidos por el Fondo de Desarrollo Urbano (Fondur), fueron excluidas de las listas de adjudicatarios del organismo. Las familias habían realizado los trámites para optar por apartamentos ubicados en el Desarrollo Habitacional Bosque Valle, en la autopista Coche-Tejerías, del sector Tazón de la capital. Según los denunciantes, Fondur les ha dicho que no puede hacer nada al respecto debido a que el caso había sido transferido al Ministerio de Vivienda y Hábitat, pero que en dicho organismo no consiguen ningún tipo de respuesta. Carmen Alicia González , una de las denunciantes, afirmó que Fondur había solicitado el pago de una inicial por cuatro millones 50 mil bolívares, además de 945 mil por gastos legales. Este monto lo cancelaron en el año 2001, tras lo cual debían esperar un año a la entrega de la vivienda. González asegura que han llevado la denuncia a diversas instancias –Defensoría del Pueblo y Fiscalía- sin lograr apoyo. (Ultimas Noticias, 20.11.06, pag. 8).
El 13.11.06 damnificados de diferentes partes el país protestaron frente al Palacio de Miraflores para denunciar irregularidades en el Ministerio de Vivienda y Hábitat en la adjudicación de cheques para la compra de casas. Vecinos del barrio Ojo de Agua, de la carretera vieja Caracas-La Guaira, llegaron al lugar durante la noche del domingo para comenzar a protestar el día siguiente. Afirmaron que en enero recibieron los certificados de alto riesgo y las autoridades les dieron oportunidad hasta abril para salir del lugar. "Esta es la fecha y ahí seguimos porque los cheques nada que los entregan", comentó una de las manifestantes. Paralelamente, en las aceras cercanas al Palacio de Gobierno un grupo de personas dormían en el lugar: damnificados de los estados Vargas, Aragua, Miranda y el Distrito Capital que fueron trasladados al refugio del Fuerte Guaicaipuro pero que decidieron irse debido a las malas condiciones del recinto, según explicaron.
"Hay gusanos, los baños están podridos y los niños se enferman de diarrea y amibiasis; ahí no cabe más gente", declararon a un medio de comunicación. (Ultimas Noticias, 14.11.06, pag. 3)
En el estado Aragua , por su parte, el 08.11.06 decenas de personas sin casa realizaron una toma simbólica de casas multifamiliares pertenecientes a la base aérea de Sucre. Los manifestantes pertenecían a la Organización Comunitaria de Vivienda (OCV) “Luchar, vencer y ganar”, y realizaron la acción para denunciar una serie de irregularidades cometidas por Fondur, entre ellas el cobro de 20 millones de bolívares para la adjudicación d viviendas. Pedro Alfonso , vocero de la OCV, afirmó que las casas construidas en terrenos militares eran cedidas a militares “que no las necesitan”, dejando de lado las organizaciones sociales que esperan adjudicaciones desde hace más de un año. Asimismo, denunció que el anterior ministro de Vivienda les había adjudicado, mediante un documento escrito, 100 casas de la Base Sucre, y tras realizar un inventario se han percatado de que ya no quedan viviendas disponibles en ese sector. (El Universal, 09.11.06, 1/7).
Por su parte, 200 familias protestaron el 15.11.06 en la avenida Urdaneta de Caracas una estafa en su contra con casas inconclusas. Nunil Jáuregui, afectada, aseguró que hace más de cuatro años una empresa dedicada a la venta de inmuebles ofreció proyectos habitacionales en la carretera La Raiza, frente al Fuerte Guaicaipuro. "Las casas costaban entre 38 y 52 millones de bolívares; muchos ya han cancelado más de la mitad y algunos 90% pero no recibimos nada a cambio ". Explicó que esta situación irregular se presentó en tres proyectos habitacionales, llamados "Springfields Villas"; Condominios "Las Villas" en Cúa y proyecto Adonay en Higuerote.
Rita Sánchez explicó que en noviembre de 2004 la empresa fue cerrada por el Indecu, por lo que muchos de los asociados dejaron de cancelar por temor a que los dejara sin su casa. "Desde hace un año el caso está en manos de la Fiscalía, pero no nos han dado respuesta". Emilio Contreras , otro afectado, indicó que están exigiendo pago de los intereses del dinero "porque 32 millones de hace cuatro años no son los mismos de ahora. Además la empresa cambió de nombre y continúa promoviendo casas ". (El Universal, 15.11.06, http://www.eluniversal.com/2006/11/15/ccs_art_70102.shtml)
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DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES//
Propuestas y exigencias de Provea a los poderes públicos sobre el derecho a un medio ambiente sano |
• Establecer una política de desarrollo sustentada en la variable ambiental y la participación ciudadana.
