Una lectura de la realidad venezolana desde los Derechos Humanos


Una lectura de la realidad venezolana desde los derechos humanos	Boletín electrónico Nº 183 Del 6 al 29 de marzo 2007
EFEMERIDES DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL MES DE ABRIL CONTEXTO * CIDH presenta su informe anual 2006 con capítulo especial sobre Venezuela * La Comisión Interamericana de Derechos Humanos reclama visitar Venezuela * Estudios afirman que cambio climático aumenta el dengue en América del Sur * En vigencia Ley Orgánica por el Derecho a las Mujeres a una Vida sin Violencia DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES * Delegar responsabilidades en seguridad a Consejos Comunales podría incrementar en un futuro la violencia en el país * En 2006 se registraron 22.605 accidentes laborales en el país * A 89,1% se remontó el nivel de ocupación laboral en el país * Cifras estiman 120 muertos en el estado Bolívar, en un año, por violencia ligada a la obtención de puestos de trabajo * ¿Peligra la independencia de las organizaciones sindicales? * Centrales sindicales levantan reivindicaciones de cara al 1 de Mayo * Ministra de Ambiente afirma que no se abrirán más minas de carbón en el Zulia * Mujeres aumentan su participación en la reivindicación de sus derechos * Venezuela celebra Día Mundial del Agua entre el uso no racional y la contaminación de sus principales lagos * El Ejecutivo Nacional da inicio a la Misión Villanueva * Continúan políticas públicas para asegurar disfrute de viviendas dignas * Movilizados por una vivienda digna * Damnificados de "Simón Rodríguez" son amenzados tras denunciar su precaria situación * El consumo se eleva en la población de menores recursos * Propuestas y exigencias de Provea a los poderes públicos sobre el derecho a la vivienda DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS * Manifestaciones reprimidas durante el mes de marzo * Red de Apoyo y familiares de víctimas entregan informe contra la impunidad ante el Ministerio Público * Red de Apoyo apela decisión judicial que dejó en libertad a 5 policías involucrados en homicidio * Anuncian inversiones en centros penitenciarios * Afirman que publicidad oficial discrimina a medios críticos con el gobierno * Recrudecen denuncias sobre funcionarios policiales incursos en delitos y homicidios * Propuestas y exigencias de Provea a los poderes públicos sobre el derecho a la vida REFORMA CONSTITUCIONAL * Marino Alvarado: "Constitucion ¿Qué reformar?" * Asamblea Nacional recibirá en abril reforma de la Constitución INVITACIONES A EVENTOS * VII Encuentro Nacional de Educadores Populares de Fe y Alegría ARTÍCULOS * Son Derechos: "Responsabilidad por prestación de servicios públicos de salud (I)" * Humberto Decarli: "El Caracazo como símbolo de impunidad" NOVEDADES DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN TODOS LOS DERECHOS PARA TODOS * "Alimentación digna para todas y todos: es un derecho" * "Etnias y política" * "SIC" DOCUMENTOS * Declaración Conferencia Internacional por la Abolición de las Bases Militares Extranjeras

EFEMÉRIDES DE DERECHOS HUMANOS DEL MES DE ABRIL
04 Asesinato de Martin Luther King (1968) 07 Día Mundial de la Salud 07-14 Semana de la Salud en Las Américas 08 Holocausto Judío de la Segunda Guerra Mundial 11 Intento de Golpe de Estado contra presidente Hugo Chávez Frías (2002) 13 Día de la Movilización Nacional 14 Día del Panamericano 19 Celebración de la Declaración de Independencia de Venezuela (1810) 19 Día Panamericano del Indio 22 Día Mundial de la Tierra 23 Día Internacional del Libro y de los Derechos del Autor 24-30 Semana de la Vacunación en Las Américas 28 Día Mundial sobre la Seguridad y la Salud en el Trabajo 29 Día Internacional de los Trabajadores Muertos y Heridos en Accidentes Laborales
CONTEXTO// CIDH presenta su informe anual 2006 con capítulo especial sobre Venezuela
La inseguridad ciudadana, la inequidad social, la falta de acceso a la justicia y el lento proceso de consolidación democrática son las áreas que requieren mayor atención en materia de derechos humanos en las Américas, según el informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentado hoy ante la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos de la Organización de los Estados Americanos (OEA) por su Presidente, Dr. Florentín Meléndez. El informe evalúa que una de las dificultades más significativas que confrontan los Estados Miembros de la OEA para garantizar la vigencia de los derechos humanos es la fragilidad que caracteriza al Poder Judicial en la mayoría de los países de la región, y en algunos casos los ataques contra la independencia e imparcialidad de dicho poder del Estado. Según el informe, “ello se traduce en problemas de acceso igualitario a la justicia, procesos judiciales lentos, impunidad en casos de graves violaciones a los derechos fundamentales y violaciones al debido proceso”. Asimismo, señala que la marginación y exclusión social siguen siendo los rasgos característicos de la región, lo cual impide la vigencia efectiva de los derechos económicos, sociales y culturales de grandes sectores de la población. “Si bien durante los últimos años se consolidó un proceso de recuperación económica y en algunos países se redujeron los indicadores de pobreza e indigencia, siguen existiendo millones de personas que confrontan problemas de desempleo estructural, marginación social e inaccesibilidad a servicios sociales básicos. Tampoco ha variado la situación de desigualdad fáctica y jurídica que afecta a las mujeres así como a grupos tradicionalmente discriminados, tales como los pueblos indígenas, los afrodescendientes y homosexuales”, señala el informe. Puntualiza que estos sectores de la población son además los que sufren la mayor incidencia de torturas, muertes violentas, hacinamiento carcelario, detenciones arbitrarias, golpizas y ejecuciones policiales. El informe anual incluye asimismo secciones especiales sobre la situación de derechos humanos en Colombia, Cuba, Haití y Venezuela, países que la CIDH consideró que merecían especial atención en 2006. Venezuela En la sección sobre Venezuela, el informe anual de la CIDH analiza aspectos sobre la administración de justicia, la impunidad que rodea las denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales presuntamente a manos de funcionarios estatales, la precaria situación de las personas privadas de libertad y la presión política sobre la sociedad civil, especialmente sobre aquellos sectores críticos del gobierno actual. El informe expresa la preocupación de la CIDH por las muertes y lesiones graves sufridas por centenares de personas privadas de libertad y señala entre las causas la falta de controles efectivos para evitar el ingreso de armas a las cárceles, la ausencia de personal de custodia debidamente capacitado, los retardos procesales y las precarias condiciones de detención. Asimismo, el informe da cuenta de información recibida durante 2006 sobre la existencia de actos de hostigamiento e intimidación a través de discursos descalificantes contra defensores de derechos humanos, así como personas y grupos de personas críticos a las políticas o propósitos del gobierno. El informe expresa también la preocupación de la CIDH por la posibilidad de que el Proyecto de Ley de Cooperación Internacional pueda afectar negativamente el ejercicio del derecho a la libertad de asociación, en particular la labor de las organizaciones defensoras de derechos humanos que reciben financiamiento externo para sus actividades. Añade que durante 2006 la CIDH recibió continuos reportes sobre situaciones que afectaron el normal ejercicio del derecho a la libertad de expresión. La Comisión señala que desde su última visita a Venezuela en mayo de 2002 ha venido solicitando infructuosamente al Estado, tanto verbalmente como por escrito, su anuencia para otra visita, y que durante 2006 hizo esfuerzos por materializarla, pero el intento se vio frustrado por las dificultades en fijar una fecha para la realización de la misma. “La falta de anuencia del gobierno dificulta el ejercicio de las competencias y atribuciones otorgado por los Estados a la CIDH a través de la Carta de la OEA, el Estatuto de la Comisión y la Convención Americana sobre Derechos Humanos”, indica el informe. El informe anual completo de 2006 de la CIDH estará disponible en su página web (www.cidh.org) a partir del lunes 2 de abril. (CIDH, 29.03.07, http://www.cidh.oas.org/Comunicados/Spanish/2007/19.07sp.htm)
CONTEXTO// La Comisión Interamericana de Derechos Humanos reclama visitar Venezuela
