CONTEXTO //
Designan nuevos representantes de Venezuela ante organizaciones internacionales de derechos humanos
La Asamblea Nacional (AN) autorizó el pasado 15.04.08 la designación del actual embajador en México, Roy Chaderton, como nuevo representante del país ante la Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington. Actualmente el representante de Venezuela ante la OEA es Jorge Valero, cuya designación como nuevo embajador del país ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Nueva York también fue autorizada por el Parlamento. Asimismo la AN, de 167 miembros, también autorizó la solicitud del Ministerio de Relaciones Exteriores para designar al ex Defensor del Pueblo Germán Mundaraín como nuevo embajador de Venezuela ante los organismos internacionales de la ONU, con sede en Ginebra, Suiza. (Venezolana de Televisión, 16.04.08, http://www.vtv.gob.ve/detalle.php?id=3210&s=1)
CONTEXTO // CIDH presentó su informe anual 2007 haciendo recomendaciones al gobierno venezolano en materia de DDHH
“La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo público el pasado 04.04.08 su Informe Anual correspondiente a 2007. El Presidente de la CIDH, Dr. Paolo Carozza, presentó el jueves ante la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
El informe consta de cuatro capítulos en los cuales se da cuenta de las actividades desarrolladas por la CIDH y sus Relatorías durante 2007 y se ofrece información sobre el procesamiento de peticiones y casos y el otorgamiento de medidas cautelares a lo largo del año. Asimismo, el Capítulo IV contiene secciones especiales sobre la situación de derechos humanos en Colombia, Cuba, Haití y Venezuela, países que la CIDH consideró que merecían especial atención en 2007.
En el capítulo correspondiente a Venezuela se expresa que durante el año 2007 la CIDH dedicó gran parte de sus esfuerzos en intentar materializar una visita al país, voluntad que se ha visto frustrada por la falta de respuesta del Estado en proponer una fecha precisa para la realización de la misma. La Comisión resalta que la actitud del Gobierno de Venezuela contrapone la buena práctica de casi la totalidad de los Estados Miembros de la OEA de facilitar a la CIDH las visitas a sus países.
Durante el 2007 la Comisión continuó recibiendo información sobre la situación de los defensores y defensoras de derechos humanos en el país. Entre las cuestiones que principalmente llamaron la atención de la Comisión, se encuentran: i) el creciente número de amenazas y de atentados a la vida e integridad personal; y ii) otros obstáculos en el ejercicio de su labor, específicamente la descalificación pública por parte de funcionarios del Estado, las acusaciones relacionadas con la recepción de fondos del exterior, y las dificultades en el acceso a la información.
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CONTEXTO //
Fallece Janek Kuczkiewicz, connotado defensor de los derechos humanos y sindicales en el mundo
El pasado 07.04.08, en su domicilio en Bruselas, Bélgica, falleció producto de un infarto Janek Kuczkiewicz, conocido defensor de los derechos sindicales a nivel internacional. Kuczkiewicz ejercía como Director de Derechos Humanos y Sindicales en la Confederación Sindical Internacional (CSI), antigua Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL).
Nació en Wilrijk, Bélgica, el 23 de junio de 1956. Se incorporó al movimiento sindical internacional en 1982, entrando a trabajar para el Departamento de Política Social y Económica de la CIOSL, donde sería una figura central del sindicalismo internacional en apoyo al sindicato independiente Solidarnosć en Polonia. También tomó parte activa en la campaña para poner fin al apartheid en Sudáfrica.
Recientemente se desempeñaba, además, como editor en Jefe del Informe Anual sobre las Violaciones de los Derechos Sindicales, el compendio de leyes y prácticas nacionales con mayor reconocimiento mundial, que incluye documentación detallada de casos individuales de represión antisindical incluyendo encarcelamiento, asesinato, tortura y otras formas de gobierno por parte de gobiernos y empleadores sin escrúpulos. Asimismo, se le recuerda porque en cualquier momento y muchas veces en circunstancias difíciles o incluso peligrosas, brindaba solidaridad directa y apoyo a sindicalistas víctimas de amenazas de muerte, represión, violencia o prisión, recientemente en países como Colombia, Guinea, Guatemala, Haití, Corea y Nepal. Infatigable defensor de la democracia y los derechos de los trabajadores/as en Birmania, donde se lo reconoce ampliamente como una fuerza impulsora en el establecimiento y mantenimiento de las presiones internacionales contra la junta militar de aquel país y su recurso sistemático al trabajo forzoso.
Provea desea extender sus palabras de condolencia a sus familiares, sus compañeros y compañeras de trabajo, y a todos los y las sindicalistas y trabajadores que lo conocieron alrededor del mundo. Para mayor información, visitar http://www.ituc-csi.org/spip.php?article1967&lang=es
CONTEXTO // Observe un video sobre la última campaña de Amnistía Internacional "El poder de tu voz"
CONTEXTO //
Yumare: 23 años en deuda con la justicia
El 8 de mayo de 1986 aparecieron en la zona de La Vaca, Yumare, Edo. Yaracuy, los cuerpos sin vida, algunos de ellos mutilados, de 9 personas, entre ellas una mujer con claros signos de haber sido torturada. Los medios de comunicación informaron sobre un presunto “enfrentamiento” entre una comisión de la DISIP con elementos guerrilleros que aún persistían en la lucha armada.
Los cuerpos sin vida de los supuestos guerrilleros fueron expuestos a la opinión pública, portando armas y con un abultado expediente de actividades ilícitas que fueron citados por los voceros del gobierno del presidente Jaime Lusinchi, como pruebas de que efectivamente se trataba de elementos “insurgentes”. Durante el enfrentamiento, argumentaban, fue herido de bala en el abdomen el comisario de la DISIP, Henry López Sisco, celebre cuadro elite de la policía política, de reconocida trayectoria contrainsurgente.
Pero la sorpresa llegó cuando aparecieron 4 sobrevivientes de aquel infierno, con las laceraciones físicas de una frenética fuga. Estos testigos declararon que no eran guerrilleros sino luchadores sociales ligados a un incipiente movimiento conocido como “Corriente Histórica Social”, que renegaban de la lucha armada, que algunos de los muertos (como el caso de Dilia Rojas) ni siquiera estuvieron en el campamento, que fueron llevados hasta ese sector por los infiltrados policiales Roberto y Alirio Rabanales, quienes les habían dado unas armas que fueron modificadas para disparar una sola vez y que con esto se pretendía que durante una eventual huida delatasen sus posiciones.
La declaración de los sobrevivientes desmintió el montaje mediático-judicial que pretendía justificar la policía política, con la excusa de combatir la “subversión izquierdista” que para la fecha había optado por la vía legal. Esta situación irregular se demostró en el juicio posterior, cuando el Teniente Coronel Aviación, Germán Rafael Blasco Acevedo como Canciller del Consejo de Guerra Permanente de Maracay, reveló que una posible “emboscada” en el sitio era absurda debido a que el lugar era plano, sin obstáculo, lo cual hace inviable cualquier tipo de “emboscada”. La efectividad de los tiros en zonas como el tórax y la cabeza, las mutilaciones de algunos de ellos, el hecho de que bajo el uniforme tuvieran ropa de civil o el mal agarre de un arma de guerra demostró a la opinión pública de que se trataba de un hipotético montaje.