• Revisar las concesiones y contratos o convenios petroleros concedidos en el marco de la apertura petrolera, anulando aquellos que se encuentren en áreas de alta fragilidad ambiental y social.
• Dar efectiva vigencia a la Ley Penal del Ambiente.
• Revisar todas las concesiones mineras, permitiendo esta actividad solo en aquellas zonas que no estén en áreas protegidas (Abrae) o en territorios indígenas, ni en zonas de alta diversidad biológica, en bosques nativos y cuencas.
• Revisar y formular la política de concesiones y manejo forestal. Establecer un nuevo Plan Nacional Forestal dentro de cuyos objetivos esté el descongelamiento y eliminación de las plantaciones forestales industriales que se están desarrollando a expensas del bosque nativo natural y de otras formaciones vegetales de gran valor biológico.
• Sustituir los objetivos de explotación económica por objetivos de aprovechamiento sostenible de los recursos.
• Excluir el uso minero en la Reserva Forestal de Imataca, por ser esta, área de protección especial, y privilegiar las explotaciones en otros renglones que no constituyan amenaza para el hábitat.
• Sanear la Reserva Forestal de Imataca de focos mineros, recuperar las áreas degradadas por la minería, rescindir las concesiones y/o contratos mineros entregados dentro de la Reserva Forestal.
• Desarrollar planes efectivos de recuperación de cuencas y embalses y el establecimiento y ejecución coordinada de un Programa Nacional de Descontaminación de los Litorales Marinos.
• Garantizar el cumplimiento de la normativa ambiental por parte de todas las empresas e industrias que operan en el país.
• Reformar las Normas Reglamentarias sobre parámetros de calidad de agua y aire.
• Confeccionar un plan nacional para la reubicación y construcción de rellenos sanitarios, con apoyo de las gobernaciones y los municipios, que impida la improvisación y establezca criterios unificados al respecto.
• Impulsar y fortalecer, por parte de las municipalidades y las empresas privadas, los sistemas de recolección, disposición y tratamiento de aguas servidas domésticas e industriales.
• Desarrollar un Plan de Educación Ambiental que incluya la educación al consumidor y a los productores sobre los riesgos para la salud y el ambiente del uso de organismos genéticamente modificados (OGM) y de miles de sustancias químicas sintéticas empleadas por la industria moderna, todo con miras a un mayor control o incluso a la sustitución por productos naturales no dañinos.
• Desarrollar una política de desconcentración de plantas industriales y negociación de plazos cortos para la adecuación de empresas generadoras de desechos y contaminantes, el tratamiento adecuado de sus efluentes y residuos, así como la instalación de correctos dispositivos que eviten la inadecuada disposición de los mismos.
• Declarar una moratoria a la exploración y explotación de petróleo y gas en el Delta del Orinoco y el Golfo de Paria. Declarar la moratoria a la explotación del carbón en la Sierra de Perijá.
(Provea, 30.10.06.
http://www.derechos.org.ve/publicaciones/infanual/2004_05/Propuestas.pdf)
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DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS//
Cronología de las protestas reprimidas en el segundo semestre 2006 |
La siguiente cronología ha sido realizada con datos encontrados durante la elaboración del boletín "Derechos Humanos y Coyuntura" en la prensa nacional y regional durante el período reseñado. Incluyen casos de vulneración del derecho a la protesta en acciones de exigibilidad de derechos económicos, sociales y culturales.
NOVIEMBRE
El 21.11.06 habitantes del sector de La Yaguara, ubicada en el municipio Libertador trancaron la Autopista Valencia-Campo Carabobo en ambos sentidos, en protesta por la falta de servicios públicos. La Unidad Táctica de Apoyo Operacional de la Policía de Valencia dispersó la manifestación utilizando bombas lacrimógenas y perdigones plásticos, deteniendo a una persona. Ese mismo día, en Caracas, la Guardia Nacional agredió a las personas que se encontraban frente al Banco Nacional de Vivienda y Hábitat con saldo de varios detenidos.
El jueves 09.11.06 la Policía del Estado Bolívar disolvió con bombas lacrimógenas, perdigones y armas de fuego una protesta protagonizada en Ciudad Guayana por trabajadores de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), con un saldo de seis de ellos detenidos y otros seis heridos.
El 08.11.06 entre 10 y 25 personas, pertenecientes a la OCV La Guzmanera, fueron lesionadas cuando la Policía de Aragua impidió el paso de una manifestación que pretendía llegar a Caracas a solicitar recursos para la construcción de viviendas.
El 01.11.06 28 adolescentes y 11 adultos fueron detenidos en San Félix, estado Bolívar, cuando protestaban en las afueras del Banco del Libro exigiendo servicios básicos y la incorporación en la Misión Sucre.
