DERECHOS
ECONOMICOS, SOCIALES y
CULTURALES *
OVP y Provea introducen amparo por los
derechos laborales de los privados y privadas de
libertad * Nuevo
ministro de vivienda anuncia planes para el sector
desestimando a las Organizaciones Comunitarias de
Vivienda (OCV) * Escuche el
programa de Radio de la Fundación Agua Clara acerca de
la presunta toxicidad de las Petrocasas * Médicos
del hospital de Barquisimeto se declaran en
conflicto * Seguro Social incrementó multas a
empresas en mora * Ministerio de Ciencia y
Tecnología anuncia impulso de producción de insumos
para la salud * Informan sobre alto índice de
fallecimiento de bebes en el estado Bolívar * Canasta
alimentaria para el mes de julio tuvo un valor de BsF
1.532 * Venezuela reconoce más
de 900 mil hectáreas a pueblos indígenas *
Extraña epidemia cobra 38 víctimas en comunidades
waraos * Ministerio Indígena instala mesa de
diálogo para solucionar problemática de demarcación
del territorio yukpa * Ministerio de Salud atiende
a pacientes con VIH * Propuestas y
exigencias de Provea a los poderes públicos sobre el
derecho a la seguridad social
DERECHOS CIVILES
Y POLÍTICOS * CIDH
tramitará caso sobre ejecución policial en
Falcón *
AN inició debate sobre Ley contra el Secuestro y
la Extorsión
CONTEXTO // Provea
abre concurso para afiche sobre el 20 aniversario de la
Masacre de El Amparo
El Programa
Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos
(PROVEA) realizará durante el mes de octubre del 2008 y
octubre de 2009 una campaña para exigir el cese a la
impunidad en el caso de El Amparo. Como se recordará, el
29 de octubre de 1988 el CEJAP, un comando integrado por
funcionarios civiles y militares, asesina a 14
pescadores del pueblo El Amparo, estado Apure, y los
presenta a la opinión pública como bajas guerrilleras
producto de un enfrentamiento armado. El testimonio de
dos sobrevivientes reveló uno de los casos de violación
de derechos humanos de más hondas repercusiones para el
país, el cual generó la primera sentencia de la Corte
Interamericana de los Derechos Humanos contra Venezuela,
obligando al pago de indemnizaciones y la realización de
la investigación y el proceso judicial que determinara
las responsabilidades materiales e intelectuales del
crimen. Si bien el Estado venezolano pagó las
indemnizaciones a los sobrevivientes y familiares de las
víctimas, los autores de la masacre no han sido
enjuiciados, beneficiándose de la impunidad.
Provea desarrolla una
campaña de exigibilidad del derecho a la justicia en el
caso de El Amparo que busca la apertura del mismo en
tribunales ordinarios del país. Esta campaña necesitará
una identidad gráfica cuyo soporte fundamental será un
afiche a ser distribuido a nivel nacional. Provea abre a
concurso público el diseño del afiche, cuyo motivo
ganador será seleccionado por el Equipo Coordinador de
la institución.
El diseño del afiche
debe transmitir los objetivos de la campaña a
desarrollar por Provea, los cuales
son: Objetivo General: Denunciar
la continuidad de la impunidad en el caso de la Masacre
de El Amparo e implementar mecanismos de
exigibilidad. Objetivos
específicos: 1. Acompañar a
los familiares víctimas y sobrevivientes en gestiones
institucionales exigiendo
justicia. 2. Participar en audiencia
ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para
revisión del cumplimiento de la
sentencia. 3. Solicitar apertura del
Caso ante la Fiscalía General de la
República 4. Visibilizar la
continuidad de la impunidad en el caso de la Masacre del
Amparo 5. Realizar actividades de
conmemoración del XX Aniversario de la Masacre del
Amparo
Las dimensiones del
afiche deben ser de 64 centímetros de alto por 45
centímetros de ancho, en una resolución de 300 pixels
por pulgada a full color.
La consigna central del
afiche será: “20 años de la Masacre de El Amparo:
¡Castigo para los culpables!”. Los concursantes pueden
participar con la cantidad de propuestas que deseen,
mediante cualquiera de las técnicas de diseño que
conozcan.
La propuesta ganadora,
además de ser impresa en afiches y postales de la
campaña, será gratificada con un premio único de 1.000
Bs.
El arte final del
afiche, en baja resolución, debe ser enviado antes del
martes 30 de septiembre del 2008 a las siguientes
direcciones electrónicas: marinoalvarado@gmail.com,
lorenzolab@yahoo.fr, txaro@derechos.org.ve.
Por último invitamos a
las diferentes organizaciones sociales e
individualidades del país que deseen sumarse a la
campaña por la justicia en el Caso de El Amparo, a
comunicarse por el email provea@derechos.org.ve,
o consultar las informaciones sobre la misma a ser
publicadas en el sitio web
http://www.derechos.org.ve
CONTEXTO // Provea extiende su concurso público para
cargo de secretaria(o)-recepcionista
Provea está en la
búsqueda de un Secretario(a) – Recepcionista que realice
trabajos de apoyo administrativo, responsabilidad y con
sentido de confidencialidad; con iniciativa y criterio
adecuado para tratar asuntos del día a día, así como
asimilar nuevas asignaciones de
trabajo.
Entre sus labores a
desempeñar se encuentran: - Asistencia a uno
o más miembros/as del Equipo Coordinador de Provea -
Tomar y transcribir textos de naturaleza variada. -
Apoyo logístico en reuniones y eventos - Atención
cortésmente al público - Recibir, cotejar,
clasificar, controlar y dar seguimiento a la
correspondencia - Redactar por iniciativa propia o
por instrucciones de los coordinadores correspondencia
de rutina. - Mantener al día el calendario de citas
del Coordinador General y lleva el control de los
asuntos pendientes relacionados con las
coordinaciones. - Recibir y tramitar cortésmente las
llamadas telefónicas. - Preparar y solicitar las
requisiciones de materiales de oficina y mantener un
control de los mismos. - Controlar y manejar procesos
básicos de contabilidad (caja Chica y caja de ingresos,
venta de Publicaciones y materiales, etc.). - Control
de llamadas telefónicas - Control de cuentas por
cobrar y pagar - Venta de publicaciones - Apoyar
la gestión administrativa del Equipo Coordinador
(minutas, seguimiento de la planificación,
convocatorias a reuniones, comunicaciones internas,
trámites).
