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Una lectura de la realidad venezolana
desde los derechos humanos |
Boletín electrónico Nº 182
Del 24 de febrero al 5
de marzo 2007 |
EFEMERIDES DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL MES DE MARZO
CONTEXTO
* Declaran el 27-F Día Nacional por el respeto a los Derechos Humanos
* Organizaciones de Derechos Humanos expresan preocupaciones por la Ley Habilitante
* Foro por la Vida alarmado por atentado a defensor de derechos humanos en Anzoátegui
* CIDH inicia su 127º período de sesiones programando 4 audiencias sobre Venezuela
DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
* Damnificados del Refugio Simón Rodríguez denuncian irregularidades
* Ejecutivo Nacional finalizó 33.867 viviendas en el 2006
* Caracas: Lanzamiento de la Campaña "Cero Desalojos"
* Habitantes de Guarenas exigen consulta popular para el cambio de nombre de la Urbanización “Menca de Leoni”
* Valencia: Ancianos manifiestan por seguridad social
* Denuncian nueva agresión contra comunidades Yukpa
* Realizarán consulta nacional acerca de la Ley de Educación
* Ejecutivo Nacional adopta medidas para asegurar derecho a la alimentación
* Incertidumbre en torno a los mercados para la economía informal
* Promueven redes de familiares de pacientes con Fibrosis Quística
* Indicadores sobre el derecho a la alimentación y el salario justo
* Mineros exigen pago de indemnizaciones prometidas por el ejecutivo nacional
* Propuestas y exigencias de Provea a los poderes públicos sobre el derecho a la salud
DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
* Manifestaciones reprimidas durante el mes de febrero
* María del Rosario Guerrero Galluci denuncia intimidación por parte del gobernador Eduardo Manuitt
* Valencia: Gobernador anuncia apertura de juicio militar contra manifestantes
* Organizarán Encuentro Internacional de Mujeres en Venezuela
* Indicadores sobre el derecho al asilo y el refugio
* Amenazan la integridad de defensor de DDHH en Anzoátegui
* Propuestas y exigencias de Provea a los poderes públicos sobre el derecho a la libertad de expresión e información
A DEBATE: MULTA A VESPERTINO TAL CUAL
* Carolina Fernández: "La Multa a TAL CUAL y su libertad de expresión"
* Periodistas por la Verdad: "Apoyo a Tal Cual del SNTP es un acto demagógico"
* Laureano Márquez: "La historia me absorberá"
* Andrés Cañizalez: "Señales preocupantes"
* Editorial "Querida Rosinés"
INVITACIONES A EVENTOS
* Foro Red Tolerancia: "Alternancia en el ejercicio del poder o posibilidad de reelección indefinida"
ARTÍCULOS
* Soraya El Achkar: "Nunca es tarde cuando la policía es buena"
NOVEDADES DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN TODOS LOS DERECHOS PARA TODOS
* "Agua: construcción social de un derecho humano"
* "Desafíos para la diplomacia indígena"
* "Iter Humanitas: revista de filosofía y humanidades"
DOCUMENTOS
* Declaración del Foro Mundial por la Soberanía Alimentaria
* Declaración de las mujeres por la Soberanía Alimentaria
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| EFEMÉRIDES DE DERECHOS HUMANOS DEL MES DE MARZO |
08 Día de las Naciones Unidas para los Derechos de la Mujer
14 Día Mundial de Acción Contra las Represas, a Favor de los Ríos, el Agua y la Vida
15 Promulgación del voto directo, universal y secreto para hombres y mujeres mayores de 18 años en Venezuela (1946)
21 Día Mundial para la Eliminación de la Discriminación Racial
21 Día Mundial de la Poesía
21 Día Forestal Mundial
21-27 Semana de Solidaridad con los Pueblos que Luchan Contra el Racismo y la Discriminación Racial
22 Día Mundial del Agua
24 Ejecútese de Ley de Abolición de la Esclavitud en Venezuela (1854)
24 Asesinato del Obispo Oscar Arnulfo Romero (1980)
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CONTEXTO//
Declaran el 27-F Día Nacional por el respeto a los Derechos Humanos |
El martes 27.02.07, la Asamblea Nacional, reunida en sesión especial desde la plaza Bolívar de la parroquia El Valle, conmemoró los 18 años del “Caracazo”, aquella explosión social realizada como consecuencia de la aplicación de un conjunto de medidas económicas por parte del entonces presidente de la República, Carlos Andrés Pérez.
Al comenzar la sesión, la presidenta de la AN, diputada Cilia Flores (MVR/DC), pidió la lectura de las recomendaciones realizadas por el defensor del Pueblo, Germán Mundaraín en el informe elaborado en torno a los hechos.
Las tres sugerencias indicaban:
1) Reafirmar lo acordado en las actas de las sesiones ordinarias realizadas el 26 de febrero de 2002 y 24 de febrero de 2005 mediante las cuales, se insta al Ministerio Público y tribunales competentes a que concluyan las investigaciones, establezcan las responsabilidades a que hubiere lugar y sancionen a los autores materiales e intelectuales de los hechos del 27 y 28 de febrero de 1989.
2) Efectuar las gestiones pertinentes a objeto de la aprobación de recursos presupuestarios adicionales para el Ministerio del Poder Popular de Finanzas con la finalidad de que se reanuden las reparaciones e indemnizaciones materiales a las víctimas indirectas.
3) Declarar el 27 de febrero como Día Nacional por el respeto de los Derechos Humanos.
Las propuestas realizadas por el representante del Poder Ciudadano fueron aprobadas por unanimidad. Seguidamente, la diputada Cilia Flores explicó que la Plaza Bolívar de la parroquia El Valle había sido escogida para la reunión debido su protagonismo en los sucesos desencadenados el 27 de febrero de 1989.
Más información en http://www.asambleanacional.gov.ve/ns2/noticia.asp?numn=10710
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CONTEXTO//
Organizaciones de Derechos Humanos expresan preocupaciones por la Ley Habilitante |
El Foro por la Vida, Coalición de organizaciones de derechos humanos de Venezuela, expresa honda preocupación por la extensión y contenido de la Ley Habilitante sancionada por la Asamblea Nacional el 31 de enero.
El contenido de la Ley Habilitante presenta deficiencias que permiten afirmar que no es apegado a la Constitución vigente (Arts. 203, 236-8), pues la habilitación otorgada al Ejecutivo es de tal magnitud que prácticamente se le constituirá en el legislador ordinario, al menos en el principal legislador durante un muy prolongado período de tiempo (año y medio). La principal justificación que se ofrece es que supuestamente el pueblo lo quiere, lo demostró en las elecciones en que reeligió al Presidente y la Asamblea interpreta al pueblo. (Tomado del discurso de los diputados en primera discusión de fecha 18 de Enero de 2007)
En la Ley Habilitante se enumeran 11 ámbitos, cada uno de los cuales contiene una gama tan amplia de materias, que es difícil imaginar materias que no pudieran estar incluidas en alguno. Materias objeto de reserva legal, y de regulación por ley orgánica, tales como el establecimiento de delitos y penas, regulación sobre derechos humanos; modificación de importantes textos normativos para las libertades públicas como los códigos civil y mercantil, están todos abarcados por la Ley Habilitante, entre muchísimos otros. Los ámbitos referidos son: transformación de las instituciones del Estado, participación popular, valores esenciales del ejercicio de la función pública, económico y social, financiero y tributario, seguridad ciudadana y jurídica, ciencia y tecnología, ordenación territorial, seguridad y defensa; infraestructura, transporte y servicios; y energético. En estos ámbitos las normas serán producidas por el Ejecutivo, sin garantías de debate plural, ni de participación. La definición jurídica de los destinos del país estará en manos del Ejecutivo y no del Legislativo como debe ser en un sistema democrático.
En igual medida nos preocupa que las máximas autoridades del Poder Judicial de antemano se hayan pronunciado de manera favorable a la concesión de facultades extraordinarias al Poder Ejecutivo Nacional; en tal sentido los pronunciamientos públicos del Presidente del Tribunal Supremo de Justicia y de la Presidenta de la Sala Constitucional del TSJ parecen indicar que de antemano está cerrada la vía jurisdiccional para quienes pretendan demandar la inconstitucionalidad de la Ley Habilitante o de alguno de los decretos-leyes que se dicten en ejecución de la misma.
Ante esta situación se considera importante recordar que:
1. La Constitución venezolana establece la posibilidad de que el Poder Legislativo, a través de una ley habilitante, delegue en el Poder Ejecutivo Nacional la potestad de dictar normas con el rango y la fuerza de las leyes, es decir, para que dicte Decretos-Leyes (Art. 203 Constitución de 1999). Sin embargo, se trata de facultades excepcionales, no ordinarias. La delegación tiene importantes y graves implicaciones para los ciudadanos y el ejercicio de su derecho a la participación, pues su consecuencia inmediata es la supresión del debate público por el mecanismo constitucionalmente establecido; por lo que estas facultades deben ser interpretadas de manera restrictiva y no amplia.
