CONTEXTO // Foro por la Vida ante el Decreto Ley del Sistema Nacional de Inteligencia y Contrainteligencia
Organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, miembros del Foro por la Vida, valoran positivamente la derogación por parte del Ejecutivo Nacional del Decreto N 6.067, con rango, valor y fuerza Ley del Sistema Nacional de Inteligencia y Contrainteligencia, a través de la Gaceta Oficial Nº 38.949 del 11 de junio de 2008. Desde la perspectiva de los instrumentos de protección internacional de derechos humanos adoptados por la República, el Foro por la Vida expresa lo siguiente:
1.- El Foro por la Vida reconoce la legitimidad del Estado para definir políticas y regular la actuación de los organismos de inteligencia y contrainteligencia, en el marco de una sociedad democrática. En este sentido es necesario destacar que toda disposición legal tiene que formularse sin afectar o contrariar los derechos humanos reconocidos en la Constitución de la República e incluir previsiones destinadas a impedir toda arbitrariedad de los órganos o cuerpos de inteligencia.
2.- Toda Ley que pretenda regular aspectos conectados con los derechos humanos o imponga restricciones a su ejercicio, como es el caso de aquellas que afecten el derecho a un debido proceso, a la libertad de expresión y acceso a la información, inviolabilidad del domicilio y de las comunicaciones privadas en todas sus formas, debe realizarse respetando los principios de reserva legal, que incluye toda materia relacionada con la regulación del ejercicio de garantías constitucionales, la organización de los Poderes Públicos, así como el principio de legalidad en materia penal. En este sentido, las leyes deben ser aprobadas por la Asamblea Nacional, mediante el procedimiento constitucionalmente dispuesto para ese fin específico.
3.- Conforme a la Constitución, las materias relativas al desarrollo de los derechos humanos, deben ser objeto de leyes “orgánicas”. Éstas requieren para su admisión por la Asamblea Nacional del voto de las dos terceras partes de los integrantes presentes; y además están sometidas a un control previo de constitucionalidad de su carácter orgánico ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia
4.- La elaboración legislativa, mediante el procedimiento parlamentario permite que las materias de esta trascendencia tengan mayores garantías para la deliberación y consulta amplia con los diversos sectores de la sociedad venezolana. Los mecanismos democráticos de deliberación también contribuyen a que los instrumentos tengan una mayor transparencia, calidad y pertinencia social.
5.- El ámbito de aplicación y las competencias deben ser claramente definidas para evitar extralimitaciones y ambigüedades que puedan dar cabida a la discrecionalidad y arbitrariedad por parte de los funcionarios policiales o de inteligencia. En particular, debe quedar claro que esta ley debe ajustarse estrictamente a la Constitución y que, en consecuencia, dicha ley no puede restringir indebidamente la independencia y autonomía dispuesta por la Constitución para los órganos del poder público, ni los derechos de las personas reconocidos y garantizados por la misma Constitución y los instrumentos internacionales. En este sentido, las nociones de seguridad, inteligencia y contrainteligencia deben respetar y estar al servicio de los valores de la democracia y los derechos humanos. Por ello, deben replantearse, entre otros, los artículos 17 y 23, que afectan la independencia del Poder Judicial, subordinándolos a las actividades de inteligencia y contrainteligencia.
6.- La Ley debe establecer claramente los órganos que están obligados a cooperar para la obtención de información. Ello no debe generar obligaciones a todas las personas naturales y jurídicas. La legislación debe prever las salvaguardas relativas al secreto profesional, que tiene en algunos casos consagración constitucional2.
7.- Toda ley debe definir de manera precisa y adecuada las normas para declarar una materia como “clasificada”, además debe permitir claramente el escrutinio judicial control posterior de tal declaratoria.3. Igualmente debe garantizar y respetar el derecho de habeas data, derecho consagrado en el artículo 28 de nuestra Constitución, en el entendido que toda persona tiene derecho de acceder a la información sobre sí misma, sin que sea limitado a que la misma se encuentre en posesión del Estado 4.
8.- Las normas legales deben reconocer y respetar de manera absoluta el derecho al debido proceso, acorde al cual toda persona tiene derecho a ser procesada con las debidas garantías judiciales, derecho expresamente consagrado en la Constitución de la República, en el Código Orgánico Procesal Penal y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
9.- Los órganos con “Competencia Especial”, no pueden realizar actuaciones sin orden judicial en hechos definitivos o irreproducibles, o donde exista temor fundado de su desaparición o resulte inminente la comisión de un delito, con simplemente motivar su proceder5.
10.- La norma legal debe dar primacía a la publicidad de los documentos y excepcionalmente consagrar la “confidencialidad” o “secreto” de la información originada por estos organismos de inteligencia y contrainteligencia.
Dada la voluntad de rectificación expresada por el Presidente de la República respetuosamente exigimos lo siguiente:
1.- Que la Asamblea Nacional redacte un proyecto de ley orgánica cónsono con los derechos humanos consagrados constitucionalmente y con la precisión adecuada que amerita este tipo de legislación a fin de evitar discrecionalidad por parte de los cuerpos policiales.
2.- Que el proceso de formación de la ley garantice la mayor y más amplia participación de la sociedad; permitiendo que los planeamientos recibidos sean considerados y armonizados con la Constitución y con las obligaciones derivadas de los convenios, pactos y tratados internacionales de derechos humanos.
Finalmente, el Foro por la Vida rechaza las declaraciones de altos funcionarios públicos contra los representantes de las organizaciones no gubernamentales que expusieron sus observaciones al decreto derogado. Estas afirmaciones buscan criminalizar la opinión crítica y fomenta un clima de intolerancia hacia las acciones de los grupos de derechos humamos. El Foro por la Vida desea reiterar lo ya dicho por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en febrero del 2004, durante su 119º periodo ordinario de sesiones, cuando su entonces presidente, comisionado José Zalaquett, afirmó que las expresiones oficiales que cuestionan la labor de defensa de los derechos humanos pueden generar un grave riesgo para la vida, la integridad personal y las actividades de activistas en esta materia, debido a que pueden ser interpretadas por los grupos al margen de la ley como un señalamiento para cometer actos de violencia e intimidación contra los miembros de las organizaciones y afectan seriamente la legitimidad de dichas organizaciones.
