Carlos Ponce : Sólo existe en regímenes autoritarios
Ley de Cooperación Internacional coarta libertad de asociación y participación
(Diario 2001, 14.08.06, pag. 5)
Sólo en Bielorrusia, Zimbawe y Rusia existen restricciones a la operación de ONGs. El texto o la Ley de Cooperación Internacional aprobada en primera discusión en la Asamblea Nacional, viola ampliamente el derecho de asociación y pone en entredicho “ la
democracia participativa y protagónica”: Hablamos de una ley que no tiene ningún sentido, que viola abiertamente principios democráticos y deja de un lado al Estado de Derecho.
Esta afirmación fue hecha por el director general de la Asociación Civil Consorcio Desarrollo y Justicia, representante ante la Organización de Naciones Unidas de esa organización y coordinador de una Red de 33 organizaciones a nivel nacional, Dr. Carlos Ponce , al ser consultado sobre los riesgos, ventajas y desventajas de este nuevo instrumento legal, que será sancionado en segunda discusión en los próximos meses. “Sería un grave error colocar en una misma Ley la regulación de los recursos que asigna el Estado para la cooperación internacional con las que pueden recibir las asociaciones de la sociedad civil , ya que hay grandes diferencias entre ambas".
Para el Dr. Carlos Ponce, lo que el Gobierno persigue con dicha Ley, es crear un órgano desconcentrado para dirigir y organizar la cooperación internacional y un fondo que financiará, a través de un presupuesto ordinario, los programas de cooperación.
“Qué es lo que van a regular, unas 2700 organizaciones en grave estado de subsistencia o las 97 ONGs activas en materia de Derechos Humanos y democracia que, a lo sumo, reciben dos millones de dólares anuales entre todas. De ser así, debería pensarse en una Ley individual para cada empresa mediana que opere en el país porque ellas reciben muchos más recursos internacionales y mayor riesgo de actividades ilícitas".
Este instrumento -expresó el Dr. Ponce plantea una segunda parte que es muy peligrosa para la sobrevivencia de las organizaciones de la sociedad civil ; pues establece que, además de los trámites exigidos normalmente para que las ONGs adquieran personalidad jurídica, deben inscribirse y obtener autorización de funcionamiento en un sistema de registro manejado por el Gobierno, para poder tener el reconocimiento del Estado y realizar actividades de Cooperación, recibir fondos e incluso funcionar.
“Se ha creado una ficción en cuanto a la cooperación internacional y las ONGs, recomiendo primero revisar con bases ciertas la situación actual. La República Bolivariana de Venezuela, por ser un país petrolero con altos ingresos no es prioridad de la cooperación internacional, lo que llega al país son pequeñísimos aportes para áreas especificas y bajo proyectos rigurosamente monitoreados, controlados y auditados”.
Dicho texto -manifestó- obliga a las ONGs a suministrar al Gobierno toda su documentación y archivos asociativos, informar sobre su gestión, el destino y fuente de sus recursos, lo que se pretende es el control completo de las ONGs en Venezuela, limitar sus actividades y controlar sus fuentes de financiamiento. Y me pregunto, en casos de personas que denuncian violaciones de Derechos Humanos por parte de cuerpos policiales y cuya información debería ser reservada, no estaríamos con esta nueva Ley poniéndolos en riesgo al hacer público toda su información?
No ponemos en duda la potestad del Estado para regular, pero estas normas tienen que tener una lógica regulatoria, así como un respeto del marco constitucional y de los Derechos Humanos. Además que, como mínimo, deberían haber consultado a los mayores afectados que son las organizaciones, las empresas, los organismos de cooperación y los beneficiarios de nuestro trabajo que son muchos, pero hasta la fecha no ha existido ninguna consulta. No hablamos de una Ley que afectará sólo a algunas ONGs sino que tendrá incidencias negativas en miles de comunidades que reciben la atención con servicios sociales , educación, formación comunitaria y protección para sus derechos, de igual forma sus efectos negativos se expanden a universidades empresas privadas, iglesias, organizaciones comunitarias.
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