Ley de Cooperación Internacional atenta contra las ONG

El coordinador de Provea, Marino Alvarado, advierte que hay un trasfondo político. El diputado Saúl Ortega, asegura que sólo se busca organizar la cooperación internacional del Estado

Dorys Villarroel
El Mundo, 19.06.06, pag. 3

Organizaciones no gubernamentales quedarán registradas al recibir financiamiento

La discriminación política con la que el gobierno castiga a los disidentes que intentan obtener un empleo en la estructura del Estado, se aplicará ahora a las organizaciones de la sociedad civil , especialmente las de derechos humanos, que se nieguen a los controles que condicionen los resultados de sus actuaciones, según advierte el coordinador general de Provea, Marino Alvarado.

Los nuevos escenarios que prepara el Ejecutivo para atacar a las ONG , de acuerdo a lo expresado por Alvarado, se pintan en forma muy cuidadosa desde la Asamblea Nacional, con la aprobación en primera discusión, el martes 13 de este mes, del proyecto de Ley de Cooperación Internacional que tiene por objeto “establecer el régimen jurídico de la cooperación internacional” del Estado venezolano hacia y desde afuera; pero también aplica en las Organizaciones No Gubernamentales, para las cuales se crea un Sistema Integrado de Registro, que según exponen diversas organizaciones de Derechos Humanos, en un comunicado del 8 de junio de 2006, “lesiona la vida, la esencia y el accionar independiente del movimiento no-gubernamental en el país”.

En el proyecto de Ley, dice el representante de Provea, si bien no se establece taxativamente que las organizaciones civiles no pueden recibir financiamiento o donaciones de organismos internacionales, se crea el registro que pareciera estar diseñado para desplazar en sus intereses a la tristemente famosa lista Tascón.

“El artículo 21 de la Constitución dice que nadie puede ser discriminado, pero resulta que en Venezuela hay una abierta discriminación política contra todo aquel que pretenda conseguir trabajo en la estructura del Estado y que se oponga al gobierno.

Las normas no son frías, se aplican y depende de quienes las aplique”.

Con la misma vara
Mucha de la normativa que esta saliendo de la Asamblea se está devolviendo contra la sociedad civil que apoya, incluso, a los actuales diputados, advierte Alvarado. Citacomo ejemplo, que el ex diputado y ex magistrado Luis Velásquez Alvaray promovió sanciones contra magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, que representan injerencia del Poder Legislativo en la autonomía del Poder Judicial y que ahora se concretaron en su contra.

También recuerda que cuando se aprobó la reforma del Código Penal, se establecieron penas de hasta seis años de prisión para quienes bloqueen vías públicas, pero resulta que en la actualidad quienes principalmente están bloqueando carreteras en todo el territorio nacional, en justa demanda de justicia y respeto a sus derechos, son los sectores afectos al gobierno. Es decir, “se pretende normar para limitar a algunas organizaciones, sin mirar que también se pueden afectar muchas que políticamente están identificadas con el gobierno”.

Protagonismo social o del Estado
Otra arista del problema, de acuerdo a lo explicado por Marino Alvarado es que los recursos financieros que reciben las ONG de Derechos Humanos así como sus actuaciones siempre buscan beneficiar a los sectores más excluidos del país.

Por eso, a los representantes de estas organizaciones les preocupa que se empiecen a cortar sus fuentes de financiamiento y sea el Estado quien intente inyectarles recursos para condicionar sus actuaciones.

“Acudiremos a todas las instancias legales, incluso las internacionales de ser necesario, pero aspiramos que la mayoría de laANtome conciencia de que con este tipo de ley no se afecta a determinadas organizaciones sino a todas en general y eso es contradictorio con el protagonismo popular que ellos ofrecen. Hay un discurso y una práctica que no se corresponde con una promesa que se ha hecho desde el Ejecutivo y el Parlamento de promover la participación protagónica del pueblo. No se puede pretender proteger ese protagonismo cuando se ponen trabas a las organizaciones sociales”.

El presidente de la Comisión de Política Exterior de la AN, Saúl Ortega, asegura que quienes observan manipulación en el citado instrumento legal, es que no lo han leído. Explica que en el mismo se norman todos los agentes de cooperación y las ONGno pueden quedar fuera de su aplicación porque son parte de esa clasificación. “La ley vigente es del tiempo de la dictadura, del año 58, y está desfasada, ni siquiera se adaptó a la Constitución del 61 y ya eso justifica la redacción de esta ley, cuyo principal sujeto de cooperación es el Estado”.

Agrega Ortega, que la Ley sólo pretende organizar este proceso. Cita que el gobierno tiene varios fondos de cooperación y ha suscrito convenios bilaterales que implica la creación de esa figura. Por eso, la idea es agruparlos bajo una institución desconcentrada que puede ser una agencia de cooperación que coordine esas políticas. Reta a las ONG a que no se registren como tal, de acuerdo a las pautas de la nueva ley , no obstante, con su negativa estarán demostrando que “algo están escondiendo que no se quieren registrar”.

El artículo de la discordia
El artículo 17 del proyecto de Ley de Cooperación Internacional establece que “Se crea el Sistema Integrado de Registro de Organizaciones No gubernamentales como parte integrante del órgano desconcentrado para la cooperación internacional.

Las ONG, tanto nacionales como extranjeras, que cumplan con los requisitos y formalidades establecidas para su constitución por sus respectivos ordenamientos jurídicos, deberán inscribirse en el Registro que al efecto establezca el Reglamento de esta Ley”.

Dicho Registro, a juicio de Alvarado, está demás porque si de algo están pendientes las ONG es de cumplir las normativas que les exige presentar sus actas constitutivas en los registros subalternos y asimismo declaran en el Seniat todos sus movimientos económicos.

“Se busca entrabar nuestra labor, que se sustenta en un mandato de la Constitución que dice que todas las personas y organizaciones tienen el deber de promover y defender los derechos humanos. Nuestra actuación es transparente, no tenemos miedo a que nos auditen, porque permanentemente somos auditados por quienes nos financian, el Seniat sabe todos nuestros movimientos económicos y en nuestras paginas Web está la información de quienes nos financian y algunos de los proyectos que nos financian”.

Una señal de esa transparencia, dice Alvarado es que organizaciones como Provea, la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, Cofavic y otras evitan tener mucho contacto con el gobierno y buscan mayormente financiamiento internacional para garantizarse mayor autonomía de actuación.

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