Las víctimas de Yumare fueron Rafael Ramón Quevedo Infante, Ronald José Morao Salgado, Nelsón Martín Castellano Díaz, Dilia Antonia Rojas, Luís Rafael Guzmán Green, José Rosendo Silva Medina, Pedro Pablo Jiménez García, Simón José Romero Madriz y Alfredo Caicedo Castillo. Se han repetido en el tiempo como recuerdo de una deuda con la justicia.
Actualmente la Fiscalia pública ha reabierto el caso en vísperas de aclarar la situación y cerrar uno de los capítulos de impunidad de nuestra historia reciente. En 1999 Provea, mediante una acción de amparo constitucional, logró desclasificar el expediente, el cual poseía el status de secreto por parte de la Justicia Militar. El Estado aun mantiene la deuda de realizar una invetsigación imparcial y transparente que revele las responsabilidades materiales e intelectuales de aquel crímen.
DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES //
Presidente Chávez lanzará en el mes de mayo Misión 13 de abril
El Presidente Chávez, tras el anuncio de la creación de la “Misión 13 de abril”, declaró que la misma comenzará a funcionar el próximo mes de mayo.
Explicó el mandatario nacional que la misión tendrá dos niveles. El primero se encargará de elevar el nivel de vida del ser humano satisfaciendo las necesidades de vivienda, agua potable, energía eléctrica, empleo, alimentación, salud, entre otros servicios. El segundo es la conformación de las comunas. “No hay que esperar llegar a cien, que es el nivel óptimo para comenzar la segunda etapa, que es la comuna”. En su opinión a las comunidades que estén por encima de sesenta en el primer nivel, se les puede ir dando los lineamientos para la planificación y desarrollo de las comunas socialistas. En palabras del presidente las comunas son el futuro y espera que para el 2030, cuando se cumplan los doscientos años de la muerte del Libertador Simón Bolívar, esté completamente vivo “el Lázaro colectivo (…), y ese Lázaro colectivo es la Venezuela socialista”. (Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información, 15.04.08, http://www.minci.gov.ve/noticias_-_prensa/28/176711/presidente_chez_lanzarmision.html)
DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES //
Ejecutivo nacional asume control de Sidor, coincidiendo con peticiones de algunos líderes sindicales de la industria
El pasado 01.04.08, como fue anunciado por los representantes del Sindicato Único de Trabajadores Siderúrgicos y sus Similares se dio inicio al referendo consultivo para los más de 4.000 trabajadores de Ternium Sidor que están protegidos por la convención colectiva que hasta los momentos tiene más de 13 meses en discusión. Juan Marín, dirigente sindical de Sutiss y coordinador de esta actividad electoral, subrayó que la misma tiene como finalidad recoger la información de los trabajadores siderúrgicos sobre si éstos aceptan la propuesta económica y social de la empresa o si están en desacuerdo que sigan las negociaciones entre el sindicato y la empresa Ternium Sidor. (Nueva Prensa de Guayana. 02.04.08). El acto de votación debía contestar dos preguntas, las cuales eran: 1- ¿Está usted de acuerdo con la propuesta económica y social hecha por la empresa ternium SIDOR?, y 2- ¿Está usted de acuerdo qué el sindicato SUTISS continúe discutiendo con la empresa la Convención Colectiva? (Aporrea. 01.04.08, http://www.aporrea.org/endogeno/n111735.html). Tras realizar el conteo de los votos, los sidoristas decidieron rechazar la propuesta patronal con un total de 3.338 votos en contra y sólo 65 a favor en la primera pregunta. Sobre la interrogante si deseaban que Sutiss continuara las negociaciones, hubo 3.195 sufragios por el SI y 97 por el NO. (Aporrea, 03.04.08, http://www.aporrea.org/actualidad/n111880.html)
En la tarde del 04.04.08 los sindicalistas decidieron paralizar la empresa por un lapso de 8 horas. 100 miembros del sindicato llegarían a Ciudad Bolívar y tratarían de entrevistarse con el presidente Chávez, quien asistía a un acto de la Universidad Bolivariana de Venezuela. (Ultimas Noticias, 05.04.08, Pág. 24). Se informó que la Guardia Nacional no permitió el paso de la representación gremial, sin embargo, lograron entregarle un informe al ministro de la Presidencia Jesse Chacón, quien prometió entregárselo al primer mandatario. (Ultimas Noticias, 06.04.08, Pág. 24)
En contacto telefónico con un programa del canal estatal VTV, el presidente Chávez anunció que tomaría medidas frente a la tercerización de los trabajadores de la industria siderúrgica. Asimismo, dio a conocer que se llevaría a cabo una reunión entre el vicepresidente, Ramón Carrizales, con el secretario del Sindicato Único de Trabajadores Siderúrgicos, para tratar el tema. (Ultimas Noticias, 07.04.08, Pág. 12). Para el dirigente de Sutiss, Jose “Acarigua” Rodríguez, la orden de reanudar la discusión dada por el presidente anulaba la intención de la patronal de realizar un referendo sobre su oferta laboral. (El Nacional, 08.04.08, E/4). Asimismo, agregó "creemos que, además de salir de este contrato colectivo, se debe revisar que la siderúrgica pase a manos venezolanas como debe ser, ya está bueno de tanta explotación". Alegó que no sólo están defendiendo un aumento de salario, sino la incorporación como personal fijo a unos 600 contratistas. En este sentido hay que recordar que Sidor es controlada desde 1997 por el grupo argentinoitaliano Techint, con 60%, el Estado tiene 20% y los trabajadores 20%. (Ultimas Noticias, 08.04.08, Pág. 20)
La petición del lider gremial encontró eco. El presidente de la República, Hugo Chávez Frías, decidió en la madrugada del 09.04.08 que el Gobierno Nacional asumirá el control de la Siderúrgica del Orinoco (Sidor). Así lo anunció el vicepresidente de la República, Ramón Carrizales, en rueda de prensa desde el Palacio de Miraflores. (Agencia Bolivariana de Noticias, 09.04.08, http://www.abn.info.ve/go_news5.php?articulo=127881&lee=4)
DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES // Dos nuevas víctimas en el estado Bolívar por violencia relacionada a la obtención de puestos de trabajo
Un delegado del Sindicato Unificado de Trabajadores del estado Bolívar (Sutrabolívar), identificado como MARTINEZ, Rafael Celestino (51), murió el 08.04.08 tras recibir dos impactos de bala en el rostro de manos de un sujeto que sin mediar palabras le segó la vida. Martínez, quien llevaba más de veinte años como trabajador de la construcción, fue testigo el 18.06.07 del homicidio de Héctor Loreto, otro trabajador adscrito a este sindicato. Tras resultar herido, denunció el hecho ante los cuerpos de seguridad, por lo que funcionarios del Cicpc no descartan que el móvil sea la venganza personal. (El Universal. 09.04.08, http://noticias.eluniversal.com/2008/04/09/sucgc_art_asesinan-a-sindicali_797488.shtml).