2. La función legislativa y la ejecutiva deben ser ejercidas por órganos diferentes del Estado, esto se fundamenta en la necesidad de que exista separación de poderes, es decir, que el Poder Público no esté concentrado en un solo órgano (menos aún en una sola persona), y que exista equilibrio y mutuo control entre los distintos órganos que ejercen el poder, para evitar, contener o reorientar, la tendencia al ejercicio abusivo del poder, que plantea su acumulación irrestricta.
3. Lo ordinario es que las normas con fuerza y rango de ley sean dictadas por el Legislativo, porque es el órgano que ofrece mayores garantías a los ciudadanos, pues el proceso de formación de las leyes en su seno está definido constitucionalmente para posibilitar el debate plural y participativo, así “se permite a las minorías expresar su inconformidad, proponer iniciativas distintas, participar en la formación de la voluntad política o influir sobre la opinión pública para evitar que la mayoría actúe arbitrariamente.” 1
4. Una ley habilitante debe ser adecuadamente motivada. No debe justificarse la delegación con la idea de que el Ejecutivo conozca mejor cuál deba ser el contenido de las normas, pues la propia Constitución exige a los parlamentarios no limitarse a enunciar materias, sino fijar la orientación que deberán seguir los decretos leyes, identificando las directrices, propósitos y el marco.
5. La posibilidad de delegación no se ciñe exclusivamente a las materias económica y financiera (a diferencia de lo establecido en la Constitución de 1961), sin embargo, en la Constitución vigente no se faculta para la delegación en conjunto de todas las materias, o de una amplia gama de éstas, debido al carácter extraordinario de la habilitación para legislar por decreto.
6. Debe tomarse en cuenta que la Ley Habilitante afectaría la reserva legal: “La protección de los derechos humanos requiere que los actos estatales que los afecten de manera fundamental no queden al arbitrio del poder público, sino que estén rodeados de un conjunto de garantías enderezadas a asegurar que no se vulneren los atributos inviolables de la persona, dentro de las cuales, acaso la más relevante tenga que ser que las limitaciones se establezcan por una ley adoptada por el Poder Legislativo, de acuerdo con lo establecido por la Constitución...(se trata de) la llamada reserva de ley, de acuerdo con la cual los derechos fundamentales sólo pueden ser restringidos por ley, en cuanto expresión legítima de la voluntad de la nación. La reserva de ley … es un elemento esencial para que los derechos del hombre puedan estar jurídicamente protegidos y existir plenamente en la realidad” 2
7. Aun cuando la Constitución no establece un lapso máximo la interpretación restrictiva de estas figuras debe llevar a que se establezca el tiempo más breve posible. Lapsos muy extensos serían contradictorios con el requerimiento de urgencia que justifica la delegación. Tanto los lapsos extensos como la amplitud de materias desnaturalizarían estas figuras dándoles carácter ordinario.
24.02.07
Suscriben:
Acción Ciudadana Contra el Sida (ACCSI)
Cáritas de Venezuela
Cáritas Los Teques
Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello
Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Margarita
Comisión Justicia y Paz del Secretariado Conjunto de Religiosas y Religiosos de Venezuela(SECORVE)
Comité de Familiares de Víctimas de los sucesos del 27 de Febrero y Marzo del 89(COFAVIC)
Fundación de Derechos Humanos del Estado Anzoátegui
Observatorio Venezolano de Prisiones
Programa Venezolano de Educación – Acción en Derechos Humanos (PROVEA)
Servicio Jesuita a Refugiados
Vicaría Episcopal de Derechos Humanos de la Arquidiócesis Caracas
Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinión Consultiva 6 del 9 de mayo de 1986
Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinión Consultiva 6 del 9 de mayo de 1986
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CONTEXTO//
Foro por la Vida alarmado por atentado a defensor de derechos humanos en Anzoátegui |
En una carta dirigida el 16.02.07, al gobernador de Anzoátegui, Tarek William Saab, el Foro por la Vida, coalición de organizaciones de derechos humanos de Venezuela, expresó alarma por la situación de José Luís Urbano, defensor de derechos humanos, quien ha sido objeto de amenazas y de atentado con arma de fuego, hechos que aparecen vinculados a su trabajo previo como Presidente de la Asociación Civil Pro-Defensa del Derecho a la Educación, y en los que según denuncia de la víctima, pudiera estar implicada la responsabilidad de autoridades públicas del Estado Anzoátegui.
El atentado con arma de fuego tuvo lugar el sábado 10 de febrero a las 4 de la tarde, luego de que Urbano recibiera el viernes en la noche amenazas telefónicas en aparente respuesta a una rueda de prensa que su organización realizó ese mismo día en la mañana, para denunciar irregularidades en el sistema educativo público del estado Anzoátegui. El disparo le impactó el intercostal izquierdo y Urbano hubo de ser operado de emergencia. Actualmente su estado de salud es estable. Sin embargo, los hechos que se sucedieron el día lunes 12 revelan la gravedad de la situación, ya que un sujeto que dijo llamarse “inspector Aguache” se apersonó en la habitación para amenazarlo nuevamente. José Luís Urbano actualmente cuenta con protección policial, pero según reportes de prensa publicados el jueves 15, dicha protección será suspendida una vez que Urbano sea dado de alta del centro hospitalario donde se encuentra.
La Asociación Civil Pro-Defensa a la Educación en el estado Anzoátegui, y en especial su presidente José Luís Urbano, desde hace un año ha venido denunciando irregularidades en el sistema escolar público, entre otras, cobro de matrículas, bajo la denominación "colaboraciones" en la inscripción de los niños y adolescentes.
Esta Asociación ha sido asesorada y acompañada por la Fundación de los Derechos Humanos del Estado Anzoátegui (organización de larga trayectoria en el Estado, y miembro de la coalición Foro por la Vida), y por el Defensor Delegado del Pueblo en el Estado Anzoátegui, Licenciado Noel Azócar. Conjuntamente han venido desarrollando trabajo en materia de derecho a la educación, a través de visitas en los sectores más vulnerables de la zona sur de la ciudad de Barcelona, Municipio Bolívar, Estado Anzoátegui, donde comentan que han “observado que el Plan Emergente Bolivariano, funciona de una forma infrahumana, en ranchos de zinc con piso natural de tierra, carencia de pizarra y de asientos para los niños (quienes se sientan en el piso)”; igualmente comentan que “en entrevista con las personas que, sin previa preparación, hacen el papel de maestros, nos informaron que la Zona Educativa les cancela por colaboración una cantidad que no llega a la cuarta parte del salario mínimo”.
En meses anteriores, José Luis Urbano y el Defensor Delegado del Pueblo del Estado, reiteradamente denunciaron públicamente al Jefe de la Zona Educativa, Licenciado Filiberto Martínez y a la Dirección de Educación de la Gobernación del Estado Anzoátegui. A través de una jornada de recolección, lograron dotar de uniformes y útiles escolares a los niños, lo que pudo ser interpretado como un modo de denuncia de niveles de inoperancia e ineficiencia de estos planes de emergencia.
En la actividad pública del viernes 09, un día antes del atentado, José Luís Urbano y el Defensor Delegado del Pueblo invitaban a las empresas públicas y privadas y a la comunidad en general a una jornada de “Radio Maratón” para la recolección de útiles escolares a favor de los niños que estudian en el Plan Emergente Bolivariano.
Defensores deben ser protegidos por las autoridades
El Foro por la Vida recordó en su carta que “los instrumentos internacionales protegen la actividad de los defensores de derechos humanos, en este sentido, la Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos, contenida en la Resolución 53/144 aprobada por la Asamblea General de la ONU el 8 de marzo de 1999, en su artículo 12.2 establece que “El Estado garantizará la protección por las autoridades competentes de toda persona ... frente a toda violencia, amenaza, represalia, discriminación, negativa de hecho o de derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria resultante del ejercicio legítimo de los derechos mencionados en la presente Declaración”. Una Declaración equivalente existe en el marco de la OEA, contenida en Resolución de la Asamblea General 56/163, del 20 de febrero de 2002”.
“Así mismo, el trabajo de los defensores de derechos humanos en general, y el de José Luís Urbano y la Asociación Civil Pro Defensa del Derecho a la Educación, tiene por objeto movilizar a las autoridades públicas en favor de los grupos de personas afectados. Lo que se espera de las autoridades públicas es que reconozcan la situación real de las personas afectadas, y que se comprometan a mejorarla y a cumplir con sus obligaciones internacionales en la materia”.
Finalmente dice el Foro por la Vida en su carta al gobernador de Anzoátegui que resulta “absolutamente repudiable la práctica de amenazas y atentados para tratar de acallar las denuncias de los defensores de derechos humanos sobre posible ineficiencia de la gestión pública. Las diferencias políticas o de cualquier orden que las autoridades públicas puedan tener con el trabajo de las organizaciones deben resolverse por medios legales. Estos hechos deben ser investigados y se debe determinar si existe vinculación entre los mismos y las autoridades señaladas en las denuncias previas efectuadas por la víctima”.