Caracas, 14 de junio de 2008
Caritas Venezuela
Caritas Los Teques
Cofavic
Provea
Espacio Público
Fundación de DD. HH Anzoátegui
Vicaria Episcopal de Derechos Humanos de la Arquidiócesis de Caracas
Accsi
Centro de DD. HH de la UCAB
Observatorio Venezolano de Prisiones
CONTEXTO // Paso a paso, continúan avanzando las investigaciones del caso de la Masacre de Yumare
El 08.05.06 los abogados Omar Ramírez, Aramita Padrino y Merly Morelos introdujeron ante el Tribunal de Control Nro 6 del estado Yaracuy una querella solicitando la reapertura en la jurisdicción civil del caso Yumare. Como se recordará, el 08.05.86 fueron asesinadas por un comando de la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip) nueve (9) personas, en la zona La Vaca, Barlovento, cercano a la población de Yumare, del Distrito Bolívar, en el estado Yaracuy. La solicitud fue realizada en representación de varios familiares de las víctimas contó además con el apoyo de altos funcionarios del estado venezolano entre ellos el propio gobernador del estado Yaracuy Carlos Giménez. Posteriormente el 13 de junio de 2006 el Tribunal número 6 de Control del estado Yaracuy a cargo del juez Darío Suárez admite la querella.
Una vez que el Juez sexto de control del estado Yaracuy remitió la causa al Ministerio público, la Fiscalía ha realizado múltiples actuaciones en la búsqueda de justicia. Una de ellas fue imputar en septiembre de 2006 a dos exfuncionarios de la dirección general de los servicios de inteligencia y prevención (DISIP), el ciudadano Henry López Sisco y al ciudadano Oswaldo Antonio Barico.
En octubre de 2006 con la presencia de la fiscal 4 del estado Yaracuy se procedió a la exhumación de dos de los cadáveres de las víctimas Dilia rojas y Simón Romer Posteriormente en octubre de 2006 la fiscalía 4 del estado Yaracuy imputo al exfuncionario de la DISIP Ignacio Castillo. En noviembre de 2006 el ministerio Público solicitó ante el Tribunal sexto de Control del estado Yaracuy la exhumación de siete cadáveres de las víctimas
De esta manera en enero de 2007 fue exhumado el cadaver de Alfredo Caicedo Castillo, procedimiento que fue autorizado por el Tribunal Primero de Control del estado Miranda. En febrero de 2007 se realizaron las exhumaciones de los cadáveres de las víctimas Nelson castellanos y Ronald Morao con la presencia de la fiscal 49 con competencia nacional Haifa Aisami y el juez 24 de control del área metropolitana de Caracas Francisco Estaba. El 27 de abril de 2007 se exhumó el cadáver de Luis Guzmán, y en junio de 2007 fue exhumado el cadáver de Rafael Quevedo.
En otras medidas, en marzo de 2007 el Tribunal tercero de control del estado Yaracuy dicto medida de prohibición de salida del país contra nueve exfuncionarios policiales. En mayo de 2007 el ministerio publico imputo a los exfuncionarios Freddy Ali Grangger, Eugenio Creasola Armas y Cesareo Soto Muñoz. En junio fueron imputados los funcionarios william Prado y Reinaldo José Rondón. En Julio el exfuncionario Olmedo González. En agosto de 2007 el Ministerio Público imputó al ex ministro de Relaciones Interiores de la época Octavio Lepage y al General retirado Alexis Ramón Sánchez Paz. En el mes de marzo de 2008 fue citado para ser imputado por la masacre el ex presidente Jaime Lusinchi. (Fuente: Tribunal Supremo de Justicia, Fiscalía General de la República).
CONTEXTO // ACNUR lanza campaña de sensibilización sobre la situación de los refugiados en Venezuela
250 estudiantes y 100 vallas móviles saldrán a la calle por 5 semanas para dar voz a millones de refugiados en el mundo y especialmente a unos 200.000 hombres y mujeres colombianas que han llegado a Venezuela en la última década buscando protección internacional.
Caracas, 10 de Junio de 2008 (ACNUR) - El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR en Venezuela, inició este martes 10 de junio una campaña de información y sensibilización sobre la situación de los refugiados en Venezuela. La iniciativa enmarcada en las actividades para conmemorar el Día Mundial del Refugiado, combina medios tradicionales y alternativos para transmitir a los venezolanos las dificultades que implica tener que abandonarlo todo por temor a perder la vida.
La campaña "¿Qué harías...?" será implementada en las ciudades de Caracas, Maracaibo, San Cristóbal y Guasdualito, por ser estas donde residen la mayoría de las personas refugiadas en Venezuela y donde el ACNUR cuenta con oficinas de atención a personas en necesidad de protección internacional.
La herramienta principal de difusión en esta campaña son vallas humanas y estudiantes de las universidades Santa María, Rafael Belloso Chacín, UCV, y Bolivariana de Venezuela, así como de voluntarios de la Organización Venezolana de Jóvenes para las Naciones Unidas, quienes han sido capacitados por el ACNUR en materia de protección a refugiados en el contexto venezolano.
Los jóvenes, en su gran mayoría estudiantes de comunicación social, se han plegado a la iniciativa del ACNUR bajo el marco de la Ley de Servicio Comunitario, para constituirse en stands móviles de información y sensibilización en espacios públicos como centros comerciales, estaciones de metro, plazas, universidades, etc.
Esta actividad de sensibilización será reforzada mediante la distribución de brazaletes, la organización de cine-foros en universidades, la difusión de un micro institucional de radio producido por el ACNUR con la colaboración del artista Juanes y la transmisión de un spot de televisión producido gratuitamente por la productora Origami Films.
Entre otros objetivos, esta cruzada busca disminuir la estigmatización y promover valores que refuercen la integración de los refugiados en Venezuela, motivar a refugiados que aún no han acudido a los organismos competentes a registrarse para hacer valer su derecho a la protección internacional y crear en las universidades una red de agentes multiplicadores de información sobre la situación de los refugiados y sus derechos en Venezuela.
Para una organización como el ACNUR que trata de invertir la mayoría de sus recursos en asistencia a los refugiados y promover el bienestar en las comunidades receptoras, hubiese sido imposible emprender una campaña de información y sensibilización como ¿Qué harías...? sin la generosidad de Evelin Rivas y Mariana Martínez, quienes prestaron sus talentos para la elaboración de los mensajes y conceptos gráficos de la campaña.
Una vez concebida la idea, plasmarla en vallas, brazaletes y pendones requirió de la participación de más instituciones y más fondos: La CAF, ECHO (Ayuda Humanitaria de la Comisión Europea) Creatividad impresa FRAMAPA y Ferregraphics.
Un día para los Refugiados Desde hace 8 años, todos los 20 de junio se rinde homenaje a quienes, con fortaleza y esperanza, superan enormes dificultades para rehacer sus vidas tras huir de la violencia, la guerra y la persecución.
Esta fecha conmemorativa se desprende de la escogida por África para conmemorar el Día de los Refugiados en ese continente. En el año 2000 una resolución especial de la Asamblea General de la ONU designó el 20 de junio de cada año como Día Mundial del refugiado, como una manera de expresar solidaridad hacia el continente que alberga a la mayoría de los refugiados del mundo.