Requisitos
Grado de Bachiller capacitado/ a en los
siguientes conocimientos, habilidades y destrezas: -
Transcribir dictados con rapidez y exactitud, -
Dominio de programas de computadora de procesamiento de
palabras, hojas de trabajo y otros - Conocimiento
básico de las prácticas y técnicas modernas de
oficina, - Habilidad para expresarse verbalmente y
por escrito con claridad, - Precisión y buena
ortografía, - Manejo básico contable - Habilidad
para desarrollar y mantenerse relaciones interpersonales
efectivas en la oficina.
Se recibirán CV hasta el
martes 31 de agosto de 2008. Las entrevistas con las
personas preseleccionadas se realizarán el día 02
de septiembre de 2008.
Enviar CV a las
siguientes direcciones electrónicas:
txaro@derechos.org.ve;
administracionprovea@derechos.org.ve, o entregarlo
físicamente en la sede de Provea: Bulevard Panteón. De
Tienda Honda a Puente Trinidad. Edificio Centro Plaza
Las Mercedes. PB. Local 6. Parroquia
Altagracia.
CONTEXTO // 25 mil casos registrados de violencia de
género en el país
25.640 es el número de denuncias de
malos tratos contra mujeres que la Fiscalía General de
la República ha recibido desde que en marzo de 2007
entró en vigencia la Ley Orgánica sobre el Derecho de
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
La información la suministró el
director de Protección Integral a la Familia del
Ministerio Público, José Francisco García, al instalar
el primer curso de capacitación para órganos receptores
de denuncias de delitos contra la mujer el 13.08.08.
Tras anunciar que el Ministerio
Público cuenta con 50 despachos especializados para
atender este tipo de flagelo, García anunció que
Caracas, con 19.810 casos, es la zona donde más mujeres
son violentadas. (El Universal, 14.08.08,
http://noticias.eluniversal.com/2008/08/14/pol_art_registran-25-mil-cas_992816.shtml)
DERECHOS
ECONOMICOS SOCIALES Y CULTURALES
// OVP y Provea introducen
amparo por los derechos laborales de los privados y
privadas de libertad
El Observatorio
Venezolano de Prisiones elevó un amparo ante la Sala
Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) el
07.08.08 en beneficio del derecho al salario mínimo para
los reclusos de los 32 centros penitenciarios y 14
anexos de Venezuela. Con esta acción se pretende
regularizar la relación laboral del Estado con la
población penitenciaria. Para ello, el Observatorio,
Provea y la Asociación de Abogados Laborales de
Venezuela, entrevistaron a cinco reclusos para conocer
el funcionamiento del sistema de pago. El director de
esta ONG, Humberto Prado, calcula que 4.500 presos
laboran en el país como jardineros, cocineros,
macheteros, mecánicos y panaderos, entre otros oficios.
Por su trabajo, ellos reciben al día un bolívar fuerte,
que les es pagado a final del año por un total de 400
mil bolívares fuertes. "Ese pago es injusto. Pedimos que
el recluso tenga un salario mínimo y seguridad social
garantizada. ¿Qué calificación se le da a ese tipo de
trabajo, si no es la de esclavitud, explotación o
servidumbre?", replica Prado. (Tal Cual, 19.08.08, Pág.
7)
DERECHOS ECONOMICOS SOCIALES Y CULTURALES
// Nuevo ministro de vivienda anuncia
planes para el sector desestimando a las Organizaciones
Comunitarias de Vivienda (OCV)
Con
la construcción de 200 mil viviendas al año, el Ministro
del Poder Popular para la Vivienda y Hábitat, Francisco
Sesto, prevé solventar en un tiempo estimado de ochos
años la problemática de vivienda que aqueja actualmente
a la población venezolana. “Este país puede prepararse
muy rápidamente para construir 200 mil viviendas al año,
si me lo permiten yo pienso alcanzar ese ritmo”,
manifestó el funcionario.
Por otra parte,
recordó que en la recientemente promulgada Ley del
Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat las
invasiones se vuelven a declarar ilegales en el artículo
80, prohibiendo a las instituciones públicas legalizar
la situación de los invasores.
Asimismo, señaló que las
Organizaciones Comunitarias de Viviendas (OCV), que
antes eran citadas de manera explícita, ahora no son
consideradas como tal, debido a que se han convertido en
forma de negocios y manipulación, razón la cual ahora
trabajarán directamente con los consejos comunales. En
este sentido, el ministro exhortó a las personas a no
cancelar dinero a ninguna persona u organización que les
cobren por cancelar terreno o para la ejecución de
proyectos de viviendas. Según el ministro con esta
medida se busca terminar con el negocio y el
clientelismo que se tiene en esta materia, para ello, la
ley le permite ejercer la rectoría para decidir cuántas
viviendas se deben hacer y a quien se le adjudica.
(Agencia Bolivariana de Noticias, 13.08.08, http://www.abn.info.ve/go_news5.php?articulo=145002&lee=3).
El Gobierno Nacional aprobó 2 mil 916
millones de bolívares fuertes para el sector vivienda,
según lo informó el ministro del Poder Popular para la
Vivienda y Hábitat. (Agencia Bolivariana de Noticias,
13.08.08,
http://www.abn.info.ve/go_news5.php?articulo=144951&lee=3)
CONTEXTO // Escuche el programa de Radio
de la Fundación Agua Clara acerca de la presunta
toxicidad de las Petrocasas
La Fundación
Agua Clara invitó a Provea a su programa de radio, el
15.08.08, para conversar sobre las preocupaciones mutuas
acerca de la presunta toxicidad del material con el cual
construyen el proyecto "Petrocasas". El programa se
emitió en la Emisora Cultural de Caracas, el cual pueden
escuchar en el siguiente enlace:
DERECHOS
ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
// Médicos del hospital
de Barquisimeto se declaran en conflicto
Los médicos
residentes del hospital Pastor Oropeza, de Barquisimeto,
se declararon en asamblea permanente como medida de
protesta por el retraso de sus pagos.
Nery
Carvallo y Carlos Rodríguez, representantes de la
Sociedad de Médicos Residentes de ese centro asistencial
adscrito al Instituto Venezolano del Seguro Social,
explicaron que 66 médicos residentes están a la espera
de que les cancelen el sueldo equivalente al primer
trimestre del año, bonos nocturnos y ticket
alimentación.