“Las organizaciones del Foro por la Vida respaldamos el trabajo de los defensores de derechos humanos de la Asociación Civil Pro Defensa del Derecho a la Educación en Anzoátegui, y concretamente el de José Luís Urbano; solicitamos se investigue los hechos y se identifique y exija responsabilidad a sus autores materiales e intelectuales; solicitamos el cese de amenazas y atentados contra el trabajo de estos defensores del derecho a la educación; y solicitamos se tomen medidas precisas para garantizar su integridad física y moral, y la de su familia, así como el desempeño de la misión de las Asociación Civil Pro Defensa”.
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CONTEXTO//
CIDH inicia su 127º período de sesiones programando 4 audiencias sobre Venezuela |
El 26 .02.07 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) inició su 127º período ordinario de sesiones, durante el cual considerará peticiones, casos, medidas cautelares e informes temáticos y generales sobre derechos humanos. El período de sesiones, compuesto por audiencias y reuniones de trabajo, se extenderá hasta el 9 de marzo.
De las 48 audiencias programadas, 4 tratarán la situación de Venezuela. El 07.03.07 las organizaciones Acción Ciudadana contra el SIDA, COFAVIC, PROVEA, Vicaría de Derechos Humanos de Caracas y el CEJIL tratarán el caso "Situación de defensores y defensoras de derechos humanos en Venezuela". Ese día el gobierno venezolano también expondrá la "Situación de derechos humanos en Venezuela". Asimismo, en horas de la tarde, Cofavic y el Cejil tratarán "Seguridad ciudadana y grupos parapoliciales en Venezuela", cerrando la sesión del día con "Situación de institucionalidad, garantías y defensa de los derechos humanos en Venezuela", por parte de las organizaciones ACCSI, Espacio Público, COFAVIC, Observatorio de Prisiones, PROVEA y la Vicaría de Derechos Humanos de Caracas. Carlos Correa, de la organización Espacio Público, informó al respecto que "Lo que vamos a hacer es dar información sobre los temas que consideramos más relevantes sobre la libertad de expresión en Venezuela". (El Nacional, 22.02.07, A/2)
Destaca también que el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), junto con otros grupos del continente agrupados en el Observatorio Latinoamericano de Prisiones, expondrán el 02.03.07 el tema "Situación de personas privadas de libertad en las Américas".
Si se desea consultar el cronograma completo de las audiencias, visitar:
http://www.cidh.oas.org/Comunicados/Spanish/2007/6.07sp.htm
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DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES//
Damnificados del Refugio Simón Rodríguez denuncian irregularidades |

Un grupo de damnificados, habitantes del Refugio “Simón Rodríguez” en Caracas, se acercaron a la sede de Provea para denunciar irregularidades en el proceso de adjudicación de viviendas y en las condiciones en las que permanecen en el centro habilitado por la Alcaldía de Libertador. Provea visitó el refugio para constatar personalmente las denuncias y testimoniar la imposibilidad de las familias en acceder a una vivienda digna.
El refugio Simón Rodríguez esta ubicado en un área céntrica de la capital, a pocas cuadras del Teleférico de Caracas, en una instalación que antiguamente pertenecía a una cadena de supermercados. Forma parte del circuito de ocho refugios, habilitados por el gobierno regional, para asistir a quienes por lluvias, deslizamientos u otros accidentes deben abandonar sus hogares. Funcionado desde el 2005, su ubicación sugeriría la posesión de una infraestructura privilegiada, pero son varias las deficiencias que sufren el conjunto de 26 familias que actualmente lo habitan. El galpón, de techos de concreto, está dividido en una treintena de cubículos, de alrededor de 6 por 4 metros, los cuales son habitados, en algunas ocasiones, por diez personas. Dos grandes baños colectivos, divididos por sexo, apenas cuentan con dos pocetas, en correcto funcionamiento, para 101 personas. Las restantes están obstruidas. Las duchas no cuentan con las manillas y en los baños hay filtraciones permanentes. Sus habitantes coinciden en el reclamo acerca de la plaga de mosquitos y ratones, así como en el silencio recibido en los cuatro meses en que han exigido una fumigación. En contraparte semanalmente reciben, gratuitamente y con puntualidad, el suministro de alimentos y agua potable por parte de Defensa Civil. Las paredes y pisos del lugar, en el momento de la visita de Provea, estaban pintadas y limpias. Yusi Diaz, una joven coordinadora del Refugio y trabajadora social del municipio Libertador, se excusa por el estado de las instalaciones sanitarias: “Cuando las entregamos estaba todo en buenas condiciones. Ya se han hecho las peticiones para esas cosas: sifón, llaves, etc”. La Alcaldía suministra un agente policial que vigila por la seguridad nocturna de los habitantes del refugio, y en materia de seguridad no hay quejas. Las fotos ilustran sólo la entrada principal y el pasillo de acceso a las habitaciones.

TESTIMONIOS
Algunas de las familias que habitan en Simón Rodríguez tienen más de un año en el refugio. Cuatro casos denuncian que han sido beneficiados con subsidios habitacionales, pero sus cheques han sido cobrados por otras personas. El resto, aspira tener pronto una adjudicación de una vivienda que les devuelva tanto la dignidad como su intimidad.
Miccelena Ramos (1)
“Con mi cédula otra persona recibió un cheque de 55 millones de bolívares y yo todavía estoy aquí. Me dijeron que para el 22.12.06, cuando salieron cuatro personas, nos iban a llamar a todos, pues éramos 10 familias en total. Pasó diciembre, enero y fuimos a resolver eso a Miraflores. Ahí fue cuando descubrí la irregularidad. Un funcionario nos estaba ayudando, pero nos dijo que no tiene como seguir ayudándonos, que tenia las manos atadas. Nunca nos han querido dar la información completa del problema, el nombre de la persona que cobro el cheque. El llamado es al presidente de la republica, ya que el cree que ningún damnificado dura mas de 2 o 3 meses en un refugio. La prueba de eso somos nosotros. Ya no sabemos que hacer, pues hemos agotado todos los recursos y diligencias posibles. Mi familia son 6 personas y ya tenemos más de un año aquí esperando”.
Estefani Bravo (2)
“Soy damnificada desde hace un año y pico y en este refugio voy para 6 meses. A mi me recibieron una carpeta con documentos, pero antes se han extraviado cinco. Mis niños se han enfermado por estar aquí, y he salido tres veces de emergencia al Hospital JM de los Rios. Si los niños van hacia el baño no pueden bajar la poceta y tiene que quedar eso allí, y trae enfermedades. He realizado infinidad de diligencias. Hace cinco meses casi doy a luz en la sede del Ministerio de Hábitat, con eso te digo todo. Me la pasaba allá metida. Aprovecho para denunciar que he sido maltratada en estos sitios. En el Refugio de Pan de Azucar un soldado me dio una cachetada, y yo caí de espaldas, estando embarazada. Mi grupo familiar es de 6 personas.”
Lilian Landaeta (3)
“Nosotros somos 5 personas. A mi me llamaron para firmar el 21 de diciembre, fui al acto el 22 en el Fuerte Tiuna. A la hora de formar el cheque me dicen que tengo un problema con un número de la cédula, por lo que no me lo dan. Me dirigí a la Diex y pedí una constancia, me reseñaron y certificaron que no tenía ningún problema. Me dirijo de nuevo a Fuerte Tiuna y me dicen que iban a verificar mis datos con la orden para que me dieran el cheque. Después salen diciendo que no, que aparezco como beneficiaria en el sistema, como si hubiese cobrado un cheque. Me dijeron que no tenían la culpa, que quizás era por la administración anterior. Que ellos iban a investigar, que no me preocupara, que ellos me llamaban y esta es la fecha que todavía estoy esperando. Voy allá y hablo con ellos, y me dicen que hay 500 casos iguales, que tenemos que esperar porque eso es un sorteo porque ellos están resolviendo de 50 a 100 casos diarios, que eso es un sorteo y si uno entra allí a uno le dan curso rápido a eso, sino tienen que esperar. Todo el tiempo es un engaño. Cuando uno dice que va a salir a protestar, así si llaman de Hábitat y uno se queda esperando y no viene nadie. Si uno dice que va a ir a Miraflores a protestar, llaman para avisar que tal día todos vamos a salir de aquí, y la gente se queda esperando.”
Elias Aranda
“Nuestra situación comenzó cuando nos trajeron los bomberos, Hábitat y Defensa Civil a este refugio, hace más de un año y no hemos tenido respuesta. Después hemos ido al ministerio y nos dicen que a nos asignaron un cheque el 24.06.06 de 55 millones, lo cual es falso porque a nosotros no nos han dado nada. Eso nos ha acarreado problemas para la seguridad de mis hijos, tengo 6 niños. Quisiera que el gobierno entendiera nuestra situación. Nosotros teníamos un rancho antes, pero era nuestro. La última vez que fui y hablé con un funcionario en Miraflores, la licenciada Guzmán, y me dijo que tenia las manos atadas, que eso era problema del Ministerio. Allí me dijeron que yo ya había sido adjudicado de vivienda, y que en mi caso lo que estaba era buscando mas plata”.
