EFEMERIDES DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL MES DE FEBRERO

CONTEXTO
* Provea presentó su Informe Anual 2006 en el VII Foro Social Mundial de Nairobi, Kenia

DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
* Aprobada Ley de Lactancia Materna
* Iniciativas comunitarias enfrentan problemas relacionados con los desechos sólidos
* Alcaldes adelantan políticas de reubicación y construcción de nuevos mercados para los vendedores informales
* Arrecia la violencia por obtención de empleos en el sector construcción
* Ecologistas y estudiantes zulianos remiten carta pública a la nueva Ministra del Ambiente
* 322 nuevos jueces para niños, niñas y adolescentes
* Campesinos del Sur del Lago denuncian explotación laboral
* Irregularidades en el programa de Sustitución de Ranchos por Vivienda
* Indicadores sobre el derecho a la alimentación y el salario justo
* Gobierno difunde cifras sobre la disminución de la pobreza
* Propuestas y exigencias de Provea a los poderes públicos sobre el derecho a la salud

DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
* Manifestaciones reprimidas durante el mes de enero
* 38 presos muertos por violencia carcelaria en el primer mes del año
* Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) acuerda medidas provisionales a favor de los presos de Uribana
* Incendian módulo policial en Catia después que, presuntamente, la Policía Metropolitana asesinara a un joven de la comunidad
* En Anzoátegui atentan contra vida de activista de DDHH
* Otra vez la justicia militar contra un civil ¿y la Defensoría del Pueblo?
* Propuestas y exigencias de Provea a los poderes públicos sobre el derecho a la libertad de expresión e información

A DEBATE: MULTA A VESPERTINO TAL CUAL
* Carolina Fernández: "La Multa a TAL CUAL y su libertad de expresión"
* Periodistas por la Verdad: "Apoyo a Tal Cual del SNTP es un acto demagógico"
* Laureano Márquez: "La historia me absorberá"
* Andrés Cañizalez: "Señales preocupantes"
* Editorial "Querida Rosinés"

INVITACIONES A EVENTOS
* UCAB: Abiertas las preinscripciones para el Programa de Estudios Avanzados en Derechos Humanos

ARTÍCULOS
* Son Derechos: "Las leyes habilitantes (I) "
* Rafael Uzcátegui: "Muerte en la Iglesia"
* Antonio J. González: "¿Qué socialismo queremos?

NOVEDADES DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN TODOS LOS DERECHOS PARA TODOS
* "Memorias del 7º Seminario de formación en Desc: el derecho humano a la salud una visión integral"
* "The right to health: a resource manual for Ngos"
* "Calle Sol"
* "Fichero de juegos"


Agradecemos mencionar la fuente cuando el contenido sea citado o difundido

02 Día Internacional de los Humedales
04 Intento de Golpe de Estado contra el presidente Carlos Andrés Pérez (1992) 
06-12  Conmemoración de la Semana del Estudiante que pivoteó la primera huelga general de Venezuela (1928)
12  Día Internacional de los Niños Soldados / Día Nacional de la Juventud
14  Conmemoración de 1ra. huelga nacional en Venezuela (1936)
21 Día Internacional de la Lengua Materna
27 Hechos ocurridos en febrero-marzo de 1989, conocidos como “El Caracazo”