Según cifras del ACNUR, en todo el mundo existen 9,9 millones de refugiados y 24,5 millones de desplazados internos. En América el conflicto armado en Colombia ha obligado a 3 millones de personas a dejar sus hogares y a 500 mil a cruzar la frontera de su país.
Venezuela: un país receptor Históricamente Venezuela ha abierto sus puertas a los refugiados. En los años 40 lo hizo con los europeos luego con los argentinos y uruguayos y ahora lo hace con los colombianos.
Se estima que unas 200 mil personas, han llegado a Venezuela en la última década buscando protección internacional. El 95 por ciento de ellas, mujeres y hombres colombianos que se han visto forzados a cruzar la frontera de su país para evitar una muerte segura o el reclutamiento forzado de sus hijos, a consecuencia del conflicto armado.
El ACNUR abrió una oficina Regional en Venezuela a comienzos de los noventa para asistir a estas personas, muchas de las cuales permanecen en la franja fronteriza con Colombia.
Además de Colombia, el ACNUR ha registrado en sus oficinas refugiados procedentes de Liberia, Nigeria, Haiti, China, Mauritania, Iraq y Palestina. (Acnur, 11.06.08, http://www.acnur.org/index.php?id_pag=7689)
DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES // Provea dirige recurso de petición de información al Minep sobre los estudios que demuestren la no toxicidad de los materiales de las Petrocasas
El pasado 23.05.08 Provea remitió un recurso de petición de información al ciudadano Rafael Ramírez, ministro del Poder Popular de Energía y Petróleo, para solicitar los estudios que demuestren que las casas construidas con Policroruro de Vinilo (PVC) no representan un peligro para la salud de sus habitantes. Provea realiza esta acción debido a los diversos señalamientos realizados acerca del potencial peligro del uso de PVC en la construcción de viviendas, los cuales si bien han sido parcialmente respondidos por varios funcionarios del sector vivienda, no se dispone públicamente de los estudios que respalden dichos señalamientos.
Entre las solicitudes realizadas en el recurso se encuentra que, de forma pronta y perentoria, se proporcione a Provea y a la colectividad en general, el estudio oficial sobre las especificaciones técnicas: Química (composición química que incluya aditivos y sus porcentajes y proporciones) y Mecánica (propiedades mecánicas y físicas) de las llamadas Petrocasas; Se proporcione los planes y proyectos de construcción de nuevos urbanismos o expansión urbanística con este tipo de viviendas, incluyendo el número de viviendas proyectadas y la ubicación geográfica de las mismas.
Provea ha realizado dicha solicitud amparándose en el derecho constitucional de petición consagrado en los artículos 51 y 143 y en concordancia con los artículos 2, 83, 84, 85 y132, todos, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; en los artículos 2, 3 y 5 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos; en el artículo 9 de la Ley Orgánica de la Administración Pública. Si desea conocer el texto completo del recurso de petición, visitar http://www.divshare.com/download/4749869-0b0
DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES //
Destitución de ministra de vivienda perpetúa inestabilidad institucional del sector
Al realizar gestiones en el Ministerio de Vivienda se le informó a Provea acerca de la destitución de la ministra Edith Gómez, hecho reiterado en los medios de comunicación. De acuerdo con dichas informaciones, la noticia fue publicada en Gaceta Oficial el pasado 09.06.08, a la par de que el vicepresidente de la República, Ramón Carrizalez, supliría el cargo hasta sea anunciado el nombre del nuevo titular de dicha cartera. (La Verdad, 11.06.08, http://www.laverdad.com/detallenew.asp?idcat=3&idnot=74713)
El 10.06.08 comunidades de Caracas y Aragua solicitaron al Presidente Chávez la restitución en su cargo del Minvih a Edith Gómez para darle continuidad a los proyectos habitacionales emprendidos por ella en los sectores populares. (Ultimas Noticias, 11.06.08, Pág. 12). Gómez se convirtió, de esta manera, en el funcionario de más rápida remoción en el tren ministerial, pues apenas estuvo en su cargo por espacio de tres meses. Desde la creación del Minvih, en el año 2005, han dirigido el ente 5 funcionarios diferentes, lo que ha originado una gran inestabilidad institucional en el sector, lo que ha tenido consecuencias en retrasos de las políticas públicas en materia habitacional.
DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES // Avanzan debates sobre reforma de Ley de Inquilinato
Las discusiones para la reforma de la Ley de Inquilinato realizadas en el transcurso del 2008, ocurridas en la Comisión de Administración y Servicios, han producido cambios sustantivos a la propuesta original que se aprobó en primera discusión durante el año pasado.
Roberto Orta Poleo, vicepresidente de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos (Apiur), detalló que uno de los primeros consensos que se logró en los debates, es que todos los juicios de desalojo serían orales, con una audiencia de conciliación. "De esta manera, se cumple con lo que dice la Constitución, en el sentido de que los juicios de cualquier naturaleza deben llevarse de manera oral". Otro de los artículos que sufrió variación, es el relativo a que no todos los juicios llegarán al Tribunal Supremo, como se había aprobado en la primera discusión.
Roberto Orta explicó de esta manera se desechó el artículo que establecía que los juicios iban a casación y se llevarían alrededor de 3 años par decidir si procede el desalojo del inquilino a no. "La nueva norma deja los juicios algo parecidos a la ley actual, que duran entre 6 meses y 1 año, porque no pasarían por primera, segunda instancia y casación", resumió Orta.
Orta Poleo amplió que los únicos casos que pudieran pasar por todas las etapas hasta llegar a casación, es cuando se trate alquileres muy altos, que excedan las 3 mil unidades tributarias (138 mil bolívares fuertes, o 138 millones de bolívares de los antiguos).
El año pasado se aprobó en primera discusión la reforma de la Ley de Inquilinato, pero algunos artículos, además de la redacción fue refutada por Apiur y las cámaras del sector inmobiliario. También se reclamó la presencia los gremios en las discusiones que se llevaban en la AN, pero finalmente se logró la inclusión de todos los sectores involucrados. (Ultimas Noticias, 07.06.08, pág. 8 )
DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES //
CARACAS: Expropiados del edificio "Mina" ocupan sede de Bandagro para protestar sobre su situación
El pasado 11.06.08, un grupo de 50 personas, propietarios del edificio “Mina” de la parroquia el Recreo del municipio Libertador del Distrito Capital, ocuparon de manera pacífica las instalaciones del edificio Bandagro ubicado en dicho municipio para protestar contra la desafectación de su propiedad para dar paso a una torre hotelera.