Betzabe Sosa
“Vengo de Antímano, del parte del Barrio La Cruz en Santa Ana. Salí por alto riesgo y por violencia intrafamiliar. El gobierno me ayudó en una casa de la mujer maltratada, me trajeron hasta acá sabiendo que no era lo mas adecuado por las condiciones por las cuales me habían sacado de mi hogar. Estoy sola con mis 4 niños. Nos ofrecieron por ser damnificados 400 mil bolívares y no lo hemos visto. Vienen las señoras del Ministerio y nos engañan, lo que me da tristeza. Nos mandan a decir que dentro de tres días nos van a sacar de aquí y después nos mandan a decir que no. Tengo mis hijos enfermos, conseguí un trabajo y tuve que dejarlo porque acá no se pueden dejar a los niños solos. A un niño no me lo quisieron aceptar en la escuela por falta de papeles, pero ella tiene la obligación de darnos, y no querían. Tuve que llorar para que mis otros hijos estudiaran”.
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DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES//
Ejecutivo Nacional finalizó 33.867 viviendas en el 2006 |
Según la Memoria y Cuenta del Ministerio de la Vivienda para el 2006, el número de casas finalizadas en el año pasado fue de 33.867 viviendas de las 75.919 programadas. De la cifra inicial, 59.894 viviendas correspondías a soluciones habitacionales de períodos anteriores. Situación similar se registró con el programa especial que desarrolló el Gobierno con la banca y el sector privado. Mediante el plan Alianza Casa Media se contempló la realización de 17.234 unidades, pero se terminaron 6.481. Para ello se erogaron recursos por 377 millardos.
La Memoria y Cuenta refleja que los otros programas especiales también tuvieron retrasos. La sustitución de ranchos por vivienda, la cual ejecutan las cooperativas así como los gobernadores y alcaldes, contempló la transformación de 40.616 unidades, pero al final se culminaron 15.721 soluciones. Ello representó 38,71% de la meta y la inversión desembolsada fue 1,08 billones de bolívares. (El Universal, 01.03.07, http://noticias.eluniversal.com/2007/03/01/eco_art_195343.shtml). Para la fecha de cierre de este boletín, la Memoria y Cuenta 2006 no se encontraba disponible en la página web del Ministerio de Vivienda.
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DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES//
Caracas: Lanzamiento de la Campaña "Cero Desalojos" |
El sábado 03.03.07, en la sede de la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV) en Caracas, se realizó el lanzamiento de la “Campaña Cero Desalojos” desarrollada por diferentes coaliciones populares en busca de la eliminación de los desalojos en el área metropolitana de Caracas.
Estuvieron presentes: la Asamblea Metropolitana de Comités de Tierra Urbana, Conserjes Unidos por Venezuela, Red de Inquilinos, Provea y la Red Metropolitana de Inquilinos, en un evento realizado en el Salón Bolívar de la mencionada casa de estudios. Estas organizaciones señalaron que su motivación es debida a las amenazas de desalojos, la especulación del mercado inmobiliario y la mercantilización de la vivienda, lo que justifica la conformación de relaciones solidarias, participativas y justas para todas las personas que se encuentran en condiciones de desigualdad en el acceso a la vivienda.
La intención fundamental de esta campaña, es alzar la voz en contra de la oleada sistemática de desalojos forzosos e injustos que atentan contra el ejercicio del derecho a la vivienda digna consagrado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y crear directrices comunes, privando la denuncia y la organización de los y las afectadas como elemento cohesionador, que permitan hacer frente a los desalojos forzosos que se presentan y que atentan a diferentes comunidades del país.
Los promotores informaron que todas las personas y grupos interesados en participar en la campaña pueden asistir a las reuniones, las cuales se realizan los sábados a las 3 de la tarde en el piso 9 de la sede Los Chaguaramos de la UBV. Asimismo, pueden informarse a través del e-mail cerodesalojos@gmail.com y los teléfonos 0412-5626898 y 0416-4128766
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DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES//
Habitantes de Guarenas exigen consulta popular para el cambio de nombre de la Urbanización “Menca de Leoni” |
El 24.02.07 el Instituto Bolivariano de la Juventud del gobierno del estado Miranda, (IBJUMIR), realizó una asamblea en la comunidad de Menca de Leoni, en Guarenas, para explicar el significado histórico del 27 de Febrero, lo cual motivaba el cambio de nombre a la comunidad. Algunos de los habitantes del sector, cuya población se estima en 60 mil habitantes y cuyo nombre data desde 1974, rechazaron en el evento el cambio de nombre por considerarlo una decisión arbitraria. Los vecinos afirmaron que ninguna de las reuniones realizadas en los bloques de Menca había aprobado la medida. Baudilio Yépez, vecino del sector, rechazó las declaraciones realizadas por los funcionarios acerca del presunto prontuario delictivo de Menca de Leoni: "Usted no puede venir a hablar mal de la señora Menca, diciendo que fue una matona de niños sin presentar pruebas. Lo que nosotros conocemos fue que creó la Fundación del Niño e hizo una labor social. Si quieren cambiarle el nombre a la urbanización tienen que consultárselo al pueblo, pero no pueden hacerlo de manera impositiva". (Diario La Voz, 25.02.07, http://www.diariolavoz.net/seccion.asp?pid=18&sid=1755¬id=213748&fecha=02/25/2007).
Los vecinos convocaron para el 27.02.07, cuando estaba prevista la realización de un acto con el gobernador Diosdado Cabello, concejales y diputados regionales, a que la comunidad realizara una asamblea pública para solicitar la activación de un referendo sobre el tema. “Le vamos hacer entrega de un documento respaldado por la mayoría de lo que residimos en esta comunidad en el que le pedimos se realice una consulta popular”, afirmaron Adelaida Méndez, Adelaida Niño, Molinar Bolívar, Edgar Muñoz, Mirna Pérez y Gladys de Herrera, residentes del sector. Añadieron que “No nos negamos al cambio de nombre, sino a la forma que se hizo, ni siquiera nos dieron cabida en una polémica en donde se discutieran propuestas, sino que de una vez decidieron que era 27 de Febrero, fundamentando que si esto no se daba, no recibiríamos los recursos para el sector”. (Diario La Voz, 26.02.07, http://www.diariolavoz.net/seccion.asp?pid=18&sid=1755¬id=213785&fecha=02/26/2007). El edil Freddy Rodríguez rechazó esta última acusación: “La entrega de recursos para la urbanización 27 de Febrero, antiguamente conocida como Menca de Leoni, no se puede entender como un chantaje para con esta comunidad, sino que forma parte de la refundación de este sector de Guarenas”. (Diario La Voz, 27.02.07, http://www.diariolavoz.net/seccion.asp?pid=18&sid=1755¬id=213863&fecha=02/27/2007). Un grupo de residentes del sector, agrupados bajo el nombre de “Doña Menca vive”, cuestionó la labor de los funcionarios que promovían el nuevo nombre: “estos representantes municipales son los mismos que intentan tapar el sol con un dedo, son los mismos que con sus obras mediocres intentan darle a los problemas sociales, una solución con pañitos calientes, creyendo que con cambiarle en nombre a la urbanización cambiaran todos los problemas que en ella existen”. (Diario La Voz, 01.03.07, http://www.diariolavoz.net/seccion.asp?pid=18&sid=1755¬id=214099&fecha=03/01/2007).
El 28.02.07 se informó que el presidente de la Cámara Municipal de Plaza, edil Antonio Cedeño, antes del inicio de la sesión especial por el 27 de Febrero, afirmó que la propuesta no había sido aprobada en última instancia por algunos ediles debido al método que se aplicó. (Diario La Voz, 28.02.07, http://www.diariolavoz.net/seccion.asp?pid=18&sid=1755¬id=213999&fecha=02/28/2007). Pero la incertidumbre se aclaró con la publicación de la Gaceta Oficial Nº 0622007, la cual estaba lista desde el 22.02.07 y publicada el 01.03.07 con la firma de siete de los nueve ediles. Miembros de la comunidad expresaron que continuaran recogiendo firmas, de las cuales ya han entregado 6 mil, para revertir la decisión. (Ultimas Noticias, 02.03.07, pag. 36). Esta acción contradice la versión oficial acerca de que la población “celebraba” el cambio de denominación (Agencia Bolivariana de Noticias, 02.03.07, http://www.abn.info.ve/go_news5.php?articulo=84254&lee=18).