En otro suceso, ACAGUA Alexander Javier (36) fue asesinado el 06.04.08 en el estacionamiento de la Torre Balear, ubicada en Alta Vista Norte, Ciudad Guayana. Acagua se desempeñaba como obrero del sector construcción, lo que hace presumir que su crímen esté relacionado a la violencia por la obtención de puestos laborales que ha cobrado la vida de 5 personas en Bolívar durante el 2008. (Nueva Prensa de Guayana, 08.04.08, http://www.nuevaprensa.com.ve)
DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES //
Denuncian despido de trabajador de Hidrocapital debido a su labor sindical
El miércoles (09.04.08) se trasladó a las oficinas de Provea el sindicalista de Hidrocapital, Armando Guerra, para denunciar su despido presuntamente por desarrollar actividades gremiales dentro de la institución
El conflicto con la empresa se inicia cuando Guerra empezó a reclamar el no reconocimiento de las 8 horas laborales, así como el desconocimiento del pago del sobretiempo y las horas extras por parte de la empresa. Así mismo, sus denuncias acerca del salario de 20 BsF. diarios recibidos por cada empleado, muy por debajo del estipulado para otros trabajadores de instituciones públicas.
Estos reclamos aunados por una pujante deserción de los trabajadores dentro de la empresa y el desconocimiento de la organización sindical, llevo Armando Guerra a convocar una asamblea de trabajadores por el correo de la empresa, lo cual fue usada por excusa por la empresa para su despido, violando de esta manera su fuero sindical, contraviniendo con el convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo.
Si desea escuchar las declaraciones de Armando Guerra, darle el ícono de play:
DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES //
Revelan ausencia de indemnización en Sidor por enfermedad pulmonar contraída en el trabajo
El pasado 16.04.08 Edis Urbaez Marcano, de 58 años, realizó una denuncia en Provea acerca de la ausencia de indemnización de sus patrones ante una enfermedad contraída en su puesto de trabajo.
Marcano, ex-trabajadora de la empresa SIDOR durante 28 años, inició sus labores en el año 1979 como obrera y como lubricadora de equipos. Durante su estancia trabajo con muchos químicos, usados para la fabricación del hierro. Según comentó, sus problemas respiratorios se iniciaron después de comenzar a trabajar en la empresa siderúrgica. Debido a ello, asistió varias veces a los médicos de la empresa los cuales determinaron que no tenía ninguna enfermedad respiratoria. Al poco tiempo debido le diagnosticaron un Asma Convulsionar por Cromos con pseudomonas que no son originarias de Venezuela sino de Japón.
Debido a esto salio de reposo con la suspensión de 6 meses, siendo llamada tiempo después con una oferta de jubilación especial que consistía en que SIDOR le cancelaba 70 millones de bolívares si firmaba una caución en la inspectoria del trabajo alegando que no salio enferma de él o que se conformara con 20 millones de Bolívares por los 28 años que laboró en la empresa.
Producto de esto la Sra. Urbaez Marcano ha comenzado una querella judicial en contra de la compañía por indemnización de daño moral, debido a que no se calcularon el ultimo salario devengado, no incluyeron indemnización por la enfermedad ocupacional que padece y el hecho de que se le calculara con 28 años de servicio un 77% de la jubilación.
Si desea escuchar la denuncia de la señora Urbaez, darle al ícono de play:
DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES //
Trabajadores del Centro Penitenciario de Coro realizan huelga por derechos laborales
El 08.04.08, en las instalaciones de la Comunidad Penitenciaria de Coro (CPC) comenzó la toma de más de 300 trabajadores, en la construcción de la nueva cárcel de Coro, en el sector San Agustín de la capital falconiana. Entre los protestantes estaban 180 trabajadores activos y unos 120 despedidos que prestaban servicios como albañiles, maestros de obra, obreros, entre otros.
La deuda con los 59 despedidos es de más 300 mil bolívares fuertes, por concepto de diferencia salarial, por parte de la empresa Insolux & Segema, consorcio español, encargado de edificar este recinto carcelario modelo en el país. A la toma de las instalaciones se sumaron, 14 trabajadores que han quedado incapacitados durante las faenas de trabajo. Los afectados exigen a la empresa indemnizaciones sin hasta ahora recibir respuestas.
Los manifestantes dijeron que la única manera de suspender la huelga es que se les paguen todas las acreencias laborales pendientes. Para ello el miércoles (09.04.08) se conformó una comisión tripartita, integrada por los trabajadores, Roberto Canela como delegado del Ministerio de Justicia y del consorcio Insolux & Segema.
La CPC tiene una construcción de 45.000 mts.² en un terreno que abarca 17.000 hectáreas, y una zona de seguridad alrededor que abarca una hectárea más, para evitar que comunidades se aposten cerca del centro de reclusión. La primera fase de esta obra, cuya inversión es de 60 millones de dólares será inaugurada el próximo mes de noviembre. El resto estará listo en febrero del 2007.
La empresa encargada de la construcción de la CPC es la empresa española Insolux & Segema, la cual ha erigido 18 macrocárceles como esta en España. La compañía obtuvo el beneplácito del gobierno ha través de un proceso de licitación internacional, que no fue sometido a los controles que existen en la licitación tradicional.
Esta megaconstruccion ha sido objeto de críticas y airados comentarios por parte de grupos que trabajan en el tema de prisiones como la Asociación Venezolana de Penitenciaristas y la Cruz Negra Anarquista de Venezuela. Debido a que solo agrava más el conflicto penitenciario, según su lógica abolicionista, más cárceles no solucionaran el problema sino que lo agravaran.
Critican el hecho de que la estructura del plantel, el plan de educación, reinserción y trabajo solo ayuda a mantener las mafias penitenciarias, en el caso de la Asociación de Penitenciaristas auguran un colapso total del sistema de tuberías o el hecho de que la estructura no esta acondicionada para resistir las altas temperaturas que se producen en esta región venezolana. (El Universal, 08.04.08, http://www.eluniversal.com/2008/04/08/sucgc_art_tomada-edificacion-d_796576.shtml)
DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES // Director médico de la Maternidad Concepción Palacios rechaza versión sobre muerte de neonatos
En una entrevista difundida por el Ministerio del Poder Popular de Comunicación e Información, Iván Paravisini, director Médico de la Maternidad Concepción Palacios, desmintió la versión que aseguró en días pasados el fallecimiento de neonatos en el centro hospitalario (Derechos Humanos y Coyuntura 197, http://www.derechos.org.ve/actualidad/coyuntura/2008/coyuntura_197.html#16): “Lo importante que hay que resaltar aquí, más allá de la verdad o la mentira, porque de hecho fue una mentira lo que se publicitó por algunos medios, es que el personal de salud trabaja en pro de la vida, no en pro de la muerte (…) En la maternidad no podemos decir mortalidad cero ni en las mejores circunstancias (…) Aquí mueren niños todos los días, no vamos a negarlo, porque nacen con complicaciones. De hecho, unos de los que se publicitaron nacieron con una malformación congénita. No se qué motivó a estas personas a utilizar una información, relativamente cotidiana, de la maternidad para hacer daño a la institución, porque la misma población que durante 70 años ha confiado en esta maternidad, ahora le tiene un temor infundado porque no fue una epidemia, no fue una bacteria. No tenemos ningún inconveniente en decir cuál es el índice de mortalidad, la cual se ubica en 21 por mil nacidos vivos, la bajamos a la mitad cuando nosotros llegamos a esta gestión (hace tres años), cuando era de 48 recién nacidos por cada mil que nacían. Esos son avances importantes, no tenemos deficiencias en cuanto al material quirúrgico ni medicamentos, hemos remodelado algunas áreas y tenemos nuevos equipos”.