La Asamblea Nacional (AN) aprobó el 25.01.07 en primera discusión el proyecto de Ley de Promoción y Protección de la Lactancia Materna, la cual le otorga a la madre el derecho de amamantar a su hijo por un lapso de seis meses. Según informó la presidenta de la Comisión de Familia, Mujer y Juventud, diputada Gabriela Ramírez, el promover y proteger la lactancia materna contra fórmulas creadas por empresas para su sustitución es uno de los principios fundamentales de la ley. (Agencia Bolivariana de Noticias, 25.01.07, http://www.abn.info.ve/go_news5.php?articulo=80227&lee=18). Por ello, uno de los objetivos de la normativa es evitar que las etiquetas de los envases de fórmulas infantiles traten de aparentar que su contenido es de igual calidad que la leche materna. El artículo 16 prohíbe que las etiquetas contengan imágenes de niños, niñas, juguetes, formas humanizadas de animales, vegetales u objetos, así como texto que desaliente la lactancia materna y promueva el uso del tetero. (El Nacional, 26.01.07, B/15). Según Ramírez “El vínculo entre la madre y el niño a través de la lactancia materna reduce el índice de violencia intrafamiliar, le proporciona al pequeño anticuerpos que previenen que se enferme en los primeros años de su vida, evita la desnutrición del recién nacido y la mortalidad”. Se considera que los niños y niñas tienen derecho a la lactancia materna en condiciones adecuadas y, en consecuencia, las madres tienen el derecho de amamantar a sus hijos. (Vea, 27.01.07, pag. 2).

Este vertedero se encontraría ubicado a 28 kilómetros de Lagunillas, contando con una extensión de 136 hectáreas. La inversión se estima en unos 15 millardos de bolívares, teniendo una vida útil de 25 años. Los vecinos de las comunidades han manifestado su apoyo al proyecto siempre y cuando se mejore sustancialmente la trata de los desechos solidos. “Ojalá que con este proyecto mejore la recolección de basura –opinó María de La Cruz Caripaz, vecina de 53 años de edad-. En ocasiones debemos quemar los desechos porque no pasa ningún camión. Lo positivo es que el basurero estará lejos de todo”. (Panorama, 15.01.07, pag. 11).

Por otra parte, en Caracas vecinos de la parroquia 23 de Enero llegaron a un acuerdo con las autoridades de la Corporación de Servicios Municipales del municipio Libertador para afrontar los problemas de insalubridad de la zona. En la reunión se acordó la contratación de una cuadrilla de 37 obreros habitantes de la comunidad, creación de una contraloría social que supervise las labores de limpieza y el ajuste del horario de la recolección de basura. Voceros de la asociación civil Antonio José de Sucre, en representación de los vecinos, señalaron que los obreros contratados se están encargando de sacar la basura de los ductos de los distintos bloques y colocándola en un lugar accesible para que la recojan en los camiones. "Igualmente creamos la contraloría social integrada por vecinos y funcionarios de la corporación, para verificar que el trabajo que se lleve a cabo sea de buena calidad, y podemos señalar que a través de este proceso hemos solucionado en las últimas dos semanas el problema de la basura en un 90%", expresó Alexis Barnique. (Ultimas Noticias, 31.01.07, pag. 10).

En San Diego, estado Carabobo, los vecinos y vecinas se organizan para evitar que continúe el manejo inadecuado de los desechos sólidos. La Fundación Condominio Eco Eficiente (Condeco) realizará una cruzada para evitar que la alcaldía continúe vertiendo la basura en un terreno ubicado en la variante Bárbula-San Diego, pues a juicio de los vecinos está generando un foco de contaminación que afecta la salud de los habitantes del sector.

Wolfgang Ascanio, presidente de dicha agrupación y vocero principal del Consejo Local de Planificación Pública (CLPP) en el área de ambiente, ecología y turismo de dicho municipio, expresó que "Los habitantes tienen irritación en la garganta, en vista y en la piel a causa de este vertedero al aire libre. Nosotros iremos ante los organismos competentes entre ellos, Ministerio de Ambiente y la Fiscalía hacer una denuncia contra Urbaser compañía en cargada de prestar el servicio de aseo urbano por llevar la basura a un terreno no permitido por los organismos encargados", subrayó. Ascanio exhortó al mandatario local a buscar la sinergia con la comunidad organizada y organizar mesas de diálogo donde se pueda plantear soluciones viables. (Notitarde, 22.01.07, http://notiweb.notitarde.com/historico/2007/01/22/regiones/regiones1.html