Explicaron que aun cuando les han
pagado sus sueldos desde abril finalizó el plazo que se
había establecido para que les cancelaran la deuda
equivalente a 200.000 bolívares fuertes correspondiente
a enero, febrero y marzo. "Hasta que nos cancelen lo que
nos deben estaremos en asamblea permanente. No somos un
gremio de guarimberos, sino padres de familia", dijeron
al explicar que en el hospital están atendiendo las
emergencias, los partos y los hospitalizados. Por lo
pronto, no atenderán actividades electivas, como
cirugías programadas y consultas. (El Nacional,
02.08.08)
DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y
CULTURALES // Seguro Social incrementó multas a
empresas en mora
Las empresas que no
inscriban y/o no cancelen las cotizaciones de sus
trabajadores al Seguro Social son sancionadas con mayor
severidad en la Reforma Parcial de la Ley del Seguro
Social, una de las 26 legislaciones que el Gobierno
aprobó el último día de vigencia de la Ley
Habilitante.
El presidente del Instituto
Venezolano de los Seguros Sociales, Carlos Rotondaro,
informó que "por ser muy puntual, la reforma no
ameritaba ser consultada". El cambiose aplicó al título
de la ley sobre las sanciones.
Rotondaro señaló
que la multa única de dos bolívares fuertes –antes del
Decreto con rango de fuerza de ley 2266– "propiciaba en
algunas empresas la evasión de su responsabilidad con
los trabajadores".
La reforma establece tres
tipos de sanciones –según sea el caso leve, mediano y
grave– para fijar los montos en unidades tributarias El
presidente del IVSS destacó que ya no hay la
discrecionalidad de los funcionarios, porque los
empleadores realizan las gestiones –registro y retiro de
trabajadores y pago de las cotizaciones para las
pensiones, entre otras– de manera automatizada a través
del sistema Tiuna. (El Nacional, 03.08.08)
DERECHOS ECONOMICOS,
SOCIALES Y CULTURALES // Informan
sobre alto índice de fallecimiento de bebés en el estado
Bolívar
El alto índice de
muertes de niños prematuros y neonatos ha llevado al
estado Bolívar a encabezar la lista de las regiones con
más decesos en lo que va de año. De acuerdo con el
boletín epidemiológico de la semana número 28 del
Ministerio de Salud, Bolívar totaliza 316 defunciones de
recién nacidos.
El coordinador de la
Unidad de Neonatología del hospital Menca de Leoni, en
San Félix, Aquiles Almiraín, destacó que la falta de
control del embarazo en 95% de las madres es la
principal causa del alto índice de fallecimientos de
recién nacidos. "Por cada 10 niños prematuros que nacen
diariamente en los centros de Ciudad Guayana siete
fallecen por falta de control prenatal o porque las
madres no se alimentan bien", dijo Almiraín. Esto
significa que sólo sobrevive 30% de los bebés pretérmino
que vienen al mundo en esa entidad. Los más afectados
son los niños de 0 a 6 días de nacidos.
Explicó que la revisión
médica de manera periódica en los tres primeros meses
del embarazo es fundamental para determinar la salud del
bebé. "Pero nada hacemos cuando 95% de las mujeres no se
controla, sino que visita a un médico 4 meses después de
salir en estado", aclaró.
Hace dos años los
problemas respiratorios en los niños prematuros eran la
principal causa de muerte en la región; sin embargo, hoy
el fallecimiento de estos bebés está más relacionado con
la dotación de equipos. El coordinador de la Unidad de
Neonatología destacó que la mayoría de las muertes se
produce en el hospital Guaiparo de San Félix. "Es el
centro donde recibimos más niñas embarazadas y personas
de muy escasos recursos". La situación se complica
debido al déficit de personal y medicinas. "Tenemos tres
enfermeras para atender a 40 niños", comentó el
especialista, al tiempo que resaltó la escasez de
antibióticos para los niños que nacen con enfermedades
que adquieren cuando las madres no se controlan. (El
Nacional, 15.08.08)
DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y
CULTURALES // Canasta alimentaria
para el mes de julio tuvo un valor de BsF 1.532
La canasta alimentaria
de los trabajadores para el mes de julio tenía un costo
de 1.352 bolívares fuertes, según el Centro de
Documentación y Análisis para los Trabajadores (Cenda).
Con respecto al mes de junio la canasta registró un
aumento de 4,2% en su costo, y en lo que va de año el
incremento ha sido de 18,7%, lo que representa un
incremento de BsF 212 en el lapso de siete meses. El
alza en el costo de la canasta se debió al aumento de
precios de siete de los 11 rubros que la conforman. Los
productos que registraron mayores incrementos fueron los
granos como arvejas y lentejas, debido a los problemas
de escasez que registran. También subieron los cereales,
las frutas y la carne. Las semillas, oleaginosas y
leguminosas subieron en promedio 47,1%, mientras que los
cereales se incrementaron 7,3% y las frutas y hortalizas
aumentaron 3,7%. Por los problemas de escasez las
arvejas subieron 130,8%, y las lentejas 71,4%. Según el
Cenda, con el actual salario mínimo (BsF 799) sólo es
posible adquirir el 59% del total de la canasta. Es
decir, para comprar todos los alimentos incluidos en la
cesta se requieren BsF 553 adicionales, al salario
mínimo. (El Universal, 03.08.08,
http://www.eluniversal.com/2008/08/03/eco_art_canasta-alimentaria_978190.shtml)
DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES
Y CULTURALES // Venezuela reconoce
más de 900 mil hectáreas a pueblos indígenas
Según informaciones de la Agencia
Bolivariana de Noticias (ABN) Venezuela inició el
proceso de demarcación y titulación de las tierras de
los 35 pueblos indígenas que hacen vida en su
territorio. El procedimiento de demarcación se realiza
de manera conjunta entre los pueblos indígenas y el
Ejecutivo Nacional a través de la participación del
Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, que
preside la Comisión Nacional de Demarcación, y en el
cual están representados sus similares de Relaciones
Exteriores, Energía y Minas, Interior y Justicia,
Educación, Cultura y Deporte, Defensa, Producción y el
Comercio y el Instituto Geográfico de Venezuela Simón
Bolívar.
La representación indígena, por su
parte, la conforman los ocho estados donde están
asentados las comunidades: Anzoátegui (Cumanagoto),
Apure (Cuibas, Puné o Yaruro), Amazonas (Baniva, Bare,
Jivi, Kurnipako, Mako, Piapoka, Piaroa, Punave,
Yavorana, Saliva, Narekena, Yanomani, Yekuana y Yeral),
Delta Amacuro (Warao), Monagas (Chaima), Sucre (Chaima),
Bolivar ( Arawak, Macuchu, Pemón, Sanema, Umak o Anitani
y Wapishana) y Zulia (Añú o Paraujano, Bari, Yuxpa,
Japrería y Wayúu), pertenecientes a tres familias
linguisticas: Arawak, Caribe y Chibcha.