Al ser preguntado sobre la presunta falta de neonatólogos en la institución respondió: “Hay una deficiencia de médicos y de personal de salud. No lo estamos negando, pero específicamente de los dos que nacieron vivos y luego fallecieron, tuvieron asistencia durante su proceso de muerte, y eso es importante que una persona sea niño o adulto sea asistido en su proceso de muerte. No estuvieron abandonados en un rincón por falta de médicos, por eso se decidió trasladar a unos niños a otros centros, pero ellos dijeron que éstos también habían muerto”, declaró el funcionario a los medios de comunicación. (Minci, 04.04.08, http://www.minci.gob.ve/entrevistas/3/176422/en_la_maternidad.html)
DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES // Solicitan mayor atención al área de salud mental
De acuerdo con las estimaciones de la Sociedad Venezolana de Psiquiatría sólo 1,5% del presupuesto de salud se destina para atender al área de salud mental. "Anteriormente era 0,15%. Y ahora, aunque aumentó sustancialmente esta cifra, aún es crítica", manifestó el presidente de la Asociación Nacional de psiquiatría, Néstor Massía. "Lo que fue asignado es insuficiente".
Esta afirmación cobra mayor importancia si se toma en cuenta que al menos 30% o 40% de los venezolanos sufren alguna clase de enfermedad mental. Las estimaciones se realizan tomando una media basada en los cálculos internacionales, porque según Alonso Hernández, miembro de la asociación, nunca se ha hecho un estudio confiable sobre cuál es la situación en el país. La realidad indica que son cientos las personas que mensualmente no pueden recibir el tratamiento adecuado, por no tener la infraestructura que los atienda o los albergue.
Especialistas en la materia afirman que se encuentra en discusión un anteproyecto de ley de la defensa del enfermo mental. Sin embargo, ha sido postergada hasta que a través de la Ley Habilitante, se decrete la ley orgánica de salud. "Es cierto que el Ministerio de Salud hizo un borrador de ley de salud mental, pero no se tomaba en cuenta el punto de vista del psiquiatra. Nosotros hablamos con Lionel Múñoz, representante de esa instancia gubernamental para el sector de la salud mental. Nos reunimos con él y le hicimos ver la necesidad de ampliar esta legislación. Se hizo una asamblea entre especialistas, estuvimos meses discutiendo, se organizaron equipos y, al final, elaboramos una modificación del proyecto y lo presentamos como una opción. Muñoz participó en la asamblea y quedó en enviarlo a la Vicepresidencia de la República. Esto fue en octubre, y lo último que supimos es que estaba en la Procuraduría General de la República" explicó Massía.
Entre los puntos más resaltantes de este anteproyecto está el de la importancia de que el Ministerio de Salud continúe siendo el órgano rector de la salud mental; pero siempre trabajando de manera descentralizada, haciendo énfasis en el municipio y en la comunidad. Otro de los aspectos tratados es el de la obligación de los seguros de reconocer las enfermedades mentales dentro de sus contratos. (El Nacional, 08.04.08, S/3)
DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES // Descartan desabastecimiento de medicinas en el país
Durante una reunión que sostuvo el ministro del Poder Popular para la Salud, Jesús Mantilla, con los miembros de la comisión mixta de la Asamblea Nacional (AN) que lucha contra las especulación, el acaparamiento y la especulación, se concluyó que en Venezuela no existe desabastecimiento de medicinas, sino escasez puntual de algunos productos. Mantilla explicó que la red de farmacias abarca unas cinco mil 400 empresas y el propósito del Ministerio es repotenciar su funcionamiento para que trabajen junto con la red de atención primaria y Barrio Adentro. “Estamos fortaleciendo la producción nacional e importando aquellos productos que se fabrican fuera del país, para garantizar la colocación en las farmacias”, indicó.
El funcionario aseguró que, hasta el momento, la distribución ha sido normal. Y añadió que el Ministerio del Poder Popular para la Salud tiene como objetivo integrar todos los sectores farmacéuticos. (Agencia Bolivariana de Noticias, 09.04.08)
DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES //
Inminente aprobación del decreto Ley de Salud genera debate sobre políticas a desarrollar en el sector
Profesores del Centro de Estudios del Desarrollo (Cendes) de la UCV mostraron su rechazo a la aprobación, mediante la Habilitante, del proyecto decreto Ley de Salud que busca la creación de un Sistema Público Nacional de Salud (SPNS), por considerar que se caracterizará por "su autoritarismo, burocratización y centralización".
Entre las razones expuestas se encuentra la exclusión tanto del Ministerio de Salud como del programa Barrio Adentro, lo que implica que ambas instancias no se tomarán en cuenta en la elaboración del SPNS. Advierten que el decreto menciona las cuatro instancias comprendidas por Barrio Adentro (consultorios populares, ambulatorios, hospitales y hospitales superespecializados), pero no a la misión en sí, lo que se presta a suspicacias. "Desde la perspectiva gubernamental, el sistema de salud se encuentra en funcionamiento. Pero el Gobierno ni menciona al Ministerio de Salud, ni menciona a Barrio Adentro. Pareciera que vamos camino a una institucionalidad diferente", alertó el profesor Absalón Méndez. Por otra parte, los expertos del Cendes rechazaron el carácter "centralista" del proyecto de decreto Ley, que termina de abolir, según alegan, la descentralización del sistema de salud del país. (Tal Cual, 16.04.08, Pág. 5).
Por otra parte, el diputado Rafael Ángel Ríos, presidente de la Subcomisión de Seguridad Social, Programas y Políticas Sociales de la Asamblea nacional sobre la Ley de Salud y del Sistema Nacional de Salud, indica que lo se plantea es crear “un sistema donde exista una interrelación de políticas desde el nivel central que pasen por el estadal, municipal, parroquial, niveles que se articularán a través de una política de salud nacional que tome en cuenta cada zona o región sanitaria, con la finalidad de atender la morbilidad que cada región tenga como problema”. “Es una ley –expresa- que se ajusta a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, con alto sentido de solidaridad, corresponsabilidad e interdependencia. Todos debemos estar involucrados en el sistema con una visión de nación y no con la visión fragmentada, de autonomías y parcelas con la que se manejaban antes las políticas de salud”.
Una vez aprobada la ley por el Ejecutivo Nacional y publicada en la Gaceta Oficial se iniciará un período de transición durante el cual los estados transferirán al Ministerio de Salud y Desarrollo Social o al Instituto Nacional de Salud, -está por definirse la competencia-, la infraestructura, equipos, recursos humanos, para reordenar los recursos existentes en el sector salud y ponerlos a la orden de los ciudadanos. (Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información, 14.04.08, http://www.minci.gov.ve/entrevistas/3/5878/la_ley_de.html).
Provea no ha logrado obtener una versión del proyecto de Decreto Ley. En tanto lo obtenga, Provea fijará su opinión sobre la propuesta.
DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES // Clausurado refugio Simón Rodríguez por el Minvih
El Ministerio de Vivienda y Hábitat (Minvih) clausuró el 03.04.08 el refugio Simón Rodríguez, ubicado en el municipio Libertador, donde habitaban 11 familias en condiciones precarias, quienes fueron trasladadas a viviendas dignas totalmente amobladas en los desarrollos habitacionales Ciudad Miranda, Terrazas del Alba y Villa de San Antonio, en Nueva Esparta.