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) lamenta que el Estado venezolano no haya concedido su anuencia para que su Relator de país, Comisionado Paulo Sérgio Pinheiro, pueda realizar una visita, y que posteriormente haya impuesto condicionamientos para su realización. La última visita de la CIDH a Venezuela fue en mayo de 2002 y la CIDH ha estado intentando infructuosamente por tres años conseguir la anuencia de las autoridades para realizar una nueva visita. Esta posición del Estado de Venezuela limita el cumplimiento de las funciones de verificación de la situación de los derechos humanos y el diálogo con las autoridades estatales y los diversos sectores de la sociedad civil venezolana. La Comisión saluda la significativa y pacífica participación de la ciudadanía venezolana en las elecciones presidenciales del 3 de diciembre de 2006. Asimismo, reconoce y valora los avances alcanzados y la continuidad de las propuestas gubernamentales en el ámbito de los derechos económicos, sociales y culturales dirigidas a subsanar las falencias que aquejan a vastos sectores de la población venezolana. La prioridad dada a estas medidas es fundamental para garantizar una vida digna a la población y constituye una base importante para el mantenimiento de la estabilidad democrática. No obstante, en los últimos años la CIDH ha podido observar un deterioro paulatino del Estado de derecho que ha comprometido el pleno respeto de los derechos humanos. Entre los aspectos que generan preocupación a la CIDH destacan las denuncias sobre falta de independencia de los poderes del Estado y la creciente concentración de poder en el Ejecutivo Nacional; las restricciones a la libertad de expresión; el grado extremo de polarización de la sociedad y la consecuente dificultad de sostener un diálogo constructivo y tolerante entre el Gobierno y la sociedad civil; la existencia de un ambiente hostil para el libre ejercicio de la participación política en disenso y para la actividad de monitoreo de organizaciones de derechos humanos y la impunidad en casos relacionados con violaciones de derechos humanos. Respecto del poder judicial, la Comisión ha prestado especial atención al cumplimiento de las garantías de imparcialidad e independencia de los operadores de justicia y la situación de impunidad frente a violaciones de derechos humanos. En sus últimos informes anuales, la Comisión manifestó su preocupación por la existencia de un alto número de jueces y fiscales en situación de provisionalidad o temporalidad. Pese a que en el año 2006 el 80% de los jueces lograron su titularidad, se tomó conocimiento que los procesos de nombramiento no habrían sido llevados a cabo en estricto apego a los procedimientos legales y constitucionales relacionados con los llamados a concurso de oposición. La libertad de expresión en Venezuela continúa siendo una de las materias de especial preocupación. Si bien en Venezuela existe amplia discusión y crítica a través de los medios de comunicación hacia las políticas gubernamentales, en algunos casos esa legítima actividad ha resultado en actos intimidatorios o presiones indirectas contrarias al ejercicio del derecho a la libertad de expresión en una sociedad democrática. Se ha prestado particular atención a información relacionada con expresiones de las más altas autoridades del gobierno relativas a la revisión de la concesión de algunos medios de comunicación basándose en criterios que podrían violar el derecho a la libertad de expresión. El Estado tiene la potestad de administrar el espectro radioeléctrico, de establecer previamente términos de duración de las concesiones y de decidir sobre su renovación a la finalización de los plazos respectivos. Tal potestad, sin embargo, debe ser ejercida tomando en cuenta las obligaciones internacionales asumidas por el Estado, que incluyen garantizar el derecho a expresar ideas y pensamientos de toda índole por una diversidad de medios de comunicación sin que se adopten restricciones directas o indirectas al ejercicio del derecho a la libertad de expresión, tal como lo establece el Principio 13 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión. Por las razones anteriores, la CIDH considera que en los concursos o en la adjudicación directa de licencias de uso del espectro radioeléctrico los Estados deben procurar, bajo el principio de igualdad de oportunidades, procedimientos abiertos, independientes y transparentes que contengan criterios claros, objetivos y razonables, que eviten cualquier consideración de política discriminatoria por la línea editorial del medio de comunicación. Adicionalmente, en los últimos años la Comisión continuó recibiendo información preocupante referente a la existencia de actos de hostigamiento, intimidación y descrédito profesional contra las defensoras y defensores de derechos humanos. La CIDH expresa su grave preocupación por el impacto que estas acciones y declaraciones pueden tener sobre la situación de seguridad de las defensoras y defensores y sobre el libre desempeño de su actividad de monitoreo. Por otra parte, la CIDH ha tomado conocimiento de la preocupación de las defensoras y los defensores sobre algunas disposiciones del proyecto de ley sobre cooperación internacional, las cuales podrían ser contrarias a los estándares internacionales de protección de los derechos humanos. Finalmente, la Comisión desea resaltar la importancia que las visitas adquieren para profundizar los lazos de colaboración con los Gobiernos y las sociedades y para poder dar cumplimiento a su mandato. Las visitas permiten evaluar las condiciones de los derechos humanos en un país, verificar la situación específica de ciertos derechos y promover, en general, el valor de los derechos humanos. Estas han contribuido a impulsar investigaciones y a dar seguimiento de casos, soluciones amistosas y medidas cautelares en trámite ante el Sistema como parte de su labor de supervisión y cooperación con los Estados Miembros. En este sentido, la Comisión considera que las visitas a Venezuela podrían contribuir significativamente al fortalecimiento de la defensa y protección de los derechos humanos en un contexto democrático y de legalidad institucional. En virtud de lo anterior, la Comisión reitera su disponibilidad a fin de allanar los caminos hacia un intercambio constructivo con el Estado venezolano que coadyuve a la búsqueda de políticas y prácticas para el pleno respeto de los derechos humanos. (CIDH, Washington, D.C., 9 de marzo de 2007)
CONTEXTO// Estudios afirman que cambio climático aumenta el dengue en América del Sur
Las alteraciones climáticas, como las lluvias más intensas y persistentes padecidas en América del Sur, obligan a los países a fortalecer la prevención de enfermedades como el dengue, que esta vez afectó a Paraguay con su variedad más peligrosa, la fiebre hemorrágica. "El calentamiento global aumenta el riesgo futuro de epidemias", dijo el entomólogo Anthony Erico Guimarães, investigador del Instituto Oswaldo Cruz, el más importante centro de estudios y desarrollo de remedios contra enfermedades tropicales de Brasil. El aumento de la temperatura global "influye directamente en la expansión del dengue al alterar la frecuencia de las lluvias", explicó. Por su parte, el médico Franklin Alcaraz del Castillo, director del Centro Latinoamericano de Investigación Científica de Bolivia, dijo que las inmensas lagunas creadas en los últimos tres meses por las lluvias en la Amazonia boliviana "alimentan la reproducción del mosquito" transmisor del dengue. Ésta es una enfermedad viral transmitida por el mosquito Aedes aegypti, que es contaminado al absorber la sangre de una persona infectada y provoca el contagio cuando pica a otra sana. Los síntomas son fiebre, dolor de cabeza y muscular. El tipo hemorrágico también provoca fuertes dolores de estómago, náuseas, pérdida de sangre por la piel y las mucosas. Además, el calentamiento global acelera el desarrollo del virus, amplía la zona de influencia del mosquito y su capacidad de adaptarse a temperaturas más frías, dijo al IPS el científico argentino Osvaldo Canziani, integrante del Grupo Intergubernamental de Especialistas sobre Cambio Climático de Naciones Unidas. Por ello es importante mantener la prevención, incluso cuando el termómetro indique sólo 15 grados, resaltó. Existe consenso científico de que el clima del planeta se está calentando debido en parte a actividades humanas, que aumentan la emisión de gases causantes del efecto invernadero, por ejemplo la quema de gas, carbón y petróleo. Si desea ampliar esta información, visitar el siguiente enlace http://www.portaldelmedioambiente.com/html/gestor_denuncias/ver_denuncia.asp?id=546
CONTEXTO// En vigencia Ley Orgánica por el Derecho a las Mujeres a una Vida sin Violencia
El 21.03.07 se informaba sobre la publicación en la Gaceta Oficial 38.647 de la Ley Orgánica por el Derecho a las Mujeres a una Vida sin Violencia, una reglamentación que sustituye a la Ley sobre Violencia contra la Mujer y la Familia. El texto, el cual consta de 123 artículos, tiene como finalidad garantizar y promover el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, a través de las condiciones que prevengan, sancionen y erradiquen el problema de maltrato contra estas personas. (El Nacional, 21.03.07, A/8). Esta Ley puede descargarse en la siguiente direccion: www.inamujer.gob.ve/imagenes/documentos/Ley%20Organica%5B1%5D.doc
DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES// Delegar responsabilidades en seguridad a Consejos Comunales podría incrementar en un futuro la violencia en el país
