Viola normativas internacionales al restringir la libertad de asociación
Proyecto de Ley de Cooperación Internacional es inconstitucional

Moisés G. Hernández
El Carabobeño, 16.07.06, 3/A

El pasado 13 de junio, la Asamblea Nacional aprobó en primera discusión el proyecto de Ley de Cooperación Internacional, ampliamente criticado por las organizaciones no gubernamentales (ONG) por violar la normativa constitucional y tratados externos suscritos por la República, dado que va en contra de los principios de libre asociación, es decir, un valor fundamental de los derechos humanos.
La Ley tiene por objeto “establecer el régimen jurídico de la cooperación internacional del Estado venezolano, en cuanto a la promoción y ejecución de acciones y programas de cooperación entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y los gobiernos de otros países, organismos internacionales, organizaciones no gubernamentales y en general, de todas aquellas instituciones, organizaciones, fundaciones o asociaciones sin fines de lucro, públicas o privadas, que establezcan y realicen actividades de cooperación internacional” (Art. 1).
La normativa se aplica “a todas las actuaciones y actividades que se realicen en el marco de la cooperación internacional o que se relacionen con esta y que impliquen, entre otros, la recepción, transferencia e intercambio de bienes, servicios, capitales y recursos públicos o privados, materiales humanos, económicos, financieros, desde el exterior de la República Bolivariana de Venezuela y desde la República Bolivariana de Venezuela hacia el exterior” (Art. 2).
La nueva legislación, que de ser sancionada controlaría las actividades de las asociaciones civiles, sea cual sea su ámbito de acción, contempla la creación de un Fondo para la Cooperación y Asistencia Internacional, para financiar las actividades que realice la República en el ámbito de la cooperación externa, así como también el Sistema Integrado de Registro de ONG, como parte del órgano desconcentrado para la cooperación internacional. Las ONG, tanto nacionales como extranjeras, “que cumplan con los requisitos y formalidades establecidas para su constitución por sus respectivos ordenamientos jurídicos, deberán inscribirse en el Registro que al efecto establezca el Reglamento de esta Ley”. (Art. 17).
Dicha inscripción es “obligatoria y constituye una condición indispensable pata ser reconocidas por el Estado venezolano”. (Art. 18).
Para Gustavo Sosa Izaguirre, abogado constitucionalista y vicepresidente de la Red de Asamblea de Ciudadanos de Venezuela, esta es una “manifestación evidente de secuestro de todas las posibilidades de disidencia de un régimen que cada vez toma más cuerpo de totalitario, hegemónico y con visos dictatoriales”.
El abogado plantea que el texto legal transgrede las disposiciones de la Constitución Nacional en cuanto a los derechos humanos, pero especialmente los artículos 52 y 53 que establecen el libre derecho de asociarse con fines lícitos.
“Todo esto es parte de una secuencia que va definitivamente dirigida a secuestrar todos los espacios de libertad reservados tradicionalmente al sector privado”, sostiene Sosa Izaguirre, y cita leyes recientemente aprobadas como la que reforma el Código Orgánico Procesal Penal, la de Responsabilidad Social en Radio y Televisión (Ley Resorte) y la Ley de Ilícitos Cambiarios. “Esa es la característica de los regímenes comunistoides, para que la gente restrinja la actividad y que la gente se limite por miedo. La Ley de Ilícitos Cambiarios sancionó hasta la tenencia de dólares y reservó al Estado el monopolio de entrega de divisas, para hacer dependiente cada día más del régimen, al sector privado y a la sociedad civil”.