El director de Atención al Ciudadano del Ministerio de Vivienda y Hábitat, Román Montilla, mencionó que este refugio será utilizado para instalar un Mercal y jornadas médicas, entre otras actividades sociales, en el marco de los programas que adelanta el Gobierno para garantizarle a las comunidades alimentación, salud, educación, seguridad y viviendas dignas. Montilla afirmó que en este año se han reubicado aproximadamente 100 familias que residían en los refugios La Dignidad, Casa Popular, Fuerte Guaicaipuro, Los Teques y El Semai. (Ultimas Noticias, 04.04.08, Pág. 4)
Provea había recibido diferentes denuncias, durante el año 2007, de las familias habitantes del mencionado refugio acerca de las condiciones de hacinamiento e insalubridad en las que se encontraban. Provea corroboró esas denuncias, las cuales fueron registradas en el Capítulo acerca de la Vivienda Digna en el Informe Anual 2007 sobre la situación de los Derechos Humanos en Venezuela. (Provea, 05.04.08, http://www.derechos.org.ve/publicaciones/infanual/2006_07/index.html). Por esta razón, Provea considera positiva la medida siempre y cuando a las familias residentes en el refugio hayan sido convenientemente reubicadas en viviendas dignas adjudicadas y con la titularidad de la misma.
DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES // Comité de los Sin Techo protesta contra desalojos
Entre banderas y pancartas, miembros de la Fundación Comité Nacional de Los Sin Techo, acompañados por centenares de personas, visitaron el 07.04.08 la Torre de La Prensa para protestar contra las medidas de desalojo que se han efectuado en los inmuebles, al considerar que las mismas violentan los derechos humanos, contemplados en las leyes internacionales y en la Carta Magna.
En este sentido, Máximo Fernández y Elvis Rivas, representantes del Manifiesto Popular y de la Juventud Patriótica Socialista, respectivamente, informaron que acudirían a la Comisión de Hábitat y Vivienda de la Asamblea Nacional (AN) para solicitar la reforma de los artículos 471 y 472 del Código Orgánico Procesal (Coop) porque, según ellos, éstos atentan contra los derechos humanos contemplados en la Carta Magna. "Rechazamos la sanción de 5 años de prisión a quienes ocupen un edificio desocupado. Somos ocupantes y ejercemos el derecho a la tenencia porque la propiedad se forma con la posesión y el Art. 176 del Código Civil nos respalda y pediremos una acción de amparo al TSJ. Quienes nos califican de invasores nos exponen al escarnio público. Queremos que la ciudadanía conozca el otro lado de la moneda, para ello debemos dar a conocer nuestros 8.036 proyectos ejecutados. También denunciamos los desalojos porque además de ser arbitrarios en uno de ellos desapareció un menor de edad". (Ultimas Noticias, 08.04.08, Pág. 12)
DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES //
Relanzan Misión Negra Hipólita
La Misión Negra Hipólita inició un nuevo proceso de abordaje diario de las personas que se encuentran en situación de calle en Caracas. La titular del Ministerio de Participación y Protección Social, Érika Farías, explicó que el objetivo es "ofrecerles atención integral a las personas que están en estado de indigencia para que se permita su reinserción a la familia y la sociedad". "De acuerdo con el censo que adelanta este organismo con el Instituto Nacional de Estadística en el Área Metropolitana de Caracas se encuentran de mil a mil 500 personas en situación de calle".
Farías también afirmó que el abordaje diurno y nocturno forma parte de la primera fase de atención de las personas en situación de calle, y se lleva a cabo con el Plan Caracas Segura que desarrolla el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores y Justicia (MIJ). "En la segunda fase de atención se realizan análisis médicos y psicológicos que permiten avanzar hacia la tercera etapa de atención, que también incluye la incorporación a la Misión José Gregorio Hernández y a los programas de recreación y capacitación socioproductiva", comentó la titular del Ministerio.
DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES // Indicadores sobre el derecho a la alimentación y el salario justo
El Banco Central de Venezuela (BCV) y el Instituto Nacional de Estadística (INE), continuando con el plan de divulgación previsto para el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), presentaron los resultados del indicador, desagregados por ciudades, correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo de 2008.
El INPC registró en el primer trimestre del año un comportamiento desacelerado, con variaciones intermensuales de 3,1% en enero, 2,1% en febrero y 1,7% en marzo, lo que origina una variación acumulada de 7,1% para este período. Al analizar los resultados del INPC por ciudades, se aprecia que 6 de las 10 localidades más importantes del país, y que son monitoreadas en este programa, mostraron un comportamiento desacelerado, a saber: Ciudad Guayana, Barcelona–Puerto La Cruz, Valencia, Barquisimeto, Maturín y San Cristóbal, así como el conjunto que agrupa a los centro poblados medianos, pequeños y rurales (resto nacional). En Maracaibo, Maracay y Mérida, luego de un mayor crecimiento en febrero, se observó una desaceleración en marzo. Caracas, por su parte, mostró la misma variación en los 2 últimos meses del trimestre, luego de haber desacelerado en febrero. (Banco Central de Venezuela, 11.04.08, http://www.bcv.org.ve/c4/notasprensa.asp?Codigo=6747&Operacion=2&Sec=False)
Por su parte los datos recopilados por el Centro de Documentación para los Trabajadores (Cenda) estiman que la canasta alimentaria tuvo un costo para el mes de marzo de 1.220 bolívares fuertes. Este valor representa un incremento de 0,8% con respecto al costo registrado en febrero.
Las alzas de precios más significativas se centraron en cereales y productos derivados (13,2%), pescados (6,9%), y frutas y hortalizas (5,9%). Productos de alto consumo en la dieta del venezolano como harina, pastas, arroz y pan aumentaron entre 6% y 20%. Según el Cenda el precio de la avena se duplicó porque no se consigue. En el caso del pescado su incremento se debe al alza del consumo durante la Semana Santa.
Entre los productos que bajaron sus precios destaca el azúcar (16%), productos alimenticios como el vinagre y la salsa de tomate (7,4%). El rubro de las grasas y aceites bajó 5,9%, mientras que las oleaginosas registraron una disminución de 5,3%. El grupo de leche, queso y huevos bajó 5,1%, y las raíces y tubérculos disminuyeron 4,8% y la carne 1,8%. Se estima que el salario mínimo sólo alcanza para comprar el 50,4% de la canasta. (El Universal, 05.04.08, http://buscador.eluniversal.com/2008/04/05/eco_art_canasta-alimentaria_791586.shtml)
BALANCE DE LA SITUACION DE DERECHOS HUMANOS //
Propuestas y exigencias de Provea a los poderes públicos sobre el derecho a la salud
• Garantizar recursos para el funcionamiento del Sistema Público de Asistencia a la Salud, que permita la dotación y mantenimiento de equipos, insumos médico quirúrgico y básicos de atención al paciente de manera permanente. Aumentar la inversión pública en salud para llegar progresivamente a no menos del 5% del PIB, según lo establece la Organización Mundial de la Salud.