El comité de propietarios manifestó su malestar contra el Procurador Metropolitano, Juan Manuel Vadell Febrero, debido a que desde la expropiación del bien inmueble, ocurrida en febrero de 2006, no han tenido una respuesta por parte de las autoridades administrativas las cuales han guardado silencio con referencia a su situación.
Los manifestantes argumentaron que están dispuestos a negociar con las autoridades siempre y cuando reciban un justo precio por su propiedad.
Después de mantener ocupada las entradas del edificio desde las 11 a.m. hasta las 3 p.m. lograron ser escuchados y atendidos por el procurador metropolitano, el cual se comprometió de palabra en acelerar una salida negociada con los propietarios.
Al culminar la protesta se presentó un altercado verbal y físico entre algunas personas que protestaban y personal del edificio que no pasó de algunos empujones y descalificativos verbales entre ambos sectores.
DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES //
Trabajadores informales se enfrentan a la policía para ejercer su derecho al trabajo mientras esperan la reubicación prometida por las autoridades
El 09.06.08 Policaracas realizó un operativo de desalojo de la economía informal en las inmediaciones de La Hoyada el cual, según las informaciones aparecidas en los medios de comunicación, arrojó un saldo de cuatro personas heridas. Danely Pereira, con 12 años trabajando en la economía informal y tres perforaciones debido al impacto de los perdigones, declaró: "Nos arrancan la mercancía y nos gritaban 'quítate de aquí'. En otras oportunidades hemos visto cómo se reparten la mercancía en frente de nosotros. Lo que me indigna es que nos tratan como delincuentes". (El Universal, 10.06.08, http://noticias.eluniversal.com/2008/06/10/ccs_art_informales-se-quejan_897984.shtml).
Por su parte, trabajadores informales de la plaza Las Tres Gracias en la Universidad Central de Venezuela (UCV) denunciaron abuso policial por parte de los efectivos de Policaracas quienes los están desalojando de las inmediaciones de la ciudad universitaria.
Yamile Mejías, trabajadora informal, explicó que no es la primera vez que los desalojan, pero que están cansados. "Hacemos un llamado a las autoridades, al ministro Ramón Rodríguez Chacín, a que le pongan freno a esta policía. El sábado pasado dos policías de Caracas atracaron a una muchacha y esto no puede seguir". La trabajadora informal mostró, a los medios de comunicación en el lugar, las balas, perdigones y bombas molotov que presuntamente los efectivos de la Policía de Caracas les lanzaron y detonaron para desalojarlos del lugar. (El Universal, 11.06.08, http://buscador.eluniversal.com/2008/06/11/ccs_ava_buhoneros-denuncian_11A1667799.shtml).
La situación de desalojos violentos a los comerciantes informales ocurre en un contexto de retraso en la construcción de los mercados prometidos por las autoridades. Se informó que el mercado Gloria al Bravo Pueblo, ubicado en Petare, estado Miranda, está listo desde hace meses, pero que aún las puertas del mercado continúan cerradas mientras los informales continúan trabajando en la calle. Rafael Thielen, coordinador de la comisión de economía informal de la Alcaldía de Sucre, afirmó que "en un mes, máximo, no habrá buhoneros en las calles". Sobre el mercado Gloria al Bravo Pueblo explicó que como "su capacidad no satisface la cantidad de buhoneros que hay en Petare", están acondicionando otros espacios para los 1.200, casi 1.300, que quedaron en la calle. "Seguirá cerrado para que se haga una reubicación simultánea", afirmó Thielen. (Ultimas Noticias, 11.06.08, Pág. 4).
DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES //
3 millones 800 mil jubilados tienen problemas de pago en el país
Según estimaciones realizadas por el presidente de la Asociación Nacional de Jubilados, Afines y Pensionados de Ipostel (Anjapi), Ángel Lozada, Venezuela tiene 3.800.000 de jubilados, "y todos ellos, o casi todos, tienen problemas de retrasos de años en los pagos de sus derechos". Según el representante del gremio el sector en general recibe un trato injusto y discriminatorio.
Lozada dijo que un ejemplo de ello se encuentra en la situación de los jubilados del Sistema de Tránsito Terrestre. El secretario de la Asociación que reúne a ese grupo de jubilados, Gregorio Áñez, explicó en rueda de prensa que el Estado sostiene una millonaria deuda con más de 1.200 jubilados, tanto por retrasos en el pago de intereses de mora como por el incremento del salario mínimo decretado por el presidente Hugo Chávez. "Cuando el presidente Chávez anunció el incremento de 30% del salario mínimo, dijo claramente que era para todo el mundo. Nosotros no hemos recibido ese aumento". (El Universal, 09.06.08, http://www.eluniversal.com/2008/06/09/eco_art_3-millones-800-mil-j_895267.shtml)
DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES // Continúa el conflicto de ex trabajadores de Coca Cola Femsa
Desde el día 06.06.08 cuatro plantas embotelladoras y 25 centros de distribución pertenecientes a la empresa Coca-Cola Femsa fueron tomados por ex fleteros de la compañía, los cuales pedían el pago de prestaciones sociales atrasadas. El 07.06.08 fueron liberados tres de los centros, y en uno de ellos se registró altercados entre trabajadores activos y ex fleteros. (El Universal, 09.06.08, http://www.eluniversal.com/2008/06/09/eco_art_coca-cola-aguarda-de_895271.shtml). La toma de las instalaciones afectó el 70% del volumen de distribución de la embotelladote, según informó un vocero de la empresa.
Bloqueos a Coca-Cola afectan 70% del mercado nacional. El secretario general de la Federación Nacional de Ex Trabajadores de Coca-Cola y de Polar, Pedro Medina, explicó que los secretarios generales de las organizaciones que apoyan la causa en la embotelladora acudirán a la Vicepresidencia de la República o al Palacio de Miraflores, para solicitar la mediación de una autoridad en el conflicto que mantienen los ex fleteros con la empresa.
Tanto la Asamblea Nacional como el Tribunal Supremo de Justicia intentaron resolver la situación pero, mientras algunos ex fleteros cuestionan la imparcialidad del Parlamento, la máxima instancia judicial del país anunció el cese de la mesa de mediación que buscaba solución al conflicto. "Se nos fue de las manos el problema. Eso ahora queda a nivel de los tribunales regionales o de negociaciones entre la empresa y los ex concesionarios", explicó el magistrado Juan Rafael Perdomo, quien durante meses sirvió de mediador entre las partes.