Ley “hipócrita”
Leonardo Carvajal, profesor de la Universidad Católica Andrés Bello y miembro de la directiva de asociación civil Asamblea de Educación, asevera que esta “es una ley sumamente hipócrita, porque de una manera descarada el gobierno apoya a organizaciones civiles que son pro gobierno, y aunque eso no lo critico, creo que también pudiera aportar financiamiento a organizaciones civiles neutrales de larga trayectoria, u organizaciones civiles que critiquen al gobierno”.
“Yo diría -continúa Carvajal- que es mucho más importante para los venezolanos una ley que controle el flujo de dinero al exterior. Por ejemplo, una cooperativa quiebra en Uruguay y entonces él (Hugo Chávez) manda al Bandes a que la compre. Eso es mucho más delicado. Yo le digo a Hugo Chávez que si él ha cacareado tanto la masacre que hubo en 1989 a propósito del Caracazo y dice que le duele mucho, no puede ser tan hipócrita, porque Cofavic es una ONG que nació justamente para defender a las víctimas y necesita financiamiento que no se lo da el Estado venezolano por una simple razón, porque le toca actuar en contra del Estado, porque fue el que perpetró esta masacre”.
Además, refiere que cuando era candidato presidencial, entre 1998 y 1999 “recibió un millón y medio de dólares del Banco Bilbao Vizcaya para fines políticos electorales”.
El proyecto “está dentro de la tendencia de copar todos los espacios. El gobierno se llenó la boca con el concepto de democracia participativa, pero trata de asfixiar cualquier tipo de participación que sea crítica, con lo cual revela un espíritu no democrático”.
“No es ningún delito recibir donaciones. Aquí se ha querido hacer ver que Súmate ha incurrido en delito porque ha recibido recursos de una ONG internacional”, manifiesta Sosa Izaguirre.

Inconstitucional
Recientemente, casi un centenar de ONG suscribieron un comunicado difundido a la colectividad de todo el país, en el que manifiestan, entre otras cosas, que lo que se busca es “crear una matriz de opinión que pretende generar dudas y sospechas” sobre la actuación de estas organizaciones.
Si bien no se oponen al control que como personas jurídicas deben cumplir, sus directivos no entienden el motivo, al menos legal, por el que se establece la creación de un registro.
Para poder funcionar legalmente, estas asociaciones cumplen con obligaciones como el registro civil, cumplimiento de los deberes tributarios, como por ejemplo, el IVA, Impuesto sobre la Renta, ordenanzas municipales, reglamentos laborales establecidos en la Ley Orgánica del Trabajo, Ley Sobre Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo, Ley del Seguro Social Obligatorio. Para conseguir las divisas se rigen por el Decreto de Control de Cambios, Convenios Cambiarios y la Ley Contra los Ilícitos Cambiarios. Además, deben cumplir con las obligaciones sanitarias, de bomberos y urbanísticas, contenidas en las diversas ordenanzas municipales.
Por eso, María Teresa “Mate” Gómez, coordinadora de Súmate en Carabobo, afirma que “es falso que exista la necesidad de promulgar un marco normativo que rija las actuaciones de las ONG”, pues ya existen leyes que regulan al sector.
“Es bueno resaltar que las organizaciones no nos estamos poniendo en contra de presentar y rendir cuentas, más bien somos organizaciones que impulsamos y practicamos desde hace muchos años las actividades que puedan mostrar, de manera transparente, lo que hacemos”, acota Deborah Van Berkel, vicepresidenta de Sinergia, red de asociaciones que ayuda a los sectores de bajos recursos.
“Se ponen más trabas, más limitaciones para que el ciudadano pueda asociarse en instancias que le permitan ejercer su derecho a participar y actuar en asuntos de interés público. Justamente entra en contradicción con la Carta Magna”, opina Van Berkel.
“Lo que no se ve claro es la regulación del Estado como cooperante, cuando usa discrecionalmente el dinero de los venezolanos en la cooperación internacional”, refiere Gómez.

A pesar de todo no desaparecerán
Carvajal expone que “la vocación de servicio social no se le puede quitar a la gente, y yo digo que van a tener que trabajar con muchas más dificultades pero no se darán el gusto de cerrarlas tan fácilmente. Habrá que recurrir a la solidaridad de los venezolanos”.
Elba de Diamante, coordinadora de la ONG valenciana Mujeres por Venezuela, sostiene que lo más seguro es que esa organización, fundada para defender los valores democráticos, no estará avalada por el gobierno. Sin embargo, considera que las asociaciones de la sociedad civil “no deberían desaparecer”, a pesar de que estarán “controladas como los medios, con la limitación de sus acciones”.

Se desconocen tratados internacionales
María Teresa Gómez, coordinadora de Súmate Carabobo, asegura que este texto legal además de violar la Constitución Nacional, contraría los tratados suscritos por Venezuela en el ámbito internacional.
Los acuerdos desacatados son los siguientes: Convención Interamericana sobre los Derechos Humanos (Art. 16.2), Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (Art. 22.2), Carta Democrática Interamericana (Art. 6), y las Declaraciones sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, Grupos y las Instituciones de Promover y Proteger los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, contenidas en la Resolución 53-144 aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 8 de marzo de 1998, en sus artículos 12.2, 13 y 17.

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