Hasta el presente se han otorgado 34
títulos de propiedad desde el año 2005, de los cuales 13
corresponden a las comunidades del estado Apure
(Pumé-Jivi), 10 en Anzoátegui (Kariña), 6 en Monagas
(Warao), 4 en Sucre (Warao) y 1 en Delta Amacuro
(Warao), de acuerdo con las cifras suministradas por el
Defensor Especial con competencia nacional en el área de
Protección de los Derechos de los Pueblos Indígenas de
la Defensoría del Pueblo, José Alonso Guevara.
Señaló que con esta medida se
beneficia a 8 mil 932 personas. La superficie aprobada
es de 905 mil 582,86 hectáreas, aunque todavía faltan
por incluir a las poblaciones indígenas de los estados
Amazonas, Bolívar, Falcón y Zulia, respectivamente.
(Agencia Bolivariana de Noticias, 14.08.08,
http://www.abn.info.ve/go_news5.php?articulo=145148&lee=Array[0])
DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y
CULTURALES // Extraña epidemia cobra
38 víctimas en comunidades waraos
Una comisión del Ministerio del Poder
Popular para la Salud se encuentra estudiando una
extraña epidemia aparecida en la comunidad indígena
Warao, en el estado Delta Amacuro, que al parecer ha
arrojado al menos 38 fallecidos, informó la ministra del
Poder Popular para los Pueblos Indígenas, Nicia
Maldonado. “Ya el Ministerio del Poder Popular para la
Salud está tomando cartas en el asunto, hay una comisión
trabajando sobre el caso, estamos atendiendo el
problema”, indicó Maldonado al ser consultada por esta
situación. Señaló que, para prevenir el aumento de
infecciones, serán otorgados mosquiteros, debido a que
cobra fuerza la hipótesis de que el virus sea
transmitido mediante la mordedura de murciélagos.
(Venezolana de Televisión, 08.08.08, http://www.vtv.gob.ve/detalle.php?id=2873&s=5).
La ministra Maldonado informó que conocían una cifra
menor de fallecidos, pues de la epidemia contabilizaban
13 víctimas pues el resto había fallecido por diarrea,
las cuales fueron atribuidas por la funcionaria a la
época de lluvia, y la falta de agua potable en esta
región, que posee unas 418 comunidades indígenas con
casas sobre el agua, en todas las inmediaciones del
Delta. (Unión Radio, 13.08.08, http://www.unionradio.net/Noticias/Noticia.aspx?noticiaid=250850).
Sin embargo, la cifra de 38 fallecidos por la epidemia
fue ratificada por una comisión que estudia el caso, y
que ha denunciado que los síntomas mortales se conocían
desde el año 2007. Un documento emitido por la
Coordinación de Epidemiología del estado Delta Amacuro,
el 29 de septiembre de 2007, registra la muerte de 10
niños waraos en septiembre del 2007. La epidemia afecta
a las comunidades de Mucobaina y Jorkorinoco, ubicadas
en el bajo Delta. (El Nacional, 12.08.08)
DERECHOS ECONOMICOS,
SOCIALES Y CULTURALES // Ministerio
Indígena instala mesa de diálogo para solucionar
problemática de demarcación del territorio
yukpa
Según informaciones
del Ministerio del Poder Popular para los Pueblos
Indígenas, el Pueblo Yukpa y ganaderos de Machiques de
Perijá, conjuntamente con la Ministra Nicia Maldonado y
el Jefe de Comando Operacional General de División Jesús
González González se reunieron para discutir tema sobre
las tierras y planificar la demarcación de ellas.
Maldonado destacó que establecieron un diálogo entre
ambas partes para prevenir enfrentamientos entre ellos y
velar por el respeto de los indígenas y ganaderos del
sector. La Ministra señaló que "gracias a este gobierno
revolucionario se reconoce el derecho a los indígenas".
Gonzáles González hizo referencia a la importancia que
tuvo la visita a Machiques porque el objetivo principal
es lograr el diálogo entre los indígenas y ganaderos
para llegar a un acuerdo. "Lo primero es que desocupen
las fincas que están ocupadas indebidamente, que
negociemos con los Yukpa que se encuentran ahí y evitar
la posibilidad de que vaya a haber un enfrentamiento"
indicó González González, en las declaraciones
difundidas por el ministerio indígena. (Prensa MINPPPI,
18.08.08,
http://minpi.gob.ve/minpi//content/view/171/1/lang,es_VE/)
DERECHOS ECONOMICOS,
SOCIALES Y CULTURALES // Ministerio
de Salud atiende a pacientes con VIH
El Ministerio del Poder
Popular para la Salud (MS) garantiza de forma permanente
el suministro de medicamentos antirretrovirales a
venezolanos afectados por el Virus de Inmunodeficiencia
Humana (VIH), en pro de mejorar su calidad de vida y
mantener la lucha mundial contra la exclusión.
En ese sentido, el
titular de la Salud, Jesús Mantilla, indicó que a través
del Programa Nacional del Síndrome de Inmunodeficiencia
Adquirida (Sida), en Venezuela se han ido reforzando los
equipos de trabajo para atender a la población portadora
e infectada, además de promover la prevención de
enfermedades.
Mantilla refirió que
para 1998 se entregaban medicamentos únicamente a 200
pacientes y en la actualidad el Gobierno apoya con el
suministro completo del tratamiento a 23 mil pacientes
que lo requieren.
Asimismo, el ministro
indicó que además de dar continuidad con el suministro
gratuito de medicamentos, el MS impulsará campañas de
concientización en escuelas, cárceles, lugares nocturnos
y todo el entorno vulnerable. (Agencia Bolivariana de
Noticias, 13.08.08,
http://www.abn.info.ve/go_news5.php?articulo=145006&lee=Array[0])
DERECHOS ECONOMICOS,
SOCIALES Y CULTURALES // Propuestas y
exigencias de Provea a los poderes públicos sobre el
derecho a la seguridad social
• Garantizar que la
Asamblea Nacional genere una amplia consulta y
participación de los sectores interesados y apruebe
definitivamente en las sesiones legislativas del 2008,
las leyes que regularán los regímenes prestacionales de
salud y pensiones.
• Garantizar que el
Ejecutivo Nacional desarrolle un intensivo programa de
difusión de los derechos, requisitos y obligaciones de
los distintos subsistemas de seguridad social, a fin de
promover la inclusión de las poblaciones hasta ahora
excluidas. En este sentido deberá promover mecanismos
idóneos, ágiles y transparentes para que la población
meta se inscriba en el sistema de seguridad social, para
lo cual sería conveniente que estudiara mecanismos
similares a los aplicados en otros países de la región y
que han permitido una rápida inclusión de la
población.