La decisión firmada por los integrantes de la Sala Social del TSJ indica que los ex fleteros "jurídicamente no tienen derecho alguno que reclamar a la empresa", pues sus casos prescribieron o ya fueron sentenciados por otras instancias. Perdomo aseguró que darle la razón a los tomistas significa "derrumbar un edificio de Derecho completo y eso no lo puede permitir ningún gobierno", dijo. El magistrado señaló que los reclamantes tienen derecho a protestar, pero que deben abrir el espacio para que la gente pueda trabajar. (El Universal, 10.06.08, http://noticias.eluniversal.com/2008/06/10/eco_art_bloqueos-a-coca-cola_897851.shtml)
El martes 10.06.08, un grupo de ex trabajadores de Coca-Cola FEMSA, protestó frente a la embotelladora ubicada en la zona Industrial de Valencia, en rechazo a la medida tomada por el TSJ, de culminar el proceso de conciliación y mediación que realizaba desde hace 17 meses entre los ex fleteros y directivos de la empresa. El coordinador nacional de Unión de Ex Trabajadores de Coca-Cola FEMSA, Manuel Ureña, aseguró que la empresa le adeuda a más de 11 mil personas a nivel nacional, una suma millonaria, por concepto de prestaciones y seguridad social, por lo que exhortó al presidente de la república a tomar cartas en el asunto. (El Carabobeño, 11.06.08, http://www.el-carabobeno.com/p_pag_act.aspx?id=P1)
Foto: Aporrea
DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES // Docentes de “Fe y Alegría” protestaron frente al Ministerio de Educación
El pasado 11.06.08, en las puertas del Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE), ubicado en Caracas, se realizó una manifestación pacífica por parte de docentes del programa “Fe y Alegría”, quienes exigen al Ministerio la aplicación del aumento de 40% adjudicado a los docentes, la cual según ellos no ha sido cancelado. Asimismo solicitan un presupuesto acorde con las necesidades y piden que no se les descuenten los cesta tickets del mes de agosto, semana santa, navidad y carnaval.
La manifestación contó con aproximadamente 200 personas que de manera organizada elevaron su voz de protesta para solventar su situación y evitar cualquier posible conflicto laboral.
DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES // Iniciativa ciudadana promueve Ley de Protección Animal
Un grupo de defensores de los animales, se ubicó a la entrada de la Asamblea Nacional el pasado jueves 12.06.08, para protestar por la demora de este órgano constitucional en la promulgación de la “Ley de Protección Animal”. Armados de un megáfono, el grupo dio a escuchar sus demandas y prometieron todos los jueves montar una manifestación en esta instancia gubernamental hasta que esta ley sea promulgada.
En los volantes que repartían los ecologistas, los cuales firmaban como “Frente de Liberacion Animal”, afirmaban que “ya basta de andar rogándoles –a los diputados-, para eso los eligieron, para hacer leyes y no para engavetarlas, ya basta de enviar cartas, de pedir citas y audiencias estériles anuales, les advertimos que estaríamos el próximo jueves y el siguiente y el siguiente, además tuvimos todo el apoyo e interés de la gente”.
DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES //
Se establece obligatoriedad de enseñanza de lenguas indígenas
Representantes de pueblos originarios locales celebraron la sanción de la Ley de Idiomas Indígenas por parte de la Asamblea Nacional el pasado martes 03.06.08. En opinión del parlamentario kariña, Alis Carreño, constituye otro logro para reivindicar “a dignidad de estos pueblos, marginados e ignorados durante muchos años”.
Carreño, quien ejerce como presidente de la Comisión de Desarrollo y Fomento para los Pueblos Indígenas del parlamento regional, explicó que este instrumento jurídico tiene como fin regular, promover y fortalecer el uso, revitalización, preservación, defensa y fomento de las lenguas ancestrales.
El artículo Nº 30 de la nueva normativa señala que es obligatoria la enseñanza en los idiomas indígenas "de forma oral y escrita, en todos los planteles educativos públicos y privados que estén ubicados en su hábitat, estableciendo asimismo su carácter de patrimonio cultural de la nación y de la humanidad". (Últimas Noticias, 07.06.08, Pág. 37)
DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES // Analizarán Ley de Salud Mental en discusión en la Asamblea Nacional
Preocupados por el contenido de la Ley de Salud Mental que se aprobará en pocos meses en la Asamblea Nacional, un grupo de psiquiatras y psicólogos acordó realizar un encuentro el próximo 20 de junio, a fin de establecer las principales críticas del estatuto para ser presentadas ante los promotores de la ley.
Isabel Carreira, directora del Postgrado de Psiquiatría de El Peñón, informó que el acuerdo se logró en una asamblea realizada ayer y que contó con la presencia de residentes y especialistas de El Peñón, Lídice y Hospital Universitario.
"En este proyecto de ley se están excluyendo los psicólogos y otros profesionales que son vitales en el sistema de salud mental", explicó Carreira, quien agregó que existen "ambigüedades preocupantes" en la definición de los conceptos de trastorno y salud mental.
Carreira señaló que los coordinadores de postgrados también solicitarán una reunión extraordinaria con miembros del Consejo de Estudios para Graduados de la UCV para abordar el tema desde el punto de vista académico y no sólo en el ámbito laboral. (El Universal, 06.10.08, http://noticias.eluniversal.com/2008/06/10/ccs_art_analizaran--ley-de-s_897979.shtml)
DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES // CARACAS: Nueva sala de radioterapia en Hospital de Niños
El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Salud, inauguró el servicio de radioterapia del Hospital J.M. de los Ríos, el cual pasa a ser el Centro Metropolitano de Radioterapia Infantil, para brindar tratamiento a todos los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, con edades entre 10 meses y 21 años de edad, que tienen cáncer.
Según Gisela Vargas, directora de ese hospital y además, oncóloga y pediatra, la inversión realizada para poner en marcha este servicio, supera los BsF 10 millones ($ 4, 65 millones) con los que se activó un área de tratamiento que permitirá brindarle mayor calidad de vida a los pacientes con cáncer, así como aumentar el porcentaje de niños y niñas que superan la enfermedad. (Últimas Noticias, 07.06.08, Pág. 2)
DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES //
Afirman que Venezuela tiene una de las mayores matrículas universitarias de América Latina
El Instituto Internacional de la Unesco para la Educación Superior en América Latina y el Caribe (Iesalc) presentó el pasado 03.06.08 en la ciudad colombiana de Cartagena la primera parte del Mapa de la Educación Superior de la región (Mesalc), en el que la República Bolivariana de Venezuela destaca entre los países con mayor crecimiento en cobertura educativa de pregrado y postgrado en un grupo de 33 naciones.
Ana Lúcia Gazzola, directora del Iesalc, explicó las estadísticas contenidas en el Mesalc durante un encuentro con la prensa en la víspera del inicio de la Conferencia Regional de Educación Superior (CRES) 2008, organizada en el Centro de Convenciones “Julio César Turbay Ayala” de Cartagena.
