¿Podrían leerse la Constitución?
Elías Santana
El Nacional, 26.06.06, B/18

Tanto Mari Pili Hernández como Guillermo García Ponce argumentan, para respaldar el proyecto de ley de cooperación internacional que se estudia en la Asamblea Nacional, que las ONG son partidos, o una nueva versión de éstos, encubiertos.
Que hacen política y financian su accionar a través de contribuciones provenientes del extranjero. Que por ello hay que regularlos y evitar que reciban aportes internacionales.

El derecho a participar políticamente está garantizado
Lo primero es recomendarles leer la Constitución. Desde el artículo 62:
“Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho a participar libremente en los asuntos públicos directamente o a través de sus representantes elegidos y elegidas”. Hasta el artículo 70 que habla de los mecanismos de participación y protagonismo del pueblo en ejercicio de su soberanía, tales como la elección de cargos públicos, el referendo, la consulta popular, la revocación del mandato, las iniciativas legislativas constitucionales y constituyentes, el cabildo abierto y las asambleas de ciudadanas y ciudadanos (con decisiones de carácter vinculante, por cierto).
Pasando por una revisadita a todos los espacios de participación, en cuanto a la selección de los poderes, para la elaboración de presupuestos participativamente o la contraloría social.
Finalmente, podrían detenerse a leer el artículo 67 en el que se garantiza que la ciudadanía podrá organizarse para fines políticos, no estableciendo como obligatorio la postulación, aunque deja abierta la posibilidad.
O sea, no necesariamente vinculándolos al concepto de partidos políticos.
Se prohíbe, por cierto, recibir fondos gubernamentales, pero no limita aportes lícitos nacionales o extranjeros. Lean la Constitución, no les haría mal.

Ya el tercer sector está regulado por el Estado: ¿Lo sabían?
Lo segundo es que hoy por hoy toda asociación civil o fundación está regulada y controlada por el Estado venezolano. Quizás el ordenamiento jurídico vigente no es del suficiente conocimiento de los articulistas, pues desde las previsiones del Código Civil y los mecanismos de registro y rendición de cuentas, hasta las obligaciones de carácter tributario, controlan a la sociedad civil. Conozcan los vínculos que con dependencias gubernamentales están obligadas a sostener las asociaciones de consumidores, los grupos ambientales, las sociedades de representantes, las fundaciones, las cooperativas o los consejos comunales, que brindan canales y mecanismos a cualquier administración para tener una actualizada visión del accionar de la sociedad civil y para evitar distorsiones o actuaciones contrarias a la ley.
Si alguna asociación o fundación no es transparente puede achacarse a ineficiencia gubernamental, por ejemplo desde el Seniat.

Una ley no debería inspirarse en la urticaria
¿Es necesario un nuevo instrumento regulador del derecho de asociación?
Quizás sí. Pero lo primero sería separarlo del proyecto que apenas toca un aspecto de las vivencias del tercer sector, como lo es el financiamiento externo (minúsculo, por cierto, si lo evaluamos a la luz de las dimensiones de la sociedad civil). Y lo segundo, distanciarlo de la polarización, de la confrontación. Si las actuaciones legítimas y legales del Foro por la Vida o de Súmate crean cierta urticaria (como le pasa a los gobiernos de Rusia, de Estados Unidos o de Colombia con asociaciones similares en sus países, por cierto) en los diputados, no intenten disminuirla con un instrumento jurídico para regular al conjunto del tercer sector, que termina siendo rígido, distanciado de la Constitución y desestimulante de la participación.
Parece un contrasentido, pero en vez de intentar explicarse por qué grupos de derechos humanos o de participación electoral piden la erradicación de la tortura o el aumento de la transparencia en el CNE, en vez de ir a la raíz de los problemas, desean atacar, acorralar a las asociaciones que expresan a un sector de la población, tan protagonista o soberano como el que más. ¿En desacuerdo con ellas? Debatan, tomen iniciativas cívicas.
Pero no deberían comportarse como en el pasado o como lo hacen gobiernos que cuestionan.

Una respuesta desde VEA
García Ponce, desde uno de sus editoriales, respondió a nuestra invitación para debatir citando a un funcionario de la administración estadounidense.
Justamente al diplomático al que aludimos directamente, en esa misma columna, con la frase “no nos defienda”. Las infelices declaraciones de un burócrata de un gobierno que desconoce las recomendaciones de los grupos de derechos humanos de su país, para pasar a defender a las ONG de otros países, son el argumento del director de VEA. Aunque usted no lo crea.
esantana@eltercersector.com.ve

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