Por otra parte, el Director General del Instituto Autónomo de Policía del Estado Miranda -Iapem-, comisario general Wilmer Flores Trosel, anunció la aprehensión de una persona por “incitación al desorden”, cuando intentaba protestar por el cambio de nombre. El ciudadano privado de libertad responde al nombre de Cesar Andrés Palacios Urbina, 42 años, quien reside en el bloque 4, de la Urbanización "27 de Febrero”. El funcionario policial calificó a Palacios de “profesional de la guarimba” anunciando que no iba a permitir acciones de ese tipo en la ciudad. (Diario La Voz, 01.03.07, http://www.diariolavoz.net/seccion.asp?pid=18&sid=1755¬id=214142&fecha=03/01/2007).
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DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES//
Valencia: Ancianos manifiestan por seguridad social |
Un grupo de adultos mayores afiliados a la Fundación Amigos de la Tercera Edad (Funate) se manifestaron en las calles de Valencia para pedir la incorporación de 200 mil adultos mayores al Instituto Nacional de Asistencia Social (Inass), celeridad a la Asamblea Nacional en su legislación en materia de Seguridad Social, así como la exoneración del pago de cotizaciones al Ivss.
Desde las 9:00 de la mañana del 26.02.07 y hasta horas del mediodía, un grupo aproximado de 30 adultos mayores, miembros de Funate, se apostaron frente al Comedor Industrial ubicado en la avenida Michelena con pancartas y consignas para reclamar al El Ministerio de Participación Popular y Desarrollo Social (Minpades) el hecho de no tomar en cuanta el presupuesto necesario para cubrir las necesidades de esta población durante el año en curso, según explicó Raúl Goite, presidente de Funate. Al lugar donde se desarrolló la manifestación también acudieron funcionarios de la Policía de Carabobo para resguardar la seguridad de los manifestantes y de las personas que transitan por esa concurrida avenida Michelena, durante lo que transcurrió como una manifestación pacífica. (Notitarde, 27.02.07, http://www.notitarde.com/valencia/valencia4.html).
Goite afirma que de los 900.000 ancianos excluidos el Ejecutivo Nacional y el Inass apenan reconocen 200.000 que cotizaron al IVSS al menos una vez en su vida laboral. El presidente de Funate argumenta que el trato que reciben los abuelos venezolanos es violatorio de la Constitución Bolivariana, la cual en su artículo 86 afirma que "toda persona tiene derecho a la seguridad social". Anunció que se reunirán con otras organizaciones de ancianos en varios estados del país, y seguirán realizando acciones. (El Nacional, 27.02.07, B/16).
Por su parte el movimiento social Primero Rafael Urdaneta, condenó dichas acciones, afirmando que Funate utiliza a los adultos mayores carabobeños para violar el libre tránsito vehicular, "al cual tenemos derecho todos los habitantes del estado Carabobo", como afirman en un diario regional. Williams Martínez, directivo del mencionado movimiento, declaró que personas "con agendas ocultas, están manipulando a un grupo de abuelos, valiéndose de esa plataforma para ver si puede alcanzar un cargo de representación popular". Martínez solicitó la activación de la Ínteligencia Social: "Es imperativo que las comunidades organizadas del pueblo Carabobeño intervengan para detener la conducta reactiva de este supuesto “amigo de la Tercera Edad”, al cual hacemos responsable de cualquier emergencia que se le presente a los abuelos cuando los lleva a trancar las calles”. (El Carabobeño, 27.02.07, http://www.el-carabobeno.com/p_pag_not.aspx?art=a270207b03&id=t270207-b03). Esta afirmación fue rechazada por Francisco Reverón, miembro de Funate: “simplemente estamos luchando por una ayuda social, la cual es obligación del Estado, sin embargo, nos ponemos de manifiesto para que la ayuda sea completa”. El grupo de ancianos de Funate expresaron su disposición a tomar medidas judiciales. (Notitarde, 01.03.07, pag. 9).

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DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES//
Denuncian nueva agresión contra comunidades Yukpa |
El pasado 11.02.07 un grupo de trabajadores, presuntamente de la hacienda de un latifundista local, arremetió contra las chozas de los indígenas Yukpa de la comunidad de Chaktapa, estado Zulia, incendiando las viviendas y disparando contra sus moradores. Esta denuncia fue formulada en una nota de prensa por la organización ambientalista Sociedad Homo et Natura, radicada en la ciudad de Maracaibo. En su comunicación, Homo et Natura hace un recuento de las agresiones sufridas contra la comunidad de Chaktapa y su cacique Sabino Romero “para lograr que los indígenas abandonen sus tierras”. Entre ellas, se cuentan desde el 2005, el intento de homicidio contra Sabino y el incendio de casas, animales y cosechas. En el texto, le solicitaban a la ministra de Pueblos Indígenas, Nicia María Maldonado Maldonado, que realizara acciones sobre la problemática: “Solicitamos habilite a su vice-ministerio que adelante un informe sobre la situación de derechos humanos de los pueblos indígenas de la sierra de Perijá. En la Asamblea Nacional y el Consejo Legislativo del estado Zulia reposa un informe levantado el año pasado, donde se le confía al Gobierno Nacional la cancelación de la bienhechurías que estos hacendados han levantado sobre tierras indígenas para devolverles definitivamente a los indígenas sus tierras ancestrales”. (Sociedad Homoetnatura: “El hacendado Guillermo Vargas quemó de nuevo las viviendas de Chaktapa” [en línea]. Mensaje electrónico enviado a Provea el 15.02.07).
Según Homoetnatura, cuando dirigentes Yukpa realizaron, junto a Sabino Romero, la denuncia ante la Fiscalía de Machiques: “Violando los derechos de las víctimas, el Fiscal Doctor Emiro Araque no tomó en cuenta las denuncias de los indígenas indicándoles que: “eso no era competencia de la Fiscalía” y que “se fueran a quejar con la Guardia Nacional”. Los ambientalistas solicitan mayor atención del ejecutivo nacional: “Qué espera el Estado, la justicia social, la República Bolivariana de Venezuela multicultural y pluriétnica para llegar hasta las tierras indígenas de Perijá, amenazadas por el capital minero trasnacional, y asediada por la injusticia y la violencia, el genocidio”. (Sociedad Homoetnatura, 28.02.07, http://www.soberania.org/Articulos/articulo_2983.htm
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DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES//
Realizarán consulta nacional acerca de la Ley de Educación |
Según declaraciones de la diputada y presidenta de la Comisión Permanente de Educación, María de Queipo, el proyecto de Ley Orgánica de Educación será sometido a un nuevo proceso de consulta pública nacional a partir del mes de marzo. La funcionaria explicó que la idea es que todos los sectores de la sociedad participen y hagan sus observaciones antes de ser llevado a la segunda discusión en la Asamblea Nacional para su aprobación definitiva. (Ultimas Noticias, 23.02.07, pag. 2). A partir del 15.03.07 quienes deseen aportar sus ideas o propuestas podrán hacerlo a través de la red popular de consulta pública que tiene previsto instalar el órgano legislativo. Según Queipo, ya existen 90 oficinas en todo el país que se integrarán en esa red y comenzarán a funcionar en la fecha anunciada, para que los interesados puedan consultr el instrumento. Asimismo, anunció que la Comisión que preside está estudiando abrir una página web especial y habilitar varias líneas telefónicas, así como la realización de foros, charlas informativas, cabildos abiertos y mesas de trabajo en las comunidades a nivel nacional. (Ultimas Noticias, 24.02.07, pag.6).

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DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES// Ejecutivo Nacional adopta medidas para asegurar derecho a la alimentación |
El Gabinete Ministerial del ejecutivo nacional aprobó el 17.02.07 la Ley Especial de Defensa Popular Contra el Acaparamiento, la Especulación, el Boicot y Cualquier Otra Conducta que Afecte el Consumo de los Alimentos o Productos Sometidos a Control de Precios, la cual tendrá como propósito luchar contra el acaparamiento, la especulación, el boicot y cualquier otra conducta que atente contra la seguridad alimentaria de los venezolanos.
De acuerdo con un boletín de prensa del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información (Minci), este nuevo instrumento “fue sancionado para frenar las acciones especulativas de sectores empresariales que incrementaron los costos de los alimentos y otros bienes y servicios con pretextos ilógicos, muy alejados de la actual realidad económica del país”.
Ello permitirá al ejecutivo nacional, frente al cierre o abandono de establecimientos, o a la persistencia de delitos tales como acaparamiento y especulación, practicar la medida de ocupación temporal preventiva con el fin de reestablecer, por razones de seguridad y soberanía alimentaria, la producción y comercialización de los alimentos o productos bajo control de precios. En cuanto a las sanciones, la ley contempla la medida de “decomiso inmediato de los productos sometidos a control de precios, en caso de que el establecimiento o local cierre, se niegue a la venta con precios regulados o incurra en acaparamiento”. Además, se le otorga a los consejos comunales el papel de conformar los llamados comités de contraloría social para el abastecimiento, instancias de supervisión que velarán y actuarán, en coordinación con el Gobierno, para fiscalizar el cumplimiento de las regulaciones estipuladas a nivel nacional. (Agencia Bolivariana de Noticias, 17.02.07, http://www.abn.info.ve/go_news5.php?articulo=83523&lee=3).