Entre las variables en las que resalta el crecimiento venezolano, de acuerdo a la matrícula de los años 2005 y 2006, se encuentra la cifra general de pregrado y postgrado, en las que con cerca de 1.900.000 estudiantes ocupa el cuarto puesto después de Brasil, México y Argentina. En postgrado se sitúa en el mismo lugar en la lista con 68.203 cursantes, superado por México, Brasil y Argentina y por encima de Perú y Colombia.
En cuanto a la tasa bruta de cobertura, Venezuela supera el 50%, “mostrando un aumento significativo que se explica por la expansión del modelo bolivariano”, dijo Gazzola, y aseguró que Cuba registra el crecimiento más importante de la región atribuido a su Programa “Universidad para Todos”. (Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información, 06.06.08, http://www.minci.gob.ve/boletines/38/22974/ven_global_espanol.html)
DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES //
Propuestas y exigencias de Provea a los poderes públicos sobre el derecho a la seguridad social
• Garantizar que la Asamblea Nacional genere una amplia consulta y participación de los sectores interesados y apruebe definitivamente en las sesiones legislativas del 2008, las leyes que regularán los regímenes prestacionales de salud y pensiones.
• Garantizar que el Ejecutivo Nacional desarrolle un intensivo programa de difusión de los derechos, requisitos y obligaciones de los distintos subsistemas de seguridad social, a fin de promover la inclusión de las poblaciones hasta ahora excluidas. En este sentido
deberá promover mecanismos idóneos, ágiles y transparentes para que la población meta se inscriba en el sistema de seguridad social, para lo cual sería conveniente que estudiara mecanismos similares a los aplicados en otros países de la región y que han permitido una rápida inclusión de la población.
• Garantizar que el Ejecutivo Nacional continúe pagando la deuda que el IVSS mantiene
con los pensionados, y publique un informe actualizado a diciembre de 2007.
• Garantizar que el Ejecutivo Nacional promueva la más amplia y democrática participación comunitaria y profesional en el proceso de transición e integración del Sistema Público Nacional de Salud, al tiempo que promueva la coordinación y cooperación entre los organismos públicos involucrados.
• Garantizar que la Contraloría General de la República realice una auditoría general al
IVSS, a fin de garantizar que las cotizaciones acumuladas por el universo de trabajadores cotizantes sean contabilizadas y enteradas al nuevo sistema de seguridad social.
DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS // Familiares de víctimas de abuso policial de Lara realizan manifestación en Caracas contra la impunidad
El pasado 12.06.08 se realizó una manifestación en Caracas organizada por el Comité de Victimas contra la Impunidad de Lara y el Comité Argimiro Gabaldón para denunciar 300 ejecuciones extrajudiciales contra pobladores indefensos que ha cometido la policía de dicha entidad estatal.
Unas 200 personas se movilizaron desde el estado Lara y de diferentes partes de la ciudad capital para solidarizarse con los familiares y victimas. La movilización comenzó hacia las 10:00 a.m. en Parque Carabobo, frente a la sede administrativa de la Fiscalía, donde un grupo de representantes fue atendido por la vicefiscal josefina Capriles. Luego bajo el grito de “Sin Justicia no hay Revolución” se trasladaron hasta la sede de la Asamblea Nacional, donde fueron recibidos por una Comisión del hemiciclo legislativo, los cuales se comprometieron a dar una respuesta rápida y oportuna a sus demandas. Las mismas consisten en llevar a la justicia a un grupo de efectivos policiales de este estado y evitar que estas desapariciones queden impunes.
Entre los diferentes volantes repartidos en la movilización, El Guaro, órgano divulgativo de las Víctimas Contra la Impunidad, afirmaba que “cuando salimos a la calle y damos a conocer los crímenes ante la opinión pública, los escuadrones de la muerte nos dan una tregua de dos o tres meses, esperando que se nos olviden nuestros muertos. En ese lapso de espera, aumentan los ajustes de cuentas, las venganzas y la desaparición forzada. En pocas palabras, pena de muerte para los pendejos”.
Muchos asistentes a la convocatoria comentaron a Provea su malestar con las evasivas respuestas que dieron las autoridades administrativas a los familiares, los cuales se comprometieron solamente a escuchar su voz y designar una “comisión especial”, la cual -nos comentan los propios agraviados- fue designada por el fiscal anterior en el 2006.
Escuche el testimonio del señor Piña, miembro del Comité Argimiro Gabaldón (1):
Escuche el testimonio del señor Iván Pérez, luchador social y padre de dos hermanos asesinados (2):
Escuche el testimonio de Ninoska Pifano, del Comité de Víctimas contra la Impunidad (3):
DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS // Denuncian brote de sarna en el Rodeo II
20% de los internos de la Penitenciaria Rodeo II de Guatire ( Mir) sufre de afecciones respiratorias y de piel. Cien reos tienen en estos momentos sarna.
Un informe detallado de la insalubridad y retardo procesal que sufren 1.016 internos de Rodeo II fue presentado ayer por un grupo de presos.
El documento es producto de un diagnóstico realizado durante mes y medio en las mesas de trabajo del programa Haciendo Comunidad para los Derechos Humanos-subprograma Atención Penitenciaria, que lideriza Gabriela Villegas, a cargo de la Defensoría del Pueblo a nivel nacional. Este plan seguirá en acción.
El pliego de peticiones de los internos detalla que se necesita un estimado de BsF 120 mil (Bs. 120 millones) para resolver los problemas de aguas negras, recolección de basura interna y suministro de energía eléctrica. Los presos dijeron que ellos colocarán la mano de obra para rendir los recursos.
La población penal afectada por problemas de salud sufre de infecciones bacterianas, tuberculosis y lesiones a nivel ocular.
La parte detrás de Rodeo II es vertedero de desperdicios. Las moscas pululan y un olor nauseabundo emana por todos lados. Debido al colapso de las cloacas se puede observar en el patio bolsas llenas de heces. (Ultimas Noticias, 06.06.08)
DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS // ARAGUA: A juicio tres policías de Aragua por privación ilegítima de libertad de un ciudadano
Ante los elementos de pruebas aportados por el Ministerio Público, se ordenó el pase a juicio de tres Policías del estado Aragua, presuntamente implicados en hechos de corrupción y por privación ilegítima de libertad del ciudadano Francisco Javier Sandoval, hecho ocurrido en noviembre de 2006, en el sector Paraparal, de esa jurisdicción.
Durante la audiencia preliminar, la fiscal 21° de Aragua, Gladys Valera, ratificó la acusación contra los funcionarios Delia Quilimaco, Eduardo Isquiel Aponte y Adrián Rodríguez, por los delitos de concusión privación ilegítima de libertad, establecidos en los artículos 60 y 173, respectivamente, de la Ley contra la Corrupción y el Código Penal.
