Ley de cooperación internacional: la hora de las definiciones
Entrevistas a Armando Janssens e Iris Valera

ALONSO MOLEIRO / CECILIA CAIONE
El Nacional (25.06.06 A/4) 

Uno de los puntos más polémicos del proyecto de ley de cooperación internacional se refiere a la creación de un registro y un fondo que pretende llevar cuenta de todo cuanto hagan de acá en adelante las organizaciones no gubernamentales y las asociaciones civiles independientes. Voceros de la oposición han denunciado que esto representa un nuevo paso en el proceso autoritario que se gesta desde el Poder Ejecutivo, destinado a ejercer un control tutelar sobre todos los elementos de la sociedad. Los diputados encargados del instrumento jurídico aducen que el Estado tiene derecho de fiscalizar las actividades de estos grupos sin menoscabar su desempeño y sus fines naturales. Añaden que en modo alguno se trata de eliminarlas, ni de torpedearlas, sino de que éstas establezcan con el Estado una relación transparente, como sucede en muchas partes del mundo. Algunos insisten en que, detrás de la fachada aparentemente inocente de las organizaciones de la sociedad civil, se enmascaran agrupaciones con orientaciones abiertamente políticas y, peor aún, conspirativas “en contra de la Constitución”, con un financiamiento no del todo transparente. Otros actores, como el padre Armando Jannsens —así como Carlos Correa y Liliana Ortega—, con una incuestionable autoridad en el ejercicio del activismo civil, resienten que algunos de los voceros parlamentarios expresen prejuicios, desconfianza y levanten un velo de sospecha inadmisible sobre el tema, en franca disonancia con el ánimo que priva sobre estos aspectos en la Constitución. Por lo demás, Jannsens señala que, si bien en algunos países estas actividades están reguladas en una ley, en la aplastante mayoría del mundo civilizado los procedimientos de controles administrativos no están atados a legislación alguna. Los parlamentarios han declarado que están dispuestos a dialogar y a escuchar toda clase de sugerencias

Armando Janssens:
“Parece haber una intención desviada en todo esto”

—¿Qué opinión tiene del proyecto de ley de cooperación internacional?
—Normalmente no habíamos tenido necesidad de tener una ley especial y un reglamento sobre el tema de las asociaciones civiles y las organizaciones no gubernamentales. Estos son grupos que hace mucho existen, legalmente establecidos, están bajo la regulación del Estado de Derecho vigente. Tenemos el control del Seniat, presentamos balances y tenemos una existencia normal. Esto surge ahora como exigencia del Gobierno. Nos obliga a hacer una profunda reflexión y abrir un diálogo sobre los ingredientes de la ley y las consecuencias en nuestro trabajo diario con los sectores populares. Necesitamos un poco más de tiempo para conocer la intencionalidad de la ley, para comprenderla y poder sugerir cosas en las conversaciones con aquellos aspectos que aseguran la buena marcha de las ONG.

—¿No piensa que es necesario, como se supone que sucede en otros países, que el Gobierno lleve adelante un registro y supervise las actividades de las ONG?
—En la mayoría de los países no existe ninguna ley sobre este tema, sino exigencias administrativas. Si bien es cierto que existe en algunas naciones, en otras, en la aplastante mayoría, no hay interés por controlar o fiscalizar las actividades de las ONG, que además están a la vista. Lo que pedimos es que se nos aclare la orientación y la intención de la ley. En algunos países se ha aplicado la ley en vista de la situación de alta conflictividaden los cuales viven, si está en peligro la seguridad del Estado. Es el caso de Colombia, por ejemplo. Esa situación, para nosotros, no es aplicable. Venezuela no vive esos niveles de violencia. La situación de Venezuela, independientemente de las tensiones, no apunta sobra una problemática sobre violencia, amenazas o mal manejos de recursos disponibles. Nos ha impresionado que las opiniones emitidas por algunos diputados reflejan un real desconocimiento sobre lo que hacemos y, sobre todo, un prejuicio para con el funcionamiento y actividades de estas organizaciones. Hago la siguiente comparación: me pregunto si cuando un juez formula una opinión o un juicio de valor sobre el caso que le toca, es prudente que dicte sentencia. Parece haber una intencionalidad desviada en todo esto.