En el estado Bolívar los vecinos también decidieron asumir la solución al problema de la basura. Tras cumplirse un mes del cierre del vertedero de basura de La Carata, en Piar, sin vislumbrarse ninguna solución por parte de la Alcaldía, el pasado 29.01.07 se realizó una asamblea con los consejos comunales de todo el municipio. Varios de los dirigentes vecinales expusieron la necesidad de crear empresas recicladoras como salida al problema, contando con los consejos comunales, lo cual no fue visto con buenos ojos por algunos luchadores sociales, entre los que resalta Zuliber Valor. La líder social alegó que no le parece justo poner a las cooperativas al frente de la recolección de basura sin una remuneración económica. Señaló que esta idea en sí pertenece al burgomaestre, Francisco Contreras. "La responsabilidad es de este señor, él lo que quiere es sacarse el lazo y ponérselo a las cooperativas y aparte quiere que hagan el trabajo sin ningún pago", acotó. Valor criticó duramente al gerente municipal por no dar la cara a los vecinos afectados y enviar a funcionarios que "no tienen la decisión en busca de soluciones".

Por su parte Carlos Contreras, representante del Frente Francisco de Miranda, reiteró lo importante que es en este momento implementar la cultura del reciclaje en el municipio como primer paso para atacar el tema de los desechos, empezando con la separación y la clasificación. "Cuando separamos la basura por bloques, nos evitamos las mezclas y la contaminación es menor, generando dividendos a varias personas con la venta de lo reciclado". Durante la asamblea se creó una comisión para darle continuación al problema. (Correo del Caroní, 29.01.07, http://www.correodelcaroni.com/content/view/56274/149)

Otras zonas
En Petare, por su parte, se realizó una demarcación de puestos por parte de la Alcaldía de Sucre. El espacio asignado a cada trabajador y trabajadora informal será de 1 por 1,20 metros, y será reglamentario el uso de un mantel y paraguas de color rojo. Carmen Guatache, vendedora del sector, expresó su malestar con la medida diciendo que “Ya tenemos cinco años esperando el centro comercial y no tenemos respuesta, ahora salen que están buscando unos terrenos para volver a comenzar de nuevo, queremos reubicación inmediata y dejar las calles” (El Universal, 31.01.07, 3/2). En Charallave, los vendedores y vendedoras objetan la medida de reubicación ordenada por la Alcaldía de Cristóbal Rojas, la cual impide la venta en la avenida Bolívar de la entidad. Como medida de presión, alrededor de un centenar de trabajadores y trabajadoras informales ubicaron sus puestos frente a la sede municipal, lo cual generó la movilización de la Policía Municipal (El Universal, 01.02.07, 3/7). La situación degeneró en una batalla campal entre ambos bandos, con el saldo de un buhonero herido por perdigones y cinco detenidos. (La Voz, 03.02.07, pag. 5). En la ciudad de Valencia los permisos para ejercer la economía informal expiraron el 31.12.06, por lo que el coordinador general de Operaciones de la Alcaldía, Gustavo Urriola, aseguró que para el 2007 estaría lista una edificación con capacidad para albergar a 2.000 buhoneros. La edificación, según las declaraciones del funcionario, solevantaría en el terreno que actualmente ocupa “Mercacenter”. (El Universal, 07.02.07). En Maracay, por su parte, las organizaciones gremiales de los vendedores y vendedoras informales se adelantaron a las políticas de las alcaldías y entregaron la propuesta de crear un paseo comercial y turístico en el bulevar Pérez Almarza. Aída Martínez, presidenta de la Federación Nacional de Trabajadores no dependientes de Venezuela, afirmó que lo que plantean es una reorganización y no una reubicación de los 4 mil 30 trabajadores y trabajadoras informales de la ciudad. Según sus estimaciones, solo el 15 por ciento de ellos podrán salir del casco central, debido a que no existen espacios apropiados en la capital aragüeña dónde reubicarlos a todos en un corto plazo. (El Universal, 04.02.07, 1/8).