En este sentido, el Tribunal 5° de control del estado Aragua admitió la acusación presentada por la fiscal Valera, y, en consecuencia, fijó la fecha de inicio del juicio para el próximo 18 de junio.
La investigación se inició el 19 de noviembre de 2006, tras una denuncia interpuesta por un familiar de la víctima, quien manifestó haber sido objeto de extorsión por parte de tres efectivos policiales, destacados en la comisaría de Paraparal de Aragua. Al parecer, éstos exigían a la señora Sandoval la cantidad de 1.000 BsF, a cambio de la libertad de su hermano.(Aporrea, 11.06.08, http://www.aporrea.org/ddhh/n115341.html)
DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS // Comisión de Defensa de AN concluirá en julio debate de Ley contra el Secuestro
La Comisión de Defensa de la Asamblea Nacional (AN) estima concluir en julio próximo la discusión de la Ley Orgánica Contra el Secuestro y la Extorsión, para su posterior debate en cámara plena.
La información fue suministrada por el presidente del ente parlamentario, diputado Rafael Gil Barrios, quien señaló que este instrumento legal permitirá enfrentar el delito del secuestro y la extorsión en toda su extensión. Advirtió que los delincuentes que cometan ese tipo actividades delictivas, serán sancionados severamente. “Vamos aprobar una Ley que garantice la seguridad de los venezolanos”.
Gil expresó que actualmente están introduciendo un artículo que va establecer sanciones contundentes para quienes pretendan a extorsionar a las personas. “Vamos a ser muy firmes en la aplicación de dicho artículo, que estará tipificado en Código Orgánico Procesar Penal (Copp), como en la Ley que estamos discutiendo”, argumentó.
Expresó que la citada Ley le otorga al Ministerio Público y a los organismos de seguridad del Estado las herramientas suficientes y necesarias para contribuir con el tema de la seguridad en el país.
El diputado Gil anunció que el proyecto en discusión ha sido consultada con la Dirección de Inteligencia Militar (Dim) Disip y Ccpc, Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y otros sectores de la vida nacional, incluyendo a varias ONG. (Agencia Bolivariana de Noticias, 16.06.08, http://www.abn.info.ve/go_news5.php?articulo=137192&lee=1)
DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS //
Propuestas y exigencias de Provea a los poderes públicos sobre el derecho a la seguridad ciudadana
• Diseñar políticas públicas en materia de seguridad ciudadana.
• Procurar que los cuerpos de seguridad que intervengan en la seguridad ciudadana
sean de carácter civil y tengan una adecuada formación que parta de y consolide la noción de que su labor se debe a los ciudadanos y no en contra de éstos en procura de seguridad para el Estado.
• Diseñar programas de prevención en comunidades y focalizados en población especialmente vulnerable a la violencia letal.
• Crear un sistema de información acerca de la situación de criminalidad y violencia en el país.
• Aplicar encuestas de victimización que permitan realizar diagnósticos certeros respecto a la situación de la seguridad ciudadana.
INVITACION A EVENTOS // Taller: Weblog una herramienta para comunicar en la red
Espacio Público y el Centro de Derechos Humanos de la UCAB invitan a integrantes de las organizaciones de derechos humanos y de desarrollo a participar de un taller teórico-práctico sobre la elaboración de blogs. El costo del taller es gratuito y contamos con un número restringido de apoyos para alojamiento y transporte para participantes de organizaciones de ciudades distintas a Caracas.
Fecha: Viernes 11 de julio de 2008. Horario: 9:00 a.m. a 5:00 p.m. Lugar: Universidad Católica Andrés Bello. Costo: Gratuito
Inscripciones e información: María de los Angeles Surga: Tlf.: (212) 5417002 y correo electrócnico msurga@espaciopublico.org Facilitadora: Lic. Miladys Rojano, Profesora de la Universidad Católica Andrés Bello
El objetivo del taller es proporcionar las herramientas básicas para la creación y mantenimiento de blogs, las cuales son gratuitas, y no requieren elevados conocimientos técnicos. Todo ello con el objetivo de divulgar el trabajo que realizan en cada una de las organizaciones de la sociedad.
Contenido:
Bloque teórico
Nociones básicas sobre la web 2.0: concepto, impacto en la sociedad, características, principales herramientas.
Weblogs como medios sociales: historia, estructura de los blogs, evolución, clasificación (principales ámbitos temáticos)
El impacto de los blogs: periodismo, empresa, educación, política, comunidad.
La blogosfera hispana: autores, referencias, índices, caso venezolano.
Redacción y narrativa para blogs.
Publicidad en los blogs.
Selección de servicios de alojamientos.
Evaluación de blogs.
Bloque práctico
Creación de blogs: práctica en blogger.
Uso del Manejador de contenido: incorporación de textos, imágenes, video, catalogación.
Configuración de permisos, publicación desde el correo electrónico
Configuración de diseño: activación de secciones, incorporación de banner, creación de encuestas.
Incorporación de herramientas web 2.0: buscador, sindicación de noticias, mapa de visitantes, estadística, galerías, licencia
INVITACION A EVENTOS // Programación Semana del Refugiado, organizada por el Servicio Jesuíta de Refugiados
En el marco de la Semana del Refugiado, celebrada del 16 al 20 de junio, el Servicio Jesuíta de Refugiados (SJR) organizó una serie de actividades en Caracas:
- Lunes 16 de junio: Cuentos de camino por los refugiados. Con Valentina Quintero, Miguel Delgado Estévez y sus invitados. Auditorio del Colegio San Ignacio. Entradas a la venta en las instalaciones del colegio. Hora: 7:00 PM.
- Martes 17 de junio: Apertura de la exposición de arte infantil en la sala Loreto Arismendi UCAB.
Hora: 10: 00 am.
- Miércoles 18 de junio: Lectura dramatizada: "La rebelión de los perros". Loida Producciones. Sala Experimental del Celarg. Entradas a las taquillas del teatro. Hora: 8:00 pm.
- Jueves 19 de junio: Conversatorio de DDHH, Refugio y medios de comunicación, con la participación, entre otros. de Rafael Uzcátegui de Provea. Salón C5 UCV. Hora: 5.00 pm.
- Viernes 20 de junio: Cierre de la exposición de arte infantil en la sala Loreto Arismendi de la UCAB.
ARTICULOS //
Marino Alvarado: "Misión Sapeo"
Una ley de derecha emanada de un gobierno que se autoproclama de izquierda y revolucionario, así se puede calificar la Ley del Sistema Nacional de Inteligencia y Contrainteligencia. Basada en la doctrina de Seguridad Nacional aplicada por las dictaduras del Cono Sur, y tan cuestionada verbalmente por el Presidente Chávez, deja abierta las puertas a la más absoluta arbitrariedad de los cuerpos policiales de inteligencia.