• Garantizar que el Ejecutivo Nacional
continúe pagando la deuda que el IVSS mantiene con los
pensionados, y publique un informe actualizado a
diciembre de 2007.
• Garantizar que el
Ejecutivo Nacional promueva la más amplia y democrática
participación comunitaria y profesional en el proceso de
transición e integración del Sistema Público Nacional de
Salud, al tiempo que promueva la coordinación y
cooperación entre los organismos públicos
involucrados.
• Garantizar que la Contraloría
General de la República realice una auditoría general al
IVSS, a fin de garantizar que las cotizaciones
acumuladas por el universo de trabajadores cotizantes
sean contabilizadas y enteradas al nuevo sistema de
seguridad social.
DERECHOS CIVILES Y
POLÍTICOS // CIDH tramitará caso
sobre ejecución policial en Falcón
El asesinato de Néstor
Uzcátegui a manos de presuntos agentes de la policía
regional del estado Falcón será conocido por la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La
información fue suministrada por el Comité de Familiares
de Víctimas de los sucesos de febrero y marzo de 1989
(Cofavic), organización que junto al Centro por la
Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) y el jurista
Carlos Ayala Corao representan a las víctimas en esta
reclamación internacional.
El 1 de enero de 2001,
Uzcátegui, de 21 años de edad, fue asesinado por
presuntos funcionarios de las Fuerzas Armadas Policiales
de Falcón, al irrumpir sin orden de allanamiento a la
residencia del joven. Durante estos hechos también
resultaron detenidos durante 24 horas los hermanos del
fallecido, Luis y Carlos Uzcátegui, este último era
menor de edad para el momento de los sucesos.
Posteriormente, Luis
Uzcátegui ha sido aprehendido ilegalmente en reiteradas
ocasiones. Igualmente ha sido víctima de amenazas, malos
tratos, torturas y allanamientos a su vivienda sin orden
judicial por parte de agentes policiales. La razón:
Tiene años reclamando castigo para los asesinos de su
hermano y en la actualidad se desempeña como defensor de
Derechos Humanos en Falcón. Las autoridades judiciales
venezolanas han sido incapaces de identificar tanto a
los asesinos de Néstor como a quienes han hostigado a
sus familiares en los últimos años.
El organismo hemisférico
afirmó que "de comprobarse" la denuncia acusarían al
Estado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos
de violar los derechos a la vida, libertad e integridad
personal, garantías judiciales, protección de la honra y
de la dignidad, libertad de pensamiento y expresión y a
la protección judicial, entre otros. (El Universal,
09.08.08,
http://www.eluniversal.com/2008/08/09/pol_art_cidh-tramitara-un-ca_986977.shtml)
DERECHOS CIVILES Y
POLÍTICOS
// Asamblea
Nacional hará consulta sobre ley contra secuestro
La Ley contra el
Secuestro y la Extorsión será sometida a una consulta
pública en la Asamblea Nacional. La normativa está a la
espera de su segunda discusión por parte de la plenaria
para ser aprobada. El anuncio lo hizo el presidente de
la Comisión Permanente de Defensa y Seguridad del
Parlamento, Rafael Gil Barrios. Destacó que por este
motivo invitó a representantes de las instituciones
involucradas, de las gobernaciones y de los gremios, así
como a la comunidad en general.
"La idea de esta
consulta es además del conocimiento y la difusión de la
ley hacia la colectividad, recabar aportes y propuestas
que pudieran ser incorporadas en este proyecto de ley",
indicó a ABN. La Ley contra el Secuestro y la Extorsión
tiene como fin prevenir, tipificar y sancionar los
delitos de secuestro y extorsión cometidos por
individualidades y grupos, venezolanos o extranjeros,
que busquen configurar con ese delito una actividad
económica. El instrumento lo elabora el Poder
Legislativo en concordancia con el artículo 55 de la
Constitución. (El Nacional, 26.07.08, A/7)
DERECHOS CIVILES Y
POLÍTICOS
// AN inició
debate sobre Ley contra el Secuestro y la
Extorsión
La Asamblea Nacional
(AN) inició la segunda discusión de la Ley Orgánica
contra el Secuestro y la Extorsión, con numerosas
intervenciones que finalizó con la aprobación de diez
artículos.
El instrumento legal
destaca que el que ilegítimamente prive de libertad,
retenga, oculte, arrebate o traslade a una o más
personas, por cualquier medio, a un lugar distinto al
que se hallaba, para obtener de ellas dinero, bienes,
títulos, documentos, beneficios, acciones u omisiones
que produzcan efectos jurídicos, serán sancionados con
prisión de veinte a treinta años.
Igual pena será aplicada
para quienes perpetren el delito establecido el artículo
5 de esta Ley en asociación con el país o república
extranjera, enemigos exteriores, grupos armados
irregulares o subversivos.
Quien simule estar
secuestrado con el propósito de obtener dinero, bienes,
títulos, beneficios y otros de parientes consaguíneos,
cónyugue, concubina, concubino, adoptado, empresas,
funcionario público, será sancionado con prisión de
cinco a diez años. (Agencia Bolivariana de Noticias,
07.08.08,
http://www.abn.info.ve/go_news5.php?articulo=144022&lee=Array[0])
DERECHOS CIVILES Y
POLÍTICOS
// CNP denuncia
aumento de agresiones a periodistas y condena uso
irregular del logotipo de Telesur
En una rueda de prensa,
el vicepresidente electo del CNP, Alonso Moleiro,
denunció el aumento de agresiones a periodistas.
"Queremos hacer un llamado, lo más cordial que se pueda,
al alto gobierno y al ministro (de Comunicación e
Información) Andrés Izarra para que, por favor, se
pronuncien, condenen estas agresiones. El Estado
venezolano no gana nada en este clima de impunidad en el
que vive el país", señaló en una rueda de prensa.
