ONG alertan a comunidades sobre riesgos de ley de cooperación

Elizabeth Núñez Rivero
El Nacional (16.07.06, A/6)

Más de 30 organizaciones y algunos de sus beneficiarios se reunieron para conocer y reflexionar sobre las repercusiones del proyecto legislativo. La mayor preocupación es que con ese instrumento se limite la autonomía de su trabajo.

Una jornada de reflexión sobre el proyecto de ley de cooperación internacional, convocada por el Foro por la Vida en el Colegio Jesús Obrero de Catia, fue suficiente para que Alejandra de Blanco, cuyo esposo despareció durante la tragedia de Vargas, se preocupara por el futuro de su caso, que ahora ha llegado hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos gracias al trabajo de Cofavic.
Para Alejandra de Blanco, lo más preocupante es la posibilidad de que con una ley como esa la ONG que la ha ayudado gratuitamente desparezca. “Sería como cerrarme las puertas. A mí no me ha ayudado la Defensoría del Pueblo; en tribunales siempre está Cofavic”, aseguró, y agregó que no tenía ni idea de los que podría suceder de aprobarse el proyecto de ley de cooperación internacional.
La preocupación que rodea al instrumento es grande y tiende a multiplicarse mientras más organizaciones no gubernamentales y sus beneficiarios conocen lo que se estipula en el documento y sus consecuencias.
La oportunidad de hablar sobre el proyecto, aprobado en primera discusión por la Asamblea Nacional, fue aprovechada por 33 organizaciones no gubernamentales y más de 170 personas que se reunieron para proponer acciones que se podrían emprender.
En la jornada hubo quien sugirió tocar cada puerta en las comunidades –al estilo de las UBE– en las comunidades humildes para explicar el alcance del proyecto de ley; otros abogaron por buscar apoyo a través de canales diplomáticos, o incluso manifestar públicamente en contra de una normativa que juzgan podría terminar con el trabajo de las ONG.
Para Edgar Carrasco, director de Acción Ciudadana Contra el Sida, la preocupación común entre las ONG es la autonomía: “Las organizaciones que trabajamos en el tema de derechos humanos, de plano, cuestionamos la gestión de entes del Estado, cómo vulneran derechos humanos”. A esto sumó el trabajo con organizaciones internacionales cuestionadas por el Gobierno, como Human Rights Watch o Amnistía Internacional.
“Tener un fondo gubernamental que colecte y administre los recursos es muy complejo, porque la agenda de cooperación venezolana atiende a un proyecto político, así se limitarían los recursos. Además, ¿Quién auditaría un fondo cómo ese?”, reflexionó.
El director del Centro Gumilla, José Virtuoso, destacó la necesidad de que el trabajo en este proyecto –que a su juicio no estimula la participación de los ciudadanos – sea lo más amplio posible.
“Esto no lo puede decidir sólo la Asamblea Nacional, tiene que discutirse con todos los grupos ”, señaló, y agregó que en muchos casos –no sólo en Venezuela sino en el resto del mundo– es el financiamiento y la “solidaridad internacional” los que permiten las actividades de las ONG.
Liliana Ortega, directora de Cofavic, advirtió que el proyecto “cercena la posibilidad de que las organizaciones actúen de manera libre y autónoma por la vaguedad que tiene el texto y por los artículos que prevén la posibilidad de auditorías, no sólo financieras”. Agregó que las organizaciones manejan información confidencial sobre sus beneficiarios, por ejemplo, quienes han sido víctimas de ejecuciones extrajudiciales.
Para Ortega no sólo estarían afectadas las ONG sino toda la sociedad, pues no se podrá hacer seguimiento con libertad a las políticas públicas del Estado. Indicó que más de 90% del trabajo de las organizaciones de derechos humanos depende de la cooperación internacional, “que tiene que ser lícita y para eso existe en Venezuela suficiente legislación”.

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