Esta Ley pretende que todas y todos nos convirtamos en confidentes de la policía, conduciendo la institucionalidad y la sociedad a lo que se conoce como “Estado Policial”. Así todas y todos conformaremos una enorme estructura policíaca donde cada quien es vigilado. Lo único que la faltó al gobierno, acostumbrado a crear misiones por doquier, es bautizar esta iniciativa como la Misión Sapeo. Ahora desde el gobierno se destinaran los recursos y los esfuerzos posibles para captar la mayor cantidad de confidentes que, en cada sindicato, consejo comunal, partido político, junta de condominio, asociación deportiva espíen e informen a las autoridades policiales.
Afirmamos que este articulado es una ley inconstitucional y potencialmente riesgosa para los derechos humanos. Ella permitirá, entre otras cosas: que allanen tu oficina o domicilio sin orden judicial, que te detengan sin que estés cometiendo un delito o exista una orden judicial, que te acusen varios confidentes y no tengas posibilidad de identificarlos y por lo tanto de recusarlos en un proceso penal. Nos acercamos a una justicia penal con testigos sin rostro, porque se argumentará que a los confidentes hay que protegerles su identidad.
Esta ley hará más difícil las investigaciones y denuncias contra las violaciones a los derechos humanos cuando en ellos estén involucrados altos funcionarios del Estado. Cualquier denuncia que realice la ciudadanía, sustentada en documentos o pruebas que comprometan a dichos funcionarios, pudiera ser catalogada como de “alta seguridad de Estado” y por lo tanto no podrá ser visibilizada por los medios de comunicación masivos, ni comunitarios ni alternativos. Es decir, es una ley que fortalecerá la impunidad.
Igualmente hará más difícil la labor de investigación de los medios de comunicación quienes correrán el riesgo de ser sancionados si difunden información que pudiera ser considerada estratégica para la seguridad del país. El ya difícil acceso a la información pública se complicará aún más, pues es un país donde el Estado es poco dado a informar, muchos datos que debieran ser públicos, con seguridad, empezarán a clasificarse como secretos.
Nos preguntamos: ¿Hasta cuando mantendrán silencio la Defensora del Pueblo y la Fiscal General? ¿Se levantará alguna voz en aquellos sectores democráticos que existen y en número importante en las filas políticas que apoyan al gobierno? Aspiramos que estas personas, y muchos ex activistas que en el pasado actuaron como defensores de los derechos humanos y que hoy ocupan cargos importantes en el gobierno, no guarden silencio. Una ley como esta merece el rechazo de todos aquellos sectores que consideran que es posible adelantar transformaciones importantes en la vida económica y social del país en un ambiente democrático y de amplio respeto a los derechos humanos. (Tal Cual, 06.06.08, marino@derechos.org.ve)
ARTICULOS//
Soraya El Achkar: "Policía exige lo tuyo”
En estos días me encontré con un candidato a una alcaldía en el interior del país y cuando me vio, enseguida me dijo: "Si gano voy a fundar mi policía". Pensé en lo difícil que será cambiar la cultura de las autoridades políticas en torno a la responsabilidad que tienen según la nueva Ley del Servicio de Policía, pero algún día entenderán, en primer lugar, que nunca debe creer que es su policía sino un servicio al servicio de la gente; y en segundo lugar, que aunque tengan la responsabilidad de dirección política de las instituciones policiales, no tienen un cheque en blanco como si fuera su ejército personal.
Es cierto que la Constitución otorga la facultad a los alcaldes y gobernadores de organizar cuerpos de policía. Sin embargo, la novísima ley establece claramente que las competencias de las autoridades políticas en sus respectivos ámbitos político-territoriales están vinculadas al diseño de las políticas en materia de seguridad ciudadana y señala expresamente que tienen la responsabilidad de: 1) promover la prevención y el control del delito, la participación de la comunidad y de otras instituciones públicas con responsabilidad en la materia para la definición de planes y la supervisión; 2) ajustar la intervención y los indicadores del desempeño policial al cumplimiento de metas y a la adecuación de normas generales de actuación y respeto a los derechos humanos en su correspondiente ámbito político-territorial, conforme a los programas y políticas generales dictadas por el órgano rector; y 3) designar a los directivos de los cuerpos de policía cumpliendo con los requisitos establecidos para los cargos, previa aprobación del órgano rector.
A diferencia de las competencias de la autoridades de dirección policial. Se entiende que son autoridades de dirección policial en cada uno de los órganos correspondientes, las directoras o directores de los diferentes cuerpos de policía y las funcionarias o funcionarios con responsabilidades de comando en la relación jerárquica con sus subordinadas o subordinados. Estas autoridades tienen, por ley, las competencias de: 1) ejecutar las políticas dictadas por el órgano rector, los principios y programas generales para la prevención y el control del delito, cumplir las metas establecidas y garantizar el respeto de los derechos humanos por parte del órgano o ente que dirigen; 2) aplicar los estándares y las normas establecidas en las leyes, reglamentos y sistemas de habilitación sobre el ingreso, ascenso, traslado, régimen disciplinario, suspensión, retiro y jubilación; 3) aplicar los estándares y las normas establecidas en las leyes y reglamentos y la habilitación respectiva; además de las que establezcan los sucesivos reglamentos del decreto.
Policía, nunca más permitan que alcaldes y gobernadores les sigan utilizando como instrumento político. Los alcaldes y gobernadores deben dedicarse al diseño de las políticas públicas para prevenir el delito y acordar los indicadores de desempeño policial, pero jamás deben intervenir en los asuntos profesionales de la policía como el ingreso, ascenso, traslados, régimen disciplinario, suspensión, retiro y jubilación. (El Universal, 16.06.08. sorayaachkar@gmail.com)
El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos
Humanos (Provea) es una organización no gubernamental
especializada en la defensa y promoción de los Derechos
Económicos, Sociales y Culturales (DESC), que tiene como
fin la plena realización de los derechos humanos y el
respeto al Estado de Derecho, en el marco de una
sociedad democrática y participativa.
Toda acción que Provea lleva a cabo busca beneficiar a
las víctimas o potenciales víctimas a las que el Estado
no les garantiza o les viola sus derechos humanos,
propiciando su protagonismo y la concientización de sus
derechos.
Tienda Honda a Puente
Trinidad, edificio Centro Plaza Las Mercedes, local 6,
planta baja, Parroquia Altagracia
Apartado Postal 5156, Carmelitas 1010-A, Caracas,
Venezuela
Teléfonos / fax: (0058) (0212) 862-10-11 / 862-53-33 /
860-66-69
Sitio web:
http://www.derechos.org.ve
Correo electrónico:
provea@derechos.org.ve
Provea, 2007