Moleiro indicó que en
semanas recientes han ocurrido amenazas, detenciones y
agresiones de parte de representantes de los poderes
públicos, incluyendo las descalificaciones que hizo la
presidenta del Congreso, Cilia Flores, contra dos
periodistas que denunciaron la existencia de un
extendido nepotismo en la cámara legislativa, dominada
por el oficialismo. Agregó que el corresponsal del
diario "El Nacional" en el estado de Barinas fue
ilegalmente detenido para exigirle que diera una
información sobre un robo millonario a un familiar del
presidente Hugo Chávez, lo cual violaba la protección de
la fuente. También mencionó las "ofensas" del
candidato oficialista a la gobernación del estado de
Carabobo y presentador de un programa en la televisión
estatal, Mario Silva, contra periodistas porque "ellos
dicen cosa que a él no le gustan". (Cadena Global,
28.07.08,
http://www.cadenaglobal.com/noticias/default.asp?Not=184443&Sec=5)
Por
otra parte, el CNP emitió un comunicado para rechazar la
utilización del logotipo de Telesur por parte del
ejército colombiano en la operación jaque, con la cual
procedieron a liberar a la franco-colombiana Ingrid
Betancourt y a otros 14 retenidos por las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc). En el texto
se refirieron al hecho como “una acción condenable desde
el punto de vista del gremio periodístico, porque coloca
en delicada posición a un medio de comunicación social
venezolano y a su propio personal profesional y
técnico“. Prosigue el documento: “El Colegio
Nacional de Periodistas de Venezuela rechaza esta
cuestionable práctica, mediante la cual el Ejército
colombiano termina de alguna manera por colocar a este
canal de televisión casi como actor asociado a los
grupos irregulares de ese país o al menos deje sembrada
esa duda en algunos sectores de la opinión pública“.
Igualmente, la organización gremial rechazó “la
arrogante negativa de voceros del gobierno colombiano a
considerar siquiera la posibilidad de ofrecer disculpas
al canal Telesur por el uso indebido de su imagen
gráfica en el contexto en el cual fue utilizada“.
(Agencia Bolivariana de Noticias, 30.07.08,
http://www.abn.info.ve/go_news5.php?articulo=142904&lee=18)
DERECHOS CIVILES Y
POLÍTICOS
// Propuestas y exigencias de Provea a
los poderes públicos sobre el derecho a la seguridad
ciudadana
• Diseñar políticas
públicas en materia de seguridad ciudadana.
• Procurar que los
cuerpos de seguridad que intervengan en la seguridad
ciudadana sean de carácter civil y tengan una adecuada
formación que parta de y consolide la noción de que su
labor se debe a los ciudadanos y no en contra de éstos
en procura de seguridad para el Estado.
• Diseñar
programas de prevención en comunidades y focalizados en
población especialmente vulnerable a la violencia
letal.
• Crear un sistema de
información acerca de la situación de criminalidad y
violencia en el país.
• Aplicar encuestas de
victimización que permitan realizar diagnósticos
certeros respecto a la situación de la seguridad
ciudadana.
ESPECIAL: "EL AMPARO, 20 AÑOS DE
IMPUNIDAD" // La Masacre
del Amparo: Justicia militar e impunidad
(III)
Una característica común
de las masacres que se produjeron en la década de los
años 80 (Cantaura, Yumare, Isla de Charo, Las Gaviotas,
Totumitos, El Vallado y El Amparo) fue la investigación
y proceso de los culpables en la justicia militar. El
resultado, a su vez, fue el mismo: la declaración de
inocencia de los imputados porque, supuestamente, se
enfrentaron a grupos subversivos. Hoy gozan de la
libertad y algunos ocupan altos cargos escudándose en el
argumento de que los tribunales determinaron que
actuaron en legítima defensa.
En el caso de la masacre
de El Amparo la actuación mayoritaria de los integrantes
de los tribunales, consejos de guerra y cortes marciales
que conocieron el caso, se orientó al claro propósito de
producir impunidad. Salvo contadas excepciones, que las
hubo, los fiscales militares y jueces cometieron un sin
número de irregularidades con la finalidad de favorecer
a los masacradores. Destaca la actuación del para
entonces mayor asimilado del Ejército, Ricardo José
Pérez Gutiérrez, juez instructor en primera instancia.
La parcialidad del Juez afectó el resto del proceso en
todos los siguientes niveles. Dio valor a pruebas
ilegales presentadas por los victimarios, negó pruebas
que demostraban que hubo una masacre, descartó testigos
claves, pretendió intimidar a los dos sobrevivientes y
cometió otras irregularidades.
Este Juez mantuvo una
permanente coordinación con uno de los autores
intelectuales de la masacre, el general Humberto Camejo
Arias, quien le daba instrucciones sobre como
obstaculizar la actuación de los abogados que acusaron a
los funcionarios militares y policiales.
Fiscales, jueces,
autores intelectuales de la masacre y los abogados
que defendieron a los militares y policías entretejieron
una red de complicidad, maniobras e irregularidades para
garantizar que en cada escala del proceso se crearan
condiciones que permitieran dictar un fallo declarando
no culpables a los responsables.
Así, el 29 de abril de
1992 el Consejo Permanente de Guerra de San Cristobal
dictó sentencia declarando que los 14 pescadores muertos
eran integrantes de un grupo subversivo colombiano; que
se produjo un enfrentamiento y que los militares y
policías actuaron defendiendo la soberanía del país.
Dicha sentencia fue confirmada e 12 de junio de
1994 por una Corte Marcial integrada por el
coronel Marcos Porras Andrade, el Coronel Ramón
Francisco Guzmán Díaz y el abogado Servio Tulio Bastidas
Balza. Contra dicha sentencia los abogados de las
víctimas interpusieron recurso de casación y en 1998 una
nueva Corte Marcial dictó la sentencia definitiva de
impunidad, la cual ha prevalecido hasta la fecha.
La verdad de los hechos
quedó oculta y en su lugar se armó una versión que hizo
aparecer a los asesinos como héroes de la patria.
La Corte Interamericana
de Derechos Humanos, en reiterada jurisprudencia, ha
expresado que este tipo sentencias emanadas de órganos
de administración de justicia que actúan de manera
irregular, con el único propósito de producir impunidad,
no tienen ningún valor jurídico y su decisión no puede
considerarse cosa juzgada. Por lo tanto, la acción
fraudulenta de la justicia militar venezolana no tiene
valor y la declaratoria de no culpabilidad de los
autores materiales no tiene fuerza jurídica como para
impedir la reapertura de las investigaciones y proceso
para determinar responsabilidades y establecer las penas
a que haya lugar.
Una apertura de las
investigaciones en la jurisdicción ordinaria debe además
indagar sobre las irregularidades cometidas por fiscales
y jueces, particularmente el Juez Ricardo José Pérez
Gutiérrez. A pesar de su conocida actuación alejada de
la ética profesional, este abogado, hasta hace pocos
años, ocupaba el cargo de asesor en el Ministerio de la
Defensa.
El tiempo pasa, pero la
búsqueda de la justicia continúa y todos quienes
actuaron como autores materiales, intelectuales,
cómplices y encubridores deben ser
sancionados.