• Aprobar y promulgar una nueva ley de salud acorde con los parámetros establecidos en la CRBV con participación de los sectores involucrados y particularmente de los Comités de Salud.
• Integrar el presupuesto destinado a la Misión Barrio Adentro al presupuesto del
MinSalud con el fin de asegurar la continuidad del plan y solventar la fragmentación del sistema público de asistencia a la salud.
• Acentuar los esfuerzos para lograr la integración normativa, programática y territorial entre el sistema sanitario público y los centros de salud de la Misión Barrio Adentro, principalmente entre los consultorios populares (provisionales y módulos) de la primera etapa de BA, los nuevos centros de diagnóstico y rehabilitación de la segunda etapa; y los ambulatorios y hospitales públicos.
DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS // Red de Apoyo por la Justicia y la Paz valora positivamente el contenido y felicita la aprobación del Decreto Ley de Policía Nacional
La Red de Apoyo manifiesta su beneplácito ante la reciente promulgación de la legislación que regulará el tema policial en Venezuela. Dicha legislación, no hubiese sido posible sin el trabajo profundo y sistemático de muchísimas personas y grupos sociales que sumaron esfuerzos por décadas en la defensa de los derechos humanos y contra el abuso policial; acciones que reflejaron su mejor resultado en el trabajo producido en 2006 por la extinta Comisión Nacional para la Reforma Policial (CONAREPOL), instancia de la que formamos parte a través de nuestra representante, la licenciada Soraya Achkar.
Si bien la legislación aprobada no recoge la totalidad de los elementos aportados o propuestos por CONAREPOL, se reflejan en ella los aspectos más importantes y necesarios para iniciar el cambio sustancial que precisan los cuerpos policiales en el país.
Destacan entre esos aspectos claves positivos: el pleno carácter civil y profesional del servicio de policía; los principios generales del servicio de policía (celeridad, información, eficiencia, cooperación, respeto a los derechos humanos, universalidad, igualdad, imparcialidad, actuación profesional y participación ciudadana); la conformación de un sistema integrado de policía; el reconocimiento de las normas básicas de actuación policial (en concordancia con los lineamientos internacionales que rigen la materia); la incorporación de la contraloría social sobre la labor policial; la definición de criterios de formación, ascenso y actuación policial que acaben con la discrecionalidad existente en estos aspectos; la definición clara de competencias y atribuciones compartidas o específicas por tipo de cuerpo policial; la definición de criterios pertinentes para la designación de directores de policía; la obligación de crear en cada policía instancias de atención a la víctima; la definición de un servicio de policía comunal (que en ningún caso se entiende como delegación de funciones policiales propias del Estado a las comunidades), la incorporación del principio de obediencia “legítima” eliminando la obediencia “debida” ante los superiores jerárquicos; la creación de la figura de “asistencia técnica; la creación de la Defensoría Delegada para asuntos policiales; la liquidación de la Policía Metropolitana de Caracas.
Algunos aspectos que no quedaron reflejados en la ley fueron la asignación de un carácter vinculante a las decisiones del Consejo de Policía, lo cual lo reduce a un órgano meramente consultivo y no formulador de políticas, concentrando una alta cuota de poder en el órgano rector; el no reconocimiento del derecho a la sindicalización policial – derecho ya garantizado a policías en otros países del mundo- y la creación de una instancia de defensoría de los derechos de las y los policías.
La posibilidad de éxito en la aplicación de esta nueva legislación está directamente vinculada a la difusión amplia de esta ley entre la población y la elaboración oportuna del Estatuto de la Función Policial, los estándares para el correcto servicio policial y la creación de la universidad para temas de seguridad, en los lapsos que la propia ley define.
La Red de Apoyo exhorta a los órganos competentes del Estado a sumar nuevamente esfuerzos con las organizaciones sociales, académicas y de derechos humanos, abriendo espacios a la participación para avanzar en la definición y concreción de esos tres aspectos antes mencionados.
Caracas, 11 de abril de 2008
DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS // Según el Centro para la Paz de la UCV, durante el año 2007 fallecieron tres personas por homicidio cada dos horas en todo el país
Según el monitoreo realizado por el Centro para la Paz y los Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela (UCV), para el año 2007 se registraron 13.156 delitos de homicidio a nivel nacional, 899 delitos más que los ocurridos durante el año anterior, lo que supone un incremento del 7,6%. La cifra del 2007 representa la más alta cantidad de homicidios ocurridos en Venezuela en las últimas dos décadas, lo que sugiere que 36 personas y media fallecieron por este tipo de delito diariamente en el país, a razón de persona y media por hora.
Los datos recopilados por el Centro por la Paz, obtenidos de fuentes oficiales y excluyendo las muertes ocurridas en enfrentamientos con funcinarios policiales, indican que después de Caracas (130), Vargas es la segunda entidad federal con la tasa más alta de homicidios por 100 mil habitantes (80). La siguen Carabobo (62), y Aragua, Anzoátegui, Bolívar y Miranda empatadas en el cuarto lugar (49). Delta Amacuro, por su parte, mostró la cifra más baja en todo el territorio nacional (17). La reducción más importante ocurrió en el estado Portuguesa, al reducir su tasa 18,4% con respecto al año anterior.
En el municipio Libertador San Agustín es la parroquia que presenta la tasa más alta de homicidios por 100 mil habitantes (131), seguida por Coche (126), Macarao (119) y el 23 de Enero (113). La cifra menor la presentó la Parroquia Candelaria (13). En el caso de San Agustín, casi triplicó la cifra presentada en el año 2006 (58), aunque mostró un número menor que su record histórico, presentado en el año 2002 (140).
En el porcentaje nacional de delitos totales, para el año 2007 los delitos contra la propiedad representaron el 54.3% del total, una proporción que aumenta para el Area Metropolitana de Caracas cuando sumaron un 63.3%.
DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS // El Comité de Víctimas Contra la Impunidad denuncia nuevo caso de violación al derecho a la vida en Barquisimeto
El pasado 14.02.08 los medios de prensa regionales informaron que dos adolescentes habían sido abatidos tras enfrentarse a las autoridades policiales, después de robar una motocicleta y colisionar con otro vehículo. La versión fue difundida por el comandante de las Fuerzas Armadas Policiales del estado Lara (FAP), Cnel. (GN) Octavio Chacón Guzmán, en rueda de prensa. Las víctimas respondían a los nombres VARGAS Esteban Javier (17) y GUEVARA Pedro Daniel (16).
Familiares de Esteban Javier han desmentido la versión de enfrentamiento: “rechazamos rotundamente las hipótesis en las cuales hacen ver a Esteban como un delincuente juvenil, ya que jamás tuvo antecedentes penales de ninguna índole”. El joven estaba culminando el primer semestre de Seguridad Industrial en el Instituto tecnológico Antonio José de Sucre.
Según la versión de los familiares, diversas irregularidades han ocurrido en el procedimiento judicial:
- Esteban presentó cinco impactos de bala en la espalda, contradiciendo la versión de “enfrentamiento”
- El cuerpo de Pedro Daniel, el otro adolescente, fallece en el sitio, pero su cuerpo es trasladado al hospital antes de que el CICPC realizara las experticias.