Roberto León Parilli, presidente de la Asociación de Usuarios y Consumidores (Anauco), señaló que el Indecu debe convocar a una reunión técnica donde se explique la implementación de la Ley, pues “puede ser muy buena y útil, pero debe manejarse con cuidado para no perjudicar al usuario”. Por su parte Noel Alvarez, presidente de Consecomercio, manifestó que esta legislación “frena el desarrollo del aparato productivo nacional, fundamentalmente, a la actividad comercial”. (El Universal, 22.02.07, 1/10).
La Ley Especial de Defensa Popular puede descargarse del siguiente enlace http://www.asambleanacional.gov.ve/ns2/LEYES-PDF/HABILITANTES/LEY%20CONTRA%20EL%20ACAPARAMIENTO%20%2021-02-07.pdf
Eliminan el IVA a productos alimenticios
El Gobierno nacional anunció la eliminación del impuesto al Valor Agregado 8IVA) a un grupo de seis rubros alimenticios, declarados de primera necesidad, y el maíz blanco utilizado en la elaboración de concentrados para animales. Entre los alimentos que ya no deberán cancelar el tributo se encuentran la carne de res, cerdo y pavo, la mayonesa, avena y los quesos blancos blandos. Jorge Rodríguez, Vicepresidente de la República, aclaró que la eliminación del IVA debe ser efectiva para toda la cadena, “caso concreto el de la carne de bovino, desde el productor hasta la comercialización del producto”. El funcionario anunció también un plan de subsidios a rubros como caña de azúcar, algodón y cereales. (El Universal, 12.02.07, 1/10).
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DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES//
Incertidumbre en torno a los mercados para la economía informal |
El alcalde del municipio libertador, Freddy Bernal, anunció el 19.02.07 que sería el 24.02.07 cuando se realizaría la inauguración de la llamada feria de buhoneros, ubicada al final de la Avenida Casanova en Caracas. Este espacio albergaría de manera temporal a los vendedores informales que fueron desalojados del Bulevar de Sabana Grande. Durante el anuncio y consultados por la prensa nacional, algunos buhoneros expresaron su descontento debido a las tardanzas en la reubicación. Gisela Ortiz, representante de los informales, señaló que estaban descontentos debido a que en el espacio sólo podrían trabajar 1.200 vendedores, dejando por fuera alrededor de 500. (Ultimas Noticias, 20.02.07, pag. 4). El 25,02.07 se informó que la Gran Feria de Sabana Grande había sido inaugurada por el alcalde, sin embargo, los vendedores informales no pudieron entrar al recinto debido a que aún no se decide la forma de distribución de los puestos. (Ultimas Noticias, 25.02.07, pag. 3). En el acto, el vendedor Alfredo Romero advirtió que "todos o ninguno" y que no habria concesiones si se excluye a la mayoría. "Si tardaron dos meses en ofrecernos 700 puestos ¿cuánto más se van a demorar en llegar a 2.000?. No les creemos. Un día nos ofrecen algo y luego deciden a nuestras espaldas". (El Nacional, 25.02.07, B/14).
Para el 01.03.07 los informales continuaban a la expectativa acerca de los puestos del terreno de la Casanova. De los dos mil 900 buhoneros del bulevar de Sabana Grande van a entrar nada más un aproximado de mil 550 en mercado provisional. Los mil 346 buhoneros que restan tendrán que esperar que se habiliten los terrenos que se encuentran frente a los bomberos de la plaza Venezuela y frente al centro comercial El Este en la calle El Colegio. Mientras tanto, los 32 coordinadores de los buhoneros de Sabana Grande esperaban la entrega del listado de la Alcaldía de Libertador con el que se realizaría el sorteo de los puestos del terreno de la avenida Casanova. A su vez, la Alcaldía mejoró la propuesta ofrecida por el Ministerio de Economía Popular en cuanto a otorgar beca a los buhoneros, planteando la necesidad de dar como pago un salario básico más cesta ticket a los informales que hagan los cursos planteados, hasta que esté terminado el centro comercial definitivo. (El Universal, 01.03.07, http://noticias.eluniversal.com/2007/03/01/ccs_art_195276.shtml)
Por su parte, el terreno a habilitarse en La Hoyada, también en la ciudad de Caracas, no había sido finalizado para su uso como mercado de Buhoneros.
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DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES// Promueven redes de familiares de pacientes con Fibrosis Quística |

El pasado 15.02.07 se realizó en el auditorio Dr. Rogelio Valladares, del Hospital El Algodonal en Caracas, una asamblea general de padres con Fibrosis Quística (FQ), la cual intentaba promover la conformación de redes de organizaciones a nivel nacional. Contando con la presencia de coordinadoras del programa de transplante del centro hospitalario, representantes del Ministerio de Salud y organizaciones de padres FQ. En el evento la doctora Carmen Guedez, directora del programa de FQ en el Ministerio de Salud desde hace dos años, contabilizó en 353 los casos de niños afectados en toda Venezuela. Asimismo, aseguró que existen unidades de tratamiento de la enfermedad en 14 estados, estimando en 30 millones de bolívares el tratamiento mensual por paciente. Por su parte Eudelis García, familiar, declaró que “Hemos aprendido y conocido la enfermedad, lo cual nos ha servido para mejorar la calidad de vida en el hogar. Ha sido un largo camino, estuvimos buscando ayuda en la calle. El Ministerio de Salud nos ha dado un gran apoyo”. Los padres reiteraron sus solicitudes a los organismos públicos, pues no cuentan con los recursos para sufragar los gastos en medicinas. Asimismo, solicitaron a las autoridades de El Algodonal ampliar el espacio donde los pacientes reciben su alimentación y la posibilidad de contar con espacios individuales. Para contactarse con el Centro de Pacientes con Fibrosis Quística (Cepafiqui), asociación de padres promotora del encuentro contactarse por los teléfonos: 0212-613.94.47 y 0414-323.06.52. E-mail: red_cepafiqui@yahoo.es
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DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES//
Indicadores sobre el derecho a la alimentación y el salario justo |
El Indice de Precios al Consumidor (IPC) del área metropolitana de Caracas registró en el mes de febrero con una variación de 1,4%, inferior a la observada en el mes anterior (2,0%) y superior a la reportada en febrero del año pasado (-0,4%). Con este resultado la variación acumulada del IPC en los primeros dos meses del año se ubicó en 3,4%, superior al 0,4% reportado en igual período del año anterior.
El comportamiento desacelerado de la variación del IPC durante el período reseñado rompe la tendencia al alza que se había observado en los últimos 3 meses y se asocia, principalmente, al efecto que generaron en los alimentos controlados las recientes medidas administrativas dictadas por el Ejecutivo Nacional, referentes a la eliminación del IVA, regulación de precios y control de abastecimiento. Los rubros no controlados también registraron un menor crecimiento en este mes (de 2,6% a 2,2%).
Al desagregar los resultados del IPC por agrupaciones se observa que 7 de las 13 categorías no presentaron aceleraciones, 3 de ellas registraron importantes desaceleraciones: Alimentos y bebidas no alcohólicas (de 4,0% a -0,2%), Alquiler de vivienda (de 0,7% a 0,4%) y Servicios de la vivienda (de 0,6% a 0,2%), y las otras 4 evidenciaron variaciones similares a la del mes previo. Por el contrario 6 categorías presentaron aceleraciones: Bebidas alcohólicas y tabaco (de 2,2% a 2,6%); Vestido y calzado (de 0,3% a 1,9%); Equipamiento del hogar (de 1,5% a 3,4%); Salud (de 2,8% a 4,5%); Restaurantes y hoteles (de 1,0% a 5,2%) y Bienes y servicios diversos (de 1,9% a 3,5%).
Los bienes, en su conjunto, registraron una importante desaceleración en su tasa intermensual, pasando de 3,0% a 0,8%, revirtiéndose el comportamiento observado en los últimos 3 meses. Los servicios, por su parte, presentaron una mayor tasa de variación respecto al mes previo (de 1,0% a 2,0%).
La variación del Núcleo Inflacionario se ubicó en 2,9%, superior a la del mes de enero (1,5%) y a la registrada por el IPC global en el período (1,4%). El alza en la tasa de variación del Núcleo es explicada por la aceleración presentada en todos sus componentes. No obstante, el mayor distanciamiento del mes entre ambos indicadores (Núcleo e IPC global) se asocia, principalmente, al efecto de las medidas de control ejercidas en los bienes y servicios administrados y a la contracción evidenciada para los alimentos no elaborados (-0,7%), lo cual también contribuyó de manera significativa a la desaceleración del IPC global en el mes.
Con los resultados observados en febrero de 2007, la variación anualizada del IPC se ubica en 20,4%, mayor a la registrada en igual periodo del año anterior (12,5%).