El comandante del sexto agrupamiento de la Reserva y la Movilización Nacional, coronel (Ej) Francisco José Salcedo Alcalá, anunció que el venidero mes de agosto se realizarán maniobras cívico-militares en la cual participarán los Consejos Comunales y la Fuerza Armada Nacional (FAN). El funcionario agregó que por ahora la instancia castrense está colaborando con el Poder Comunal en la organización de los comités de seguridad. (El Tiempo, 24.03.07, http://www.eltiempo.com.ve/noticias/default.asp?id=105666). El funcionario precisó que el objetivo no era militarizar a la ciudadanía, sino concientizar sobre el deber que "todos tenemos" de resguardar la soberanía nacional. El coronel Salcedo forma parte de la comisión que trabaja en la redacción del proyecto de Ley de la Reserva que saldrá vía habilitante. Mencionó que la propuesta en discusión contempla eliminar la definición de "Guardia Territorial" porque "suena excluyente (...) se trata de romper paradigmas para hacer entender que todos los venezolanos somos reserva". Esto exigiría modificar la Ley Orgánica de la FAN. (El Nacional, 24.03.07, pag. 18). Agregó que la propuesta no debía entenderse como dar armas a los civiles. Por otra parte, en un encuentro sostenido en la sede de la Prefectura de Vargas, autoridades de la secretaría de Seguridad Ciudadana, Ministerio de Interior y Justicia, Indecu, Ministerio para la Participación Ciudadana y Desarrollo Social, de la red Mercal, Seniat, Ministerio Público, así como los 11 jefes civiles locales, diseñaron lo que sería un plan de seguridad integral enmarcado en el llamado Poder Comunal. "Estos comités no son simplemente para estrechar los lazos entre comunidades y organismos a fin de detectar a los azotes o a los vendedores de sustancias estupefacientes. Esta reunión supone ampliar el concepto de seguridad, para sean esos comités los encargados de denunciar también a especuladores y acaparadores", enfatizó el prefecto de Vargas, Cosme Gutiérrez. (Ultimas Noticias, 21.03.07, pag. 34). Declaraciones similares realizó el Comisario Argenis Guillén, director de Seguridad Ciudadana del estado Miranda. Este funcionario afirmó que los Consejos Comunales combatirían la delincuencia en los municipios al ser parte de las comisiones que se reunirían mensualmente para aportar datos a los organismos de seguridad. ( La Calle, 09.03.07, pag. 12). No es nueva la idea de querer descargar en la ciudadanía responsabilidades de seguridad nacional o seguridad ciudadana. En gobiernos anteriores estas ideas también se propusieron, pero que sepamos sólo prosperaron en Barquisimeto donde se crearon las "Brigadas Vecinales de Seguridad". Sin embargo, con este gobierno la propuesta ha sido más persistente y parece que avanza su implementación. No es a los ciudadanos a quines les corresponde la seguridad de la Nación y de la sociedad: esta es una responsabilidad que corresponde al Estado. Además en materia de seguridad ciudadana organizar grupos de ciudadanos para enfrentar el delito ha dejado muy malas las experiencias en otros países: las "Rondas Campesinas en Perú, promovidas por Fujimori se convirtieron en comandos para asesinar , las "Convivir" promovidas por Alvaro Uribe desde una gobernación colombiana, constituyeron las semillas de las tenebrosa organización paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia; los Escuadrones de la Muerte promovidos de manera secreta por el gobierno de El Salvador dejaron innumerables muertos en el camino, terminaron siendo grupos delictivos que más que frenar la violencia la incrementaron y elevaron las violaciones de derechos humanos. En tal sentido, advertimos que ese tipo de propuestas puede incrementar la violencia en el país, aumentar la inseguridad e incrementar la circulación ilegal de armas.
DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES// En 2006 se registraron 22.605 accidentes laborales en el país
Tras la implantación de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente (Lopcymat) se generó un aumento en la declaración de accidentes laborales, de manera que para el 2006 se registraron 427% más sucesos que el año anterior. De esta manera, el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (Inpsasel) reportó 22.605 incidentes que afectaron a trabajadores durante su jornada laboral, de los cuales 148 (0,6% del total) resultaron fatales. De acuerdo con los datos oficiales, los sectores en los que se concentran los accidentes laborales son la manufactura, comercial y construcción. (El Universal, 14.03.07, http://noticias.eluniversal.com/2007/03/14/eco_art_en-2006-se-registrar_210663.shtml) Ante la situación reflejada en las cifras el presidente de Inpsasel, Jhonny Picone, quien también es viceministro de Seguridad Social, informó que se implementaría el Plan Nacional para la Prevención de Daños a la Salud en la Construcción, el cual busca reducir el índice de incidentes y enfermedades ocupacionales y beneficiar a un mínimo de 200.000 trabajadores. Inpsasel, a través de la Dirección Estadal de Salud de los Trabajadores de Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro, conformó once mesas informativas, para dar a conocer el arranque del plan, actividad en la que participaron bomberos, unidades de supervisión del Ministerio del Trabajo, empresas básicas, Sutrabolívar, Sutic Bolívar, Sinatracom, cooperativas, Fedecámaras, Cámara de la Construcción, Alcaldía y Gobernación, entre otros. (Correo del Caroní, 26.03.07, http://www.correodelcaroni.com/content/view/61712/149)
DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES// A 89,1% se remontó el nivel de ocupación laboral en el país
El sector público logró un incremento en el número de trabajadores que supera ampliamente al registrado en el sector privado. Durante los últimos cuatro años la cantidad de empleos en los organismos gubernamentales ha crecido 33,6%, de acuerdo con los datos que presenta el Instituto Nacional de Estadística (INE). Esto significa que entre febrero del año 2003 hasta el mes pasado los trabajadores en el sector público pasaron de 1.371.332 personas hasta 1.833.092 personas. La tendencia alcista de las nóminas de empleados estatales ha sido constante sumando en un año 84.486 personas más a los entes del Gobierno. En contraposición, las empresas del sector privado lograron un alza en su capacidad empleadora, aunque no al mismo ritmo que registró el Estado. En tal sentido, los datos oficiales del INE dan cuenta de un aumento de 18,4% en lo que al número de trabajadores de ese sector se refiere. Los establecimientos privados pasaron de aglutinar a 5.01267 trabajadores a inicios del año 2003 a contar con 5.937.134 empleados al cierre del mes pasado. Según los datos aportados por el INE la población ocupada en Venezuela se ubicó al culminar febrero de este año en 10.843.969 trabajadores, cifra que incluye a todos las actividades económicas, incluyendo al sector informal. El número representa un nivel de ocupación de 89,1% de la población activa en el país, que totalizó 12.166.191 personas para febrero 2007. (El Universal, 27.03.07, http://noticias.eluniversal.com/2007/03/27/eco_art_nomina-estatal-creci_227885.shtml) Según el boletín Venescopio el mercado laboral del país enfrenta desde hace algunos años un reto que se traduce en profundas transformaciones. Por un lado, según sus consideraciones, debe generar a mayor velocidad puestos de trabajo formal para cubrir la demanda de gente joven y mujeres que se incorporan al mercado laboral, y, a la vez, incorporar en la formalidad a los ocupados del sector formal; por otro lado, el sistema de seguridad social deberá responder con calidad a las presiones del envejecimiento de la Fuerza de trabajo, cada vez es más amplia la proporción de ocupados de mayor edad. (Venescopio, 26.03.07, http://www.venescopio.org.ve/docs/reporte_febrero-marzo2007.pdf)
DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES// Cifras estiman 120 muertos en el estado Bolívar, en un año, por violencia ligada a la obtención de puestos de trabajo
Entre 2005 y 2006 la Cámara de la Construcción ha documentado el asesinato de 120 personas vinculadas con los sindicatos de la construcción en el estado Bolívar. Por su parte, el reporte de la Federación de Trabajadores del Estado Bolívar calcula una cifra mayor, estimando los fallecimientos en 150 hombres. La violencia es, presumiblemente, originada por la pugna existente entre diferentes organizaciones gremiales por la obtención de puestos de trabajo. Al respecto, Víctor Moreno, presidente de la Federación de Trabajadores del Estado Bolívar, propuso la unificación de las organizaciones obreras: “el Gobierno debe convocar a toda la dirigencia sindical a una reunión con los ministerios de Relaciones Interiores y Justicia, de Industrias Básicas y Minería, del Trabajo, con las federaciones, e impulsar un compromiso. Y que los resultados se respeten para que los empresarios contraten con ese sindicato legitimado". (El Nacional, 11.03.07, Siete Días/4). La violencia por empleos no se limita al estado Bolívar. El pasado 20.03.07 dos trabajadores de la construcción resultaron heridos luego de que afiliados a los sindicatos Suticea y Sinasoica se disputaran el control de una edificación realizada en la Avenida Las Delicias de Maracay. La trifulca era la segunda desde el inicio de las obras en el lugar. (El Universal, 21.03.07, 3/20).
DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES// ¿Peligra la independencia de las organizaciones sindicales?
En el acto de lanzamiento del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), realizado el pasado 24.03.07, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, realizó afirmaciones que cuestionaban la independencia de las organizaciones sindicales. "Los sindicatos no quieren tener nada que ver con el partido ni con el Gobierno; quieren ser autónomos, es una especie de chantaje", manifestó en el acto. Añadió que existían "sindicatos como inodoros, insípidos, que se limitan tan sólo a la lucha de las reivindicaciones laborales, pero que pierden de vista la lucha histórica de la clase obrera por la revolución". (El Nacional, 25.03.07, A/4). “No queremos un frente de partidos, como es la propuesta de algunos -aliados-, queremos un partidos de frentes: obrero, campesino, mujeres, estudiantes, un partido con distintos brazos pero con una sola cabeza, que no es la mía sino de una dirección (…)“Se requiere el brazo industrial y el brazo político, el partido y los sindicatos, pero no cada uno por su lado, no autónomos; pasa lo mismo que los partidos que quieren autonomía y toman sus decisiones (…) Eso no puede ser así, no vinimos a hacer bochinche (confusión) sino una revolución”, destacó. Asimismo, dijo que al igual que los partidos los sindicatos “nacieron con el mismo veneno de la autonomía”, por lo que instó a sus dirigentes a “largar todo eso al basurero, construyendo el gran partido socialista unido bolivariano y revolucionario”. “Si los dirigentes sindicales quieren conservar su partidito, porque se convirtieron en partiditos, vamos a buscar directamente a los trabajadores para construir el frente obrero”, expresó. (Milenio, 25.03.07, http://www.milenio.com/index.php/2007/03/25/53229/) Dichas declaraciones generaron reacciones en diferentes organizaciones gremiales de trabajadores. La corriente CCURA (Corriente Clasista, Unitaria, Revolucionaria y Autónoma) de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), enviaron una carta pública al Presidente en donde afirman que “cuanta mayor libertad tenga un organismo obrero o popular para criticar decisiones burocráticas, para denunciar comportamientos corruptos o para enfrentar prácticas cuarta republicanas, más fuerte va a estar la revolución, y no al revés. No vemos en esa independencia el peligro de “embochinchar” sino que vemos en la falta de independencia el peligro de más burocratismo”. En la misiva, dicha dirigencia sindical apuntan que “en esto de la concepción de la “no independencia” de los sindicatos pudiéramos caer, sin quererlo, en cierto paralelismo con aquella desafortunada experiencia, que apenas acabamos de superar –el control de AD de la CTV-”. (Aporrea, 27.03.07, http://www.aporrea.org/trabajadores/n92511.html). Por su parte, José “Acarigua” Rodríguez, presidente del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Siderúrgica y sus Similares (Sutiss) de Guayana declaró que “Estamos llamados a preservar la institución sindical, pues es la herramienta más idónea en defensa de las conquistas laborales. Es verdad, hay muchos defectos como virtudes, prefiero la imperfección que a la nada. Más bien, debemos enfocar esfuerzos en combatir la división en el movimiento, el cual no es casual ni gratis. El presidente debe ser más prudente con sus palabras”. Un reportaje de un periódico regional requirió otras opiniones de dirigentes obreros de la región guayanesa. José Sánchez, vocero del Sindicato Unificado de los Trabajadores del estado Bolívar (Sutrabolívar), dijo que “No hemos ocultado nuestro respaldo a la constitución del partido único, mas no ponemos en discusión la unificación de los sindicatos o la desaparición de los mismos. El sindicato es democracia y por lo tanto debe ser propulsor de cambios y de renovaciones al colectivo, pues no podemos seguir apegados al viejo sindicalismo que se practicó en la CTV”. Henry Arias, miembro del Sindicato Único de Trabajadores del Aluminio de la Empresa C.V.G. Alcasa (Sintralcasa) expresó que “Nos toca hacer grandes reflexiones. El movimiento sindical, en su mayoría, brindó un respaldo irrestricto al proceso de cambios, pero pareciera que lo que tanto buscó el régimen capitalista se lo va a regalar un gobierno que se dice revolucionario: las convenciones colectivas de trabajo. Si se diera un golpe a los sindicatos, detrás viene la entrega de estos beneficios de larga y dura lucha histórica”. (Correo del Caroní, 28.03.07, http://www.correodelcaroni.com/content/view/61958/149).
DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES// Centrales sindicales levantan reivindicaciones de cara al 1 de Mayo
En una entrevista concedida a un semanario de circulación nacional, Orlando Chirinos, dirigente de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), perteneciente a la corriente CCURA, afirmó que entre el pliego de exigencias que difunden, ante la celebración del Día del Trabajador, se encuentra el que el salario mínimo se ubique en un millón cuatrocientos mil bolívares. Chirinos declaró que debe abrirse un debate con todas las organizaciones sindicales no solamente para hablar del monto del salario mínimo, sino también sobre la calidad del empleo de los trabajadores y la inamovilidad laboral. (Quinto Dia, 23.03.07, pag. 18). Por su parte, Manuel Cova, presidente encargado de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) manifestó que el aumento salarial debe ser de un 30%. Asimismo, apunto que si bien considera un avance la reducción del IVA a un 9%, alegó que era necesario su eliminación total en los productos de la cesta básica. (2001, 16.03.07, pag. 5).
DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES// Ministra de Ambiente afirma que no se abrirán más minas de carbón en el Zulia
El pasado 20.03.07 un grupo de organizaciones indígenas, ambientalistas y políticas del estado Zulia y de otras partes del país, se concentraron frente al Ministerio del Ambiente en Caracas. La acción buscaba rechazar la explotación carbonífera en la Sierra del Perijá y denunciar las amenazas a los habitantes de las comunidades Chaktapa, Río Yaza y Guacaipuro. Representantes de la delegación fueron recibidos por la Ministra de Ambiente Yuvirí Ortega de Carrizalez, quien afirmó que según mandato presidencial “estaba prohibido abrir nuevas minas de carbón en el estado Zulia”. Tras la reunión, los voceros de indígenas y ambientalistas declararon que “habían enterrado el fantasma del carbón”, pero que “mientras no sean derogadas por decreto las concesiones mineras en tierras indígenas, la lucha continúa”. (Soberanía, 22.03.07, http://www.soberania.org/Articulos/articulo_3029.htm). Videos con las declaraciones de la funcionaria de ambiente pueden verse en los enlaces http://www.youtube. com/watch?v=sjjy8W7p9U4 y http://www.youtube.com/wat ch?v=6pvTQfqDjWY Semanas antes de la actividad la empresa Carbones del Guasare había informado que un total de 6,8 millones de toneladas de carbón extraerá durante el 2007, en sus minas ubicadas entre los municipios Mara y Páez del estado Zulia. Durante el 2006, la empresa extrajo cerca de 6,1 millones de toneladas del mineral. (Panorama, 03.03.07). El día 19.03.07 un grupo de habitantes de comunidades zulianas asistieron, a su vez, al Ministerio de Ambiente para protestar por el posible cierre de la empresa extractiva debido a las presiones de ambientalistas. Según las informaciones emitidas por Carbones del Guasare, habían llegado a un acuerdo de 10 puntos, que no fueron divulgados, que contemplaba la conformación de mesas de trabajo para conocer los alcances, impactos, beneficios y proyectos socioeconómicos de la industria carbonífera en el Zulia. (Panorama, 22.03.07, 2/3).

DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES// Mujeres aumentan su participación en la reivindicación de sus derechos
Luzbelia Marín, presidenta de la Comisión de Políticas de la Mujer y Participación Protagónica del municipio Sucre, estimó que de cada 15 representantes de los consejos comunales, 10 son mujeres. Por otra parte, Venezuela ocupó el puesto 59, durante el 2006, entre las naciones con mayor participación de la mujer en el Parlamento, según el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer. (El Nacional, 12.03.07, pag. 10). La Gerencia de Estadísticas Sociales del INE informó que se encuentra elaborando una planilla única para registrar las denuncias sobre hechos de violencia intrafamiliar en los distintos entes receptores. La intención sería establecer criterios homogéneos para generar estadísticas confiables sobre el problema. (El Universal, 10.03.07, 3/4). Según Maria Hernández, defensora de los derechos femeninos en el Área Metropolitana, cada 10 días muere una mujer por causa de violencia. (El Nacional, 23.03.07, 1/8). El Cabildo Metropolitano de Caracas juramentó el pasado 23.03.07 a 200 mujeres como defensoras de los derechos femeninos en las parroquias de Caracas, voluntarias que forman 15 consejos de defensa en los cinco municipios metropolitanos. (El Universal, 23.03.07, 3/5).
DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES// Venezuela celebra Día Mundial del Agua entre el uso no racional y la contaminación de sus principales lagos
Según cifras recopiladas por Hidrocapital, cada caraqueño gasta entre 450 y 500 litros de agua por día, cuando la meta mundial de consumo por persona es de 250 litros diarios. Paolo Zotti, gerente de Comercialización de la empresa, indicó que si los ciudadanos no consumieran el doble de la cantidad ideal, la producción alcanzaría para surtir dos veces a Caracas. Las conexiones ilegales, los botes y fugas disminuyen el recurso. Las declaraciones se realizaron en torno a la celebración del Día Mundial del Agua, efeméride que este año se recordó bajo el lema "Afrontando la escasez". Según estimaciones de la Organizaciones de Naciones Unidas (ONU) de los 6 mil millones de habitantes aproximados que tiene el planeta, mil 100 millones no disfrutan de agua potable, y en Latinoamérica la cifra llega a los 77 millones. (Ultimas Noticias, 22.03.07, pag. 3). Diego Díaz Martín, presidente de la organización ambientalista Vitalis, afirmo que “la problemática del agua existe debido al desequilibrio entre la limitada disponibilidad y la creciente demanda del recurso, la contaminación de las aguas superficiales y subterráneas, los conflictos de uso, la poca coordinación intersectorial y la poca valoración que del recurso hace la ciudadanía”. (El Nacional, 22.03.07, A/7). Por otra parte se informó que las obras realizadas para descontaminar el Lago de Valencia no habían dado los resultados esperados. Así lo declaró Alfonso Herrera, ex asesor de la unidad ejecutora de las obras de saneamiento y control. (El Universal, 19.03.07, 1/8). En este mismo sentido, se denunció que el embalse de La Mariposa, ubicado en San Antonio de los Altos y que surte agua al área metropolitana, recibí sustancias de fertilizantes. La afirmación fue hecha por Raúl Pulido, Jefe de la División de Ambiente de la Alcaldía de Los Salias, ante las crecientes exigencias de la comunidad aledaña por disminuir la reproducción de bora en las aguas de dicho embalse. Los vecinos indican que la planta acuifera es responsable del brote de zancudos en la zona. (El Universal, 27.03.07, 3/6). Por último, también se denunció el nuevo incremento de Lemna, o lenteja de agua, en el Lago de Maracaibo. Alvis Pérez, directora de Salud de la Alcaldía del municipio Catatumbo, estado Zulia, informó que se había emitido un decreto de emergencia porque la planta verde "está putrefacta, ha acabado con los peces y ha generado brotes endémicos entre niños, jóvenes y adultos que residen en dichas comunidades de agua". "De los 80 kilos diarios de pesca hace dos años hoy sacamos cuando mucho dos o tres kilos al día, lo que representa una disminución drástica para nuestro bolsillo y el alimento para nuestras familias", aseguró Oswaldo Mata, pescador de la zona. (El Universal, 25.03.07, http://www.eluniversal.com/2007/03/25/pol_art_regresa-la-lemna-al_225487.shtml)
DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES// El Ejecutivo Nacional da inicio a la Misión Villanueva
Durante su programa Aló Presidente Nº 276, el jefe de Estado firmó el decreto para la creación de la Misión Villanueva, así como también dos puntos de cuenta, uno donde aprueba 3.2 billones para el plan masivo de viviendas, y otro donde se destinan 1.5 billones para dar inicio a la referida Misión. Los 3.2 billones destinados al plan masivo de viviendas permitirán la construcción de 100 mil unidades habitaciones para el año 2007. Estos recursos provienen de tres fondos, del Fondo de Inversiones de Pdvsa: 1.2 billones, del Fonden: 1 billón y del Fondo Miranda: 1 billón. Por otra parte, los 1.5 billones de bolívares estarán dirigidos a la primera fase de la Misión Villanueva, distribuidos 580 mil millones para la ejecución de varias obras en el área metropolitana de Caracas y área de influencia, 580 mil millones para proyectos en el resto del territorio nacional, 542 mil millones para la realización de estudios y proyectos en el Distrito Metropolitano, y 432 mil millones para el ámbito nacional. En este caso los recursos vienen del Fondo Miranda III. El dinero aprobado se suma a los 8 billones de bolívares que según el ministro del Poder Popular para la Vivienda y Hábitat, Ramón Carrizalez, se invierten actualmente en este sector, incluyendo la inversión internacional proveniente de China, Irán, Brasil y Uruguay. Con esta inversión actualmente se están construyendo 140 mil viviendas, de las cuales 88 mil estarán listas a final de este año. (Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e información, 18.03.07, http://www.mci.gob.ve/noticias_-_prensa/28/12810/aprobados_tres_billones.html). El ministro Carrizalez informó que con Ciudad Mariches, a finales de año se observarán los primeros resultados de esta nueva misión gubernamental. "Es un desarrollo donde van a vivir 1.200 familias, que está diseñado para que los habitantes puedan ir a pie a la escuela, al mercado y a su sitio de trabajo”. (El Nacional, 24.03.07, A/6). Por su parte José Miguel Menéndez, presidente del Instituto Metropolitano de Urbanismo, describió 6 ejes en los que la Misión Villanueva haría crecer a la ciudad capital: Catia-Maiquetía, Petare-Guarenas, Las Adjuntas-Los Teques, El Junquito, Turgua-Gavilán y Hoyo de la Puerta-Tuy Medio."Nosotros creamos el Plan Urbano Metropolitano y estamos trabajando en las ordenanzas que lo sustenten", declaró. (El Nacional, 22.03.07, A/12).
DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES// Continúan políticas públicas para asegurar disfrute de viviendas dignas
A petición de la Red Metropolitana de Inquilinos la Asamblea Nacional conformó una comisión especial para buscar soluciones a los desalojos inmobiliarios. El grupo parlamentario planea entregar un proyecto de reforma de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, entre otras cosas, para derogar las disposiciones acerca de que los inquilinos podían ser objeto de demandas de desalojo al dejar de pagar el alquiler durante dos meses seguidos. El diputado Juan Carlos Dugarte esplicó que el objetivo de la reforma era brindar mayor estabilidad a los inquilinos. Asi mismo, anunció que se realizaría una mesa técnica con propietarios, inquilinos y Gobierno para buscar mecanismos que permitan, a quienes viven alquilados desde hace tres décadas, adquirir las propiedades. (El Mundo, 10.03.07, pag. 5). La Alcladía Mayor informó que de las 2.600 solicitudes de expropiación recibidas, el ente había concretado 400. (Ultimas Noticias, 27.03.07, pag. 26). Por otra parte, un comunicado del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información apuntó que dentro del Plan Casa Media, el Gobierno Bolivariano, desde el año 2005 hasta la fecha, había entregado 97 mil 712 créditos hipotecarios a igual número de familias, de las cuales 48 mil 974 fueron beneficiadas con el subsidio habitacional. (Minci, 26.03.07, http://www.minci.gov.ve/noticias-nacionales/1/12960/mas_de_97.html)
DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES// Movilizados por una vivienda digna
Según datos estimados por la empresa Datanalisis, 49,4% de la población considera que el gobierno no hace lo suficiente para resolver el déficit habitacional. Según cifras difundidas por Luis Vicente León, director de la compañía, 33% de la población asegura que la falta de vivienda es su principal problema, 5,6% aspira a comprar una propiedad este año y 79% de los venezolanos no tienen capacidad de pago para comprar una vivienda. (2001, 20.03.07, pag. 11). Los aspirantes a disfrutar de una vivienda digna continuaron protagonizando movilizaciones en exigencia del derecho. Los manifestantes continúan radicalizando acciones para conseguir la atención de las autoridades. Baldemar Acosta, en representación de las Organizaciones Comunitarias de Vivienda (OCV) Chema Saber y Santa Eduviges, radicadas en Coro estado Falcón, se encadenó en las puertas de la alcaldía de la ciudad, con la boca cosida, para protestar por el incumplimiento de las autoridades con las actas-convenio firmadas con las OCV, en las cuales se prometía la adjudicación de viviendas. (El Nacional, 16.03.07, C/1). En Caracas un grupo de vecinos de La Vega y Montalbán manifestaron frente a la antigua sede de Conavi, en Las Mercedes, exigiendo cumplimiento a las promesas de la Alcaldía Mayor de expropiar terrenos para la construcción de casas. (El Universal, 14.03.07, 3/1). 100 familias, pertenecientes a la OCV La Esperanza, realizaron la toma de un terreno ubicado en Cagua para presionar por viviendas. (El Aragueño, 14.03.07, pag. 7). En Maracay, ante un déficit calculado en 150 mil viviendas, las OCV de la ciudad se movilizan 5 veces por semana para presionar por las soluciones habitacionales (El Universal, 12.03.07, 1/9). El 19.03.07 varios manifestantes retuvieron en la Catedral de Maracay a diferentes autoridades como medida de presión. (El Universal, 20.03.07, 1/9). En Puerto La Cruz 820 familias invadieron un terreno ubicado en el sector Latinia de la ciudad. En Barcelona, por su parte, un centenar de familias se ubicaron en los terrenos aledaños al hospital Razetti. (El Universal, 20.03.07, 1/7). En Maracaibo la Policía Regional realizo la detención de un ocupante de terrenos, José Camargo, tras el desalojo de familias en la zona de Santa Lucía (Panorama, 09.03.07,1/2). Los damnificados y damnificadas también han realizado denuncias sobre el aplazamiento de sus reubicaciones definitivas. Tras 15 meses de desalojos, los habitantes de Manantial II y Nueva Esparta, aledaños al Viaducto 1, esperan por casas. (El Nacional, 22.03.07, C/13). En San Cristóbal, 20 familias desplazadas por las lluvias de julio del 2006 cerraron la avenida Marginal del Torbes protestando por la situación del refugio en el que viven. (El Nacional, 23.03.07, C/11). En Vargas, 25 familias albergadas en el antiguo Bar El Pez que Fuma esperan por las casas prometidas por las autoridades locales. (El Universal, 11.03.07, 4/8). En Guatire los refugiados del Polideportivo Francisco Mujica Toro, 16 familias, llevan cinco años esperando viviendas. (El Universal, 24.03.07, 3/7).
DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES// Damnificados de Simón Rodríguez son amenzados tras denunciar su precaria situación
Las familias alojadas en el refugio “Simón Rodríguez”, dependiente de la Alcaldía del Municipio Bolivariano Libertador manifiestan su incomodidad ante el trato, que califican de “despótico”, y las continuas amenazas que reciben de la coordinación de la Dirección de Atención al Soberano de esta administración municipal. Particularmente graves son sus señalamientos de que después de que un equipo de PROVEA, y posteriormente un equipo de reporteros de RCTV, visitaron el refugio han recibido un trato particularmente grosero y amenazante, que incluye amenazas telefónicas de ser desalojados del refugio como represalia por haber efectuado denuncias sobre su situación. Los actos de coerción han incluido la destitución de la Trabajadora Social que ejercía la coordinación del refugio, Yusi Diaz, quien conversó telefónicamente con Provea para ratificar la denuncia realizada por los damnificados. Para conocer las denuncias realizadas por los habitantes del refugio Simón Rodríguez, visitar http://www.derechos.org.ve/actualidad/coyuntura/2007/coyuntura_182.html#06
DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES// El consumo se eleva en la población de menores recursos
Según un estudio difundido por la empresa Datanálisis, el consumo de la población de bajos recursos se elevó 22%. Según las cifras recopiladas, el poder adquisitivo de la clase E, alrededor de 45,7 de los venezolanos, se recuperó un 14%. Por su parte, las clases A, B y C redujeron sus ingresos en un 23%, mientras que la clase D no registró recuperación. (El Nacional, 14.03.07, 1/8). Datanálisis también divulgó una investigación que ofrece como conclusión que la población de los estratos D y E de Caracas era la que más sufría las consecuencias del desabastecimiento de los alimentos básicos regulados por el gobierno. Los datos afirmaban que los abastos y bodegas, así como los establecimientos Mercal, eran los que presentaban mayores niveles de ausencia de la lista de 17 productos de la canasta básica. Las bodegas y abastos reflejaron fallas de 58% en estos productos, y la red Mercal de 37%. En contraste, los supermercados reportaron un 6%. La empresa encuestadora calculó que los caraqueños y caraqueñas utilizan 12 horas al mes para poder conseguir en sus compras todos los productos que desean adquirir. (Ultimas Noticias, 22.03.07, pag. 24).
DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES// Propuestas y exigencias de Provea a los poderes públicos sobre el derecho a la vivienda
• Adoptar las medidas necesarias para atender apropiadamente las denuncias y demandas relativas a: reubicaciones inadecuadas, problemas en la calidad de las viviendas otorgadas, supuestos ilícitos en los procesos de adjudicaciones, retrasos crónicos en los complejos habitacionales iniciados años atrás y negligencia de las instituciones frente a las malas prácticas de terceros que construyen viviendas con fondos del sector público. • Garantizar que todos los organismos de vivienda, nacionales, regionales y locales, presenten en forma precisa, coherente y auditable los resultados de la ejecución de los recursos provenientes de los fondos públicos de vivienda. Crear mecanismos de control en el empleo de los fondos públicos para la construcción de viviendas. • Detener la práctica de los desalojos forzados como medida aplicada por los gobiernos regionales frente a la ocurrencia de ocupaciones ilegales. • Solicitar la revisión y reforma de la penalización de prisión establecida en el Código Penal para ocupantes ilegales, que aborda desde el enfoque punitivo un asunto principalmente social. • Procurar la realización y el mantenimiento de de mapas de riesgos locales, regionales y nacionales; que formen parte de los insumos necesarios para planes de desarrollo, así como de reubicación y nuevas viviendas. • Diseñar e implementar políticas de contingencia para el caso del colapso de viviendas por condiciones metereológicas, que conlleven la participación no sólo de los organismos del Estado encargados de las políticas públicas en materia de vivienda, sino también aquellos que pueden prestar colaboración y un enfoque integral de la problemática.. • Garantizar en todo procedimiento de expropiación de edificios o terrenos urbanos, la adecuada aplicación de la ley y el pago oportuno y justo de indemnización a los propietarios. (Provea, 28.03.07, http://www.derechos.org.ve/publicaciones/infanual/2005_06/pdf/exigencias.pdf)
DERECHOS CIVILES Y POLITICOS // Manifestaciones reprimidas durante el mes de marzo