- Ni en el lugar de los acontecimientos ni por donde se produjo la supuesta persecución, fueron hallados cartuchos de balas ni nada que pudiera señalar que se trataba de un enfrentamiento
- Según declaraciones de un funcionario del CICPC no se habían encontrado armas de fuego en el lugar, pero después, en la rueda de prensa, aparecen unas señaladas como las que portaban los adolescentes.
- Las pertenencias del joven Esteban fueron entregadas a una persona llamada “Lorena Rangel”, la cual no es conocida por los familiares de la víctima.
- Los funcionarios policiales impidieron a los familiares tomar el número de placa del vehículo contra el que había colisionado la motocicleta con los dos adolescentes.
Los familiares de Esteban Javier se han incorporado al Comité de Víctimas contra la Impunidad, la cual ha asumido el caso y según un documento entregado a Provea “esta realizando la denuncia, ya que su testimonio es una muestra más de los mecanismos de impunidad que invariablemente son utilizados cuando ocurre un hecho delictivo donde participen funcionarios policiales; quienes no sólo asesinan impunemente, sino que gozan de todas las garantías para que estos delitos no puedan ser investigados ni condenados”.
DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS // Para Una Ventana a la Libertad incumplimiento del Estado a acuerdo suscrito con privados de libertad reactiva crisis penitenciaria
Carlos Alberto Nieto Palma, Coordinador General de la Organización No Gubernamental informo que los conflictos que se viven actualmente en diversas cárceles del pais es consecuencia del incumplimiento al acuerdo suscrito hace mas de un mes entre los reclusos que participaron de aquella huelga y miembros del Estado Venezolano. Entre otros compromisos acordados se encontraba el trabajar en la eliminación del retardo procesal, el otorgamiento de medidas sustitutivas a la prisión y la nulidad de la reforma hecha al Código Penal en el año 2005 donde la Asamblea Nacional, en una reforma totalmente violatoria a los principios fundamentales de los derechos humanos, prohibió el otorgamiento de medidas sustitutivas a la prisión en varios delitos.
Nieto Palma informó que se trata de una protesta anunciada, ya que los reclusos habían sido claros al decir que de no cumplir con lo acordado en un mes volverían a la huelga.
Para “Una Ventana a la Libertad” el Estado Venezolano debe de manera inmediata dar cumplimiento a lo establecido en el articulo 272 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela que enuncia los 10 puntos esenciales para darle solución a la grave crisis penitenciaria que desde hace muchos años venimos sufriendo y que son: a) Sistema penitenciario que asegure la rehabilitación del interno o interna; b) Respeto a los derechos humanos; c) Espacios para el trabajo, el deporte y la recreación; d) Dirigidas por autoridades profesionales con credenciales académicas suficientes; e) Administración descentralizada a cargo de los gobiernos estadales o municipales; f) Pueden ser sometidas a modalidades de privatización; g) Se preferirá el régimen abierto y el carácter de colonias agrícolas penitenciarias; h) En general se aplicaran las formulas de cumplimiento de pena con preferencia a las penas de naturaleza reclusoria; i) Se crearan las instituciones indispensables para la asistencia pospenitenciaria; y j) Creación de un ente autónomo de carácter técnico para regir las políticas penitenciarias del Estado. (Una Ventana a la Libertad, 15.04.08)
DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS // Denuncian persistencia de tortura en el país por parte de los funcionarios policiales
El pasado 16.04.08 la Red de Apoyo por la Paz y la Justicia realizo una acción de calle frente al Ministerio Publico, ubicado en Parque Carabobo en la ciudad de Caracas, para denunciar la práctica de la tortura en el país, aún latente en muchos organismos de seguridad del Estado. Desde enero de 1995 hasta enero de 2008, la Red de Apoyo ha documentado 410 casos de tortura en el todo el país.
Si desea escuchar las declaraciones de la abogado Fiorella Perrone, de la Red de Apoyo, darle al ícono de play:
DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS // Observatorio de Mujeres capítulo Lara denuncia amenazas contra periodista defensora de los derechos humanos
“El Observatorio Venezolano de los Derechos Humanos de las Mujeres desde su Núcleo en Lara, como organización autónoma de vigilancia de las obligaciones del Estado en materia de Protección de los Derechos Humanos de las Mujeres, expresa su Solidaridad y Apoyo a la Periodista Carmen Julia Viloria por las amenazas que ha recibido, contra su integridad personal, al ejercer su Derecho Profesional a ofrecer Información de alto interés para la colectividad social, tanto larense como nacional.
Lo anterior es el caso de los Reportajes publicados sobre Los Informes Ocultos de la Gestión de RODRIGUEZ FIGUERA -antiguo comandante de la policía de la región larense-, los cuales han despertado bajas pasiones en los involucrados directamente en estos hechos, que desnudan el talante de los que dirigen nuestros Cuerpos Policiales en este caso en el Estado Lara.
Denunciamos públicamente que solo el hecho de recibir amenazas ya es una violación de los Derechos Humanos, afectando la integridad emocional y profesional de esta Comunicadora Social. HACEMOS UN LLAMADO A LA DEFENSORIA DEL PUEBLO-LARA PARA QUE SE PRONUNCIE EN ESTA CASO. Ya que con este hecho se están violando no solo los Derechos Humanos de una Mujer Comunicadora Social sino que además se esta violando el Derecho a la Información y por tanto los Derechos Humanos de toda la Colectividad Venezolana y en especial la Larense.. Recordemos que los Derechos Humanos son Integrales y Universales, entre otras características, y por lo tanto no podemos apreciarlos en forma aislada o solamente individual ya que nos pertenecen a todos y todas. Desde el Observatorio hacemos esta Denuncia Pública para que no se sigan cometiendo atentados contra la Dignidad Humana, de ninguna persona pero en especial de ninguna Mujer.
Responsabilizamos al Gobernador y al General Rodríguez Figuera de lo que pueda sucederle a la Lic. Carmen Julia Vilaoria. Somos Una y Todas a la Vez.
En otra información, se conoció que el Tribunal de Control de Barquisimeto, a través del abogado Edwin Antonio Andueza Amaro, juez de control N° 4, acordó otorgar la medida de protección a la periodista de investigación del diario El Impulso, por solicitud del Ministerio Público, ante las amenazas por la publicación de reportajes periodísticos. (El Impulso, 17.04.08, http://www.elimpulso.com)
DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS //
Propuestas y exigencias de Provea a los poderes públicos sobre el derecho a la manifestación pacífica
• Garantizar el diseño, creación y ejecución de un sistema de información que permita establecer diagnósticos certeros respecto a la situación del derecho a la vida a nivel nacional.
• Implementar las recomendaciones elaboradas por la Comisión Nacional para la Reforma Policial con el objetivo de prevenir actuaciones de funcionarios contrarias a la protección del derecho a la vida.
• Adelantar investigaciones, garantizando siempre el debido proceso a los funcionarios en todos aquellos casos de ejecuciones de tal manera que ello permita establecer responsabilidades individuales y colectivas y resarcir el daño material y moral causado a las victimas por la actuación inconstitucional del Estado.
• Garantizar que el Ejecutivo Nacional evalúe y reoriente la actuación de las FAN frente a la ciudadanía, especialmente en las zonas fronterizas del país.
• Implementar de manera efectiva y oportuna las normas de la Ley de protección de Víctimas, Testigos y demás Sujetos Procesales en aquellos procesos que se realicen contra funcionarios de los cuerpos armados del Estado.
