ONG y las políticas públicas

Maritza Izaguirre Porras
El Nacional, 28.06.06, A/10

A finales del siglo pasado se registró en la América Latina un importante crecimiento de las organizaciones no gubernamentales. La democratización de la región , la necesidad de una mayor participación de la sociedad civil en la toma de decisiones, la descentralización y los desafíos pendientes en cuanto a la reducción de la pobreza y la mala distribución del ingreso, obligó al sector público a revisar el diseño y aplicación de programas y proyectos derivados de las políticas sectoriales.

En ese momento, los logros alcanzados en cuanto a estabilidad macroeconómica, recuperación de las cuentas fiscales y apertura comercial, no necesariamente habían contribuido a reducir, en la magnitud deseada a la pobreza extrema y la exclusión.

El diagnóstico señalaba, que la debilidad institucional del Estado en su conjunto, contribuía en buena parte a la lentitud en la distribución de los beneficios, en especial cuando se trataba de lidiar con problemas tales como la pobreza rural, la marginalidad urbana, y la inequidad en el acceso a servicios de calidad , entre otros.

En algunos países de la región , en los años sesenta y setenta, por circunstancias propias de su desarrollo político y la ausencia de gobiernos democráticos, se habían constituido organizaciones, propias de la sociedad civil , muchas de las cuales habían jugado un papel importante en defensa de los derechos ciudadanos y de las libertades democráticas por una parte y por la otra, ante la exclusión evidente de ciertos grupos, se habían organizado buscando soluciones a sus problemas específicos.

Ello llevó al surgimiento de diversas organizaciones y asociaciones, las cuales se especializaron en asuntos relacionados con la producción de pequeños agricultores, artesanos y micro empresarios; el deterioro en las condiciones de vida urbana y los problemas ambientales derivados; la exclusión por genero, grupo étnico o discapacidad; la inequidad en el acceso de los grupos de menores ingresos a la educación y a la salud y el tratamiento de problemas puntuales que comenzaban a incrementarse tales como, violencia, droga, criminalidad e impunidad, entre otros.

Es así como algunas ONG desarrollaron programas, financiados con recursos provenientes de fuentes internas y externas, los cuales facilitaron la generación de metodologías y técnicas de trabajo, el entrenamiento de personal y el establecimiento de una comunicación efectiva entre los involucrados.

Más aún en los casos exitosos se pudo comprobar la gerencia y calidad de la gestión, lo que agregaba transparencia y responsabilidad en el uso de los recursos.

Ello llevó a que algunos gobiernos y organismos multilaterales, promovieran la eventual colaboración entre los entes públicos con las organizaciones con el fin de incorporar su aprendizaje a las políticas públicas.

Sin embargo, esto obligó a despejar las dudas del sector gubernamental, acerca de la pertinencia o no, de las responsabilidades asignadas a las ONG en la ejecución de programas gubernamentales, por una parte y por la otra, la reserva de las organizaciones, al percibir, que con la eventual colaboración perderían independencia y legitimidad ante los grupos que representaban.

De otro lado, la propuesta conllevaba riesgos, entre ellos, el comprobar si realmente el conocimiento surgido de experiencias limitadas, podría ser incorporado a las políticas e incrementar la eficiencia y eficacia de las mismas.

En las evaluaciones de algunos programas y proyectos ejecutados por ONG calificadas, se observó que su participación facilitaba la coordinación ente instituciones públicas y privadas en el ámbito local, estimulaba la participación de los grupos afectados en la toma de decisiones, y eran un medio para transferir conocimiento y tecnologías apropiadas.

La importancia de considerar las características culturales y de entorno de las comunidades involucradas agregaban valor al ensayo.

En nuestro caso, la fuerza de las asociaciones y de las ONG, crece a partir de los años ochenta, ante el deterioro creciente de las instituciones y el debilitamiento del sistema democrático.

Hay evidencia de la experiencia y conocimiento acumulado por estas organizaciones en campos tales como el micro crédito, la vivienda popular , las asociaciones de vecinos, la música y el deporte como mecanismos de integración social, el rescate de cultivos tradicionales, entre ellos, café y cacao en comunidades campesinas, la educación popular y la atención primaria en salud, entre otros.

Es por ello que en lugar de dificultar la existencia de las ONG sería mucho más inteligente, utilizar su conocimiento y experiencia en apoyo a las múltiples tareas que el Estado debe emprender en la difícil tarea de disminuir la pobreza, reducir la inequidad y crecer en forma sostenida.

Volver a índice temas Ley de Cooperación