ESPECIAL: "EL AMPARO, 20 AÑOS DE IMPUNIDAD"
// Fotoreportaje: El Amparo, 20 años después de la
masacre
(1) Ubicado a 950
kilómetros de Caracas cerca de la ciudad de Guasdualito,
en la región conocida como el Alto Apure, El Amparo se
encuentra en la frontera con Colombia tan solo separada
por el Arauca. Para llegar al pueblo, hay que atravesar
durante varias horas llanuras donde la única actividad
visible es la ganadería.
(2) Wolmer Pinilla
recuerda el momento cuando los 16 amigos salieron en el
río Arauca para ir a pescar y compartir para comer un
sancocho. Varias horas más tarde, 14 de ellos fueron
asesinados brutalmente.
(3) Provea, a través del
abogado Antonio Puppio y el sociólogo Rafael Uzcátegui,
realizaron un viaje a El Amparo para acompañar las
víctimas en su afán de reclamar el fin de 20 años de
impunidad.
(4) En el lugar de la
masacre, conocido como el caño La Colorada, a treinta
minutos de El Amparo, Wolmer Pinilla (izq.) y José
Augusto Arias (der.) relatan al equipo de Provea como
lograron escaparse hace 20 años del operativo
planificado por los integrantes del Comando Especial
José Antonio Páez (Cejap). Hoy día los responsables de
la Masacre se encuentran aún en libertad.
(5)
El Amparo, situado a la orilla del Río Arauca, es un
poblado de cinco mil habitantes que vive del comercio
entre Venezuela y Colombia, siendo la vía fluvial la
artera más frecuentemente
utilizada.
(6) Al igual que hace
20 años, los habitantes del poblado se quejan de la
desidia en que se encuentra su lugar de residencia:
desempleo, insalubridad y sobretodo inseguridad son las
preocupaciones que se oyeron con más frecuencia por
parte de los lugareños.
(7) Hoy día, José
Augusto Arias se encuentra desempleado, no tiene
vivienda y reside en una bodega de un amigo ubicada a la
orilla del río Arauca. Luego de la sentencia de la Corte
Interamericana condenando los hechos, los sobrevivientes
recibieron una suma estimada en 18 millones de
bolívares.
(8) A algunos de los
familiares de las víctimas, les fueron entregadas
humildes y precarias viviendas que carecen de los
servicios básicos como red de cloacas, servicio de aseo,
suministro continuo de agua y electricidad. En esa época
las casas fueron construidas en tan sólo tres
semanas.
(9) Algunos
familiares (de izquierda a derecha: Moira Guerrero,
Noira Modesta López, Maria Felipa Bello de Torrealba)
siguen organizados para exigir justicia y piden que 20
años después de la masacre, los crímenes que arrebataron
a uno de los suyos no queden
impunes.
(10) En ese panorama
fronterizo típico de la región, la tranquilidad de la
fauna y la magnitud de los paisajes lucen surrealistas
al lado de las principales preocupaciones y condiciones
de vida de los habitantes, exigencias que hace 20 años
el gobierno nacional ha logrado aprovechar para
justificar numerosos abusos de los derechos humanos en
el Alto Apure.
Realizado por Lorenzo Labrique
ARTICULOS // Marino Alvarado: "¿Y
después de Fondur qué?"
Ayer, 31 de julio,
se cumplió el plazo para proceder a la liquidación del
Fondo Nacional de Desarrollo Urbano, FONDUR, instituto
que fue creado el 09 de septiembre de 1975. El cuatro de
marzo de 2008 se estableció fecha y procedimiento
para el proceso de liquidación mediante el decreto
Nº 5.910, publicado en la Gaceta Oficial Nº 38.883.
Durante años Fondur se dedicó a construir urbanismos,
buena parte de ellos para personas de bajos recursos.
Algunas familias tuvieron la dicha de ser dignificadas
en viviendas de calidad; otras tuvieron la mala suerte
de recibir viviendas de dudosa calidad y al cabo del
poco tiempo tuvieron que reiniciar trámites para ser
reubicadas; otras vieron frustradas sus esperanzas
porque al recibir adjudicaciones se consiguieron con la
sorpresa de que las viviendas asignadas ya habían sido
adjudicadas, es decir hubo doble adjudicación. Cientos
de familias, esperaron una respuesta del Instituto, que
nuca llegó. En las oficinas del ya inexistente instituto
deben reposar las carpetas con toda la documentación
requerida. Cada carpeta llena de papeles recoge una
historia de alguna familia venezolana con la promesa de
una vivienda que nunca obtuvo. En esas capetas se
encierra mucha esperanza, el deseo de mejorar la calidad
de vida, la posibilidad de no continuar viviendo en una
zona de alto riesgo o dejar de ser inquilino para ser
propietario en mejores condiciones. En fin, todos esos
papeles significan un reclamo de un derecho que el
Estado no ha podido satisfacer. La pregunta es: ¿cuál
será el destino de esas carpetas?, ¿quién le dará
respuesta a las familias? Tendrán que volver a llenar
planillas y entregar documentos como ocurre cada vez que
cambian los funcionarios.
El Ministerio de
vivienda debería adoptar medidas adecuadas que permitan
dar explicación cierta a las familias sobre el destino
de sus solicitudes y la forma como se procesarán.
Debería publicar en la prensa nacional el listado de
solicitudes que se traspasan de Fondur al Ministerio,
creando un mecanismo que permita a las familias
indagar sobre su solicitud y obtener respuesta oportuna
y adecuada.
La ya grave crisis
de la vivienda pudiera agudizarse en los próximos meses
si desde el Ministerio no se establecen medidas, de
corto y mediano plazo, que permitan ordenar todo lo que
se traspasa desde Fondur y evitar que se paralicen los
urbanismos Desde Provea damos el beneficio de la duda al
nuevo equipo que está a cargo del Ministerio de Vivienda
y Hábitat para que se corrijan muchas irregularidades y
fallas en la gestión gubernamental en el área. Ojala la
medida de liquidar a Fondur y otros institutos
relacionados con la vivienda sirva para superar la gran
dispersión que hay en el sector, aprovechándose la
coyuntura para reorientar políticas, diseñando planes
integrales de corto y mediano plazo. Asimismo, la
designación de personas a los cargos no sólo con los
conocimientos técnicos, sino también con la sensibilidad
para comprender que tiene en sus manos la posibilidad de
culminar con el drama de miles de familias de bajos
recursos. (Tal Cual, 01.08.08,
marino@derechos.org.ve)
ARTICULOS// Gilda Núñez: "¿Y la violencia
policial?"
La tarea democrática es
desmantelar los mecanismos que promueven la impunidad.