Índice de Precios al Consumidor (IPC) |
| Mes |
Tasa de variación mensual |
Tasa de variación intermensual |
Tasa de variación acumulada |
Tasa de variación Interanual 2006/7
(en porcentaje) |
| Enero |
2,0 |
- |
- |
- |
| Febrero |
1,4 |
-0,6 |
1,4 |
20,4 |
Fuente: Banco Central
de Venezuela (BCV)
http://www.bcv.org.ve/c4/notasprensa.asp?Codigo=5416&Operacion=2&Sec=False
Por su parte el informe del Centro de Documentación y Análisis para los Trabajadores (Cenda), informó que los consumidores pagaron 21.135 bolívares más por la canasta alimentaria en febrero pasado y la opción de abastecerse en Mercal significó el racionamiento de los rubros sujetos a escasez. Según sus datos el costo de la cesta avanzó 2,5% entre enero y febrero al moverse de 874.370 bolívares a 853.235 bolívares, respectivamente. En los principales supermercados del área metropolitana, el pollo, la sardina enlatada, la leche en polvo y los granos estuvieron ausentes. En los anaqueles hubo poco aceite vegetal y mayonesa, mientras que el azúcar rubia o lavada sustituyó a la blanca. En los mercados el pollo y la sardina fresca desaparecieron. En el Mercal provisional de Quinta Crespo se racionó por persona un kilo de carne de res, azúcar y caraotas y un pollo importado de Brasil. (El Nacional, 03.03.07, http://www.venescopio.org.ve/detalle.asp?ID=1158).
El costo de la canasta alimentaria medido por el Instituto Nacional de Estadística (INE), por su parte, se ubicó en enero en 492.155,24 bolívares. Según las cifras del INE esta cesta de productos para una familia de 5,2 personas en enero de 1999 era de 124.648,44. Esta cifra constituye un incremento del 294,8% en 8 años. (El Nacional, 24.02.07, A/18)
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DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES//
Mineros exigen pago de indemnizaciones prometidas por el ejecutivo nacional |
El pasado viernes 16.02.07 grupos de mineros del municipio Raúl Leoni se apostaron frente a la sede del Ministerio del Ambiente en la capital bolivarense para exigir la cancelación de la llamada ayuda humanitaria prometida por el Gobierno nacional. Muchos de los mineros expresaron su descontento con la demora, señalando que llevan varios meses desde que fueron desalojados de la Cuenca del Caroní, quedando prácticamente en la calle y sin recibir ningún ayuda. Elvia de Bermúdez, representante del Frente Minero de La Paragua, acotó que han sido muchas las puertas de organismos del Estado que han tocado sin recibir ningún tipo de respuestas. "Queremos que el presidente de la República, Hugo Chávez, venga a La Paragua para que conozca la problemática minera realmente como es. Para que se destape la olla y sepa qué es lo que hay", señaló. (Correo del Caroní, 17.02.07, http://www.correodelcaroni.com/component/option,com_wrapper/Itemid,162/?id=57978). Paralelamente, un grupo de aproximadamente 200 mineros protestaban en la población de La Paragua, solicitando el aumento a 15 millones la ayuda que recibirían del ejecutivo nacional. La acción consistió en la tranca de vía hacia los poblados de La Paragua y Ciudad Piar, y la obstaculización de los accesos a empresas como Ferrominera Orinoco. La protesta fue reprimida por efectivos de la Guardia Nacional adscritos al Destacamento 82, quienes haciendo uso de bombas lacrimógenas lograron dispersarla, y practicar la detención de varios mineros, entre ellos algunas mujeres. Al día siguiente los mineros detenidos fueron trasladados a la sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) en la capital bolivarense, para luego ser remitidos al retén policial de Agua Salada. En horas de la tarde fueron trasladados al Palacio de Justicia para su presentación ante el Tribunal Tercero de Control a cargo del doctor José Tadeo Guerra. A estos mineros, algunos de ellos identificados como Douglas Ortiz, Celia González, José Rafael Manrique, María Ríos y Mayerlin Bolívar, se les imputó el delito de obstrucción de la vía terrestre, tipificado en el Código Penal, dentro de los delitos contemplados contra la seguridad, medios de transporte y comunicaciones. La fiscal auxiliar de la Fiscalía Tercera María Guaiquerima, quien estuvo a cargo de presentar las acusaciones por parte del Ministerio Público, solicitó medida cautelar para los detenidos, aprehendidos bajo flagrancia cuando obstaculizaron la vía a Tocomita, en el municipio Raúl Leoni. Mientras, la defensa estaba a cargo de los abogados Orlando Torres y Egrei Prieto, según se pudo conocer. Los imputados salieron en libertad el 21.02.07.
José Martínez, minero de la zona, y cuya esposa se encontró entre las personas detenidas, aseveró a la prensa regional que simplemente están exigiendo sus derechos para una asignación digna. Explicó que no están dispuestos a aceptar el millón de bolívares que pretenden darles los representantes del gobierno en la Paragua, cuando el presidente de la República Hugo Chávez en una de sus alocuciones planteó la cancelación de 15 millones de bolívares. Martínez afirmó que han dedicado su vida entera a la extracción de oro y diamante para ahora ser sorprendidos por un proceso de reconversión, que prácticamente los ha dejado desempleados y sin medio en sus bolsillos. (Correo del Caroní, 22.02.07, http://www.correodelcaroni.com/component/option,com_wrapper/Itemid,162/?id=57978)
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DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES//
Propuestas y exigencias de Provea a los poderes públicos sobre el derecho a la salud |
• Cumplir con el compromiso de eliminación progresiva del cobro directo e indirecto a los usuarios en la prestación de los servicios de salud.
• Garantizar recursos para el funcionamiento del Sistema Público de Asistencia a la Salud, que permita la dotación y mantenimiento de equipos, insumos médico quirúrgico y básicos de atención al paciente de manera permanente.
• Fortalecer el Programa Ampliado de Inmunizaciones del Ministerio de Salud y Desarrollo Social (MSDS), ampliando su cobertura en la población de niños/as de hasta 5 años hasta el 100%.
• Aprobar y promulgar una nueva ley de salud acorde con los parámetros establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, con participación de los sectores involucrados y particularmente de los Comités de Salud.
• Aumentar la inversión pública en salud para llegar progresivamente a no menos del 5% del PIB, según lo establece la Organización Mundial de la Salud.
• Integrar el presupuesto destinado a la Misión Barrio Adentro al presupuesto del MSDS con el fin de asegurar la continuidad del plan y solventar la fragmentación del sistema público de asistencia a la salud.
• Relevar la salud mental dentro de las prioridades de las políticas públicas de salud.
• Acentuar los esfuerzos para lograr la integración normativa, programática y territorial entre el sistema sanitario público y los centros de salud de la Misión Barrio Adentro, principalmente entre los consultorios populares (provisionales y módulos) de la primera etapa de BA, los nuevos centros de diagnóstico y rehabilitación de la segunda etapa; y los ambulatorios y hospitales públicos.
• Establecer una normativa clara y sencilla para la constitución y el fortalecimiento de los Comités de Salud en la MBA, que no afecte su carácter voluntario, su autonomía respecto a las responsabilidades de los órganos públicos ni su papel como instrumento de participación comunitaria en la promoción y defensa de la salud de todos los miembros de la comunidad.
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DERECHOS CIVILES Y POLITICOS //
Manifestaciones reprimidas durante el mes de febrero |
El 28.02.07 miembros de más de 30 Consejos Comunales y moradores de la parroquia Raúl Leoni, de Cumaná, cerraron el paso en la capital de esta jurisdicción, que comunica a los estados Sucre y Anzoátegui, para exigir la asignación de una par de galenos en el ambulatorio y mayor resguardo policial. La protesta se desarrolló de manera pacífica hasta el retiro del secretario general de gobierno, cuando efectivos policiales intentaron disolver violentamente la manifestación. Varios heridos de perdigones, afectados por bombas lacrimógenas y cuatro detenidos fue el saldo de la actuación policial. De los lesionados sólo la dirigente campesina, Omaira Barrios, ingresó al Hospital Universitario de Cumaná.
El 27.02.07 un grupo de Jubilados de la Gobernación del Zulia fueron desalojados del despacho cuando realizaban una manifestación para exigir el pago de diferentes deudas laborales. La protesta fue reprimida por la Brigada Especial de la Policía Regional (PR), dejando como saldo cinco personas heridas y tres detenidas.
El 16.02.07 un grupo de participantes del plan de empleo temporal de Pdvsa cerraron la troncal 9 de Píritu, estado Anzoátegui, para exigir la cancelación de pagos atrasados desde el mes de diciembre. El Grupo de Reacción Inmediata (Grip) de la Policía del estado reprimió la manifestación utilizando bombas lacrimógenas.
El 16.02.07 grupos de mineros del municipio Raúl Leoni del estado Bolívar se apostaron frente a la sede del Ministerio del Ambiente en Puerto Ordaz para exigir la cancelación de la llamada ayuda humanitaria prometida por el Gobierno nacional. Paralelamente, unos 200 mineros protestaban en La Paragua solicitando el pago de 15 millones prometido por el Presidente Hugo Chávez, los cuales fueron repelidos por un comando de la Guardia Nacional utilizando bombas lacrimógenas y practicando la detención de nueve personas.