Los campesinos que trabajan en las fincas del Sur del Lago de Maracaibo piden al presidente Hugo Chávez y a la Defensoría del Pueblo que intervengan ante las situaciones irregulares en sus condiciones y medio ambiente de trabajo: devengan salarios por debajo del sueldo mínimo, no reciben cesta tiquet, les deducen de su dinero el pago de la comida y dicen que su jornada laboral comienza a las 3:00 de la mañana y se extiende hasta las 5:00 pm.

“Elmer”, un trabajador, contó a la prensa regional: “Aquí uno hace de todo y no existen horas extras. En la factura sólo hay deducciones”. “No podemos quejarnos porque nos amenazan con mandarnos con los ‘paracos”, dijo Carlos Pinto, de 59 años. Los salarios están por debajo del sueldo mínimo y se trabaja mucho más de ocho horas. Duermen en cuartos hacinados y sin ventiladores. Tampoco tienen sanitarios, ni agua potable. Por tanto, solicitan a las autoridades, especialmente a la Defensoría del Pueblo intervengan en las fincas.

Elmer, quien es nacionalidad colombiana, relató a los periodistas que su jornada de trabajo era pagada en 10 mil bolívares, y no en los 17 mil que corresponden según el decreto presidencial que establece el salario mínimo vigente en 512.325 bolívares. Según estimaciones del diario Panorama, esto significa que una hora de su trabajo cuesta 1.416 bolívares, tiempo en el que ordeña 11 reses que producen un mínimo de dos litros cada una y el litro se vende en 1.150 bolívares a puerta de corral, según la banda de precios de la Confederación Nacional de Ganaderos (Cofagan). De modo que, la ganancia para la empresa en una hora de trabajo de Elmer, es de 25.300 bolívares, 18 veces lo que él se gana. A pesar de esta condición, prefiere laborar del lado venezolano: “El trabajo se puso fregón allá en Colombia. Pescaba abajito de un pueblo del Banco Magdalena, donde estaba la ciénaga de Zapatosa. No me quedé porque se formaban varias bandas de paramilitares y guerrilleros y no nos dejaban pescar sino cuando a ellos les daba la gana. Tenía que pagarles pa’ que me dejaran pescar”.

La situación se repite en las diferentes fincas ganaderas de la zona. A unos 50 kilómetros al sur, también municipio Catatumbo, por la vía Encontrados - El Guayabo hay unas 20 propiedades grandes, que pese a tener muchos más de 20 trabajadores —hasta 200—, tampoco ofrecen el pago de la comida y lo deducen de los sueldos. Carlos, uno de los obreros que ejerce trabajos de albañil, ordeñador y recolector de cosechas, dice “Aquí ganamos 210 mil bolívares catorcenales y nos descuentan 60 mil para la comida. Además la carne no se compra en mercados, sino que la vende la misma hacienda. Una tubería metida en el monte es de donde cargamos agua para beber y bañarnos. Solamente alcanza pa’ un filtrico de donde toman más de 200 peones y como no llega siempre, no nos podemos bañar todos los días, con todo lo que se suda en el campo”.

Por su parte, el gerente de la hacienda El Chao, Edinson Portillo, defendió al sector ganadero de las acusaciones asegurando que los salarios y las deducciones se hacen conforme a la ley, “Les damos el sueldo mínimo y si le deducimos dinero para la comida es porque le damos el almuerzo, pero ellos deben pagar el desayuno y la cena que también consumen y nosotros no estamos obligados por la Ley de Alimentación para los Trabajadores a darles más de una”. Jorge Prado, presidente de la Confederación de Ganaderos (Cofagan) Zulia, aseguró que la instancia vela por que se respete el salario rural de los trabajadores. “Tal es nuestra preocupación por el tema que nos hemos reunido con el Ministerio del Trabajo para solicitarle que los salarios rurales se homologuen a los urbanos. En cuanto a la cesta tique, no es obligatorio en empresas que tienen menos de 20 trabajadores, si esa ley se incumple el obrero puede asistir a nuestras oficinas ubicadas —en el caso del Sur del Lago—, en el kilómetro 5 de Santa Bárbara. Allí serán atendidos por asesores jurídicos nuestros”. (Panorama, 04.02.07, 1/12).