ARTICULOS //
Marino Alvarado: "De Yumare a El Amparo"
La década de los años 80 fue una década de masacres en Venezuela. Se inició con los hechos de Cantaura el 04 de octubre de 1982 cuando 23 militantes, del para entonces movimiento armado Bandera Roja, fueron asesinados cuando la mayoría fueron capturados con vida. Posteriormente, el 08 de mayo de 1986, se produjo la masacre de Yumare, donde se asesinó a 9 activistas políticos horas después de ser detenidos por funcionarios de la Disip. Dos años después, el 29 de octubre de 1988, ocurrió la masacre de El Amparo. Militares y policías asesinaron a 14 pescadores a quienes quisieron presentar ante la opinión pública como guerrilleros. Finalmente, la masacre de febrero y marzo de 1989, conocida como el Caracazo en la que más de 400 personas fueron asesinadas por la Fuerza Armada y las policías. En todos los casos el hilo común es el abuso de poder y la impunidad. Todos los responsables materiales e intelectuales quedaron sin condena.
Sin embargo, un hecho importante ocurrió a partir de 2005. Familiares, activistas políticos y el propio gobierno promovieron acciones para que el caso de Yumare se investigara. Años antes Provea había logrado mediante una acción de amparo desclasificar el expediente, considerado secreto por la justicia militar, poniéndolo a la disposición de las investigaciones. En el año 2007 el Ministerio Público imputó a varios de los autores materiales y presuntos autores intelectuales. Entre los imputados se encuentra el ex Disip López Sisco con un amplio prontuario de violaciones a los derechos humanos, y el ex ministro Octavio Lepage.
Todo lo realizado alrededor del caso Yumare ha contado con un amplio respaldo del gobierno, hecho que valoramos positivamente. Sin embargo, las dudas sobre las motivaciones de la justicia afloran al observar una conducta diferente en el caso del Amparo. A pesar de existir un mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que obliga al Estado a investigar y sancionar a los reponsables materiales e intelectuales de la masacre de El Amparo están vinculados al gobierno. Pareciese, por lo tanto, que prevalece el interés político y no la voluntad de obtener justicia. Los familiares de las personas asesinadas en las dos masacres aspiran justicia. ¿Por qué entonces dar un trato discriminado? ¿Cómo se explica que el gobierno apoye las acciones en el caso Yumare y en el caso de El Amparo desobedezca el mandato de la Corte Interamericana? ¿Cómo entender que se persiga a uno, mientras que a otros se les premie otorgándoles altos cargos en el sector público? ¿Qué explicación pueden dar quienes se proponen designar como director de la policía del Municipio Sucre a Omar Gregorio Márquez, para entonces sub inspector de la Disip, quien participó directamente en la masacre?
Los asesinos de ayer deben pagar sus responsabilidades y no importa si hoy están en el gobierno o en la oposición. Tienen una deuda con la justicia. (Tal Cual, 11.04.08, marino@derechos.org.ve)
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Son Derechos: “El retardo judicial ”
El Derecho a la Justicia en un derecho que tenemos todas las personas de obtener justicia mediante recursos sencillos y rápidos. “Justicia que llega tarde no es justicia”.
En este sentido el artículo 26, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), establece el acceso a la justicia y tutela judicial efectiva.
Toda persona tiene derecho de acceso a la administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses y obtener con prontitud la respuesta correspondiente. Este artículo 26 de la Constitución, establece los componentes necesarios para garantizar una correcta justicia: gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, expedita y equitativa.
Estos componentes son las bases para crear los mecanismos necesarios y evitar retardos judiciales. El retardo judicial es la desviación y ausencia de la justicia.
No es un secreto, y así lo han reconocido las máximas autoridades en la materia, el exceso de causas que cursan en Tribunales y Fiscalías. Esto impide que se alcance la justicia que consagra la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela.
Crear más tribunales y fiscalías no es la única solución de éste problema. El Estado, debe procurar la formación jueces, fiscales y auxiliares de justicia independiente, acondicionar las instalaciones para su funcionamiento e insistir en la educación de las ciudadanas y ciudadanos para que exijan la protección y vigencia de sus derechos. (Son Derechos, 16.04.08, son@derechos.org.ve)
ARTICULOS//
Henrique Hernández y otros : “Cien centros culturales comunales para Caracas”
Otra de las grandes carencias de Caracas son los centros comunales para que jóvenes y adultos participen activa y socialmente, como sujetos protagonistas, en la cultura. En Caracas prácticamente no existen. Los muchachos y la gente madura buscan el más mínimo resquicio para hacer una actividad sociocultural. Alguna sala conseguida en una casa o en un galpón, un sobrante en alguna escuela o en un edificio público. Pero nada para una actividad regular, organizada, sana, solidaria y socialista.
Nadie niega la utilidad de los centros comunales, pero nadie hace nada para construirlos.
Mientras tanto campea el licor, la vagancia, el dominó y las cartas, el tiempo ocioso que siempre busca cómo emplearse en las más vacías prácticas.
¿Por qué no cien centros culturales comunales para Caracas? Uno para cada 20 mil personas jóvenes y mayores, cercanos a sus viviendas. No es un índice óptimo, pero es posible física y económicamente construir cien centros en Caracas.
¿Por qué la revolución socialista no se ha interesado en resolver problemas de este tipo que elevarían muchísimo la calidad de vida de los caraqueños? Además de constituirse en centros de construcción del socialismo, pueden tener muchísimos usos complementarios.
El programa arquitectónico es simple: un auditorio, unos locales de tamaños variados para ser utilizados en forma rotativa por grupos de teatro, corales, batallones, grupos de estudio, grupos vecinales con cualquier tipo de objetivos, y algunos de uso permanente para una radio o un periódico local, un centro asistencial de primeros auxilios, bibliotecas, infocentros, exposiciones, etc.
¿Qué se requiere? La inversión sería perfectamente factible. Estaría en el orden de 10 millones de bolívares fuertes por campo, incluyendo expropiaciones y construcciones, un millardo de bolívares fuertes en total. La ejecución, con resultados progresivos podría tardar dos años; 500 millones por año.
Con un centro para cada 10 consejos comunales, sería fácil para éstos organizar el mantenimiento y el uso. Las expropiaciones serían poco complicadas, porque hay numerosas manzanas "blandas" en Caracas. Habría que crear una autoridad única, manejada por profesionales honestos y de alto nivel gerencial y técnico, con sentido creativo e imaginativo de la programación. Sin embargo, hace falta voluntad política para emprender gigantescas iniciativas ambientales para apoyar y motivar transformaciones sociales de gran alcance.
La población actual y futura de Caracas estará por siempre agradecida. Caracas y el socialismo del siglo XXI merecen una obra así. Conjuntamente con los cien campos deportivos que hemos propuesto en otra ocasión, esta obra tendría un impacto colosal, nunca visto en ninguna otra ciudad. (Ultimas Noticias, 10.04.08,acerasybrocales@gmail.com)
El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos
Humanos (Provea) es una organización no gubernamental
especializada en la defensa y promoción de los Derechos
Económicos, Sociales y Culturales (DESC), que tiene como
fin la plena realización de los derechos humanos y el
respeto al Estado de Derecho, en el marco de un