— ¿Cuáles son los riesgos fundamentales del proyecto?
—Que las organizaciones sociales son apreciadas con desconfianza. Eso imposibilita un intercambio franco, abierto, que normalmente redundaría en un mejor trabajo con los sectores populares. Evidentemente, habrá un tipo de control sobre el manejo económico, que obliga a esas organizaciones a abrir el campo. Está el problema de los costos, del financiamiento propio, que aumentará mucho en este contexto. Hay un problema con los donantes del exterior, relacionados con instancias privadas, que sufrirán consecuencias de la interpretación de la ley, que pueden ser vistos y manejados como sospechosos, por cierta discrecionalidad del Estado

—¿Piensa que hay disposición entre los parlamentarios para escuchar sus sugerencias?
—Hemos constatado de todo. Del presidente de la comisión, Saúl Ortega, hemos visto una disposición inicial muy importante que permite pensar que se puede llegar a buena conversación. Igualmente, hemos constatado en otros integrantes del Parlamento un nivel muy alto de prejuicio y de desconfianza para con el trabajo de las ONG.

Iris Varela, diputada de la Asamblea Nacional
“Está planteada una discusión hipócrita”

—¿Cuál es el objetivo de la ley?
—Establecer el régimen jurídico de la cooperación internacional en el Estado venezolano en cuanto a la promoción y ejecución de programas de cooperación entre este Gobierno y los de otros países, organismos internacionales, organizaciones no gubernamentales, asociaciones instituciones y fundaciones. Todo tipo de instituciones sin fines de lucro públicas o privadas que establezcan o realicen actividades de cooperación internacional. Hemos visto últimamente cómo, a través del dinamismo de la política internacional venezolana, muchos de nuestros alcaldes, gobernadores y el propio Gobierno han generado una serie de tratados de todo tipo con países y con instituciones de otras naciones. Eso hay que regularlo. Tenemos que crear un marco jurídico que permita al Estado tener control sobre lo que son las relaciones internacionales de Venezuela. Sabemos que a Venezuela le tienen puesta la lupa, dado que su proceso político no es de la complacencia del imperio.

—¿Hay quienes piensan que a ustedes les molesta la existencia de las organizaciones no gubernamentales y las asociaciones civiles independientes?
—En lo absoluto. Primero, no sabemos quién se atribuye la representación de las ONG en el país. Hay tantas, que precisamente quisiéramos saber cuántas existen. En lo particular, incluso he estado vinculada en el transcurso de mi trayectoria política con diversas organizaciones y asociaciones civiles en el Táchira.

—¿El objetivo no sería eliminarlas?
—Por supuesto que no, es una forma de organización social respetable y necesaria además. El MVR, por ejemplo, en su proceso interno de selección de los abanderados, siempre se abre a las ONG para que ellas promuevan a sus candidatos. En la Asamblea Nacional también se ha hecho. Eso está en la ley.

—¿Y las que no son afines con el chavismo, que son disidentes?
—Una cosa es que no sean afines y otra que conspiren. Debo refrescar la memoria al pueblo venezolano sobre la actitud de un grupo de estas organizaciones, entre comillas, que tuvieron una participación activa en el golpe de Estado del 11 de Abril. Si nos ponemos a revisar el documento que hicieron llegar a la Comisión de Política Exterior, con 14 puntos y suscrito por 72 de ellas, uno se pregunta, si cumplen con todo lo necesario, cuál es el problema en que se haga un registro. Ninguna de sus actividades se les va a prohibir.

—¿Cómo será el registro de las divisas? En la actualidad lo hacen en el BCV y Cadivi.
—Eso se deja a la reglamentación de la ley. Recordemos que es una ley marco de cooperación internacional y tiene que desarrollarse con un reglamento hecho por el Ejecutivo. Pero necesitamos que el registro sea efectivo. Hay como una discusión hipócrita planteada por estos sectores que suscriben este documento y que han armado el escándalo.

—¿Habrá poca información?
—No, lo que pasa es que le estamos dando a quienes tienen las intenciones de perjudicar al país. Metimos el dedo en la llaga, agarramos al toro por los cuernos una vez más. Le pido a estos sectores que me digan claro qué es lo que defienden. Creo que la mayoría está mal informada, pero hay otras que sí saben lo que están haciendo. Ellos saben que nosotros lo sabemos.

—¿Tienen previsto reunirse con estas ONG para escucharlas?
—Estamos totalmente abiertos a que vengan y nos hagan sus exposiciones. Además, es interesante, tengo muchísima curiosidad por saber cuál es el planteamiento. Hasta ahora no me han dicho nada que no podamos rebatir y demostrarles que están en un error.

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