Los habitantes de Villas del Nazareno, en la parroquia Juan de Villegas al oeste de Barquisimeto, denuncian el retraso en el programa de Sustitución de Ranchos por Vivienda, cuyas obras sufren un retraso de casi un año. Nancy Torreles, habitante del sector, afirmó que en mayo del 2006 le informaron el inicio del programa, cuya finalización estaría lista en los siguientes dos meses. “Para permitir la construcción todos –los habitantes- tuvimos que reducir el espacio de los ranchos donde vivíamos, por ello, nuestras condiciones de vida actuales son deplorables”. La comunidad asegura que cada vez que denuncian la situación “las cooperativas vienen, construyen un poquito y se vuelven a ir por falta de recursos”. Un total de seis cooperativas son las encargadas de la construcción de las nuevas casas para Villas del Nazareno. Una de ellas, denominada Cooperativa La Aguilar, tenía bajo su responsabilidad la materialización de 19 viviendas, pero debido a fallas en la ejecución fue sustituida por los funcionarios de la Fundación Regional de Vivienda (Funrevi). Las 19 familias se encuentran viviendo en pequeños ranchos de seis metros de alto por dos de ancho, aproximadamente. Con sus enseres amontonados, al lado de cada pequeña vivienda se encuentran los pozos sépticos. (El Impulso, 02.02.07, A/14).

Por su parte en Mariara, estado Carabobo, los beneficiarios del programa ubicados en el barrio Corazón de Jesús denunciaron la mala construcción en la obra y la lentitud de los trabajos. Tras siete meses de labores apenas se han levantado 24 casas, las cuales fueron habitadas por los vecinos debido a las lamentables condiciones habitacionales en las que se encontraban. Pero según el juicio de Nelsy Pérez, presidenta del Comité de Tierra, en vez de cambiar rancho por casa, están cambiando rancho por rancho: “Las viviendas presentan fallas, las puertas si abren por fuera no abren por dentro, los marcos están descuadrados, las griferías son llaves de paso. A nuestro parecer, mejor vivíamos en nuestros ranchos”. Además, agregó que a las casas no se les coloca pasta profesional, las tuberías de aguas negras tienen que ser conectadas por los beneficiarios, las griferías las colocan tan pegadas a la pared que impiden abrirlas o cerrarlas con facilidad. Asimismo, deben adquirir las salas de baño porque les han dicho que el presupuesto de 40 millones por casa no alcanza para más. Pérez aseguró que el presidente del Instituto Municipal de la Vivienda en Diego Ibarra (Invidibarra) impone empresas de construcción contrariando el mandato que estipula que los trabajos deben ser realizados por cooperativas. (Notitarde, 29.01.07, pag. 13).

En la ciudad capital se ha presentado la misma situación. En San José de Cotiza a un centenar de familias les prometieron sustituir los contenedores metálicos en los que habitaban por casas dignas. Los beneficiarios han denunciado una serie de irregularidades que han paralizado su construcción. La primera queja es que los trabajadores han sido trasladados a otras construcciones, por lo que desde noviembre pasado apenas hay 5 obreros para finalizar las 40 viviendas faltantes. Asimismo, aseguran que las autoridades se han llevado materiales de construcción del sitio sin brindar ninguna explicación, por lo que algunas de las casas entregadas están inconclusas. “No son tan dignas como prometieron”, comentó a la prensa nacional Francisco Jiménez.