El 14.02.07 cinco deportistas resultaron heridos, dos por perdigones y tres por gases lacrimogenos, cuando un grupo de atletas del estado Carabobo tomaron las instalaciones de la Villa Olímpica en la ciudad de Valencia para protestar por la falta de becas, pago a los entrenadores, incumplimiento en la entrega de viviendas y otras promesas realizadas por el presidente de Fundadeporte. La represión de la manifestación fue realizada por la Policía de Carabobo. El mandatario regional, Luis Felipe Acosta Carléz, declaró que los ciudadanos tenían derecho a protestar “pero con amor y diálogo, y no alterando el orden público, ni trancando la vía, porque ahora es delito”. (Notitarde, 15.02.07, pag. 2).
El 14.02.07 trabajadores de la economía informal trancaron en ambos sentidos la Avenida Francisco de Miranda, en Caracas, en rechazo a las normas respecto a sus condiciones laborales en Petare. Simultáneamente, trabajadores de le empresa Sabenpe protestaron en sus instalaciones, ubicadas en Mariche, sobre el pago de pasivos laborales. Ambas protestas fueron repelidas con bombas lacrimógenas y perdigones por funcionarios de Polisucre, practicando la detención de un total de 11 personas.
El 13.02.07 efectivos de la Policía del estado Monagas dispersaron con gases lacrimógenos y perdigones una manifestación de trabajadores despedidos de la Gobernación en los alrededores de la plaza El Indio. Cerca de allí, se realizó una protesta de transportistas quienes pretendían entregar un pliego conflictivo al director de vialidad y transporte de la Alcaldía de Maturín. Esta protesta también fue reprimida, y según el parte policial, ambas arrojaron dos heridos y 11 personas afectadas por los gases.
El 02.02.07 trabajadores de la economía informal de Charallave se instalaron en la Avenida Bolívar de la ciudad, de dónde habían sido desalojados a comienzos de año. Agentes de la policía municipal de Cristóbal Rojas intentaron desalojarlos con bombas lacrimógenas y perdigones, desencadenando una batalla campal que ocasionó un buhonero herido y ocho detenidos.

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DERECHOS CIVILES Y POLITICOS //
María del Rosario Guerrero Galluci denuncia intimidación por parte del gobernador Eduardo Manuitt |

Maria del Rosario Guerreo Galluci se acercó a la sede de Provea, el pasado 26.02.07, para denunciar la nueva serie de intimidaciones en su contra ejercidas por el gobernador del estado Guárico, Eduardo Manuit. Como se recordará, la señora Guerrero Gallucci es integrante del grupo de derechos Humanos del estado Guárico, “Soldados de Justicia, Paz y Libertad en la Cruzada Contra la Impunidad”. Su organización había denunciado la presunta participación de la policía estatal en las ejecuciones realizadas, a más de 100 personas, en la región en los últimos cinco años. Tras ser víctima de extorsión, presuntamente a cargo de funcionarios policiales, y ser citada como testigo en el caso iniciado contra el periodista Miguel Salazar por parte del gobernador Eduardo Manuit, la Fiscalía dictó a su favor medidas de protección, custodia y apostamiento policial. El 21.04.06 Gallucci y su esposo, Martínez Barrios, fueron víctimas de un atentado contra sus vidas, en el cual recibieron varios impactos de bala. Tras el incidente varias organizaciones de Derechos Humanos remitieron su caso al CIDH. “Se trató de silenciarme por todas las denuncias que venia haciendo”, nos declaró la denunciante. “El origen estuvo en mi finca. El gobernador es una persona conocida por todas las personas en guarico, que contrario a la política del gobierno de lucha contra el latifundio, ha sido un gran latifundista. Entonces se encaprichó con mi finca. En varias oportunidades había hecho presiones en mi contra y yo lo había denunciado varias veces. Por esa razón tuve medidas de protección de la Fiscalía”.
Una resolución dictada el 04.07.06 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ordenó la adopción de medidas provisionales a favor de María del Rosario Guerrero Gallucci y Adolfo Segundo Martínez Barrios. Esta medida instó al Estado venezolano la adopción de las medidas necesarias para proteger las inminentes violaciones a la vida y a su integridad personal. Galluci considera que el Estado ha cumplido con el dictamen de la Corte, pero que los funcionarios que la custodian –“de los cuales no tengo ninguna queja pues son altamente especializados y educados” como ella reitera- tienen limitaciones presupuestarias y no pueden acompañarla fuera del distrito metropolitano de Caracas. “He tenido que abandonar mi finca en Guárico y para trabajar presto mis servicios a una empresa ubicada en occidente, por lo que a veces me ha tocado movilizarme. Quisiera que esa situación se arreglara, si salgo fuera de Caracas es bajo mi propio riesgo.”
Por otra parte, el juicio contra los policías participantes en el atentado no se realiza con celeridad. Y ante la arremetida mediática en su contra, decide no seguir más el consejo de abstenerse de seguir denunciando. “Estas recomendaciones las hicieron unos funcionarios de la Fiscalía y del poder judicial. Me prohibieron que se lo hiciera saber a Provea y que lo comunicara públicamente, que me mantuviera de bajo perfil, que no diera ninguna entrevista a la prensa mientras se resolviera el caso. Pero veo que todas las audiencias en el juicio de los policías que participaron en el homicidio son diferidas por una y otra razón”. Maria del Rosario ahora se enfrenta a una campaña en su contra, “los ataques son a través de los medios de comunicación, radio, televisión, en los programas radiales semanales realizados por el gobernador, así como a través de la prensa descalificándome continuamente, haciendo ver que soy una delincuente para que desestimen todas las denuncias que he interpuesto en contra de el”. Galluci denunció que, en un programa de televisión nacional, el propio gobernador de Guárico la había denominado “delincuente de alta peligrosidad”, anunciando que había solicitado al Fiscal General una imputación en su contra. “Ya la Fiscalía me imputó en el 2001 por unos delitos que nunca existieron. Además, se hizo la averiguación y el fiscal declaró la nulidad de todas las actuaciones, porque se demostró que había sido un abuso y un exceso policial. No se puede juzgar a una persona dos veces por el mismo hecho”. Recientemente, recibió una citación judicial para declarar en torno al ilícito “detentacion de arma de fuego y aprovechamiento de cosa proveniente de delito”.

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DERECHOS CIVILES Y POLITICOS //
Valencia: Gobernador anuncia apertura de juicio militar contra manifestantes |
El 14.02.07 cinco deportistas resultaron heridos, dos por perdigones y tres por gases lacrimogenos, cuando un grupo de atletas del estado Carabobo tomaron las instalaciones de la Villa Olímpica en la ciudad de Valencia para protestar por la falta de becas, pago a los entrenadores, incumplimiento en la entrega de viviendas y otras promesas realizadas por el presidente de Fundadeporte. La represión de la manifestación fue realizada por la Policía de Carabobo. El mandatario regional, Luis Felipe Acosta Carléz, declaró que los ciudadanos tenían derecho a protestar “pero con amor y diálogo, y no alterando el orden público, ni trancando la vía, porque ahora es delito”. (Notitarde, 15.02.07, pag. 2).
El mandatario regional vuelve a pronunciarse por estos hechos, ordenando al Secretario de Seguridad, Ganis Vargas, y al Procurador Ricardo Delgado, la apertura de un juicio civil y militar contra diez de los manifestantes. El gobernador asegura que portaban un arma de fuego: "Se salvaron de que un francotirador no les volara la cabeza. Ya esa es zona militar". Asimismo, Carlez afirmó que la protesta estaba infiltrada por Bandera Roja y un grupo de la Federación de Centros Universitarios. (Notitarde, 16.02.07, pag. 18).
Sobre la posible apertura de juicios militares a civiles, Provea ha venido insistiendo en que dicha medida constituye una violación de la Constitución y de la jurisprudencia de la Corte Interamerica de Derechos Humanos. Esta medida omite la recomendación de la Comisión y Corte del Sistema Interamericano de Protección a los Derechos Humanos, que apunta que “"En cuanto a los aspectos jurisdiccionales, la Comisión le recuerda a los Estados miembros que los ciudadanos deben ser juzgados por sus jueces naturales, regidos por el derecho común y la justicia ordinaria. Por lo tanto los civiles no deben ser sometidos a la jurisdicción de tribunales especiales. La utilización, por ejemplo, de tribunales militares debe estar limitada al enjuiciamiento de miembros de las Fuerzas en servicio activo, por las faltas o delitos de función. En todo caso, esta jurisdicción especial debe excluir los delitos de lesa humanidad y las violaciones a los derechos humanos". Asimismo, se incumple la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la cual especifica en su artículo 261 que “la competencia de los tribunales militares se limita a delitos de naturaleza militar”.
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