El 19.03.07 un grupo de productores agrícolas de los diferentes sectores rurales del Municipio Zaraza, Estado Guárico, se concentraron en las instalaciones del peaje de Zaraza a fin de realizar una protesta pacifica por el mal estado de todas las troncales rurales del municipio. El derecho a la protesta fue vulnerado por la Policía Regional, quien reprimió la manifestación utilizando bombas lacrimógenas y perdigones plásticos. El resultado de la acción policial fue de 2 manifestantes heridos y 13 detenidos. El 19.03.07 integrantes de los bloques de desempleados y de las comunidades organizadas de la zona noroeste de Anzoátegui se apostaron en los lados de la carretera de La Costa, para impedir el acceso de los trabajadores del Complejo Industrial José Antonio Anzoátegui como medida de presión para exigir plazas laborales. El Grupo de Respuesta Inmediata Policial (Grip) disolvió la acción de calle con bombas lacrimógenas deteniendo a cuatro manifestantes, entre ellos Manuel Goitia, vocero del Bloque A de desempleados. También fueron apresados Luis Ramón Fernández Urpín, Andrés Miguel Cuiche y Simón de Jesús Caroles Vicent. El 13.03.07 un grupo de jubilados y pensionados protestaban frente a la sede de la Gobernación del Zulia cuando fueron reprimidos con bombas lacrimógenas y perdigones por funcionarios de la policía regional. Los manifestantes exigían la cancelación de deudas laborales. El 12.03.07 agentes de Polivargas desalojaron, utilizando perdigones, a más de 100 familias del sector Quebrada Seca de Caraballeda, quienes habían invadido el edificio Las Perlas desde el 11.03.07, con la intención de presionar a las autoridades de Corpovargas para que les dieran el dinero prometido por sus casas. En la refriega hubo dos heridas: una embarazada y una niña. Siete personas quedaron detenidas por enfrentarse a la policía: Iris Castillo, Yamilé Gómez, José Armas, Daniel García, Jorge García, Marly Romero y Giselle López. Por su parte, ese mismo día en Los Teques cerca de 15 personas resultaron lesionadas con perdigones, entre ellas un niño de 3 años, y 10 personas fueron asfixiadas por los gases lacrimógenos cuando efectivos de Polimiranda desalojaban a personas que ocupaban un terreno en el sector La Ladera en Carrizal. Los agentes policiales derribaron 17 viviendas, de los 680 que se encuentran en el sitio, cuyos enseres fueron confiscados, cuando los vecinos se enfrentaron rompiendo los vidrios de dos patrullas e hirieron a una funcionaria con una piedra. En el hecho fue golpeada y posteriormente detenida, Maryorie Sánchez, una de las ocupantes. El 12.03.07 dos estudiantes fueron detenidos en Carora, estado Lara, cuando realizaban una protesta debido a la muerte de dos jóvenes por el hampa común. La Guardia Nacional y la policía regional lanzaron bombas lacrimógenas contra la Unexpo, recinto en el que estudiaban las dos víctimas. El 09.03.07 tres comerciantes informales y tres agentes de la policía de valencia resultaron heridos tras los disturbios generados en la ciudad cuando se intentó el desalojo de un grupo de buhoneros. En la refriega, los informales detenidos fueron Israel Olaizola, Adelina Avendaño y Virginia Arvelo, quienes fueron puestos a la orden del Ministerio Público. Se informó de saqueos a locales comerciales y quema de cauchos en el centro de la ciudad. El 05.03.07 funcionarios de Poliaragua disolvieron una manifestación de trabajadores de Invialta utilizando gases lacrimógenos, luego de que cerraran el Peaje de Palo Negro exigiendo la cancelación e prestaciones sociales. Ese mismo día, dos adolescentes, 15 mujeres y 10 hombres fueron detenidos por efectivos del estado Bolívar cuando intentaban ingresar a la construcción del complejo residencial Ciudad Angostura, en Ciudad Guayana, como medida de presión para satisfacer su derecho a la vivienda digna.
DERECHOS CIVILES Y POLITICOS // Red de Apoyo y familiares de víctimas entregan informe contra la impunidad ante el Ministerio Público
La Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, conjuntamente con víctimas y familiares de víctimas de violación a los derechos humanos entergó el 23.03.07 un informe al fiscal general de la República, Julián Isaías Rodríguez, sobre los casos que lleva la organización en los cuales han transcurrido hasta 7 años sin que el Ministerio Público realice un acto conclusivo. En el marco del 27º Aniversario de la muerte del Monseñor Romero, pionero en la defensa de los derechos humanos en América Latina, celebrado el 24.03.07, la Red de Apoyo realizó una acción de calle frente a la sede del Ministerio Público de Parque Carabobo, para alertar a la opinión pública y a los organismos de seguridad del país, que la mayoría de los delitos cometidos desde el poder no son sancionados, porque se han instalado mecanismos de impunidad, como el retardo en las investigaciones, que juegan al cansancio de la víctima. En esta acción de calle los asistentes solicitaron celeridad ante el Ministerio Público en cuanto a la violación del derecho a la vida de Alejandro Hernández Maparí (1998, Caracas. Guardia Nacional); Edward Moisés Álvarez (2003, Barquisimeto. Policía de Lara); Carlos Miguel Pico (2003, Caracas. Policía Municipal de Sucre); Robert Linares (2003, Vargas. Policía Regional); Yetsi Colina Martínez (2003, Caracas. Policía Metropolitana); Manuel Ladera (2004, Vargas Policía Regional); Rodolfo Palacios (2004, Caracas. CICPC); Rubén Darío Moreno (2004, Caracas. CICPC); José Gregorio Varela (2004, Caracas. Policía Municipal de Sucre); Daniel Neira (2005, El Nula- Apure. Ejército y GN); Darwin Peraza Marín (2005, Vargas. CICPC y GN) y Carlos Herrera Ramírez (2005, Caracas. CICPC). (Red de Apoyo, 21.03.07, http://www.redapoyo.org/Noticias/Notas%20de%20Prensa/2007/acci%F3n-calle-marzo2007.htm)
DERECHOS CIVILES Y POLITICOS // Red de Apoyo apela decisión judicial que dejó en libertad a 5 policías involucrados en homicidio
La Red de Apoyo por la Justicia y la Paz introdujo un recurso de apelación contra la medida cautelar sustitutiva de libertad que el Tribunal 6º de Juicio del estado Carabobo, otorgó a cinco funcionarios de la Policía de Guárico presuntamente involucrados en el homicidio del comerciante Arturo Hernández, hecho ocurrido en Valle de la Pascua, estado Guárico, el 12.04.04. Durante las investigaciones conducidas por el Ministerio Público se determinó que los autores materiales de la muerte de Arturo Hernández fueron Wilfredo Febres, Luis Enrique Ledesma Ruiz, Evin Rafael Quiche, Adolfo León Idarraga y Juan Ramón Rivas Lara, todos ellos funcionarios activos de la Brigada de Intervención y Apoyo de Policía Regional. Dichos funcionarios, con excepción de Febres, permanecieron recluidos en el internado Judicial de Carabobo, hasta el 26 de febrero de 2007, cuando la juez 6ª de juicio, Magaly Nieto Rueda le otorgó el beneficio de salida bajo presentación. El 05 de agosto de 2005, Wilfredo Febres fue beneficiado “por razones humanitarias” con una medida cautelar de arresto domiciliario, medida que ha sido incumplida por el acusado, pues ha sido visto en un restaurante de Valle la Pascua. La Red de Apoyo, en su escrito de apelación también deploró el reciente nombramiento de Wilfredo Febres, como Inspector General de la Policía Regional de Guárico, pues este funcionario tiene otro expediente abierto (Nº 12-F14-0573-02) por allanamiento arbitrario, acción que fue ejecutada en el lapso en el cual Febres debería estar cumpliendo con el arresto domiciliario. (Red de Apoyo, 16.03.07, http://www.redapoyo.org/Noticias/Notas%20de%20Prensa/2007/Apelacion-ArturoHernandez.htm)
DERECHOS CIVILES Y POLITICOS // Anuncian inversiones en centros penitenciarios
El Ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores y Justicia, Pedro Carreño, informó la continuación del Plan de Humanización del Sistema Penitenciario, el cual contará este año con un aporte de 50 mil millones de bolívares. Explicó Carreño que su despacho está trabajando en la búsqueda de soluciones expeditas en materia penitenciaria. Además mencionó que el Ejecutivo nacional ha iniciado las inversiones necesarias para la construcción de 14 Comunidades Penitenciarias y 25 Centros de Tratamientos Comunitarios. (MINCI, 27.03.07, http://www.minci.gov.ve/noticias-nacionales/1/12955/ministro_carreno_anunciinversion.html)
DERECHOS CIVILES Y POLITICOS // Afirman que publicidad oficial discrimina a medios críticos con el gobierno
En un estudio realizado por el Centro de Investigaciones de la Comunicación (CIC), de la Universidad Católica Andrés Bello, sobre la distribución de la publicidad oficial en la prensa venezolana se afirma que los medios cuyas líneas editoriales son favorables a la gestión gubernamental continúan acumulando la mayoría de la publicidad oficial, especialmente la del Ejecutivo. El estudio se realizó con una muestra recogida entre los meses de agosto y septiembre del 2006 en 4 diarios: El Nacional, Últimas Noticias, Panorama y Correo del Caroní. El estudio asegura que en el estado Zulia, el diario Panorama registró casi el doble de centimetraje del gobierno municipal (de tendencia oficialista) que del regional (de tendencia opositora). Asimismo, afirma que tanto El Nacional como el Correo del Carona son víctimas de discriminación, el primero, básicamente, del Ejecutivo Nacional y el segundo de ambos, pero especialmente de las instituciones regionales. Por otra parte, considerando los valores totales de cm2 de los diarios analizados, el promedio de centimetraje de los diarios Panorama y Últimas Noticias fue de 75.366,7cm2, mientras que para El Nacional y Correo del Caroní, 6.531,13cm2. Los diarios de línea editorial favorable al gobierno publicaron 11,5 veces más publicidad que los no alineados, según las cifras del estudio. Para acceder a los resultados, se puede consultar el estudio completo en http://www.ucab.edu.ve/ucabnuevo/Infocracia_CIC/recursos/estudio_puboficial.pdf Según Andrés Cañizález, “sencillamente se utilizan los fondos del Estado para premiar adhesiones o castigar a los críticos, sin más la publicidad oficial termina siendo un garrote para golpear a aquellos que se portaron mal”. Asimismo, afirma que “los estándares internacionales, especialmente europeos, a los que tanto cita el ministro Jesse Chacón cuando habla del futuro canal 2 como señal de servicio público, indican que la pauta publicitaria del Estado debe distribuirse de acuerdo a la circulación y a la ubicación geográfica de medio”. (Tal Cual, 22.02.07, pag. 4).