Tras el anuncio del presidente Chávez sobre el inicio del programa de sustitución, en noviembre de 2005, muchas de las familias fueron alojadas en hoteles del centro de la ciudad mientras se realizaban las labores. La zona dejó de llamarse barrio Las Casitas y fue rebautizada como urbanización Sol del Avila. Al inicio del proyecto, la comunidad contaba con un transporte para llevar a los niños a la escuela, que fue suspendido a los pocos meses. Los beneficiarios esperan que el Presidente interceda para que el complejo sea terminado de una vez por todas. (Ultimas Noticias, 23.01.07, pag.4).

Según el mensaje presidencial 2006 entregado por el presidente Hugo Chávez a la Asamblea Nacional, para finales del 2006 la pobreza se redujo hasta un 32%. La cifra contrasta con la ofrecida para el primer semestre del año pasado, cuando según los datos manejados por el Instituto Nacional de Estadística la misma llegaba al 33,9%. Por su parte, las cifras de pobreza extrema no mostraron cambios. Según el informe presidencial para finales de año "los hogares en pobreza extrema retroceden a 10,6%", cifra similar a la registrada por el INE para el primer semestre del 2006.

Según el mensaje presidencial, la superación de la situación de pobreza extrema se expresa fundamentalmente en logros alcanzados por las misiones. Destaca la existencia de la misión Mercal como fundamento para alcanzar la seguridad alimentaria del país. "Se cuenta con una red de establecimientos constituida por 15.739 locales de la Misión Mercal. De estos establecimientos 13.978 son Mercalitos (bodeguitas) y 1.217 son Módulos Tipo I y II, los cuales se encuentran ubicados en las barriadas y zonas rurales". El mismo informe reconoce una reducción de 45,1% en el número de beneficiarios de Mercal en 2006, sin embargo, otros proyectos de la Misión Alimentación alcanzaron sus metas. "Se ha actuado con criterio de igualdad y teniendo en cuenta necesidades no satisfechas; en tal sentido se avanzó en el combate del hambre de los excluidos, con programas de alimentación gratuita y con descuentos de 50%, que incluye las modalidades de Casa de Alimentación, Mercal Protección y Máxima Protección, permitiendo beneficiar a 2.430.479 personas que recibieron alimentación gratuita durante todo el año". Hasta el 14 de noviembre de 2006 las casas de alimentación habían atendido a 887.400 venezolanos, cifra similar a la registrada durante todo 2005, cuando llegó a 900.600 personas.

Vale la pena destacar que algunas entidades mejoraron el alcance de esta misión, al pasar de 9.000 beneficiarios hasta 103.650 beneficiarios, como es el caso del Distrito Capital. Pero existen estados en los que se ha descuidado el programa como Amazonas donde se llegaron a atender en 2005 un total de 111.150 personas, mientras que hasta mediados de noviembre de 2006, el número de beneficiarios era de sólo 7.500. (El Universal, 29.01.07, 1/13)

• Cumplir con el compromiso de eliminación progresiva del cobro directo e indirecto a los usuarios en la prestación de los servicios de salud.

• Garantizar recursos para el funcionamiento del Sistema Público de Asistencia a la Salud, que permita la dotación y mantenimiento de equipos, insumos médico quirúrgico y básicos de atención al paciente de manera permanente.

• Fortalecer el Programa Ampliado de Inmunizaciones del Ministerio de Salud y Desarrollo Social (MSDS), ampliando su cobertura en la población de niños/as de hasta 5 años hasta el 100%.

• Fortalecer los sistemas nacional y regional de registros de datos en salud que permitan obtener datos confiables para la elaboración y aplicación de políticas de salud preventivas.

• Aprobar y promulgar una nueva ley de salud acorde con los parámetros establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, con participación de los sectores involucrados y particularmente de los Comités de Salud.

• Aumentar la inversión pública en salud para llegar progresivamente a no menos del 5% del PIB, según lo establece la Organización Mundial de la Salud.