Uno de los grandes retos para el actual Gobierno ha sido
concretar un modelo de seguridad que promueva un
servicio policial tendente a la protección de todos los
ciudadanos. Aún persisten estrategias conservadoras
asociadas a la militarización de la seguridad ciudadana,
utilizadas para demostrar cierta capacidad de acción
sobre el problema de la inseguridad, las cuales han
estado vinculadas al agravamiento de la violencia
policial.
Alarma
Hace dos años, el Ministerio Público dio a
conocer una impresionante cifra: 5.591 casos de
ajusticiamiento o supuestas muertes en enfrentamiento
entre los años 2000-2005, calificados por ese organismo
como homicidios cometidos por funcionarios de seguridad.
Algunos de esos casos han causado alarma, otros han
pasado inadvertidos y otros incluso han gozado de cierta
tolerancia por parte de la sociedad. En total, el saldo
de ese período fue de 6.010 víctimas y 6.034
funcionarios involucrados. 97% de los casos acumulados
durante cinco años se encontraba en la fase preliminar
del proceso penal, mientras que un escaso 1% alcanzó la
fase intermedia y 2% la fase de juicio. La gran pregunta
para este año sería, ¿qué ha pasado con la investigación
de esos casos?
Semanalmente se nos
ofrecen estadísticas oficiales tendentes a probar la
disminución de la violencia delictiva en algunas
regiones del país, pero, ¿qué pasa con las estadísticas
de la violencia policial?, ¿por qué no se nos informa
cuántas personas han sido víctimas de torturas y
homicidios cometidos por funcionarios de seguridad?
Invisibles
Tradicionalmente, las violaciones a los
derechos humanos han sido invisibilizadas: se ocultan
las estadísticas de homicidios institucionales; se
descalifica y criminaliza a la víctima, presentándola
como un "sujeto peligroso" que se "resistió" a la
autoridad; se relativiza el problema, identificándolo
como un asunto ajeno a la seguridad ciudadana;
institucionalmente se toleran estas violaciones sin
considerar que el Estado tiene un poder de coacción
limitado y no un cheque en blanco para ejercer el
control y la represión; se ponen obstáculos a la
investigación penal, entre otras dificultades en el
largo camino para determinar la responsabilidad de los
involucrados.
La tarea democrática es
desmantelar esos mecanismos que promueven la impunidad,
y el momento es ahora, rechazando la violencia policial
en cualquier escenario, por ser un muy mal pretexto, un
altísimo costo que algunos erradamente pueden considerar
que hay que pagar para alcanzar la tan ansiada
seguridad. La tarea es asegurar las condiciones mínimas
para garantizar la imparcialidad de las investigaciones
contra los funcionarios de seguridad involucrados, velar
por la protección de las víctimas y facilitar la
denuncia de violaciones a los derechos humanos.
Nuestro compromiso como
sociedad comienza por preguntarnos ¿dónde están las
víctimas de la violencia policial? Y la responsabilidad
política del Gobierno comienza por hacerlas visibles.
(El Universal, 27.08.08,
gildan@hotmail.com)
ARTICULOS// Julio Escalona: "Los Yukpas"
No hay grandes
titulares. Debe ser porque desde hace más de 500 años
los están asesinando. La comunidad chaktapa. Está por
ahí, en Machiques.
Dice la denuncia que a
José Manuel Romero, de 109 años, lo apalearon y parece
que, junto con los golpes, la tristeza y la rabia lo
mataron, a esta memoria cultural de un pueblo que
debería tener un reconocimiento nacional.
Invadieron su comunidad
atropellando mujeres y niños.
A sus años no pudo
proteger a su pueblo. Vomitando sangre estuvo.
Seguramente como muriéndose con los sueños rotos, las
tierras fértiles robadas, las antiguas costumbres
mancilladas, la familia destrozada, la comunidad
disolviéndose. Su hijo, Sabino Romero, el cacique de la
tribu, está escondido, pues lo buscan para matarlo.
Dice la denuncia que los
responsables directos de este crimen y de los atropellos
cometidos son los ganaderos de la zona, y los alcahuetas
son la Guardia Nacional, el Ejército y la Fiscalía de
Machiques.
Los yukpas están en una
zona geoestratégica clave: minas de carbón, tierras
fértiles, caminos de toda clase de contrabando, cerca de
la frontera con Colombia, del Golfo de Venezuela, del
Lago de Maracaibo, del petróleo, del separatismo
transnacional y sus aliados regionales, de los
paramilitares, los sicarios, los hacendados que
extienden cada vez más los cercados, las empresas
asociadas a Carbozulia y cierta ausencia (¿o
complicidad?) de las instituciones venezolanas.
Los dioses de la razón,
del desarrollismo, del racismo, del etnocidio, del
geocidio, han triunfado sobre los dioses del agua, de
los bosques, de las estrellas, de la Luna, de la luz,
del amor. Es el triunfo del capital, del dios del
dinero. Son los mismos que están triunfando en la
Amazonia, la cual pronto podría estar cruzada por
carreteras; que pugnan por convertir el Polo Norte en
campo petrolífero, que impulsan la guerra. Si los yukpas
y las civilizaciones primigenias continúan muriendo,
seguramente no quedará planeta donde construir utopías.
La palabra iría perdiendo su poder como fuerza creadora
y los dioses del viento podrían enterrarla.
No harían falta los
misiles de la IV Flota. Aún hay tiempo.
Hay un pueblo que vibra
con esperanza. Le toca a él decir basta y echarse a
andar. Más fuerte es la luz de la esperanza.
Un tiempo de pueblo nos
aguarda. Amén (Últimas Noticias, 05.08.08)
DOCUMENTOS //
Declaración final Foro Latinoamericano Indigena:
TPP
"Llamamos a
fortalecer la resistencia indígena continental para
defender nuestros patrimonios territoriales y recursos
naturales. Proclamamos nuestra autonomía política,
jurídica y administrativa, para decidir sobre el uso y
beneficio de nuestros territorios y sus recursos
naturales."
Foro Latinoamericano “por la
pervivencia de los pueblos indígenas resistencia y
autonomía”
Las autoridades y delegados de los
pueblos indígenas de Colombia, Ecuador, Venezuela, Perú,
Chile, Argentina, Canadá y Suecia, reunidos en el Foro
Latinoamericano de Valledupar, en el marco del Tribunal
Permanente de los Pueblos, Sección Indígena, Colombia,
Reafirmando que la tierra es nuestra madre y que un hijo
no vende o negocia con el ser que le da la vida y le
garantiza el sustento y la pervivencia de sus
generaciones,