OCTUBRE
El 30.10.06 20 personas fueron detenidas cuando un grupo de personas sin empleo intentó entrar en la refinería de Puerto La Cruz como medida de presión para recibir los cupos de trabajo prometidos. En la acción, la GN utilizó lacrimógenas y peinillas.
El 24.10.06 aproximadamente 40 personas fueron detenidas en Coloncito, estado Táchira, en el cuarto día de protestas por falta de servicios públicos.
El 23.10.06 cuatro manifestantes fueron detenidos y otros resultaron asfixiados cuando la GN disolvió una manifestación con lacrimógenas y perdigones en la autopista Caracas-Guarenas. 100 personas habían cerrado la vía para solicitar reparaciones a sus viviendas tras las recientes lluvias. Ese mismo día, 12 personas fueron heridas y 30 detenidas en Coloncito, estado Táchira, cuando la GN reprimió una protesta por falta de agua y servicios públicos.
El 20.10.06 una toma de la carretera nacional Barinas-San Cristóbal dejó un saldo de cuatro manifestantes heridos por la Policía de Barinas. Los habitantes protestaban por la falta de servicio eléctrico y agua potable.
El 19.10.06 dos personas fueron heridas de bala y seis más por perdigones cuando un grupo de pescadores artesanales protestaban en el Puerto Internacional de Guiria solicitando que el mismo fuera convertido en un núcleo endógeno.
El 14.10.06 la Policía de Carabobo dispersó una manifestación con lacrimógenas cuando empleados de la salud de Carabobo manifestaban por sus derechos laborales.
El 13.10.06 dos vecinos recibieron perdigonazos en el pie cuando los vecinos de barrio Jacinto Lara , en Barquisimeto, solicitaban la construcción de una pasarela. La Policía de Lara y la GN utilizaron lacrimógenas y perdigones para dispersar al centenar de manifestantes.
El 12.10.06 Patrulleros del Caroní realizaron disparos al aire para dispersar a vendedores informales que protestaban el desalojo de una feria artesanal en Puerto Ordaz.
El 10.10.06 efectivos militares tomaron la población de Coloncito, estado Táchira, tras el incendio de una patrulla y daños a edificios públicos por una poblada que protestaba abusos policiales por parte de la Policía del Táchira.
El 04.10.06 el Grupo de Reacciones Inmediatas de Polianzoategui dispersó con perdigones y lacrimógenas una manifestación de vecinos de la comunidad de Punto Lindo, municipio San Juan de Capistrano, Boca de Uchire.
SEPTIEMBRE
El 16.09.06 la Policía Estadal de Barinas detuvo a tres personas, pertenecientes a un grupo de 600 familias, que protestaban por la falta de agua potable en la urbanización Agustín Codazzi en Barinas. Varias personas más resultaron heridas por perdigones y golpes.
El 11.09.06 una persona fue detenida por la Policía de Aragua cuando un grupo de familias del sector El Campito, La Cabrera , en Maracay protestaban por el incumplimiento de promesas de entrega de viviendas.
AGOSTO
El 17.08.06 un centenar de familias campesinas fueron desalojadas por la Policía Estatal de Guanare tras ocupar un terreno en el barrio “ Paraíso bolivariano”. El desalojo forzado dejó como saldo varias personas lesionadas, entre ellas, una mujer embarazada.
El 16.08.06 una protesta en el estacionamiento del Ayuntamiento de Valencia terminó con dos concejales y tres policías heridos, cuando dos grupos protagonizaban una protesta por falta de recolección de basura y ausencia de cupos en el estacionamiento.
El 14.08.06 Damnificados del sector Las Casitas de Guatire protestaban frente a la sede del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat fueron dispersados con lacrimógenas por la GN, deteniendo a la presunta líder de la protesta, Vilma Macías.
El 10.08.06 dos trabajadores afiliados a la UNT resultaron heridos en una protesta frente a los tribunales laborales en Maracay. Ese día, un grupo de 500 vecinos de Catia la mar trancaron la calle pidiendo reparación de tuberías. Tras la actuación de la Policía de Vargas dos salieron heridos con perdigonazos.
El 09.08.06 cinco personas fueron detenidas por la GN cuando se realizó un desalojo en el sector Ojo de Agua en Baruta. Se informó que 20 infantes habían sido afectados por los gases lacrimógenos. Tres días después, 11 personas recibirían una medida privativa de libertad por “invasión y resistencia a la autoridad”. Ese día dos personas fueron detenidas cuando un grupo de 200 manifestantes por viviendas intentaron movilizarse desde Miraflores a los medios de comunicación.
JULIO
El 28.07.06 un grupo de mineros de El Callao intentó realizar una manifestación contra la empresa de origen chino Jin Yan cuando uno de los directivos del sindicato fue detenido por la GN. Los trabajadores denunciaron uso de pe | | | |