• Integrar el presupuesto destinado a la Misión Barrio Adentro al presupuesto del MSDS con el fin de asegurar la continuidad del plan y solventar la fragmentación del sistema público de asistencia a la salud.

• Garantizar un presupuesto adecuado para los estados, cumpliendo con criterios de distribución en materia poblacional. En las redes hospitalarias y ambulatorias, realizar una mayor y mejor inversión con control de gestión.

• Garantizar el acceso a medicamentos a toda la población que lo requiera y especialmente a aquellos que padecen enfermedades crónicas.

• Actualizar el anuario de mortalidad y disminuir la tasa de mortalidad materna y mortalidad infantil hasta lograr el cumplimiento de los objetivos planteados en la Cumbre del Milenio.

•  Garantizar el cumplimiento de las Normas para la Clasificación y Manejo de Desechos en los establecimientos de salud.

• Relevar la salud mental dentro de las prioridades de las políticas públicas de salud.

•  Actualizar el registro nacional de personas con VIH/Sida en el país.

•  Acentuar los esfuerzos para lograr la integración normativa, programática y territorial entre el sistema sanitario público y los centros de salud de la Misión Barrio Adentro, principalmente entre los consultorios populares (provisionales y módulos) de la primera etapa de BA, los nuevos centros de diagnóstico y rehabilitación de la segunda etapa; y los ambulatorios y hospitales públicos.

• Desarrollar y poner en práctica un Modelo de Gestión para los consultorios populares (provisionales o módulos), que defina claramente la composición, estructura y responsabilidades del equipo de salud que debe realizar labores permanentes o eventuales en cada consultorio.

• Establecer una normativa clara y sencilla para la constitución y el fortalecimiento de los Comités de Salud en la MBA, que no afecte su carácter voluntario, su autonomía respecto a las responsabilidades de los órganos públicos ni su papel como instrumento de participación comunitaria en la promoción y defensa de la salud de todos los miembros de la comunidad.

• Formular y poner en ejecución un programa y sistema de abastecimiento, dotación y mantenimiento regular de los consultorios populares, en función de la programación y el volumen de actividades realizadas por estos, estableciendo para cada parroquia, municipio y estado el ente público encargado de coordinar la ejecución del programa y, a nivel nacional, el ente público encargado de fijar las políticas y de coordinar el financiamiento para garantizar su sostenimiento.

• Acelerar la construcción y equipamiento de los módulos de la MBA que faltan para reemplazar los consultorios provisionales en todos los estados del país, considerando la ampliación del tamaño de los mismos y garantizando el control estricto de la calidad de construcción y su ubicación, en correspondencia con la opinión de las comunidades y los criterios que deben aplicarse respecto al entorno inmediato de una edificación que presta servicios de salud.

El referido menor de edad se encontraba detenido en el módulo cuando aparentemente fue ajusticiado dentro del mismo. Guerrero falleció a los pocos minutos de haber ingresado al hospital de Los Magallanes de Catia con un impacto de bala en el pecho. Los mismos policías metropolitanos lo trasladaron al centro asistencial. La víctima trabajaba vendiendo verduras, dejando huérfano a un niño de año y medio. (Ultimas Noticias, 17.01.07, pag. 26). Luego de que fuera enterrado en el Cementerio General del Sur, algunos vecinos y vecinas enardecidas se apostaron en las cercanías de la sede policial. Inicialmente fueron repelidos por un grupo de efectivos que trataron de disipar la concentración. Sin embargo, los protestantes no se sintieron intimidados ante la acción de los funcionarios y entre piedras y botellas lograron que los policías metropolitanos abandonaran preventivamente el lugar. En ese momento aprovecharon para ingresar al módulo rompiendo puertas, ventanas y paredes, y luego incendiaron la instalación. Una vecina indicó: "Esto que hicimos fue porque no hay derecho de que hayan matado a un joven sano, sin antecedentes y trabajador". (Ultimas Noticias, 18.01.07, pag. 28).

