Inspecciones a las ONG serán sorpresivas

De acuerdo con el vicepresidente de la Comisión de Política Exterior , Carlos Escarrá, la idea es que se hagan sin previo aviso, “como las del Seniat”

CECILIA CAIONE
El Nacional, 26.05.06, A/6

Las inspecciones y fiscalizaciones que se efectuarán a las organizaciones no gubernamentales, una vez que entre en vigencia la ley de cooperación internacional, serán sorpresivas y de ellas dependerán que se lleven a cabo las auditorías, aseguró el vicepresidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, Carlos Escarrá.

Aun cuando el procedimiento detallado para las inspecciones y auditorías será establecido en el reglamento que redactará el Ejecutivo, la idea es, de acuerdo con el parlamentario, que se hagan sin previo aviso, “como las del Seniat”.

Del resultado que arrojen, el organismo encargado de efectuarlas decidirá si es necesario revisar más a fondo las actividades de determinada organización no gubernamental, es decir, si hace una auditoría.

El objetivo de ese examen es determinar cómo fueron empleados los recursos que recibieron.

“El balance dice que entró una determinada cantidad, entonces hay que ver en qué se gastó, en dónde se invierte, si lo invierten en comprar armas o en ayudar a los niños de la calle”, precisó.

El organismo que realizaría las inspecciones y la auditoría está propuesto en el artículo 10 del anteproyecto de ley que estudia la Comisión de Política Exterior.

Allí se establece que “sin perjuicio de las competencias asignadas a otros ministerios, el Presidente o Presidenta de la República, en Consejos de Ministros, podrá crear un organismo con competencia en materia de cooperación internacional, con autonomía administrativa y financiera, el cual estará encargado de ejecutar y apoyar las políticas, planes, programas, proyectos y actividades de cooperación internacional que impulse el Estado, mediante la captación y administración de recursos que provengan o sean destinados a actividades de cooperación internacional.

Así mismo ejercerá funciones de organización, dirección, control, coordinación, seguimiento y evaluación de las actividades de cooperación internacional donde participe el Estado venezolano”.

En cuanto al registro de las ONG, el diputado ratificó que se trata de poner orden en ese ámbito, porque en la actualidad están proliferando “un conjunto de organizaciones de papel, de maletín, que están recibiendo fondos y se dedican a cuestiones que no forman parte de su objeto”.

Liliana Ortega teme cierre de espacios democráticos
CARLA NAVARRO

Liliana Ortega, directora ejecutiva de Cofavic, comentó que las organizaciones no gubernamentales en Venezuela siempre han estado reguladas por el Código Civil, el Código Penal, la Ley del Trabajo y la Ley de Ilícitos Cambiarios, entre otras.

De esa forma manifestó su inquietud por el alcance del anteproyecto de ley de cooperación internacional, y específicamente sobre los términos en los que en el documento se expone el principio de transparencia.

Ortega comentó que el problema no radica en regirse por la legislación imperante, sino que el anteproyecto excede los limites y restricciones legales, lo cual da como resultado una camisa de fuerza que impide el libre funcionamiento de las organizaciones. No obstante, señaló que las ONG deben estar sujetas a controles internos pertinentes, lo cual no quiere decir que el Estado puede violar los derechos de la institución y de los ciudadanos.

Opinó que si se promulga el anteproyecto se proscribirían las ONG en Venezuela. Destacó su preocupación por la redacción de ese instrumento legal, pues considera que los artículos son vagos y sin fundamento.

Tal es el caso del artículo 7. “El anteproyecto quiere lograr un fuerte control del Poder Ejecutivo y eliminar la propiedad jurídica” de la organización.

Sobre la posibilidad de que las ONG puedan ser auditadas, indicó que en el caso de Cofiavic se realizan auditorías permanentes por parte de sus donantes, y señaló no estar dispuesta a suministrar información confidencial al Estado.

Ortega dijo que el texto revela el cierre de espacios democráticos, por lo que debe ser revisado conjuntamente con la organizaciones interesadas.” Lo mejor es abrir un espacio de dialogo entre las partes”, agregó.

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