DERECHOS CIVILES Y POLITICOS // Recrudecen denuncias sobre funcionarios policiales incursos en delitos y homicidios
Desde enero hasta la primera quincena de marzo 2007, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas contabilizó 15 hechos de sangre que involucraban a uniformados de la Policía Metropolitana. (El Universal, 25.03.07, 4/13). Según la Inspectoría y la Secretaría de Seguridad de la Policía Metropolitana, cerca de 800 funcionarios poseen expedientes por diferentes delitos. Cerca de 80 efectivos han sido detenidos en flagrancia, de los cuales uno es comisario y 10 oficiales subalternos. De esta cifra, 24 tienen sentencia firme y 28 órdenes de aprehensión. Por su parte, 329 efectivos están en proceso de ser destituidos por su presunta vinculación en hechos que incluyen secuestro, robos y extorsión. Durante la primera semana de marzo, 120 efectivos fueron suspendidos. (El Universal, 19.03.07, 3/23). Estos funcionarios no son expulsados del organismo policial: son separados de sus cargos hasta que se determina si tienen o no responsabilidad en los delitos que se les imputan. (Ultimas Noticias, 16.03.07, pag. 28). Un caso de abuso por parte de funcionarios de la Policía Metropolitana ocurrió el pasado 15.03.07 cuando un joven con síndrome de down fue detenido por agentes de la PM, quienes lo introdujeron en un baño, lo golpearon y lo intentaron violar. Los responsables fueron detenidos y su caso remitido a la Fiscalía Cuarta del Area Metropolitana. (El Universal, 13.03.07, 3/23). En otro hecho, se acusó a tres metropolitanos de ajusticiar a un carpintero en Fila de Mariches. Otros cinco efectivos fueron detenidos el 14.03.07 por participar en dos asesinatos. (Ultimas Noticias, 15.03.07, pag. 30). Los casos de efectivos policiales involucrados en delitos no se limitan al área metropolitana. Agentes de la Guardia Nacional (GN) atraparon in fraganti a dos funcionarios de Poliaragua cuando extorsionaban a un joven en San Mateo, estado Aragua. (Ultimas Noticias, 14.03.07, pag. 34). En Guárico familiares de cinco víctimas asesinadas en el estado Guárico se dirigieron a la Defensoría del Pueblo y al Cicpc para que se investigue la presunta participación de funcionarios policiales de la entidad federal. (El Universal, 26.03.07, http://www.eluniversal.com/2007/03/26/sucgc_art_acusan-a-policias-po_226594.shtml). En esta misma entidad, en el 2005, la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional investigó las denuncias de un grupo de víctimas que señalaron a la Policía de Guárico por violaciones a los derechos humanos. (El Nacional, 26.03.07, pag. 14). En Ocumare del Tuy, por su parte, cinco funcionarios de la Policía Municipal de Tomás Lander quedaron detenidos tras ser identificados como los responsables de la muerte de dos estudiantes, ultimados el 18.03.07. (Ultimas Noticias, 23.03.07, pag. 32).
DERECHOS CIVILES Y POLITICOS // Propuestas y exigencias de Provea a los poderes públicos sobre el derecho a la vida
• Garantizar el diseño, creación y ejecución de un sistema de información que permita establecer diagnósticos certeros respecto a la situación del derecho a la vida a nivel nacional. • Garantizar una efectiva averiguación sobre los casos de muertes en “enfrentamientos” para proceder a la ejecución de las medidas judiciales a que hubiera lugar y adoptar las medidas necesarias para prevenir y evitar este tipo de fallecimiento. • Cumplir de manera efectiva y oportuna con las normas de la Ley de Protección de Víctimas, Testigos y Demás Sujetos Procesales en aquellos procesos que se realicen contra funcionarios de los cuerpos armados del Estado • Propiciar la adopción en el currículo formativo de los agentes de seguridad de las normas para el uso de ramas de fuego bajo los principios de excepcionalidad, necesidad y proporcionalidad deben encontrase presente. En este sentido, se insta a la CONAREPOL a incorporar este aspecto en el diseño de la nueva policía del país. • Garantizar la protección de niñas, niños y adolescentes, víctimas frecuentes del accionar de la delincuencia como de violaciones a los derechos humanos por parte de cuerpos policiales y efectivos de las FAN. • Garantizar que el Ejecutivo Nacional evalúe y reoriente la actuación de las FAN frente a la ciudadanía, especialmente en las zonas fronterizas del país. (Provea, 28.03.07, http://www.derechos.org.ve/publicaciones/infanual/2005_06/pdf/exigencias.pdf)
REFORMA CONSTITUCIONAL // Constitucion ¿Qué reformar?
Sostenemos que reformar la Constitución no es tema prioritario en las condiciones políticas y sociales del país. Hay asuntos más apremiantes sobre los cuáles el gobierno debería promover un debate amplio y plural: la inseguridad y el desempleo, dos angustias que conviven con las familias venezolanas, principalmente, las de menores recursos. Sin embargo, como ya es un hecho que la dirigencia política que gobierna al país le impuso a la sociedad venezolana un proceso de reforma de la Constitución, consideramos pertinente presentar algunas propuestas. El proceso de reforma debe guiarse por el principio de no regresividad. Es decir, cualquier modificación no debe significar desmejorar lo ya conquistado en materia de de garantías, derechos e institucionalidad democrática. El debate debe ser lo más participativo posible. Lamentablemente, no empezó así Es contrario al pregón de una democracia participativa, crear una Comisión Presidencial para que elabore una propuesta dándole el mandato que trabaje a puertas cerradas y mantenga un estricto secreto de lo que se discute. Seis grandes aspectos deben reformarse en la Constitución 1.- Eliminar los privilegios de los cuales gozan hoy los militares en términos sociales y políticos. En tal sentido, la seguridad social debe ser parte del sistema único y no aparte y privilegiada. Se debe restablecer la prohibición de ejercer la autoridad militar y civil en un mismo funcionario, lo que ha permitido la invasión de militares activos en la administración pública. Indicar expresamente la subordinación de los militares al Poder Civil. Declarar la Fuerza Armada Nacional como no deliberante sin suprimir el derecho al voto que consideramos más bien una conquista. Eliminar el antejuicio de mérito para los altos oficiales de la Fuerza Armada, porque ello favorece la impunidad. 2.- Eliminar la injerencia del Consejo Nacional Electoral en la vida de los sindicatos, restableciendo su plena autonomía para elegir sus directivas. 3.- Normar expresamente que la justicia militar no podrá juzgar civiles, que los fiscales militares los nombrará y destituirá el Fiscal General y no el Presidente de la República y que los jueces militares se escogerán sin injerencia del Poder Ejecutivo. Afirmar que sólo puede haber un Fiscal General eliminando así la figura del Fiscal General Militar. 4.- Establecer expresamente la obligatoriedad de los patronos y trabajadores de cotizar a la seguridad social 5.-Limi