El 09.02.07 se informaba que la propia comunidad había sido víctima de varios robos debido a la clausura del módulo policial tras el incendio. Un grupo de vecinos y los trasportistas del Bloque del Oeste convocaban para la realización de un Cabildo Abierto, en el que esperaban asistieran autoridades de las alcaldías Mayor y de Libertador. José Montoya, presidente del gremio de los conductores, afirmó “Aquí parece el Lejano Oeste. Proponemos quitar los escombros del antiguo módulo policial y pedir que erijan uno nuevo”. (El Universal, 09.02.07, 3/3).

El sábado 10 de febrero de 2007 el activista de derechos Humanos JOSÉ LUIS URBANO, presidente de la Asociación Civil Pro Defensa del Derecho a la Educación fue objeto de un atentado cometido por sujetos desconocidos.

El señor Urbano fue herido de bala cuando se encontraba en compañía de su esposa. Como pudo se subió a su carro y alcanzó a llegar a una estación de venta de gasolina, donde se encontraba una patrulla policial estacionada, quienes procedieron a prestarle auxilio y trasladarlo a un hospital.

El señor Urbano ha venido denunciando irregularidades en el manejo de fondos en la administración del sistema educativo en el estado Anzoátegui y la violación a la gratuidad de la educación pública. En un trabajo de investigación realizado por la Asociación, demostraron como en un porcentaje importante de escuelas y liceos públicos se obliga a los padres y representantes a pagar matricula y otros gastos a pesar de que la Constitución dice que la educación es gratuita.

Tanto la Asociación como la Fundación de Derechos Humanos del estado Anzoátegui, responsabilizan  como autores  intelectuales del atentado a los ciudadanos Filiberto Martínez jefe de la Zona Educativa de Barcelona y  al Gobernador del estado Tarek Willian Saab quienes públicamente han descalificado la actuación de la Asociación.

Quienes quieran conocer más del trabajo que viene desarrollando la Asociación Pro- defensa de la Educación pueden consultar su página web:  http://www.prodefensadelaeducacion.edu.tf/

Provea ha venido insistiendo en la reiterada violación de la Constitución y de la jurisprudencia de la Corte Interamerica de Derechos Humanos por parte de la justicia militar al procesar a civiles en tribunales militares. En esta oportunidad la víctima es el joven Juan Bautista Salas quien logró acercarse al Presidente de la República en pleno acto de celebración del Golpe de Estado del 04 de febrero de 2002.

La evidente negligencia de los encargados de la seguridad del Presidente y la audacia del joven quien en otras oportunidades ha realizado hechos similares, pero sin agredir a nadie ni usar arma alguna, es procesada por la justicia militar por el delito de “ultraje al centinela”.

Llama la atención el reiterado silencio de la Defensoría del Pueblo ante el juzgamiento de civiles en tribunales militares, institución que tiene como mandato velar por los derechos humanos de todos los ciudadanos. Esta actitud omite la recomendación de la Comisión y Corte del Sistema Interamericano de Protección a los Derechos Humanos, que apunta que “"En cuanto a los aspectos jurisdiccionales, la Comisión le recuerda a los Estados miembros que los ciudadanos deben ser juzgados por sus jueces naturales, regidos por el derecho común y la justicia ordinaria. Por lo tanto los civiles no deben ser sometidos a la jurisdicción de tribunales especiales. La utilización, por ejemplo, de tribunales militares debe estar limitada al enjuiciamiento de miembros de las Fuerzas en servicio activo, por las faltas o delitos de función. En todo caso, esta jurisdicción especial debe excluir los delitos de lesa humanidad y las violaciones a los derechos humanos". Asimismo, se incumple la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la cual especifica en su artículo 261 que “la competencia de los tribunales militares se limita a delitos de naturaleza militar”.